Читать книгу: «Escritos Personales»

Al anochecer del 10 de agosto de 1967, en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad Católica de Chile, culminaba una asamblea del Consejo General de su Federación de Estudiantes, FEUC. Sus integrantes votábamos una propuesta de la directiva democratacristiana que entonces conducía dicho organismo estudiantil, para declarar una huelga general e indefinida del alumnado, exigiendo el inmediato reemplazo de las máximas autoridades del plantel y el inicio de una reforma radical en nuestra Universidad.

Nuevos hombres para una nueva Universidad era el eslogan del movimiento estudiantil que encabezaba aquella directiva de FEUC y a cuyas características me referiré enseguida.

Como Presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho, yo formaba parte de ese Consejo General de FEUC, de alrededor de noventa miembros, liderando una reducida minoría opositora a la directiva democratacristiana y a la huelga por ella propiciada. Las sesiones de ese organismo eran públicas. Cualquier persona podía asistir y cualquier estudiante podía participar con derecho a voz. Ese 10 de agosto había entre 600 y 700 estudiantes, algunos de otras universidades, que desbordaban completamente el recinto hacia los diversos pasillos contiguos a él, hecho del todo inusual.

Hasta esa fecha, el Consejo General de FEUC casi nunca congregaba a sus reuniones a más de sesenta o setenta de sus miembros, y prácticamente no asistían alumnos que no integrasen el organismo. Sólo en las semanas inmediatamente previas a agosto de ese año, la concurrencia comenzó a crecer progresivamente, denotando que el movimiento estudiantil revolucionario estaba prendiendo en forma rápida y explosiva.

Esa tarde, más del noventa por ciento de los presentes favorecía la huelga. Además, todo estaba decidido de antemano, ya que la directiva contaba con más de los dos tercios de los votos del consejo, quorum requerido por el reglamento al efecto. Aun así, el debate fue extenso y arduo.

Me correspondió impugnar la moción de la huelga en medio de un ambiente espeso y hostil, donde los exponentes de la minoría sólo lográbamos hacernos oír gracias a una muy firme decisión de dar un testimonio de lucha por nuestros ideales y, también, a la calidad humana del presidente de FEUC, Miguel Ángel Solar, y de otros dirigentes afines a sus ideas, con quienes habíamos trabado un vínculo personal respetuoso a pesar de nuestras profundas discrepancias y de nuestras constantes y agitadas polémicas.

Sin embargo, esa tarde flotaba un aire diferente. Estábamos ante un cambio de escenario. La actitud agresiva de muchos asistentes, entre los que sobresalían dirigentes políticos juveniles ajenos a la organización estudiantil y la propia universidad, indicaba que allí se estaba gestando algo que trascendía con mucho a la Universidad Católica.

Inmediatamente después de pronunciar mi voto negativo al paro en votación pública y nominal de los consejeros, abandoné discretamente la sala a fin de ahorrarme el desagrado de la euforia huelguística mayoritaria, que se desataría una vez concluido el recuento.

Justo al dejar el Salón de Honor vi que, a pocos metros, se iba retirando de su despacho el Rector de la Universidad, Monseñor Alfredo Silva Santiago, cuya remoción y reemplazo era el objetivo más directo de la huelga. Bajamos juntos las escaleras laterales de la Casa Central mientras le relataba lo acontecido en la asamblea estudiantil. Lo que ciertamente ni él ni yo podíamos presumir, es que ésta sería la última vez que el mencionado Rector y Arzobispo pisaría la Universidad Católica.

Al día siguiente, 11 de agosto de 1967, la Casa Central amaneció “tomada” por la directiva de FEUC, en un audaz e imprevisto operativo realizado durante la noche. Alambradas y pertrechos de combate harían imposible la entrada a quienes los jefes revolucionarios no se la permitiesen, mientras durara la ocupación física de la Universidad por la fuerza. El Canal 13 de televisión quedó en manos de ellos, en tanto el frontis de la Universidad se convirtió en fachada para sus consignas y tribuna hacia la calle para mítines en la Alameda.

Con posterioridad a la experiencia de la Unidad Popular, las “tomas” de toda clase de recintos e instituciones se hicieron habituales y cotidianas. Pero en agosto del 1967 el procedimiento no se conocía. Era la primera “toma” de estas características que se presenciaba en Chile, muy diversa de algunos atrincheramientos de determinados grupos, ocurridos en otras etapas de nuestra historia cívica.

De inmediato, el país comprendió que nos encontrábamos ante un hecho de dimensiones nacionales. Así fue recogido por toda la opinión pública y por la prensa. De ese episodio brotaría una secuela de significativas proyecciones, tanto para la pendiente revolucionaria que desembocaría tres años después en el establecimiento de un gobierno marxista en Chile, como para la conformación de un movimiento gremialista de signo opuesto, cuya influencia en las universidades y en el país adquiriría considerable relieve.

Por eso, creo útil profundizar algo más en ciertos rasgos de ese acontecimiento.

La DC y su ingerencia en la Universidad

El movimiento estudiantil que hizo eclosión ese día databa sus inicios de varios años antes. Desde que la Democracia Cristiana asumió el control de FEUC en 1960, esta entidad empezó a convertirse en un instrumento de antagonismo hacia la dirección superior de la Universidad, esbozando gradualmente la bandera de una reforma universitaria y acusando a las autoridades de representar un esquema autocrático y conservador.

Por otro lado, bajo la idea-fuerza de “insertar a la Universidad en la realidad social’’ latía el propósito evidente, aunque no siempre reconocido, de convertir a la educación superior en un instrumento del enfoque ideológico e ideologizado del Partido Demócrata Cristiano sobre cómo debían ser Chile y sus estructuras políticas, económicas y sociales.

Dicha tentativa instrumentalizadora se delató crudamente en 1962, cuando a raíz de la elección complementaria de un diputado por Santiago, la campaña del candidato de esa colectividad partidista, Bernardo Leighton, publicó en toda la prensa un aviso propagandístico que decía textualmente que las “siete universidades del país tienen siete federaciones de estudiantes democratacristianas”, queriendo significar con ello el respaldo juvenil a esa tendencia política. Se incurría así en la más burda e ilícita utilización de organizaciones gremiales estudiantiles como cajas de resonancia para los afanes electorales del Partido Demócrata Cristiano. Poco después, con la llegada al gobierno de ese partido en 1964, tanto la FEUC como sus congéneres de otras universidades fueron comprometiéndose, de modo cada vez más abierto, con los esquemas, proyectos e iniciativas gubernamentales, al punto que no había tema alguno de cierta relevancia política nacional o internacional, que no suscitase un pronunciamiento oficial de las diversas federaciones estudiantiles. Desde la reforma agraria hasta las huelgas del cobre. Desde la guerra de Vietnam hasta la invasión norteamericana en Santo Domingo. Todo era considerado propio de una postura oficial de las organizaciones estudiantiles, en nombre de su compromiso “con la realidad social” o “con el pueblo y sus luchas”.

