Читать книгу: «La muerte nuestra de cada día»

Introducción
El juego en que andamos

Manuel Llorens* y Verónica Zubillaga**

Una madre cuenta la ejecución de su hijo a manos de cuerpos de seguridad del Estado. Relata cómo, al salir de su hogar, el oficial le espetó: “No nos comimos las caraotas porque les faltó guiso”, queriendo decir que no se detuvieron a robarle la escasa comida que tenía guardada en la nevera, luego de asesinar a su hijo, porque no les resultó suficientemente gustosa.¹

En ese fragmento se acumula todo el horror que atraviesa Venezuela: la indiferencia brutal ante las heridas que el atropello va dejando en el camino; la omnipotencia destemplada del poder que se pasea exhibiéndose con sorna frente a sus víctimas; la manera en que el Estado no solo es protagonista de muchos de estos asesinatos, sino que además se burla de muchas formas de los atropellados. Es un panorama desolador de deshumanización.

Ante esta realidad asfixiante, nosotros, como investigadores, hemos decidido anteponer las herramientas que nos competen: el registro, el análisis, la reflexión y la denuncia. Apostamos a la resistencia que hemos conocido de cerca: en las madres que se unen para negociar acuerdos de paz con los jóvenes armados de sus barrios; en los maestros que insisten en trabajar por el futuro a pesar de la amenaza diaria; en los artistas que convierten el cinismo en huella anímica, para obligarnos a reflexionar en medio del ajetreo; en los activistas que no dejan de apoyar a las víctimas, a pesar de todos los riesgos que corren, y en la insistencia de muchos venezolanos de presionar y proponer salidas para el horror, pensando en una convivencia futura en la que podamos vivir con dignidad.

Hace cuatro años fundamos la Red de Activismo e Investigación para la Convivencia (Reacin) con la intención de hermanar nuestro trabajo investigativo con los esfuerzos del activismo. La violencia que vivimos desde hace décadas, que se ha recrudecido en los últimos años, es una problemática de investigación, pero también, y más hondamente, un drama que afecta nuestra vida. Buscamos potenciar ambos lados de la ecuación que pretende registrar, denunciar y construir alternativas a la violencia que se ha instalado en el país. Este libro es uno de los productos de esa iniciativa.

Aquí reunimos a un equipo de investigadores que han venido estudiando, muy de cerca, la violencia armada en el país desde hace años. Intentamos ofrecer una mirada amplia y diversa que recorre desde las secuelas íntimas en la vida concreta de los implicados, los impactos de la exacerbada militarización en el país, hasta los retos cuantitativos de medir la violencia, pasando por sus efectos en la convivencia. La confidencialidad protege la mayoría de los relatos. Nombres, lugares, tiempos y personas han sido cambiados con la finalidad de resguardar la integridad de las personas que contribuyeron en la investigación, pues las amenazas son reales. En esta edición contamos con dos investigadores invitados que tienen una larga trayectoria de pesquisa y reflexión sobre la violencia, cuyos trabajos se centran en el auge de la violencia en Venezuela y las transformaciones acaecidas en el Estado en el marco del proceso conocido como la Revolución bolivariana liderada por Hugo Chávez en nuestro país.

En la década de 1980, Venezuela fue considerada la excepción pacífica en una América plagada de violencia. Los eventos de extrema violencia y represión estatal durante el Caracazo, acaecido en febrero de 1989, nos despertaron bruscamente de ese sueño (Briceño-León, 1997). Para finales de esa década, comenzamos a colocarnos a la par de los países sudamericanos más peligrosos. La continua progresión de la violencia venezolana, aunada a cierta estabilización de esa problemática en países como Brasil o la relativa pacificación de Colombia, ha invertido el orden. Los niveles de violencia en la Venezuela de hoy nos ubican junto a El Salvador y Guatemala, países que han experimentado los estragos de guerras civiles y de infaustas políticas de “mano dura”, como se conoce en la región a la violencia estatal expresada en los masivos operativos militarizados de “guerra contra el crimen”, en los que prevalece el abuso por parte de las fuerzas del orden hacia la población.

Venezuela no vivió una guerra civil, como esos países, pero sí un proceso de transformación social, cultural, político y económico conocido como la Revolución bolivariana —definida como revolución pacífica, pero armada— que desató una intensa disrupción en el seno del Estado y en la relación entre las agencias estatales y los diferentes sectores sociales. A partir del año 1999, con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia, se dieron eventos de franca conflagración entre las élites tradicionales y las ascendentes: golpe de Estado, paro petrolero, protestas sociales. Asimismo, en el seno del Estado, este proceso de transformación originó fraccionamientos y luchas internas, en especial en el ámbito de las instituciones de seguridad ciudadana, ocasionando una severa disrupción en su capacidad de aplicar políticas públicas y en el Estado de derecho. Una permanente conflictividad social, con coyunturas de mayor o menor beligerancia, junto a la proliferación de armas sin control, multiplicaron la violencia interpersonal letal entre los ciudadanos. La persistente exclusión en la que han vivido los jóvenes varones, como en el pasado, siguió expulsándolos hacia las redes de las economías ilícitas, acompañadas de armas, marcando sus trayectorias hacia un destino trágico.

A partir del año 2010, en paralelo a una reforma policial que buscaba controlar la implicación de grupos policiales en crímenes, así como regular el abuso de la fuerza hacia la población más pobre, sobreviene una nueva ola de militarización y de planes de “mano dura”. Este avance militarizado, al mismo tiempo que truncaba la reforma policial, generó un encarcelamiento masivo y, en consecuencia, una reorganización del mundo criminal preparándose para reaccionar. Con la muerte de Hugo Chávez en el año 2013, la asunción de la presidencia por parte de Nicolás Maduro y, desde el año 2014, el colapso de los precios y de la producción petrolera, la violencia estatal pasó a ser brutal. Una nueva ola de planes represivos de “mano dura” iniciada en 2015 con los denominados Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), como en El Salvador y en Guatemala, lejos de aplacar el descontento y controlar una criminalidad más organizada, estimuló el mayor armamento entre los grupos criminales. Estos, dispuestos a responder a la “guerra”, arrastraron en ella a la población de los sectores populares, de donde mayormente provienen los muertos. En la era pos-Chavez se hace evidente el fracaso del proceso bolivariano por alcanzar la prometida inclusión de los pobres y fundar un nuevo Estado. Y, aún más, se hace evidente la profunda contradicción de una “revolución” que dijo levantarse por los pobres, pero que, en sus postrimerías, termina reprimiéndolos de manera cruenta.

Una serie de trabajos, comenzando con La violencia en Venezuela (1993), continuando con las propuestas comprensivas de Roberto Briceño León (1997; 2002; 2004; 2005), han documentado el incremento a niveles epidémicos de la violencia en nuestro país durante los últimos treinta años. Estudiosos locales e inter-nacionales han volcado su mirada en Venezuela intentando explicar este fenómeno.

Este libro se suma al análisis de la violencia venezolana. Se propone develar la diversidad de expresiones que ha adquirido la violencia armada en el país en los últimos años, la cual incluye la multiplicación de los escenarios en los que se presenta —desde los linchamientos en un vecindario de clase media caraqueño hasta las fronteras del país, pasando por la violencia de las bandas delictivas y de los operativos militarizados del Estado—, las distintas maneras en que se ha organizado, las lógicas de los victimarios y las consecuencias que está produciendo en buena parte de la población.

José Luis Fernández-Shaw ofrece un repaso de las maneras en que se ha intentado contabilizar la violencia y propone un marco tanto conceptual como numérico para afinar el registro y la comprensión de las dinámicas específicas locales. Su análisis permite mostrar que vale la pena estudiar las condiciones específicas que influyen en la violencia en las distintas zonas del país. Así, por ejemplo, lo que ocurre en torno al Arco Minero tiene particularidades distintas a lo que ocurre en la península de Paria. A pesar de ser el último capítulo, lo mencionamos de primero porque el libro sigue esta lógica, intentando mostrar un panorama nacional a través de registros que no pierdan de vista la experiencia local y la diversidad de las lógicas de la violencia.

En ese sentido, en las primeras dos secciones examinamos el impacto de la violencia en la vida privada y en las comunidades. Un equipo levantó datos en tres zonas de la Gran Caracas donde registramos el impacto de la violencia en la vida de los más pequeños, en sus escuelas y comunidades. Discutimos cómo la violencia crónica influye en la manera en que nos vinculamos y cómo afecta el ejercicio de la ciudadanía. Luego, Francisco Sánchez nos proporciona el testimonio de las madres de hijos asesinados, las maneras en que tramitan su dolor y sus intentos de luchar contra la impunidad.

En la tercera sección, Andrés Antillano y Chelina Sepúlveda nos ofrecen una indagación sobre las trayectorias vitales y las explicaciones que le dan a su propia vida asesinos convictos, a través del análisis de una serie de entrevistas. Los relatos recogidos de los victimarios permiten pensar tanto en los condicionamientos sociales que posibilitan la entrada a la violencia como en la interpretación que los perpetradores hacen de sus actos.

La comprensión del fracaso de lo que comenzó como una propuesta gestionada por el Gobierno para reformar a nivel nacional la policía, pero que derivó en el desmantelamiento de las instituciones que él mismo creó a manos de la militarización, es una pieza clave que nos ofrece Keymer Ávila en sus capítulos. Su análisis, que contrasta los datos de asesinatos de funcionarios policiales con los de ciudadanos tanto en el país como en otras latitudes, termina de evidenciar esta tendencia perversa.

Por su parte, Verónica Zubillaga y Rebecca Hanson examinan las lógicas represivas del Estado venezolano, que ha pasado de lo que ellas denominan un punitivismo carcelario a la matanza sistemática a través de los operativos militarizados. A lo largo del libro se evidencia la responsabilidad sombría del Estado tanto por abandono e ineficacia como por exceso de uso de la fuerza. Andrés Antillano, Verónica Zubillaga, Francisco Sánchez y Luz Ortiz cierran la sección con una descripción de las lógicas violentas que operan en la frontera colombo-venezolana.

En la cuarta sección, Roberto Briceño-León y Luis Gerardo Gabadón se centran en reflexionar sobre el incremento de la violencia y el Estado en tiempos de revolución. Ambos, en discusión con aproximaciones teóricas clásicas sobre el Estado, como la de Max Weber, exploran y razonan, cada uno por diversos caminos, la pérdida del monopolio de la violencia por parte del Estado; la difusión de su uso a través de diversos grupos armados estatales y no estatales, que Briceño-León denomina el ejercicio desnudo de la violencia. Luis Gerardo Gabaldón reflexiona sobre la evidente desconcentración del ejercicio de la violencia y la informalización de su práctica por parte de funcionarios policiales, quienes hacen uso desmedido de la fuerza o actúan en asociación con otros actores armados paraestatales.

El último capítulo, de José Luis Fernández-Shaw, como ya mencionamos, además de proponer una aproximación cuantitativa al estudio de la violencia venezolana, sirve de marco organizador para las observaciones recogidas a lo largo del libro.

En todos los capítulos del libro se entrevé con claridad el desamparo de la población con escaso acceso a la justicia institucionalizada y el impacto de la militarización de la vida cotidiana. Con militarización no solo nos referimos al crecimiento del aparato militar, también a las lógicas bélicas manifiestas en discursos y prácticas desde el poder que definen a gran parte de la población como “enemigo”.

La violencia, entonces, no solo hace alusión a la muerte armada que sufrimos a diario en proporciones desmedidas, también a la profunda herida que sufre la convivencia, tomada por la desconfianza, con una sociedad civil cada vez más desarticulada y acorralada, cada vez menos dispuesta a recurrir a instancias formales para dirimir sus diferencias.

Describimos un panorama desolador, un país que se desangra con la muerte violenta de gran parte de su juventud, que clama al vacío por justicia. Pero no por ello escribimos desde el desaliento. Es también un país que se empeña en resistir: a través de las monjas de una escuela religiosa que conservan un espacio donde las familias pueden velar a sus muertos sin las bandas rivales que quieren entrar a sabotear el ritual; a través de las madres de jóvenes asesinados que se reúnen en el Cementerio General del Sur para celebrar los cumpleaños de los que ya no están y ofrecerse consuelo; y sí, a través de los periodistas, abogados e investigadores que no cesamos en nuestro empeño de mostrar lo que el poder quisiera mantener oculto.

Este no es un libro que busca lamentarse, busca ubicar un diagnóstico como hace el médico que intenta ordenar el sufrimiento para organizar un plan; como el poeta que intenta la palabra para acercarse a la salud de saberse muy enfermo, que escribe para ver cómo digerir los panes desesperados y enmohecidos de la muerte.

Referencias

Briceño-León, R. (1997). Buscando explicaciones a la violencia. Espacio Abierto, 6(1), 45-69.

Briceño-León, R. (2002). La nueva violencia urbana en América Latina. Sociologías, 4(8), 34-51.

Briceño-León, R. (2004). La violencia en la sociedad venezolana: Crisis política y crisis institucional. En Una lectura de sociológica de la Venezuela actual, 105-135. Caracas.

Briceño-León, Roberto (2005). Dos décadas de violencia en Venezuela. En Violencia, criminalidad y terrorismo, 109-125. Caracas.

Ugalde, L.; España L.P., Scotto C., Castillo A., Hernández T., Luengo L., Bisbal M. y Ponce M. (1993). La violencia en Venezuela. Caracas: Monte Ávila Editores.

* Psicólogo clínico con maestría en Psicología Comunitaria. Profesor de la Universid Católica Andrés Bello en el posgrado de Psicología Clínica Comunitaria. Investigador de reacin en áreas de violencia, exclusión social y psicoterapia. Ha publicado varios libros, entre ellos, Politically Reflective Psychotherapy: towards a contextualized approach (Springer, 2020); La belleza propia: arte, adolescencia e identidad (Fundación Polar, 2013) y Niños con experiencia de vida en calle: una aproximación psicológica (Paidos, 2005).

** Doctora en Sociología por la Universidad de Lovaina (Bélgica). Es profesora en la Universidad Simón Bolívar. Ha sido profesora visitante en la Universidad de Brown (2014-2015); investigadora visitante en el DRCLAS, en la Universidad de Harvard (2016) y The Kellogg Institute for International Studies, Universidad de Notre Dame (2018-2019). En Caracas, junto con colegas investigadores, fundó la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), asociación dedicada a la investigación y al activismo para la formulación de políticas públicas respetuosas de las garantías democráticas. https://orcid.org/0000-0002-4932-2364

1 Relato recogido por Francisco Sánchez, miembro del equipo de investigación que llevó a cabo este libro.

I. EL PADECIMIENTO Y LUCHAS DE LA GENTE

Capítulo 1
Militarización de la mente
Violencia crónica y su impacto en la convivencia de las comunidades

Manuel Llorens,* John Souto,** Manuel Zapata,*** Carlos Alzualde, ^{Laura Escorcia, Marelia Armas, Kayre García y Roneisy González}

Un hombre de unos cincuenta años de edad que vivió en Los Ruices, un vecindario de clase media profesional en el este de Caracas, nos contó la razón por la que se mudó de allí. Resulta que él participaba en la junta de condominio de su edificio y conocía a muchos vecinos, pues siempre le ha gustado estar activo en las comunidades en las que ha vivido. Para ese entonces, tenía a su esposa y una hija de un año de edad con la que salía a menudo a pasear por el parque que quedaba al final de su cuadra. En uno de esos paseos vio a un joven, que varios de los vecinos identificaban como el jefe de una pequeña banda de venta de drogas, haciendo negocios en el parque. Al salir de allí con su hija, vio pasar una patrulla y les pidió a los policías que se acercaran a investigar lo que estaba sucediendo. Continuó su paseo hasta regresar a su edificio. Al llegar se encontró con una sorpresa: a la entrada lo esperaba el joven en tono amenazante: “Me echaste paja ¿verdad, viejo?”, le dijo para hacerle saber que ya la policía le había transmitido su denuncia. Ese evento aceleró la mudanza que ya tenía meses planeando.

Sin embargo, sus problemas continuaron: al mudarse a un vecindario cercano, El Marqués, se encontró con que un vecino que vivía dos pisos más arriba de su apartamento, en medio de intoxicaciones de droga, le daba por lanzar objetos por la ventana, causando destrozos en los autos estacionados abajo. Esta vez, junto a varios vecinos, hizo el reclamo al joven, lo que condujo a una pelea, luego de la cual vino la policía, arrestó al muchacho y les pidió a los vecinos que fueran a declarar a la central policial. Estos pasaron la tarde declarando y, cuando regresaron, el joven ya estaba de vuelta en su casa. Había llegado antes que ellos.

A los días, recuerda nuestro entrevistado, entrando a su edificio lo paró un desconocido preguntándole si él tenía problemas con algún vecino. Al indagar la razón de la pregunta, aquel le respondió que, por una suma de dinero, se ofrecía a “resolverle el problema”. Le contestó que no estaba interesado, pero que seguramente si se quedaba allí en la puerta, se toparía con algún otro vecino que sí lo estaría. Meses después supo que el joven con problemas de drogas había sido golpeado. Eso marcó la segunda mudanza de la familia.

