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FRONTERAS DE LA INTEGRACIÓN
IMPACTOS SOCIALES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EN LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO[1]

Héctor Hugo Trinchero[2] y Juan Martín Leguizamón[3]

Introducción

La cuenca del río Pilcomayo configura un ámbito territorial de gran complejidad. Aparte de constituirse en referencia limítrofe entre Argentina-Paraguay y Argentina-Bolivia, se intersectan allí en las últimas décadas procesos de expansión de la frontera agrícola y agropecuaria, un inusitado auge de la explotación minera gasífera e hidrocarburífera de gran impacto ambiental (desmontes, contaminación de los cursos de los ríos que componen la cuenca como así también inundaciones periódicas) e impactos diversos sobre la dinámica productiva y reproductiva de las comunidades rurales indígenas y campesinas asentadas en su territorio y cuyas economías domésticas se basan en gran medida en el usufructo de los recursos de la cuenca. Al mismo tiempo los países involucrados han desarrollado una Comisión Trinacional y otra Binacional de trabajo conjunto para el desarrollo de dicho ámbito socioterritorial.

El objetivo principal de este trabajo es analizar el campo de posibilidades y limitaciones de un conjunto diverso de proyectos y programas de Desarrollo desde una perspectiva socioantropológica. Se trata de indagar específicamente sobre el conflicto entre las dinámicas socioeconómicas y culturales de los pobladores y los modelos y políticas de desarrollo que se proponen vehiculizar dichos proyectos y programas, aportando al debate de la Antropología sobre las políticas de desarrollo en contextos de alta vulnerabilidad social y ambiental.

El enfoque que se intenta desarrollar recupera las evaluaciones de las investigaciones más recientes sobre políticas de desarrollo en ámbitos de alta vulnerabilidad social y ambiental, nuestras propias investigaciones anteriores (Trinchero, 1995, 2000, 2001, 2004) y los vínculos conflictivos entre Antropología y Desarrollo. El objetivo específico será realizar un análisis crítico en torno a ciertos proyectos de infraestructura considerando que la producción de infraestructura y la mayoría de los programas de intervención no logran los objetivos de sustentabilidad previstos respecto a la población involucrada ya que no incorporan como valor potencial las dinámicas productivas y reproductivas de las economías domésticas principalmente indígenas y campesinas. Por el contrario, la instrumentación de proyectos de inversión se enmarca en modelos abstractos de desarrollo que al instrumentarse generan condiciones propicias para el avance capitalista tradicional de la frontera agropecuaria y la especulación rentística, lo cual contradice objetivos explícitos que permanentemente se enuncian en torno al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores hacia los que teóricamente se orientan los proyectos.

El análisis propuesto se limitará a una breve caracterización de dichos proyectos e intervenciones teniendo en cuenta sus impactos en las poblaciones y comunidades indígenas asentadas en la parte argentina de la cuenca media y la baja (Chaco salteño y formoseño).

Antropología y desarrollo

Si el rol de la antropología clásica había sido estudiar las culturas en extinción (y contribuir a la museología de la modernidad), en la posguerra, el renacimiento de la confianza en los mercados y la pretensión hegemónica del American Way of Life, condujo a gran parte de los antropólogos al rol de persuadir a las “culturas tradicionales” de las bondades del capitalismo reemergente; o su contracara: buscar los mecanismos que operaban como “obstáculos” al desarrollo y, si sobrevivían problemáticas y/o resistencias, serían éstas achacadas a la persistencia de supuestas culturas tradicionales. La cuestión era entonces “inculcar las nuevas necesidades y persuadir a los pueblos a cambiar sus costumbres” (Erasmus, 1961: 297).

Ejemplos de este rol de ciencia sistémica asignada a la antropología sobran y no es necesario hacer aquí un recorrido por los mismos. Cientos de millones de dólares invertidos en América Latina y en el conjunto del los países denominados Tercer Mundo configuran un franco indicador de su importancia. Ya sea mediante la pretensión manifiesta de inculcar el “espíritu” capitalista a los campesinos (vg. el Proyecto Perú-Cornell que duró la friolera de quince años fracasando estrepitosamente) o bien directamente implicando a antropólogos en tareas contrainsurgentes (vg. el programa Camelot del Pentágono), la experiencia de aquella “antropología aplicada” no significó otra cosa que la expresión en América Latina de una antropología implicada en la reproducción de la hegemonía imperialista a escala mundial. Por un lado u otro, detrás de las políticas de asistencia, lo que asomaba como el problema no era ajeno al fantasma del comunismo hacia el cual las “grandes masas” supuestamente propenderían, dadas sus condiciones de extrema pobreza. De allí la necesidad de hacer docencia: había que inculcar a los pobres del mundo que el cambio debía suceder mediante la incorporación de las mayorías populares a las relaciones de la producción capitalista. El dualismo político-ideológico de la posguerra fría era el escenario en el que pretendía legitimarse tamaño esfuerzo desarrollista.

