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Name: Transición y democracia en España
Author: Julio Pérez Serrano
ISBN: 9788417893354

Julio Pérez Serrano

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TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA EN ESPAÑA

CIUDADANÍA, OPINIÓN PÚBLICA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL EN EL CAMBIO DE RÉGIMEN

MARIE-CLAUDE CHAPUT

Y JULIO PÉREZ SERRANO (EDS.)

TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA EN ESPAÑA

CIUDADANÍA, OPINIÓN PÚBLICA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL EN EL CAMBIO DE RÉGIMEN

MINERVA

Este libro es el resultado de la colaboración entre el GEHA de la Universidad de Cádiz y el GREX-GRISOR (LIRE 19-21 desde 2013) de la Universidad Paris Nanterre con el apoyo del Colegio de España de Paris que, desde 2008, ha acogido los encuentros anuales que constituyen la base de reflexión con otras aportaciones. La edición ha sido financiada por el Equipo de Estudios Románicos (EA 369 — Publicaciones del CRIIA Centro de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, Regards). Este libro también se inscribe en los proyectos «Sindicalismo y nuevos movimientos sociales en la construcción de la democracia: España, 1976-2012» (HAR2012-38837), y «Del antifranquismo a la marginalidad: disidencias políticas y culturales en la Transición española a la democracia» (HAR2016-79134-R), ambos financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad de España.

Cada autor es responsable de sus textos y de las ilustraciones utilizadas.

Cubierta: Malpaso Holdings, S. L. U.

Colección Minerva. Monografías.

c/ Diputació, 327, principal 1.ª

08009 Barcelona

www.malpasoycia.com

ISBN: 9788417893354

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs., Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

In memoriam

Carmen González Martínez

José María Manjavacas Ruiz

ÍNDICE

CUBIERTA

INTRODUCCIÓN

PRIMERA PARTE CIUDADANÍA, DEMOCRACIA Y OPINIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO 1. SOBRE DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y DESOBEDIENCIA CIVIL

1. EL PAPEL DE LA CIUDADANÍA EN LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

2. LA DESOBEDIENCIA CIVIL EN LAS DEMOCRACIAS, HOY

3. CODA. UN EJEMPLO DE CÓMO LA LUCHA POR LOS DERECHOS ES EL MOTOR Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL

CAPÍTULO 2. POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ENTRE LA DESDEMOCRATIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL, LA INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA LOCAL Y LAS ESTRATEGIAS PARTIDISTAS

1. DE LA CONTENCIÓN DEL ASOCIACIONISMO VECINAL A LA PREOCUPACIÓN POR LA DESAFECCIÓN HACIA LA POLÍTICA

2. REFORMA DEL SISTEMA REPRESENTATIVO LOCAL: INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA Y GOBIERNOS «MÁS PRÓXIMOS» A LA CIUDADANÍA

3. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA EL EMPODERAMIENTO CIUDADANO Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL. PARTICIPACIÓN E INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA

4. CENTRALIDAD DISCURSIVA Y TÍMIDOS AVANCES. DÉBILES COMPROMISOS POLÍTICOS, SESGOS PARTIDISTAS Y POCA RELEVANCIA SOCIAL

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO 3. EL CUESTIONAMIENTO DEL BINOMIO DEMOCRACIA-MERCADO POR LOS MOVIMIENTOS SOCIALES (ESPAÑA 1976-2013)

1. EL BINOMIO DEMOCRACIA-MERCADO

2. MOVIMIENTOS SOCIALES POR LA DEMOCRACIA Y OTRO MODELO ECONÓMICO

3. EL MOVIMIENTO POR LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA O QUÉ CLASE DE DEMOCRACIA PERMITE ESTE CAPITALISMO

CAPÍTULO 4. LOS SILENCIOS DE LA PRENSA. PRENSA DE REFERENCIA DOMINANTE Y ALTERNATIVAS PERIODÍSTICAS

1. LAS ESTRATEGIAS DEL MIEDO

2. CONSENSO VS. CONFLICTO: DEL CONSENSO A LOS SILENCIOS DE LA PRENSA

3. RUEDO IBÉRICO Y EL SILENCIAMIENTO DE LA «CULTURA DEL EXILIO»

4. EL PAÍS O LA REFERENCIA DOMINANTE

5. UBI SUNT: ACTA DE DEFUNCIÓN DE LA PRENSA ALTERNATIVA

CAPÍTULO 5. DEMOCRACIA Y DEMOCRATIZACIÓN EN LOS ARTÍCULOS DE EDUARDO HARO TECGLEN EN TRIUNFO (1975-1982)

1. DEMOCRACIA Y DEMOCRATIZACIÓN: DOS PALABRAS RECURRENTES

2. ¿QUÉ TIPO DE DEMOCRACIA?

3. LA VIOLENCIA Y LA HERENCIA FRANQUISTA

CAPÍTULO 6. CENSURA Y CREACIÓN DE OPINIÓN ENTRE EL FINAL DEL FRANQUISMO Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA (1973-1978)

1. UNA LEY DE PRENSA PARA LOS TIEMPOS MODERNOS

2. NUEVOS INSTRUMENTOS PARA IDÉNTICOS FINES

3. CONTROL INFORMATIVO Y MEDIOS ESCRITOS EN EL CAMBIO DE RÉGIMEN

4. LA CONSTITUCIÓN COMO MARCO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO 7. EL ENSAYO DE LA DEMOCRACIA DURANTE LA DICTADURA EN ESPAÑA: EL CINE DE CULTURA MEDIA DE LOS AÑOS SETENTA

1. CINE DE CULTURA MEDIA: PELÍCULAS DRAMÁTICAS DE ÉPOCA REALIZADAS ENTRE 1970-1977

2. UN PÚBLICO DE CULTURA MEDIA: EL AUGE DEL «ALICAÍDO CINE ESPAÑOL»

3. LA PELÍCULA DE CULTURA MEDIA Y SU PAPEL PEDAGÓGICO: «UN ESPEJO PARA REALIDADES DE HOY»

3.1. La promoción de la justicia social

3.2. La promoción de la reconciliación

CONCLUSIONES

CAPÍTULO 8. EL CAMBIO SOCIAL Y POLÍTICO EN EL CINE DE LA TRANSICIÓN

1. LAS TRANSFORMACIONES DEL PRESENTE DESDE LA REVISIÓN DEL PASADO HISTÓRICO

1. NACIONALISMOS Y CINE POLÍTICO

2. EL DESENCANTO, LAS CRISIS Y LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS IDENTIDADES

3. LA LUCHA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. IDENTIDADES SEXUALES Y MORAL DEL PLACER

4. CUESTIONAMIENTO DE LA FAMILIA, METÁFORA DEL ORDEN FRANQUISTA

5. REPRESENTACIONES DE MUJERES EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SEGUNDA PARTE MOVILIZACION SOCIAL

CAPÍTULO 9. ENTRE LUCHA ANTIFRANQUISTA Y COMPROMISO ANTICAPITALISTA EN ÉPOCA TRANSICIONAL: EL CASO DEL MOVIMIENTO IBÉRICO DE LIBERACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Breve contextualización: ¿Ruptura en el seno de la izquierda?

1.2. ¿Antifranquismo o anticapitalismo?

2. SOBRE REFORMISMO Y DIRIGISMO: LENINISTAS, TROTSKISTAS Y GRUPÚSCULOS IZQUIERDISTAS

2.1. Contra el reformismo del PC: el texto de presentación de las Ediciones Mayo-37

2.2. El comunismo de los consejos

2.3. Sobre la revolución rusa: un extrotskista habla de su tierra

3. REFLEXIONES SOBRE EL CAPITALISMO

3.1. La ultraizquierda francesa

3.2. El ejemplo del IRA

3.3. Sobre productivismo, crisis ecológica y autonegación de la clase obrera

4. EN EL PUNTO DE MIRA: LA VIOLENCIA Y LA SOLIDARIDAD REVOLUCIONARIAS CRIBADAS POR LAS EDICIONES MAYO-37

4.1. Algunas nociones sobre el empleo de la violencia

4.2. Violencia revolucionaria, Barcelona 73

4.3. Violencia y solidaridad revolucionarias

5. CONCLUSIÓN

5.1. ¿Confusionismo o simple heterogeneidad de pensamiento?