Estas anécdotas resultan relevantes porque muestran cómo los ciudadanos de Caracas intentan lidiar con los conflictos vecinales, su relación con las instituciones que administran justicia y lo que este entramado va produciendo en las respuestas comunitarias, las cuales hemos ido registrando con respecto a la violencia crónica que padece el país. Esfuerzos por organizarse y coordinarse con las instituciones gubernamentales se frustran y van abonando el camino para opciones que desmontan la posibilidad de una ciudad vivible.

Violencia crónica

La grave crisis venezolana tiene, entre sus condiciones más complejas, una situación que se puede caracterizar como violencia crónica. Pearce (2007) ha definido la violencia crónica según su intensidad, duración y lugar. Un país sufre de violencia crónica si sus cifras de asesinato duplican las de los países que pertenecen a la misma categoría de ingresos (según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud), si esa violencia ocurre en por lo menos tres escenarios distintos y si la situación se prolonga por cinco años o más. Venezuela cumple las tres condiciones.

Creemos que estos niveles sostenidos de violencia han dejado una huella en nuestra manera de relacionarnos como venezolanos. Nos interesa saber qué impacto tiene la violencia crónica en la vida de los ciudadanos y de las comunidades; entender qué adaptaciones, qué consecuencias trae a las maneras de vivir de los venezolanos. ¿Qué influencia tiene la violencia en nuestras maneras de sentir, de pensar y de relacionarnos?

Para ello hemos realizado tres estudios etnográficos en tres comunidades distintas, tanto por sus características demográficas, como económicas y espaciales. Tres comunidades donde supimos de antemano de experiencias complejas de violencia, instauradas en la vida cotidiana, y en las que tuvimos acceso directo a las personas que la estaban padeciendo. En las tres comunidades la violencia es evidente, pero en cada una cobra características distintas.

La primera comunidad, de la que nos habla el entrevistado citado, es Los Ruices, en donde ocurrió una cadena de linchamientos perpetrados por la misma comunidad. Nos interesó entender el fenómeno de los linchamientos, tanto por la gravedad de la violencia como por el hecho de que se trata de un vecindario insertado en la ciudad, de nivel socioeconómico medio, distinto a lo que mucha de la literatura latinoamericana ha reportado.

En segundo lugar, estudiamos una barriada en el sector de La Vega, en el sudoeste de Caracas. Se trata de una comunidad de bajos recursos, cuya vida cotidiana se ha visto interferida por la presencia de pandillas que se disputan el control de los distintos territorios cercanos. Una invasión de una pandilla ajena al barrio, que se apoderó de un sector vecino, interrumpió la vida de esta comunidad y exacerbó las dinámicas de violencia allí presentes. Allí pudimos hacer un registro de la cotidianidad del barrio desde la perspectiva de lo que ocurre en la escuela local.

Finalmente, estudiamos a los Valles del Tuy, una zona periférica a Caracas, en donde se han reportado los incrementos más altos de violencia que se vienen dando en el país. La dinámica de bandas criminales que han tomado el control de varios sectores, aparece de manera reiterada tanto en las crónicas delincuenciales periodísticas como en los testimonios de los habitantes locales. Allí hemos tenido acceso a familias que han sido desplazadas de esos sectores por la violencia que amenaza su vida y la de los docentes de sus escuelas.

Hemos registrado los testimonios de las personas de estas comunidades, sus experiencias en torno a la violencia que han vivido, así como las reacciones y respuestas que han articulado frente a las experiencias de victimización.

Impactos de la violencia crónica

La psicología y la psiquiatría han detallado ampliamente los efectos de la violencia en el individuo. La creación del diagnóstico de estrés postraumático proviene, entre otros, de la observación de la afectación emocional de personas que estuvieron en combate (Herman, 2002). En el camino se han podido especificar las consecuencias que sufren las personas sometidas no solo a situaciones de violencia sino a violencia crónica (Herman, 2002).

Los trabajos de Kostelny y Gabarino (2007) han levantado datos en vecindarios peligrosos de Chicago en los que el 89 % de los niños y niñas reportaron haber escuchado disparos, 38 % haber visto cadáveres de personas asesinadas y 43 % a alguien recibiendo un disparo, y un 21 % ha sido amenazado con una pistola. Los autores han detallado cómo, a diferencia de la violencia aguda, la crónica produce cambios significativos en el funcionamiento de la personalidad y en la visión del mundo de los niños y las niñas estudiados. Las adaptaciones que hacen las personas en estas condiciones resultan lógicas para ambientes violentos, pero luego pasan a ser desadaptativas en contextos más sanos. Entre esas encontramos la hipervigilancia y la hiperagresividad. En esta misma línea, el miedo, los síntomas de ansiedad, aislamiento, problemas psicosomáticos, pérdida de la esperanza y desensibilización o anestesia emocional, han sido ampliamente reportados en multitud de estudios (Rosario et ál., 2008; Osofsky, 1997; Terr, 1990, 1991).

Un hallazgo igualmente relevante para nuestro trabajo es que el impacto que genera la violencia es mediado tanto por la calidad del cuidado recibido por los padres como por la calidad de contención que ofrece la comunidad inmediata (Miller, 1996). De manera que la violencia tiene efectos directos, a través de las víctimas que los sufren, e indirectos, a través del deterioro de los mecanismos de contención que ofrecen las familias y las comunidades. Ambos son relevantes para pensar en los efectos a largo plazo de la violencia sostenida.

De manera específica, investigaciones sobre el impacto de situaciones de violencia crónica, como una guerra civil, han confirmado reacciones emocionales intensas (Melville y Lykes, 1992). Así, por ejemplo, un trabajo reciente sobre el impacto en niños y niñas de la guerra en Siria encontró niveles muy altos de miedo constante y diversos síntomas de ansiedad (como la enuresis o la pérdida del habla), junto a reportes de disforia constante, rabia, acumulación de pérdidas de seres queridos, anestesia emocional, síntomas psicosomáticos y grave interrupción de las rutinas de la vida diaria (Save the Children, 2017). Pero, más allá del amplio registro de los efectos en el individuo, también hay una serie de investigaciones que documentan los que se manifiestan en las comunidades (Adams, 2012a; Auyero y Kilanski, 2015; Bourgois, 2003; Vega, 2011). Benjamin y Crawford-Browne (2002) han descrito los efectos negativos de la violencia crónica en Sudáfrica. Moser y McIlwayne (2004) han documentado las secuelas de las guerras civiles en Colombia y Guatemala, encontrando el desarrollo de una “cultura del miedo y del silencio”, así como una normalización de la violencia que lleva a su perpetuación como herramienta principal de resolución de conflictos, que a su vez conduce a que la violencia mute de violencia política a otras expresiones, como la violencia criminal, las bandas paramilitares que viven de la extorsión y la violencia intrafamiliar.

Green (2004) ha descrito el “vivir en un estado de miedo” crónico como algo normal en El Salvador posterior a la guerra. Taussig (2004), a su vez, ha registrado un estado de conciencia doble que, por un lado, acepta el terror cotidiano como “normal” y, por el otro, entra cada cierto tiempo en pánico cuando un episodio de violencia atraviesa el umbral de lo habitual. Scheper-Hughes (2004a) hace observaciones similares en Brasil. Adams (2012a), quien ha trabajado en Centroamérica, ha llamado a esto la “normalidad perversa”.

El miedo produce cambios en las comunidades. Han sido documentados cambios en las rutinas de desplazamiento de la ciudad para evitar lugares y horarios percibidos como peligrosos (Auyero y Kilanski, 2015; Kirmani, 2015). En investigaciones previas en Caracas, nuestro equipo encontró que las personas de una comunidad violenta tuvieron que renunciar a trabajos en horarios nocturnos para protegerse, desarrollar rutinas de llamar antes de llegar a su vecindario para averiguar si había o no peligro y, en ocasiones, mudar a familiares en riesgo a otras ciudades para alejarlos del peligro (Zubillaga, Llorens, Núñez y Souto, 2015).

Bourgois (2004) quien investigó en El Salvador durante y después de la guerra civil, describe cómo la violencia de la guerra continuó manifestándose, después de los acuerdos de paz, de otras maneras no menos destructivas. De hecho, El Salvador ha presentado cifras más altas de asesinatos anuales desde el final de la guerra que durante ella. Scheper-Hugues (2004b) observa algo similar en Sudáfrica. Parecería que la violencia produce efectos que tienden a perpetuarla, lo que lo ha llevado a hablar de un “continuo de la violencia en la guerra y en la paz”. Ella ha planteado que quizá la guerra y la paz no son dos entidades discretas, completamente distinguibles la una de la otra. Scheper-Hugues y Bourgois (2004) cuestionan las categorías simplistas de guerra y paz, y examinan el continuo de violencia que se expresa en ambas situaciones. Moser y McIlwayne (2004) comentan que en Guatemala los campesinos a menudo se quejaban de la atención que se le daba a la violencia sufrida durante la guerra, cuando muchos de ellos sentían que, durante la paz que se había decretado, su vida seguía en riesgo.

Nos interesa pensar, entonces, cómo se instala la violencia en un colectivo y cómo comienza a generar efectos que la autoperpetúan. Queremos examinar las consecuencias que tiene la violencia crónica en la manera de funcionar de una comunidad. Además de las consecuencias mencionadas, de “culturas de miedo”, “de silencio”, “de terror”, que se instalan en las comunidades, se han podido precisar elementos más específicos de funcionamiento social que parecerían contribuir a la instalación de esas culturas.

Una de las consecuencias comunitarias encontradas usualmente, luego de violencia colectiva sostenida, es la desconfianza generalizada tanto en los vecinos como en las instituciones (Green, 2004; Vega, 2011). La violencia crónica hace que la gente tome medidas para protegerse, que en la mayoría de los casos produce aislamiento y fragmentación del tejido social.

La obra de Gambetta (1990) describe con detalle las condiciones históricas que produjeron una desconfianza intensa y crónica en el sur de Italia y cómo esta fue el caldo de cultivo para el surgimiento de la mafia. El fortalecimiento de la mafia fue creciendo por la perpetuación del recelo y de la violencia. Esas dinámicas violentas que giran en torno a la mafia en el sur de Italia se han sostenido por más de dos siglos. La violencia produce desconfianza y a la vez se cimienta en ella.

La desconfianza y la fragmentación van de la mano. A menudo conduce a que pequeños grupos se retraigan sobre sí mismos, formando subgrupos de gran cohesión, pero aislados del resto de la sociedad. En situaciones de conflicto crónico se ha descrito cómo los procesos de identidad pueden volverse más intensos, como si la identidad fuese una última barrera protectora (Volkan, 2006). Las dinámicas de nosotros-ellos y de la polarización se vuelven más frecuentes, conduciendo en ocasiones a identificar al otro, al foráneo o distinto, como el enemigo. A menudo, también los conflictos se exacerban entre grupos de aliados y la violencia se puede volcar sobre la misma comunidad, entre sus propios miembros (Adams, 2012b).

El concepto de la “zona gris” formulado por Primo Levi (1988), referido a que las mismas víctimas de crímenes atroces —como los recluidos en campos de concentración— en su desespero por sobrevivir se pueden volver también victimarios, es un ejemplo dramático de esto. La zona gris implica que la línea entre lo lícito y lo ilícito, entre lo moral y lo inmoral, se vuelve difusa. El desamparo puede conducir a sentirse alienado del Estado de derecho, a pensar que las soluciones fuera de la ley son válidas mientras permitan recuperar alguna sensación de seguridad. Las alianzas con las bandas violentas locales se convierten en una opción, el surgimiento de grupos que extorsionan a cambio de protección se hace habitual. La corrupción se normaliza. Los oprimidos, observó Levi, pueden perder su humanidad esencial, su capacidad de empatizar hasta con los que sufren de la misma manera.

Estos efectos pueden reflejarse, por ejemplo, en el cierre de vías públicas, en lo que se ha denominado la “sociedad enrejada”, separada por garitas y bloqueos a las calles, así como en el aumento de compañías de seguridad privada y la creación de organizaciones locales de vigilancia vecinal (Adams, 2012a; Mollericona, Tinini y Paredes, 2007). Los linchamientos han surgido en varias latitudes como respuesta extrema de las comunidades ante las experiencias de vulnerabilidad (Mollericona, Tinini y Paredes, 2007; Scheper-Hugues, 2004b).

Trauma psicosocial y el marco ecológico de desarrollo humano

Resultan útiles dos formulaciones teóricas que han intentado reunir los hallazgos de los efectos de la violencia crónica en una sociedad. Más allá de los diagnósticos individuales, la violencia atraviesa varias dimensiones, hiriendo a los individuos, pero también la manera en que estos se relacionan y, por ende, la forma en que las comunidades conviven.

Ignacio Martín-Baró (1990) estudió en El Salvador el impacto de la guerra civil, detallando cómo afectó profundamente a los individuos y a la población general. De esta manera planteó que los diagnósticos de trauma eran, en el mejor de los casos, insuficientes y, en el peor, engañosos, porque dirigían la mirada de fenómenos sociales hacia el ámbito reducido del individuo. El trauma ni es causado solo por individuos, ni tiene efectos solo en estos. Es por eso por lo que propuso el término “trauma psicosocial” que definió como “la cristalización traumática en las personas y grupos de las relaciones sociales deshumanizadas” (1990). La deshumanización se refiere a la incapacidad de registrar el sufrimiento ajeno y la pérdida de la esperanza.

Además, el trauma psicosocial tiene que ver con la polarización, que se refiere a la “rigidización” del pensamiento que atiende selectivamente a la realidad para defender la posición propia. La polarización evalúa todo en término de nosotros-ellos. Finalmente, según Martín-Baró el trauma psicosocial implica la militarización de la vida social, que se refiere a la naturalización de la violencia y su uso como primer recurso para la resolución de conflictos.

La formulación de Martín-Baró, además de invitar a revisar los efectos interpersonales del trauma sostenido, apunta a desarrollar intervenciones que incluyan esta dimensión. Él considera que las tareas de desideologización, despolarización y desmilitarización son tan relevantes como la atención individual de las heridas emocionales producidas. Enfatiza la importancia de atender a los niños y jóvenes que han crecido en la guerra porque su visión de mundo ha sido afectada de manera profunda por el trauma psicosocial.

Adams (2012a, 2012b, 2017), quien también trabajó en Centroamérica, planteó a su vez que para comprender y atender las secuelas de la violencia crónica se debe adoptar una mirada sistémica y tomó como referencia el modelo ecológico de desarrollo humano de Bronfenbrenner. En ese sentido, invita a examinar los efectos de la violencia en el microsistema o en el individuo; el mesosistema, que se refiere a las relaciones íntimas más importantes de la persona en desarrollo; el exosistema, que se refiere a las relaciones más amplias con la comunidad; y el macrosistema, que se refiere a las estructuras sociales, culturales e institucionales que componen el marco social del funcionamiento de la persona.

Esa teorización invita a adoptar una visión amplia y sistémica de los impactos y de las posibles intervenciones que se tendrían que realizar para atender el problema. De esa manera, la violencia no es concebida como un fenómeno unicausal, sino como producto de un sistema con múltiples causas, que invita a pensarla en términos complejos e interdisciplinarios y que además no se enfoca en la “eliminación” de la violencia, sino en el fortalecimiento de las comunidades y los individuos para favorecer el desarrollo humano.

Primera comunidad: linchamientos en Los Ruices

Los Ruices es un vecindario ubicado en el este de Caracas, en el municipio Sucre del estado Miranda. Tiene una población de unas diecisiete mil personas. Es una zona de clase media profesional insertada en la ciudad, adyacente a una parada de metro y a una avenida principal, la Francisco de Miranda, con gran tránsito de personas; está compuesta por tres calles que atraviesan el vecindario. Se reporta un total de 45 edificios y 30 casas.

En el año 2015 comenzaron a aparecer en la prensa artículos que señalaban que los vecinos de Los Ruices se habían organizado para defenderse del crimen, produciéndose varios intentos de linchamiento (Bravo, 2015; Avedeño, 2016; Fernández, 2015; Moreno, 2015). Basados en esos primeros reportes, organizamos una aproximación etnográfica con una investigadora que residía allí, con quien realizamos entrevistas y observación participante durante cerca de un año.

Los linchamientos habían sido un fenómeno presente, pero relativamente raro en el país. El informe anual de la ong Provea sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela ha hecho el seguimiento del fenómeno y reportó entre 6 y 25 linchamientos anuales durante el período 2001-2011 en todo el país (Provea, 2011).