A poco andar del gobierno democratacristiano, fue perceptible una creciente fisura dentro del partido que lo sustentaba. Algunos sectores consideraban que el Presidente Frei no caminaba en forma suficientemente rápida y global hacia las metas revolucionarias de corte socializante, limitando dicho proceso a la reforma agraria. Exigían pasos similares e inmediatos en la reforma urbana, la reforma bancaria, la reforma de la empresa y todo lo que el Partido Demócrata Cristiano terminó rotulando como “socialismo comunitario”.

Esa diferencia de ritmo se perfilaría luego como una discrepancia en los objetivos, a medida que lo sectores más izquierdistas hicieron ostensible su afinidad con los partidos marxista-leninistas o, al menos, su deseo de atenuar las barreras doctrinarias y prácticas que los separaban de éstos. Ello culminó en 1969, cuando una fracción del Partido Demócrata Cristiano se desgajó de él para formar el MAPU. Poco después, otra escisión daría lugar a la Izquierda Cristiana.

Estos dos conglomerados, si bien demostraron no ser significativos dentro de la votación popular que captaba la DC, tuvieron el potencial electoral suficiente para darle al candidato marxista Salvador Allende, al que apoyaron en los comicios presidenciales de 1970, los votos necesarios y decisivos para que éste derrotase a don Jorge Alessandri por un uno por ciento de diferencia. Pero, sin duda, la otra gran importancia de estos grupos se encuentra en el modo como arrastraron hacia la izquierda al Partido Demócrata Cristiano mientras estuvieron e influyeron en su seno, lo que se reflejó en la plataforma programática de Radomiro Tomic para esas mismas elecciones.

Las breves referencias políticas anteriores me parecen necesarias para entender mejor el carácter del movimiento estudiantil reformista que se “tomó” la Universidad Católica en 1967 y que, entre ese año y el siguiente, repetiría lo mismo en casi todos lo demás planteles universitarios del país.

“Prohibido prohibir” en la U.C.

En 1967, la directiva de FEUC era todavía democratacristiana. Pero resultaba notorio que sus integrantes, sus principales adherentes y sus objetivos respondían ya a la facción más izquierdista de dicho partido. No en vano tardaría poco más de un año para el masivo traslado de esos dirigentes al MAPU, con muy escasas excepciones. Y a diferencia de lo acontecido en el resto del país, en la Universidad Católica atrajeron tras de sí al grueso del alumnado tradicionalmente favorable a la Democracia Cristiana, dejando reducida a ésta a una muy pequeña expresión dentro de ese estamento de nuestra Casa de Estudios.

Más aún, planeado o no, considero que la “toma” de la Universidad Católica en 1967 constituyó el primer ensayo de la alianza cristiano-marxista, que después se manifestó en los “cristianos para el socialismo” y en otras fórmulas parecidas.

Quienes muy pronto serían aliados en la Unidad Popular, ya lo fueron en ese operativo de 1967. Durante la “toma” en cuestión, no ocultaron su concurso activo y solidario a ella desde el Partido Comunista hasta sus grupos de choque, entre los que destacaba uno denominado “Espartaco”. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, Alejandro Yáñez, de militancia comunista, habló en esos días desde uno de los balcones de la Casa Central de la Universidad Católica, acompañado por los máximos dirigentes de FEUC.

Habiendo vivido protagónicamente todo el periodo de la Unidad Popular, nunca vi en él un ímpetu revolucionario más radicalizado que en ese episodio de la Universidad Católica. Si bien con menor uso concreto de la violencia física, en este último había una extraña y explosiva mezcla entre el ingrediente doctrinario de la alianza cristiano-marxista que acabo de señalar y una rebeldía anárquica contra todo principio, contra toda jerarquía.

Lo que poco después recorrería el mundo como la revolución universitaria de mayo de 1968 en Francia, que tuvo en jaque al gobierno de De Gaulle, ofreció aquí un preludio. Las consignas francesas anarquizantes de “prohibido prohibir” o “la imaginación al poder”, poseían un halo similar a aquel’ “no me importan los principios” que Miguel Ángel Solar espetó con toda crudeza en esos días.

Considero sintomático, en ese sentido, el mismo hecho de que Solar fuese el líder carismático e indiscutido de dicho movimiento revolucionario. Se trataba más bien de un soñador que de un conductor; más bien de un símbolo que de un líder; más bien de una mezcla de apóstol y poeta que de un dirigente político. Por algo abandonó toda actividad política relevante durante la Unidad Popular, desilusionando explicablemente a muchos de sus seguidores.

Habiendo sido su adversario más connotado en esa etapa, nunca dejé de sentir afecto y aprecio hacia su persona, no obstante que éramos y representábamos la antítesis. Pero en medio de la que siempre me pareció una absoluta y desquiciadora confusión suya de conceptos, había en él una nobleza de alma que me resultaba cautivante. Algo parecido me ocurrió con muchos de los que luego serían dirigentes de MAPU en la Universidad Católica, sentimiento de afecto que hasta hoy perdura en mi espíritu.

Miguel Ángel Solar era el prototipo de esas personalidades que se encumbran abruptamente desde la medianía, interpretan con carisma un fermento bullente que les permite desatar y encabezar una revolución y pronto son sobrepasados por el decantamiento natural e implacable con que ésta sigue su curso.

Ahora bien, aparte de algunos académicos que eran directos impulsores e ideólogos del referido proceso revolucionario, este movimiento se encontraba frente a tres realidades perfectamente distinguibles.

En primer lugar, estaba una dirección superior de la Universidad que encarnaba el arquetipo del “antiguo régimen” que se ve avasallado por las revoluciones.

Monseñor Alfredo Silva Santiago había llevado a cabo una rectoría fecunda y realizadora durante la mayor parte de los diez años en que ejerció dicho cargo. Quienes lo acompañaban en el gobierno universitario, incluidos los miembros del Consejo Superior que comprendía a los decanos y a otras personalidades académicas, eran personas respetabilísimas y, en ciertos casos, acreedoras del aprecio privado de los propios dirigentes revolucionarios.

