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JOAN RAMON SANCHIS PALACIO

LA BANCA QUE NECESITAMOS

De la crisis bancaria a la banca ética. Una alternativa socialmente responsable

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

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© Joan Ramon Sanchis Palacio

© De la presente edición: Publicacions de la Universitat de València, 2013

Imagen de la cubierta: Theo van Doesburg, Composición aritmética (1930)

Publicacions de la Universitat de València

http://puv.uv.es publicacions@uv.es

Diseño y maquetación: Inmaculada Mesa

ISBN: 978-84-370-9342-0

Edición digital

ÍNDICE

Prólogo

Introducción

1. LA BANCA QUE TENÍAMOS

2. LA BANCA QUE HA CAUSADO LA CRISIS

3. LA BANCA QUE NOS IMPIDE SALIR DE LA CRISIS.

4. OTRA BANCA ES POSIBLE: LA BANCA ÉTICA

5. CONCLUSIóN: LA BANCA QUE NECESITAMOS

Bibliografía

Dedicado a Vanessa, por su fuerte compromiso personal y social

PRÓLOGO

La omnipresencia de la crisis financiera en nuestras vidas tiene un inevitable reflejo en la extraordinaria proliferación de contenidos relacionados con ella en los medios de comunicación. Tertulias, titulares de prensa, artículos de investigación, reportajes... El término «crisis financiera» produce más de nueve millones de resultados en un típico buscador en la Web, el triple que «objetivos de desarrollo del milenio» y el doble que «violencia de género», por poner dos ejemplos de cuestiones que indiscutiblemente afectan a asuntos importantes para muchísimos habitantes de este planeta.

En estos tiempos de comunicación global, en los que cada vez es más cierto que la realidad que no nos es accesible por experiencia directa se nos vuelve cercana por lo que los medios nos cuentan de ella, es importante atender a los mensajes que recibimos y que, de forma muchas veces inadvertida, construyen nuestra percepción y configuran nuestro análisis. Percepción y análisis que, en último término, contribuyen poderosamente a conducir nuestras respuestas y comportamientos. Y cuando de esta crisis se trata, lo primero que podemos observar es que esta sobreabundancia de contenidos tiene un efecto saturador que hace que deje de ser «noticia» para convertirse en un elemento del panorama mediático. Esto es especialmente cierto cuando los contenidos, como ocurre con mucha frecuencia especialmente entre las publicaciones de distinto tipo, se orientan al análisis macroeconómico, que trata de explicar los sucesos que han ocurrido y, en los más audaces, proponer soluciones y anticipar posibles escenarios de futuro.

Este tipo de trabajos, al menos a quien escribe estas líneas, le generan inmediatamente una pregunta: ¿a quién van dirigidos?, ¿quién se supone que es lector al que pueda aportarle un nuevo saber –útil, aplicable- que ayude a mejorar nuestras sociedades? Si algo ha mostrado con suficiencia esta crisis es que las dinámicas de poder y, por lo tanto, los procesos de toma de decisión sobre las grandes cuestiones que ocurren en la escala macroeconómica, están muy alejados no solo de nuestro quehacer diario, sino incluso de las capacidades reales de las estructuras de gobierno en los diferentes niveles de la administración de las cuestiones públicas, esas que nos afectan en último término (y bien que nos afectan, como estamos experimentando cada día) a todas las personas. Sumergidos en indicadores macroeconómicos e instituciones globales, la primera sensación que produce en la gran mayoría de la ciudadanía esta línea de comunicación es de impotencia. Una aceptación de nuestra condición de sujetos pasivos que puede llevar, en aquellos que intentan rebelarse contra la deshumanización que implica este rol, a la respuesta indignada, como primera muestra de que no queremos aceptar este modelo de ciudadanía indefensa, abandonada por las instituciones creadas para velar por los bienes comunes.

Por todo esto, creo que la perspectiva utilizada en este trabajo es especialmente atinada, al alejarse claramente no solo de la estrechez que impone un análisis estrictamente macroeconómico que no solo mantiene una aspiración científica tozudamente contestada a lo largo de toda la historia del pensamiento económico, sino que ignora en muchos casos los evidentes intereses concretos que han venido condicionando y condicionan cada día su evolución. Al incorporar en ese análisis diferentes dinámicas, con agentes mucho más concretos, que se han venido produciendo en escalas mucho más cercanas a nuestra experiencia directa, el desarrollo de los contenidos nos enfrenta a cuestiones directamente relacionadas con nuestro quehacer diario. Partiendo de este análisis, creo que la principal virtud este trabajo es que su lectura sienta las bases para un rescate de la responsabilidad no solo retrospectiva (por aquello que ha venido ocurriendo), sino también prospectiva, esa responsabilidad que fertiliza el compromiso de aquellas personas y organizaciones que, indefensas e indignadas, se preguntan cada día por aquellos campos de actuación posibles para el ejercicio de una ciudadanía responsable ante el escenario social generado a raíz de esta crisis.

Creo que resulta especialmente interesante la opción por partir en el desarrollo de los contenidos del origen de la intermediación bancaria y recordar su orientación al bien social y su estrecha vinculación con el desarrollo comunitario y la cooperación entre personas y organizaciones. Reflexionar sobre estas cuestiones nos ofrece la primera pista para una posible regeneración del quehacer financiero y nos coloca, tras un necesario recorrido por los factores y agentes que han conducido a esta crisis y por sus consecuencias en nuestras vidas reales, ante un capítulo final que suele estar significativamente ausente en la mayor parte de los trabajos sobre la crisis: ¿existen alternativas promovidas por la ciudadanía organizada que puedan plantear gérmenes de transformación del lugar y valor de la intermediación financiera en nuestras sociedades?