En 2015 comienza a reportarse un aumento de los linchamientos. De enero a agosto de ese año, la prensa reporta hasta 38 intentos de linchamientos (Fernández, 2015). En mayo de 2016 la fiscal general de la República declara que entre enero y abril 37 personas habían sido asesinadas en linchamientos (El Nacional, 2016). La prensa nacional reporta que, solo en la ciudad de Caracas, 31 personas fueron linchadas ese año y se registraron 64 intentos de linchamiento (Marra, 2017). El Observatorio Venezolano de Violencia afirmó que ocurrieron entre uno y tres ajusticiamientos por semana.

En las redes sociales encontramos un registro aún más preocupante sobre Los Ruices. En una página de comunicación sobre noticias locales se reportan, entre abril y agosto de 2015, once episodios de intentos de linchamientos. El reporte va acompañado de los tuits de los vecinos y periodistas que informan sobre los episodios, en muchos casos con fotos de la persona linchada (losruices. comunica, 2015). Un reportaje periodístico sumó catorce víctimas ese primer semestre (Moreno, 2015). En varios medios se encuentran registros múltiples de esos linchamientos (Bravo, 2015; Chang, 2016; Moreno 2016b; 2016c). Imágenes y videos publicados en redes sociales no dejan lugar a duda sobre los intentos de linchamiento por turbas, ni de la ubicación del hecho, algunas incluso ocurridas dentro de las instalaciones del metro de Caracas.¹

Reportajes periodísticos de esos meses recabaron testimonios de vecinos que decían ser protagonistas de la organización local que propició y participó en los linchamientos (Moreno, 2015; Pennachio, 2016). El reportaje de Pennachio (2016) muestra tanto la convicción de un joven sobre la legitimidad de lo que están haciendo como la complicidad pasiva de la policía, que espera que la persona linchada sea golpeada repetidas veces antes de intervenir. Moreno (2015) reportó cómo los vecinos se comunican entre sí, hacen guardias y guardan bates, palos, botellas para salir a linchar. Los entrevistados que confesaron haber participado declararon: “Sé que es algo extremo, pero es que estamos cansados”, aludiendo al desgaste que ha generado la delincuencia en la zona. Entre otros reclamos, la comunidad señalaba el parque, del que nos habló el vecino que citamos al comienzo del capítulo, como sede de la delincuencia y que, quince años después, sigue esperando la intervención policial.

En las entrevistas realizadas encontramos repetidos reportes de hastío ante la delincuencia vivida en el sector. Los reportes de victimización son múltiples y frecuentes hasta el punto de decir con ironía: “Yo anteayer estaba bajando por Montecristo y me pasó una moto al lado, la moto iba para no sé quién sabe dónde y tenía un parrillero² con una pistola hacia abajo, o sea que estaban buscando, estaban ‘trabajando’ ja, ja, ja”.

En Los Ruices se respira un clima de miedo y desconfianza en las resistencias de los vecinos a hablar sobre lo que sucede puertas adentro. La vivencia a menudo es de desamparo ante un sistema inoperante. Una entrevistada atribuía los linchamientos a “la rabia… y no sentirse protegido por ninguna institución”. Al desamparo se le añade la enorme desconfianza en la policía por considerarla corrupta e ineficaz. Los vecinos reportan que llaman a la policía y tarda mucho o no llega. Asimismo, indican que la policía ha manifestado que si van a linchar a alguien, que mejor los llamen cuando la persona ya haya muerto, “mátenlo y después nos llaman”. Como afirmó Jacob (1971), la policía puede contribuir a la cultura violenta local de un vecindario a través de su ineficacia o su relación abusiva con los residentes, alienándolos de la institución.

La desconfianza hacia la policía es solo un eslabón de una relación muy deteriorada con el Estado. En los reportes de los vecinos destaca la percepción de ser vistos como enemigos por un Gobierno que ha extremado la retórica violenta, en particular contra sus opositores, con los que una buena parte de Los Ruices se identifica (el alcalde del municipio al que pertenece Los Ruices, para el momento de los linchamientos, era un opositor notorio y esa es la parroquia que más votos suma para la oposición). Algunas investigaciones han confirmado que la violencia puede perpetuarse en comunidades en las que la ley es percibida como ilegítima e ineficaz para proteger al vecindario. Kirk y Papachristos (2011) concluyeron que el cinismo legal, la convicción de que la ley es inoperante, contribuye a la violencia en algunos vecindarios.

En particular, durante varias de las olas de protestas callejeras contra el Gobierno, como las del año 2014, Los Ruices fue un foco de disturbios (Molina y Hernández, 2014). Una entrevistada nos lo explicó así: “Desde 2014 estaba la represión de la Guardia Nacional hacia las personas cuando estaban haciendo las Guarimbas… ahí maltrataban a la gente, se la llevaban por delante y yo creo que a la gente se le fue sembrando ese sentimiento de rabia y odio…”.

Durante las protestas se crearon las llamadas ‘Guarimbas’ que consistió en cerrar calles y construir trincheras para resistir a la Guardia Nacional. En medio de estas protestas, un grupo de motorizados identificados como ‘colectivos’ (término que designa a simpatizantes del Gobierno que enfrentaron a las protestas) irrumpieron en Los Ruices, rompiendo y vandalizando algunos edificios. Una vecina lo recordó así:

Recuerdo… eh… que teníamos como el susto de que estaban los grupos motorizados ¿cómo es que se llamaban?… ah, sí, los ‘colectivos’, bastantes movidos en ese momento y recuerdo, eh, por lo menos un día que estaban como cercando algunos, eh, en la planta baja y los colectivos se veían con la intención de querer entrar en el edificio, y bueno de hecho sí pasó, entraron rompiendo la puerta, fue mi edificio, uno de los dañados… ellos rompieron varios espejos, también intentaban subir a los apartamentos por medio del ascensor y al ver que no podían hacerlo, porque no tenían la llave, dañaron el contacto, también dañaron la puerta del ascensor… bueno la angustia de que si subían por las escaleras podían hacer cualquier cosa en los apartamentos, entonces a raíz de eso, yo creo que la gente se organizó en el lugar, por medio de gentes de condominios, planes de seguridad “en caso de” que eso vuelva a ocurrir.

Esa época de protestas extremó las vivencias de vulnerabilidad y de estar enfrentados con el Estado, llegando a confrontaciones violentas como la que condujo al asesinato de un guardia nacional por un disparo realizado desde uno de los edificios (Molina y Hernández, 2014). En el caso de Los Ruices parece cumplirse lo observado en investigaciones de otros países sobre linchamientos (Mollericona, Tinini y Paredes, 2007; Rodríguez, 2012) en los que la victimización repetida se une a “la convicción con respecto a la inoperancia o la complicidad de las instituciones públicas” (Vilas, 2001).

Una de las características resaltantes de lo sucedido en Los Ruices es que se ha reportado que el fenómeno de los linchamientos es típico de zonas pobres, con algunas excepciones (Caravaca, 2014). Lo visto en Los Ruices parecería indicar que la pobreza no es el factor esencial, sino más bien la vivencia de ser desatendidos por el Estado, de estar a la deriva frente a las instituciones encargadas de la seguridad. Aun en los casos de entrevistados que rechazaron los linchamientos como mecanismo brutal, inhumano o de una justicia dudosa, las personas de Los Ruices explicaban el fenómeno como una reacción cuya legitimidad estriba en la usurpación de la violencia de un Estado corrompido, que no protege a los ciudadanos. Los vecindarios descuidados y maltratados desarrollan desconfianza hacia el Estado (Gunnarson, 2008). Seguramente las comunidades pobres a menudo pueden estarlo en el panorama latinoamericano, pero también lo han estado comunidades de clase profesional, en particular en un país con un Gobierno que emplea una retórica confrontativa hacia las clases medias.

La vivencia de desamparo resulta relevante, la extrema vulnerabilidad es una marca de la experiencia traumática. La vulneración de los espacios personales que permiten a las personas sentirse resguardadas, a menudo conduce a reacciones de alarma emocional y respuestas de lucha/huida que, como nosotros y otros investigadores han encontrado, puede incitar a una escalada del conflicto (Volkan, 1997; Zubillaga, Llorens, Núñez y Souto, 2015).

Entre otras reacciones reportadas por los estudios sobre el conflicto social, encontramos que a menudo las comunidades se cierran sobre sí mismas, se extreman las lógicas de nosotros/ellos, la identidad se vuelve un último refugio (Volkan, 1997). A raíz de las protestas y los eventos violentos sucedidos en Los Ruices en 2014, se fortalecieron tanto los lazos locales, desarrollando estrategias de comunicación y de “defensa” como la identidad. Un ejemplo es el grafiti que apareció en una de las calles principales que reza: “Los Ruices se respeta”.

Uno de las investigaciones periodísticas reporta a un vecino afirmando de manera explícita cómo el grupo de WhatsApp, que originalmente se creó para coordinarse durante las protestas de 2014, se convirtió en el medio para coordinar acciones de vigilancia ante la inseguridad (Moreno, 2015).

Varias entrevistas muestran cierto grado de organización que incluye procedimientos para vigilar la zona, mecanismos de alerta para atrapar al supuesto delincuente y la coordinación de una reacción inmediata.

La mayoría de los vecinos se mostraron ambivalentes frente a los linchamientos, mencionando que entendían el hastío y la indignación que lleva a cometerlos, pero que al mismo tiempo cuestionaban hacia dónde conducía tanta violencia. Asimismo, otros entrevistados mostraron estar claramente prestos a linchar. Cuando se le preguntó a uno de ellos si había participado, respondió:

Sí, en muchos, muchos, de pana… son, sabes, cuestiones de segundos, no te puedes imaginar, es como escuchar “agárrenlo” y yo ahí ya reacciono, estoy en mi casa viendo televisión y es una vaina como que me entra, como que: “verga es un carajo más que hay que hacerle pagar la ley pues”… Ahí salgo corriendo con mi hermano, por cierto, aparte los dos somos rápidos y es ahí cuestión de que ya lo tenemos ahí y ahí… ¡toma! (hace gesto de golpe y golpea la palma de mano).

A pesar de cierto grado de organización, los episodios de linchamiento en sí mismos son referidos como reacciones inmediatas, cargadas de indignación, descritos por Mauger (c.p. Caravaca, 2014) como episodios de “emotividad callejera”, que contribuyen a la rápida escalada de los acontecimientos y que en ocasiones impiden atender a los llamados de los vecinos que intentan evitar la golpiza.

La cadena de linchamientos en Los Ruices condujo al asesinato de un hombre de 43 años de edad en abril de 2016, quien luego resultó ser inocente (Moreno, 2016b). El hombre fue golpeado por una turba y luego quemado vivo, muriendo a los dos días en el hospital. Un vecino fue arrestado y condenado a seis años de cárcel por el hecho (Comunicas, 2017).

Fotografía: Katherine Pennacchio de Armando Info.

Segunda comunidad: las pandillas en La Vega

La Vega es una barriada grande en el suroeste de Caracas. Originalmente un pueblo a las afueras, con un casco histórico que data de 1581. Esta zona se fue convirtiendo en el siglo xx en una de las barriadas más importantes por su historia y por el tamaño de su población (que hoy en día ya debe superar la cifra de 92 242 personas),³ sobre todo con la construcción de la fábrica de cemento La Vega a comienzos de ese siglo, que atrajo a nuevas familias a sus alrededores (Planchart, 2008).

Desde la Universidad Católica Andrés Bello hemos establecido fuertes vínculos con La Vega a lo largo de más de cuarenta años, lo que nos permite tener muchos contactos y lazos de confianza. Sin embargo, La Vega es un barrio muy grande con una heterogeneidad y complejidad significativas.

Desde El Paraíso y Montalbán, dos vecindarios de clase profesional caraqueños, se sube la montaña donde se asienta La Vega. En la cima de esa montaña están las comunidades más recientes que fueron construyéndose en la medida en que los espacios más abajo se fueron poblando y que se fueron pavimentando carreteras para llegar hasta arriba. Se trata de un escenario complejo, conformado por numerosos sectores, entre los que destacan La Pradera, Las Casitas, San José, El Coronal, El Carmen, Las Torres, Los Jardines y la Invasión, que también es conocido como La Estrella, siendo este el de más reciente fundación (durante los últimos quince años). La Pradera es un lugar de especial importancia, pues representa una encrucijada en la que confluyen vías y accesos a los otros sectores, además de acoger un conjunto de instituciones donde concurren habitantes de esas diferentes comunidades.

Allí encontramos un centro comunitario, un dispensario de salud y un multihogar de cuidado diario para niñas y niños pequeños, todos ellos gestionados por un grupo de monjas que fueron unas de nuestras principales aliadas para llevar a cabo la etnografía. Además, en el mismo sector, casi en la entrada de El Carmen, se encuentra la sede principal de una escuela perteneciente a la red de instituciones educativas “Fe y Alegría”, conocida por su trabajo en comunidades populares. La escuela también cuenta con un anexo en el sector de La Estrella. En estos escenarios, nuestro equipo hizo registros durante tres años, tanto de las actividades de intervención que realizaron allí como de entrevistas y observaciones a miembros de la comunidad para comprender el impacto de la violencia en el lugar. Una característica de este registro es que, en gran parte, se realizó con niños y niñas en edades escolares, permitiendo complementar los materiales donde predomina la voz de los adultos que suelen ser los más frecuentes en este tipo de investigaciones, e indagando sobre los efectos de la violencia crónica en sus vidas y en la manera de organizar su subjetividad.

Los registros de campo nos permitieron precisar la presencia y operación de numerosas bandas criminales enfrentadas en un territorio relativamente reducido. Tanto las niñas y los niños como los adultos con quienes trabajamos, situaron dos grandes bloques en conflicto: uno representado por la posible alianza de bandas pertenecientes a sectores como San José, El Coronal, El Carmen y Las Torres, mientras que el otro se limita al grupo ubicado en La Estrella. El primer bloque incluye grupos de numerosos miembros, equipados con más armas y de mayor potencia que el segundo bloque, su presencia y actividad en la parte alta de La Vega es de vieja data, mientras que la banda de La Estrella ha consolidado su posición en el sector durante la última década, y aunque no posee un arsenal equivalente y está compuesta por menos miembros, las características del territorio le otorgan una importante ventaja para el combate con los otros grupos. El primer bloque de sectores se ubica en secuencia junto a la carretera que atraviesa la parte alta de La Vega y de frente a una empinada ladera, que en su contracara resguarda la comunidad conocida como La Estrella. Dicha topografía posiciona a esta banda armada con cierta ventaja sobre las de otras poblaciones, pues las observa desde la cima, además, poseen amplias e intrincadas zonas verdes donde pueden resguardarse ante posibles ataques, siendo, por lo mismo, un territorio especialmente codiciado para controlar la zona.

Uno de los primeros eventos registrados en detalle se trató de un prolongado asedio que sostuvieron cuerpos de seguridad (militares y policiales) sobre el sector Las Torres, luego de que a finales de 2014 una pandilla criminal, proveniente de El Valle, lo invadiera para intentar establecer una especie de orden o gobierno en dicha comunidad. Nos topamos entonces con una zona que, además de la violencia delincuencial ya reinante allí, inauguraba la ocurrencia de enfrentamientos a gran escala, similares a escenarios de guerra. El desarrollo de esta violencia fue una de las principales razones que aludieron numerosas familias para desplazarse de la zona. A modo de cifra referencial e inédita de esta situación, valga indicar que, durante el tiempo de la etnografía, dejaron de asistir a la escuela más de ciento cincuenta estudiantes, siendo esta una institución que tradicionalmente había estado sobredemandada para incorporar a nuevos alumnos y alumnas. Gran parte de esas familias eran de origen ecuatoriano y colombiano, que habían emigrado décadas antes, huyendo de crisis económicas o del impacto de conflictos armados. Ahora regresaban a sus países obligadas por situaciones similares a las que las habían traído hasta acá.

Este primer episodio anticipó lo que sería un amplio listado de expresiones de violencia que prevalecen en la vida cotidiana de estos sectores. En ese tiempo, el enfrentamiento entre bandas se había acentuado y durante dos meses los cuerpos de seguridad intentaron retomar el control de la zona, hasta que, a finales de enero 2015, una agresiva operación, respaldada por unidades aéreas y terrestres blindadas, capturó a los miembros del grupo (Manzanares, 2015). La incautación del arsenal que manejaban, así como los combates de esos días pusieron en evidencia la proliferación de armamento bélico de alto calibre entre las bandas en conflicto.