Pero no estaba ahí el problema. Los “antiguos regímenes” que se derrumban en las revoluciones caen bajo el peso de una falta de vigor de sus conductores para levantar una mística capaz de enfrentar y vencer a la marea revolucionaria. De una ausencia de sensibilidad para sintonizar con las nuevas inquietudes y darles un cauce realista y eficaz, pero a la vez atrayente y desafiante. De un cansancio que suele ser compatible con el coraje para resistir con dignidad, pero que carece de imaginación para renovarse y de vitalidad para combatir y vencer.

En segundo término estaban quienes, más próximos a la rectoría o más distantes de ella, compartían los anhelos reformistas y creían ver en el movimiento estudiantil revolucionario una avalancha — inevitable y al mismo tiempo inderrotable— a la cual más valía sumarse, o por lo menos acercarse, pensando así morigerarla de sus excesos y potenciarle ciertos enunciados más propiamente universitarios. Allí se contaba un porcentaje apreciable del estamento académico, cada vez mayor según más inatajable se advertía el éxito revolucionario. Había de todo. Desde los docentes e investigadores más serios, moderados y apolíticos pero sin intuición para captar las implicancias y objetivos finales de la revolución, hasta los pusilánimes y oportunistas de siempre.

Por último, estábamos quienes percibíamos en el movimiento en cuestión un sesgo anarquizante y desquiciador con el cual no cabían transacciones ni componendas, sino al que era menester enfrentar resueltamente, con toda la fuerza interior que da no sólo la solidez de principios sino su indispensable agregado de la fe en un ideal opuesto a la utopía revolucionaria, levantado con igual o mayor voluntad de lucha. Con alegría e ilusión de triunfar, de inmediato o más adelante, pero de triunfar y no de capitular.

Hubo una cantidad importante de académicos que asumieron esta última opción. Pero se trataba de una reducida minoría de dicho estamento. Por el contrario, donde este predicamento tuvo mayor eco fue dentro del estudiantado.

Quizás nuestro entusiasmo y sensibilidad juveniles resultaban más aptos para una posición combativa, fruto de una conciencia más nítida de que entrábamos a una etapa de la historia de Chile en que el país sería colocado ante una disyuntiva dramática y radical frente a la que no cabrían la transacción ni las medias tintas. Talvez veíamos con más nitidez que, tras el romanticismo de la rebeldía o las apariencias del reformismo, asomaba una embestida a fondo del marxismo-leninismo a nuestra patria. Acaso advertíamos con sentido generacional nuevo que, tras la anarquía, emergería la amenaza totalitaria sin caretas ante la cual sería imperioso dar forma a una fuerza vigorosa e indomable para combatirla. Al mismo tiempo, ésta debía ser creadora para abrir el surco tras el cual movilizar voluntades, una vez conseguida la victoria.

Me correspondió ser partícipe de ese periodo universitario de un modo muy activo. A fines de 1965, cuando yo terminaba el tercer año de la carrera de derecho, arrebatamos a la Democracia Cristiana el control del Centro de Alumnos de nuestra Facultad, que ese partido había detentado como baluarte por varios años consecutivos. Lo hicimos no en nombre de otra corriente o partido político, sino de postulados gremiales enarbolados por una lista que triunfó contra todo pronóstico. A principios de 1966 dimos forma al Movimiento Gremial como un ente orgánico dentro de la misma Escuela y nuestro Centro de Alumnos pasó a ser la expresión más significativa de sus principios.

Habiendo desempeñado el cargo de vicepresidente de ese organismo durante aquel año, a su término fui elegido presidente del Centro de Alumnos para 1967, afianzándose así en nuestra Escuela de Derecho un predominio gremialista que se extendió casi por veinte años, sin que ningún partido político —ni coalición de partidos— consiguiera romperlo.

Aun antes de que conquistásemos el Centro de Alumnos de Derecho, fui miembro del Consejo General de FEUC como representante de la minoría de mi propia Escuela. Durante 1966 y 1967 lo fui ya como dirigente de nuestro Centro de Alumnos. Pero en ambos casos, era exponente de una pequeña minoría opositora a la conducción de FEUC.

De esa experiencia, creo útil transmitir cuan decisiva resultó para mi formación el haberme templado en el rigor de la adversidad. Y creo que ése fue el rasgo común que marcó a todos quienes contribuimos a formar el gremialismo en la Universidad Católica por aquellos años.

Cuando uno polemiza desde la soledad de una abrumadora minoría, aprende que sólo una argumentación seria, objetiva y respetuosa puede conseguir alguna audiencia o interés. Junto a ello, también sufre la experiencia de comprobar que para otros ni siquiera eso despierta respeto, sino que —casi al revés— los mueve a exacerbar aún más los ataques personales, llevándolos incluso al terreno de la injuria o de la ridiculización. Entonces uno percibe el imperativo de robustecer la epidermis del propio espíritu, hasta hacerlo inmune a esas armas. He visto después a muchas personas talentosas y valientes, sucumbir ante el riesgo de la injuria y la ridiculización. Por eso, para actuar en la vida pública, atribuyo una importancia decisiva a forjarse la fortaleza necesaria a fin de no ser mellado por ellas, obtenido lo cual brota una serenidad interior indestructible, que termina enervando la eficacia de esos instrumentos del adversario. Pocas cosas me parecen tan fundamentales como ésta en la formación de la disciplina que requiere el quehacer público.

Estallado el conflicto de 1967 en la Universidad, quienes habíamos liderado la oposición a FEUC en su propio seno, nos constituimos en los naturales aglutinantes del vasto sector estudiantil contrario a la “toma” de la Universidad y a sus objetivos cada vez más extremos y evidentes.

No es del caso entrar aquí en los pormenores que llevaron al triunfo de la “toma” revolucionaria. Ello consta, entre otros documentos, en el discurso que pronunciara Javier Leturia con motivo de un acto de desagravio a la Universidad, que el gremialismo organizó al cumplirse diez años de esa “toma”, en 1977.

Sólo deseo dejar constancia de que nuestra lucha no era específicamente en defensa del “antiguo régimen”, sino del respeto a los nuevos estatutos que la Universidad acababa de aprobar precisamente en 1967 y que implicaban el término del rectorado de Monseñor Silva Santiago a fines del mismo año, abriéndose paso a las posibilidades de una renovación universitaria necesaria y fecunda, por cauces pacíficos, jurídicos y —sobre todo— respetuosos de la naturaleza jerárquica de la Universidad.