Es importante resaltar que afrontar el problema de las alternativas requiere de un análisis de su naturaleza y posibilidades reales, y este trabajo creo que lo hace con acierto, asentando dicho análisis en el estudio del devenir histórico de las diferentes alternativas que se han ido generando. El mero hecho de poner de relieve que las alternativas existen y se llevan desarrollando desde hace muchos años en todo el mundo es ya extraordinariamente valioso y ofrece al lector inquieto la posibilidad de continuar un camino de acercamiento que puede conducir a su vez a que participe en reforzarlas y hacer crecer sus posibilidades como alternativa. El panorama ofrecido muestra un universo de gran valor simbólico, que ayuda a rechazar la sentencia sobre la inevitabilidad del actual estado de cosas. No olvidemos que el sistema financiero, y el conjunto del sistema económico, es también un nicho cultural que nos construye de una determinada manera y condiciona, como decíamos antes, nuestros análisis y respuestas. Saber que hay otras formas de hacer las cosas en la esfera financiera, y que es importante afrontar este reto colectivamente, es un valor indiscutible de este trabajo.

Un libro que, en definitiva, nos acompaña eficazmente en esa ardua tarea, hoy más urgente que nunca, de hacernos cargo de lo que está ocurriendo en la esfera económica, y nos recuerda que la acción colectiva orientada al bien común supone un reto que supera nuestra condición de meros consumidores para ofrecernos un camino de construcción activa de nuevas alternativas en las que, como se apunta ya desde las primeras líneas del contenido, la acción colectiva basada en la cooperación encierra una de las principales claves para su consolidación.

PERU SASIA

Presidente de FIARE-España

INTRODUCTIÓN

Las entidades que conforman el Sistema Bancario Español, esto es, los bancos comerciales, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito, están viviendo un proceso intenso y profundo de transformación dentro del contexto de una intensa crisis económica y social. Pero estos cambios que se están produciendo en las entidades bancarias españolas no son neutrales ni afectan de manera limitada y exclusiva a este sector, sino que sus efectos han sido determinantes en el desencadenamiento de la crisis de la economía real, están repercutiendo negativamente en la salida de la crisis e incluso han obligado al Gobierno español a solicitar a la Unión Europea un rescate bancario por un importe máximo de 100.000 millones de euros.

El saneamiento de la banca española está suponiendo un aumento considerable de la deuda pública española, de aproximadamente tres puntos del Producto Interior Bruto (PIB), lo que produce una pérdida significativa en el poder adquisitivo de los ciudadanos, en la medida en que se van aplicando nuevas medidas de ajuste como la reducción de los salarios, las pensiones y los subsidios de desempleo, el aumento de los impuestos sobre el consumo (IVA) y sobre las rentas del trabajo (IRPF) y nuevos recortes en los servicios públicos (servicios sociales, de sanidad y de educación).

La metamorfosis que ha ido sufriendo la banca española se ha desarrollado en el marco de un modelo productivo basado en el crecimiento desmesurado del sector de la construcción, en la generación de empleo de baja calidad (puestos de trabajo de baja cualificación) y gran inestabilidad (peso desproporcionado de los contratos temporales) y en una política industrial basada en la búsqueda de la competitividad a través de la reducción de costes y, como consecuencia de ello, con una escasa diferenciación de los bienes y servicios (poco diseño, mala imagen y un mínimo esfuerzo inversor en Investigación, Desarrollo e Innovación I + D + i). Lo que ha disparado las inversiones especuladoras en activos financieros de alto riesgo, que durante un tiempo se han traducido en la obtención de dinero fácil y rápido, pero que a la larga se han convertido en activos tóxicos de muy bajo o nulo valor económico, los cuales, unido a la mala gestión y a la injerencia de determinados políticos a través de prácticas corruptas, han provocado la bancarrota de bancos relevantes como Bankia.

La banca española ha sido objeto de numerosos trabajos de investigación y existe una amplia literatura sobre ella en relación con su evolución, protagonismo y relevancia en el crecimiento económico. Incluso se han publicado destacados trabajos sobre el papel de determinados banqueros. Sin embargo, el enfoque que se les ha dado a todas estas investigaciones y publicaciones ha sido principalmente de tipo empresarial, insistiendo en el estudio de la rentabilidad y eficiencia económicas y en el análisis sobre la necesidad de los procesos de liberalización, desregulación y concentración del sector. Se ha tratado, por tanto, de dar una imagen de la banca inspirada en su gran capacidad para generar beneficios económicos y para competir con éxito empresarial en los mercados internacionales, reforzada por los procesos de fusiones llevados a cabo con la finalidad de incrementar su tamaño empresarial.

Así, durante muchos años, las noticias de la prensa económica se han centrado en señalar los récords de beneficios económicos obtenidos año tras año por parte de los grandes bancos españoles, así como su fuerte actividad internacional desarrollada en gran medida en países latinoamericanos.

En cambio, la banca española también ha jugado, históricamente, un papel destacado en la labor de apoyo y fomento a las acciones y proyectos sociales a través de la obra social de las cajas de ahorros y el carácter mutualista de las cooperativas de crédito y cajas rurales. Desde sus orígenes, y durante varias décadas, estas entidades bancarias han contribuido, con sus políticas de expansión del ahorro y el crédito, al crecimiento socioeconómico de las comunidades locales urbanas y rurales, favoreciendo estrategias de financiación de ámbito local dirigidas a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Precisamente, esta labor de responsabilidad social de las entidades bancarias es la que está en peligro de desaparición en estos momentos. Las fusiones, reales y virtuales, que se están produciendo en las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito debido a las reformas del sistema financiero acometidas recientemente, están debilitando de manera constante pero ininterrumpida, el carácter social de estas entidades, a la vez que están destapando diversos escándalos de corrupción, malversación de fondos, prácticas fraudulentas y mala gestión en general en la banca española.

Pero aunque una parte importante de la banca tradicional socialmente responsable, o ha desaparecido o está en proceso de desaparición, también está surgiendo una nueva banca, la llamada banca ética, que como un pequeño oasis en medio del desierto, significa un respiro para la sociedad civil. La banca ética supone una bocanada de aire fresco dentro del fétido sistema bancario español, que nos permite albergar un mínimo de esperanza; y mientras hay esperanza, hay vida.