Mientras que la prensa reportaba dicha operación como una acción puntual y efectiva, que en principio respondía al enfrentamiento entre dos bandas armadas, nosotros estábamos al tanto del prologando conflicto que le antecedió y ya teníamos registros del terror y el amedrentamiento que había sufrido la población durante ese tiempo, no solo por la acción de las bandas, sino también a causa de las fuerzas de seguridad. Por un lado, se divulgaba exclusivamente el arresto del grupo armado, pero en la comunidad se atestiguaban los abusos desplegados por los cuerpos policiales durante la operación, que incluían ejecuciones, maltratos y robos contra la población. Un joven de 12 años, cuya madre fue apresada ese día, nos contó:

Los bichos nos sacaron pa’ fuera, nos pusieron en el sillón en la sala, ahí nos metieron lepes y nos insultaron. Yo tenía un celular y me lo robaron, también le quitaron a mi abuela el dinero que tenía guardado […] agarraron todo lo que pudieron: rial, relojes, celulares, armas, seis hicieron de las suyas pues…

Ese período de combate y asedio nos permitió observar en la población el grado de amenaza y vulnerabilidad que sufría, la cual no era nueva, pero sí denotaba una acentuación. Una docente que trabaja en el anexo de la escuela ubicado en La Estrella nos narró uno de los eventos que más le atemorizaron durante esos días, cuando, a pesar del escenario bélico que estaba implantado, tanto ella como el resto de sus colegas hacían enconados esfuerzos por mantener la institución abierta para sus alumnos y alumnas:

Íbamos en un jeep. Nosotras bajamos ese día […] cuando nosotras salimos había unos muchachos [integrantes de la banda de La Estrella] con unos armamentos que yo en mi vida los había visto, grandes, y ya nosotras nos habíamos ido, cuando nosotras bajamos, nos montamos en un jeep […] Estábamos en la parada y como estaba la situación nosotras tratamos de montarnos todas en el jeep, dijimos: “ay señor, señor…” nos montamos todas casi que una encima de otra. Cuando íbamos en el jeep, a mitad de camino, como antes de El Coronal […] sabes que detrás de nosotras vienen unas patrullas […] el jeepcero va en el camino, nosotros no íbamos tan rápido y la patrulla ya venía detrás de nosotros y nos empezaron a caer a tiros desde arriba. Entonces estaba el jeep, la patrulla venía detrás de nosotros y ese ha sido como que el peor momento que yo he vivido aquí […] De hecho yo después de ahí, yo al principio no me asusté pues, […] yo en mi vida no había visto eso y yo vivo en La Vega, por los Cangilones. En mi casa yo nunca había visto todo eso, no es que yo esté acostumbrada, sino que yo ese momento fue así como que, sin importarme, pero cuando yo llegué a mi casa fue que me dio la crisis, llorando. Mi mamá empezó a decirme: “Te tienes que ir de allá” […] pero al momento yo no entré en crisis, yo no lloré… como que, al rato, pero después, me daba miedo cada vez que pasaba por ahí, cada vez que veía ese lugar.

Durante un tiempo continuaron las incursiones de la policía en el sector, pero este fue el evento que mejor anticipó lo que meses después el Gobierno nacional bautizaría como las ya referidas Operaciones para la Liberación del Pueblo (olp), planteadas como la nueva estrategia para combatir la delincuencia. Zubillaga y Hanson recuerdan en este volumen cómo, en julio de 2015, ejecutaron las primeras cuatro de esas incursiones, siendo emblemática la realizada en el barrio de la Cota 905, donde murieron al menos catorce personas y fueron detenidas unas doscientas. Eso significó recibir a gran escala la estela de lo que se venía aplicando y refinando en sectores inmediatamente vecinos, como la parte alta de La Vega; con esto se estableció una lógica de intervención sobre las bandas y las poblaciones, mediante imponentes acciones represivas que llevaban a cabo ejecuciones y detenciones masivas, acompañadas de abusos y humillaciones sobre las comunidades, para de ese modo liberarlas de las bandas y de su influencia. La letalidad de tales eventos reforzaría la estigmatización de estas poblaciones, calificadas por importantes funcionarios del Estado como “corredores de la muerte” que debían ser tomados militarmente (Moreno, 2016a). La brutalidad de las OLP fue defendida por figuras destacadas del Gobierno como “un símbolo de paz, de amor para poder conquistar una paz verdadera” (Efecto Cocuyo, 2015), al mismo tiempo que eran amplia y repetidamente denunciadas (Runrunes, 2017).

Mientras que estos operativos empezaban a desplegarse por diferentes comunidades populares, la vida cotidiana en la parte alta de La Vega continuaba claramente sitiada por los poderes locales ejercidos por las bandas delincuenciales. Las condiciones imperantes eran propias de la guerra, pues en cualquier momento se podían desatar enfrentamientos armados, invasiones o repliegues. Se vigilaba estrictamente el movimiento de residentes y extraños. Una de las monjas nos explicaba cuán observado era nuestro trabajo por las pandillas de la zona: “Aquí todos saben que ustedes vienen, saben cómo se llaman, cuál es su rutina, ellos desde abajo, mucho antes de llegar tienen gente vigilando el tránsito para aquí”. Las docentes de la escuela reportan que los estudiantes les avisan los días que deben salir temprano de clases porque va a “haber fiesta”, refiriéndose a la posibilidad de un enfrentamiento armado entre las pandillas.

Durante el tiempo que estuvimos en la comunidad, muchos de los choques entre las pandillas ocurrían durante las noches y los fines de semana. Fuimos acumulando registros de esos numerosos sucesos. Un niño de La Estrella con quien trabajamos nos decía: “Hay mucho plomo”, para contarnos cómo la banda de San José intentó una incursión a fin de conquistar el sector donde él vive. Pero a pesar de sus potentes armas y muchos integrantes, luego de una intensa lucha que sacudió a toda la comunidad, no pudieron derrotar al grupo de La Estrella.

De la misma forma, tanto una docente como las monjas nos comentaron que en otro momento el grupo de El Carmen sorprendió con una agresiva incursión a la banda de La Estrella, disparando repetidamente contra la casa de uno de sus miembros, cuya mujer años antes había tenido un hijo con quien lidera el grupo de El Carmen. Este niño había sido recientemente maltratado por su nuevo padrastro y decidió denunciar dicha situación a su padre; es decir, vengar el maltrato ejercido sobre el hijo del líder fue lo que animó la incursión sobre La Estrella. Sin embargo, más allá de generar destrozos materiales y el terror colectivo propio de un combate como ese, no les fue posible capturar ni eliminar a los miembros de la otra banda, quienes se replegaron a los espacios vastos en vegetación, desde donde resistieron hasta que lograron expulsar a la banda de El Carmen.

En otra ocasión, una compañera de nuestro equipo fue testigo de una nueva irrupción en la comunidad por parte de numerosos vehículos policiales, con funcionarios fuertemente armados, cuya presencia respondía al ataque que durante esa madrugada había recibo una estación policial ubicada en El Valle, donde un grupo de hombres había rescatado a varios detenidos y se había apropiado de numerosas armas.

Aunque, por lo general, los enfrentamientos y las muertes ocurrían cuando no estábamos presentes en la comunidad, una tarde, camino al centro comunitario, nos encontramos en medio de la carretera con el cuerpo de un joven asesinado, producto de una acción recién cometida y a plena luz del día. Al pasar por el lugar, vimos a la policía custodiando al cuerpo, pero luego de realizar nuestras actividades con el grupo de niños y niñas, ya de regreso al final de la tarde, pudimos constatar que el cuerpo seguía en el mismo lugar.

También registramos el asesinato de una mujer, que trabajaba en el consejo comunal de La Estrella, por resistirse a las presiones de la banda sobre este consejo, siendo ejecutada de un disparo en la boca frente a sus hijos. Estos últimos se vieron obligados a marcharse a Ecuador y su casa fue tomada desde entonces como lugar de resguardo y operaciones por parte de la banda.

El alcance de la violencia fue amplio y letal, interfiriendo con las iniciativas cotidianas más simples y pautando formas de vinculación. Por ejemplo, cierto día, una niña de la escuela salía de visitar a una amiga en su casa, cuando de pronto, al cruzar la puerta, presenció a un motorizado disparándole a otro hombre. Además de la angustia y el terror que genera una experiencia de ese tipo, ella y su familia se quedaron con la inquietud y el temor de no saber si la banda la consideraría como testigo del hecho, convirtiéndola de inmediato en una amenaza para los delincuentes, por ser una posible delatora o denunciante. Esto la colocaba en peligro, pudiendo convertirse en la próxima víctima y enfrentándose al dilema de sí debía continuar viviendo en la comunidad o irse de allí. El grado de intimidación y desconfianza es tal, que cualquier posicionamiento frente a un evento o el manejo de cierta información pueden interpretarse como una amenaza para las actividades de la banda.

Cuando le preguntamos a una docente por el asesinato de otro joven de la comunidad, nos explicó: “A él lo mataron porque fue a cobrar un cheque, pero a ciencia cierta no te puedo decir que está pasando esto o aquello porque hay mucho miedo y silencio. Se trata de no saber mucho. Al menos yo intento eso, no escucho, no veo”. Cada uno de estos eventos va consolidando una forma de estar en estas comunidades, donde la enemistad marca la necesidad de silencio. Una mujer, docente de la escuela y miembro del consejo comunal en Las Torres ilustra con claridad esta situación:

Es un silencio de no saber qué va a pasar, uno siente que va a suceder algo en cualquier momento. Aquí, en la escuela, también se siente el silencio entre el personal. Es que nadie habla de nada por miedo, porque uno no sabe qué oídos van escuchar lo que se dice y qué va entender el que escucha de lo que uno dice. Es una tensión constante por el miedo.

Además de las expresiones más espectaculares de violencia, el equipo de investigación acumuló otro tipo de registros menos dramáticos, pero que recuerda cómo la violencia se cuela en cada espacio de la cotidianidad. Niños, niñas, docentes y varios vecinos reportaron múltiples experiencias de ser asaltados en la zona; también hay reiterados testimonios de víctimas de extorsión, quiénes deben pagar a las pandillas una cuota mensual a cambio de seguridad; esto incluye a transportistas, pequeños comerciantes y a los vecinos en general. La entrega de una bala envuelta en un papel con tu nombre es la advertencia de que tienes que comenzar a pagar la extorsión, también conocida como “vacuna”. En el caso de los transportistas esto ha hecho que muchos de ellos se nieguen a trabajar en la zona, lo cual termina generando un mayor aislamiento de unas comunidades que ya de por sí están especialmente marginadas.

El aislamiento o fragmentación que venimos describiendo es fundamental para el control del territorio y se expresa continuamente en el intercambio con los vecinos. Algunos de los niños con los que trabajamos hacían de “gariteros”, que reciben dinero u otro beneficio por vigilar las entradas y salidas de distintas calles y por informar a los pandilleros del movimiento de personas en la zona. La vigilancia a la que están sometidos los vecinos viene de la mano del miedo; el silencio que describimos se fortalece, pues además de ser una consecuencia de la violencia, es una estrategia para sobrevivirla. El equipo de investigación tuvo que aprender los códigos para pasar de un sector a otro, pedir permiso cuando era necesario y consejo sobre qué lugares están prohibidos. Las monjas sirvieron muchas veces como interlocutoras, pues al llevar tiempo en la comunidad y ofrecer espacios para las diferentes poblaciones de la zona, contaban con ciertas licencias. Sin embargo, incluso ellas en ocasiones son objeto de sospecha, por tener lazos con figuras ajenas a la comunidad. Continuamente tienen que cuidarse y aclarar sus acciones para disminuir el riesgo de verse envueltas en rumores y falsas interpretaciones.

Cuando la banda de La Estrella asesinó a un joven perteneciente a una de las pandillas rivales, la madre quiso hacer el velatorio en su casa. Sin embargo, nadie de la comunidad se acercó, pues serían observados desde arriba. Despedirse de este joven y expresar las condolencias a su madre podría ser interpretado como una desaprobación a dicha ejecución y, por tanto, quien asistiera sería señalado como una amenaza para la banda, pues tal vez pudiera considerar denunciar o vengarse. Las monjas ofrecieron a la madre y al hermano un discreto espacio en el centro comunitario, no anunciado como tal, pero que serviría para rezar por su pérdida, permitiendo que los vecinos acudieran a expresar su pésame sin ser identificados. Aun así, fueron pocos quienes tomaron el riesgo de acercarse al lugar: “No hay espacio ni para llorar los muertos”, reportan las monjas.

Llama especialmente la atención la manera en que las pandillas conforman un para-Estado dentro de estas comunidades. La incursión de los cuerpos de seguridad policiales y militares para desmantelar estos grupos, como ya hemos visto, acentúa la violencia y expone a las poblaciones a nuevas experiencias de sufrimiento. La gente de la comunidad les percibe, en el mejor de los casos, como ausentes, ineficaces y corruptos, mientras que, en el peor de los escenarios, son la versión más brutal de la violencia.

Muchos de los niños y las niñas con quienes trabajamos afirmaron tener familiares presos, perfilando un amplio entramado de pérdidas y separaciones. Algunos de ellos, dolidos por el actuar de los cuerpos de seguridad, los describen como “sapos” y “delatores”, mientras que otros denuncian lo inoperantes que son para resolver los problemas de quienes viven allí: “Aquí, en la comunidad, no se meten ni los policías”. Adicionalmente, como veremos en el siguiente capítulo, incluso niños muy pequeños están tomados por la preocupación y el rechazo a la policía; llenos de rabia, emprenden su socialización en la lógica del enfrentamiento y la venganza.

Para muchos vecinos, el numeroso y potente arsenal de estas bandas solo puede provenir de los propios cuerpos de seguridad. Además, el personal de la escuela y otras figuras de la comunidad evitan cualquier contacto y comunicación con la policía, no solo por la posición que pudieran asumir las bandas ante ello, sino también por el manejo que aquellos hacen de lo que sucede o se habla en esos encuentros. Por ejemplo, la policía suele trasmitir por distintas vías la necesidad de denunciar las actividades criminales en la comunidad, a fin de emprender acciones más eficientes contra las padillas. Sin embargo, para muchos ya está claro que el nombre de quien denuncie y la información que proporcione puede ser ofertada por la policía a los miembros de las bandas para que ejecuten las retaliaciones correspondientes, mientras ellos obtienen importantes ganancias económicas de dicha delación. Se sospecha que algo así ocurrió en el asesinato de la mujer que formaba parte del consejo comunal de La Estrella.

La vinculación entre el Estado y las pandillas no queda del todo clara. Si bien por momentos la policía hace incursiones violentas para arrestar a algunos de ellos, por otro lado, hay reportes de que los recursos entregados por el Estado a los consejos comunales para atender las problemáticas locales están siendo administrados por las pandillas. Quienes están en los consejos comunales han ido perdiendo autonomía. La confusa pero poderosa influencia de quienes lideran la banda que combina la coerción y el compromiso para con ellos, orienta decisiones en relación con la asignación o reparación de viviendas, la distribución de los alimentos subsidiados o el reparto de otros beneficios y servicios, haciendo que incluso ciertos recursos hayan sido entregados a personas no residentes en el sector.

A la vez, las figuras y activistas con más experiencia en el trabajo comunitario de la zona reconocen, de diferentes maneras, y no sin frustración, que las antiguas estrategias de negociación para establecer acuerdos con las pandillas han perdido vigencia, aludiendo que estas responden a “otros mandos” o están subordinadas “a las decisiones de otras autoridades”, haciendo una clara referencia a la participación de las llamadas “macrobandas”. Dos de las docentes con más tiempo en la zona lo explicaron así:

Yo creo que las pequeñas bandas se han unido para crear la mega banda para tener mayor control de los barrios y a nivel de todo […] Es muy complicado. No puedo darte detalle de cada banda, pero en cada parroquia las hay y yo sí creo que crean puertas, alianzas y van haciendo como para ellos mantenerse en el poder de todo, y en la obtención del dinero. Yo creo que es así.

Algunos trabajos periodísticos en torno a este asunto permitieron consolidar nuestras impresiones de que el conflicto entre los bloques de bandas identificados en la zona respondía a una lucha de fondo entre organizaciones criminales más amplias (González, 2017). Una de ellas situaría su centro de poder en el barrio de la Cota 905 y la otra en la parroquia El Valle. La parte alta de La Vega representaría un lugar estratégico a ser controlado por su carácter fronterizo con respecto a las áreas de influencia de ambas organizaciones, pero, más importante aún, por ser una zona de paso con varias salidas y acceso tanto a los Altos Mirandinos como a los Valles del Tuy. Cuenta además con una topografía que proporciona ventajas para la defensa y el combate, siendo un lugar ideal para el resguardo de mercancía (drogas) que luego será distribuida a otros destinos de la ciudad o también para encubrir las operaciones de secuestro. No es de extrañar que el líder criminal conocido como El Picure, fallecido en 2016, cuya área de operaciones se situaba en los estados Aragua y Guárico, haya escogido esconderse en esta zona a finales de 2015 ante la persecución de los cuerpos de seguridad. Esta misma figura es señalada, tanto por vecinos de la comunidad como en reportes periodísticos, de estar tras el intento de tomar el control del sector Las Torres a finales de 2014 (Marra, 2015).