Hacia inicios de la década de los años 70 del siglo XX, una de las políticas desarrollistas más impactantes hacia los espacios rurales del planeta ha sido la eufemísticamente denominada “revolución verde”. Recordemos someramente que dicha revolución fue el resultado de una evaluación de la pobreza mundial a partir de dos caracterizaciones complementarias: la presencia de escasez de alimentos para satisfacer la demanda de las mayorías y la existencia de estructuras de producción rural “atrasadas”. De acuerdo con este análisis, la política económica debía tender tanto hacia el incremento de la producción global como hacia el aumento sostenido de la productividad mediante la innovación tecnológica en el campo. Así, en los veinte años que trascurrieron entre los comienzos de la década del 70 y los noventa y mediante transferencias tecnológicas globales junto a políticas crediticias subsidiadas, la producción agrícola mundial se incrementó en un 360%. Una aceleración de la productividad alimentaria nunca alcanzado por la humanidad en un período tan breve.

Sin embargo, y a contrapelo de esta impresionante “oferta” alimentaria, la pobreza y las situaciones de hambruna generalizada a lo largo y ancho del planeta, lejos de decaer, se acrecentaron con una crudeza que ningún técnico se hubiera animado a presagiar (Trinchero, 1995: 10). Este pretendido intento de paliar las paupérrimas condiciones de existencia de las mayorías populares del mundo, dando absoluta preeminencia a políticas de fomento hacia las innovaciones tecnológicas de aplicación universal (entre otras, semillas híbridas, expansión de la soja como producción mundial, uso masivo de fertilizantes), resultó en impactos negativos de distinto tipo que aún hoy intentan ser soslayados. El primero de ellos que interesa señalar aquí es el de un nuevo movimiento de expropiación de las condiciones técnicas de producción para millones de campesinos en el mundo. Es que la introducción de híbridos “más productivos” desde el punto de vista del volumen producido por unidad de suelo concentró en manos de empresas trasnacionales el manejo de dichas tecnologías (a las que debe agregarse el uso de fertilizantes y plaguicidas. Estos “paquetes tecnológicos” a los cuales campesinos y pequeñas y medianas empresas debieron recurrir para la producción, si bien se mostraban más eficaces en el corto plazo, implicaron que los productores directos se vieran imposibilitados de producir sus propias semillas, incrementando su dependencia del mercado de insumos a la vez que cedieron gran parte del control del ciclo productivo.

El segundo impacto negativo es que el mencionado proceso de expropiación y agudización de la dependencia del mercado de insumos, condujo a la concentración en grandes empresas agrícolas y a la expulsión de pequeños campesinos del mercado y de sus economías domésticas aportando a un renovado flujo migratorio hacia las grandes ciudades y ciudades intermedias y, como se dijo, una agudización de los niveles de pobreza, hambre y exclusión social a la par de impactos ambientales que se expresan en un deterioro en la capacidad agronómica de los suelos principalmente por el uso masivo de agroquímicos y la escasa rotación de los cultivos motivada por la rentabilidad a corto plazo de determinados productos agrícolas. Este proceso ha sido la mostración más reciente que el discurso capitalista, referido a la modernización progresiva de la sociedad (el desarrollismo), es portador de una congénita incapacidad para formular políticas que tiendan al menos a paliar los problemas de la pobreza en el mundo. Cuestión que, paralelamente, ha dado lugar a un nuevo resquebrajamiento de su horizonte discursivo. Ya el informe del denominado Club de Roma en 1972 (que muy lejos estaba de sospechas de alineamiento hacia el bloque soviético en la guerra fría) alertaba sobre los límites del desarrollo a partir de sus conclusiones en torno a las consecuencias nefastas que, para la mayoría de la población y los recursos no renovables mundiales, aparejaría la continuidad del crecimiento de la producción y el consumo en las grandes potencias mundiales paralelas a una pauperización creciente de los países del Tercer Mundo.

En torno a la evaluación de estas experiencias, es que surge cierto requerimiento en el ámbito académico, principalmente en los países centrales, de revisar la noción misma de desarrollo como coordenada conceptual indiscutible. Es precisamente a partir de la década de los años 70 que se produce un salto cualitativo en el proceso de institucionalización creciente de la práctica antropológica en agencias de desarrollo, al calor de las crisis mismas de la noción de desarrollo. Habían pasado ya más de veinte años de experiencias desarrollistas de posguerra en los que la preeminencia de un discurso hegemónico de la modernización parecía requerir únicamente de aquellos instrumentos y profesionales técnicos que no cuestionaran aquella noción sino que la instrumentalizaran “correctamente” (agrónomos, ingenieros, economistas, etc.).

Dentro del campo disciplinario de la antropología social y a la luz de distintas experiencias de intervención antropológica en proyectos y programas de desarrollo dos son las corrientes de pensamiento que se involucran y se apropian actualmente del intercambio reflexivo entre desarrollo y antropología, especialmente en Norteamérica. Por un lado, la denominada Antropología para el desarrollo, cuyos profesionales se encuentran implicados como asesores, diseñadores, evaluadores y/o ejecutores de proyectos de desarrollo en agencias, principalmente internacionales; y por el otro, lo que podríamos denominar “antropología del desarrollo” que se orienta a reflexionar, desde una mirada crítica, externa y por lo tanto relativamente distanciada respecto a los enunciados y resultados de los programas de desarrollo (Viola, 2000: 27).