5.2. Del programatismo a la comunicación

CAPÍTULO 10. SINDICATOS Y TRANSICIÓN EN 1977: LIBERTAD, TRABAJO Y AMNISTÍA

1. PRESENTACIÓN

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS INMEDIATOS

3. LEGALIZACIÓN, INTENTOS INFRUCTUOSOS DE UNIDAD Y ACCIÓN SINDICAL EN LIBERTAD

4. TRANSICIÓN Y POLÍTICA PACTISTA EN LAS NUEVAS RELACIONES LABORALES

CAPÍTULO 11. RECONSTRUCCIÓN Y MUTACIONES DEL SINDICALISMO SOCIALISTA EN EL CAMPO ANDALUZ DURANTE LA TRANSICIÓN

1. LA RECONSTRUCCIÓN DE LA UGT EN LA TRANSICIÓN

2. LA REFUNDACIÓN DE LA FTT, 1976-1979

2.1. Consolidación orgánica e implantación territorial

2.2. Los procesos electorales de 1978: Cámaras Agrarias y elecciones sindicales

2.3. La UGT ante la cuestión agraria a finales de los setenta

2.4. Las movilizaciones contra el paro agrícola

3. LA FTT EN ANDALUCÍA DURANTE LA DÉCADA DE LOS OCHENTA

3.1. Regionalización y estancamiento

3.2. La segregación de la UPA

3.3. Representatividad de la FTT en el medio rural en los ochenta

4. LA ACCIÓN REIVINDICATIVA DURANTE LA CRISIS, 1980-1988

4.1. El programa agrario del I Congreso de la UGT-A

4.2. Empleo comunitario y subsidio agrario

4.3. La defensa de la reforma agraria

4.4. El giro hacia la autonomía sindical desde 1986

CONCLUSIÓN

CAPÍTULO 12. DE LAS HUELGAS SALVAJES A LA CANCHA ELECTORAL. AUTONOMISMO Y SINDICALISMO RADICAL EN ESPAÑA EN LA TRANSICIÓN POLÍTICA Y LA CRISIS FINANCIERA

INTRODUCCIÓN

1. DELIMITANDO LOS CONCEPTOS DE AUTONOMISMO Y SINDICALISMO RADICAL

1.1. Las luchas autónomas y el sindicalismo radical en la transición a la democracia

1.2. Luchas autónomas

1.3. Auge y declive de la CNT: la crítica al pacto social y al sistema sindical

1.4. Nuevos movimientos sociales y autonomía posobrerista

2. EL CICLO DE MOVILIZACIÓN FRENTE A LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD

3. APUESTAS ELECTORALES ANTE LA CRISIS INSTITUCIONAL

CAPÍTULO 13. DEL CONSERVACIONISMO AL ECOLOGISMO SOCIAL. EL ECOLOGISMO EN ESPAÑA DE LOS ORÍGENES EN EL ANTIFRANQUISMO A LA DEMOCRACIA (1960-1998)

INTRODUCCIÓN

1. ¿CONFLICTIVIDAD AMBIENTAL ANTES DEL MOVIMIENTO ECOLOGISTA?

2. LA TRANSICIÓN AL METABOLISMO INDUSTRIAL EN ESPAÑA

3. CONFLICTOS AMBIENTALES EN LA DICTADURA Y LA DEMOCRACIA

4. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN IDEOLÓGICA Y ORGANIZATIVA DEL ECOLOGISMO EN ESPAÑA. EL FINAL DE LA DICTADURA Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

5. DE LA PROTECCIÓN DE LAS AVES A LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA. FRAGMENTACIÓN E INTENTOS DE UNIFICACIÓN DURANTE LAS DÉCADAS DE LOS OCHENTA Y NOVENTA

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO 14. EL MOVIMIENTO DE MUJERES EN LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA

INTRODUCCIÓN

1. LOS MOTIVOS

2. LA EVOLUCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE MUJERES

2.1. El período 1975-1979

2.2. La evolución 1979-1982

2.3. La crisis del feminismo, 1982-1988

CAPÍTULO 15. HOMONACIONALISMOS HISTORIOGRÁFICOS EN ESPAÑA: INTERPRETACIONES DE LAS LEYES Y DEL HONOR BAJO LA CONSTITUCIÓN DE 1978

1. EL HONOR DEL SUJETO DE DERECHO

2. DE LA «OPORTUNIDAD DE LA TRANSICIÓN» AL IMPERIO DE LA LEY: POSICIONANDO SUJETOS

3. DERECHOS DE MINORÍAS SEXUALES, DERECHOS HUMANOS Y COMUNIDAD NACIONAL

CAPÍTULO 16. CRISIS ECONÓMICA, GESTIÓN POLÍTICA Y PROTESTA SOCIAL EN ESPAÑA

INTRODUCCIÓN

1. LA GESTIÓN POLÍTICA DE LA CRISIS ECONÓMICA Y LA FALTA DE RESPUESTA POLÍTICA

2. MOVIMIENTOS SOCIALES: ARTICULACIÓN DEL DESCONTENTO

CONCLUSIONES

CAPÍTULO 17. CRÓNICA DE UNA MANIFESTACIÓN ANUNCIADA: BARCELONA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012

1. MANIFESTACIONES MASIVAS EN CATALUÑA

2. CRONOLOGÍA DE UNA MANIFESTACIÓN

3. ANÁLISIS DEL DISCURSO

4. CONCLUSIONES

CAPÍTULO 18. UNA DEMOCRACIA DE ORDEN. LA RESPUESTA DE LOS PODERES PÚBLICOS A LA MOVILIZACIÓN SOCIAL EN ESPAÑA, 1975-2015

1. LA TRANSICIÓN. CAMBIO POLÍTICO, CONFLICTO Y REPRESIÓN

2. LA HOSTILIDAD OFICIAL FRENTE A LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES

3. LA PROTESTA INOCUA. TRABAS AL DERECHO DE MANIFESTACIÓN

AUTORES

INTRODUCCIÓN

De perfecta a olvidadiza, la Transición al alejarse en el tiempo se va integrando en la historia larga, lo que permite lecturas más matizadas. Este segundo volumen es el resultado de una reflexión conjunta llevada a cabo por investigadores de las universidades de Cádiz y Paris Nanterre, en colaboración con el Colegio de España en París y el apoyo de su director Juan Ojeda, que ha permitido la presencia de prestigiosos invitados en los encuentros que regularmente se han venido celebrando en junio en el Colegio de España de París desde hace una década cuando se iniciaron gracias al apoyo de su entonces director Javier de Lucas. Los textos corresponden a varios encuentros anuales, y, como destaca Javier de Lucas, esto significa que la situación en España, como a nivel mundial con el brexit, la elección de Donald Trump como presidente de los EE. UU., la de Emmanuel Macron en Francia, ha cambiado radicalmente. Eso hace imprescindible una mirada retrospectiva. Hay una aspiración al cambio que en España se ha concretado con la parálisis del sistema político durante casi un año, antes de volver a investir a Mariano Rajoy. La vida política basada en dos grandes partidos profundamente comprometidos con el sistema conoce una profunda crisis, aunque las divisiones entre los partidos emergentes les impiden acceder al poder. En todo caso, es palpable que crece el rechazo a unos políticos profesionales, a menudo implicados en casos de corrupción y escándalos financieros, que profundizan el divorcio con una ciudadanía ávida de una mayor ejemplaridad y transparencia.

La primera parte está dedicada a «Ciudadanía, democracia y desobediencia civil». El capítulo de Javier de Lucas¹ plantea al inicio de este volumen las distintas caras del malestar presente, destacando dos fenómenos que se han ido agravando esos últimos años y que se pueden observar en gran parte de los capítulos: la «desafección política» y el «miedo al futuro». Su texto remite a los más destacados pensadores, politólogos y filósofos que han reflexionado sobre este tema, Rancière,² Balibar…, y el propio Laclau (1935-2014), el politólogo argentino que en buena medida inspiró en un primer momento a Podemos.³ Javier de Lucas advierte que, en ciertos casos, la desobediencia civil es un deber, como se pudo comprobar en la Francia de los años cuarenta, y concluye, en sintonía con los autores señalados, que la democracia es una lucha continua⁴ y es preciso mantenerla siempre viva.⁵

La mundialización, la crisis, las esperanzas frustradas, la decepción han contribuido a deteriorar la imagen de unos políticos profesionalizados que parecen haber perdido el contacto con la realidad fragilizando la democracia. No es la primera vez que se habla de crisis de la democracia, pero hoy pugnan por llegar al poder unos populistas reaccionarios, que esgrimen viejas recetas hipernacionalistas y xenófobas, y el eco mediático que alcanzan no hace sino amplificar el impacto social del fenómeno. Las drásticas políticas de rigor impuestas en España en nombre de la crisis afectaron a los más frágiles y desacreditaron un sistema democrático que se mostraba incapaz de cumplir sus promesas de libertad y de igualdad entre los ciudadanos. En el caso francés, el estado de urgencia desde los atentados del Bataclan, la noche del 13 de noviembre de 2015, ha contribuido también a erosionar la credibilidad del sistema democrático. Igualmente, en el conjunto de Europa, la llamada «crisis de los refugiados» ha golpeado duramente a unas democracias que en la práctica contradicen sus propios principios. La «militarización» de las fronteras europeas, además de la brutalidad de los métodos aplicados,⁶ potencia una crisis europea que el brexit ha puesto también de relieve.

