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I. UNA APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN POLÍTICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y TERRITORIAL DE PERÚ Y ECUADOR A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

Mi análisis sobre la construcción de la representación parlamentaria en Perú y en Ecuador se emplaza en la década de 1860, un periodo en el que en ambos países tuvieron lugar una serie de transformaciones en el ámbito político, social y económico que repercutirían también en el marco legislativo que se empezaba a dibujar en esta época. El sistema representativo pasaba entonces por una etapa de consolidación y desarrollo. Desde el punto de vista político, nos situamos en el comienzo de un periodo de mayor estabilidad, donde los elementos civiles adquirieron protagonismo sobre los aspectos militares. Aunque algunos de los principales líderes políticos del momento –como el peruano Ramón Castilla– procedían del estamento militar, lo cierto es que gobernaron a través de sistemas representativos en los que la Constitución era el pilar fundamental, y no mediante juntas militares. Como afirma Irurozqui, «el hecho de que una trayectoria profesional armada favoreciese a inicios de la República el desempeño de cargos de autoridad o que hubiera militares ocupando cargos de gobierno no equivalía ni a dominación militar ni a gobierno militar».¹ A pesar de ello, en países como Perú el civilismo no se asentaría en el poder hasta la llegada a la presidencia de la república de Manuel Pardo en 1872.² Por otro lado, ambas naciones experimentaron un boom económico, al calor de la explotación de determinados productos –fundamentalmente, el guano en Perú y el cacao en Ecuador–, que ayudaría a colocar sus economías en el mercado internacional. Este auge estaba directamente relacionado con el surgimiento de unas élites comerciales y financieras que empezarían a ocupar un lugar preponderante en la estructura social, y que se irían diferenciando del resto de población en sus estilos de vida. Por último, la diversidad social y económica que caracterizaba a ambos países andinos tenía una estrecha relación con los aspectos geográficos. Así, desde la segunda mitad del siglo XIX se fue acentuando también una separación entre la población de las grandes ciudades situadas fundamentalmente en la costa y aquella que habitaba las zonas rurales del interior.

En este capítulo, por tanto, voy a realizar un repaso de los aspectos característicos de Perú y de Ecuador en materia política, económica, social y territorial durante la segunda mitad del siglo XIX. Para llevarlo a cabo, se ha utilizado principalmente un corpus bibliográfico especializado en la historia peruana y ecuatoriana del momento, presentando así un estado de la cuestión historiográfica sobre el tema. No obstante, también se incluyen algunas referencias documentales propias, como ciertos pasquines políticos que circularon en la época e informaban sobre la situación política, artículos de prensa contemporánea, ensayos decimonónicos, correspondencia privada o algunas intervenciones parlamentarias. En definitiva, en estas páginas se trata de presentar el marco general en el que se implantó y desarrolló el sistema político liberal representativo que pretendo analizar en capítulos posteriores.

LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA LIBERAL A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

Como he comentado, en ambos países, hacia la fecha de 1860-1861 se inició un periodo político diferente al que se había desarrollado anteriormente. En este momento, el sistema liberal representativo implantado desde la independencia de las repúblicas se fue consolidando a través del desarrollo de una legislación que resultó ser la de mayor vigencia de la centuria –al menos, en el caso de Perú–, y que implantó los pilares básicos sobre los que se sustentaría el sistema político en la segunda mitad del siglo XIX. Medidas como la manumisión de los esclavos, la abolición del tributo indígena, la mejora de la educación pública o la amplitud de la libertad de prensa otorgaron el calificativo de «liberales» a los sistemas políticos instalados en estas fechas. No obstante, como se verá en las siguientes líneas, los elementos conservadores gozaron de un gran protagonismo en la mayor parte de la década de los sesenta tanto en Perú como en Ecuador.³

En lo que respecta a Perú, a partir de la segunda mitad del siglo XIX se dio paso a un sistema representativo liberal no democrático caracterizado por una mayor estabilidad política. Esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo, que se diferenciaba de la etapa anterior, definida por la preeminencia del caudillismo y por las frecuentes guerras civiles. En gran medida, esta nueva etapa estuvo protagonizada por un individuo, Ramón Castilla, que gobernó Perú entre 1844-1851 y 1854-1862. A pesar de su formación militar, Castilla poseía un profundo ideario republicano. Sus principios se basaban en el valor de la Constitución y de las leyes. Así, su deseo era acabar con las guerras civiles que asolaban el país en los años cuarenta, y conseguir la estabilidad política. De hecho, por primera vez desde la independencia, a partir de su mandato comenzaría un régimen político estable conocido como «Pax Andina».⁴ No obstante, también se trataba de un individuo pragmático, que pensaba que la consecución de dicho objetivo solo era posible mediante la creación de un ejército nacional fuerte y cohesionado. En su opinión, mientras se lograba la paz en Perú, el país debía ser regido por una junta de militares. En este sentido, confluían en la persona de Ramón Castilla su experiencia militar y sus principios republicanos y constitucionales.

Todo esto le llevó a participar el 20 de mayo de 1843 en la Revolución Constitucionalista que se desató contra Manuel Ignacio Vivanco, al lado de su amigo y también militar Domingo Nieto. Durante este conflicto Castilla pudo demostrar sus habilidades como estratega militar y como político. Finalmente, los constitucionalistas triunfarían en la batalla de San Antonio (Arequipa). Resulta significativo que la victoria llegase precisamente en este lugar, pues uno de los objetivos de Castilla era integrar las provincias periféricas en el Estado nacional. Procedente de Tarapacá, Castilla sentía una profunda desconfianza por las élites limeñas y su política. A su parecer, era precisamente en la capital donde nacía la desunión del país. Así, una vez que hubo triunfado en Arequipa, donde asumió el mando, su próximo objetivo era la ciudad de Lima. Finalmente, los constitucionalistas vencerían en Carmen Alto el 22 de junio de 1844. Vivanco huyó a Ecuador, mientras que Castilla asumía el cargo de presidente de la república.⁵ Se iniciaría así su primer gobierno, que duraría hasta 1851, y sería retomado posteriormente entre 1854 y 1862.

En 1854 Ramón Castilla sustituyó a José Rufino Echenique como presidente de la República peruana tras el triunfo de su «revolución liberal». Como ha señalado Víctor Peralta, habitualmente la historiografía ha considerado este suceso como liberal porque en él participaron intelectuales liberales como Manuel Toribio Ureta, Pedro y José Gálvez o Domingo Elías. Además, se ha puesto el acento en la consecución de medidas avanzadas como la abolición del tributo indígena o la supresión de la esclavitud, ambos acontecimientos fechados en 1854.⁶ De hecho, esta revolución liberal pretendía llevar a cabo las promesas que se venían realizando desde la independencia del país en 1821: «manumitir a los esclavos, abolir las “castas”, y “liberar” a los indios del tributo».⁷ No obstante, algunos historiadores, como el mencionado Peralta, cuestionan el liberalismo de Castilla y de sus seguidores, y consideran que la denominada «Revolución Liberal» se trató más bien de una «guerra civil»:

[...] el llamado ejército libertador liderado por el general Ramón Castilla apeló con éxito al principio liberal en la medida en que ello fue también acompañado de cooptaciones formales e informales de múltiples fuerzas e instituciones sociales y regionales que poco o nada tenían que ver con lo ideológico.⁸

Comenzaba así el segundo mandato de Castilla, durante el cual, en 1856, se redactó un texto constitucional de tendencia liberal que, sin embargo, no convenció al presidente, pues reducía el poder ejecutivo a favor del legislativo, cumpliendo así el principio liberal de limitar el presidencialismo. De hecho, la promulgación de esta Constitución, así como otras actuaciones de tendencia liberal que tuvieron lugar durante su segundo gobierno, produjeron el descontento entre los sectores de población más conservadores que habían apoyado a Castilla durante el conflicto, produciéndose diversos levantamientos contra el presidente en algunas provincias como Arequipa o Moquegua.⁹ Los años 1857 y 1858 se caracterizaron especialmente por «la coacción y la violencia en varias poblaciones de la República», e incluso algunos documentos llegan a hablar de guerra civil.¹⁰ Todo ello, sin embargo, terminaría con un nuevo triunfo de Castilla.

En este contexto, en 1857 Castilla disolvió la Asamblea y convocó elecciones para formar un nuevo Congreso que redactara una Constitución más conservadora, alejándose desde este momento de los liberales y refugiándose en el ejército.¹¹ En 1858 se convocaron nuevas elecciones al Congreso, que dieron lugar a una Asamblea de corte conservador.¹² El nuevo Congreso, una vez instalado, realizaría algunas reformas de gran relevancia para el país, siendo la más importante de todas ellas la elaboración de un nuevo sistema normativo que se mantendría sin grandes variaciones hasta finales del siglo XIX lo que le convierte en el marco normativo más estable de todo el Perú decimonónico. Así, del trabajo realizado por el Congreso de 1860 surgieron la Constitución de 1860 y la Ley Electoral de 1861. La Constitución de 1860, que seguía el modelo de la Constitución de Estados Unidos de América, ha sido calificada por la historiografía como un texto profundamente conservador –es decir, se adscribía a la corriente más moderada del liberalismo–. En palabras de Graham H. Stuart, «el elemento conservador, aunque estaba dispuesto a aceptar algunos de los principios liberales de la Constitución de 1856, estaba decidido a hacer de la nueva ley orgánica un instrumento seguro para el gobierno».¹³

A partir de las elecciones de 1862, Castilla sería sustituido como presidente de la república por Miguel de San Román. El 23 de octubre de 1862 Castilla se despedía de los peruanos con un discurso que comenzaba con las siguientes palabras: «Desciendo del alto puesto que vuestra libre voluntad me designó, con la conciencia tranquila y con la frente limpia de las feas manchas que deja tras sí el crimen».¹⁴ Por su parte, el Gobierno de San Román duraría poco, pues falleció en abril de 1863. El encargado de sucederle fue Juan Antonio Pezet, hasta entonces vicepresidente de la República. Este tuvo que hacer frente al problema surgido con España a raíz de la ocupación de las islas Chincha por parte de la flota española. En este contexto, el 2 de noviembre de 1865, Mariano Ignacio Prado encabezaba una insurrección que acabaría con el Gobierno de Pezet. Entre los que criticaron la actuación de Pezet ante la invasión española se encontraba el propio Castilla. Finalmente, tras el combate del Callao del 2 de mayo de 1866 terminaría el conflicto contra España.

Una vez que se hubo conseguido la pacificación exterior, se procedió a la convocatoria de elecciones para elegir un nuevo Congreso, el cual debía redactar un nuevo texto constitucional que sustituyera al de 1860. Se promulgaría así, el 29 de agosto de 1867, una Constitución de tendencia liberal que, sin embargo, solo tendría vigencia durante unos pocos meses. Según José Pareja, «la Constitución de 1867 es en gran parte copia de la Carta de 1856, pero mucho más avanzada, extremada y radical [...]», puesto que, entre otras modificaciones, se recuperaba el sufragio popular directo para los ciudadanos en ejercicio mayores de veintiún años.¹⁵ Sin embargo, el Gobierno de Prado consiguió establecer un fuerte control de los procesos electorales «a través de los gobernadores (funcionarios del gobierno) y en la identificación de los sufragantes mediante boletas de contribuyentes». Además, César Gamboa asegura que «la elección simultánea de un presidente constitucional y una Asamblea Constituyente fue duramente criticada en su momento».¹⁶ Finalmente, el carácter extremadamente liberal de esta Constitución –junto con la propuesta de medidas consideradas radicales, como la libertad de cultos, por parte de algunos miembros del Parlamento– hizo que no fuera bien acogida por la mayor parte de la sociedad, siendo derogada y sustituida por la Constitución de 1860 el 6 de enero de 1868. El carácter moderado del texto de 1860, que evitaba los extremos políticos y las tendencias excesivamente radicales, aunque incluía algunas influencias liberales de la Constitución de 1856, lo convirtió en un documento más satisfactorio para los legisladores peruanos de la época.¹⁷

Sin embargo, el principal baluarte de la Constitución de 1860, Ramón Castilla, no pudo ver restablecido este marco normativo, pues había fallecido el 30 de mayo de 1867. Sus restos fueron despedidos con honores fúnebres por la sociedad peruana y, en especial, por los altos cargos militares y políticos.¹⁸ Por tanto, a partir de la muerte de Castilla y de la vuelta a la vigencia de la Constitución de 1860 –que no sería derogada ya hasta 1920–considero que quedaría cerrado el eje temporal de análisis de este trabajo. A partir de 1868, ocuparía el puesto de encargado del poder ejecutivo Pedro Díez Canseco, hasta que la celebración de nuevas elecciones presidenciales otorgaron el poder a José Balta, que ejercería su mandato hasta que fuera asesinado en 1872.¹⁹