La función de la banca ética es la de captar el ahorro de los ciudadanos más comprometidos socialmente, de aquellos que están hartos de ver cómo los bancos destinan su dinero a fines, si no ilegales si al menos poco éticos, para ofrecer financiación al desarrollo de proyectos sociales, educativos y ecológicos, en unas condiciones más justas. Se trata, por tanto, de hacer una banca totalmente distinta basada en los principios de la transparencia, la responsabilidad y servicio a la sociedad, donde lo más importante no es hacer dinero sino qué se hace con el dinero.

El presente libro tiene como objetivo realizar una reflexión crítica sobre la evolución que ha seguido la banca en España y, sobre todo, sobre el papel que ésta ha desempeñado en el desencadenamiento y profundización de la actual crisis económica que vive la sociedad española. También se pretende hacer una reflexión sobre el futuro de la banca, poniendo el énfasis en las posibilidades de desarrollo de la banca ética, como modelo económico socialmente responsable alternativo al modelo de banca convencional y especuladora.

Las crisis han de servir para aprender de los errores, identificándolos, aceptándolos y, sobre todo, tomando las medidas oportunas para que no se vuelvan a producir. De lo contrario, una crisis se convierte en una estafa, en un engaño para la sociedad. Los problemas surgidos en la banca española no pueden ser la excusa para desmantelar el Estado del Bienestar, no pueden ser utilizados para recortar los servicios sociales, educativos y sanitarios alcanzados tras muchos años de sacrificios y esfuerzos. La banca y sus gestores han de estar al servicio de la sociedad, de las empresas y de los ciudadanos y no al revés. No es ético sanear un banco en bancarrota con dinero público a la vez que se recortan los servicios básicos de los ciudadanos, mientras que los responsables de la bancarrota de dicho banco se marchan de rositas y con indemnizaciones millonarias.

La sociedad ha de exigir responsabilidades a los causantes de la crisis, pero sobre todo, hemos de cambiar nuestros hábitos de consumo convirtiéndonos en consumidores responsables. Y eso pasa por depositar nuestros ahorros en bancos éticos, en bancos que revierten nuestro dinero en proyectos sociales y no en actividades fraudulentas y opacas. Es el momento del cambio como consumidores. En este sentido, este libro no solo proporciona información sobre lo que ha pasado con la banca en España, sino que también es un alegato en favor del consumo financiero responsable y en favor de la banca ética.

Las reflexiones que se exponen aquí son el resultado de más de 20 años dedicado al estudio de las entidades bancarias desde una doble perspectiva, estratégica y social, y desde un doble ámbito profesional: como profesor universitario y como consultor externo de empresas. Pretenden ser el resultado de una observación crítica desde fuera del sector, y donde se combinan la doble faceta de profesional relacionado con el mundo de las finanzas y de cliente bancario.

El libro se ha estructurado en cinco capítulos diferentes, además de la presente introducción. En el capítulo 1 se presenta una reflexión sobre los orígenes y la evolución histórica que ha seguido la banca en España y en especial la actividad que ésta ha desempeñado durante la década de los años setenta y parte de los ochenta del siglo XX. La existencia de una banca pública sólida al servicio de las necesidades financieras de los distintos sectores económicos del país y de una parte destacada del sistema financiero privado que ha dirigido parte de su actividad bancaria al desarrollo de proyectos sociales (crédito cooperativo mutualista y cajas de ahorros asentadas en el pequeño ahorrador), son las características más destacadas de esta etapa.

En el capítulo 2 se analizan las causas que producen la crisis financiera tras el verano del año 2007 y, sobre todo, el papel que juega la banca española en los inicios de la crisis económica a partir del 2008. Una banca sometida o aliada con determinados poderes políticos anclados en la corrupción especulativa y dispuesta a prestar grandes sumas de capital a grupos promotores inmobiliarios mal gestionados es el elemento determinante de esta fase. El proceso de descomposición de la banca comienza con la privatización y desaparición de la banca pública y con la bancarización de aquellas entidades de crédito que durante varias décadas se habían dedicado a financiar a los pequeños ahorradores y empresas, esto es, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito. Pero el momento clave se produce cuando las entidades bancarias se dedican de manera desenfrenada al negocio del ladrillo, generando una burbuja inmobiliaria que con su estallido marca el comienzo de la crisis financiera y económica actual. El proceso de reestructuración que se ha llevado a cabo sobre la banca tras el comienzo de la crisis ha agudizado aún más la situación.

En el capítulo 3, el estudio se centra en la situación actual de la banca española y en cómo la intervención y saneamiento de algunas de estas entidades a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria FROB (creado por Real Decreto-Ley 9/2009 de 26 de junio) está impidiendo la salida de la crisis y nos ha llevado incluso a la necesidad de un rescate de la economía española en junio del 2012 por parte de la Unión Europea. En este capítulo se analizan las principales consecuencias producidas por la crisis bancaria sobre los ciudadanos: el estrangulamiento financiero de los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresas y en muchos casos su desaparición, los efectos perniciosos producidos en los pequeños ahorradores y accionistas de los bancos, en sus clientes y en sus empleados y el considerable aumento de la deuda pública como consecuencia de los miles de millones de euros inyectados a la banca para sanear sus activos tóxicos inmobiliarios.

El capítulo 4 pretende ofrecer unas dosis de optimismo dentro de un escenario realmente complejo, al analizar la existencia de una banca alternativa basada en los principios de la ética y la transparencia. En este capítulo se presentan las principales características que definen la banca ética a partir de sus orígenes y se ofrece información sobre distintos casos de bancos éticos que operan en España. A lo largo del capítulo se analizan los diferentes aspectos clave en el desarrollo de una banca alternativa centrada en la solidaridad, la transparencia y la sostenibilidad de sus acciones. Con ello se pretende demostrar que es posible una banca diferente a la que hemos tenido hasta ahora y que nos mantiene sumidos en una crisis económica sin fondo.