Es que, como se dijo, desde los años 70 viene siendo cuestionada la misma noción de desarrollo desde múltiples enfoques disciplinarios. Sin embargo, estos cuestionamientos, han alcanzado cierto grado de consenso y legitimidad recién hacia la década del 90. Ello ha intentado ser expresado en múltiples adjetivaciones del sustantivo desarrollo por parte de los organismos de planeamiento internacionales, los gobiernos y las agencias no gubernamentales (por ejemplo, sustentable, étnico, apropiado, etc. Estas formas adjetivas más recientes de nominar al desarrollo han pretendido reflexionar sobre la experiencia histórica mencionada en torno a la relación inversa entre crecimiento económico y el combate de la pobreza intentando proponer modos alternativos de desarrollo. Sin embargo, según nuestro entender, no en tanto discurso académico han logrado sobreponerse a la dinámica concentradora que caracteriza al capitalismo agrario. No nos detendremos, en este texto, en el análisis genealógico de semejante aggiornamento de la formación discursiva en torno al desarrollo.[4] Por el momento, intentaremos restringirnos en el análisis del significado concreto de la noción de desarrollo sostenible en los proyectos en cuestión.

Economía política del desarrollo sostenible en la cuenca del río Pilcomayo

En Argentina, las políticas de desarrollo y los procesos de expansión de las fronteras agropecuarias, han seguido históricamente un eje vertical cuya orientación dominante configuró la denominada cuenca platina. El puerto de Buenos Aires y los puertos enclavados en el litoral del río Paraná se proyectaron como uno de los principales sistemas articuladores del modelo económico agroexportador complementados con el desarrollo de una poderosa infraestructura vial, ferroviaria, energética y urbana. Como lo expresamos en el proyecto anterior relacionado con el seguimiento del Programa de Acción Estratégico (PEA) en la cuenca del río Bermejo (PICT 6547 1999-2003) tal sistema económico y social ha tendido a invisibilizar e incluso a subsumir otras estructuraciones posibles o probables del espacio. De esta manera la desarticulación del eje oeste-este que implica a sistemas tales como el NOA y el NEA, con subsistemas bióticos, climáticos y estructuraciones económicas, poblacionales y culturales de gran diversidad y heterogeneidad ha sido en parte una consecuencia de tales políticas de desarrollo. En tal sentido, la cuenca del río Pilcomayo (al igual que la del Bermejo), que por sus características configuran ámbitos “naturalmente” articuladores del señalado eje NOA-NEA conectando distintos subsistemas socioculturales y ambientales, es actualmente objeto de un excepcional despliegue de proyectos y programas de desarrollo vehiculizados tanto por iniciativa de los gobiernos nacionales y provinciales y distintas agencias. En su momento, distintos estudios han dado cuenta del proceso de expansión de la frontera agraria en la región, principalmente en el Departamento de San Martín, Salta, dado que aquí es donde dicho proceso alcanzó una intensidad manifiesta desde la década de los años 70 (Morello, 1983; Reboratti, 1989, 1996; Trinchero y Leguizamón, 1995; Trinchero, 1998a.). Sin embargo, el desarrollo capitalista en la región adquiere en la actualidad una complejidad mayor al intervenir no únicamente capitales agrarios sino también y principalmente capitales vinculados a la energía y la explotación minera.

La complejidad social de estos ámbitos y su significación socioeconómica no ha sido suficientemente considerada en los recientes debates nacionales en torno a las políticas agropecuarias a implementar pues se presume como de interés central el desarrollo de la frontera agraria sin profundizar en las complejidades del desarrollo capitalista en regiones que otrora eran consideradas “marginales”.[5]

Independientemente de lo anterior, el auge de inversiones capitalistas en la cuenca del Pilcomayo ha conllevado a la emergencia de políticas públicas tendientes por un lado al desarrollo de una infraestructura vial susceptible de acompañar el mencionado proceso de inversión y por el otro a pretender regular el recurso hídrico que implica dicha cuenca en virtud de sus características particulares (irregularidad de su cauce, en su región baja, arrastre de sedimentos en toda su extensión, etc.).

Por las características específicas de su dinámica ambiental, la cuenca del río Pilcomayo es objeto en la actualidad de una serie de intervenciones por parte de los Estados involucrados (cfr. Plan Maestro) y proyectos de desarrollo tendientes a limitar los “efectos negativos” que sobre el recurso hídrico y la población presentaría dicha dinámica.

Lo expresado anteriormente no implica que el interés por el desarrollo de políticas hacia la cuenca sea un proceso novedoso. Por el contrario, la mayoría de dichas políticas se reconocen en “antiguas” problemáticas de la región. Así, por ejemplo, los planes para canalizar tramos del río se remontan a la década de 1930, cuando se produjeron las tensiones entre Argentina y Paraguay en torno a la problemática sobre cuál de los brazos del estero Patiño era el “verdadero Pilcomayo”. Estos primeros planes respondían a la pretensión de establecer de manera consensuada el cauce que en los hechos operaba como frontera internacional. Sin embargo, en un proceso que gradualmente provocó la desecación del estero Patiño y la formación de nuevos bañados, entre la década de 1940 y mediados de la década de 1970 el río retrocedió unos 170 kilómetros, a un promedio de 5 kilómetros por año, por lo que el fenómeno geográfico dejó de ser un hito claro en la disputa fronteriza generando nuevas situaciones conflictivas.