A la mayor estabilidad política que se podía observar en la vida política peruana desde 1860 se unía una tendencia que se venía desarrollando desde la década de los cincuenta: una mayor consolidación de los partidos políticos, a diferencia de momentos anteriores en los que las tendencias políticas se agrupaban mediante simples clubes o asociaciones de intereses.²⁰ Aunque la tendencia no culminaría hasta la creación del Partido Civil en 1871, en las décadas de 1850-1860 comenzaba a aparecer un embrión del posterior sistema de partidos. En este sentido, ocupaba un papel relevante la aparición del Club Progresista en las elecciones de 1850, la primera formación política que presentó un candidato civil a las elecciones –Domingo Elías–, tratando así de abrir un periodo claramente diferenciado del anterior predominio militar.²¹ A lo largo de la década de los cincuenta, pero fundamentalmente en la de los sesenta, las formaciones políticas comenzaron a aparecer con una mayor complejidad en sus estructuras. Ya no eran simples facciones asociadas a un caudillo que utilizaba la política como forma de legitimación de su poder, sino que empezaron a surgir estructuras jerarquizadas que presentaban programas políticos y que utilizaban mecanismos de propaganda política como la prensa, los folletos y pasquines, etc. Además, comenzaron a utilizar un lenguaje heredado de los ilustrados que propagaron el liberalismo en Europa, basado en la defensa de determinados derechos y libertades como pilares de sus principios teóricos. No obstante, como ya se ha mencionado, habría que esperar al año 1871 para encontrar la primera formación política que se denominaba con la categoría bien definida de «partido político»: el Partido Civil.²²

Si en Perú Ramón Castilla representaba el inicio del «verdadero período republicano»,²³ en Ecuador existía también un nombre propio vinculado al nacimiento de la nación: Gabriel García Moreno, principal exponente del conservadurismo ecuatoriano, elegido presidente de la República entre 1861-1865 y 1869-1875. La etapa garciana representa uno de los momentos más relevantes de la historia ecuatoriana, pues en ella se produjo la consolidación de un modelo político de liberalismo conservador con una fuerte preeminencia de la religión católica –denominado por la historiografía ecuatoriana más reciente como el periodo de la «modernidad católica»– a la vez que el desarrollo del estado nacional ecuatoriano.²⁴

Tradicionalmente, el proyecto político de García Moreno ha sido caracterizado por la historiografía como un proyecto contradictorio que no consiguió triunfar.²⁵ No obstante, en las últimas décadas estas tesis han sido revisadas por historiadores como Juan Maiguashca o Ana Buriano. En palabras de Buriano, el ideal político de García Moreno era «el progreso ordenado y la libertad controlada de la nación regida por la moral cristiana». Esta autora señala también que lejos del inmovilismo tradicionalmente asociado al periodo conservador ecuatoriano, la política de García Moreno se caracterizó por «promover cambios e innovaciones» así como por fomentar la construcción de una nación.²⁶ En la misma línea se sitúa Maiguashca, quien destaca la relevancia de la política de García Moreno en la formación de un Estado nacional ecuatoriano en las primeras décadas del siglo XIX, rechazando así las hipótesis tradicionales que situaban los orígenes del Estado moderno en Ecuador a finales de siglo. Para este autor, en 1861 daba comienzo una época de cambios en todos los ámbitos: «mientras el cambio social que inició García Moreno se encaminó a fundar una sociedad civil basada en el mérito, el cambio político-ideológico que propuso tuvo como meta la creación de una comunidad imaginaria en el interior de un Estado soberano».²⁷

Desde su creación como Estado independiente en 1830, Ecuador había sido gobernado por individuos conservadores pertenecientes a la escuela francesa: Juan José Flores (1830-1834 y 1839-1845) y Vicente Rocafuerte (1834-1839).²⁸ No obstante, en marzo de 1845 estalló la Revolución de Marzo, que enfrentó a los partidarios del entonces presidente Juan José Flores contra los rebeldes «marcistas» liderados por José María Urbina. A partir de 1845, la escuela americana conseguiría hacerse con el poder, sucediéndose los gobiernos de Vicente Ramón Roca (1845-1849), Manuel de Ascásubi (como encargado entre 1849-1850), José María Urbina (1851-1856) y Francisco Robles (1856-1859). Tras la guerra civil (o «crisis nacional») de 1859-1860 –en la que el poder político quedó dividido entre Cuenca, Loja y Quito–, finalmente los garcianistas conseguirían retomar el poder a partir de la conquista de Guayaquil –donde había resistido el general Guillermo Franco, apoyado por el presidente peruano Ramón Castilla– el 24 de septiembre de 1860, fecha clave en el imaginario de los conservadores ecuatorianos.²⁹

Tras este desenlace, García Moreno empezaba a ser considerado el valedor de la reunificación nacional. Así, en algunos impresos que circularon en aquel momento se podía leer que por su «mediación redentora el hermano de la Costa y el hermano de la Sierra están bajo la Línea Equinoccial».³⁰ García Moreno era el pacificador de Ecuador, como se ponía de manifiesto en otro panfleto:

Ha pasado una revolución como pasa un huracán sobre la tierra, revolviendo, mudando, conmoviendo todo lo que ha encontrado en su camino. Concluida su obra, ha desaparecido para el pueblo, que ya no ve su sombra aterradora, sino las estatuas de la Paz que recorren triunfantes las plazas de la República [...].³¹

Por ello, García Moreno aparecería como el candidato idóneo para hacerse cargo de la presidencia desde 1861.

Gabriel García Moreno había viajado por Europa en dos ocasiones antes de llegar al poder en Ecuador, lo que le permitió entrar en contacto con los sistemas políticos instalados en Inglaterra, Francia o Alemania. Como apunta Luis Robalino, esto supuso un gran aprendizaje para el futuro presidente ecuatoriano, ya que la Europa de 1850 era todo un espectáculo:

[...] acababan de ser dominadas las varias revoluciones del año trágico de 1848, muy especialmente en Francia, Alemania, Italia, Austria y los Principados Danubianos. En la primera de estas naciones, la formación de una clase obrera [...] permitió la Revolución de 1848 a nombre del sufragio universal; la constitución de la Segunda república y la tentativa, en las jornadas sangrientas de Junio, de un trastorno social. El socialismo naciente, colectivista con Saint Simon, Fourier y Louis Blanc, o anarquista con Proudhon, trataba de implantarse en Francia.³²

Su segundo viaje europeo, en 1855, se centró especialmente en Francia, donde se hallaba en apogeo el Imperio de Luis Napoleón Bonaparte. García Moreno era un gran admirador de la política de Napoleón III –no en vano se adscribiría a la escuela francesa, como se verá en el próximo capítulo–, y «veía que en el Ecuador, más que en Francia, la necesidad de una autoridad fuerte se hacía sentir con premura». El ecuatoriano comparaba la Revolución francesa de 1848 con la revolución que había protagonizado Urbina en Ecuador unos años antes, y se convencía de que «así como Napoleón III había ahogado la Revolución de 1848, él ahogaría, y más fácilmente, el espíritu revolucionario en el Ecuador aplastando a todos los Urbinistas que tratasen de despertarlo».³³ Además, en Francia tuvo la oportunidad de conocer su sistema educativo, que le inspiraría para proponer uno propio en el Congreso de 1857 y posteriormente llevarlo a cabo durante su etapa presidencial. También admiraba el trabajo ornamental que Napoleón III había desarrollado en París –«He encontrado inmensas mejoras debidas a Luis Napoleón quien, a pesar de la guerra, hace continuar mil obras de ornamento o de utilidad, como calles y palacios magníficos, ferrocarriles nuevos, etc.»–,³⁴ elemento que también trataría de imitar una vez llegara al poder en Ecuador. El interés por la construcción de obras públicas –caminos, carreteras, líneas férreas, hospitales, orfanatos, cementerios, etc.–, especialmente durante su segundo mandato, hizo que el historiador Pareja Diezcanseco dijese de él que «más que un estadista, García Moreno es un constructor, un gran maestro de obras».³⁵

Durante su primera legislatura, regida por la Constitución de 1861, se llevó a cabo la promulgación de un compendio legislativo importante, que sentó las bases del sistema liberal que se empezaba a consolidar durante la década de los sesenta: entre otras, la Ley de Régimen Municipal de 1861, las leyes electorales de 1861 y de 1863 o la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1863. A este primer mandato también correspondía la firma del Concordato con la Santa Sede, llevado a cabo en Roma el 26 de septiembre de 1862 y ratificado en Quito el 17 de abril de 1863.³⁶ El objetivo de dicho Concordato, además de asegurar la religión católica como la única posible en el país, prohibiendo otros cultos, era el de establecer algunas de las prerrogativas de los eclesiásticos y el papel de la religión en la República de Ecuador. En este sentido, a través de este documento se implantaron cuestiones como la presencia de la doctrina católica en la educación –«la instrucción de la juventud en las universidades, colegios, facultades, escuelas públicas y privadas, será en todo conforme a la doctrina de la religión católica»–; la censura con respecto a los «libros contrarios a la religión y a las buenas costumbres»; la continuidad del cobro de diezmos; o el derecho de la Santa Sede a erigir nuevas diócesis en el territorio ecuatoriano. Asimismo, durante este primer mandato de García Moreno tuvieron lugar importantes actuaciones en materia de política exterior, destacando la asistencia de Ecuador al Congreso Americano celebrado en Lima en 1864, con el objetivo de definir las fronteras entre los países latinoamericanos.³⁷

Entre 1865 y 1869 –un periodo conocido por la historiografía ecuatoriana como «Interregno»– se sucedieron en la presidencia de Ecuador una serie de individuos –todos los cuales contaron con el apoyo de García Moreno siempre y cuando siguieran sus directrices–, que gobernaron durante plazos muy cortos: Rafael Carvajal (1865), Jerónimo Carrión (1865-1867), Pedro José de Arteta y Calisto (1867-1868) y Javier Espinosa (1868-1869). A pesar de que todos ellos siguieron con el programa político inaugurado en 1861, Ana Buriano señala que en esta etapa también podían encontrarse algunos aires de renovación: la amplitud de la libertad de prensa, la concesión de amnistías políticas, el apego a la legalidad o la búsqueda del centro ideológico fueron elementos característicos de los gobiernos que se sucedieron en estos años.³⁸

A partir del 29 de julio de 1869 se iniciaba el segundo mandato de García Moreno. Este periodo estaría regido por la Constitución de 1869 (conocida como la «Carta Negra»), en la que se reforzaba el elemento católico que caracterizaba la ideología de García Moreno, y por la ley de elecciones promulgada en el mismo año. Este segundo mandato estaría caracterizado por una progresiva centralización política, una mayor amplitud de las atribuciones del poder ejecutivo, una limitación de las libertades individuales y una enorme restricción del derecho a la ciudadanía, que quedaba limitado a los individuos que, entre otras cuestiones, profesaran la religión católica.³⁹ Además, en esta segunda legislatura tuvo lugar una importante obra educativa, así como una considerable atención a la construcción de infraestructuras, a la que hemos hecho referencia anteriormente.

El periodo garciano concluiría el 6 de agosto de 1875 con el asesinato del presidente al entrar en el Palacio de Gobierno (Palacio de Carondelet), a manos de Faustino Rayo, un colombiano que años antes había sido el hombre de confianza de García Moreno. Pareja Diezcanseco explicaba de la siguiente forma cómo tuvo lugar el asesinato:

Cerca de las dos de la tarde del 6 de agosto de 1875, después de haber orado en la Catedral y de visitar la casa de su familia política, enderezó García Moreno sus pasos al Palacio. Acababa de subir las escaleras del atrio, cuando Faustino Rayo le atacó de un machetazo entre el cuello y la espalda. Manuel Cornejo le descerrajó un balazo en un hombro. Otro golpe de Rayo le rompió el brazo izquierdo por el codo y otro le despedazó la mano derecha. Su edecán fue sujeto de los brazos por los complotados. Pudo García Moreno correr hacia la puerta de Palacio, donde lo detuvo Andrade con un balazo. Volvióse dando voces. Vacilante, dio traspiés hasta caer de lo alto a la plaza. Bajó las escaleras Rayo, y alcanzó a la víctima, cuya cabeza macheteó como un poseído. Allí murió García Moreno con dieciocho heridas en el cuerpo.⁴⁰

Si bien es cierto que Rayo fue la mano ejecutora, las investigaciones posteriores determinaron que el asesinato realmente procedía de una conspiración ideada por un grupo de dirigentes «jóvenes, cultos y liberales», en la que participaron numerosos individuos –incluso algunos miembros de su gobierno, como el general y ministro de Relaciones Exteriores Francisco Javier Salazar–.⁴¹ Estos «conspiradores» entendieron su actuación «no como asesinato, sino como revolución», frente al férreo control político y social que estaba llevando a cabo el gobierno de García Moreno.⁴² De hecho, Roberto Andrade, uno de los participantes en el complot, afirmaba años después, tratando de justificar su acción, que «el machete de Rayo no es otro que la antorcha de la libertad empuñada por todos los hombres justos de la tierra». Por ello, veía la necesidad de publicar su libro, Seis de Agosto, o sea muerte de García Moreno, cuyo primer capítulo tenía el siguiente objetivo:

Como para justificar una muerte a mano armada es necesario dar a conocer la vida del muerto, pongo por primer capítulo de esta obra un esbozo de los atentados de ese tirano espantable y los esfuerzos del pueblo ecuatoriano por quitarle la vida desde que se persuadió de su crueldad. Así la civilización verá que era indispensable matarlo, y dirá que los conspiradores fuimos soldados de la Libertad y profundos amigos de los hombres.⁴³

El asesinato de García Moreno no resultaba extraño, pues a lo largo de todo su gobierno se habían sucedido constantes rebeliones contra su autoridad. Así, por ejemplo, el New York Times del 26 de enero de 1862 informaba de que había sido sofocada una revuelta en Perucho –el pueblo más pequeño del distrito de Quito–, la cual quedaba justificada de la siguiente manera: «La tiranía de Don García Moreno y el General Flores se hace sentir en las poblaciones más pequeñas y en los asuntos más insignificantes».⁴⁴ De hecho, el propio García Moreno informaba a principios de 1870 a su amigo Manuel Andrade Marín, en una correspondencia privada, de un intento de asesinato hacia su persona que había fracasado: «Todos los rojos de la República han sabido que yo iba a ser asesinado, como lo prueban las noticias que los liberales hicieron circular en Loja».⁴⁵

Tras el asesinato de García Moreno, el ministro del Interior, Francisco Javier León, fue nombrado encargado del poder ejecutivo. En diciembre de 1875 se convocaron elecciones presidenciales, campaña en la que surgieron varias candidaturas: por un lado, los conservadores barajaron algunos nombres como Francisco Javier Salazar, Luis Antonio Salazar, Rafael Carvajal, Vicente de Piedrahita, Julio Sáenz y Antonio Flores Jijón; por otro lado, los liberales también tenían sus propios candidatos, entre los que se encontraban Francisco J. Aguirre Abad y Antonio Borrero. Finalmente, volvieron al poder los liberales, siendo elegido presidente Antonio Borrero (1875-1876) y posteriormente Ignacio de Veintemilla, que estaría en el poder hasta 1883, «con el decidido apoyo de los antiguos marcistas».⁴⁶

* * *

En resumen, se puede concluir que, desde el punto de vista político, en ambos países se produjo una evolución desde un liberalismo más radical en la década de los cincuenta –cuando tuvieron lugar medidas bastante avanzadas como la abolición de la esclavitud o del tributo indígena, como se verá a continuación– hasta llegar a una etapa más moderada en la década de los sesenta, que finalizaría con un sistema bastante conservador en la década siguiente, especialmente en el caso de Ecuador y su Carta Negra. Además, en ambos países hay que reseñar la impronta política que tuvieron dos individuos concretos: Ramón Castilla en Perú –a pesar de que su mandato acabó a comienzos de la década de los sesenta, su influencia se dejaría sentir mucho más allá– y Gabriel García Moreno en Ecuador.

EL AUGE ECONÓMICO Y EL SURGIMIENTO DE LA BURGUESÍA COMERCIAL

Los cambios políticos que se perciben en la década de 1860 en ambos países andinos coincidieron con el surgimiento de una élite económica y social vinculada al comercio internacional y a las finanzas, que en ambos casos se situaba en territorios concretos. El surgimiento de esta élite económica no era casual, sino que se debía al auge de determinados productos –el guano en el caso de Perú, el cacao en el de Ecuador– que permitieron introducir a los dos países en el mercado internacional. En este sentido, Perú y Ecuador seguían una tendencia generalizada en los países de América Latina, especialmente los que tienen costas en el Pacífico, que empezaron a integrarse en la economía internacional a través de la exportación de determinados productos, en un periodo en el que en Europa y Estados Unidos se estaba llevando a cabo la Segunda Revolución Industrial. Así, por ejemplo, cabe mencionar el caso de El Salvador y su producción de café.⁴⁷

En el caso de Perú, el periodo que transcurre desde mediados de los años cuarenta y hasta el inicio de la guerra contra Chile (1879) se conoce como «la era del guano» porque se vio protagonizado por la explotación de este recurso. El guano era un abono muy apreciado para la agricultura por su alto contenido de nitrógeno, producido a partir de los excrementos de ciertas aves.⁴⁸ Perú llevó a cabo una gran producción de guano durante estos años debido a su abundancia en algunas de sus islas, siendo unas de las más importantes las islas Chincha. Por ello, cuando los buques españoles ocuparon dichas islas en 1864, la República de Perú le declaró la guerra al Gobierno español, y reclamó la pronta retirada de su territorio y la reparación de su honor nacional.⁴⁹

Aunque el guano había estado presente en territorio peruano desde la época de los incas –quienes, de hecho, también lo utilizaron como fertilizante agrícola en su economía–, este recurso había caído en el olvido, «como gran parte del valioso conocimiento incaico de los Andes, durante la frenética destrucción de la conquista», según apunta Peter Flindell.⁵⁰ El geógrafo inglés Clements Markham, quien realizó algunos viajes por los Andes en las décadas de 1850-1860, señalaba a través de sus escritos la importancia dada a este valioso recurso durante la época incaica:

El gobierno ilustrado de los incas del Perú sabía bien cómo apreciar este valioso abono; fue muy utilizado a lo largo de su imperio y se dice que se infligía la pena de muerte a cualquiera que molestara a las aves durante la temporada de cría.⁵¹

Sin embargo, parece que los peruanos de mediados del siglo XIX no tuvieron la misma capacidad para aprovechar el auge económico que produjo la explotación del guano. El redescubrimiento del potencial del guano por parte de los peruanos coincidió con un momento en el que en Europa se estaba desarrollando la Revolución Industrial. Por esta razón, el nitrógeno contenido en el guano se empezó a revalorizar, y Perú se convirtió en un país poseedor de un recurso altamente ambicionado por las principales potencias industriales. Sin embargo, frente a los intentos extranjeros de intervenir en este rico negocio, la burguesía peruana presionó al Estado para que legislara en favor de los nacionales. Así, en 1862 se dio una ley que «obliga(ba) al Estado a preferir en cualquier contrato a “hijos del país”». En cualquier caso, la explotación y comercialización del guano, desde 1847, quedaría en manos privadas, pues en ese año se estableció un sistema de consignaciones por el cual el Estado encargaba todo el proceso guanero a empresarios particulares –en su mayoría peruanos, aunque también participaron algunos extranjeros– que se quedaban con un porcentaje de los beneficios. Durante esta etapa, por tanto, «la burguesía peruana por medio de la Compañía de Consignación de Guano en el Extranjero logra que el negocio más lucrativo de Perú se le entregue». La época de privilegio de la burguesía peruana acabó con la firma del Contrato Dreyfus en 1869, por el cual el ministro de Hacienda Nicolás de Piérola vendió buena parte de los recursos guaneros a la francesa Casa Dreyfus.⁵² Este contrato trajo consigo fuertes protestas por parte de los empresarios peruanos, que acusaron al Gobierno de haber firmado «la sentencia del despojo» y de haber llevado a cabo un atentado contra el pueblo del Perú.⁵³ En definitiva, el auge guanero acabó beneficiando exclusivamente a un sector socioeconómico concreto –la burguesía comercial–, mientras que para el Estado supuso una crisis financiera en la década de 1870.

Lo que podía haber sido una buena oportunidad para el desarrollo económico de Perú acabó sin embargo por agotarse en la década de 1870 debido a la mala gestión del Estado, la codicia de los empresarios, la corrupción y la sobreexplotación de un recurso finito «consumido por una pequeña élite en una orgía de importaciones de lujo».⁵⁴ Finalmente, los beneficios económicos que podía traer consigo la explotación del guano no se supieron aprovechar de forma adecuada, ya que no se vieron transformadas las estructuras sociales y económicas, que siguieron perpetuando la herencia colonial. De hecho, las consecuencias nefastas del auge guanero fueron identificadas incluso por algunos viajeros que visitaron Perú durante estos años. Por ejemplo, el ya citado Clements Markham comentaba así sus impresiones:

Un gobierno prudente hubiera considerado el monopolio del guano como una extraordinaria fuente de ingresos, y lo habría reservado para pagar la deuda interna y externa y para mejorar las obras públicas; pero parece que la mente de los peruanos se hubiera turbado con este maravilloso aumento de sus ingresos, y lo han derrochado con ruinosa y deshonesta imprudencia.⁵⁵

En la misma línea, el estadounidense Friedrich Hassaurek se sorprendía de que, a pesar de que las reservas de guano convertían a Perú en el país más rico de América Latina, para el año 1868 aún no se había construido un ferrocarril que comunicara a la capital con las tierras altas del interior, ni siquiera con «la capital de los antiguos Incas». Así, este autor sentenciaba que «la riqueza del Perú ha demostrado ser una gran fuente de su miseria política», debido a que «sus recursos fueron derrochados de manera imprudente por sus gobernantes».⁵⁶ Pero también los propios peruanos eran conscientes de la situación a la que el boom guanero les estaba llevando. Así, un escritor de El Comercio ponía de manifiesto que «el huano, según el unánime sentir de los inteligentes, ha hecho y sigue haciendo nuestra desgracia, así como el caudal que se entrega al joven inexperto, hace su pérdida».⁵⁷

Si en Perú se ha hecho referencia a la importancia del guano como elemento que consiguió introducir al país en los mercados internacionales, en el caso de Ecuador se debe mencionar otra materia prima cuya explotación económica fue creciendo vertiginosamente a lo largo del siglo XIX hasta llegar a un periodo culminante entre 1870 y 1920: el cacao. Esta etapa se conoce en la historiografía ecuatoriana como el «segundo boom cacaotero», para diferenciarla de aquel primer periodo en el que había tenido lugar un auge económico semejante en torno a esta materia prima, entre mediados del siglo XVIII y 1820.⁵⁸ Por tanto, se podría afirmar que durante todo el siglo XIX Ecuador fue dependiente del cacao desde el punto de vista económico. Como señalan Daniel Baquero y José David Mieles, «en el siglo XIX el cacao se consolidó como el principal producto de exportación y la economía del país se construyó a su alrededor».⁵⁹ A través del comercio del cacao, fundamentalmente, pero también de otros productos como el azúcar, el caucho, el banano o el café, Ecuador empezó a ocupar un lugar relevante como país exportador, siendo receptores de dichos productos las potencias industriales de Europa y América del Norte.⁶⁰ No obstante, como señala Paz y Miño, «la economía ecuatoriana se vinculó al mercado internacional en condiciones subordinadas y las posibilidades de crecimiento dependieron de los ciclos de auge y caída de las ventas externas».⁶¹

Las exportaciones de cacao fueron especialmente importantes para la costa ecuatoriana, destacando las provincias de Los Ríos, Guayas, El Oro, Manabí y Esmeraldas. Esto trajo consigo un crecimiento de la población de esta región desde la década de los setenta, así como un mayor peso político en el contexto nacional.⁶² El auge económico atraía a un gran número de población procedente de otras regiones del país que se trasladaban a Guayaquil en busca de trabajo, ahondando así este hecho en el contraste entre la Costa y la Sierra, «que había caracterizado la vida republicana de Ecuador desde su fundación».⁶³

Si bien es cierto que el boom cacaotero permitió la construcción de grandes infraestructuras en Ecuador –hospitales, escuelas, líneas férreas o puertos–, también lo es que, al igual que ocurrió en Perú, el auge económico traería algunas consecuencias negativas. Así, en Ecuador el despilfarro dio lugar a una crisis financiera en 1874.⁶⁴

No obstante, los principales efectos del auge económico experimentado tanto en Perú como en Ecuador se podían observar fundamentalmente a nivel social. En torno al negocio del guano y del cacao fue surgiendo una élite económica vinculada a las finanzas, el comercio y la tierra, absolutamente dependiente de los mercados internacionales.⁶⁵ Esta nueva burguesía importó un estilo de vida a imitación de las burguesías europeas, basado en el lujo y la ostentación, lo que produjo un mayor distanciamiento entre este grupo social y el resto de la población. En palabras de Manuel Andrés, «frente al enriquecimiento de unos pocos, el resto de la población veía su situación cada día más deteriorada, creándose una polarización social que eclosionó en distintos movimientos populares [...]».⁶⁶

En el caso de Ecuador, la élite comercial asentada en la costa, dependiente económicamente de las exportaciones de cacao y relacionada por tanto con el mercado internacional, se fue diferenciando de aquella antigua élite ubicada en el interior, fundamentalmente en Quito, consolidada en torno a la producción en las haciendas para un mercado local.⁶⁷ En líneas generales, la burguesía costera se identificaba en mayor medida con las ideas liberales, mientras que la élite social del interior era mucho más conservadora. Kim Clark explica esta diferencia apelando a la menor presencia de la Iglesia católica en las zonas costeras, donde había un número inferior de iglesias, conventos y monasterios, así como al interés de la burguesía enrolada en el comercio internacional por adoptar un sistema librecambista, libre de barreras aduaneras que pudieran suponer un impedimento a la circulación de sus productos.⁶⁸ No obstante, desde un punto de vista estructuralista y neomarxista, Enrique Ayala afirma que la nueva burguesía comercial surgida en la costa en torno al comercio del cacao se alió con las antiguas élites terratenientes latifundistas serranas, renunciando así en buena medida a sus ideales liberales y modernizadores y dando lugar a un desarrollo capitalista reaccionario durante la etapa garciana.⁶⁹ En definitiva, Ayala habla de un «pacto histórico» entre liberalismo y latifundismo.⁷⁰ Cuando la burguesía costera alcanzó el suficiente poder económico, sin embargo, protagonizó una revolución contra el latifundismo serrano –la Revolución Liberal de 1895–, a partir de la cual Ecuador pasó de ser un «estado oligárquico terrateniente» a conformar un verdadero «estado liberal».⁷¹