Por último, el capítulo 5 ofrece una conclusión final sobre cuál puede ser la banca del futuro y también sobre cuál pensamos que debería ser. Ante un sistema bancario que nos aboca a los abismos de la crisis, la situación actual puede ser una oportunidad para replantearnos cómo pensamos que deberían ser nuestras entidades bancarias: ¿es necesario una banca pública como la que tuvimos durante las últimas décadas del siglo XX o simplemente debemos nacionalizar los bancos privados en crisis para posteriormente volver a privatizarlos y así socializar sus pérdidas? ¿Se debería mantener la estructura actual de las cajas de ahorros y conservar así su Obra social o por el contrario están tan politizadas que deberían transformarse en bancos privados? ¿Hace falta mantener una banca especializada y segmentada pero de pequeño tamaño dispuesta a financiar en condiciones especiales sectores como el agrario o el de la pequeña y mediana industria o por el contrario hemos de consolidar un sistema financiero constituido por pocas entidades bancarias de gran dimensión? Estas y otras preguntas clave más hemos de formularnos para poder reflexionar sobre la banca del futuro y sobre todo hemos de respondernos para decidir sobre cuál es el sistema financiero hacia el que queremos ir.

No quisiera finalizar esta introducción sin mostrar mi agradecimiento a quienes de manera desinteresada me han ayudado en la elaboración del libro. Por una parte, a mis compañeros y compañeras del Instituto de Investigación en Economía Social y Cooperativa IUDESCOOP de la Universitat de València, los cuales comparten conmigo el interés por la banca ética y la necesidad de cambio en el sistema bancario. Por otra parte, a los y las profesionales que desempeñan su trabajo dentro de diferentes entidades e instituciones directa e indirectamente relacionadas con la banca ética, como la Fundación Nova Feina, la Fundación Novaterra, FIARE-España yTriodos Bank, entre otros. Y por último, quisiera mostrar un agradecimiento especial a Manuel Peris, por el inestimable apoyo que me ha prestado en la publicación del libro.

1.

LA BANCA QUE TENÍAMOS

El modelo bancario español, denominado de intermediación financiera o de banca continental, se ha caracterizado por poseer una banca que se ha dedicado a desarrollar principalmente las funciones clásicas de captación de los recursos financieros de las unidades excedentarias (las que les sobra financiación) para asignarlos a las deficitarias (las que les falta financiación). Se ha tratado de un modelo fuertemente regulado (por el Banco de España como autoridad monetaria reconocida por el Ministerio de Economía) y en el que han primado ampliamente las relaciones directas con las empresas no financieras y la economía real (empresas y particulares). Ha sido, en definitiva, un modelo de banca muy arraigada en las necesidades de la economía real, con la cual ha establecido fuertes vínculos empresariales.

Este modelo bancario está formado por tres tipos diferentes de entidades de crédito (o entidades bancarias): los bancos comerciales, que toman la forma jurídica de sociedad anónima; las cajas de ahorros, que toman la forma de fundaciones participadas por los poderes públicos; y las cooperativas de crédito, que toman la forma de empresas cooperativas.

Además, y aunque las tres clases de bancos generalmente han ofrecido un sistema de banca universal dirigido a todo tipo de cliente, cada una de estas entidades se ha especializado en ofrecer un tipo de producto y servicio bancario dirigido a unos segmentos concretos de la economía real. Los bancos se han dirigido principalmente a las grandes empresas y fortunas, las cajas de ahorros se han centrado en el pequeño ahorrador urbano y las cooperativas de crédito han enfocado su negocio al sector agrario y a los pequeños ahorradores rurales. Este hecho ha favorecido la existencia de un sistema bancario vinculado a las necesidades reales de la sociedad, canalizando el crédito bancario hacia las empresas y los particulares. Bancos y cajas de ahorros presentan unas cuotas de mercado similares en torno al 45%, mientras que las cooperativas de crédito tienen una cuota que apenas llega al 8% del total del sector, si bien su importancia social las convierte en organizaciones relevantes en determinados sectores económicos y localidades a pesar de su escasa cuota de mercado. Sin embargo, la vocación de banca comercial al servicio de las empresas y los particulares se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, siendo sustituida por una banca más preocupada por la obtención de beneficios económicos fáciles y rápidos a través de la especulación inmobiliaria y el abuso en el cobro de comisiones y cláusulas crediticias, como iremos analizando a lo largo de estas páginas.

Los bancos comerciales, en forma de sociedades anónimas, han operado en España en una cantidad próxima al centenar, y además de existir bancos de capital español (que son los que han dominado el mercado financiero), también operan bancos extranjeros (de otros países de la Unión Europea, principalmente) que han ido incorporándose al mercado bancario español desde que se liberalizara el sector a finales de los años setenta del siglo XX. Tres grandes grupos bancarios lideran, con más del 80% de los activos, los depósitos y los créditos totales, este subsector: el Santander, el BBVA (Bilbao-Vizcaya-Argentaria) y el Popular; aunque también existen otros bancos de mediano y pequeño tamaño que compiten en el mercado bancario con los grandes y con el resto de entidades financieras. Hasta principios de los años noventa existió también una banca pública liderada por el Instituto de Crédito Oficial ICO, las llamadas entidades oficiales de crédito, dedicadas a financiar actividades específicas de la economía como el mercado hipotecario, el sector exterior, las Administraciones Locales o la industria, y que como veremos en el capítulo siguiente, desapareció tras una fuerte concentración y su posterior privatización y fusión con el BBV (Banco Bilbao-Vizcaya).