El carácter pluridisciplinar de esta reflexión permite dar ejemplos colectivos que revelan este malestar, pero también soluciones posibles. En nombre de la crisis se impusieron unas políticas de ajuste duro que afectaron a los más frágiles, ensombreciendo el recuerdo de las esperanzas nacidas al final del franquismo. Este ambiente de lucha por las libertades se reconstruye en varios capítulos de este libro, que muestran el dinamismo de las asociaciones. José María Manjavacas se interroga sobre cómo se ha ido imponiendo la desafección hacia la política, que ha acabado con un movimiento asociativo pujante a finales del franquismo. En su relato explica cómo las prácticas de participación directa, que hacían que los ciudadanos se sintieran implicados en el sistema democrático, se vieron suplantadas por la institucionalización de los movimientos (vecinal, feminista, etc.), perdiendo su autonomía y cediendo el poder a los políticos profesionales. El texto aporta una ventana de esperanza, basada en experiencias sobre el terreno: si los partidos tradicionales controlan todo el ámbito político-institucional, el protagonismo de los jóvenes en las redes sociales y las nuevas tecnologías puede contribuir a cambiar el panorama.

María Antonia Ribón destaca el eje común de este enfoque pluridisciplinar: «la demanda de regeneración democrática experimentada en España desde el inicio de la crisis de 2008» que ha ido aumentando paralelamente a la crisis, interrogando las relaciones entre capitalismo y democracia en publicaciones de sindicatos y movimientos sociales, ya sean ecologistas, feministas o pacifistas. Como reacción al deterioro de la situación y al creciente malestar generado parece que vuelven a aparecer unos movimientos dinámicos que actúan al margen del sistema. Siendo clave la fecha de 2003 en la que, con una masiva manifestación en contra de la guerra de Iraq, una guerra decidida desde arriba en contra de la opinión pública, se inició el proceso de reactivación de los movimientos sociales que culminó en 2011 con el 15M, en busca de una democracia más amplia y verdadera.

Ya se ha estudiado mucho la prensa en la transición, su evolución, su papel, sin embargo, es imprescindible destacar de nuevo su protagonismo en este momento. La muerte de Franco no dejó paso de manera mágica a la democracia, es lo que queremos mostrar matizando las peripecias de la Transición. Gérard Imbert fue a la vez actor, testigo y analista de la Transición, colaborando temprano con José Vidal Beneyto, una de las primeras miradas críticas sobe el proceso de la Transición.⁷ Aborda en «Los silencios de la prensa. Prensa de referencia dominante y alternativas periodísticas» el papel de Triunfo y de Cuadernos para el diálogo, pronto condenados a desaparecer, así como el olvido de las publicaciones del exilio, como la editorial Ruedo Ibérico y su revista Cuadernos de Ruedo Ibérico, que dejarían paso a lo que define como «las estrategias del miedo» y el papel de El País, del que fue, junto con Vidal Beneyto, uno de los primeros analistas. En «Democracia y democratización en los artículos de Eduardo Haro Tecglen en Triunfo (1975-1982)», Marie-Claude Chaput vuelve sobre el papel pionero de Triunfo en la instauración de la democracia ya evocado por Gérard Imbert. Al invadir el tema todas las secciones, ha seleccionado los artículos de Eduardo Haro Tecglen centrados específicamente en él. Fue uno de los autores más clarividentes sobre la visión mítica y pronto instrumentalizada por los políticos de la democracia como ideal. Ricardo Martín de la Guardia, en «Censura y creación de opinión», trata el período desde el final del franquismo a la transición a la democracia (1973-1978) mostrando cómo la censura no desapareció con Franco y cómo ciertos temas, como la Corona, el Ejército, la unidad nacional…, permanecieron sensibles y hubo secuestros, procesos, cierres de periódicos. La aparición de El País, el más vendido en pocos días, y de una nueva generación de periodistas que encarnaba Juan Luis Cebrián, al mismo tiempo que integraban en la plantilla a periodistas procedentes de las revistas de apertura ya citadas, fue una etapa decisiva.

El cine es un medio privilegiado para observar la evolución de una sociedad, al poder reapropiarse el pasado con documentales inéditos o a través de ficciones para servir de catarsis al público. Contribuyó a hacer redescubrir los valores democráticos. En este sector tampoco volvió la libertad inmediatamente y se prohibieron películas como El crimen de Cuenca (1979) y Rocío (1980). Sally Faulkner en «El ensayo de la democracia durante la dictadura en España: el cine de cultura media de los años setenta» se interesa por el cine hecho para la clase media (inspirado en novelas del siglo XIX, Galdós, Clarín, Valera…) y más concretamente en la recepción; su público revela la evolución de la sociedad española desde finales del franquismo basándose en las críticas en la prensa. José Luis Sánchez Noriega, en «El cambio social y político en el cine de la Transición», destaca cómo las películas revelan las preocupaciones del momento, permitiendo redescubrir los valores democráticos y desmontar las manipulaciones de la historia sirviendo de catarsis, desde las películas didácticas políticas (Bardem), los cines nacionales (vasco, catalán…), el cine militante, el cine quinqui (Eloy de la Iglesia…). Recuerda cómo tardó en imponerse la libertad sexual. Hubo que esperar a Almodóvar para que la homosexualidad apareciera no solo «como un derecho sino como un deseo democrático», una expresión muy acertada que recuerda que detrás de las imágenes del destape seguían unas relaciones tradicionales.

La segunda parte está dedicada a la movilización social. Canela Llecha Llop en «Entre lucha antifranquista y compromiso anticapitalista en época transicional: el caso del Movimiento Ibérico de Liberación» se basa en las publicaciones de este movimiento de corta existencia. Pone de relieve los vínculos entre una herencia anarquista anclada en Barcelona y un presente revolucionario en Europa.⁸ El discurso del MIL era claramente anticapitalista e internacionalista, aunque se intentara reducir a antifranquista.

Carmen González Martínez en «Sindicatos y Transición en 1977: libertad, trabajo y amnistía» sigue la vuelta a la legalidad destacando las alianzas sindicales imprescindibles al principio y recordando que los Pactos de la Moncloa fueron suscritos por los partidos en ausencia de los sindicatos, lo que explica las desilusiones después. Pone de relieve el cambio de estrategia que vino a concretar la ratificación por España de los Convenios de la OIT, lo que permitió acabar con las estructuras autoritarias procedentes del franquismo.

En «Reconstrucción y mutaciones del sindicalismo socialista en el campo andaluz durante la Transición», Julio Pérez Serrano señala las consecuencias para la agricultura andaluza de la integración de España en la CEE en un momento de reconstrucción de los sindicatos, en particular de UGT, cuando en Andalucía el problema más acuciante seguía siendo el paro de los jornaleros.

Beltrán Roca e Iban Díaz Parra, en «De las huelgas salvajes a la cancha electoral. Autonomismo y sindicalismo radical en España en la Transición política y la crisis financiera», hacen el balance de los grupos activos desde los años setenta, algunos defensores de la lucha armada, y se refieren a una diversidad de luchas relacionadas con la identidad: feminismo, movimiento queer o las minorías étnicas hasta la emergencia de Podemos.

David Soto Fernández muestra la consolidación del ecologismo («Del conservacionismo al ecologismo social. El ecologismo en España: de los orígenes en el antifranquismo a la democracia (1960-1998)») que fue evolucionando de posturas conservacionistas hasta preocupaciones sociales y políticas.

A nivel social las leyes reconocieron derechos, pero dejaron la vía abierta para ir más lejos. Encarnación Barranquero Texeira («El movimiento de mujeres en la lucha por la democracia») recuerda el fracaso del intento de Lidia Falcón de crear un Partido Feminista (1979 legalizado en 1981), ya que coincidió con la institucionalización del movimiento de las mujeres, que acabó con el dinamismo de las asociaciones y su contribución a la lucha por la democracia. La Constitución, aprobada tras el referéndum de 1978, reconoció derechos, aunque no tantos como la de 1931.

Las luchas de los homosexuales según Brice Chamouleau («Homonacionalismos historiográficos en España: interpretaciones de las leyes y del honor bajo la Constitución de 1978») fueron la culminación del orden democrático que concretó en 2005 la ley de matrimonio con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. La enmarca en la voluntad de las instituciones europeas de proteger a las minorías sexuales desde el derecho, sin embargo, cita a Eduardo Haro Ibars para resaltar que el reconocimiento de unos esconde la represión de otros.