En lo que respecta a Perú, igualmente la élite social se situaba mayoritariamente en el litoral, especialmente en la capital, Lima, junto a otras grandes ciudades costeras. Esta élite vivía de cara al mercado internacional a través de las exportaciones de guano, mientras daba la espalda al resto del país –y a su población– que se situaba en el interior. Así, Mark Thurner afirma que «a medida que prosperaba la modernización de la élite costera, y mientras “faraónicos” proyectos eran desarrollados en sus salones, el opulento “Estado de Lima” se alejaba de las regiones de las tierras altas del interior».⁷² En la misma línea, Fredrick Pike señala que la burguesía costera, dedicada al mercado internacional, tenía más conocimientos sobre lo que sucedía en Londres, París, Roma o Nueva York que sobre los nativos que vivían en las zonas del interior de su propio país. En este sentido, por ejemplo, el parlamentario Lavalle daba muestras de este desconocimiento en uno de sus discursos: «Yo conozco, felizmente, mucho a los Estados Unidos: he viajado larga y detenidamente por ellos; el interior del Perú, he dicho otra vez, que no lo conozco, sino por las relaciones que me han hecho muchos de mis HH colegas».⁷³ En buena medida, esto se explicaba por la carencia de buenas comunicaciones entre las diferentes regiones que caracterizaba a Perú aún en la segunda mitad del siglo XIX:

Un resultado de las dificultades del transporte es que la mayoría de ciudadanos que viven en Lima y otras ciudades de la costa donde los pudientes pueden disfrutar de todas las comodidades modernas, rara vez tienen la tentación de viajar dentro de su propio país.⁷⁴

Por tanto, en ambos países se fue configurando, por un lado, una élite blanca, burguesa, dedicada a actividades comerciales, con cierto nivel de instrucción, que se localizaba en las principales ciudades –fundamentalmente en la zona costera y en las capitales–; mientras que, por otro lado, había grupos de población indígena, mayoritariamente analfabeta y dedicada a actividades agrícolas, que se concentraba principalmente en las regiones del interior del país. Además, entre ambos grupos de población existía una enorme diferencia en cuanto a su cultura política, ya que mientras que la nueva burguesía comercial, a medida que se relacionaba económica y culturalmente con Europa introducía también las ideas liberales, la mayoría del país seguía viviendo en un mundo arcaico. Como apuntan Carlos de la Torre y Steve Striffler, las élites «se posicionaron como precursoras de la “modernidad”, el “progreso”, la “civilización”, e incluso la “democracia”». A pesar de ello, las diferencias entre «rico y pobre; campo y ciudad; blanco, mestizo, indígena y afrodescendiente» siguieron siendo claves en la configuración del panorama socioeconómico e incluso político.⁷⁵

En conclusión, el auge económico que experimentaron tanto Perú como Ecuador durante la segunda mitad del siglo XIX no repercutió en una mejora de la sociedad en general, sino que benefició exclusivamente a un determinado grupo de población. No obstante, el surgimiento de esta burguesía económica y su interés por insertar al país en los mercados internacionales trajo consigo de forma indirecta una consecuencia positiva: un incremento en la articulación del territorio, ya que esta élite social dedicó parte de los beneficios obtenidos en el comercio de exportación a la construcción de líneas férreas y a la mejora de los puertos. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, Perú y Ecuador se caracterizaban por la desconexión que existía entre sus diversas regiones. Sin embargo, a partir de esta fecha la fiebre del ferrocarril llegó también a estos países andinos, cuyas élites asociaban este medio de transporte con el progreso y la civilización. Con respecto a este último término, hay que tener en cuenta que el ferrocarril cumplía una labor importante no solo en materia económica, sino también como medio de llevar la «civilización» a aquellas regiones que se encontraban más atrasadas. Así, junto al interés económico de la burguesía mercantil se encontraba un deseo del Estado central por conseguir una mayor integración nacional de todo su territorio. En este sentido, muchos de los proyectos de construcción de líneas férreas comenzaban con palabras como estas: «La Nación declara interés superior a todo otro, así para su porvenir moral y político como para su prosperidad material, la construcción de vías férreas, y especialmente las de la costa al interior del país».⁷⁶

En lo que respecta a Perú, desde el Gobierno de Ramón Castilla se planteó la construcción del ferrocarril con el objetivo de mejorar el mercado peruano, conectando los mercados regionales entre sí y con el ámbito internacional, y favoreciendo la integración nacional del territorio. En palabras de Mark Thurner, «el Estado central se proponía [...] conquistar (físicamente) el interior andino con proyectos de construcción de ferrocarriles “civilizadores” y “exportadores”».⁷⁷ Con el mismo fin de la exportación de los principales productos peruanos, fundamentalmente el guano, se realizaron algunas mejoras en zonas portuarias. Sirva como ejemplo el caso del puerto de Casma, en el departamento de Ancahs, para el que se pedía en 1864 la declaración de «puerto mayor» y la construcción de un muelle, debido a los numerosos productos que se podían exportar desde allí, tales como el algodón (de alto precio en Europa), la lana, la plata en barra y los metales.⁷⁸ Sin embargo, como apunta Manuel Andrés, «la modernización planeada no conllevaba una transformación de las bases económicas y sociales tradicionales o, lo que es lo mismo, una eliminación de las bases coloniales de la economía y sociedad peruanas». Para empezar, no se apostó por consolidar un sólido mercado interno. De hecho, este historiador señala que la construcción frenética de líneas férreas trajo consigo una consecuencia no esperada: en vez de servir para dar salida a los productos nacionales, en gran medida contribuyó a dar entrada a las manufacturas extranjeras, lo que provocó una desintegración de la economía campesina.⁷⁹ Antonio Acosta trata el mismo asunto para el caso de El Salvador, aunque sus conclusiones pueden hacerse extensivas a los países andinos, ya que se encontraban en el mismo contexto económico y político. En la mayoría de países europeos el proceso de Revolución Industrial trajo consigo una transformación de las relaciones de producción, y por ende, de las estructuras sociales e institucionales. Sin embargo, este autor afirma que la burguesía de El Salvador, al igual que la de gran parte de América Latina, simplemente tomó algunos de los principios liberales que circulaban en Europa y los integró en sus propios textos legislativos, mientras se mantuvieron las estructuras sociales de la época colonial, lo que, en su opinión, supuso un freno al desarrollo político y, con el tiempo, desencadenaría conflictos sociales y políticos.⁸⁰

El Estado peruano se lanzó a una rápida construcción de líneas férreas a partir del rico negocio del guano. No obstante, resultó ser un proyecto costoso y mal planificado, lo que en gran parte condujo al surgimiento de una crisis financiera en la década de los setenta. Así, el proyecto de integración territorial, al que se dedicaron grandes cantidades de dinero, no consiguió los resultados esperados. Sin embargo, frente a la mala administración de las líneas férreas estatales, la iniciativa privada, procedente de los grandes terratenientes relacionados con el comercio del guano, el azúcar o el algodón, resultó más eficaz. Ulrich Mücke lo explica de la siguiente forma:

En contraste con el ferrocarril estatal, las pequeñas líneas férreas privadas resultaron rentables. Además de las rutas que conectaban Lima con Callao, Chorrillos y Magdalena, las líneas económicamente rentables iban desde las prensas azucareras, los campos de algodón y las minas de nitrato hasta los puertos cercanos. Por esta razón, los terratenientes a menudo financiaron las líneas.⁸¹

Eso sí, en estos casos solo se construyeron vías férreas en función de los intereses de las élites económicas que las financiaban, es decir, se trazaron líneas entre los lugares de explotación de las materias primas y el camino necesario para conducirlas a los puertos más próximos, desde los que se colocaba dichos productos en el mercado internacional. Por tanto, amplias zonas de Perú –fundamentalmente las zonas selváticas del interior– siguieron careciendo de una buena red de comunicaciones a lo largo de toda la época contemporánea.

Por su parte, en el caso ecuatoriano, la falta de comunicación entre las zonas más distantes podía observarse incluso a principios del siglo XX. En este sentido, Ronn Pineo afirma que hasta 1908, cuando se inauguró la línea que conectaba Quito y Guayaquil, el transporte desde la zona montañosa de la sierra hasta la costa era sumamente complejo: «el viaje desde Quito podía tomar dos semanas, con pocos hoteles o pensiones en el camino».⁸² En concreto, tal y como indica Kim Clark, la construcción de este ferrocarril suponía una excepción en el contexto latinoamericano, pues «proporcionó un grado inusual de integración nacional, comparado con muchos otros ferrocarriles latinoamericanos, ya que fue construido para conectar importantes centros de población en lugar de trasladar los productos de exportación de sus zonas de origen a un puerto». Así, el ferrocarril atravesaba cuatro de las cinco grandes ciudades de Ecuador: Guayaquil, Riobamba, Ambato y Quito, mientras que Cuenca quedaba excluida. La construcción de esta línea férrea ocupó grandes debates parlamentarios a finales del siglo XIX. Finalmente, la obra resultó del acuerdo entre las élites del interior y de la costa.⁸³ En este sentido, a pesar de la afirmación que realiza Kim Clark, lo cierto es que la construcción de esta línea férrea se llevó a cabo en función de los intereses concretos de las clases burguesas de una y otra región. Así, por ejemplo, Juan Paz y Miño señala que «los cultivadores de cacao, exportadores y banqueros de la costa no estaban particularmente interesados en el mediocre mercado de las tierras altas, y se mostraron poco dispuestos a correr con los gastos del ferrocarril».⁸⁴ De hecho, el negocio del cacao no dependía tanto del desarrollo del ferrocarril como de la navegación a vapor por los ríos hasta llegar a los principales puertos de la costa, especialmente el de Guayaquil, lo que explica el desinterés de los comerciantes cacaoteros sobre la construcción de líneas férreas.⁸⁵

En definitiva, como se ha visto en ambos casos, y al igual que ocurría en todo el mundo occidental, las élites socioeconómicas utilizaron los medios de transporte en su propio beneficio, por lo que solo se instalaron en determinadas zonas, que coincidían con los territorios en los que se explotaban los productos claves, y el recorrido necesario para conducir estos recursos hacia los puertos, por los que se les daba salida hacia el mercado internacional. Así, al calor del desarrollo industrial de los países de Europa Occidental y América del Norte, América Latina consiguió un amplio y rápido crecimiento económico entre 1850 y 1920.⁸⁶ Sin embargo, las consecuencias del auge económico se pueden resumir en una cada vez mayor polarización social y en un desajuste territorial entre las zonas costeras e interiores; entre el mundo urbano y el rural; entre las capitales, junto a otras grandes ciudades, y el resto del país. Por tanto, las variaciones regionales que caracterizaban a ambos países –elemento que se tratará en el siguiente apartado– estaban totalmente relacionadas con la situación socioeconómica e influían en el régimen político a establecer en este periodo.

Por otro lado, el crecimiento económico que experimentaron Perú y Ecuador en la segunda mitad del siglo XIX y los beneficios que se obtuvieron de la producción de guano y de cacao respectivamente, hicieron que ambos países pudieran renunciar al cobro del tributo indígena que se había venido recaudando desde la época colonial, y que hasta ese momento había constituido un pilar económico fundamental para las dos naciones. En Perú el tributo indígena quedó abolido en 1854, mientras que en Ecuador habría que esperar unos años más, hasta 1857. No obstante, es preciso señalar que en ambos países este elemento sufrió oscilaciones, siendo implantado y eliminado en diferentes ocasiones a lo largo del siglo XIX. Me detengo ahora en el análisis de este proceso ya que considero que los vaivenes sufridos en la recaudación de este impuesto no solo afectaron al ámbito económico, sino que tenían profundas conexiones con la evolución de las estructuras políticas, sociales y culturales. No en vano, este ha sido un tema que ha merecido la atención de numerosos autores a lo largo de la historiografía peruana y ecuatoriana.