Las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito presentan diferencias significativas en relación con los bancos, tanto en sus estructuras organizativas como en su manera de hacer negocio bancario. Estas diferencias son debidas a sus orígenes, los cuales se enmarcan dentro de fines claramente sociales, que han regido su funcionamiento durante bastantes años. Sin embargo, como se verá más adelante, estas diferencias han ido desapareciendo a lo largo del tiempo, a través de un proceso de transformación que se ha conocido como la «bancarización» de las cajas de ahorros y en menor medida también de las cooperativas de crédito; proceso que las ha igualado con los bancos en la manera de hacer negocios, e incluso han llegado a superar a los bancos en su carácter especulador, como ha sucedido por ejemplo en el caso de la financiación de los promotores inmobiliarios y constructores, donde mientras los bancos han ido abandonando en parte dicho negocio, las cajas de ahorros se han lanzado desenfrenadamente, asumiendo riesgos excesivos y sin ningún tipo de control por parte de sus Consejos de Administración.

A continuación se analizan los aspectos que han caracterizado históricamente a las cajas de ahorros y cooperativas de crédito y que las han hecho diferentes, mientras se han mantenido intactos, frente a la banca agresiva y especuladora. Se hace necesario conocer con cierto detalle estos aspectos, para entender mejor el enorme cambio que se ha producido durante las dos últimas décadas en el sistema bancario español; cambio que lejos de ser positivo, ha supuesto una regresión en los valores sociales de la banca, perjudicando los intereses generales de la sociedad española.

Orígenes sociales de la banca en España: pósitos, secciones de crédito y montes de piedad

Los orígenes del crédito en España se remontan al siglo XV con la creación de los Pósitos. La finalidad de los pósitos era regular los cereales panificables mediante la concesión de préstamos de granos para la siembra, los cuales se reintegraban con un incremento denominado «creces», que servía para atender los gastos de administración y de incobrables de dichos préstamos. De facto, funcionaban como un pequeño banco agrario, a través del cual se intentaba defender a los agricultores de la usura, práctica que estaba muy arraigada en aquella época, sobre todo en el campo. El primer pósito se creó en Molina de Aragón (Guadalajara) en el año 1478, aunque comienzan a ser regulados a partir de 1588, año en el que se calcula que existen unos 12.000 pósitos en toda España. Tenían ámbito municipal y surgían por convenios de los vecinos o de fundaciones que eran propiedad de personas con ánimo caritativo.

La mayor parte de los pósitos eran administrados por los Ayuntamientos hasta que en el siglo XVII empiezan a desaparecer para dar lugar a otras formas organizativas del crédito más avanzadas. Hasta el siglo XIX subsistirán junto con los Montes de Piedad, los cuales nacen en el siglo XVIII y son los antecedentes de las cajas de ahorros. De los pósitos que subsistieron hasta el siglo XIX, surgieron las primeras cajas rurales, cooperativas de crédito dedicadas a financiar a los pequeños agricultores que comenzaron a agruparse en cooperativas. Muchas de estas cajas rurales nacen como la solución a un problema de financiación por parte de una cooperativa agraria: la cooperativa agraria necesita financiación a la medida para atender las necesidades de inversión de sus socios agricultores, ante lo cual decide crear una cooperativa de crédito que actúa como un banco propio al servicio exclusivo de la cooperativa y de sus socios. Así aparecieron numerosas cajas rurales locales, que atendían las necesidades de financiación de la cooperativa agraria del pueblo y de sus socios. El arraigo al territorio donde nacen y el fin social que persiguen, son las características primordiales de este tipo de entidades financieras.

Algunas cooperativas agrarias, en vez de constituir una cooperativa de crédito (lo que exigía la petición de la clave bancaria a las autoridades económicas competentes), decidieron crear una sección de crédito. La sección de crédito es un instrumento financiero al servicio de la cooperativa agraria y de sus socios que no tiene personalidad jurídica propia (forma parte de la cooperativa agraria) y que solamente puede realizar operaciones financieras con los socios de la cooperativa.1 Es una manera de internalizar la actividad financiera de la cooperativa, con todas las ventajas que esto supone: no hay costes de transacción (no tienen que negociar las condiciones de los préstamos y créditos con una entidad externa) y los recursos crediticios que capta la sección están pensados para financiar a los socios y a la cooperativa.

Solamente las cooperativas pueden tener secciones de crédito, lo que tradicionalmente les ha supuesto una gran ventaja, dado que han podido contar con un instrumento financiero interno al servicio exclusivo de la cooperativa y de los socios. En Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña, han llegado a existir más de un centenar de estas secciones de crédito, lo que demuestra lo necesarias e importantes que han sido para el cooperativismo agrario. En la actualidad siguen subsistiendo, pues la legislación continua contemplando su constitución, pero se encuentran en un proceso de desaparición, dado que muchas de ellas están siendo adquiridas por las entidades bancarias, principalmente por cajas de ahorros y cooperativas de crédito. Las secciones de crédito estorban a la banca, pues son competencia directa sobre todo en las pequeñas poblaciones rurales, y a las autoridades monetarias, que ven en ellas una complicación en su gestión, por lo que han decidido apostar claramente por su desaparición, a través de la aprobación de una legislación muy restrictiva (superior a la exigida a las entidades bancarias) y mediante medidas que favorecen la compra de la sección por parte de la cooperativa a una entidad de crédito.

El pequeño tamaño en el mundo empresarial está mal visto por muchos políticos e ideólogos del neoliberalismo, sobre todo en el sector financiero, por lo que las secciones de crédito suponen una «aberración» que hay que eliminar cuanto antes. Y ello a pesar de que son entidades rentables y eficientes, no sólo social sino económicamente, incluso más que muchas entidades bancarias. Pero eso parece que no importa, lo importante es crear verdaderos monstruos con pies de barro, como Bankia, aunque ello suponga un coste económico desmesurado para el Estado. En todo caso, si esos monstruos no funcionan, siempre se podrán vender por un valor simbólico, después de sanearlos con dinero público, a los omnipresentes grandes bancos, que son los que realmente van a salir beneficiados de esta crisis.