A su vez, lo que el movimiento estudiantil de la “toma” pretendía era asestar un golpe simbólico al corazón de toda jerarquía, lo cual resultaba idóneo para desatar la fuerza revolucionaria que lo inspiraba. Ese era el verdadero motivo de no esperar cuatro meses hasta la culminación reglamentaria de aquel rectorado. Las revoluciones destructoras necesitan derribar símbolos y actuar con drasticidad psicológica para aplastar todo ánimo de resistencia.

También quiero señalar que la “toma” no hubiese logrado jamás el triunfo total que alcanzó, de no haber contado con el activo respaldo del Gobierno democratacristiano y del Cardenal Silva Henríquez. Para el primero se trataba de apoderarse del control de la Universidad para transformarla en instrumento de gobierno y del partido que lo sustentaba. En tanto que el Cardenal Arzobispo de Santiago (nombrado por la Santa Sede como mediador con facultades para resolver el conflicto, esto es, como virtual interventor), impuso una resolución que satisfacía íntegramente las banderas del movimiento revolucionario. Esto forzó una dramática renuncia pública a su cargo de su hermano en el Episcopado, Rector y Gran Canciller de la Universidad, Arzobispo Monseñor Alfredo Silva Santiago, a quien el Cardenal ni siquiera consultó antes de convenir el arreglo con los jefes de la “toma”.

El cardenal Raúl Silva Henríquez y Miguel Ángel Solar revisan el acuerdo que puso fin a la toma de la UC. Triunfaban los revolucionarios y muy pronto la DC perdió el control del proceso.

La Universidad fue “devuelta” por los revolucionarios el 22 de agosto, día en que entraron triunfalmente a ella el propio Cardenal y el recién designado prorrector (que pronto sería elegido Rector), Fernando Castillo Velasco, convertido en emblema docente del movimiento estudiantil triunfante.

Recuerdo ese día como uno de los más amargos que he vivido, por el rudo impacto que una actitud y un desenlace como los descritos produjeron en una sensibilidad aún juvenil.

Sobrevino también entonces la profunda desmoralización del sector estudiantil contrario a la “toma”, y los triunfadores empezaron a dominar la universidad con la euforia y el sectarismo propios del inicio de las revoluciones victoriosas en el poder.

Sin embargo, lo curioso fue que como el móvil de la revolución distaba de ser universitario, ella se fue diluyendo en dicho campo para trasladarse al terreno propiamente político donde estaban su impulso y su eje. Fracasado el intento por apoderarse del control de las facultades y los centros de alumnos —minoritarios pero muy gravitantes— que la revolución no controlaba y que logramos defender con gran esfuerzo, la reforma propiamente universitaria se concentró en objetivos como departamentalizar la universidad e introducir un curriculum flexible, lo cual podrá merecer variados juicios, pero en ningún caso entraña un atractivo revolucionario suficiente.

Desde la perspectiva política, en cambio, lo que sí tuvo significado fue la estructuración de un enorme y omnipotente aparato rectorial, desde donde se impulsaron centros paralelos a las facultades tradicionales para convertirlos en reductos no ya sólo democratacristianos, sino más bien de lo que sería el MAPU y la Izquierda Cristiana.

Al mismo tiempo, se concretó la aspiración del cogobierno estudiantil, otorgándole a dicho estamento un 25 por ciento de los votos en la elección de todas las autoridades universitarias (donde la fórmula electiva se consagró con caracteres de dogma reformista y democratizador de la Universidad) y también un 25 por ciento de los miembros de todos los cuerpos colegiados de gobierno universitario.

En ese cuadro, creímos indispensable presentar una lista gremialista para las elecciones de FEUC correspondientes a la sucesión de Miguel Ángel Solar, en octubre de 1967, que decidí encabezar como candidato a presidente. Tenía el convencimiento de que enfrentar a una revolución estudiantil a sólo dos meses de su triunfo avasallador, carecía de toda posibilidad de éxito. Pero comprendí también que si en ese instante tan adverso no se ofrecía una alternativa a ella, más adelante resultaría muy difícil que alguien osara levantarla.

En esa campaña electoral recorrí prácticamente todos los cursos de la universidad, combatiendo de modo frontal a quienes habían impulsado la “toma”, impugnando en forma resuelta el cogobierno estudiantil ya implantado y sembrando las bases del pensamiento gremialista. Fui derrotado por un amplio margen, pero al reunir el 40 por ciento de la votación, se despertó nuevamente el fervor de quienes participaban de nuestras ideas. Al ver la antidemagogia y el combate desde la adversidad en una expresión decidida, renació en ellos el espíritu de lucha y se echaron los cimientos del Movimiento Gremial a nivel de toda la Universidad Católica, el que adquirió forma orgánica en mayo de 1968, es decir, dos años después que se estructurara en la Escuela de Derecho.

Entretanto, los revolucionarios abandonaron la Democracia Cristiana en un anticipo del MAPU que se formaría muy pronto. Y a su vez el 11 de agosto de 1968, primer aniversario de la “toma” de la Universidad, sus máximos jefes participaron en la “toma” de la Catedral de Santiago, exigiendo de la autoridad eclesiástica un mayor compromiso suyo “con el pueblo y sus luchas”.

Apenas un año después, el Gobierno democratacristiano de Frei y el propio Cardenal Silva Henríquez comprobaban así que habían auspiciado un movimiento que iba mucho más lejos que ellos mismos y que se había valido de su apoyo como una mera etapa o instancia táctica. El refrán de que “quien siembra vientos cosecha tempestades” volvía a cobrar validez. Clara lección para quienes se incorporan a revoluciones de sello marxistoide o anarquizante en la creencia de que, desde dentro, podrán controlar o moderar su rumbo.

Fue así como en las elecciones de FEUC de octubre de 1968, ya no postuló una lista democratacristiana, sino que la continuidad revolucionaria adoptó el rótulo de “Movimiento 11 de Agosto” para significar su ruptura con ese partido, rumbo a la izquierda. A ella se le enfrentó una sola lista, la del Movimiento Gremial, encabezada por Ernesto Illanes. Y contra toda predicción posible, los gremialistas obtuvimos un triunfo estrecho y espectacular.

Se demostraba así no sólo que la antidemagogia puede ganar, sino que las victorias que se logran por obra de la fidelidad a principios sostenidos con valentía desde una situación adversa, tienen raíz firme.

Al año siguiente, en 1969, surgió formalmente el Frente de Izquierda en la Universidad Católica y, para asegurar su recuperación de la FEUC, se recurrió a Miguel Ángel Solar como candidato ahora no ya democratacristiano, como en 1967, sino mapucista. Pero los gremialistas volvimos a triunfar con Hernán Larraín, que se convirtió en el segundo presidente gremialista de la FEUC. Su victoria fue estrechísima, pero el haber sido lograda contra el símbolo carismático de la “toma” de dos años antes y contra una lista democratacristiana que entonces surgió como tercera alternativa minoritaria, consolidó el predominio del gremialismo en nuestra Universidad en forma ininterrumpida por muchos años.