M.^a Magdalena Garrido Caballero y Mónica Puente Regidor («Crisis económica, gestión política y protesta social en España») insisten sobre el hecho de que la gestión política de la crisis se ha centrado en seguir las directrices de las instituciones comunitarias y del FMI, lo que limita la acción del Gobierno y contribuye a desacreditar a los políticos. Analizan los movimientos sociales, en particular el grupo Afectados por la Hipoteca (2009), creado en respuesta a los abusos de los bancos.

La movilización social pasó también por formas tradicionales como las manifestaciones. Merce Pujol Berché («Crónica de una manifestación anunciada: Barcelona, 11 de septiembre de 2012») trata esta manifestación en Barcelona donde se congregó más de un millón de personas bajo el lema de «Independencia de Cataluña». Analiza a partir del léxico (sustantivos como país, nación, Estado, pueblo, y adjetivos como propio, soberano, sujeto político) que revela las aspiraciones de los manifestantes. Un tema de actualidad.

Óscar J. Martín García («Una democracia de orden. La respuesta de los poderes públicos a la movilización social en España, 1975-2015») estudia hasta casi la actualidad la evolución de los métodos de la policía para mantener el orden con métodos burorrepresivos poco visibles, como los controles de identidad y las sanciones administrativas.La preocupación por la democracia está relacionada ahora con una sensación de retroceso democrático.

Los diferentes enfoques que se han glosado brevemente en esta presentación son una muestra del vigor que han adquirido en las últimas décadas los estudios sobre la Transición a la democracia en España. La ampliación de las temáticas ha situado a la opinión pública y a la acción colectiva de los agentes políticos y sociales en un lugar destacado del nuevo paradigma interpretativo que empieza a configurarse. La movilización, entendida como fenómeno y también como categoría histórica, adquiere así entidad en la explicación del cambio de régimen. Pero también nos ayuda a entender la crisis del sistema pactado en 1978, que no puede desligarse de la protesta social canalizada por el 15-M y de la creciente movilización nacionalista en Cataluña. En definitiva, este libro pretende ser una contribución plural al análisis histórico de la España actual.

NOTAS

1^{Nos hemos permitido incluir en los artículos la significación de algunas siglas.}

2^{J. Rancière, La haine de la démocratie, Paris, La Fabrique, 2005.}

3^{https://www.monde-diplomatique.fr/2015/09/KEUCHEYAN/53712.}

4^{Véase Vacarme, 48, «Puissance de la démocratie, été 2009», págs. 8-17. http://www.vacarme.org/article1772.html}

5^{J. Rancière y P. Rosanvallon, Comment revivifier la démocratie?, La Tour-d’Aigues, Editions de l‘Aube, noviembre de 2015.}

6^{Véase su blog: http://lucasfra.blogs.uv.es/author/lucasfra/.}

7^{Véase J. Vidal Beneyto, «La transición o la perpetuación de la clase dominante», La Transición Española. Nuevos enfoques para un viejo debate, M.-C. Chaput y J. Pérez Serrano (eds.), Madrid, Biblioteca Nueva, 2015, págs. 327-333 y, en el mismo volumen, A. Sintado, «José Vidal Beneyto y la Delegación Exterior de la Junta Democrática de España (1975-1976)», págs. 335-342 y Archivo personal de José Vidal Beneyto, págs. 343-347.}

8^{Gianfranco Pasquino, Centro de Bolonia. Universidad Johns Hopkins, «La política de los terrorismos en Italia: una síntesis», Psicología Política, núm. 4, 1992, págs. 7-26.}

PRIMERA PARTE

CIUDADANÍA, DEMOCRACIA Y OPINIÓN PÚBLICA

1
SOBRE DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y DESOBEDIENCIA CIVIL⁹

JAVIER DE LUCAS

Universidad de Valencia

En los dos últimos años, todos los sondeos del CIS (y de otras agencias de estudios de opinión, como los de Sigma-Dos o Metroscopia) nos muestran un retrato robot de la imagen de los políticos entre la ciudadanía que puede describirse fácilmente: desfondamiento, malestar, desafección política y miedo al futuro. La media se acerca a un 40% de los españoles que se siente ajeno al modelo institucional y muy concretamente a sus representantes políticos en las Cámaras. Parece aumentar en la ciudadanía el hartazgo y el rechazo a una política que podría llegar a convertirse en rechazo y hartazgo de «la política».¹⁰ Pero lo cierto es que, si no nos quedamos en la superficie, es posible atisbar otra hipótesis más compleja, que nos habla de una crisis institucional profunda que afectaría al modelo mismo de democracia representativa tal y como se encuentra diseñado en nuestra Constitución, de donde las voces que sostienen que la única salida es una radical: la de un nuevo proceso constituyente.

Quizá podríamos rebajar la dimensión de la crisis reconociendo, como nos proponía José María Maravall,¹¹ que no estamos ante una novedad, sino solo ante un proceso de incremento de las razones que alimentan el déficit representativo de las democracias. El profesor Maravall —como saben sus lectores— subraya cuatro: la primera, las asimetrías de información entre ciudadanos y políticos. La segunda, la carencia de incertidumbre suficiente sobre los resultados electorales, estímulo básico para que los gobernantes atiendan los intereses de los ciudadanos. La tercera, la frecuente usurpación de la voz del pueblo por parte de los políticos, que aumenta la distancia entre las preferencias de los ciudadanos y las decisiones políticas. La cuarta, la hostilidad respecto de las instituciones, en particular, de los partidos políticos.

Frente a esos procesos de degradación, Maravall sostiene que hay posibilidades de reacción, que pasan ante todo por mantener que el juego electoral es genuino, que no es cierto que —como pretenden los que convencionalmente denominamos «antisistema»— todos los programas políticos y todos los partidos sean iguales. El mismo profesor insiste en dos líneas de acción clave: la necesidad de iniciativas —mecanismos, normas, instituciones— que pongan coto a la impunidad, a la irresponsabilidad electoral y a la corrupción y, además, la necesidad de una reacción cívica sostenida frente a esos comportamientos.

1. EL PAPEL DE LA CIUDADANÍA EN LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

Pues bien, en ese marco se inscribe mi contribución a este segundo debate sobre la transición, pues querría plantear algunos argumentos que permitan avanzar en torno a dos problemas.

En primer lugar (1), sobre el lugar del disenso y de la crítica en democracia. Creo que se extiende peligrosamente la tesis de que toda crítica coherente, radical (en el sentido de la crítica que reivindica las raíces de lo que, por definición, es la democracia) es radical en el sentido peyorativo: desmesurada, irreal, en suma, antisistema. En mi opinión, esa descalificación se asienta en un prejuicio, es decir, en la insistencia en una posición que —siempre a mi juicio— es hija de la ignorancia y de lo que denominaría en el mejor de los casos ingenuo «fundamentalismo democrático», propio de quienes sostienen ideas recibidas y asaz conservadoras —en realidad, reaccionarias— sobre lo que se reivindica tan frecuentemente como patriotismo constitucional, que tiene mucho del patriotismo que denostara Oscar Wilde («el último refugio de los cobardes») y muy poco de constitucional, pues confunden la Constitución con la Carta Magna, si no, con las Tablas de la Ley. Es decir, creen que se trata de un texto sagrado, otorgado por benéficos y patriarcales poderes a los que no se debe ofender… Por entendernos, me parece que abundan los que, sin conciencia de ello, como el personaje de Molière, son presas de ese «miedo a la democracia» estudiado y denunciado, por ejemplo, por el filósofo Jacques Rancière y que, por simplificar, se concreta en una actitud de sospecha y temor cada vez que el pueblo, es decir, la ciudadanía, parece tomar la voz para recuperar aquello que democracia significa frente al mixtum de aristocracia cultural y oligarquía económica, que se basa en el clientelismo, una democracia demediada en que han degenerado en no poca medida bastantes democracias representativas.

Y quiero concretar esa actitud, cada vez más presente en muchos medios de comunicación, opinadores, analistas y responsables políticos, refiriéndome a la descalificación de la desobediencia civil y de los movimientos sociales que la ejercen (la PAH, Plataforma de los Afectados por las Hipotecas, claro, entre otros) que insiste en que, en democracia, esas estrategias son solo un ultimísimo recurso: recordaré que, si bien el primer referente contemporáneo de la DC (desobediencia civil), Henry David Thoreau, es un exponente de una concepción anarcoliberal, lo interesante es que hoy los movimientos de desobediencia civil se aproximan en su actuación a la idea de sociedad-red que Castells supo detectar como una de las claves de nuestras sociedades en este cambio de época. Eso nos sitúa precisamente ante la conveniencia e incluso la necesidad de reconocer que las prácticas de desobediencia, resistencia y disenso, paradójicamente, suponen vías de solidaridad y de participación, es decir, manifestaciones de una ciudadanía activa y solidaria… Por esa y otras razones estoy convencido de que debemos discutir la oportunidad e incluso la necesidad del recurso a la desobediencia civil, lo que supone discutir en concreto, es decir, plantear si no solo es plausible sino necesaria, justa, equitativa y saludable, qué tipo de desobediencia, por qué y cuándo hoy.