Por el impacto de las inundaciones producidas, desaparecieron bajo las aguas asentamientos territoriales (comunidades) como Misión El Toba (1975), Misión El Carmen, Puerto Yrigoyen, Misión El Yuto y Misión San Andrés, además de otras comunidades más pequeñas, lo que dio lugar a masivas y permanentes relocalizaciones de la población de la zona, sin que ello fuera resultante de planificación alguna. El primer intento de canalización fue en 1970, aunque fracasó. En 1991 los gobiernos de Argentina, Paraguay y Bolivia aprobaron un proyecto de obras hidráulicas a realizarse a la altura de las localidades de Santa Teresa y María Cristina (Argentina) y estancia La Dorada y Mayor Alberto Gardel (Paraguay), zona hasta donde llegaba el cauce del río. Este proyecto, conocido como “Proyecto Pantalón” (o de “colmatación controlada”) se basaba en la construcción de dos tomas con sus respectivos canales, con el objeto de derivar las aguas “equitativamente” hacia Argentina y Paraguay[6]. Si bien nunca se desarrolló en su totalidad, este proyecto dio lugar a la construcción de los canales derivadores que hoy tiene consecuencias en la zona con relación a la estabilidad de los asentamientos poblacionales, a la disponibilidad de agua y a las políticas de frontera (Gordillo y Leguizamón, 2002).

El carácter precario de las obras por el permanente proceso de sedimentación que también colmata los canales derivadotes, llevó a la comisión técnica argentino-paraguaya a estudiar un nuevo plan de obras (hasta el momento no efectivizado) complementario a los canales y denominado “Proyecto Interceptor” (o “sistema distribuidor”). Éste incluiría la construcción, aguas abajo de los canales, de un complejo sistema de obras hidráulicas entre las que se destaca “un dique interceptor con dos vertederos, uno en cada territorio, que asegurarían una partición igualitaria, equitativa y controlada de los caudales” (Gordillo y Leguizamón, 2002). Cuando se habla de “partición igualitaria, equitativa y controlada” de caudales, se tienen en cuenta principalmente dos cuestiones: la primera es la disputa entre Paraguay y la Argentina por el límite territorial entre ambas naciones y, segundo, el aprovechamiento hídrico para la expansión de la frontera agraria. Sin embargo, el estero Patiño es un ambiente particular que produce una importante “oferta ambiental” para las actividades de recolección, pesca y caza de las poblaciones indígenas de la región. Esta cualidad ambiental desde el punto de vista de las modalidades domésticas de producción y reproducción no es incluida en los análisis de impacto de los proyectos en cuestión.

Por otra parte, el programa Desarrollo Integral del Departamento Ramón Lista (DIRLI) fue llevado a cabo en el mismo ámbito durante 19972002, sin que la “regulación” de la dinámica del río y el bañado, al menos en dicho sector de la cuenca baja, permita realizar previsiones sostenibles respecto a la estabilidad de los asentamientos. Debe tenerse presente que el objetivo principal de dicho programa, ha sido la construcción de quinientas viviendas en distintas comunidades del departamento Ramón Lista, Formosa. Una cifra de importantes dimensiones, al menos para la región (Programa DIRLI, 1998). La construcción de tal cantidad de viviendas, objetivo sólo cumplido a medias, ha sido desde la propia formulación de sus objetivos (en los que se reitera la categoría de desarrollo sostenible) una contradicción. En un contexto caracterizado por la dinámica hídrica mencionada anteriormente, el asentamiento mediante viviendas estables atenta contra la dinámica misma del funcionamiento demográfico y económico de la población. En este caso, la sostenibilidad del proyecto queda reducida a variables “participativas” en el diseño de las viviendas y en la producción de las mismas (aunque un estudio pormenorizado, tampoco daría cuenta del cumplimiento de este postulado). Por otra parte, en lo referente a la formulación del Programa mismo, es decir de sus objetivos, dicha participación ha sido nula.

Discursos de la integración: el corredor bioceánico

Otro proyecto que pretende acompañar el proceso de valorización capitalista de la región es el denominado corredor bioceánico Atlántico-Pacífico que involucra obras de infraestructura, principalmente vial, en distintos tramos de la cuenca. Este proyecto posee antecedentes ya desde 1977. Así, en una reunión de abril de aquel año, efectuada entre los gobiernos dictatoriales de Videla y Stroessner, se acordó avanzar en la construcción de la ruta provincial Nº 17 entre Tartagal y Misión La Paz pasando por la localidad de Tonono. Desde entonces este proyecto se concebía para dar salida a la producción paraguaya por el puerto chileno de Antofagasta.

También se puede buscar algún antecedente de este proyecto en Salta en los años 1986-1987 durante la gestión del gobernador Roberto Romero. En esta etapa el proyecto de ruta entre el Pilcomayo y la ruta 34 tenía al menos dos versiones: una entre Campo Duran y Santa Victoria pasando por Santa María y la otra el anterior trazado entre Tartagal y Misión La Paz pasando por Tonono. En ese momento el proyecto vial coincide con un proyecto de regularización territorial del lote fiscal 55 que favorecía las pretensiones de un grupo de pobladores criollos agrupados en la cooperativa “Pilcomayo”. En esta coyuntura el proyecto se presentaba como la posibilidad de integración al mercado regional para el mejor desarrollo de los establecimientos agropecuarios allí asentados (Municipio de Santa Victoria Este, Salta).