Ya en octubre de 1972, Javier Leturia fue elegido con una mayoría abrumadora como quinto presidente consecutivo de FEUC. Lo que había sido un feudo democratacristiano pasó a ser así identificado como un bastión gremialista.

En ese mismo año, el gremialismo ganó la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, con Juan Carlos Bull a la cabeza.

Al frente, las otras seis federaciones de estudiantes universitarias habían caído en poder del marxismo. La Democracia Cristiana, que en 1962 se jactaba de controlar todas las Federaciones del país, diez años después no dirigía ninguna. Salvo las dos que le arrebatamos los gremialistas, las demás estaban en poder del marxismo. Hecho elocuente que habla por sí solo.

Estimo que los antecedentes que he relatado sucintamente, permitirán comprender y aquilatar mejor el contenido del pensamiento gremialista al conocer la génesis que su formulación tuvo en la realidad de los hechos.

Argumentando con éxito

El gremialismo brotó y creció en ese periodo como un rechazo primario y natural de gran parte del estudiantado universitario a la instrumentalización política de sus organizaciones gremiales y de las universidades en general. Pero nuestro aporte más importante consistió en darle a ese sano sentimiento una base conceptual sólida, convirtiéndolo en un ideal de validez intrínseca y permanente. Evitamos así que él se redujera a una simple reacción, meramente contestataria.

El alumno que rechaza la politización de las universidades y de su tarea académica responde a un impulso correcto y valioso. Detrás de la defensa de “una universidad para estudiar y no para hacer política”, se trasunta el sentido común con que la mayoría de las personas llegan a juicios acertados. Sin embargo, nuestra convicción era que ello no bastaba para el éxito perdurable de una postura gremialista.

Era menester desentrañar y formular los principios más profundos que abonan ese punto de vista, desarrollándolos con granítica coherencia lógica, desde sus raíces doctrinarias hasta sus aplicaciones prácticas. Sólo así el gremialismo podría convertirse en una causa dotada del atractivo necesario para motivar una organización duradera en su favor, situándose en condiciones de refutar intelectualmente las argumentaciones invocadas para pretender justificar el compromiso político de las universidades. Sólo así, también, se lograría satisfacer las inquietudes más profundas de los potenciales dirigentes, quienes no se contentan con la pura simplicidad del sentido común, sino que buscan sus fundamentaciones en el campo de las ideas.

Parto por señalar que disto de pretender una plena originalidad en el pensamiento que inspira al gremialismo. El se remonta a los más clásicos exponentes de la filosofía de raíz cristiana y recogen el aporte que las doctrinas humanistas han ido elaborando a través del tiempo.

En este sentido, nuestra originalidad creativa consiste en haber articulado una formulación del ideario gremialista, aplicando aquellas raíces a nuestra realidad práctica y específicamente al campo universitario, a base del desarrollo orgánico de los principios fundamentales. Existen numerosos documentos que detallan ese pensamiento. No pretendo reiterarlo aquí exhaustivamente, sino sólo sintetizar sus líneas más gruesas.

Así, del reconocimiento de la dignidad y la trascendencia de la persona humana, se deriva la primacía que tiene el hombre sobre la sociedad, tanto desde el punto de vista del ser como desde el punto de vista del fin.

El hombre es ontológicamente superior a la sociedad porque mientras aquél es un ser substancial, es decir, apto para existir en sí mismo, la sociedad constituye sólo un ser accidental de relación. No puede existir independientemente de los seres humanos o substancias que la componen, a cuyo respecto es un accidente y no otra substancia diversa de ellos.

A su vez, el hombre es superior a la sociedad desde la perspectiva de su fin, porque mientras las sociedades temporales se agotan en la historia, el ser humano vive en ésta pero la trasciende, porque su espíritu inmortal le confiere un destino eterno.

De lo anterior se desprende que, en última instancia, la sociedad está al servicio de las personas que la integran y no al revés. Ello se traduce en que el bien común general, fin último y supremo de Estado, debe entenderse como el conjunto de condiciones sociales que permita a todos y a cada uno de los seres humanos que lo integran alcanzar su fin personal, o sea, su perfección, en la mayor medida posible.

Los seis primeros presidentes gremialistas de la FEUC: Ernesto Illanes, Tomás Irarrázabal, Hernán Larraín, Atilio Caorsi, Arturo Fontaine y Javier Leturia.

Tanto el reconocimiento de la persona humana como eje y destinatario de toda la acción de la sociedad, como el señalado concepto del bien común, nos conducen a concluir que las múltiples sociedades que el hombre crea entre la familia y el Estado para procurar su pleno desarrollo espiritual y material, deben ser respetadas como signos de la naturaleza sociable del ser humano y del derecho que éste tiene a formar variadas asociaciones con el objeto descrito.

Si bien la familia conforma la célula básica de la sociedad y es necesaria en cuanto está siempre y directamente exigida por la naturaleza humana, ella no satisface por sí misma todos los requerimientos de la sociabilidad del hombre. Las agrupaciones que ligan a las personas por razones de vecindad (territoriales), de trabajo común (gremiales) o de cualquier otra afinidad que requiera un vínculo asociativo estable, surgen como una exigencia complementaria y variable, según épocas y circunstancias. Ellas dan vida a una variada gama de agrupaciones que, por ser mayores que la familia pero menores que el Estado, se denominan sociedades intermedias.

Ahora bien, un aspecto que el pensamiento gremialista enfatiza especialmente, es que dichas sociedades intermedias tienen una finalidad propia y específica que puede determinarse en forma objetiva, sin recurrir a ninguna ideología política.

Asimismo, ello debe llevarnos a reconocer que toda sociedad intermedia, por definición, es apta para alcanzar ese fin específico suyo. Y digo que lo es por definición, porque si no lo fuese desaparecería o se convertiría en otra diferente. Así, por ejemplo, si un organismo que aspira a ser universidad no cuenta con los docentes e investigadores que le den la jerarquía de tal, o bien no llegará a funcionar, o bien lo hará como centro de enseñanza de nivel medio y no universitario, aun cuando se llame universidad. Pero en esta última hipótesis, sería apto para alcanzar el fin. De igual modo, los ejemplos podrían multiplicarse.