Pero esta cuestión, como se ve, nos remite en realidad a otra de mayor calado (2): al debate sobre las raíces mismas de la democracia y así a su relación con el disenso y a la identificación con el modelo de democracia representativa. Porque no olvidemos que hablamos de modelos históricos, que han evolucionado y pueden y deben seguir transformándose para dar respuesta a los problemas del ahora y aquí y, aún más, de las generaciones futuras. La democracia no es una fórmula mágica descubierta de una vez para siempre. Si hay dos características o dos desafíos que muestran las aporías del modelo liberaldemocrático que encarna en las democracias representativas, son los déficits de inclusión, es decir, de igualdad, y de pluralismo, que están fuertemente entrelazados. Son déficits que remiten a la vexata queastio del papel del pueblo, de la ciudadanía, la misma que planteara ya Rousseau en El contrato social, su famoso aserto sobre el pueblo inglés, que es una crítica a la identificación reductiva de democracia y derecho al sufragio: «El pueblo inglés cree que es libre, pero se equivoca: solo lo es durante la elección de los miembros del Parlamento; una vez elegidos, se convierte en su esclavo, no es nada. En los breves momentos de libertad, el uso que hace de ella merece que la pierda». Por eso, no: se equivocan quienes piensan que el único papel de la ciudadanía en democracia es el de ejercer el derecho al sufragio (o, en todo caso, como ha recomendado la secretaria general del PP a los movimientos sociales, constituirse en un partido político más) y a continuación dejar hacer a sus representantes (y, por supuesto, sin molestarles con críticas acerbas) hasta la siguiente elección.

La ciudadanía, el pueblo, ya no puede seguir siendo tratado como menor de edad, ya no se puede seguir apelando al consenso construido sobre la vía pasiva de su reducción a cuerpo electoral una vez y a consumidor pasivo el resto del tiempo, con el output de los derechos y el bienestar en tiempos de vacas gordas y del miedo en momentos de vacas flacas, de crisis (por no decir el chiste bien conocido del nosotros o el caos, que tiene hoy la versión del dogma TINA —«there is not Alternative»— de Tathcher y Tietmayer, que se traduce en tragar, en callar, en sacrificarse con paciencia, porque algún día mejorarán las cosas, gracias a la imperecedera «mano invisible»). Y tampoco puede seguir manteniéndose una noción imaginaria (como todas, por cierto) de pueblo que lo identifica con una categoría etnonacional, homogénea, tanto en el sentido cultural como en el socioeconómico. Eso, que se concretaría en la importancia de una amplia clase media, está yéndose por el sumidero y posiblemente no se recuperará. Con el vertiginoso incremento de la desigualdad (y España ha alcanzado en los últimos cinco años récords negativos en el índice Gini respecto a la media europea) reaparece la amplitud de sectores desagregados, marginalizados e incluso excluidos del mínimo de participación en la distribución de la riqueza, de los derechos, del poder. Con ello vuelve el fantasma de las «clases peligrosas» y el riesgo de fragmentación y confrontación social que, de momento, parece combatirse solo a base del mensaje del miedo. Y eso es letal para la democracia, porque exige ahondar en la ignorancia, en el prejuicio, en la minoría de edad de los ciudadanos, convertidos en consumidores pasivos y sujetos activos solo de reality shows… Es lo que ilustra, en mi opinión de forma tan sutil como genial, una novela de culto de Richard Yates, poco conocida en España, a pesar de haber sido recientemente traducida al castellano y de su versión cinematográfica (que no le hace justicia en absoluto): Revolutionary Road.

Por eso es tan coherente que estos procesos coincidan con la exacerbación de los peores aspectos de la sociedad del espectáculo teorizada por Debord y que para gran sorpresa universal parece haber descubierto el año pasado (como los que descubren el agua caliente o el Mediterráneo) el inefable filósofo y teórico social Vargas Llosa, que proclama a los cuatro vientos tan innovador descubrimiento en un muy prescindible ensayo que desdice de la admirable capacidad narrativa del Nobel de Literatura… Es lo que se ha ejemplificado asimismo tantas veces en el cine: por ejemplo, por no ir a los clásicos, en un film de Shyamalan que ha pasado desapercibido (frente al primero, El sexto sentido), The village (2004), significativamente estrenado entre nosotros como El bosque… Eso es coherente con el desmantelamiento del sistema educativo, sobre todo del sistema de ciencia e investigación, que vivimos, porque desde esa perspectiva es un lujo prescindible.

Y todo eso es precisamente lo que pone de manifiesto la necesidad de volver a pensar la relación entre democracia y disenso como clave de comprensión de los déficits de la democracia participativa, que se evidencia más en momentos de crisis. Si el futuro de la democracia pasa por un modelo, ese es el de la ampliación del carácter plural e inclusivo y en ambos casos el disenso es capital. Esto obliga a entrar en el debate sobre el modelo de ciudadanía que necesitamos en estos tiempos de desánimo, amenazados por el modelo de globalización que nos encorseta y somete, a la necesidad de enfrentarse con el miedo y a reivindicar la isegoría y la eisangelía para alcanzar la isocracia. Y por eso, la necesidad del debate sobre desobediencia civil, que no es lo mismo que la rebeldía ni que la revolución. Y no porque estas sean malas opciones frente a aquella, sino porque sus condiciones y objetivos son muy diferentes.

Como ejemplifican los protagonistas de The Village y de Revolutionary Road, nuestra condición es la de la resistencia. La resistencia para decir no, en primer lugar, para hacerlo públicamente con todas las fuerzas y medios posibles y para tratar de hacer llegar ese no, esos noes, a la mayoría, y así convencerla de nuestras razones. La nuestra, como la condición de la filosofía (según acaba de recordar el filósofo Jacobo Muñoz), es la condición de resistente. Y por eso, como luego recordaré, conviene retomar con Balibar la idea de democracia como insurgencia, la idea de la lucha por los derechos.

Siempre que se habla de democracia convendría recordar una vieja advertencia de Polibio (y antes de Herodoto) acerca de lo necesario que es para la democracia la isegoría, es decir, la igual libertad de palabra, sin la que no es posible que florezca la libertad. La isegoría, asegura Polibio, es tan importante como la isonomía (igualdad jurídica) o la isocracia (igualdad de poder), porque, si no se asegura a todos por igual la libertad de crítica, se pone la semilla para la pérdida de libertad. Y por eso el miedo, el miedo al miedo, el miedo a la libertad, es el mayor enemigo de la democracia.

Porque siempre que se habla de ciudadanía sería bueno tener en cuenta que el modelo de individualismo posesivo, del liberal monadista, que subyace a la propuesta neoliberal, no es el único. Que cabe una ciudadanía diferente, una visión activa de la ciudadanía. Es decir, que, en palabras de algún estudioso, ha llegado «la hora de los ciudadanos», la hora de su responsabilidad, de la toma de conciencia de que su protagonismo activo en la vida pública no se concreta solo en el derecho al sufragio, ni siquiera con el añadido necesario del control del ejercicio de los poderes, sino también en asumir las cargas, responsabilidades y deberes que derivan de la existencia de tal vida pública, y que no pueden ser vistas tan solo como tarea de la Administración a partir de las contribuciones de tipo económico que los ciudadanos realizan. Es decir, una nueva concepción de la ciudadanía; la ciudadanía responsablemente solidaria.