Además, en el área del Gran Chaco podemos detectar una serie de proyectos viales, en diverso grado de ejecución, los cuales se constituyen como antecedente de la red vial que hoy se plantea en términos de configuración de espacio Mercosur. Uno de ellos, consiste en la construcción –ya avanzada– de la ruta que une la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) con la frontera Argentina en Pocitos (Salta) y empalma con la ruta 34, que la une a la ciudad de Salta pasando por Tartagal.[7]

Existe también un viejo proyecto que promueve la construcción del corredor por la ruta 81. Este proyecto pretende unir, en mejores condiciones viales a las existentes, a la localidad de Embarcación (Salta) con localidades a lo largo de la provincia de Formosa, por lo que se constituye en preferencial para esta última. En Formosa, sólo está pavimentada hasta unos kilómetros más allá de la localidad de Las Lomitas.

En el Chaco boreal paraguayo, la ruta transchaco que parte de Asunción sólo llega hasta la zona de Mariscal Estigarribia, y de allí hacia las proximidades del punto tripartito en Pozo Hondo sobre el Pilcomayo hay unos 300 kilómetros de caminos de tierra poco transitables principalmente en períodos de lluvias.[8]

Desde su formulación inicial, el llamado “corredor bioceánico” viene siendo justificado como un intento por superar las barreras espaciales que entorpecen la circulación de bienes y como una estrategia efectiva para una mejor integración territorial del Gran Chaco en el Mercosur. La alternativa que nos ocupa sería la ruta que, uniendo puertos chilenos con brasileños, cruzaría el Gran Chaco y en él la frontera argentino paraguaya entre dos localidades ribereñas del río Pilcomayo: Misión la Paz (Argentina) Pozo Hondo (Paraguay).

Es en este contexto que en 1995 la provincia de Salta en alianza con el departamento de Boquerón (Paraguay) y por los acuerdos multinacionales que impulsarían el corredor bioceánico, inicia la construcción del puente internacional Misión la Paz-Pozo Hondo, el cual se constituiría en uno de los pocos cruces viales a lo largo de todo el río Pilcomayo.

Los discursos oficiales se han referido permanentemente al “progreso” que significará esta obra para toda la región y especialmente para los pobladores de la zona, argumentando sobre la importancia estratégica que tendría este paso.

La traza del “corredor” tiene tramos que se transitan comercialmente desde hace muchos años en sus dos extremos: en el área del Pacífico entre Salta y el puerto chileno de Antofagasta y en el área del Atlántico entre centros industriales y puertos como São Paulo o Curitiba y Paraguay o el nordeste argentino. Sin embargo, en su zona media, en la región chaqueña, existe un tramo de aproximadamente 500 kilómetros con caminos muy precarios intransitables aun para vehículos pesados en el período estival a consecuencia, principalmente, de las lluvias. Este tramo es precisamente el que cruza el río Pilcomayo y se extiende desde la ruta 34 en la provincia de Salta hasta la localidad de Mariscal Estigarribia a más de 300 kilómetros de la frontera con Argentina en el Paraguay.

Bajo estas condiciones el puente internacional sobre el Pilcomayo que une las localidades mencionadas de Misión La Paz y Pozo Hondo, y habiendo transcurrido ya trece años de su construcción, es prácticamente un puente sin ruta, una especie de símbolo del “progreso” pero que no cumple funciones reales de articulación vial.

El puente fue financiado con fondos que administra la provincia y la obra se adjudicó a una empresa constructora de Salta, en otras palabras, los límites, fundamentos y controles de la obra no exceden ámbitos locales. Esto explica en parte su simbología en tanto proyecto no sustentable. Mientras que construir una ruta de 500 kilómetros requiere financiamiento internacional, la obra fue el producto de una decisión provincial no contemplada en planeamiento nacional e internacional alguno. Una obra de tal implicancia (la funcionalidad de un puente para un trazado vial de semejante tamaño) requiere de financiamiento internacional. Los organismos internacionales de crédito imponen condiciones que deben ser superadas, por ejemplo, la de realizar un estudio de los impactos sociales y ambientales que tendría la obra para poder evaluar la conveniencia de su realización (independientemente de la crítica susceptible de hacer hacia dichas evaluaciones. Al ser un proyecto provincial específico para la construcción del puente no sólo se eludió la evaluación de impacto sino también el análisis de su factibilidad en tanto inversión integrada a un programa de mayor envergadura.

Desde el comienzo de la construcción del puente surgieron numerosos conflictos en el área principalmente para las comunidades aborígenes. Estos conflictos mostraban con claridad los aspectos no contemplados del proyecto, principalmente su impacto sobre el reclamo territorial que las comunidades indígenas vienen realizando en la región desde la emergencia de la democracia.