Esta suma de situaciones, paradójicamente, puede llevar a considerar la acción de las pandillas como beneficiosa para la comunidad. Llegan a ser vistos por algunos niños, niñas y vecinos como los “restauradores del orden” en los territorios desatendidos por el Estado, el cual solo aparece para ejercer violencia represiva esporádica. A pesar de ser grupos dedicados a la extorsión, el tráfico de drogas y el secuestro, cumplen con los códigos de no violentar a los de la propia comunidad, son apreciados como héroes y validados como fuerza legítima para imponer orden y ofrecer algo de seguridad.

Aún más dramáticos son los testimonios de cómo algunos vecinos acuden espontáneamente a los pandilleros para resolver conflictos domésticos. Una de las familias atendidas en el centro comunitario tenía a un padre gravemente maltratador. Aquellos irrumpieron en el hogar, dándole una paliza y advirtiéndole que esa situación debía cesar o lo expulsarían del lugar.

En una sesión de trabajo con un grupo de niños, discutiendo un cuento sobre bandidos, uno de ellos afirmó que los malandros de la zona no eran bandidos como los del cuento: “Ellos nos cuidan, son buenos con nosotros, nos dan comida”. Otro niño confirmó la percepción: “Si los malandros pillan a los que roban, los matan”. Esto muestra la connotación positiva que le asignan a los jóvenes armados, quienes aparecen como figuras protectoras más que amenazantes, envolviendo la noción de malandro con cierto halo de confusión.

En otra instancia, un padre que encontró a su hijo abusando sexualmente de una de sus hermanas menores, al discutirlo con la madre de los niños, propuso como solución entregar al hermano abusador a la banda delictiva para que “hiciera justicia”. Un niño de ese mismo sector reporta haber presenciado el linchamiento de un amigo de su hermano mayor que había robado a personas de la propia comunidad: “Al amigo de Santiago lo quemaron vivo, lo dejaron así pelaíto sin nada, como Dios lo trajo al mundo pues, y la gente veía cómo se le iba cayendo el cuero así, pero eso le pasó a él por malo”.

Estos testimonios hablan de cómo la violencia se ha vuelto cotidiana, por un lado, infiltrándose en las relaciones familiares, y luego, instaurándose como una lógica brutal para la solución de todos los conflictos. La sensación de que se puede recurrir a una autoridad formal parece ausente y los poderes violentos que ocupan el espacio se convierten en los autores legítimos para imponer el orden.

La vida de los niños y las niñas de estos sectores es dura. La privación material los somete a múltiples tareas para la obtención de los bienes básicos, al mismo tiempo que socava la capacidad de los cuidadores para atender sus necesidades tanto materiales como afectivas. Las pandillas y el crimen terminan ofreciéndose como opciones válidas para acceder a recursos y a una mínima sensación de poder. En los testimonios recogidos hay reportes de cómo algunos niños son impulsados por las familias a salir a la calle para obtener ingresos económicos o materiales y colaborar así con la situación de extrema pobreza que viven, o cómo otros niños, en busca de objetivos similares, son reclutados para trabajar de “gariteros” con las pandillas.

En el registro se hace evidente el impacto de la violencia crónica en los jóvenes. El miedo y la rabia aparecen continuamente. Las conversaciones y el juego se ven inundados por las experiencias directas y las consideraciones sobre la violencia. Además de los efectos letales evidentes, la violencia crónica se ha instalado en la cotidianidad de estos niños y niñas. Aunque muchas de las conversaciones con ellos plantean dudas e interpelan a la violencia, la hegemonía de la misma tiene todas las posibilidades para volverse una forma de ver el mundo y de estar en él. Los jóvenes no conciben otras salidas a los conflictos que acudir a representantes de las pandillas. El deseo de participar activamente y de convertirse en malandros aparece de manera explícita en algunos de sus relatos. Efectos similares a estos han sido reportados en niños y niñas que han vivido guerras civiles (Vega, 2011).

Algunas familias y comunidades sometidas a situaciones de precariedad extrema terminan perdiendo su capacidad de cuidar a sus niños, niñas y jóvenes, convirtiéndose más bien en los primeros promotores de la salida de estos a la calle para mendigar o robar. La violencia familiar se agudiza en vista de las tensiones generadas por las múltiples demandas a las que están sometidas. Se pierde la capacidad para procesar los conflictos y establecer el orden de una manera menos brutal. Ante el desamparo extremo los jóvenes criminales se convierten en el único acceso a un poder que puede restablecer algún tipo de contención y justicia en el contexto.

Tercera comunidad: toma de los territorios de los Valles del Tuy

Los Valles del Tuy es una zona en las afueras de Caracas, por donde atraviesa el río Tuy, y es en gran medida una ciudad dormitorio anexa a la capital. No es una división política oficial, pero su nombre designa regiones del estado Miranda y Aragua que han cobrado prominencia en las noticias por el agudo aumento de la violencia. En esta zona operan numerosas bandas de delito organizado.

La violencia ha generado el desplazamiento de numerosas familias. Hay reportes repetidos de bandas que invaden caseríos y obligan a las familias a abandonar sus hogares. En una de nuestras entrevistas, un funcionario público de una institución de salud contabilizó el desplazamiento de hasta trescientas familias de los pequeños pueblos de esta zona.

Los datos levantados por José Luis Fernández-Shaw (capítulo 10) demuestran que los Valles del Tuy es una de las zonas en las que más ha crecido la violencia en los últimos años. Fue sede de un programa gubernamental denominado ‘Zonas de Paz’ que buscó negociar treguas con bandas delincuenciales; sin embargo, los reportes concluyen que la estrategia más bien las fortaleció.

Como ya se ha indicado, desde 2015, la política de seguridad pasó a convertirse en operativos militarizados violentos con las OLP, que han realizado numerosas matanzas. Testimonios aseguran que funcionarios importantes del Gobierno han encabezado varios de esos procedimientos (Runrunes, 2017), pero no precisamente para pacificar la zona, sino para defender sus intereses económicos.

Ha habido grandes enfrentamientos entre las mismas bandas y con la policía, que a menudo producen pequeñas batallas, con armamento de guerra (Sanz, 2017; Runrunes, 2017). A todo esto, hay que añadir que se han multiplicado los reportes de homicidios cometidos con gran crueldad, como las mutilaciones (El Nacional, 2016; Fuentes, 2018).

El sufrimiento producido por la violencia es grande. Un psiquiatra entrevistado para la investigación estimó que el 40 % de los casos vistos por él actualmente son casos de personas traumatizadas por la violencia, agrupándose sobre todo en trastornos de estrés postraumático y otros cuadros de ansiedad.

Las bandas que controlan los Valles del Tuy, por los reportes, se dedican al secuestro, a la extorsión de los productores de la zona y de las compañías que realizan construcciones allí. A menudo dichas bandas son denominadas como ‘sindicatos’, ya que fungen como sindicatos obreros, imponiendo a su personal y controlando parte del funcionamiento de las obras. En una de las entrevistas realizadas, un ingeniero, supervisor para una constructora, comentó que su sueldo es bueno debido a los riesgos que corre al estar presente en la obra. Sus jefes viven fuera del país. A uno de los dueños de la empresa lo secuestraron y pidieron veinte mil dólares por su rescate. “Es difícil —cuenta— porque en la universidad yo estudié ingeniería, no extorsión 1, extorsión 2 y extorsión 3”, aludiendo a las habilidades para negociar con la delincuencia que ha tenido que desarrollar para poder operar en el área.

Las bandas utilizan esta zona, distante de Caracas, como guarida, lo cual ha generado numerosas invasiones de caseríos que han llevado al desplazamiento forzado de sus habitantes (Matamoros, 2016). El reportaje de Runrunes (2017) afirma que los desplazamientos han sido masivos y un entrevistado muestra lo asediada que está la población por los distintos actores armados:

La gente se iba primero por las presiones de los sindicatos y los conflictos entre las bandas, pero después cuando llegaba la OLP también había desplazamientos y uno no entendía por qué. Era que la OLP mataba a los de una banda y le daba el control a los de un sindicato u otra banda relacionada con gente del Gobierno.

Otro testimonio en el mismo reportaje expresó:

En San Vicente (estado Aragua) vives con terror. No puedes hacer nada sin la autorización de los malandros. Ningún bombillo se quita, ninguna pared se pinta sin su visto bueno. No debes pintar tus paredes del color que quieras, por ejemplo, y tienes que poner un bombillo en tu puerta o quitarlo porque ellos lo dicen. Si no sigues sus reglas, te amenazan con quitarte la casa y te dan 24 horas para que te vayas del barrio. Y si no lo haces, te matan. Fue lo que le pasó al dueño de un taller que arreglaba motos. Le dijeron que no recibiera más a los policías. No les hizo caso y lo acribillaron allí mismo delante de su hijo.

Numerosos testimonios revelan que en algunas zonas, como Santa Lucía, gran parte de la población original ha sido desplazada. Un vecino afirmó: “Ya no tenemos vecinos pues todos decidieron huir del lugar, ante la arremetida continua de los delincuentes, quienes llegan a las fincas y, pistolas en mano, se llevan las reses”.

Varios de nuestros entrevistados contaron cómo las bandas controlan el territorio e imponen sus normas. Tienen alcabalas que vigilan la entrada y salida, han tomado a la fuerza caseríos, desplazando a los vecinos y continuamente entran en conflicto entre ellas, generando verdaderas batallas, así como actos violentos de venganza. Los maestros de escuela que entrevistamos nos hablaron de personas “picadas” (refiriéndose a desmembradas), decapitaciones y otros actos de extrema crueldad.

Una maestra nos contó: “Entonces, uno me llegó con una granada, el otro me llegó con un hacha, el otro me llegó con… Sí, los diez que llegaron, llegaron así a mi casa. Yo juraba que me iban a matar. Estaba con mi esposo y mis hijos. Entré al cuarto y les dije: ‘ay, hijos, nos vinieron a matar’”.

Los niveles de sufrimiento son muy graves, hemos registrado historias de familias que han perdido su hogar, su trabajo, sus fuentes de ingreso, teniendo que mudarse con familiares a otras zonas de Caracas, y además comparten el terror con que viven, temerosos de ser identificados por algún miembro de la banda que originalmente los amenazó. Dos de las personas entrevistadas aceptaron conversar solo si lo hacíamos fuera de los Valles del Tuy, lejos de sus hogares, para no correr ningún riesgo de ser identificados. Aun así, nos comentaron que cuando venían al lugar de encuentro sintieron mucho miedo de que alguien los viera e intuyera de qué iban a hablar, aunque esto fuera muy improbable.

Las personas reportan trastornos de sueño, hiperalerta, disforia, desorientación tempoespacial, falta de apetito, frustración, rabia, malestares psicosomáticos y la sensación de haber perdido su vida. La pérdida de sus comunidades es relevante. Una maestra contó que al salir de su hogar para nuestra entrevista dejó a su hija de cinco años llorando porque desde que han sucedido estos eventos tiene mucho miedo de quedarse sola.

Un maestro expresaba la pérdida de la sensación de comunidad a la que había entregado su vida:

Entonces a mí me gustaba mi zona rural. Es una zona rural, tenía que agarrar dos transportes y yo tranquilo… Pero de un día a otro vino el fenómeno de esa megaestructura, megaconstrucciones de agua limpia que venía de una represa X y tenía que pasar por ahí. Entonces apareció el fenómeno de los sindicatos.

El maestro narra cómo fue empeorando la situación de violencia, de algunos alumnos que terminaron asesinados y descuartizados, así como de dos encontronazos que tuvo con jefes de bandas por reprender a algún familiar en la escuela, por lo que tuvo que tomar permisos especiales para resguardarse:

Entonces me entró un pavor, un miedo… Ya tengo que volver a ir, allá me van a estar esperando, mínimo pago un cachazo… ¿Sabes lo que es tener miedo de ir a una escuela donde siempre has trabajado?… Me siento como decepcionado, como desmoralizado… Tanto trabajar en una comunidad y tener que salir por la puerta de atrás.

La violencia entre bandas ha producido una convivencia frágil y un estado perpetuo de sospecha. La maestra que amenazaron con una granada dice que la señalaron porque pensaron que tenía contacto con jóvenes de la banda rival. Las personas han cambiado sus hábitos, atrincherándose en sus casas pasadas las tres de la tarde. La vida cultural tradicional ha ido decayendo por falta de espacios y eventos compartidos.

Otro de los elementos significativos de cómo se expresa la violencia en los Valles del Tuy es el lenguaje del poder. Cuando las bandas toman el control de una zona, afirman: “Hay cambio de gobierno”, cuando una banda rival les disputa el territorio, hablan de que “dieron un golpe de Estado”. Las bandas han establecido un verdadero control del territorio que intenta fungir de gobierno, que impone sus normas y monopoliza la violencia.

Los mismos maestros que han sido salvajemente victimizados hablan de manera ambivalente sobre las bandas, en ocasiones reconociéndoles los esfuerzos que hacen por causas locales. Las bandas o sindicatos supervisan las escuelas:

Ellos no quieren mal para la comunidad. Ellos se convierten en héroes en un momento dado para la comunidad. Si el vecino tiene problemas, lo ayudan económicamente, te dan plata. O sea, para que se sientan como en deuda con ellos. Otra cosa, si faltaba agua en la escuela preguntaban: ‘mira, ¿por qué no hay agua en la escuela?’ Y mandaban un camión cisterna con agua para que los muchachos vean clase todo el día y los maestros no se vayan. Ellos pueden ser coños e’ madres, pero los tuyos mientras estén en la escuela que se porten como cualquier mortal.

Tanto los reportajes periodísticos como nuestras entrevistas confirman lazos entre las bandas locales y figuras gubernamentales, que hace pensar que hay una fragmentación del Estado, tanto de manera territorial como dentro del Estado mismo.

La lógica de las mafias tomó el control de los Valles del Tuy; las rivalidades entre bandas armadas, que buscan controlar el territorio y las fuentes económicas ilícitas, principalmente la extorsión, se impusieron al funcionamiento comunitario.

Igual que observamos en las comunidades de La Vega, las escuelas son el reflejo de esto. Ellas, que en principio tienen un funcionamiento distinto, basado en una estructura organizativa, en la jerarquía de los méritos profesionales, con autoridades legitimadas por las posiciones logradas en su carrera, comienzan a ser retadas a la fuerza por las amenazas de las bandas armadas. Una maestra, que daba charlas de prevención contra el consumo de drogas, fue advertida por las bandas de que dejara de hacerlo y al no atender ese llamado fue asesinada a la salida de una escuela. Asimismo, en las entrevistas recogimos múltiples testimonios de amenazas violentas a maestras por aplicar algún tipo de sanción a algún alumno.

Tres maestras atendidas por el psiquiatra de nuestro equipo fueron trasladas a la comunidad rural de Marare, un pequeño caserío de la zona, de difícil acceso. Como no querían aceptar el traslado fueron acosadas hasta que accedieron a ir. Un amigo que posee un camión se ofreció para brindarles el transporte todos los días. Las maestras comenzaron a asistir y las familias de Marare, algunas de las cuales están vinculadas a una banda armada, reportaron estar contentas con las nuevas maestras; sin embargo, en el camino a la escuela, el camión fue asaltado en repetidas ocasiones hasta que el chofer amigo les dijo que no podía continuar ayudándolas. Las maestras reportaron que no tenían cómo llegar todos los días a la escuela. Las bandas entraron a la escuela y amenazaron a la directora, insistiendo en que tenían que obligar a las maestras a que continuaran dándole clases a sus hijos. La administración educativa estatal estuvo de acuerdo en que las maestras estaban obligadas a atender los “derechos a la educación” de los niños de esa escuela. Al explicarles que las maestras se sometían a un riesgo al trasladarse todos los días por unas carreteras en las que habían sido asaltadas varias veces, las bandas ofrecieron escoltar el camión, eso sí, a cambio de una ‘vacuna’ o mensualidad por la protección ofrecida.

El ejemplo, que raya en el absurdo, muestra con claridad cómo los procesos comunitarios han sido distorsionados. La escuela se encuentra sujeta a las presiones de las bandas armadas. El espacio educativo es interferido continuamente, el lenguaje y las lógicas institucionales, los derechos a la educación incluso son esgrimidos en contextos en los que la falta de ley ha hecho a estos derechos difíciles de interpretar. La violencia produce impactos masivos en la convivencia, dificulta procesos como el transporte y la educación. Pero esa misma violencia se presenta como la solución armada, ofreciendo protección, generando así un círculo vicioso.

Esto se complica al pensar en un joven de la zona que al preguntarle sobre qué pensaba que se necesitaba lograr para reducir los problemas de violencia, contestó: “Cambiar el pran⁴ malo por el pran bueno”. Es decir, que no ve al funcionamiento de las bandas como el problema. Más bien las bandas están normalizadas, naturalizadas, incluso en ocasiones se habla de ellas como los poderes legítimos de la zona. El problema es lograr que la banda que controle la zona sea “buena”.