Frente a lo que suele argumentarse, no creo que el Estado social se construya sobre un modelo de ciudadano pasivo que lo espera todo (insaciablemente, cada vez más) del Estado/padre/intervencionista. Al contrario, exige una noción de ciudadanía que debe estar profundamente arraigada en el compromiso social y, por tanto, en la idea de responsabilidad, porque no hay solidaridad sin responsabilidad. Por consiguiente, y creo que es necesario advertirlo, el sentido de esta reflexión no coincide en absoluto con el proyecto de sustitución solapada de las exigencias político-jurídicas de la igualdad por un más o menos vaporoso alegato en pro de la solidaridad que las más de las veces oculta una mentalidad que trata de retrotraerse al modelo de la beneficencia, o, en todo caso al del asistencialismo, en los que la solidaridad, digámoslo otra vez, es un sucedáneo laico de la caridad, o, para ser más exactos, de la limosna, porque la caridad en sentido estricto es mucho más exigente para el creyente. No pretendo arrimar el ascua a la hoguera en que parece consumirse hoy el principio de igualdad, y en ese sentido me parece justo denunciar que una parte considerable de los conversos de la solidaridad se encuentra próxima a tales incendiarios, los mismos que claman contra la asfixia producida por el Estado clientelar. Esa es una de las perversiones de la solidaridad, de sus trampas, que es preciso estudiar y criticar. Por eso, nuestra condición en cuanto ciudadanos nos conduce al recurso a la desobediencia civil. ¿A qué tipo de desobediencia civil?

El vínculo entre autonomía, ciudadanía y democracia que me interesa explorar ahora tiene mucho más que ver con un clásico motto del gran Spinoza, invocado al principio de estas páginas: la necesidad de una ciudadanía crítica, activa, consciente de su soberanía, como clave de juicio de la bondad del orden político, según escribe en su Tractatus Politicus (capítulo V, 4): «Por lo demás, aquella sociedad, cuya paz depende de la inercia de unos súbditos que se comportan como ganado, porque solo saben actuar como esclavos, merece más bien el nombre de soledad que de sociedad». Recordemos que, en opinión de ese espíritu libre que fue el filósofo y óptico marrano que encontró no solo un refugio sino un efímero ejemplo de sociedad civil libre y próspera en el pequeño territorio de la República de las Provincias Unidas, bajo la guía de Johann de Witt, «No cabe duda de que los contratos o leyes por los que la multitud transfiere su derecho a un Consejo o a un hombre deben ser violados cuando el bien común así lo exige» (Tractatus Políticus, capítulo IV, 6).

Esa preocupación spinoziana está presente, a mi juicio, en la rigurosa exigencia que preside el ideal de ciudadano crítico plasmado en los textos de Henry David Thoreau (de indiscutible y genuino acento libertario) sobre la desobediencia civil y el derecho a la revolución, escritos hace más de 150 años y cuya actualidad no puede dejarse de invocar hoy.¹² Sí, las de Thoreau son reflexiones escritas en un contexto que, para el ensayista norteamericano, muestra la frustración o agotamiento (o acomodamiento) del espíritu de la revolución de 1775, una revolución democrática. A mi juicio, esa circunstancia, la conciencia del desvío del proyecto democrático como proyecto revolucionario, se ha repetido y se repite en otros momentos históricos.¹³ También hoy: es la condición de crisis de la democracia que vivimos en la actualidad y que nos obliga con urgencia a pensar de otra manera —por nuestra propia cuenta— la democracia y la ciudadanía. Una urgencia que, en realidad, remite a un proyecto no menos necesario, pero más amplio, el de ofrecer una nueva «gramática de la democracia», según la expresión formulada por Bovero¹⁴ y reformulada, como veremos, por E. Balibar o J. Rancière, y también por W. Brown, B. Santos, A. Honneth o L. Ferrajoli.¹⁵

Recuperar el impulso democrático. Aunque tradicionalmente se vinculan democracia y consenso, lo cierto es que tanto la historia como la teoría de la democracia nos hacen ver que es al contrario: la clave de la democracia es la capacidad para reconocer y aun garantizar el disenso y la crítica o, incluso más aún, la resistencia al poder establecido.¹⁶

En efecto, la democracia es confianza, pero también y sobre todo desconfianza, permanente actitud crítica ante el ejercicio del poder, al que es imprescindible controlar si es que pretendemos que conserve algún sentido la noción de poder del pueblo. Pero es una desconfianza que circula en los dos sentidos. Porque, volviendo a J. Rancière,¹⁷ la historia de la democracia puede ser explicada como la historia del odio a lo que esta significa, el poder del pueblo como soberano, el poder de los iguales, los dotados de paria iura, al decir de Cicerón cuando explica su noción de respublica. De ahí nace la dificultad, la renuencia que han experimentado siempre los centros de poder de la denominada «democracia institucionalizada» (la representativa, que, las más de las veces, es un mixtum de aristocracia «política» y oligarquía económica) para confiar en el pueblo como sujeto soberano auténtico.

En mi opinión, Balibar lo ha explicado de forma paladina: «la democracia, entendida de una manera radical, no es el nombre de un régimen político, sino solo el nombre de un proceso que podríamos llamar tautológicamente la “democratización de la democracia” (o de lo que dice representar un régimen democrático), y por lo tanto el nombre de una lucha, una convergencia de las luchas por la democratización de la democracia… es más bien una lucha permanente por su propia democratización y en contra de su propia conversión en oligarquía y monopolio del poder».¹⁸ Dicho de otra manera, de nuevo con Rancière, lo que conocemos como democracia representativa administra de forma paternalista el interés general que, las más de las veces, queda secuestrado por los intereses particulares (oligárquicos), de acuerdo con la ley de bronce enunciada por R. Michels. Por eso la necesidad de esa lucha por la democratización de la democracia que, en gran medida, nace de la desconfianza, hoy quizá más viva porque precisamente hoy constatamos el auge de movimientos sociales que denuncian un alejamiento cada vez mayor de las elites políticas y de los cauces de representación respecto a las necesidades, interés y expectativas de los ciudadanos, de donde la crítica que se ha convertido en lema original del denominado movimiento de los indignados en España, o movimiento 15M: «No nos representan».

2. LA DESOBEDIENCIA CIVIL EN LAS DEMOCRACIAS, HOY

Lo primero es desmentir que comoquiera que vivimos en una democracia y en un Estado de derecho no hay lugar para la desobediencia civil. La restricción de que, en un Estado democrático de derecho, es obligado respetar la opinión de la mayoría expresada en el Parlamento y recogida en las leyes no es un postulado al que haya que rendir culto. Pues es obvio que solo una teoría estrechamente procedimentalista estaría dispuesta a defender que las democracias realmente existentes son democracias en sentido estricto (gobierno del pueblo). En la práctica de nuestras democracias hay todavía mucho que decir (críticamente) sobre quién es realmente el soberano, cómo se articulan realmente las mayorías y qué representan realmente los partidos políticos que proponen una determinada ley al Parlamento (sobre el servicio militar, el presupuesto de defensa, el estatus de los inmigrantes, lo que hay que considerar como familia, la ilegalización de tal o cual formación política, etc.).

Hay, por tanto, condiciones que, incluso en un Estado democrático, obligan a considerar hasta dónde es moralmente admisible el principio moral de obligación política y que siguen justificando la práctica de la desobediencia civil. Pensemos, por ejemplo, en cuatro supuestos verosímiles: (a) Ocurre que el mero principio de las mayorías no garantiza sin más, a priori, el respeto de los derechos humanos, pues las mayorías pueden decidir actuaciones que contradigan derechos de determinadas minorías. (b) Ocurre también que el principio de la división de poderes, característico de un Estado democrático de derecho, no siempre se cumple, de manera que hay circunstancias en que pueden quedar bloqueadas las posibilidades de expresión y actuación de determinadas minorías. (c) Ocurre, además, que en Estados democráticos plurinacionales y multilingüísticos, que son los más, hay conflicto entre el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y el reconocimiento efectivo del derecho a la diferencia. Y (d) ocurre a veces que, incluso en Estados democráticos, y por reacción de la mayoría frente a actuaciones que no han tenido que ver con la desobediencia civil, se produce un recorte grave de los derechos humanos de determinados sectores de la población. Tales circunstancias no son supuestos hipotéticos, sino situaciones de hecho que se han dado y se dan en los países democráticos actuales.

Así pues, en un Estado democrático, la admisión formal de la desobediencia civil será un síntoma de autocontención, un reconocimiento de los límites del propio Estado y del carácter procesual de las constituciones vigentes. Por eso algunas constituciones la admiten formalmente; y por eso se ha podido decir, con razón, que la desobediencia civil es precisamente la piedra de toque de la democracia o el más evidente de los indicadores de la madurez de las políticas democráticas. Teniendo en cuenta la imperfección y los déficits de las democracias representativas realmente existentes, algo generalmente admitido, la desobediencia civil puede considerarse hoy en día no como un síntoma de deslealtad frente a la democracia, sino como una forma excepcional de participación política en la construcción de la democracia. Y no es casual en absoluto el que la afirmación de la desobediencia civil en el marco de ese movimiento de movimientos que es el movimiento anti-globalización vaya generalmente acompañada no solo de la defensa de la universalización de los derechos humanos que la democracia proclama, sino también de la afirmación de la necesidad de una ampliación de la democracia representativa en democracia participativa.