Asociado a la construcción del puente se puede mencionar el proyecto de puesto de control fronterizo y sus obras complementarias que elaboró y presupuestó la provincia de Salta[9]. El plan de trabajo para la ejecución del proyecto estaba diseñado en dos etapas. Una primera etapa que contempla la construcción del puesto de control propiamente dicho, cinco viviendas para el personal destinado al puesto, un casino de gendarmería para albergar los efectivos afectados a la zona, la apertura y perfilado de las calles de cuatro manzanas cordón cuneta y pavimentado, captación en tanque de reserva y red de distribución de agua, red de energía eléctrica y alumbrado público, plaza y “monumento al aborigen”. Una segunda etapa que prevé la construcción de una iglesia, la escuela, un centro deportivo-recreativo, centro de salud, área comercial, más viviendas para el nuevo personal y ampliación del trazado urbano. Esta etapa aún no fue presupuestada.

Por nuestra parte pudimos observar en aquellos años que la obra, denominada Misión la Paz en el plano de urbanización, no tomaba debida cuenta del asentamiento preexistente que le da nombre como tampoco de los grupos wichí, chorote, chulupí y aun de algunos criollos que viven en la misión y sus alrededores.

Dos cuestiones requieren ser mencionadas respecto al proyecto. En primer lugar, casi toda la primera etapa y la cabecera del puente se pretendieron construir sobre una gran parte de los campos de cultivo comunitarios, lo que significa un impacto negativo sobre la capacidad alimentaria de la población de la comunidad de Misión La Paz. Esta decisión fue tomada unilateralmente por la provincia sin prever alternativa alguna y menos aún un estudio sobre el impacto alimentario del proyecto.

En segundo lugar, la extensión del damero del proyecto urbano de la segunda etapa estaba pensada sobre lo que actualmente es el espacio de ocupación de las viviendas de la misión. A esto hay que sumarle el hecho de que la falta de acuerdos del gobierno provincial con los miembros de la comunidad alimentaba distintas versiones sobre el destino de la misión incluyendo la posibilidad de una relocalización compulsiva. Esto generó una gran incertidumbre y fundamentaba las sospechas que la comunidad tenía con respecto a las intenciones del gobierno, en palabras de David González (†) cacique por aquellos años de la misión:

Estoy preocupado, tengo miedo, que nos echen a otro lado... que significa eso, aquí esta el campo de nosotros y después quieren que nosotros lo abandonemos y después nos cambien más adentro. Allá no sirve, el agua es salada, allá no sirve para sembrar, allá no hay pescado, entonces ¿qué vamos a comer? Esto significa la muerte, buscan la forma para que morimos ¿te das cuenta?[10]

El conflicto

Hemos mencionado que uno de los proyectos de regularización territorial para pueblos originarios de la Argentina es el referido al denominado “lote fiscal 55” de la provincia de Salta. Desde 1987, año de promulgación de una ley de “regularización” sobre dichas tierras hasta la actualidad se produjeron distintas situaciones de conflicto que aún están vigentes.[11] Al calor del conflicto por la tierra se formó en 1992 la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, en el Municipio de Santa Victoria Este con representación de los pueblos wichís, chorotes, nivaklés, tobas y tapietes, y el objetivo de obtener el título de propiedad de la tierra para las comunidades (Trinchero, 1989; De la Cruz, 1989; Carrasco y Briones, 1996).

En 1993, por decreto, el gobierno provincial crea la Comisión Asesora Honoraria para la Regularización Jurídica de los Asentamientos Poblacionales en el Lote Fiscal 55, para definir la modalidad de entrega de tierras.

Durante más de dos años con la comisión integrada por representantes del gobierno provincial, de la Universidad Nacional de Salta (UNSA), varios asesores técnicos, delegados del Lhaka Honhat, representantes criollos, se desarrolló una propuesta consensuada para la distribución de las tierras y cuyo trámite demoró varios años.

Luego de que asumiera el nuevo gobernador justicialista en los primeros meses de 1996, se intentaron todo tipo de gestiones a través de representantes de las comunidades, tendientes a poner en marcha el proyecto de entrega de tierras que se había elaborado en el marco de la comisión. Pero todos los intentos fracasaron sistemáticamente e incluso el gobierno decidió que había que hacer nuevos estudios y que la propuesta de la comisión le parecía inviable.

Esta actitud de gobierno, junto a las obras del Puente produjo gran malestar en las comunidades y definió la urgente necesidad de un plan de lucha. Desde la organización de los pueblos originarios se decidió como primera medida la toma pacífica del puente internacional Misión la Paz-Pozo Hondo con la presencia y el apoyo de todas las comunidades de los lotes fiscales 55 y 14 como también de representantes aborígenes de Formosa, Chaco, Santa Fe y grupos del Chaco Paraguayo y Chaco Boliviano, además con la solidaridad de numerosas organizaciones nacionales e internacionales.

En la mañana del 25 de agosto más de mil personas tomaron el puente internacional y con ello iniciaron la protesta más importante que jamás hayan manifestado las comunidades del área. También aquella mañana se ponían en marcha lo que luego serían veintitrés días de intensa presión, de permanente negociación, y de una costosa resistencia, dadas la gran concentración indígena, las dificultades para conseguir alimentos, la falta de atención médica,[12] que minaban la resistencia de ancianos, hombres, mujeres y niños, dejando el terrible saldo de cuatro menores muertos.

Lo que las comunidades exigían es que el gobierno cumpla con lo establecido en la Constitución Nacional cuando reconoce los derechos indígenas a las tierras que tradicionalmente ocupan (artículo 75, inciso 17) y con la ley de 1987 Nº 6469 de “regularización dominial” y los sucesivos decretos de reglamentación. Que cumpla con esta normativa respetando los acuerdos alcanzados a partir de la comisión que creara el decreto provincial Nº18/93.