El panorama encontrado en los Valles del Tuy se va pareciendo a los hallazgos que reportamos previamente sobre la mafia italiana. Gambetta (1990, 1996) ha estudiado cómo se consolidó la mafia en el sur de Italia y cómo esta impacta el funcionamiento diario de esas zonas. Este autor plantea que la mafia prolifera ante el fraccionamiento del Estado y logra capitalizar esa falta hasta el punto de sustituirlo. Sobre todo, plantea Gambetta, la mafia crece como una industria que explota la inseguridad y genera ingresos estables a través de la extorsión, ofreciendo seguridad. Es una situación perversa, porque los que ofrecen seguridad les interesa que la inseguridad exista para asegurar la necesidad que alimenta su negocio.

En la gran mayoría de los casos estos grupos delincuenciales tienen lazos con el Estado y van generando estructuras paralelas, mitad clandestinas, mitad sembradas en el Gobierno. Los grupos delincuenciales disputan la autoridad sobre estas zonas y muestran que existen poderes locales que han desplazado al poder oficial.

Los Valles del Tuy nos hace pensar en nociones como la de Estado híbrido propuesta por Jaffe (2013) para describir el funcionamiento de la violencia en Jamaica. Él considera que un Estado híbrido es aquel en el que las organizaciones criminales y estatales están enredadas en relaciones que comparten el control del espacio urbano. En el caso de Jamaica, refiriéndose a una relación entre el Estado y las mafias locales, esto viene de la mano con una “ciudadanía híbrida” (Briscoe, 2013) en la que las personas conviven y legitiman lógicas de gobernanza paralelas. En los Valles del Tuy observamos cómo, desde los supervisores de construcciones, pasando por directores de escuelas, hasta ciudadanos comunes negocian la convivencia y la autoridad, no solo con el Estado oficial, sino con los poderes locales ejercidos por las bandas delincuenciales.

La escuela como institución que favorece la socialización hacia una ciudadanía democrática se va deteriorando ante la invasión de la violencia, generando la sensación de derrota que nos transmiten los maestros que dedicaron su vida a educar en estas zonas. Observamos en los Valles del Tuy las lógicas de la violencia que hemos observado en otros lugares. Pero en este caso la escala y dimensión es mucho más extendida y brutal. Estamos hablando de una zona del país que parece verdaderamente dominada más por las bandas criminales que por cualquier otra institución. Los Valles del Tuy representa, en muchos sentidos, el fracaso del Estado democrático.

Reflexiones finales

El registro del impacto de la violencia crónica en tres comunidades caraqueñas o cercanas a Caracas evidencia el grave sufrimiento al que está sometida gran parte de nuestra población. Si bien muestra diferencias marcadas y relevantes a tomar en cuenta —los tipos y dimensiones de la violencia en cada lugar ameritan desarrollar comprensiones localizadas— también es cierto que, vistas en conjunto, hablan de un deterioro grave de la convivencia.

Este estudio parte de la idea de que las distintas expresiones de violencia en nuestra sociedad están entrelazadas y que vale la pena intentar evaluarlas en conjunto. La comprensión de estas distintas expresiones ayuda a desentrañar lazos que influyen en la reproducción de la violencia, que operan como piezas del círculo vicioso.

No cabe duda de que la violencia crónica experimentada en estas tres comunidades produce daños graves a nivel individual. Los testimonios de miedo agudo, síntomas de ansiedad, evitativos, hiperalerta constante, trastornos del sueño y del apetito, desconfianza masiva, malestares físicos, rabia, frustración, pérdida del sentido de la vida, preocupación por los familiares, irritabilidad, conflicto familiar aumentado, son abundantes y apuntan a distintas expresiones postraumáticas. Además del padecimiento psíquico, los testimonios evidencian graves pérdidas materiales, familias desplazadas de su hogar, pérdida de trabajo, de hogares y separaciones.

Sin embargo, muchas de las personas afectadas por la violencia, que pueden requerir de manera inmediata disminuir el sufrimiento emocional, nos reportaron una y otra vez que, una vez superados los síntomas más debilitantes, lo que realmente desean es justicia (Guzmán y Sánchez, 2016). Esto apunta a que la rehabilitación debe trascender una mirada clínica, centrada en el alivio de síntomas y mirar también los dilemas sociales más amplios. La herida no es solo emocional, también es moral y la restitución pasa por ese nivel.

Podemos afirmar que la violencia crónica además produce un daño comunitario evidente. El miedo a la violencia crónica produce efectos en la manera de relacionarse, promueve estrategias de sobrevivencia que se transforman en la manera de funcionar de esas comunidades.

En todas encontramos cómo el miedo y la desconfianza condiciona la vida diaria. Las personas adoptan medidas para resguardarse, restringen sus horarios y su presencia en el espacio público. Son cautelosos al hablar, temen ser señalados por los criminales como delatores. En numerosos casos se mudan a otro lugar o prefieren separar a la familia sacando del sector a algún miembro en riesgo.

Asimismo, se instala la desconfianza hacia el Estado y sus instituciones. La policía es considerada parte del problema, no existe la noción de poder acudir a alguna autoridad oficial. Esto coincide con los hallazgos de encuestas a gran escala en el país que han encontrado que hasta el 71 % de la población considera que la policía está involucrada en el delito organizado (Camardiel y Briceño-León, 2015).

En los testimonios abundan numerosos ejemplos de abuso policial, pasando de la negligencia a la ejecución a gran escala. Ante ese panorama desolador las soluciones a la seguridad se han tendido a privatizar. Además, la lógica de la violencia se naturaliza. Los controles que prohíben la violencia se hacen más laxos. La única posibilidad de alcanzar alguna sensación de seguridad pasa, en la mente de muchos de los vecinos, por responder a la violencia con más violencia. O se organiza la comunidad para linchar o se hacen alianzas con las bandas criminales locales para defenderse de los de afuera.

De esa manera la extorsión a cambio de protección se vuelve habitual. Los pequeños comerciantes, el transporte y hasta los trabajadores asalariados pagan cuotas a las bandas para obtener seguridad. Algunos lo hacen de manera obligada, pero otros lo llegan a considerar una opción razonable.

Esto apunta a lo que Primo Levi (2004) denominaba “la zona gris”: lugar donde es difícil distinguir si algo es legal o ilegal, justo o injusto (Adams, 2017). Lo vemos reflejado en los debates que nos plantearon los entrevistados al hablar de los linchamientos, así como en los dilemas generados por recibir protección de los delincuentes. Llaman mucho la atención los episodios reportados en los que los mismos delincuentes en un caso utilizan la amenaza para defender los derechos de sus hijos a la educación y en otro se acercan a una escuela para aclarar que ellos no son el problema, sino que están intentando imponer algún tipo de orden en el barrio.

Las personas intentan continuar con su vida en estos contextos amenazantes. Intentan bajarle el volumen al registro de la amenaza y al impacto de las historias traumáticas. La zona gris va de la mano de lo que Briscoe (2013) ha denominado la “ciudadanía híbrida” que reconoce su filiación al Estado oficial, pero en paralelo reconoce y en muchas ocasiones legitima la existencia de poderes locales. El pago de la “vacuna” o extorsión, la negociación activa con las bandas e incluso la búsqueda activa de estas para que solucionen algún problema local, apunta a eso. Lo que queremos decir es que el grado de afectación de la violencia crónica es tal que puede modificar la manera de concebirse como ciudadano y, por ende, la cultura.

Nuestros hallazgos confirman las observaciones de investigadores en otras latitudes sobre las consecuencias de la violencia crónica en las comunidades. El miedo, la cultura del silencio, la fragmentación social y la desconfianza reportadas son marcas que observamos claramente acá (Adams, 2012a; Green, 2004; Moser y McIlwayne, 2004; Taussig, 2004). La conciencia doble, de un estado de miedo y una vivencia de que eso es lo normal (Taussig, 2004) aparece en los testimonios levantados. Y aunque nuestros entrevistados no describen sus circunstancias como de estar “en guerra”, las cifras de muertes violentas, la presencia de violencia armada en su vida, los enfrentamientos armados entre bandas rivales, hacen pensar, como plantean Bourgoise y Scheper-Hughes (2004), que la diferencia entre la guerra y la paz no es tan marcada y que ambas situaciones se solapan.

Adams (2017) afirmó que la violencia crónica deteriora la vida cívica y debilita la vida democrática. Ella encuentra en Centroamérica que el legado de las guerras civiles sufridas se observa en la violencia que continúa imperando: la conformación de grupos paraestatales, la pérdida del espacio público y el cierre de calles, los linchamientos, el crecimiento de compañías privadas de seguridad, el aumento de pandillas y de organizaciones criminales, la legitimación de poderes no estatales que gobiernan territorios, el apoyo público a estas entidades no estatales, la tolerancia a la violencia, la desconfianza en el Estado, la multiplicación de la corrupción y la institucionalización de la zona gris. De manera similar, Alsayyad y Roy (2006) afirman que muchas ciudades latinoamericanas contemporáneas son más fragmentadas y la soberanía del Estado está más retado de lo que las nociones tradicionales de modernidad quisieran creer. Nuestras observaciones confirman esto.

Trauma psicosocial

Esto apunta a la necesidad de comprender los efectos de la violencia en todos los niveles si se quiere detener. Vale la pena pensar en las consecuencias del trauma de manera sistémica como propone Adams (2017). La propuesta de trauma psicosocial de Martín-Baró (1990) también parece ser una herramienta útil en esa misma dirección. La comprensión y la atención al trauma requieren atender a las lesiones que este ha producido a la vida colectiva.

Martín-Baró (1990) conceptualizó al trauma psicosocial como “la cristalización en personas y grupos de relaciones sociales deshumanizadas”, y lo caracterizó como la ruptura de la convivencia, la deshumanización del otro, la normalización de la violencia como recurso principal para defenderse y la “militarización de la mente”. De las primeras tres consecuencias, hemos hablado ampliamente en el artículo. Quizá la noción de “militarización de la mente” requiere un desarrollo más amplio. Resulta una idea sugerente si por eso entendemos que tanto la cultura armada como la organización militar terminan ocupando los espacios de la sociedad civil.

Militarización de la sociedad y de la mente

Venezuela tiene un Estado tomado cada vez más por lo militar, expresado, por ejemplo, en la presencia cada vez mayor de militares en el Gobierno y el uso de operativos militarizados de “mano dura” como propuesta para combatir la delincuencia. Vemos asimismo que la penetración de lo militar en la vida cotidiana no ha conducido a un país más ordenado en el que el Estado impone el control. Más bien, observamos un aumento de la fragmentación y desintegración del Estado de derecho, paralelamente a esa militarización. Pensamos que esa aparente paradoja no es casual.

El aparato militar ha crecido de forma acelerada durante los años de chavismo, la inversión del Gobierno en compra de armas de 1999 a 2015 se ubica como la decimoctava inversión más alta del mundo (Lozada, 2016). En el 2016 Venezuela adjudicó el 4,61 % de su producto interno bruto al presupuesto de Defensa, el doble de todos los demás países latinoamericanos, salvo Cuba. Además, supera en cantidad de efectivos en las fuerzas armadas a todos los países latinoamericanos salvo Brasil, con más de trescientos sesenta y cinco mil efectivos, una proporción de ciento dieciocho por cada diez mil habitantes, lejos de la mayor cantidad de los países (Resdal, 2016). Asimismo, varios artículos han reportado que las Fuerzas Armadas de Venezuela cuentan con dos mil generales, una cantidad que duplica la cantidad de generales que tienen países mucho más populosos y mayor tradición bélica como Estados Unidos, que cuenta con novecientos generales (Villalobos, 2017).

Enloe (2014), desde el feminismo, ha planteado que la militarización viene acompañada de una serie de ideas que van de la mano de la instalación de regímenes y culturas autoritarias. Ella diferencia el proceso sociopolítico que llama militarización, de estas ideas, las cuales denomina “militarismo”. Este se compone de ideas como que las fuerzas armadas son la institución que se necesita para resolver conflictos y tener enemigos es una condición natural; las jerarquías son necesarias en los grupos, por lo que pensar en un Estado sin fuerzas armadas es ingenuo; en tiempos de crisis lo femenino necesita protección y el hombre que no adopta actitudes militaristas ha fracasado como hombre en su comunidad.

Oluoch (2014), como Enloe, considera que la militarización trasciende a la institución formal. Describe cómo en Kenia precisamente la falta de orden formal y la ausencia del Estado de derecho fue lo que abrió el espacio para la consolidación de grupos paraestatales que influyeron luego en la consolidación de ideas militaristas. En otras latitudes, como Guatemala, se ha observado la existencia simultánea de gobiernos militarizados y el abandono masivo de comunidades dentro del país, lo cual condujo a la ocupación de esos territorios por bandas criminales (Adams, 2017).

Podemos afirmar que las lógicas clientelares y corruptas que contribuyeron a deteriorar la institucionalidad democrática, unido a las lógicas militaristas, han tenido efectos en las comunidades, mermando las instituciones locales, como sus policías y escuelas. Eso ha dejado territorios abandonados y ausencia de autoridades legítimas, abriendo espacio para la ley del más fuerte, que el crimen organizado ha capitalizado. La violencia crónica y sus consecuencias traumáticas han agudizado la desinstitucionalización, generando estilos de vida, ciudadanías híbridas que intentan adaptarse a este funcionamiento, lo que Adams denomina una “nueva normalidad perversa” (2017). Una marca de esa nueva manera de funcionar es la naturalización del poder militar en la vida cotidiana y el uso de la fuerza como única opción para dirimir los conflictos.

Atención al trauma psicosocial

Un plan efectivo para lidiar con la violencia en Venezuela requeriría entonces de acciones a nivel institucional, comunitario e individual. A nivel institucional la lucha contra la corrupción, la recuperación de las instituciones ligadas a la seguridad, la construcción de una cultura verdaderamente democrática, el rechazo al militarismo, son pasos indispensables para la recuperación del país. Eso pasa por el trabajo de resistirse a la violencia estructural, denunciar los abusos de las fuerzas de seguridad del Estado, trabajar para fortalecer las organizaciones a favor de la democracia y los liderazgos democráticos locales.

Teniendo un Gobierno militarizado los planes de atención pueden apuntar a acciones que impacten sobre las estructuras institucionales locales y sobre la cultura. Por la amplitud del problema e intentando extraer lineamientos de estas reflexiones que puedan ofrecer luces a distintas comunidades, consideramos que la recuperación del tejido social, es decir, acciones que ayuden a reconectar a los miembros de las comunidades, favorecer la recuperación de lazos de confianza, reducir el aislamiento, son acciones que ayudan a contrarrestar el deterioro. Eso va de la mano del fomento de una cultura de paz, negociación y resolución no violenta de los conflictos. El apoyo a las escuelas locales, por ejemplo, es una tarea que fortalece un actor potencial para el desarrollo a futuro de la convivencia.

La atención individual parecería apuntar en dos direcciones. La primera, lidiar con las consecuencias emocionales del trauma, contener el miedo, elaborar los duelos por las pérdidas sufridas, ayudar a reconstruir relaciones más sanas. A la vez, eso debería ir de la mano del cuestionamiento a la naturalización de la violencia, a las nociones culturales que la justifican y la sostienen como sistema, a apoyar a las víctimas en su búsqueda de justicia. Coincidimos con una serie de autores (Gaventa, 1980; Bourgois, 2003) que han concluido que el desmontaje de los marcos ideológicos, que mantienen a muchos actores atrapados en guiones autodestructivos, es también una tarea psicológica crucial.

Finalmente, el trabajo de atención debe apalancarse en las fortalezas disponibles para resistir la violencia. En este trabajo hemos enfatizado la descripción de los efectos deletéreos de la violencia, sin detenernos en los recursos positivos que siguen estando presentes en estas comunidades. Eso no significa que no existan, aunque por momentos estén latentes. Sabemos bien que en lugares aún tomados por la violencia y la opresión suele haber fuerzas que luchan por resistir la aniquilación y defender la posibilidad de convivir en paz (Sonn y Fisher, 1998; Zubillaga, Llorens, Núñez y Souto, 2016). No perdamos de vista que, al fin y al cabo, a pesar del horror, el intento de organizarse de una comunidad que condujo al linchamiento como estrategia, muestra recursos comunitarios que podrían convocarse en otras direcciones.

Esas fortalezas deben ser convocadas a la hora de intervenir en las comunidades. Son factores potenciales indispensables para la resistencia a la violencia. Otra manera de decirlo es que una forma de entender estas dinámicas es: 1) que existen fuerzas que empujan hacia la violencia y fuerzas que empujan hacia la solución negociada, dialogada, consensuada, normada de los conflictos en todas las comunidades; 2) que, en cada conflicto, el balance de esas fuerzas hace más probable que la solución vaya en una dirección u otra; y 3) que cuando una manera de resolver conflictos gana fuerza dentro de una comunidad, se tiende a perpetuar.