Lo que deseo subrayar es que de la referida conclusión emana uno de los principios básicos de una sociedad libre, cual es el de las autonomías sociales. En síntesis, él consiste en que si toda sociedad intermedia es apta para alcanzar su fin específico (entendiendo por tal el real y no el meramente declarado), ella debe gozar de autonomía, es decir, del derecho de gobernarse a sí misma. Y, como gobernar es conducir una comunidad hacia sus fines, al ámbito legítimo —a la vez que el límite— propio de la autonomía de cada sociedad intermedia, se extiende a todo cuanto le sea necesario para dirigirse hacia su finalidad propia y específica, pero sólo a eso.

Por ello, y siguiendo con el caso de la universidad, su autonomía está referida a organizar y desarrollar sus tareas académicas y las estructuras administrativas que la hagan posible. Nada puede resultar más infundado que pretender incluir cualquier forma de privilegio o inmunidad territorial para los recintos universitarios como supuesto componente de dicha autonomía, ya que no hay ningún argumento que permita considerarlo como un elemento necesario para que una universidad se encamine a su fin.

La autonomía es una propiedad de toda sociedad intermedia y no sólo de las universidades. Cada una la posee para sus fines que, lógicamente, son distintos según la asociación correspondiente. Pero ninguna de ellas contempla ni puede contemplar factores que sustraigan sus recintos al pleno imperio de las leyes y de las autoridades competentes del Estado.

Por otro lado, me parece interesante subrayar que el principio de las autonomías sociales da lugar al más conocido principio de subsidiaridad. Bien mirado el tema, se trata de la otra cara de la misma moneda.

En efecto, si toda sociedad intermedia debe disfrutar de autonomía para orientarse a sus fines propios y específicos, no resulta lícito que otra sociedad mayor a ella —y muy especialmente del Estado— asuma lo que aquella sociedad mayor puede hacer por sí misma. La razón de lo señalado es meridiana. Las sociedades mayores, incluido el Estado, no existen ni se justifican para hacer lo que los particulares están en condiciones de realizar, sea individualmente o agrupados en sociedades menores, incluida la familia. Para ello éstos se bastan a sí mismos. El Estado se estructura para cumplir aquellas actividades que los particulares no pueden realizar adecuadamente, y no para absorber lo que éstos pueden llevar a cabo.

En tal perspectiva, las tareas propias del Estado incluyen aquellas que —por su naturaleza— jamás podrían ser asumidas por los particulares (como las relaciones con otros Estados, la defensa nacional, la dictación de las normas generales que regulan la convivencia social, su aplicación administrativa o judicial, etc.). Pero la labor estatal también comprende aquello que, aunque por su naturaleza podría ser desplegado por los particulares, en la realidad de las circunstancias éstos no lo hacen o lo hacen de modo claramente inadecuado, y siempre que se trate de actividades necesarias o notoriamente convenientes para la comunidad nacional.

En este último caso, el Estado actúa de modo supletorio, precisamente aplicando el principio de subsidiaridad. Lo importante es que, como su competencia procede entonces de un vacío o deficiencia de la comunidad, el Estado debe asumir esa tarea sólo luego de constatar la incapacidad de los particulares para realizarla convenientemente y siempre estimulando a que esa falla se remonte lo más pronto posible. Así podrá irse liberando en mayor medida de labores de suplencia, para reforzar aquellas que le son esenciales e inherentes por su naturaleza.

Suele no aquilatarse en todas sus dimensiones cómo la conjunción del principio de las autonomías sociales con el de subsidiaridad configura los cimientos de una sociedad libre, al potenciar la iniciativa creadora de los particulares en todos los campos y al limitar la esfera de acción del Estado. La sociedad, en su conjunto, se concibe así como una armonía equilibrada y multiforme de muchas entidades con sólidos espacios de libertad para las personas, con estímulos para su creatividad y con posibilidades de participación efectiva de cada una de ellas en decidir su destino

Quizás a más de alguien puedan parecerle demasiado abstractas las consideraciones precedentes. Por ello, pienso que para captar más nítida y gráficamente sus candentes implicancias prácticas, resulta útil contrastar los principios señalados, propios de una sociedad libre, con aquellos que informan a las sociedades totalitarias.

Todos los totalitarismos, cualquiera sea su signo doctrinario o ideológico, tienen en común la negación —conceptual o práctica— de la dignidad y trascendencia de la persona humana. Los totalitarismos miran al hombre como un ser cuya existencia debe subordinarse —integral y unilateralmente— al bien del Estado, entendido éste como un todo colectivo ante el cual se diluye el valor de las personas que lo componen. El Estado pasa a endiosarse como una superpersona, como una especie de ser sustancial del que las personas son simples partes instrumentales.

Al no reconocerle al hombre ninguna trascendencia sobre la sociedad temporal, los totalitarismos lo consideran como un simple engranaje de la maquinaria estatal. La función de la persona se parece mucho a las tuercas de un motor. Valen en tanto y en cuanto sirvan al funcionamiento de éste.

De ahí que en los sistemas totalitarios las personas carecen de auténticos derechos que puedan hacer valer frente al Estado, quien dispensa graciosamente ciertas concesiones a sus súbditos, en el grado y oportunidad que su arbitrio lo determine. La noción de derechos naturales, anteriores y superiores al Estado, carece de todo sentido para un régimen totalitario. Eso explica los horribles genocidios que nuestro siglo ha presenciado, en nombre de la utopía marxista-leninista o del mito nacional-socialista de Hitler.

De lo expuesto se sigue también que los totalitarismos no reconocen autonomía alguna a las sociedades intermedias, las que funcionan como meros apéndices burocráticos del aparato estatal, que controla y manipula su funcionamiento. No existen universidades, sindicatos, juntas de vecinos ni asociaciones culturales o deportes realmente libres. Un Estado que todo lo absorbe las deforma en simples instrumentos de sus designios omnipotentes.

Se entiende, entonces, la profunda diferencia que ocupa la actividad política en una sociedad libre y en un régimen totalitario. Y es que siendo lo político aquello que concierne a la conducción del Estado, sus alcances estarán forzosamente determinados por los que se le confieran al mismo Estado.

Mientras en una sociedad libre la política constituye una de las dimensiones de la vida humana que no priva de su valor, su importancia y su carácter específico al resto de las manifestaciones del hombre —que se canalizan a través del grueso de las sociedades intermedias—, en un sistema totalitario la política se convierte en la única expresión realmente significativa a la cual se someten todas las demás. Esto último calza con perfecta lógica en un esquema de deificación del Estado. Si lo único que importa es, en definitiva, ese ente colectivo erigido en superpersona, todas las manifestaciones humanas deben subordinarse al objetivo de aquél. Al propósito político de lograr el control del Estado para la ideología totalitaria o de afianzarlo una vez que él se ha obtenido. En la etapa de conquista del poder, procura uniformar los cuerpos intermedios como palancas de la revolución, con absoluto desprecio o prescindencia de su naturaleza específica. En la fase de consolidación totalitaria, ellos se modelan como títeres del aparato estatal.