De ahí que la justificación de la desobediencia civil en los Estados democráticos representativos tienda a ser no solo moral sino ético-política. Cuando en nuestros días los individuos o colectivos propugnan la desobediencia civil (por ejemplo, frente al reclutamiento en caso de guerra, frente a las leyes sobre los inmigrantes o frente a la ilegalización de formaciones políticas que, siendo minoría, alcanzan porcentajes por encima del diez o quince por ciento de los votos emitidos) no están tratando simplemente de salvar su alma (o su conciencia) frente a lo que consideran una ley injusta, sino que su actuación apunta a convencer a la mayoría parlamentaria (o al pueblo soberano) de su error en el ámbito de la esfera pública. Aun aceptando el principio moral de la obligación política, el desobediente tiende a buscar, por tanto, una justificación no solo moral sino ético-política para su actuación, dado que esta se produce en el ámbito de la ética de la responsabilidad pública, no solo en el ámbito de la ética de las convicciones morales.

Al llegar aquí se puede discutir si tal o cual actividad o campaña concreta de desobediencia civil ante una determinada ley aprobada por el Parlamento (sea esta la Ley Orgánica de Universidades (LOU), la ley de extranjería, la ley de ilegalización de partidos políticos o las leyes por las que se rige actualmente el comercio internacional) es apropiada, correcta o la más adecuada para alcanzar el fin que los desobedientes dicen proponerse. Pero esta es una discusión sobre medios y fines, sobre las consecuencias públicas de nuestras acciones colectivas, y tiene que hacerse con los mismos argumentos con los que se discuten las consecuencias, hipotéticas o previsibles, de cualquier otra acción ético-política (incluidas las acciones del partido o coalición que hayan resultado mayoritarios en las elecciones o las acciones de los jueces de los más altos tribunales en nombre del Estado).

Es una actitud típicamente falaz de quienes se consideran representantes de la mayoría o del soberano en un momento histórico dado el descalificar la desobediencia civil ante tal o cual ley aduciendo que el comportamiento de los desobedientes pone en peligro el conjunto de las instituciones democráticas, el Estado de derecho o el sistema democrático establecido. La democracia, las constituciones (y, por extensión, las leyes subordinadas, incluida la ley penal) son siempre consecuencia de procesos históricos concretos, y procesuales ellas mismas. De donde se sigue que el peligro potencial para la democracia puede venir tanto de una consecuencia perversa de la crítica (justa) de sus déficits actuales como de la autocomplacencia de la mayoría (por representativa que sea) o del soberano mismo respecto de la democracia realmente existente. Hay ejemplos históricos de ambas cosas. Y el más reciente (el recorte de las libertades al que se asiste en el mundo a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001, denunciado por varias asociaciones de juristas demócratas) apunta precisamente a esto último, a la autocomplacencia o la prepotencia, no al riesgo de la crítica (por global que sea) que los desobedientes hacen de la democracia realmente existente, que, como he mantenido en otro lugar, era ya, antes del 11 de septiembre, una democracia «demediada».

Y ahora que nos hablan de Constitución y de reforma de la Constitución, ahora que asistimos a un tira y afloja poco edificante sobre lo que significa la Constitución y sobre la forma políticamente correcta de respetar y reformar, quizá convenga añadir alguna cosa…

Encontramos dos posiciones en el debate actual. De una parte, la posición de quienes insisten en hablar de la Constitución casi como un texto sagrado, que no debemos tocar para no mancharla ni estropearla. Son, en no poca medida, quienes optan por una retórica que, sin embargo, no es vacía, porque comporta un proyecto preciso. La única tarea posible es la exégesis, glosa encomiástica de lo recibido (por eso la insistencia en equipararla con la Carta Magna, aunque eso revele un brutal desconocimiento de la historia y de la política, más incluso que del derecho constitucional). A lo sumo, se insiste en lo que fue la Constitución: una piedra miliar que puso fin a la historia de rencillas entre los españoles y a los problemas históricos: el igual reconocimiento y garantía de derechos, las relaciones entre Estado e Iglesia, la cuestión de la educación, la tensión entre una España centralista e imperial y el reconocimiento de la pluralidad nacional, lingüística, cultural, el peso desmedido del ejército, etc. No la toquéis, es la rosa. Y para garantizar que siga así, que perdure, hay que hacerse fuertes y cerrar filas en torno a los guardianes de la Constitución.

Porque el problema de esta concepción, consiste en esto, en que, en aras de defender la Constitución que ha preservado nuestra convivencia, se está utilizando la Constitución como arma arrojadiza, como argumento electoral e incluso más allá. El test de constitucionalidad («ser constitucionalista o no») se convierte así en un ejercicio del modo de pensar la política propuesto por Carl Schmitt: amigo/enemigo. Una deficiente comprensión de lo que Sternbeger acuñara como «patriotismo constitucional» y fuera divulgado después por Habermas, ha servido para realizar este proyecto. Es un retorno a la tradición monista, cerrada, incluso excluyente, en la que se vuelve a conjugar el conmigo o contra mí, so capa de que no hay alternativa: o se está con la Constitución (con nuestra interpretación de la Constitución, que imponemos porque tenemos el monopolio de la verdad constitucional) o extramuros de la democracia. Una visión que recuerda aquellos versos de Heine con los que Marx fustigaba la visión política de la escuela histórica del Derecho, que trata de encadenar la realidad al imperio de los antepasados, desde la visión de los antepasados que imponen un grupo de nuestros contemporáneos, los que tienen, diríamos ahora, la mayoría absoluta. Y en aras de esa visión maniquea no se duda en arrojar el Código Penal contra cualquier manifestación de disidencia, sobre todo si es seria. Es decir, una concepción antipluralista de la Constitución, que olvida lo que dice su artículo primero.

En realidad, la desobediencia civil entronca con un elemento básico de la democracia, incluso de la democracia liberal tal y como la prefigurara Locke: es su appeal to heaven (que inspira los preámbulos de la Declaración de Independencia de 1776 y de buena parte de las constituciones como la de Pensilvania o Virginia) el que da lugar a lo que entendemos como derecho de resistencia, como impugnación de la legitimidad del poder establecido y, por tanto, de la fuerza de obligar de sus mandatos. Ese derecho (de orígenes que nos remontan a la Antigüedad clásica, al drama de Antígona) renació con los movimientos revolucionarios del XVIII, en particular las revoluciones americana y francesa, que harán posible su reformulación formal hasta conseguir lo que podemos considerar como su «constitucionalización», que se concreta sobre todo en cinco artículos de la Constitución francesa de 1793 (en particular el artículo 35), más aún que en la Declaración de Derechos del 89 (cuyo artículo 2 dispone: «Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression»).

Este segundo punto de inflexión del derecho de resistencia, pues, es el que permitiría formular la democracia en términos de la tradición de «insurgencia», que renace también con las dos revoluciones del XVIII, marcadas por el ideal ilustrado de emancipación, y en la tesis liberal de Locke, que le conduce a enunciar ese derecho como básico.¹⁹ Y es en ese sentido, a mi juicio, como lo propone de nuevo Balibar, para quien «Insurrección… sería el nombre general para una práctica democrática que construye la ciudadanía universal. Se puede hablar de una lucha permanente en la dirección de la democratización de las instituciones existentes».

La cuestión que se plantea hoy, ante la profundidad de la que fuera en su inicio crisis financiera y ha devenido en crisis social es si el descontento (incluso la indignación) que se extiende en relación con la calidad democrática de nuestras sociedades no es una buena razón para pensar, por así decirlo, en un nuevo punto de inflexión del derecho de resistencia: ¿tiene sentido hoy recuperar la noción de derecho de resistencia? ¿Bastaría con el recurso a la desobediencia civil? ¿Acaso no deberíamos explorar la conexión con la impugnación más radical, la que es propia de la revolución y se expresa, pues, inevitablemente, en clave de conflicto bélico?

La legitimidad del derecho básico a la resistencia es particularmente evidente cuando nos encontramos ante regímenes desprovistos de legitimidad de origen y de ejercicio, esto es, las dictaduras, los regímenes totalitarios. En ese caso, el derecho de resistencia encuentra como expresión más clara la facultad de confrontar radicalmente al poder establecido, que no puede ser reformado para reconducirlo a la legitimidad, sino que debe ser sustituido y ello implica, las más de las veces, un conflicto armado, una revolución.