Pedían en el lugar la presencia del gobernador y la firma de un decreto que pueda garantizar la entrega de tierras de acuerdo a ocho principios que se aprobaron en las asambleas realizadas en esos días en Misión la Paz con una masiva participación.[13]

Con el correr de los días crecía la certeza de que el gobierno buscaría todas las formas de debilitar el acto de protesta para tener una posición más ventajosa a la hora de negociar. La gendarmería presionaba permanentemente y amenazaba con conseguir una orden judicial para desalojar el puente. La gendarmería paraguaya al tercer día de ocupación efectúo más de cien disparos con armas de fuego en clara actitud intimidatorio. La empresa constructora presionaba y pedía que intervenga alguna autoridad que les garanticen poder seguir trabajando. Desde medios de prensa escritos y radiofónicos regionales y provinciales se presionaba para la desmovilización de los aborígenes.

Funcionarios como el presidente del concejo deliberante de Tartagal exponían teorías conspirativas que pretendían involucrar intereses europeos para dificultar la integración regional y el Mercosur. Planteaban intentos separatistas tendientes a crear una nación indígena en el área involucrando a territorios en Bolivia y Paraguay.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social de la provincia se pedía que los aborígenes se organicen en “consejos comunitarios” para poder fijar criterios de negociación con el gobierno desconociendo de este modo la existencia de aquellas formas organizativas que las propias comunidades se estaban dando.

Sin embargo, el objetivo era claro y la determinación de los aborígenes muy firme. Sumado a la solidaridad de numerosas organizaciones hizo posible para las comunidades mantener la protesta, a pesar de tantos inconvenientes, durante más de tres semanas.

A los veintitrés días de toma se presenta el ministro de gobierno (acompañado por un comandante, el secretario de seguridad) y se realiza una asamblea en donde se discutieron los distintos puntos de vista, habla el ministro y varios de los caciques más representativos. Pese a las reticencias del representante de gobierno y a propuesta de la asociación se firma un acta de compromiso en donde se reconoce a la Asociación de comunidades, el gobierno se compromete a promulgar un decreto en un lapso no mayor de treinta días en el que se establezcan etapas y plazos para resolver la tenencia y distribución de tierras de los lotes fiscales 55 y 14, y se consulte a las comunidades afectadas antes de realizar los proyectos de cabecera y acceso al puente internacional.

Los treinta días pasaron sin que el gobierno provincial cumpliese con el compromiso firmado ante las más de mil personas que ocupaban el puente, y en los muchos encuentros posteriores no se llegó a un acuerdo para la confección del decreto. En las comunidades cundía el desasosiego al sentirse nuevamente víctimas de dilaciones y negativas de gobierno.

Mientras tanto el gobierno pone en juego la posibilidad de un proyecto a su juicio más viable que consiste en entregar la tierra parcelada por comunidades, lo que en los hechos por lo menos significa desconocer el arduo trabajo anterior y empezar todo de nuevo con una propuesta a la que se niegan las comunidades.

Las treinta y cinco comunidades en un comienzo mantuvieron su postura planteando la entrega con un titulo único en defensa de su organización y de un mejor aprovechamiento de los recursos que ofrecen el monte y el río.

Este largo proceso de desgaste de las organizaciones indígenas fue acompañado por medidas de gobierno que apuntaron a la división de la organización de las comunidades. Para ello se inició un proceso restringido de entrega de fracciones de la tierra reclamada con título único a familias criollas y a comunidades que aceptarían un título individual por comunidad.

Ello dio lugar a dos posturas al interior de la Asociación: comunidades que continuaban sin aceptar esta política del gobierno y otras que decidieron negociar por comunidad. La decisión de la Asociación fue no aceptar ninguna entrega de tierras fuera del acuerdo logrado de unificación territorial fue acompañada al mismo tiempo por la postura de no permitir ningún tipo de proyecto de intervención para las comunidades si antes no se aceptaba la entrega en aquellos términos. Esta postura significó para el gobierno una herramienta de fuerte impacto dadas las condiciones de precariedad en todos los órdenes (salud, educación, vivienda, trabajo, etc.) de las comunidades ya que le permitiría a las autoridades gubernamentales generar diferencias al interior de la asociación por la vía de acuerdos específicos más allá del reclamo territorial.

Luego de la toma del puente y ante el incumplimiento de lo firmado por el gobierno en el acta que permitió el levantamiento de la toma, la Asociación Lhaka Honhat decidió hacer una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de frenar la construcción de las obras del puente y las complementarias exigiendo la regularización territorial previa. Sin embargo, más allá de estas denuncias, la comunidad de Misión La Paz decide acordar directamente con las autoridades la continuidad de la construcción del puente internacional y el puesto fronterizo a cambio de la obtención de viviendas y en otras comunidades por la entrega parcial de tierras.

Dividida la resistencia indígena, el proyecto del puesto fronterizo adquiere un nuevo dinamismo y los imaginarios sobre el desarrollo de la región vuelven a los titulares de los medios de comunicación regionales.