Para pensar en los recursos alternativos al militarismo es útil ubicar el manejo que se le da a la vulnerabilidad en la vida comunitaria. Consideramos como una comunidad más humana aquella en la que la vulnerabilidad es escuchada y atendida para proteger a las personas. Consideramos que una comunidad violenta y finalmente autodestructiva es aquella que no atiende a la vulnerabilidad, la desprecia, la niega, intenta volverse omnipotente para lidiar con ella o busca sacarle ventaja. Los más vulnerables quedan desatendidos, aislados, sufriendo individualmente y los poderes intentan lidiar con su propia vulnerabilidad volviéndose cada vez más fuertes, más omnipotentes.

Una manera de lidiar con la violencia es intentar hacerse cada vez más fuerte (contar con más armas, ser más temible, tener más personas en la banda). Es un intento de despojarse de la vulnerabilidad apelando a la omnipotencia. Esa omnipotencia convive de manera incómoda con la amenaza, intentando desmentirla, aunque siempre se cuele y exija aún más demostraciones de fuerza. Esta solución refuerza a menudo el ciclo de la violencia.

La tarea de la psicología, la atención a las víctimas, la denuncia de los abusos, podría entenderse como el esfuerzo por sostener la conciencia de las enormes heridas que como sociedad nos venimos infligiendo. Es el esfuerzo por darle voz al dolor. La conciencia de nuestra humanidad, nuestra vulnerabilidad es, visto así, como una herramienta fundamental para el desmontaje de las lógicas militaristas que se han apoderado de la vida en común.

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* Psicólogo clínico con maestría en Psicología Comunitaria. Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en el posgrado de Psicología Clínica Comunitaria. Investigador de reacin en áreas de violencia, exclusión social y psicoterapia. Ha publicado varios libros, entre ellos, Politically Reflective Psychotherapy: towards a contextualized approach (Springer, 2020); La belleza propia: arte, adolescencia e identidad (Fundación Polar, 2013) y Niños con experiencia de vida en calle: una aproximación psicológica (Paidos, 2005).

** Psicólogo de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB, Caracas) y máster en Investigación e Intervención Psicosocial de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue investigador del equipo de Organización y Dinámica Comunitaria (2015-2017) en la UCAB y ha sido profesor de seminario y prácticas profesionales en las cátedras de Psicología Escolar y Asesoramiento de la misma universidad. Fue uno de los investigadores fundadores de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin).

*** Sociólogo. Magíster en Psicología de la Universidad Central de Venezuela. Director del Centro Gumilla, centro de investigación y acción social de los jesuitas en Venezuela.

Médico psiquiatra. Investigador en Ciencias Sociales. Profesor agregado en la Cátedra de Neurociencias, Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello.

Psicóloga clínica comunitaria de la Universidad Católica Andrés Bello. Su trabajo se ha enfocado en comunidades impactadas por violencia, trauma y drogas. Fue profesora de la Cátedra de Evaluación en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello.

[Llamado de la página anterior]. Psicóloga de la Universidad Católica Andriés Bello (UCAB, Caracas) y máster en Investigación e Intervención Psicosocial de la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Fue investigadora del equipo de Organización y Dinámica Comunitaria (2015-2017) en la UCAB y ha sido profesora de seminario y prácticas profesionales en la Cátedra de Psicología Escolar de la misma universidad.

[Llamado de la página anterior]. Abogado magna cum laude por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Fundó el máster oficial en Criminología y Sociología Jurídico Penal de la Universitat de Barcelona (UB). Investigador del Instituto de Ciencias Penales, profesor de criminología en pregrado y posgrado de la UCV. Miembro de Reacin. Colaborador del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB. Líneas de investigación: sistemas penales, seguridad, policía, violencia institucional y racionalidades punitivas. Ha publicado más de una treintena de artículos sobre estos temas en revistas arbitradas, capítulos de libros e informes técnicos. Ha sido asesor de diversas instituciones en estas áreas. https://orcid.org/0000-0001-7415-0413

[Llamado de la página anterior]. Psicóloga de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB, Caracas). Fue investigadora del equipo de Organización y Dinámica Comunitaria (2015-2016) en la UCAB y ha sido profesora en la cátedra de Introducción a la Investigación de la misma universidad.

1 Véase https://www.youtube.com/watch?v=Gel8ZH_KZ3o

2 Quien acompaña al que conduce la moto.

3 Según las estadísticas recientes de Silva et ál., 2015.

4 Pran es la manera coloquial en que se denomina el líder de la banda criminal.

Capítulo 2
Socialización en un contexto de violencia crónica
El trauma psicosocial en la infancia

Manuel Llorens* y John Souto**

Maikel duerme hasta el mediodía en un día de semana. Nadie se atreve a despertarlo porque no quieren desatar sus insultos, sus pataletas, sus arranques. Su madre le tiene miedo, como si se tratara del mismísimo diablo, por eso le ordena a su hija mayor que no haga ruido cuando entra al cuarto donde él está acostado.

YOHANNA MARRA, 2017

Este fragmento proviene de La vida de Nos un proyecto de crónicas que viene registrando la cotidianidad en Venezuela desde el año 2017. Allí aparece una y otra vez la violencia arropando la vida. En esta crónica, la periodista Yohanna Marra relata sus conversaciones con una madre cuyos hijos sufrieron el traumático ataque asesino de su exnovio, quien lanzó a Maikel de 8 años y a su hermano de 6 años al río Guaire, acabando con la vida del más pequeño.

El relato describe el horror de la violencia y sus secuelas.

—Dile, papi, dile que viste cómo Manuel Alejandro voló cuando Alexander lo lanzó y que a ti te empujó. Cuéntale que viste cómo el agua lo arrastró— insiste Auristela.

La insistencia de la madre permite entrever la afectación del trauma. El joven no solo fue expuesto a un acontecimiento terrible que lo ha dejado perturbado, sino que su madre, quien va a ser un factor clave para poder procesar mejor o peor la experiencia, está tan o más afectada que él. Ella intentó suicidarse frente a él. No puede con su propio dolor.

Ya no es el mismo niño juguetón, parlanchín, alegre y sonriente —continúa la periodista—. A Maikel le ha dado por no comer. Si su mamá o su abuela intentan obligarlo, se enfurece, batuquea lo primero que ve, las insulta y ellas ceden. En la escuela golpea a sus compañeros, por eso ninguno se le acerca.

La lista de síntomas sigue creciendo. Por las noches se para y sale de la casa. La mamá lo ha encontrado sentado en unas escaleras en la calle a medianoche mirando al infinito. Además del malestar emocional, vemos la poca contención con la que cuenta el niño para procesar el horror. Ni siquiera la puerta del hogar lo contiene. Las estructuras emocionales y materiales son endebles. El psicólogo al que lo han llevado cuenta con preocupación que al pequeño no se le quita la idea de asesinar al exnovio de su madre.

—Hijo, ¿verdad que quieres una pistola para matar a Alexander? —la madre repite insistentemente. Lo que el psicólogo no sabe, es que esta no es una pregunta que la madre hace para intentar detener esa idea, es una pregunta que enuncia más bien para alentarlo. La fantasía de la madre es que su hijo esperará a que el exnovio salga de la cárcel y tomará venganza en nombre del hermano muerto.

El relato es espeluznante de comienzo a fin. Sin embargo, es un documento valioso para pensar en las consecuencias de la violencia, cómo cobra vida en el malestar y se incuba en la fantasía. Cómo, a menudo, se transmite como mandato a través de los deseos y conflictos no resueltos de los padres a las generaciones posteriores.

Nos interesa no solo documentar la violencia crónica que se ha instalado en muchas comunidades del país, sino también examinar qué hacen las comunidades para sobrellevarla y cómo sus consecuencias afectan sus vidas, incluida la vida íntima. Finalmente, nos interesa entender cómo algunas de estas consecuencias favorecen que se perpetúe la violencia.

Secuelas traumáticas, heridas abiertas y transmisión transgeneracional del trauma

En una etnografía previa registramos la historia de un enfrentamiento violento que sostuvieron los jóvenes de dos sectores vecinos por más de tres décadas, acumulando más de un centenar de muertos. Los jóvenes de un sector eran socializados para saberse enemigos de los jóvenes del sector vecino y viceversa, debido a rencillas históricas que se fueron acumulando. La directora del centro comunitario nos comentó: “Si tú le preguntas a un muchacho por qué se están matando, él no te sabe decir por qué, es una cola que se viene arrastrando” (Zubillaga, Llorens, Núñez y Souto, 2015, p. 129), lo que ilustra con claridad el círculo vicioso de la violencia.

Sabemos que un eslabón de ese ciclo tiene que ver con las pérdidas no procesadas y las consecuencias emocionales del trauma. La clínica recopila suficientes datos para afirmar que vivir en una comunidad que somete a sus miembros a presenciar actos de violencia de manera repetida produce malestares clínicamente significativos. Esas experiencias generan malestares emocionales variados, como revivir el episodio en los sueños, en los juegos o en recuerdos intrusivos; tendencia a la evitación y anestesia emocional; afecto constreñido; pérdida del interés por actividades placenteras; hiperreactividad; trastornos del sueño; miedos específicos al trauma y actitudes pesimistas o de desesperanza; así como incremento de conflictos interpersonales (Garbarino, 2001; Jenkins y Bell, 1997; Kinzie et ál., 1986; Save the Children, 2017).

El trabajo psicológico que venimos desarrollando desde el centro comunitario del Parque Social con varias comunidades populares caraqueñas, nos confirma plenamente estos hallazgos. A menudo, los espacios de juego abiertos en el escenario terapéutico se ven rápidamente inundados por las angustias alrededor de la violencia que viven los niños en su entorno inmediato.

En una primera sesión de terapia grupal, conducida en un centro comunitario de un barrio en el que venimos trabajando desde hace más de una década, la terapeuta relata cómo abrió el espacio para que los niños y las niñas, de entre 8 y 11 años de edad, exploraran el salón libremente y utilizaran lo que les llamara la atención. Un grupo de niñas se acercó a una caja de juguetes mientras un grupo de niños se acercó a unos “pinta-dedos”. Lo primero que se les ocurrió a los niños fue simular unas pistolas de juguete con los pinta-dedos y fueron adonde estaban las niñas para advertirles en broma: “Esto es un secuestro, dame todo lo que tienes”. Como las niñas no les hicieron caso, comenzaron a lanzarles un peluche hasta que estas protestaron, pero como los niños no se detuvieron, a ellas no les quedó más remedio que responder lanzando otros peluches que provocó la trifulca, medio en serio, medio en broma. Una de las niñas le pegó a uno de los niños con un Pato Donald, con suficiente fuerza para producirle una cortada que comenzó a sangrar. El comienzo de la sesión pasó rápidamente de una exploración lúdica a una escalada de descarga impulsiva. A continuación, varios niños comenzaron a sentir mucho miedo de la retaliación del joven herido y de su familia. La terapeuta logró contener la situación, que rápidamente se le había ido de las manos, y pudo explorar lo que pensaba y sentía cada uno. Al terminar la sesión la directora del centro se mostró muy preocupada, advirtiendo que la familia del niño que recibió el golpe es muy violenta y que podrían atacar al centro.

La sesión de terapia grupal se convirtió en un espacio que no solo refleja las angustias y los conflictos de los niños y las niñas que asisten, sino las de toda la comunidad. La violencia se desborda continuamente e invade los espacios de intercambio y bienestar. Tanto, que el mismo centro se siente vulnerable ante las familias más violentas que intenta ayudar.

La amenaza de la violencia es continua e invade los lugares tanto compartidos como íntimos. El dolor por la pérdida violenta también acosa al recuerdo. En la investigación con madres cuyos hijos fueron asesinados, encontramos procesos de duelo no resueltos, que se arrastran desde hace más de diez años (Sardi, 2016; Guzmán y Sánchez, 2016). Madres que continúan esperando que el hijo asesinado aparezca un día de vuelta en la casa, madres que continúan llorando o suplicando que se haga justicia. La falta de un proceso legal que investigue y sancione a los asesinos contribuye a dejar las heridas abiertas. Las víctimas y sus familias fueron atropelladas de manera brutal y nada se ha hecho por restituir esas pérdidas.

La falta de justicia se une a la violencia crónica para dejar los procesos emocionales abiertos, sin posibilidad de clausura. En la siguiente conversación, entre uno de los investigadores y un adolescente de 12 años, este relata una incursión violenta de comando por parte de operativos policiales en su barrio, en la que se llevaron detenida a su madre y a varios vecinos, dejando también varios muertos:

Esteban: El día que se la llevaron se metieron en todas las casas del sector, tumbaron puertas, metieron coñazos. Nosotros ya llevábamos días pa’ donde mi abuela que también vive por ahí mismo, más abajo. Ella nos dijo que nos quedáramos tranquilos, pero los bichos esos nos sacaron pa’ fuera, nos pusieron en el sillón en la sala, ahí nos metieron lepes¹ y nos insultaron. Yo tenía un celular y me lo robaron, también le quitaron a mi abuela el dinero que tenía guardado, se llevaron lo que les dio la gana.

John [psicólogo]: ¿Y tú mamá? ¿Te asustaste?

Esteban: No vale, esos pajúos, entraron porque ya llevaban un mes en eso y se trajeron sus tanquetas y eso. El que estaba cagao era mi hermano, que es carajito, pero yo no […] A mi mamá se la llevaron y reventaron toda la casa también, rompieron las paredes y los muebles, que si buscando las armas que supuestamente le encontraron. Ese día liquidaron a unos y se llevaron a un montón de los muchachos. Pasaron hasta con helicóptero. Agarraron todo los que pudieron: riales,² relojes, celulares, armas. Hicieron la suya pues.

Los jóvenes relatan la agresión, el robo y el atropello por parte de la policía, también cómo otros fueron “liquidados”. En el fragmento se observa el espanto y la rabia, la necesidad de salir del hogar por varios días, la experiencia continua de desamparo. El resentimiento por el atropello deja profundas huellas en su relación con la autoridad y en sus expectativas sobre la justicia en el mundo. Otros niños de edad escolar nos dijeron:

Cristhian: Los voy a joder, los voy a joder.

John: ¿Qué pasa Cristhian?

Cristhian: Nada, que los voy a joder.

John: ¿A quién?

Jorge: Es que vinieron unos policías y se llevaron a los niños.

Angélica [psicóloga]: ¿Se llevaron a unos niños? Pero la policía no se puede llevar a los niños.

Rebecca: Sí, el martes se llevaron unos niños. A mí me lo dijeron.

John: ¿Quién te dijo eso?

Rebecca: La gente, todos lo saben.

Eduardo: Todos lo saben. Bueno, no sé… ¿Tú crees que nos pueden llevar?

John: Los policías no pueden llevarse a los niños. ¿Eso es lo que te preocupa a ti, Cristhian?

Cristhian: Yo los voy a joder, porque se llevaron a mi papá, lo metieron en la cárcel. Yo me voy a meter a malandro, quiero crecer rápido, voy a conseguir una pistola y los voy a joder, a todos esos policías.

Aquí vemos cómo la violencia policial afecta profundamente, generando una sensación de extrema vulnerabilidad, que además forma (deforma) la relación con el Estado, la manera de entenderse como sujeto ante una ley que no protege, sino que abusa. Los niños y las niñas crecen con la sensación de atropello, de dolor, de herida heredada de los padres que fueron abusados, con deudas pendientes, que solo ellos podrán cobrar de manera directa y personal.

En San Agustín, otra comunidad popular de Caracas, acompañamos una investigación que dio lugar a un espacio en el que el uso de libros álbum o cuentos permitió mediar la conversación con un grupo de niños y niñas que vivían allí (Díaz y Quintero, 2018). Estos narraron en primera persona las envestidas de la policía sobre la comunidad y la forma arbitraria y represiva con la que combatían a los otros grupos armados allí presentes:

Vanessa [psicóloga]: Lo plomean… ¿Ustedes alguna vez han visto eso de que los plomeen?

Todos(as) los(as) niños(as) del grupo: ¡Sí!

Vanessa: ¿O lo han escuchado?

Todos(as): ¡Sí!

Sara: Y suena pum, pum, pum.

Valentina y Daniel se ríen.

Valentina: Y cuando los policías vienen, van a buscar a los malandros y tumban la puerta y le meten un tiro, y se mueren (se ríe).

Vanessa: ¿Sí? ¿Eso lo viste?

Sara: Hacen así… —tun, tun, tun [golpean la puerta]… ¿Quién? [pregunta quien está en la casa]… soy yo, tu tía [la policía responde]—.

Javier: Así es como se llevaron a mi tío los pacos.³ Los pacos estaban todos por Las Torres, después estaban tocando la puerta duro y tumbaron la puerta, y mi tío estaba calentando café; se acostó a dormir y tenía un machete en la mesa y un arma en la cocina escondida, por eso se lo llevaron.