Los Montes de Piedad o Montepíos tenían la finalidad de prestar dinero a los pobres a cambio del empeño de sus pertenencias para que pudieran cubrir sus necesidades básicas (comida y ropa). Sus fines eran claramente caritativos y benéficos. Sus orígenes se remontan al siglo XV cuando surgen en el norte y centro de Italia (Monte di Pietà) a iniciativa de los franciscanos, con el objeto de combatir la usura de la época. Los primeros montes de piedad se desarrollan entre los años 1462 a 1490. En España surgen en el siglo XVI; el primero, el Monte de Piedad de Dueñas, se crea en el año 1550.

Desde los mismos montes de piedad comenzaron a surgir las cajas de ahorros, con el fin de fomentar el ahorro entre las clases populares. Estas surgen en Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII a partir de los ideales de Jeremy Bentham, basados en la mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, de manera que a través de este instrumento financiero se consigue un nivel mínimo de seguridad económica con la remuneración que las personas recibían de sus ahorros. Las primeras cajas de ahorros nacen en Alemania entre 1765 y 1768, sustituyendo a los montes de piedad.

En la actualidad aún existen, aunque con carácter testimonial, algunos montes de piedad, que se dedican a ofrecer un servicio de crédito prendario a través de las actividades del empeño, el reembolso y la venta en subasta.2 En el año 2010 existían 25 montes de piedad que daban empleo a 140 trabajadores, 132 a tiempo completo y 8 a tiempo parcial. Casi las tres cuartas partes de los préstamos que conceden son de un importe no superior a los 600 € y siempre van dirigidos a las personas más necesitadas.

Se puede observar, por consiguiente, que tanto las cooperativas de crédito como las cajas de ahorros surgieron con la finalidad de atender las necesidades de crédito de las clases populares, ofreciéndoles instrumentos a la medida de sus capacidades. Las cooperativas de crédito lo hicieron en gran medida en el ámbito rural, acudiendo a las necesidades de financiación de los agricultores; y las cajas de ahorros lo hicieron en el ámbito urbano, apoyando el ahorro de las clases trabajadoras. Esta característica identitaria de estas dos clases de entidades de crédito perduró durante el siglo XIX y una parte importante del XX, hasta que a partir de finales de la década de los ochenta y sobre todo, durante la década de los noventa, en gran medida las cajas de ahorros pero también en parte las cooperativas de crédito, empiezan a dar prioridad a los rendimientos empresariales y a la expansión de sus negocios bancarios sobre las necesidades de sus clientes.

En la actualidad, estas entidades bancarias son prácticamente irreconocibles. Las diferencias entre las cajas de ahorros de hoy en día y aquellas cajas surgidas de los montes de piedad son abismales. De ofrecer unos intereses a los pequeños ahorradores para garantizar su subsistencia económica han pasado a desahuciar a quienes no pueden pagar las cuotas mensuales de sus hipotecas; de garantizar los ahorros de los particulares han pasado a entrampar a sus pequeños accionistas (generalmente los mismos ahorradores) con títulos participativos cuyo capital es prácticamente irrecuperable; y de facilitar de manera gratuita el acceso a una cuenta bancaria de ahorro han pasado a cobrar comisiones cada vez más cuantiosas por todo. Se ha pasado de una banca comprometida y responsable socialmente a una banca depredadora y especuladora; y de una banca en la que ganaban todos a una banca en la que solo ganan los grandes directivos y consejeros y algunos políticos que han sabido posicionarse.

La banca al servicio del cliente: el crédito cooperativo mutualista

Las cooperativas de crédito, que se han mantenido en un número próximo a 90 entidades durante bastantes años, tienen una doble condición de entidades de crédito (reguladas por el Banco de España y pertenecientes al sector bancario) y de sociedades cooperativas (entidades de la Economía Social). Esta última condición, la de sociedades cooperativas, es la que las diferencia de manera significativa del resto de entidades de crédito (bancos y cajas de ahorros).

Desde el punto de vista del negocio bancario se caracterizan por operar en un ámbito geográfico restringido (más incluso que el de las cajas de ahorros) y por dirigir su actividad a determinados sectores económicos con necesidades de financiación muy específicas. Precisamente, se dividen en tres clases de cooperativas de crédito según el tipo de cliente al que financian: cajas rurales, que se dedican a financiar al sector agrario, principalmente a las cooperativas agrarias y a los socios de éstas (banca especializada agraria); cajas populares, que se dedican a financiar las actividades de los pequeños empresarios de los sectores industriales y de servicios (banca local); y cajas profesionales, que financian a profesionales liberales (abogados, arquitectos, ingenieros), los cuales crean su propio banco.3

Pero la característica determinante de este tipo de entidades de crédito es que sus clientes son a la vez los socios (propietarios) de la cooperativa de crédito. Esta característica es exclusiva de este tipo de entidades y determinante de su condición social. Se trata de entidades mutualistas que surgen para atender las necesidades de determinados colectivos sociales como los pequeños agricultores y los autónomos (profesionales liberales). Son, por tanto, bancos democráticos, donde las decisiones son tomadas en asamblea por los propios clientes de la entidad en su condición de socios. Existen incluso cooperativas de crédito que a su vez presentan la forma de cooperativa de trabajo asociado, o lo que es lo mismo, en las que los trabajadores son a la vez socios de la cooperativa, participando directamente en las decisiones empresariales con voz y voto. Esta capacidad de tomar decisiones no depende del capital aportado por cada socio (como sucede en las sociedades mercantiles de capitales como las sociedades limitadas o las sociedades anónimas), sino que se rigen por la regla «un socio, un voto», independientemente del capital que haya aportado cada uno de ellos.4

Nos encontramos, en definitiva, con entidades basadas en una democracia real directa, donde intervienen en sus decisiones tanto los clientes (socios clientes o socios consumidores) como los trabajadores (socios trabajadores). Este hecho es una garantía de que las decisiones que se toman en la cooperativa de crédito, siempre van a beneficiar a sus clientes.5

Tradicionalmente, las cooperativas de crédito han sido entidades de ámbito local y muy segmentado a sus clientes, ofreciendo unos servicios financieros a la medida de las necesidades. Se las ha conocido como una banca de proximidad por dirigirse a un cliente al que conocen muy bien y al que siempre han tratado de mantener satisfecho ofreciéndole aquello que realmente necesita y no generándole nuevas necesidades ficticias.