Del lado paraguayo, la localidad de Pozo Hondo fue planificada como una futura ciudad comercial. En una infografía plano publicada por el periódico ABC Color, se define para la urbanización un centro comercial, un centro administrativo, una zona industrial, zona habitacional, y accesos para tránsito pesado y tránsito liviano. El 25 de julio de 1999 el mismo diario titulaba “Pozo Hondo se convertirá en la ciudad más comercial del país”.

En una entrevista que realizamos en 1995 a un funcionario de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ente a cargo del control fronterizo en Pozo Hondo) nos decía:

Tengo mucha experiencia en esto, yo estuve en Ciudad del Este cuando era casi un descampado y mire lo que es hoy. Pozo Hondo será tanto o más que Ciudad del Este, en pocos años sé vera el crecimiento. Esto es el centro del corredor bioceánico que unirá el Mercosur.

Es que terminado de construir el puente y con el inicio de las obras del puesto de control fronterizo en Misión La Paz (Argentina), se buscó darle impulso a la urbanización de Pozo Hondo. Se abrieron las picadas, futuras calles en damero, se instaló una delegación municipal, registro civil, una comisaría, un expendio de combustible, un “mercado” para puesteros y se comenzó el loteo de la localidad.

A partir de la crisis de 2001 en Argentina este proyecto perdió dinamismo, nada nuevo se construye, los comerciantes en su mayoría se fueron, no hay interesados en los lotes, no circula el servicio de transporte a Asunción que había iniciado su recorrido en 1999, y tomó fuerza la alternativa del corredor a Chile por Bolivia por lo cual los camiones pasan de largo a varios kilómetros de Pozo Hondo. Esta declinación del proyecto se inicia sobretodo después de la crisis argentina de diciembre de 2001, y la devaluación del peso argentino estableció una relación desfavorable para la venta de productos paraguayos, lo que frenó toda actividad comercial.

En tanto en la cabecera del lado argentino y a partir del proceso mencionado anteriormente, lo concreto ha sido el desarrollo del puesto fronterizo de significativa magnitud en el marco de un desgaste de la organización de los pueblos originarios de la región. Efectivamente, después de diez años el puente internacional sigue siendo un puente sin rutas, las mejoras en infraestructura, al menos para la población local, no llegaron, los desarrollos urbanísticos de un lado y el otro de la frontera quedaron truncos, la regulación dominial no se hizo efectiva y el área en términos generales presenta las mismas carencias que en los años de construcción del puente.

A modo de conclusiones provisorias

El corredor bioceánico, en el discurso político prevaleciente, posibilitaría la libre circulación de bienes, se argumentaba que parte del comercio del Mercosur pasaría por el puente. Sin embargo y, mas allá de discursos altisonantes sobre el desarrollo de la región, lo que era posible evaluar incluso desde el sentido común, era su posible impacto como una vía de paso y que nada indicaba la emergencia de algún impacto positivo sobre las enormes carencias infraestructurales del área. En teoría el puente uniría mercados, capitales, puertos, pero nada se mencionaba sobre la situación de la población local. Al contrario, la instalación de puestos de gendarmería y otras instituciones ligadas al control aduanero, ha tendido a generar, entre otros aspectos, una agudización de los controles fronterizos sobre la población cuya reproducción de la vida depende en gran parte de los vínculos transfronterizos con comunidades semejantes en el lado paraguayo y boliviano.

El reclamo territorial de los pueblos originarios, al menos en este caso, se enfrenta al modelo de expansión de la frontera agraria. Al inicio de este texto se comentaba el proceso de expansión agraria (sojera y porotera) en el Departamento de San Martín en Salta. En los últimos años dicha expansión se ha dado sobre los dos ejes que representan las dos alternativas para unir Tartagal con Misión la Paz: las rutas nacional 86 por Tonono y la provincial 54 por Campo Duran, en un proceso que penetra entre 40 y 50 kilómetros desde la ruta 34 para el este (una zona considerada hasta no hace mucho tiempo agronómicamente inviable para cultivos de escala) con capitales nacionales pero también en gran medida chilenos y australianos. Además, se hacen intentos de diversificación de cultivos siendo los más importantes el algodón en los años 2000 a 2003 y actualmente maní.

Por otro lado, se dio una gran expansión del cultivo de soja en el Chaco boliviano con participación mayoritaria de capitales argentinos. Esto es interesante por que aporta a entender el fortalecimiento de la alternativa de corredor bioceánico por Paraguay y Bolivia.

En definitiva, la triple frontera Argentina-Bolivia-Paraguay adquiere un dinamismo económico particular en la actualidad tal vez no previsto durante la emergencia del Programa de Regularización de Tierras en la década de los 80. De allí que lo antes se consideraba una política de “reparación histórica” hacia las comunidades de los pueblos originarios, paulatinamente fue visto como un obstáculo al desarrollo agropecuario capitalista. Las obras, concebidas como proceso de integración del Mercosur a partir del denominado Plan Maestro, terminan configurando una situación de exclusión de dichas comunidades para un desarrollo que las contenga en función de sus demandas económicas, políticas y culturales. Mientras se erigen discursos de integración, lo concreto es la regulación fronteriza que lejos de favorecer la integración transfronteriza de los pueblos se configura como un modelo de control social frente a sus reclamos.

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