El tributo indígena había sido establecido desde el siglo XVI. Se trataba de un impuesto que debían pagar los naturales de América al virrey en su condición de vasallos de la Corona española. Fue abolido por primera vez por las Cortes de Cádiz en 1811. En este momento, «el parlamento español estipuló que los indios cumplirían ahora las mismas obligaciones que los españoles (tanto los criollos como los peninsulares)». Sin embargo, pronto quedó claro que esta medida traería consigo un profundo déficit económico, por lo que en 1812 volvió a reimplantarse. No obstante, no se podía volver a hablar del «odioso tributo», un término que «era incompatible con la “dignidad de los ciudadanos españoles”». Así, en 1815 el tributo pasó a denominarse «contribución», supuestamente provisional y voluntaria, que se suponía un impuesto más digno.⁸⁷

Durante los primeros años de la independencia de Perú, entre 1821-1826, fue nuevamente suprimido por San Martín, como una forma de desmarcarse de la herencia colonial. Charles Walker señala que este fue un «acto simbólico» del Gobierno de San Martín, ya que la realidad era que su Gobierno no logró consolidar un poder suficiente para recaudar dicho impuesto. No obstante, a partir de esta fecha algunos políticos peruanos comenzaron a plantearse la posible reimplantación de dicho impuesto, lo que finalmente se llevó a cabo en agosto de 1826. La «contribución de indígenas» –un término que, a su vez, vino a sustituir a la colonial denominación de «indios»– estuvo en vigor nuevamente en Perú entre 1826 y 1854. Durante este periodo, el pago de este impuesto hacía que los indios que lo sufragaban fueran considerados como miembros útiles, contribuyentes, y por tanto parte de la nación. Esto se debía a que, «siguiendo los principios republicanos liberales», el tributo ya no se pagaba a los jefes étnicos, como sucedía durante la época colonial, sino al Estado (a través de una red clientelar en la que intervenían el contribuyente, el comisionado, el gobernador y el subprefecto). La contribución a la hacienda del Estado suponía, por tanto, «ser un buen republicano».⁸⁸

Esta situación se transformó con la llegada del auge guanero desde la década de los cincuenta, que hizo innecesario seguir cobrando el tributo o contribución. Además, la abolición del tributo formaba parte de las promesas realizadas por Ramón Castilla, que se vio en la necesidad de ampliar su base de apoyo político.⁸⁹ Así, el periódico El Comercio del 12 de enero de 1854 recogía las siguientes palabras del presidente, mediante las que justificaba la medida que se iba a ejecutar unos meses después:

A partir de 1855 se suprime la contribución indígena, y desde entonces no aportarán sino de la misma manera que lo hacen los demás habitantes del Perú [...]. Emancipado del humillante tributo impuesto sobre su cabeza hace tres siglos y medio, y elevado por el efecto natural de la civilización, el Perú ganará una población numerosa y productiva en la raza indígena, que sin duda le ofrecerá una contribución más rica.⁹⁰

Finalmente, el 5 de julio de 1854 se produjo la derogación de dicho impuesto. El objetivo de Castilla era sustituir el tributo pagado exclusivamente por los indígenas por un impuesto denominado «contribución personal», que tendrían que pagar todos los ciudadanos varones adultos, con excepción de los sacerdotes, soldados, ancianos y discapacitados. Sin embargo, este impuesto universal nunca llegaría a implantarse. Contrariamente a lo que pretendía Castilla, la abolición del tributo indígena solo consiguió una desvertebración de la sociedad andina entre el Estado central en Lima y las tierras del interior. A partir de ese momento, la economía peruana pasaba a depender exclusivamente de las exportaciones de guano, lo que favorecía el predominio de las regiones costeras y sus élites económicas sobre las poblaciones del interior.⁹¹

Sin embargo, en la década de los sesenta el tema volvía a estar candente entre los parlamentarios peruanos, muchos de los cuales entendían que la abolición del tributo indígena era una forma de excluir al indio de la nación. En este razonamiento operaba el hecho de que el contribuyente (es decir, el que pagaba impuestos) a menudo era identificado con el ciudadano. Esta era una asociación que procedía de la Constitución de Cádiz, en la que se había establecido que el pago de impuestos era uno de los deberes a los que tenía que hacer frente el ciudadano, junto con la obediencia a las leyes, el respeto a las autoridades y la defensa de la patria. Por tanto, teóricamente, aquellos que estaban exentos de pagar impuestos quedarían también al margen de la ciudadanía.⁹²

En este sentido, durante el año 1867 se llevó a cabo un profundo debate parlamentario en el Congreso sobre la necesidad de reimplantar o mantener la supresión de este impuesto. Para muchos de los políticos e intelectuales del momento, entre ellos Manuel Pardo –líder del Partido Civil desde 1871–, «el único medio de oxigenar la economía del país y de restablecer los vasos comunicantes entre el Estado y los indios era el tributo».⁹³ Es decir, volvía a estar presente la idea que había protagonizado el periodo 1826-1854: a través de esta contribución el indígena podía pasar a incluirse como un miembro más de la nación, ya que con sus impuestos ayudaba a sustentar el Estado. Por ello, el mantenimiento del tributo indígena se suponía fundamental para la integración del indio en el Estado nacional, siendo considerado un ciudadano más. La opinión de Pardo era compartida también por algunos representantes, como José Casimiro Ulloa –el cual, por cierto, tenía ancestros mestizos– o Francisco García Calderón. Sin embargo, cuando finalmente se realizó la votación en el Congreso triunfó la opción de suprimir el tributo indígena, por cincuenta y cinco votos frente a diecinueve. En buena parte esta resolución se podía explicar por el miedo a una posible guerra civil si se volvía a imponer un impuesto tan discriminatorio como este.⁹⁴ Así, la contribución fue definitivamente eliminada en la Constitución de 1867.

Por su parte, Ecuador experimentó un proceso similar en relación con el tributo indígena. Durante el periodo de la Gran Colombia, el tributo indígena fue suprimido por Bolívar en 1821. Aunque este era un recurso importante para el país, ya que representaba «el principal rubro del erario público», al igual que aconteció en Perú con San Martín, los grandes «libertadores» recurrieron a esta medida como una forma de desvincularse del anterior gobierno colonial y, teóricamente, conseguir la integración de la población indígena en la nación, «con los mismos derechos y obligaciones que los demás ciudadanos». Sin embargo, tras las quejas de los terratenientes de la sierra durante los siguientes años, en 1828 el impuesto volvía a ser reimplantado bajo el nuevo nombre de «Contribución Personal de Indígenas».⁹⁵ En palabras de Silvia Palomeque, a partir de este momento «se abandona el proyecto general de ciudadanización de los indígenas».⁹⁶ Este impuesto seguiría vigente hasta mediados de los años cincuenta. En 1843 hubo un intento por parte de Juan José Flores de extender la contribución a los blancomestizos. No obstante, una serie de revueltas –en Chambo, Licto, Punín, Guano, Cayambe, Cotacachi y Tabacundo– por parte de un sector de población que consideraba este intento de imposición fiscal como algo degradante, al equipararlos con los indios, impidió que finalmente pudiera establecerse.⁹⁷

En la segunda mitad del siglo XIX, el impuesto fue nuevamente suprimido en 1857, durante el Gobierno de Urbina. A partir de entonces, la economía ecuatoriana pasaría a depender casi en exclusiva de las exportaciones de cacao. Con esta medida se pretendía, una vez más, extender la categoría de «ciudadano» a todos los ecuatorianos, haciéndoles partícipe de una misma nación. No obstante, Andrés Guerrero afirma que la realidad seguía mostrando la segregación étnica:

Como no sabían hablar español, y mucho menos leerlo o escribirlo, la población previamente identificada como indígena permanecía, por definición, al margen de la ciudadanía plena. Para la ciudadanía del siglo XIX –esto es, adultos, hombres, letrados y ricos blanco-mestizos– lo impensado era prácticamente impensable, es decir, que los indios, personas a las que estaban acostumbrados a tratar como sus inferiores en casa, en el campo, en las calles y en los mercados, pudieran ser libres e iguales que los ciudadanos ecuatorianos.⁹⁸

Además, este autor incide en el hecho de que la supresión del tributo indígena, lejos de lograr la integración social de este grupo de población, supuso una pérdida de poder en el ámbito local y regional por parte de las autoridades étnicas. Hasta 1857, los caciques y los gobernadores de indios habían ejercido una importante función en relación con el cobro de la contribución, ya que el nuevo Estado los necesitaba para que ejercieran el papel de intermediarios ante la mayoría de población indígena. Sin embargo, desde 1857 los funcionarios blanco-mestizos (que ocupaban el cargo de tenientes políticos) se sobrepusieron a las autoridades étnicas, y las leyes del Estado central, a las leyes comunales.⁹⁹

En definitiva, nos encontramos con que en la segunda mitad del siglo XIX las diferencias socioeconómicas entre los peruanos y los ecuatorianos, desde un punto de vista socioeconómico y étnico, se fueron haciendo cada vez más notorias. A ello se unía la diferenciación regional, que desempeñaba un papel relevante en las condiciones económicas, sociales y culturales de la población.

ESTRUCTURA TERRITORIAL Y DIFERENCIACIÓN REGIONAL

Como se ha visto, la disparidad socioeconómica que caracterizó a ambos países a lo largo del siglo XIX a menudo estaba asociada a la diferenciación regional. Además, el concepto de representación que albergaban las élites parlamentarias dependía en gran medida de las características geográficas de cada país. Por ello, creo oportuno dedicar un último apartado de este capítulo a analizar la estructura territorial de Perú y Ecuador durante la segunda mitad del siglo XIX y su relación con el ámbito político, social y económico.

A través de los textos constitucionales desarrollados en la década de 1860, ambos países quedaron estructurados en tres niveles en lo que respecta a su administración interior, si bien la nomenclatura y los cargos de dirección de cada uno de ellos variaban de un país a otro. Cada uno de estos cuerpos era bastante autónomo y contaba con sus propias autoridades, aunque en última instancia dependían del poder ejecutivo. Por tanto, la estructura territorial definida en los textos constitucionales de 1860-1861 ponía de manifiesto que no eran sistemas demasiado centralistas. En Perú, la Constitución de 1860 dividía la República en departamentos, que a su vez comprendían varias provincias, entre las cuales se hallaban diferentes distritos. Los departamentos se encontraban gobernados por prefectos, las provincias por subprefectos, y los distritos por gobernadores. Asimismo, la Constitución contemplaba la instalación de tenientes gobernadores donde fuese necesario. En el caso de Ecuador, los tres niveles de administración en los que se dividía el país mediante la Constitución de 1861 eran las provincias, los cantones y las parroquias, dirigidos respectivamente por el gobernador, el jefe político y el teniente.¹⁰⁰

Además de esta estructuración formal, la realidad presentaba profundas diferencias entre las diversas regiones, que estaban relacionadas con la presencia de distintas situaciones socioeconómicas y que afectaban a la organización política y al precario desarrollo de una conciencia nacional. Así, un fenómeno común a ambos países durante el siglo XIX fue el regionalismo.

Desde la independencia, el territorio que actualmente forma parte de Ecuador se encontraba dividido en tres grandes provincias lideradas por tres ciudades principales: Guayaquil, en la costa; Quito, en la sierra norte; y Cuenca, en la sierra sur. Estas tres regiones presentaban grandes diferencias ya desde los primeros años del siglo XIX. Así, por ejemplo, mientras que Quito quería formar parte de Colombia, Guayaquil y Cuenca preferían anexionarse a Perú. Esto se debía a diferentes tradiciones históricas e intereses económicos que habían conectado en mayor medida a Quito con Bogotá y a Guayaquil y Cuenca con Lima. Finalmente, Guayaquil y Cuenca tuvieron que ceder en sus aspiraciones, hecho que quizás estuvo motivado por la temprana independencia acaecida en la República de Colombia desde 1819, mientras que en esta fecha Perú seguía estando en manos realistas. También existían discrepancias entre las tres regiones en cuanto a las actividades económicas que se llevaban a cabo y, por tanto, en cuanto al proyecto económico que se quería instalar: librecambismo o proteccionismo. Por un lado, los incipientes comerciantes cacaoteros de Guayaquil apostaban por un sistema económico liberal que propiciara unas comunicaciones fluidas para favorecer el comercio de sus productos a través de su puerto. Por otro lado, los terratenientes de Quito y de Cuenca, anclados en una política económica colonial, pedían el «restablecimiento de la contribución indígena», el «aumento de las tasas arancelarias», así como el «apoyo a la religión católica y por tanto a su Iglesia». Todo esto ponía de manifiesto que en los inicios del siglo XIX los líderes del movimiento independentista aún no tenían clara la definición de las fronteras en los nuevos Estados independientes. En este sentido, la historiografía ecuatoriana a menudo se ha cuestionado si el surgimiento del Estado del Ecuador no fue un «accidente geográfico». No obstante, sí que existía un elemento en común entre las tres regiones: la presencia del latifundio y, por tanto, de grandes terratenientes que precisaban un gobierno fuerte que les asegurara el mantenimiento de «una dominación directa sobre la población indígena, esclava y campesina».¹⁰¹

Por otra parte, más allá de la sierra, en el interior del continente, se situaban las conocidas como «provincias orientales», la zona más deprimida de Ecuador, donde residía una población dispersa, en un gran porcentaje indígena. En Ecuador, la cuestión territorial suponía un problema de carácter nacional, ya que existían múltiples debates en torno a la delimitación de los territorios que formaban parte de la nación y de los ciudadanos que la componían. Así, entre las disposiciones comunes de la Constitución ecuatoriana de 1861 se establecía que «todos los lugares que por su aislamiento o distancias de las demás poblaciones, por su escaso vecindario o atrasada civilización» debían regirse por disposiciones especiales. Entre estos territorios se encontraban la provincia del Oriente –«regida por leyes especiales hasta que el aumento de su población y los progresos de su civilización le permitan gobernarse como las demás»– o el archipiélago de Galápagos.¹⁰²