La prohibición de determinadas formas musicales clásicas o de la pintura abstracta dentro de la órbita soviética, en nombre del llamado “realismo socialista”, ejemplifica hasta qué punto llega lo señalado. Cosa parecida ocurre con la instrumentalización política del deporte, con la transformación de los sindicatos en prolongaciones de la burocracia estatal (en lo cual el fascismo y el marxismo presentan especiales semejanzas) y, con tantos otros aspectos sociales que sería largo e innecesario enumerar.

Mientras las sociedades libres favorecen la variedad y la creatividad como vehículos de dignificación y progreso del hombre, los totalitarismos dan origen a una vida gris y monocorde, donde todo está planificado para su más seguro y férreo control.

Protegerse de los vicios políticos

Me interesa especialmente aludir a un concepto que se deriva de lo que acabo de reseñar.

En una estructura social libre deben admitirse sociedades intermedias que sitúen su fin al nivel de la conducción del Estado, procurando influir en ésta conforme a puntos de vista afines de quienes las forman. Estas sociedades intermedias políticas son los grupos, movimientos o partidos políticos, cuyo objeto de acción se radica justamente en el nivel propio del ámbito estatal.

Lo importante es que ellos no procuren instrumentalizar para tal propósito al resto de las sociedades intermedias que no son políticas, y que apuntan a dimensiones más parciales y específicas de la convivencia social, como las entidades territoriales, gremiales (sean éstas sindicales, empresariales, profesionales o estudiantiles) o culturales en su más amplio sentido.

El gremialismo no rechaza ni menosprecia la actividad política. La valora como una de las más nobles tareas humanas, indisoluble de la naturaleza sociable del hombre.

Lo que el gremialismo impugna es la instrumentalización políticas de las sociedades intermedias no políticas, porque ello las desnaturaliza, desvirtuando su finalidad y lesionando el aporte que la comunidad nacional entera requiere de ellas. La politización de las universidades, de los gremios o de cualquier ente cuyo objetivo no es político implica, además, atentar contra la autonomía de éstos, debilitando así uno de los pilares de una sociedad libre.

Por eso el gremialismo ha reiterado que su afán despolitizador no se refiere a las personas, sino a las instituciones no políticas de la sociedad. No propiciamos que los universitarios, los trabajadores, los empresarios o los profesionales sean apolíticos. Muy por el contrario. El gremialismo reconoce el derecho de todo gremialista en cuanto persona o ciudadano— a asumir la opción política que prefiera, sin otro límite que el que no sea de contenido totalitario, por el ya señalado motivo de que en un Estado totalitario desaparece la posibilidad misma de cualquier expresión de auténtico gremialismo, al negarse toda autonomía a los cuerpos intermedios de la sociedad. Y de hecho, muchos gremialistas hemos ejercitado y ejercitamos ese derecho, participando activamente en política, cada cual según sus propias convicciones ideológicas o contingentes.

Pero ese compromiso político no puede legítimamente endosarse a una entidad cuyo fin es diverso a la política, sin dañarla gravemente. Es esa indebida extrapolación lo que el gremialista objeta, en la certeza de apuntar a uno de los vicios que más han perjudicado la solidez y el desarrollo de Chile como una sociedad libre, creadora y participativa.

Cuando una ideología o un partido político no totalitario cae en la tentación instrumentalizadora aludida, traiciona sus propios principios. Actúa con la misma incongruencia que cuando favorece el estatismo. Porque ambos fenómenos representan puentes de fácil desliz hacia el totalitarismo.

En Chile hemos asistido al fenómeno gravísimo de que partidos como la Democracia Cristiana, el radicalismo y hasta el Nacional, postulen listas de candidatos a elecciones gremiales del más variado género, bajo el rótulo o directriz de su colectividad partidista, convirtiendo a los respectivos cuerpos intermedios en terrenos de ensayo y propaganda para medir fuerzas electorales políticas. O bien que se jacten de controlar determinados sindicatos, colegios profesionales o agrupaciones estudiantiles.

No vacilo en sostener que esa anomalía acusa una de las mayores inconsistencias de esos conglomerados políticos tradicionales con los principios de una sociedad libre que ellos sostienen defender. Cuando un marxista o un fascista procede así, actúa con coherencia respecto de su filosofía. Cuando lo hace un demócrata, transgrede las bases mismas de la sociedad que afirma defender, validando de paso —en la práctica— la conducta totalitaria al respecto.

Creo que corregir este aspecto hacia el futuro resulta vital. El gremialismo debiera respetarse como un patrimonio común a todos los demócratas, sin perjuicio de sus legítimas discrepancias y contiendas en la esfera propiamente política, cuyos canales legítimos y naturales han de ser los partidos y demás agrupaciones de similar carácter, circunscritas a su ámbito propio. En ello se juega la mayor o menor fortaleza futura de una de las bases de una sociedad chilena sólidamente libre.

No ignoro que estoy tocando puntos que se han prestado y se prestan para arduas polémicas y para frecuentes ataques al gremialismo. Es por ello que deseo hacerme cargo de los más socorridos.

Ni torres de marfil ni políticos disfrazados

Una primera objeción consiste en que el gremialismo, tras una apariencia no política, encierra un trasfondo conceptual de índole política.

Los gremialistas respondemos a eso que jamás hemos ocultado que nuestro pensamiento se funda en la concepción del hombre y de la sociedad ya esbozada someramente. Dejo en claro que el gremialismo funda en ello su médula. Deriva de una doctrina basada en la dignidad y libertad de la naturaleza humana y está inseparablemente ligado a ella.

Por eso mismo cuando el gremialismo —o una agrupación gremial determinada de cualquier carácter— combate, oficial e institucionalmente, a una amenaza o realidad totalitaria, no hace una excepción a sus principios o a su papel, como a veces erróneamente se cree. No. En tal caso, actúa dentro del más genuino respeto a los principios gremialistas, a la vez que cumple con uno de sus deberes más inexcusables precisamente en cuanto organismo gremial, porque está defendiendo su derecho a sobrevivir como tal, lo que el establecimiento de un régimen totalitario imposibilitaría de modo absoluto e irreversible.