De nuevo podemos ver la exposición de las comunidades a operaciones invasivas y letales de los cuerpos policiales, sin regulación alguna, en las que se eliminan personas o son extraídas abusivamente de sus hogares. Estos niños y niñas ya expresan con precisión la natural ocurrencia de estos procedimientos y, entre pequeños gestos de risa, dejan ver la angustia y la banalización de la violencia, que a la par se está consolidando en su experiencia con respecto a la muerte, las pérdidas y a la misma violencia.

Volkan, quien ha estudiado de manera extensa la transmisión transgeneracional del trauma, afirma: “Cuando un grupo afectado no puede hacer el duelo de sus pérdidas o revertir los sentimientos de desamparo y humillación, obliga a las siguientes generaciones a completar estos procesos psicológicos no procesados” (2000, p. 179).

Hemos podido recoger, a través de las etnografías recientes, cantidades de experiencias de desamparo y humillación que dejan cuentas no saldadas con la justicia. Como consecuencia, encontramos muestras claras en niños y niñas que lidian con penas propias y heredadas de sus padres, que no saben bien qué hacer con ellas y que, en ocasiones, desean revertir a través de la venganza violenta.

Juegos en que andamos: idealización de la violencia

El desamparo sostenido invita a la conclusión de que solo defendiéndose con más violencia se puede asegurar una mínima cuota de seguridad. La espiral de la violencia se alimenta de una carrera por mostrarse más feroz que el rival. La violencia se instala como la opción lógica ante un panorama dominado por la ley del más fuerte.

Es mediante esta lógica que los más violentos pueden convertirse en fuente de admiración. En esta serie de investigaciones, Zubillaga registró cómo los niños de una barriada se acercaban entusiasmados a saludar al líder de una banda delincuencial y a pedirle la bendición.

Pedir la bendición es una costumbre muy venezolana en la que un niño le pide a un adulto valorado que le otorgue una bendición religiosa que este suele responder diciendo “Dios te bendiga” o “Dios te bendiga, te ampare y te favorezca”. Es una petición de protección, que vemos extendida, en este caso no a sus cuidadores, sino al hombre que representa la violencia en el barrio.

Hemos registrado la aparición de la violencia en la fantasía y el deseo, por ejemplo los deseos manifiestos de niños de ser policías o militares. Esta es una de las opciones vocacionales más presentes en muchos jóvenes de sectores populares. En los juegos y en los dibujos infantiles aparecen con claridad imágenes de la violencia como algo que ocupa mucho espacio en su fantasía. Sabemos que el dibujo es una actividad que permite registrar la memoria afectiva y motriz, además de elementos cognitivos de los niños y las niñas. En investigaciones en países con violencia crónica, como zonas de bajos recursos en los Estados Unidos, con altos grados de violencia, un 60 % de los niños y las niñas retrataron actos de violencia cuando se les pidió dibujar sobre las cosas que ocurren en su vecindario (Lewis, Osofsky y Moore, 1997). También se ha encontrado la aparición recurrente de violencia en dibujos y juegos de infantes que han vivido guerras civiles (Miller, 1996).

Fuente: dibujo tomado del diario de campo, grupos de atención psicosocial en La Vega.

En La Vega se desarrolló un grupo de arte con niños y niñas de diferentes sectores en los que operaban bandas armadas y ocurrían frecuentes envestidas de los cuerpos de seguridad. En una de las sesiones, los chiquillos hacían dibujos de lo que les gustaba o no de su comunidad y, mientras los elaboraban, decían:

Jesús Daniel [niño]: ¿Sabes lo que vas hacer? [dirigiéndose a Yonaiker]

Yonaiker [niño]: ¿Estás pensando lo mismo que yo? [dirigiéndose a Jesús Daniel]

Samantha [niña]: No hay nada que no me guste de mi comunidad… bueno, la basura.

Jesús Daniel y Yonaiker empezaron a dibujar pistolas y balas. Jesús Daniel añadió un signo + o una cruz que representaba las personas asesinadas en la comunidad. Mientras dibujaban, se miraban con desconfianza y dudas sobre qué dibujar y si debían hablar sobre eso.

Jesús Daniel: …es por todos los muertos que ha habido… hay pistolas que tienen hasta cien balas, cincuenta balas, se le coloca al peine…

Marelia [psicóloga]: ¿Has visto pistolas?

Jesús Daniel: Sí, es como tutututututututu, no se le acaban las balas [dice emocionado].

Si bien a través de la conversación y el dibujo quieren representar, en principio, algo cuestionable de la comunidad, de lo que allí se vive y de lo cual se tienen dudas sobre si debe ser mostrado o no y que incluso se vincula a las pérdidas y muertes sufridas, al final dichos contenidos se acompañan con el gesto de la fascinación por ese objeto que es el arma, con su poder letal e inagotable. La ambivalencia puede decantarse en plena identificación; en otro dibujo de ese grupo vemos que el arma, enorme, se rodea con el resplandor del plomo y de la sangre, titulando dicha representación con el nombre de las figuras que la empuñan y quienes, sin mediar mayor secreto, parecen ser admirados: los malandros.

En el carnaval de 2019 sorprendieron a la opinión pública varias apariciones de niños disfrazados con el uniforme de la FAES (Fuerza de Acciones Especiales, un grupo comando de la Policía Nacional Bolivariana), algunas de ellas en la página del Ministerio de Defensa. La FAES es precisamente la fuerza policial que ha sido señalada como la principal perpetradora de ejecuciones extrajudiciales en los barrios (León, 2019; Moreno, 2019). Los relatos de asesinatos cometidos por la FAES son aterradores. Que el ministro de Defensa del país se retrate con niños vestidos como miembros de la FAES es un gesto macabro que revela algo de la forma como el Gobierno concibe a la ciudadanía (García, 2019).

Fuente: dibujo tomado del diario de campo, grupos de atención psicosocial en La Vega.

Fuente: dibujo tomado del diario de campo, grupos de atención psicosocial en La Vega.

Fuente: Arias, 2016.

La violencia aparece no solo como un mal necesario; en ocasiones se incorpora como algo deseado, como un ideal. La violencia, como una opción identitaria masculina idealizada, ha sido estudiada de manera exhaustiva tanto en las revisiones de los estereotipos de género masculinos ligados a la violencia (Domínguez, Revilla y Giménez, 1998) como en las trayectorias identitarias de muchos jóvenes en sectores populares en Venezuela (Zubillaga, 2005). En esta trama de identidad, las armas aparecen como un objeto que simboliza poder y resulta de gran atractivo a muchos jóvenes (Garbarino y Kostelny, 1997).

Los dibujos de los niños perpetrando asesinatos y los niños disfrazados como el FAES portando subametralladoras de juguete aluden a una idealización que está más allá de las creencias conscientes sobre la necesidad de utilizar la violencia de manera instrumental. Ocupan el lugar de la imagen, es decir, no el de la creencia verbalizable, sino del ideal; por ende, condensan una cantidad de afecto y pueden tener una gran fuerza identificatoria más allá de lo consciente, más allá de la argumentación.

Si a eso añadimos los datos que se vienen recabando sobre las actitudes de la población en general hacia la violencia, según los cuales con el paso del tiempo se la acepta cada vez más como mecanismo legítimo para protegerse ante el asedio constante del crimen, vemos que ella, la violencia, va desplazando la negociación y la democracia como ideal. Investigaciones con base en encuestas han encontrado que los caraqueños aceptan más la pena de muerte que otras ciudades como Cali, Salvador, Río de Janeiro, Santiago o Madrid (Briceño-León, 2002), y para 2008, más de la mitad de la población aceptaba el linchamiento como respuesta legítima ante hechos como la violación (Briceño-León, Ávila y Camardiel, 2009).

Crianzas en contextos difíciles y crianzas violentas

Sabemos que la desorganización social, la falta de cohesión y el aislamiento de las familias son factores de riesgo para favorecer el maltrato infantil (Wiehe, 1998). Los padres de familias que viven en contextos violentos enfrentan un cúmulo de retos que influyen en su capacidad para atender a los hijos. Además de que de por sí son abrumadoras y suplirlas es altamente oneroso, las carencias materiales generan niveles elevados de estrés que dejan menos espacio para estar emocionalmente disponibles para lidiar con las demandas de sus hijos. Los investigadores consideran que el estrés es la variable clave —y no la pobreza en sí misma— que aumenta los riesgos de castigo físico y maltrato (Katz, Corlyon, La Placa y Hunter, 2007). A eso se suma que los mismos padres pueden haber sufrido experiencias traumáticas que los dejan afectados emocionalmente (Osofsky y Fenichel, 1994). La suma de carencias y riesgos hace a las familias sentir que tienen menos control sobre el entorno y, por ende, menos capacidad para cuidar a sus hijos. Eso suele influir en que sean más estrictos imponiendo normas y también que busquen aislar más a sus hijos del ambiente inmediato.

Sin embargo, nos interesa destacar que encontramos a algunas familias que, deliberadamente, están criando a sus hijos para que incorporen la violencia como una manera de defenderse ante la realidad.

Auyero y Kilanski (2015) realizaron una etnografía en un barrio de Buenos Aires donde muchas de las dinámicas de la violencia crónica que hemos observado en Caracas están presentes. El miedo y el aislamiento de los vecinos, la afectación de la vida diaria, conduce a las familias a tratar de enseñar a sus hijos e hijas a defenderse ante un entorno hostil. Los autores levantan testimonios como el de una joven que cuenta que el abuelo la entrenó para matar como una manera de defenderse de las violaciones, o el de otras familias que dijeron golpear a sus hijos para tratar de evitar que tomaran decisiones que los llevasen por malos caminos. Auyero y Kilianski muestran cómo estos actos, quizá paradójicos, que reproducen los ciclos de violencia, se fundamentan en el deseo de proteger a los hijos de un ambiente peligroso. Se refieren a padres que se preocupan genuinamente por sus hijos, pero que se desesperan ante la acumulación de riesgos y recurren a la violencia como estrategia extrema de crianza en un contexto igualmente extremo (Ghate y Hazel, 2002).

La investigación ha confirmado que percepciones de riesgo y de desorden en la comunidad correlacionan positivamente con estilos de disciplina más severos tanto en lo verbal como con el uso del castigo físico (Barnes, 2007). Dónde trazar la línea divisoria entre métodos extremos de disciplina, cuyo objetivo es el bienestar de los más pequeños, y formas de maltrato infantil, no siempre es fácil de establecer. El intento de protegerse de la violencia produce entonces efectos paradójicos en la comunidad, que en ocasiones la reproduce sin querer. Por ejemplo, las mismas madres que en una barriada lucharon con valentía y de forma efectiva contra las bandas armadas eran las que en otras ocasiones fueron violentas con sus hijos, los instigaron a utilizar la fuerza e incluso llegaron a participar como cómplices de actos de venganza violenta (Zubillaga, Llorens y Souto, 2015).

En particular, nos impactó el caso de un niño de 11 años proveniente de una familia inmersa en el crimen organizado. El niño trabaja en ocasiones llevando droga de su casa a otras casas. Ha presenciado tiroteos y allanamientos de la policía. Su familia está constantemente en alerta por posibles amenazas. Cinco de sus familiares han sido asesinados en enfrentamientos armados de distinta índole. El niño es cuidado por su madre y su abuela, quienes se preocupan por él en alguna medida, por ejemplo, llevándolo al centro comunitario para que sea atendido por sus dificultades escolares. Sin embargo, anda muchas veces solo y descuidado en su higiene. En la escuela ha tenido problemas por peleas constantes. En ocasiones, él somete a otros, pero también ha sido víctima de la violencia. La madre dice que el problema es que no se sabe defender. Su familia está inmersa en una subcultura violenta y evidentemente su crianza replica ese marco.

La familia y el niño son practicantes de la santería, que incluye una serie de rituales mágico-religiosos que llevan a cabo para asegurar su protección. La vulnerabilidad y la necesidad consciente e inconsciente de superarla es un tema constante. Uno de los juegos preferidos del niño es tomar turnos con sus amigos haciéndose daño mutuamente (golpearse, cortarse) sin que el otro emita ningún quejido de dolor. El primero en mostrar dolor pierde. El juego resulta revelador. Parecerían estar entrenándose en la ética del “guerrero”: manera en que los jóvenes nombran los valores que defiende el que ha asumido la violencia como su identidad. Se le ha ido entrenando para soportar la violencia de su entorno, a protegerse ejerciéndola él mismo, así como incorporando creencias mágicas que buscan controlar tanta incertidumbre; mientras, el niño adiestra su cuerpo, incluso durante el juego, para tolerar cada vez más el dolor. Se sabe por investigación que el trauma crónico puede producir anestesia física y emocional como mecanismo de adaptación (Herman, 1997). El niño parece estar preparándose para eso. Asimismo, vemos cómo el cuerpo y las emociones, que se adiestran para lidiar con el sufrimiento, van de la mano en la práctica social.

En otro caso, la madre de una familia multiproblemática, con ocho hijos, agobiada por la pobreza, el alcoholismo del padre y la violencia familiar, pedía ayuda porque los hijos salían constantemente de la casa a buscar comida o dinero. A menudo, se iban a otro sector de la ciudad o de la comunidad a pedir. En una de las entrevistas, la madre nos pidió ayuda con uno de los hijos que pasaba la noche fuera de casa trabajando de “garitero”, es decir, vigilando la entrada de una calle para alertar a la pandilla local de cualquier movimiento. La madre sentía que no podía controlar a sus hijos que comenzaban a hacer una vida en la calle.

Durante nuestro registro, el padre acusó a dos de los hijos de haberse robado un secador de pelo de la casa y decidió, para intentar aleccionarlos, pedirle ayuda a la banda criminal de la zona a fin de que los castigaran. Es decir, delegó su autoridad parental en los criminales locales, sintiendo que estos podían imponer el orden en su casa. Luego de ese episodio, pudimos registrar este intercambio entre los dos niños hablando de su padre y de la amenaza de castigo a través de los malandros:

Joel: Ese es el viejo ese que es malo, ese señor es malo profe, ese viejo brujo vende las cosas y nos echa la culpa a nosotros, y nosotros no fuimos. Ahí dijo que se le perdió una bolsa de clavos de acero, el secador de mi mamá y otras cosas, pero nosotros ni siquiera podemos salir. Ese es él, ese señor es malo…

(Joel baja la cabeza y sigue hablando) Yo quisiera denunciarlo, llevarlo a la policía y que se lo lleven por malo.

Daniel (dirigiéndose a Joel): ¡Estás loco, para allá arriba no puede subir la policía!

Joel: Yo sé, pero yo quiero que se vaya. Que los malandros se lo lleven y nos quedemos en la casa mis hermanos, mi mamá y yo.

Vemos la búsqueda desesperada de amparo que no llega. Contaron que su papá mandó a los malandros a meterles un tiro en las piernas por robar en la casa y ahora no irán más, se van de la casa para que no los maten. Y adónde irán, preguntamos. “Por ahí, debajo de un techo —dijo Juan— todo es mejor que estar ahí, yo ya no quiero vivir más en esa casa”. Continuó la conversación:

Daniel: Iré a Plaza Venezuela, allí me agarra la guardia y me meten en el comando.

Joel: ¿En el comando? ¿Estás loco?

Daniel: Sí, en el comando.

Joel: Allí estarás preso para siempre.

Daniel (dirigiéndose a Juan): Preso, pero vivo.

Finalmente, los niños se quedaron en casa luego de una serie de mediaciones que se activaron entre la madre y la escuela, a fin de aclarar la situación con los miembros de la banda, quienes se habían sentido implicados por el padre y difamados como supuestos ejecutores de maltratos y amenazas sobre estos niños, lo cual podía descalificarlos como regentes del sector. Tiempo después, el jefe de la banda castigó verbal y físicamente al padre de estos niños, luego de percatarse, por lo gritos de uno de ellos (Joel), que estaba siendo fuertemente maltratado por él, advirtiéndole que por última vez toleraba una situación de ese tipo. Sin embargo, esta misma persona, que salió en defensa de Joel, estuvo a punto de ejecutar a su hermano mayor por sospechar que había robado un paquete de harina de su casa. Mientras golpeaba y apuntaba al niño para que confesara, las súplicas de la madre y su insistente interpelación en relación con que no tenía suficientes evidencias de que el niño había efectuado el robo, evitaron su muerte. La madre sabía que si el joven armado realizaba una ejecución sin justificación y pruebas, eso le restaría autoridad en la banda y en la comunidad.

El intercambio es sorprendente. Tanto los padres como los niños claman por algún tipo de autoridad que les ayude a poner orden en la casa y que los proteja. Los niños piensan en la policía, pero rápidamente descartan la opción, conscientes de que, donde ellos viven, la policía no va a ayudar. Y llegan a la misma conclusión a la que llegó su padre: la única autoridad local a la que pueden acudir es a la banda criminal. Esta, en ocasiones, asume dicha función con ambivalencia y códigos de severo cumplimiento, lo que deriva en una autoridad violenta, letal e imponente que, de no ser aplicada así, cuestionaría a los miembros de la banda en sus funciones. La vivencia de desamparo es abrumadora.