Quito, la capital, era el lugar que concentraba un mayor número de población. Además, contenía la mayor cantidad de población ilustrada del país, pues aquí se situaba la mayoría de colegios y universidades. Durante la época colonial, la élite social terrateniente había estado ubicada en este territorio. Sin embargo, como ya se ha visto, esta élite fue siendo desplazada desde el siglo XIX por la burguesía comercial asentada en la costa. También era la zona que albergaba un mayor número de iglesias y una mayor cantidad de población católica. En palabras de Ronn Pineo, «la religión, la educación y las artes pronto se centraron en Quito».¹⁰³

Por su parte, Guayaquil, con una economía basada principalmente en la explotación cacaotera y el comercio internacional a través de los puertos, era el lugar donde se situaba en gran medida esa burguesía comercial y financiera a la que se ha hecho referencia en el apartado anterior. Era, por tanto, una zona de prosperidad económica, como relataba el New York Times: «El comercio en Guayaquil es muy próspero, todos los comerciantes hacen dinero».¹⁰⁴ Al estar situado en uno de los márgenes del país, el territorio de Guayaquil siempre mostró un deseo de mayor autonomía política, frente al poder central ubicado en Quito. Así, los guayaquileños no estaban tan interesados en la política nacional como en conseguir beneficios para su propia región, lo que presentaba un grave problema para la consolidación del nacionalismo ecuatoriano. De hecho, si por algo se caracterizaba Ecuador era por su profundo regionalismo, un elemento que fue percibido incluso por algunos observadores foráneos, como el ministro de Estados Unidos en Ecuador Friedrich Hassaurek: «En casi todos los países hispanos el espíritu del provincialismo reina de manera suprema. Lo mismo ocurre en Ecuador, mucho más, sin embargo, en la costa que en el interior».¹⁰⁵

Las diferencias económicas, sociales y culturales entre Quito y Guayaquil eran notorias, así como las desavenencias entre sus habitantes. Por ello, los «blancos racistas» serranos criticaban la laxa religiosidad que imperaba en la costa, así como el mestizaje que se daba entre los «montuvios», a los que se referían como «monos». Por su parte, los costeños consideraban a los quiteños como «orgullosos y santurrones, y afirmaban que la piedad ostentosa de la sierra se forjaba con hipocresía».¹⁰⁶

Por último, las provincias orientales, a menudo consideradas «bárbaras» o «incivilizadas» por los políticos ecuatorianos del momento, era una zona en gran parte desconocida. Como ya se ha comentado, en este territorio residía una población mayoritariamente indígena y analfabeta. Una de las soluciones que se plantearon desde el Estado para paliar estos inconvenientes pasaba por educar a la población iletrada, una tarea que en gran medida ejercieron las organizaciones católicas, en concreto los jesuitas. El diputado José Ignacio Ordóñez –el cual fue además obispo de Riobamba y arzobispo de Quito– exponía así la situación y la solución: «existiendo vastos lugares en estado de barbarie en la banda oriental de la cordillera, lugares en que se aumentaría la población y saldría esta de la barbarie mediante la predicación del evangelio por las misiones que iban a establecerse».¹⁰⁷ Igualmente, el representante y también sacerdote Vicente Cuesta afirmaba la necesidad de que la Compañía de Jesús se encargara de «civilizar» a las poblaciones que quedaban fuera de la nación (aunque teóricamente formaban parte de ella):

En balde decimos que los límites de nuestra República son desde el Océano hasta Tabatinga; estos límites solo existen en el mapa, puesto que la verdadera población ecuatoriana está circunscrita a las regiones andinas y a la costa del Pacífico. Las ricas regiones orientales, los grandiosos ríos que las atraviesan en todas direcciones, son aún vírgenes para nosotros. Desengañémonos pues, el interés particular no civilizará el Oriente, como no lo ha hecho hasta ahora, y preciso es dejar esta obra a la caridad cristiana [...]. La Compañía de Jesús en el Oriente sería, además, la salvaguardia de la integridad territorial de la República.¹⁰⁸

El debate sobre la permisión de la entrada en el país a los jesuitas, con el objetivo fundamental de educar y civilizar a una gran cantidad de población que vivía en los márgenes de la alfabetización y, por tanto, del sistema político que se estaba construyendo, fue un tema bastante recurrente en Ecuador a lo largo de todo el siglo XIX. Por ello, en los capítulos 6 y 7 se profundizará en la relevancia que tenía el requisito de la alfabetización para obtener el derecho a la ciudadanía en Ecuador, así como en las medidas implementadas en la época garciana para extender la educación en la nación. En la misma línea que Cuesta, el representante Ramón Borrero aseguraba que la llegada de la Compañía de Jesús podía ayudar a que «se civilicen las hordas salvajes que habitan nuestras extensas regiones».¹⁰⁹ Los discursos que hablaban de «civilizar» a las «hordas salvajes» tenían sentido en un momento en el que en todo el mundo occidental existía una idealización de la idea de progreso, un progreso tanto moral como tecnológico y material. La educación, por tanto, jugaba un papel esencial en el objetivo de aumentar el progreso de la civilización, un elemento que quedaba patente en el discurso de la comisión encargada de dirimir la idoneidad de la entrada de los jesuitas en Ecuador:

Las misiones y la instrucción pública son las primeras y las más premiosas necesidades de nuestra República ecuatoriana [...] para salir del estado de postración en que se halla sumergida; lo que nuestros pueblos piden para ensanchar sus relaciones comerciales, dar vida a su industria y ponerse en la senda del progreso, lo que la humanidad exige en bien de nuestros infelices compatriotas que viven sumidos en las tinieblas de la ignorancia y del error, y lo que la santa religión predica en favor de los infieles que pueblan nuestros desiertos, insultas y foraces selvas a fin de que salgan de su ignorancia y de sus errores.¹¹⁰

Evidentemente, esta parte de la población considerada ignorante y atrasada, a menudo asociada con la población indígena que vivía alejada de los principales núcleos urbanos, quedaría también al margen de la vida política. Los mismos legisladores blancos, burgueses e ilustrados se encargaron de establecer mediante constituciones y leyes una serie de restricciones a la participación política de aquel gran sector de población. Por tanto, las diferencias territoriales repercutían en el modelo de sistema representativo que se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XIX. Así, por ejemplo, el diputado Toribio Baltazar Mora proponía que el distrito de Quito, «que tiene una Universidad y más establecimientos literarios que los otros, debe naturalmente poseer mayor número de ciudadanos ilustrados, aptos para ejercer los derechos de la soberanía», y por tanto debía tener una mayor representación en el Parlamento.¹¹¹

También en Perú las diferencias territoriales, étnicas y socioeconómicas estaban relacionadas con la construcción de un determinado modelo político de representación parlamentaria. En este caso, existían profundas diferencias entre las grandes ciudades de la costa –entre las que cabe destacar la capital, Lima– y las zonas rurales del interior. De hecho, la diferenciación entre la costa y la sierra había sido una constante a lo largo de la historia de Perú e influía en la diversidad de su población, como puso de manifiesto el viajero Ephraim George Squier en 1877:

Las características geográficas y topográficas de esta vasta región son singularmente marcadas y notables, y actuaron poderosamente sobre sus habitantes antiguos, como lo hacen en el presente. [...] La antigua población de Perú podía ser dividida entre la gente de la costa y la de la sierra, las principales características de cada una son determinadas por las condiciones físicas de la región en la que habitan.¹¹²

Era fundamentalmente en la costa donde se situaba aquella burguesía dedicada a la explotación del guano y al comercio con Europa a través de los puertos. Además, en esta zona se situaban las principales escuelas y universidades, por lo que contaban con un mayor número de población ilustrada. Por otro lado, el interior era un territorio mucho más deprimido económicamente, con un mayor número de población indígena e iletrada, y con considerables problemas en la articulación del territorio debido a la carencia de infraestructuras. Al igual que sucedía en Ecuador, en ocasiones los representantes peruanos también se referían a la población que habitaba estos territorios como «bárbaros» o «salvajes». Así, por ejemplo, en medio de la discusión sobre el número de diputados que debían elegirse en cada departamento según la ley electoral de 1861, el senador Francisco Alvarado Ortiz, representante de la Amazonía, aseguraba que «la provincia de Loreto tiene más de cincuenta mil habitantes, sin contar con los innumerables salvajes que la pueblan».¹¹³

En la década de los sesenta, el proyecto nacionalizador se dirigió casi en exclusiva a las zonas urbanas, dejando de lado los núcleos rurales. Lima y otras ciudades costeras fueron las únicas beneficiadas de la explotación guanera, mientras que el mundo rural quedaba al margen del desarrollo económico. Así, el auge guanero produjo, entre otros graves efectos, una fragmentación de la conciencia nacional, pues las diferencias económicas, sociales y culturales entre unas y otras zonas del país eran palpables. En palabras de Ulrich Mücke, y partiendo de los planteamientos de la historia nueva, cuando comienza la guerra con Chile en 1879, Perú no era «una nación moderna y unificada», sino «un mosaico de muchos feudos precapitalistas con una clase burguesa en la capital».¹¹⁴ Además, desde este momento se produjo una fuerte emigración procedente de las zonas rurales del interior del país hacia las grandes ciudades, especialmente Lima. Esto repercutió en un crecimiento y consolidación de la capital peruana, que en los primeros años de la República «aún no había logrado consolidar su hegemonía sobre el resto del país».¹¹⁵ El proceso de emigración iniciado en la segunda mitad del siglo XIX y continuado a lo largo del siglo XX convertiría a Lima en una enorme ciudad inundada de suburbios marginales.

La diversidad socioeconómica y territorial ejerció una profunda influencia en el modo en que los legisladores peruanos imaginaron el sistema político, lo que a menudo se reflejaba en los discursos parlamentarios. Así, por ejemplo, muchos de los representantes peruanos adujeron el atraso educativo de gran parte de la población peruana –especialmente de aquella que se situaba en las zonas del interior– para justificar la necesidad de implantar un modelo de sistema electoral indirecto. Finalmente, estas características tuvieron una influencia directa en la exclusión política de ciertos sectores de población. En palabras de Mauricio Novoa,

[...] si una experiencia burguesa existió en el Perú, entonces uno de sus fundamentos debería de encontrarse en la manera cómo un grupo de intelectuales, casi todos abogados, transformó el contenido de la soberanía de la nación en 1860-1900 para poder dividir a la población peruana en dos partes. Una parte urbana, educada y económicamente solvente, que participaba de las decisiones políticas, y otra rural, analfabeta y pobre con escasa, o ninguna participación política.¹¹⁶

* * *

En definitiva, se puede concluir que las profundas contradicciones socioeconómicas y geográficas que caracterizaban a ambos países en la segunda mitad del siglo XIX se traducían también en la administración territorial diseñada a través de sus textos constitucionales y en los debates parlamentarios en torno a la construcción del sistema representativo. El crecimiento desigual entre las grandes ciudades (fundamentalmente costeras) y las zonas rurales del interior coincidió con un momento en el que los grupos parlamentarios de ambos países estaban redefiniendo las bases del sistema representativo y del Estado nación. Así, a la hora de establecer un determinado modelo político los legisladores tuvieron en cuenta las diferencias no solo socioeconómicas, sino también territoriales y étnicas. Además, se puede afirmar que en ambos países andinos aparecía un fenómeno regionalista que impedía la formación de una verdadera conciencia nacional.

En el caso de Ecuador, Ronn Pineo asegura que la presencia de los Andes en mitad de su territorio condicionó el surgimiento de profundas diferencias «en etnia, idioma, religiosidad y cultura» a uno y otro lado. Además, asegura que «la gente de la costa y de la sierra se han mirado con demasiada frecuencia con un sentimiento mutuo de sincero desprecio y oscura sospecha». A ello se unía el precario sistema de comunicaciones internas, que imposibilitaba la movilidad de los ecuatorianos dentro de sus propias fronteras. Todo ello propiciaba que los ecuatorianos del siglo XIX definieran sus intereses en función de su familia, su pueblo o su región; «para estas personas, el “nacionalismo” tenía poco significado».¹¹⁷

Por su parte, Fredrick Pike también señala que las «barreras geográficas y el consiguiente aislamiento de los sectores de población, así como las rivalidades regionales», actuaron como impedimentos para la consecución de una conciencia nacional en Perú. Desde su punto de vista, los diferentes sectores sociales y territoriales que componen Perú se han mostrado a lo largo de su historia como entidades «desconectadas, desconocidas, o, lo que es peor, hostiles entre sí».¹¹⁸ De hecho, los propios parlamentarios peruanos de mediados del siglo XIX eran conscientes de esta realidad de fragmentación socioterritorial peruana, tal y como puede observarse en un discurso pronunciado en 1860 en el que se clamaba por la unión del país frente a las disputas regionalistas: «¿Al rico y opulento Perú qué le falta? “Unión”, con esta vendrá la paz, con ella las instituciones; con unión, paz e instituciones, libertad y progreso, exigencias del siglo XIX».¹¹⁹

Por tanto, el importante regionalismo que caracterizaba a ambos países andinos estaba directamente relacionado con una concepción de la identidad más corporativa y provincial que nacional, como se verá en los próximos capítulos.