La lucha gremialista contra el régimen marxista de la Unidad Popular no fue así una excepción a los postulados gremialistas por obra de circunstancias extremas. Fue la más fiel e inobjetable aplicación de dichos principios a esa amenaza extrema.

Lo que sucede es que el término “político” se emplea habitualmente no para designar simples enunciados doctrinarios de validez universal y permanente, sino ideologías que pretenden llevar a la práctica esos principios dentro de una comunidad nacional histórica determinada. Ahí reside, a mi juicio, la diferencia más perceptible entre los caracteres de una doctrina y de una ideología.

De este modo, de una doctrina humanista y de libertad como aquella a la cual adhiere el gremialismo, surgen variadas ideologías sustancialmente compatibles con esa misma doctrina. Denominaciones como conservantismo, liberalismo, democracia cristiana, socialdemocracia y otras, representan algunos de los troncos ideológicos más conocidos en el occidente, dentro de la variadísima multiplicidad de versiones que cada uno de ellos ofrece.

Más aún, el término “política” abarca también —y en ocasiones en forma preferente— a las diversas opciones contingentes en que estas tendencias ideológicas se manifiestan en cada país y momento determinados, a través de grupos, movimientos o partidos políticos. Así como de una misma doctrina pueden derivarse diferentes ideologías, de una misma ideología pueden surgir diversas formulaciones en lo más contingente.

El gremialismo se compromete con la doctrina sobre el hombre y la sociedad antes enunciada, pero no se liga a ninguna ideología ni partido político determinado, dejando tal opción para las personas en cuanto ciudadanos. Por ello, el gremialismo o una entidad gremial pueden declararse en oposición a un determinado gobierno, ideología o partido, en el único y específico caso de que éstos tengan un signo totalitario. (En otro caso la oposición será a una o más medidas y no al gobierno como tal). Pero el gremialismo jamás podrá comprometerse a favor de un gobierno, ideología, o partido político, porque siempre habrá varias opciones legítimas y válidas al respecto, dentro del respeto a la misma doctrina.

Una segunda objeción esgrime que hay materias que, siendo propias de un cuerpo intermedio no político, conllevan efectos o alcances políticos. O bien que lo político y lo gremial no es siempre distinguible con claridad.

Considero que esas aseveraciones son correctas, pero ellas no invalidan en nada el planteamiento gremialista.

Los sindicatos que se pronuncian sobre sistemas para negociar las remuneraciones, lo hacen sobre un tópico de clara incidencia político-económica, pero no quebrantan por ello el gremialismo, porque se están definiendo en un rubro de su competencia. Lo mismo vale para una universidad que se pronuncia frente al financiamiento de la educación superior, a la libertad de enseñanza y de cátedra, o cualquier punto que le atañe de modo directo. O para un gremio empresarial que asume una posición ante un régimen arancelario o tributario. O para una agrupación periodística que opina sobre la libertad de expresión y su normativa legal.

De ahí que el gremialismo no deba describirse como la abstención de los organismos gremiales respecto de temas políticos, sino de temas ajenos a sus fines específicos. Es eso lo que entraña una instrumentalización politizadora de sociedades intermedias no políticas.

Admito también, como en todo asunto del orden prudencial y no de exactitud matemática, que hay zonas fronterizas discutibles en la determinación de lo que es o no propio de cada cuerpo intermedio. Siempre el buen criterio de sus integrantes será esencial para resolver acertadamente cada caso. Lo fundamental estriba en que ello se realice desde un auténtico compromiso con los principios gremialistas. Pero cuando una organización estudiantil se pronuncia acerca de política minera o de problemas laborales, o cuando un sindicato se compromete a favor o en contra de una determinada estructura del Congreso Nacional, o cuando un colegio profesional enjuicia una política económica nacional en su conjunto, ya no estamos en zona fronteriza alguna, sino en un desborde manifiesto de su campo de acción.

Abusos como ésos se han cometido y se cometen en Chile en forma indiscriminada, en términos que podrán multiplicarse los ejemplos hasta límites increíbles en cantidad y gravedad. Detrás de ellos, flota el argumento —declarado o subconsciente— de que el organismo respectivo está afecto “indirectamente” por todo lo que ocurre en el país y hasta en el mundo.

La falacia queda a la vista. Según ese criterio, todo cuerpo intermedio podría y debería asumir posición ante todos los problemas existentes, sin límites ni diferencia alguna en razón de su diversos fines y naturaleza. Ese “todos en todo” desemboca fatalmente en el totalitarismo. Más aún, constituye uno de sus rasgos más inconfundibles como concepción lógica. Su práctica por quienes no son totalitarios le pavimenta el camino a aquél, muchas veces con asombro, inadvertencia o irresponsabilidad de quienes lo hacen. El organismo que así procede lesiona su propia autonomía, al exceder su esfera de acción, porque ya a nadie le será fácil distinguir entre sus actividades legítimamente cubiertas por esa autonomía y aquellas que no lo están.

Más aún, ¿en qué se diferenciaría entonces la naturaleza de un partido político respecto de los demás organismos de la sociedad si éstos, a pretexto de estar “indirectamente” afectados por todo lo que sucede, pretendiesen abarcar todos los problemas de país como propios de su incumbencia? Serían otros partidos políticos más, o bien altavoces de algunos de los existentes, en cuyo beneficio habrían enajenado su autonomía, abdicando así de ella.

Una tercera objeción afirma que los gremialistas seríamos políticos disfrazados, porque muchos de quienes enarbolamos sus principios hemos desarrollado una intensa actividad política, mayoritariamente además en una misma tendencia.

Pienso que tal reparo ya está suficientemente replicado con las consideraciones precedentes en cuanto a que el gremialismo jamás ha negado a sus adherentes su legítimo derecho a asumir la alternativa ideológica o contingente que cada cual prefiera (siempre que no sea totalitaria), si su vocación así se lo indica.

Que talvez la mayoría de quienes profesamos el gremialismo hayamos coincidido en muchas definiciones políticas cruciales, nada prueba en contra de lo recién reiterado.

Más aún, en el caso del respaldo al movimiento del 11 de septiembre de 1973 como única forma viable para liberar a Chile del comunismo, dicha coincidencia, más que explicable, resultó casi necesaria.

Tratándose hoy de la Unión Demócrata Independiente (UDI), estimaría perfectamente lógico que ella aglutinara o interpretara a la mayoría de los gremialistas, desde el momento que es el único movimiento político que ha explicado, de manera oficial e inequívoca, su respeto a los principios del gremialismo y su compromiso de no intervenir jamás indebidamente en cuerpos intermedios no políticos y de nunca pretender instrumentalizarlos.