Además de ofrecer una actividad bancaria adaptada a las necesidades financieras de sus clientes, las cooperativas de crédito también se han dedicado a revertir una parte importante de sus beneficios económicos en la sociedad, concretamente en la comunidad local en la cual operan, basándose en el principio de la solidaridad y del interés por la comunidad. Muchas cajas rurales locales han destinado parte de sus beneficios al fomento de la cultura, el arte y el ocio de los municipios, financiando de manera gratuita actividades socioculturales muy diversas que van desde el patrocinio de un equipo local de fútbol hasta el pago de una parte de los costes de las fiestas del pueblo.

Las cooperativas de crédito, por el hecho de ser cooperativas, disponen de un instrumento específico que las define como entidades financieras socialmente responsables y del que solo disponen ellas. Nos referimos al Fondo de Formación y Promoción del Cooperativismo.6 Se trata de una reserva obligatoria que la cooperativa dota con el 10% de los resultados netos del ejercicio económico. Esto significa que todos los años se comprometen a destinar una décima parte de sus beneficios económicos a la promoción del cooperativismo, lo que incluye actividades muy diversas, dirigidas todas ellas a beneficiar socialmente a sus trabajadores y a sus socios.

Los fines a los que se dirige son diversos. En primer lugar, se destinan a la formación y educación de los socios, de los representantes elegidos, de los directivos y de los empleados, a fin de que contribuyan de manera eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Esto incluye tanto la capacitación técnica de trabajadores y directivos de las cooperativas (formación de los recursos humanos) como la difusión de los valores del cooperativismo entre las personas vinculadas a las cooperativas (adoctrinamiento). También se destina a la promoción del conocimiento mutuo entre directivos y responsables de la gestión, por una parte, y los socios, por otra.

En segundo lugar, se destinan a la promoción de las relaciones intercooperativas y de fomento cooperativo. De esta manera se favorece la intercooperación cooperativa, apoyando la creación y desarrollo de grupos cooperativos empresariales (formados por diversas cooperativas de la misma y de distinta clase que cooperan para mejorar su posición competitiva en el mercado donde operan) y de estructuras políticas del movimiento cooperativo (federaciones y confederaciones que se ocupan de la defensa de sus intereses ante las Administraciones Públicas y ante los grupos empresariales capitalistas).

En tercer lugar, se destinan a la promoción cultural y profesional del entorno, así como a la mejora de la calidad de vida, al desarrollo comunitario y a las acciones de protección medioambiental. Esta es la denominada obra social de las cooperativas de crédito, similar a la que realizan las cajas de ahorros.

Para facilitar la canalización de estos fondos, las cooperativas de crédito han creado fundaciones, las cuales se ocupan de gestionar dichos recursos. De esta forma se garantiza la autonomía de gestión y el compromiso territorial. También pueden crearse fondos comunes entre varias cooperativas, a través de las aportaciones de cada una de las cooperativas y destinados a desarrollar fines cooperativistas, mutuales y de interés social entre ellas.

Desgraciadamente, desde que estallara la crisis financiera en el verano del 2007, las partidas destinadas a este fondo por parte de las cooperativas de crédito han ido disminuyendo año tras año, lo que está repercutiendo negativamente en las comunidades locales a las cuales han servido tradicionalmente. Del mismo modo, se ha de señalar que algunas de estas cooperativas de crédito también han sucumbido a la «erótica del ladrillo» y aunque no han llegado a los mismos niveles que las cajas de ahorros, sí que han invertido también una parte de sus pasivos en activos tóxicos inmobiliarios, lo que ha supuesto el aumento de sus tasas de morosidad y determinadas dificultades de solvencia; dificultades que por otra parte se han intentado resolver mediante operaciones de fusiones reales y frías, al igual también que en las cajas de ahorros, creando bancos cooperativos de mayor dimensión empresarial, alejados cada vez más de las necesidades reales y específicas de los que hasta ese momento habían sido sus clientes preferenciales (pequeños agricultores, trabajadores autónomos, pequeñas empresas, etc.).

La banca del pequeño ahorrador: las cajas de ahorros y su obra social

Las cajas de ahorros, que se han mantenido en un número próximo a 50 entidades durante bastantes años, se han caracterizado, no solamente por operar en el sector bancario, sino también por destinar una parte de sus beneficios a la denominada Obra Social, a través de la cual se han dedicado a revertir en la sociedad (mediante actividades culturales y sociales) una parte considerable de los beneficios económicos conseguidos a través de su negocio bancario. Esta labor las convertía también, al igual que las cooperativas de crédito, en entidades financieras socialmente responsables.

Estas entidades de crédito surgieron a finales del siglo XVIII en Alemania y a partir de comienzos del siglo XIX, una vez desarrolladas en Francia, comienzan a operar en España. Son anteriores, por tanto, a los bancos comerciales. Sus orígenes son altruistas, pues tienen como finalidad facilitar el acceso al crédito y a los servicios bancarios en general a las clases populares, y operan desde el ámbito municipal, es decir, presentan un carácter claramente social y local. Este carácter territorial y de proximidad al cliente ha marcado su manera de hacer negocio durante un tiempo considerable.