¹ Marta Irurozqui: «Ciudadanía armada versus caudillismo. Tres historias bolivianas sobre violencia y ley constitucional, 1841-1875», en Nuria Tabanera y Marta Bonaudo (coords.): Historia de las culturas políticas en España y América Latina. América Latina de la independencia a la crisis del liberalismo (1810-1930) V: Historia de las culturas políticas en España y América Latina, Madrid / Zaragoza, Marcial Pons Historia / Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016, pp. 99-129, esp. p. 117.

² Aunque el término no aparece en el diccionario de la Real Academia Española, según el Diccionario Enciclopédico Español el civilismo, en contraposición al militarismo, es aquella doctrina política que defiende la toma del poder por parte de individuos pertenecientes

a la esfera civil, dejando a los militares exclusivamente el poder militar. Es un término frecuentemente utilizado en la historia política de algunas naciones latinoamericanas. En concreto, en Perú este concepto hace referencia a la ideología del Partido Civil, fundado en 1871.

³ A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el ya consolidado sistema liberal se desgranó en varias tendencias ideológicas, que en América Latina quedarían representadas fundamentalmente en dos grupos: «liberales» –partidarios de un liberalismo más progresista y amplio– y «conservadores» –defensores de un liberalismo más moderado, con mayores restricciones y limitaciones–. No obstante, hay que dejar claro que ambas corrientes planteaban sistemas políticos modernos, en los que la Constitución, el Parlamento o los derechos individuales seguían constituyendo los pilares básicos. Trataré de forma más profunda esta bifurcación del liberalismo en Perú y en Ecuador a lo largo del próximo capítulo.

⁴ Peter Flindell Klarén: Peru. Society and nationhood in the Andes, Nueva York / Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 162-163.

⁵ Carmen McEvoy y José Luis Rénique: Soldados de la República. Guerra, correspondencia y memoria en el Perú (1830-1844) II, Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú / Instituto Riva-Agüero, 2010, pp. 683-689.

⁶ Víctor Peralta Ruiz: «La guerra civil peruana de 1854. Los entresijos de una revolución», Anuario de estudios americanos 70-1, 2013, pp. 195-219, esp. p. 197.

⁷ Mark Thurner: From two republics to one divided. Contradictions of Postcolonial Nationmaking in Andean Peru, Durham / Londres, Duke University Press, 1997, p. 44.

⁸ V. Peralta Ruiz: «La guerra civil peruana de 1854...», p. 197.

⁹ Ibíd., p. 217.

¹⁰ Archivo General de la Nación (en adelante, AGN), Ministerio de Gobierno y Obras Públicas, Cámaras Legislativas, Diputados de varias provincias, leg. O. L. 433, n.º 359a, 7/05/1861.

¹¹ V. Peralta Ruiz: «La guerra civil peruana de 1854...», p. 215.

¹² Manuel Andrés García: La construcción del poder: Estado, Nación e Identidades. La construcción del Estado Nacional en Perú y la marginación política indígena (siglo XIX), Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2002, p. 111.

¹³ Graham H. Stuart: The governmental system of Peru, Washington, Carnegie Institution of Washington, 1925, p. 14.

¹⁴ El Peruano, «El General Castilla a la Nación», 25/10/1862.

¹⁵ José Pareja Paz-Soldán: Derecho constitucional peruano, Lima, Librería Studium, 1973, p. 119.

¹⁶ César L. Gamboa Balbín: «¿Excepciones al modelo electoral gaditano? Las elecciones directas en el Perú del siglo XIX», Elecciones 2, 2003, pp. 169-200, esp. pp. 191-195.

¹⁷ G. H. Stuart: The governmental system..., pp. 17-18.

¹⁸ El Peruano, «Traslación de los restos del Ilustre Gran Mariscal Libertador Don Ramón Castilla», 15/04/1868.

¹⁹ Una historia general de los cambios de gobierno durante el periodo 1850-1870 se puede encontrar en Domingo Tamariz Lúcar: Historia del poder. Elecciones y Golpes de Estado en el Perú, Lima, Jaime Campodónico, 1995.

²⁰ Cristóbal Aljovín de Losada y Sinesio López (coords.): Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2005, p. 12.

²¹ De hecho, para el historiador Juan Luis Orrego esta organización política sería el primer partido político de la historia peruana, si bien no consiguió triunfar en las elecciones y hacerse con el poder, lo que sí lograría el Partido Civil años más tarde. Además, afirma que el Partido Civil se nutrió de muchos elementos que había planteado con anterioridad el Club Progresista. Juan Luis Orrego Penagos: Domingo Elías y el Club Progresista: los civiles y el poder hacia 1850, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1989; «Un proyecto liberal en el Perú del siglo XIX: el Club Progresista», Procesos históricos: revista de historia, arte y ciencias sociales 7, 2005. Otros autores que han estudiado el papel que desempeñó el Club Progresista, sin embargo, no lo consideran un partido político como tal, sino, como apunta Alex Loayza, como un «embrión» de partido político. Alex Loayza: «El Club Progresista y la coyuntura electoral de 1849-1851», en Cristóbal Aljovín de Losada y Sinesio López: Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2005, pp. 395-424.

²² Esta formación política ha merecido la atención de buena parte de la historiografía peruana, si bien la mayor parte de ella se ha dedicado al análisis desde una perspectiva personalista, a través de la figura que lo representa: Manuel Pardo. En esta línea, debo destacar la encomiable labor llevada a cabo por Carmen Mc Evoy: Un proyecto nacional en el siglo XIX: Manuel Pardo y su visión del Perú, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1994, además de mencionar otras obras anteriores, como Carlos Miró Quesada Laos: Autopsia de los partidos políticos, Lima, Páginas Peruanas, 1961; Evaristo San Cristóval: Manuel Pardo y Lavalle, su vida y su obra, Lima, Gil S. A., 1954. Desde una óptica diferente realiza su análisis el historiador alemán Ulrich Mücke, que cuenta con varias obras dedicadas a esta formación política, la mayoría de las cuales se han centrado en la relación que guardaba el Partido Civil con los partidos políticos parlamentarios que surgieron en el Congreso en los años precedentes como Ulrich Mücke: Political Culture in Nineteenth-Century Peru. The Rise of the Partido Civil, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2004 (traducción del original Der Partido Civil in Peru, 1871-1879, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1998); «El liberalismo peruano después de Ramón Castilla. Ideología y política de Manuel Pardo», en F. Denegri: Homenaje a Félix Denegri Luna, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2000.

²³ Esta idea fue instituida por Jorge Basadre y seguida desde entonces por la historiografía peruana posterior. Jorge Basadre: Historia de la República del Perú. 1822-1933, Lima, Empresa Editora El Comercio, 2005 (1.ª edición: 1939).

²⁴ Como ha señalado Ana Buriano, la figura de García Moreno ha merecido la atención de la historiografía prácticamente desde su contemporaneidad, debido a la fascinación que

ha generado en los historiadores tanto su personalidad como su proyecto político desde diferentes puntos de vista, que oscilan entre la satanización y la adoración. Ana Buriano Castro: «Entre el protectorado y la república del Sagrado Corazón: el Ecuador garciano, 1860-1875», Historia Mexicana vol. 65, n.º 2 (258), 2015, pp. 561-597, esp. pp. 561-563.

²⁵ Pilar Ponce: Gabriel García Moreno, Quito, Editorial El Conejo, 1990.

²⁶ Ana Buriano Castro: «Tres momentos del discurso conservador ecuatoriano, 1860-1875», Procesos. Revista ecuatoriana de historia 21, 2004, pp. 115-145, esp. p. 121.

²⁷ Juan Maiguashca: «El proyecto garciano de modernidad católica republicana en Ecuador, 1830-1875», en Marta Irurozqui: La mirada esquiva: reflexiones históricas sobre la interacción del estado y la ciudadanía en los Andes (Bolivia, Ecuador y Perú), siglo XIX, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2005, pp. 233-260, esp. p. 252.

²⁸ Juan Maiguashca: «El proceso de integración nacional en el Ecuador: el rol del poder central, 1830-1895», en Juan Maiguashca (ed.): Historia y Región en el Ecuador 1830-1930, Quito, Corporación Editora Nacional, 1994, pp. 355-420, esp. pp. 410-412.

²⁹ Alfredo Pareja Diezcanseco: Historia del Ecuador, Quito, Editorial Colón, 1962, pp. 278-279. En el contexto de cuestionamiento de la nación ecuatoriana que trajo consigo la «crisis nacional» surgieron varios planes de anexión a potencias extranjeras, entre ellos, la propuesta de García Moreno de anexionar Ecuador al Segundo Imperio francés de Napoleón III.

³⁰ Archivo Histórico del Ministerio de Cultura de Ecuador (AHMC), leg. ADQ.1.1.2: Recortes de prensa, folletos y pasquines, «El Chimborazo al Excelentísimo Señor Gabriel García Moreno», Riobamba, 17/10/1860.

³¹ AHMC, leg. ADQ.1.1.2: Recortes de prensa, folletos y pasquines, «La República y la provincia de Loja», Loja, Impreso por Casimiro Cano, 10/05/1861, p. 1.

³² Luis Robalino Dávila: Orígenes del Ecuador de hoy, Quito, 1967 (1.ª edición: 1948), pp. 104-105. Si bien el método historiográfico utilizado por este historiador, instalado en el positivismo, me parece un tanto anticuado, considero que esta obra ofrece importantes datos biográficos que permiten comprender mejor la personalidad e ideología de Gabriel García Moreno.

³³ Ibíd., pp. 138-139.

³⁴ Las palabras de García Moreno son citadas en Luis Robalino Dávila: Orígenes del Ecuador..., pp. 137 y 133, respectivamente.

³⁵ A. Pareja Diezcanseco: Historia del Ecuador..., p. 295.

³⁶ Concordato celebrado entre Su Santidad Pío IX y el Gobierno del Ecuador, Quito, Imprenta Nacional, 1863. Firmado en Roma el 26 de septiembre de 1862 y ratificado en Quito el 17 de abril de 1863. Tras algunas reformas de esta primera versión, la redacción definitiva del Concordato quedaría fijada en 1866.

³⁷ L. Robalino Dávila: Orígenes del Ecuador... Profundizaré en los objetivos y desarrollo de dicho congreso internacional en el capítulo 10.

³⁸ Ana Buriano Castro: «Ecuador 1868: la frustración de una transición. Coyuntura electoral y prácticas políticas», Secuencia 86, 2013, pp. 77-109, esp. pp. 77-78.

³⁹ A. Pareja Diezcanseco: Historia del Ecuador..., p. 293.

⁴⁰ Ibíd., p. 296.

⁴¹ Tanto los contemporáneos que escribieron sobre dicho acontecimiento como la historiografía posterior nos presentan una serie de nombres que se repiten como participantes en la conspiración que acabó con la vida de García Moreno, entre ellos: Manuel Cornejo Astorga, Manuel Polanco, Abelardo Moncayo, Juan Montalvo, Hipólito Moncayo o Juan Elías Borja. Roberto Andrade: Seis de Agosto, o sea muerte de García Moreno, Portoviejo, Oficina Tipográfica del Colegio Olmedo, 1896. Alfredo Pareja Diezcanseco: Historia del Ecuador..., p. 296.

⁴² Pedro Aguilar: Refutación de «El Ecuador de 1825 a 1875» por Pedro Moncayo, Guayaquil, Imprenta Nacional, 1886, p. 26.

⁴³ Roberto Andrade: Seis de Agosto, o sea muerte de García Moreno, Portoviejo, Oficina Tipográfica del Colegio Olmedo, 1896, pp. IV y 1, respectivamente.

⁴⁴ New York Times, «Ecuador», 26/01/1862, p. 8.

⁴⁵ AHMC, leg. JJC. 00393: Correspondencia perteneciente a García Moreno, 1859-1875, «Carta de Gabriel García Moreno a Manuel Andrade Marín», 4/01/1870.

⁴⁶ J. Maiguashca: «El proceso de integración nacional...», p. 370.

⁴⁷ Antonio Acosta: Los orígenes de la burguesía de El Salvador. El control sobre el café y el Estado. 1848-1890, Sevilla, Aconcagua Libros, 2014.

⁴⁸ Marcel Velázquez: «Notas sobre discursos e imágenes de las elecciones en la República del Guano (1845-1872)», en Cristóbal Aljovín de Losada y Sinesio López: Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2005, pp. 265-299, esp. p. 266.

⁴⁹ Biblioteca del Congreso de la República de Perú (en adelante, BCR): Diario de Debates del Congreso de Perú, leg. CID 328.85 CO 1864 ej. 2, 23-24/11/1864, pp. 669-673.

⁵⁰ P. Flindell Klarén: Peru. Society and nationhood..., p. 158.

⁵¹ Clements Markham: Cuzco: a journey to the ancient capital of Peru, with an account of the history, language, literature, and antiquities of the Incas; and Lima: a visit to the capital and provinces of modern Peru, with a sketch of the viceregal government, history of the republic, and a review of the literature and society of Peru, Londres, Chapman and Hall, 1856, p. 38.

⁵² Heraclio Bonilla: Guano y burguesía en el Perú. El contraste de la experiencia peruana con las economías de exportación del Ecuador y Bolivia, Quito, FLACSO, 1994 (1.ª edición: Instituto de Estudios Peruanos, 1974). La importancia que los hechos económicos tenían para la historia peruana de la segunda mitad del siglo XIX fue presentada por la «historia nueva», que se desarrolló en el país en las décadas de 1970-1990 y que tenía en Heraclio Bonilla uno de sus mayores exponentes. Este tipo de historiografía, sin embargo, es cuestionada por Ulrich Mücke, quien pone el acento en el desarrollo de la cultura política peruana durante este periodo. Ulrich Mücke: «El Congreso, las elecciones y la cultura política peruana antes de la Guerra con Chile», en Marta Irurozqui: La mirada esquiva. Reflexiones históricas sobre la interacción del Estado y la ciudadanía en los Andes (Bolivia, Ecuador y Perú), siglo XIX, Madrid, CSIC, 2005, pp. 261-284, esp. p. 263.

⁵³ El Comercio, agosto-diciembre de 1869.

⁵⁴ P. Flindell Klarén: Peru. Society and nationhood..., pp. 158-159.

⁵⁵ Clements Markham: Travels in Peru and India. While superintending the collection of chinchona plants and seeds in South America, and their introduction into India, Londres, John Murray, 1862, p. 308.

⁵⁶ Friedrich Hassaurek: Four Years Among the Spanish-Americans, Londres, Sampson Low, Son and Marstron, 1868, pp. 212-213.

⁵⁷ El Comercio, «Los negocios del Gobierno», 15/05/1861.

⁵⁸ Carlos Contreras Carranza: «El boom del cacao», en Carlos Contreras Carranza: El sector exportador de una economía colonial. La Costa del Ecuador entre 1760 y 1820, Quito, FLACSO / Abya-Yala, 1990, pp. 51-90.

⁵⁹ Daniel Baquero Méndez y José David Mieles López: «Los “booms” en perspectiva: cacao y banano», Foro Economía Ecuador. Revista de Análisis y Divulgación Científica de Economía y Empresa, 2014, en línea: <http://foroeconomiaecuador.com/fee/los-booms-en-perspectiva-cacao-banano/>.

⁶⁰ Carlos de la Torre y Steve Striffler (eds.): The Ecuador Reader. History, Culture, Politics, Durham / Londres, Duke University Press, 2008, p. 155.

⁶¹ Juan J. Paz y Miño Cepeda: «La época cacaotera en Ecuador», en Sonia Fernández Rueda (comp.): El ferrocarril de Alfaro: el sueño de la integración, Quito, Corporación Editora Nacional, Taller de Estudios Históricos, 2008, pp. 51-61, esp. p. 52.

⁶² Ronn Pineo: «Guayaquil and Coastal Ecuador during the Cacao Era», en Carlos de la Torre y Steve Striffler (eds.): The Ecuador Reader. History, Culture, Politics, Durham / Londres, Duke University Press, 2008, pp. 136-147, esp. pp. 138, 140-144. Como veremos en el siguiente apartado, este proceso económico estaba totalmente relacionado con la disparidad territorial que caracterizaba a Ecuador, y que influía también en su proceso de construcción nacional.

⁶³ J. J. Paz y Miño Cepeda: «La época cacaotera en Ecuador...», p. 51.

⁶⁴ A. Buriano Castro: «Tres momentos del discurso conservador ecuatoriano...», p. 118.

⁶⁵ En Perú, este grupo se organizaría en 1871 en torno al Partido Civil.

⁶⁶ M. Andrés García: La construcción del poder..., pp. 112-113.

⁶⁷ Los grandes hacendados terratenientes habían conformado la élite económica principal tras la independencia, como señala Luis Fernando Botero Villegas: «Ecuador siglos XIX y XX. República, “construcción” del indio e imágenes contestadas», Gazeta de Antropología, vol. 29, n.º 1, 2013, en línea: <http://www.gazeta-antropologia.es/?p=4172> (consulta: 21/03/2018).

⁶⁸ A. Kim Clark: «Railway and Nation in Liberal Ecuador», en Carlos de la Torre y Steve Striffler (eds.): The Ecuador Reader. History, Culture, Politics, Durham / Londres, Duke University Press, 2008, pp. 126-135, esp. pp. 126-127.

⁶⁹ Enrique Ayala Mora: Lucha política y origen de los partidos en Ecuador, Quito, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 1978, pp. 113-122.

⁷⁰ Willington Paredes Ramírez: «La “Historia de la Revolución Liberal Ecuatoriana”. Itinerario fundamental de la Nueva Historia», Procesos. Revista ecuatoriana de historia 1-7, 1995, pp. 118-126, esp. p. 120.

⁷¹ La consideración de la burguesía como «clase nacional» conductora de este proceso, sin embargo, ha sido puesta en duda por varios autores, entre ellos: Juan J. Paz y Miño Cepeda: «Comentarios sobre la “Historia de la Revolución Liberal Ecuatoriana”», Procesos. Revista ecuatoriana de historia, vol. 1, n.º 7, 1995, pp. 111-117.

⁷² M. Thurner: From two republics to one divided..., p. 45.

⁷³ BCR, Diario de Debates del Congreso de Perú, «Debate sobre el proyecto de Constitución de 1860», leg. CID 328.85 C 1860, 28/09/1860, p. 313.

⁷⁴ Fredrick B. Pike: The Modern History of Peru, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1967, pp. 3-4.

⁷⁵ C. de la Torre y S. Striffler (eds.): The Ecuador Reader..., p. 155.

⁷⁶ El Peruano, «Proyecto de construcción de ferrocarriles», 19/12/1867.

⁷⁷ M. Thurner: From two republics to one divided..., p. 45.

⁷⁸ BCR, Diario de Debates del Congreso de Perú, leg. CID 328.85 CO 1864, pp. 287-288.

⁷⁹ M. Andrés García: La construcción del poder..., pp. 108-109.

⁸⁰ A. Acosta: Los orígenes de la burguesía de El Salvador..., p. 17.

⁸¹ U. Mücke: Political Culture in Nineteenth-Century Peru..., pp. 29-30.

⁸² R. Pineo: «Guayaquil and Coastal Ecuador...», p. 137.

⁸³ A. K. Clark: «Railway and Nation...», pp. 126-128.

⁸⁴ J. J. Paz y Miño Cepeda: «Comentarios sobre la “Historia de la Revolución”...», p. 116.

⁸⁵ A. K. Clark: «Railway and Nation...», p. 128.

⁸⁶ Nils Jacobsen: Mirages of Transition. The Peruvian Altiplano, 1780-1930, Berkeley / Los Ángeles / Londres, University of California Press, 1993, p. 151.

⁸⁷ Mark Thurner: «Unimagined Communities», en Mark Thurner: From two republics to one divided. Contradictions of Postcolonial Nationmaking in Andean Peru, Durham / Londres, Duke University Press, 1997, pp. 20-53.

⁸⁸ Ibíd.; Charles F. Walker: Smoldering Ashes. Cuzco and the Creation of Republican Peru, 1780-1840, Durham / Londres, Duke University Press, 1999, p. 189.

⁸⁹ Juan Luis Orrego Penagos: «La “era del guano”: la abolición de la esclavitud y del tributo», Rumbo al Bicentenario. Blog de Juan Luis Orrego Penagos. Historia del Perú, América Latina y el mundo. Siglos XIX y XX, 2008, en línea: <http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2008/08/15/la-era-del-guano-la-abolicion-de-la-esclavitud-y-del-tributo/>.

⁹⁰ El Comercio, 12/01/1854. Citado en Mark Thurner: «Unimagined Communities»..., p. 44.

⁹¹ M. Thurner: «Unimagined Communities»..., pp. 44-46.

⁹² Juan Pan-Montojo: «Ciudadanos y contribuyentes», en Manuel Pérez Ledesma (dir.): De súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en España, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 483-520, esp. p. 484.

⁹³ Carmen Mc Evoy: «Indio y Nación: una lectura política de la rebelión de Huancané (1866-1868)», en Carmen Mc Evoy: Forjando la Nación. Ensayos sobre historia republicana, Lima / Sewanee, Pontificia Universidad Católica del Perú / The University of the South, 1999, pp. 61-118, esp. p. 101.

⁹⁴ Ibíd., pp. 102-103.

⁹⁵ Rafael Quintero y Erika Silva: Ecuador: una nación en ciernes, Quito, FLACSO / Abya Yala, 1991, pp. 40-41.

⁹⁶ Silvia Palomeque: «La “ciudadanía” y el sistema de gobierno en los pueblos de Cuenca (Ecuador)», en Hans Joachim Köning, Tristan Platt y Colin Lewis (coords.): Estado-na-ción, Comunidad Indígena, Industria. Tres debates al final del Milenio, Ridderkerk, AHILA, 2000, pp. 115-141, esp. p. 136.

⁹⁷ Galo Ramón Valarezo: «Relaciones interétnicas en la sierra norte: la diversa evolución de Cayambe y Otavalo en el tránsito a la República», Procesos. Revista ecuatoriana de historia 19, 2003, pp. 23-48, esp. p. 46.

⁹⁸ Andrés Guerrero: «The Construction of a Ventriloquist’s Image: Liberal Discourse and the “Miserable Indian Race” in the Late Nineteenth Century», en Carlos de la Torre y

Steve Striffler (eds.): The Ecuador Reader. History, Culture, Politics, Durham / Londres, Duke University Press, 2008, pp. 103-116, esp. pp. 105-107.

⁹⁹ Andrés Guerrero: «Curagas y tenientes políticos: la ley de la costumbre y la ley del estado (Otavalo 1830-1875)», Revista Andina 2, 1989, pp. 321-366.

¹⁰⁰ Constitución Política del Perú de 1860, Lima, 13/11/1860 (en adelante, Constitución peruana de 1860), artículo 111; Constitución de la República del Ecuador de 1861, Quito, 10/04/1861 (en adelante, Constitución ecuatoriana de 1861), artículo 94.

¹⁰¹ R. Quintero y E. Silva: Ecuador: una nación en ciernes..., pp. 38-44.

¹⁰² Constitución ecuatoriana de 1861, artículos 128 y 98, respectivamente.

¹⁰³ R. Pineo: «Guayaquil and Coastal Ecuador...», p. 144.

¹⁰⁴ New York Times, «Ecuador», 4/02/1861, p. 2.

¹⁰⁵ Friedrich Hassaurek: Four Years Among..., p. 169.

¹⁰⁶ R. Pineo: «Guayaquil and Coastal Ecuador...», p. 145.

¹⁰⁷ Archivo de la Función Legislativa de Ecuador (en adelante, AFL), Actas de Sesiones del Congreso de Ecuador, 3/06/1869, p. 98.

¹⁰⁸ AFL, Actas de Sesiones del Congreso de Ecuador, 6/02/1861, p. 164.

¹⁰⁹ Ibíd., p. 165.

¹¹⁰ Ibíd., p. 158.

¹¹¹ AFL, Actas de Sesiones del Congreso de Ecuador, 1/02/1861, p. 127.

¹¹² Ephraim George Squier: Peru: incidents of travel and exploration in the land of the Incas, Nueva York, Harper & Brothers Publishers, 1877, pp. 6-15.

¹¹³ BCR, Diario de Debates del Congreso de Perú, leg. CID 328.85 CO 1860-1861, 20/12/1860, pp. 270-273.

¹¹⁴ U. Mücke: «El Congreso, las elecciones y la cultura política peruana...».

¹¹⁵ Cecilia Méndez: «Tradiciones liberales en los Andes o la ciudadanía por las armas: campesinos y militares en la formación del Estado peruano», en Marta Irurozqui: La mirada esquiva. Reflexiones históricas sobre la interacción del Estado y la ciudadanía en los Andes (Bolivia, Ecuador y Perú), siglo XIX, Madrid, CSIC, 2005, pp. 125-153, esp. p. 129.

¹¹⁶ Mauricio Novoa: «La civitas inconclusa: ideas sobre la soberanía de la nación en 1860-1900», en Carmen Mc Evoy: La experiencia burguesa en el Perú (1840-1940), Frankfurt / Madrid, Vervuert / Iberoamericana, 2004, pp. 267-284, esp. pp. 283-284.

¹¹⁷ R. Pineo: «Guayaquil and Coastal Ecuador...», p. 144.

¹¹⁸ Fredrick B. Pike: «Geographic, Ethnic, Historial Backgrounds, and the Continuing Quest for a Nation», en Fredrick B. Pike: The Modern History of Peru, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1967, p. 4.

¹¹⁹ BCR, Diario de Debates del Congreso de Perú, «Debate sobre el proyecto de Constitución de 1860», leg. CID 328.85 C 1860, 17/09/1860, p. 230.