La actividad bancaria de las cajas de ahorros se ha caracterizado durante muchos años por tres elementos fundamentales: su actividad se dirigía en gran medida al por menor y se orientaba preferentemente a particulares, pequeñas y medianas empresas y corporaciones locales (Ayuntamientos); en sus operaciones de activo (de préstamos y de créditos), tenía un gran peso el mercado hipotecario (préstamos para la adquisición de vivienda a particulares); y tenían una fuerte vinculación al territorio de donde surgen, no solo por sus orígenes históricos sino también por las restricciones legales impuestas en materia de expansión geográfica, que limitaba su actuación a la comunidad autónoma donde tenían la sede central.7

Un instrumento característico de la actividad social desplegada por las cajas de ahorros durante las primeras décadas del siglo XX fue el coeficiente de inversiones obligatorias. Según este coeficiente, las cajas estaban obligadas a destinar una parte importante de sus recursos a financiar inversiones de carácter social. Así, financiaban sectores económicos con mayores dificultades de acceso al crédito y lo hacían a unos tipos de interés inferiores a los del mercado. Qué importante sería disponer de esta herramienta en la actual crisis económica para destinar financiación a las pequeñas y medianas empresas que se encuentran financieramente ahogadas. Pero el coeficiente de inversiones obligatorias de las cajas de ahorros fue eliminado en el año 1985, como una medida más adoptada dentro del proceso de bancarización de las cajas de ahorros iniciado a mediados de los años ochenta.

Además de la actividad bancaria, las cajas de ahorros han llevado a cabo una importante labor social a través de su Obra Social.8 Su objetivo es evitar la exclusión financiera y fomentar el desarrollo económico y el progreso social. Pero la parte más visible de la obra social de las cajas de ahorros es su actividad sociocultural, que incluye acciones muy diversas relacionadas con la cultura y el arte en general, el deporte, el medio ambiente, la integración sociolaboral, la conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico y otras áreas sociales.

Las áreas concretas en que se estructura la distribución de la obra social son: 1) la asistencia social y sanidad, que incluye acciones como viviendas tuteladas y centros para personas mayores, programas asistenciales para personas discapacitadas y campañas preventivas en sanidad, y que representa la partida mayor del total de la obra social con un porcentaje aproximado del 45%; 2) la cultura y el tiempo libre, que incluye la celebración de conferencias, congresos, concursos, cursos, seminarios y jornadas y los programas de animación, y que representa la segunda partida más importante de la obra social con un porcentaje cercano al 30%; 3) la educación e investigación, mediante el apoyo a centros educativos e investigadores de todo tipo (de enseñanzas especiales, universitarios, de educación básica y secundaria), que representa un 15% del total de la obra social; y 4) el patrimonio histórico artístico y natural, que incluye actividades muy diversas como la rehabilitación de zonas despobladas, la conservación de núcleos de interés histórico artístico o la restauración de obras de arte, entre otras.

La Obra Social de las cajas de ahorros se puede materializar de diferentes formas: obra propia o acciones ejercidas directamente por la cajas de ahorros; obras realizadas en colaboración con otras instituciones públicas o privadas; donativos, subvenciones, convenios de colaboración, etc. a favor de organizaciones que realicen acciones propias; y a través de fundaciones o patronatos creados por las cajas de ahorros, ellas solas o en asociación con entidades colaboradoras.

El importe destinado a la obra social por parte de las cajas de ahorros ha ido descendiendo de manera alarmante desde que estallara la crisis financiera de 2007. Generalmente han aportado alrededor del 25% de sus resultados antes de impuestos, pero este porcentaje ha ido disminuyendo en la medida en que las cajas de ahorros se han visto afectadas por la crisis y por una mayor presión fiscal. En el año 2011, las cajas de ahorros españolas destinaron a la obra social 3,7 millones de euros, mientras que en el año 2008 fueron 4 millones de euros los que dirigieron a las actividades sociales.

En la actualidad, la Obra Social de las cajas de ahorros, además de haberse reducido significativamente, está en cuestión, y la imagen de las cajas ha caído en picado, tras los escándalos de malversación de fondos, mala gestión y expolio al que las han sometido los directivos bancarios con el beneplácito de determinados políticos.

La banca al servicio de la sociedad: la banca pública

Desde principios de los años sesenta del siglo XX hasta los comienzos de la década de los noventa, España ha gozado de una banca pública solvente y eficaz, liderada por el Instituto de Crédito Oficial ICO y estructurada en diferentes entidades especializadas en la financiación de distintos sectores y ámbitos geográficos, que suponían alrededor del 20% del total de los créditos concedidos por el sistema bancario español a las familias y empresas. Eran las denominadas Entidades Oficiales de Crédito, que atendían las necesidades de financiación de los diferentes segmentos de la población, los sectores económicos (agrario, industrial y de servicios) y las administraciones públicas. La Ley de Ordenación Bancaria de 1962 nacionaliza diferentes entidades de crédito que operaban en España como sociedades anónimas, convirtiéndolas en entidades de derecho público. En 1971, la Ley de Organización y Régimen del Crédito Oficial, las convierte en entidades oficiales de crédito bajo la forma jurídica de sociedad anónima.

Estas entidades oficiales de crédito eran el Banco de Crédito Agrícola, el Banco Hipotecario de España, El Banco de Crédito Local, el Banco de Crédito Industrial, el Banco Exterior de España y la Caja Postal.

El Banco de Crédito Agrícola BCA nace en el año 1962 a partir del Servicio Nacional del Crédito Agrícola. El BCA atendía las necesidades financieras del sector agrario, de los agricultores y de las diferentes empresas del sector (cooperativas, sociedades agrarias de transformación, productores agrarios y otras empresas). El BCA realizó una función primordial durante los años ochenta en la expansión del crédito cooperativo agrario a través de un instrumento de gran eficacia como fue el Grupo Asociado BCA-Cajas Rurales, resultado de la cooperación entre el Ministerio de Agricultura y las cajas rurales. Después de una grave crisis financiera sufrida por una parte importante de las cajas rurales en España, el 19 de junio de 1983 se firmó un convenio entre el BCA y 79 cajas rurales, aunque su puesta en funcionamiento se produjo el 1 de julio con 57 cooperativas de crédito. Sus objetivos eran facilitar el acceso de los agricultores y de las cooperativas al crédito a otros servicios bancarios, incrementar los fondos destinados a la financiación del campo y actuar como grupo bancario.9 También había un objetivo de fondo que era el saneamiento de las cajas rurales que todavía seguían en crisis.

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