Dicho de otra manera, la población civil, los agentes sociales tienen así un derecho de resistencia fuerte, como ha sido explicado por una tradición clásica en filosofía política. Un derecho que abocaría a un supuesto que puede y debe ser claramente diferenciado de las teorías de la guerra justa, puesto que el enemigo contra el que se entra en guerra en aras del derecho a resistir no es en este caso un Estado invasor o agresor, sino el poder del propio Estado que, por su ilegitimidad de ejercicio (que no necesariamente de origen), no solo ha perdido la razón de justificación del deber de obediencia a sus mandatos, sino que genera ese derecho radical de resistencia que se expresa a través de la fuerza armada y aboca al conflicto bélico (que no necesariamente comporta guerra civil), con mucha frecuencia a través de formas de insurgencia entre las que la guerrilla es la más común.²⁰

Por todo eso, es interesante recordar el precedente de la democracia clásica en lo que se refiere a la necesidad de que, en democracia, exista el recurso a la eisangelía, esto es, la capacidad de llevar a juicio (y, con ello, resistir) las decisiones corruptas, incompetentes, abusivas del poder. Y con ello no estamos haciendo referencia ni prioritaria ni exclusivamente a la forma ortodoxa de entender ese topos de la arquitectura democrática que es la separación del poder, el sistema de check and balances, por utilizar la referencia a la tradición de los EE. UU. de Norteamérica. En efecto, aunque el ejercicio del recurso al control del poder por los tribunales no es habitualmente incluido como manifestación del derecho de resistencia, sí que lo es en su acepción más radical y original, precisamente aquella según la cual los ciudadanos son los sujetos mismos de la democracia y justamente por eso tienen el derecho y el deber de resistir en el sentido prístino del término: permanecer en su ser, como origen y fuente del poder legítimo —de la soberanía popular— y llegar hasta el final, lo que quiere decir no ya aguantar pasivamente para durar, sino agotar toda posibilidad de corregir el ejercicio del poder con el que se sientan en desacuerdo.

Llegados a este punto debemos plantearnos una vexata quaestio de la desobediencia civil y del derecho de resistencia: ¿constituye esta vía un prius que debe agotarse antes de dar el paso a la utilización de la fuerza? En mi opinión, la respuesta debe ser forzosamente afirmativa. Y la razón parece evidente: en esta manifestación de la resistencia lo que se pretende es recuperar la legitimidad vulnerada, y no impugnar a radice el poder establecido. Es importante retener que hablamos de regímenes que cuentan con los requisitos mínimos para que se hable de democracia, en el sentido institucional o formal. En otro caso, se impone el appeal to heaven y aparece en toda su legitimidad el recurso al derecho de resistencia como empleo justo de la fuerza.

Pero casi todos somos conscientes de que el agotamiento al que asistimos hoy por parte de instituciones y agentes propios de la democracia representativa para restituir en la prioridad de la agenda (de «su» agenda) las necesidades e intereses de los titulares de la soberanía popular, esto es, el pueblo, los ciudadanos, hace posible pensar en la posibilidad e incluso en la conveniencia de que se planteen, en sociedades democráticas como las nuestras (por más que demediadamente democráticas), procesos constituyentes que palíen el vacío de la «secuencia destituyente» en la que parece que nos hemos embarcado con la gestión de la crisis que nos imponen. Y no porque se pierda soberanía nacional, sino porque se pierde la soberanía, sin más. Así es cuando se plantea de una forma más radical el derecho de resistencia como defensa de una democracia para evitar que permanezca demediada o se degrade aún más, en línea con lo que se ha denominado «procesos destituyentes». Un derecho de resistencia que podría entenderse incluso como la vía para construir un nuevo proceso constituyente que recupere el impulso democrático original y para continuar con la lucha por los derechos, esa exigencia que una ciudadanía activa jamás debe olvidar: los derechos no están adquiridos de una vez para siempre. Las políticas de respuesta a la crisis, regidas por el fundamentalismo neoliberal y consagradas en la regla de oro de la primacía normativa del objetivo de reducción del déficit, nos enseñan que el Derecho y los derechos no son nunca un don otorgado: en ese caso, se trata de privilegios o limosnas que desaparecerán en cuanto aparezcan las vacas flacas. Por eso el mensaje hoy parece claro: ¡desobedeced!

3. CODA. UN EJEMPLO DE CÓMO LA LUCHA POR LOS DERECHOS ES EL MOTOR Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL

En suma, lo que pretendía subrayar es la conocida tesis de que la institución de la desobediencia civil, desde su moderna reformulación en 1849 por H. D.Thoreau en su Civil Disobedience, como ya hemos recordado, debe entenderse, sobre todo, como una vía de lucha por los derechos, ahí donde los «poderes salvajes» de los que habla Ferrajoli (Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional, Madrid, Trotta, 2011) limitan, desvirtúan e incluso suplantan los principios y valores que son el soporte de la legitimidad, incluso en las democracias constitucionales. El desobediente expresaría de ese modo una suerte de «desacuerdo razonable» sobre esos fundamentos, tal y como propone Besson y recuerda Biondo en su muy útil monografía de reciente aparición.²¹

Un ejemplo de ello se encuentra, a mi juicio, en un tipo de actuación crítica que caracteriza una parte de la reacción ciudadana ante las iniciativas legales de buena parte de los Gobiernos europeos en materia de políticas de migración y asilo. Los ciudadanos asisten sin posibilidad de reacción a la producción motorizada de un infraderecho en esos ámbitos, lo que incluye las mal llamadas devoluciones en caliente, la omisión del deber de socorro, la violación de derechos fundamentales de personas cuya condición de inmigrantes «irregulares» o de supuestos peticionarios de asilo (asylum seekers) prevalece sobre la categoría básica de titulares de derechos fundamentales qua seres humanos (y no hablo desde la perspectiva moral, sino desde el derecho internacional de los derechos humanos, constitucionalizado en todos los países de la UE). Estas iniciativas que vacían el derecho de asilo y relativizan los derechos de los que son titulares los inmigrantes incluso irregulares (conforme a la Declaración Universal de 1948 y los Pactos del 66 y a la Convención de la ONU de 1990 de derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias), imponen la inversión de principios jurídicos elementales como la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, la presunción de inocencia, el principio de publicidad, el de irretroactividad, el de legalidad, el derecho a la protección jurisdiccional en caso de conflictos que afectan a derechos fundamentales. Y alcanza cotas insufribles por lo que se refiere a menores no acompañados. Se llega al extremo de penalizar el cumplimiento del deber elemental de socorro, que es un principio inveterado del derecho internacional del mar (y que se consagra positivamente en la Convención de Montego Bay), y de criminalizar asimismo acciones de solidaridad con inmigrantes y solicitantes de asilo, a los que se asimila a las bandas criminales de tráfico y explotación de personas.

Me limitaré a recordar lo sucedido en las últimas semanas de 2016, cuando terminaba un año que se ha cobrado, según todas las fuentes fiables, no menos de 5.000 vidas humanas en el Mediterráneo. La policía detuvo cerca del puerto griego de Igoumenitsa a Mikel Zuluaga y Begoña Huarte, dos activistas de la Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak para la ayuda a los refugiados. Se les acusó de tráfico ilegal de personas porque intentaron trasladar clandestinamente hasta Italia a ocho refugiados de Siria, Irak, Irán, Pakistán y Afganistán. No es algo nuevo. Había sucedido ya en Francia, Italia y España, con motivo de modificaciones de los tipos penales sobre tráfico y explotación de inmigrantes que permiten identificar como «mafiosos» a quienes simplemente tratan de solidarizarse con esas personas que encuentran vagando desamparados después de haber alcanzado clandestinamente territorio europeo. Tres bomberos sevillanos que empleaban su tiempo y su dinero en tratar de ayudar a quienes intentaban cruzar el Egeo hacia las islas griegas sufrieron también esa suerte en 2015. No es muy difícil entender las explicaciones que unos y otros ofrecieron respecto a sus actuaciones: en el caso de los bomberos, aducen pura y simplemente la solidaridad con quienes se encuentran en peligro y la obligación moral de salvar vidas. En el caso de los dos activistas, expresamente se invoca la desobediencia civil como un recurso extremo de lucha por los derechos de unos seres humanos que son ignorados y aun estigmatizados como consecuencia de la obsesión securitaria de los Gobiernos de la UE. Estas actuaciones de desobediencia civil que recuerdan el leitmotiv del propio Thoreau son, a mi entender, la última barrera contra una barbarie moral y política: la desobediencia a estas leyes, disposiciones administrativas y prácticas policial-militares tiene, a mi juicio, un valor jurídico, moral y político innegable y constituye la expresión clara de una ciudadanía activa que lucha por los principios de legitimidad arruinados desde una legalidad insostenible, inaceptable. Una ciudadanía resistente y crítica que trata de recordar a la mayoría los principios de legitimidad y conseguir así la reversión de unos instrumentos jurídicos, unas políticas, que merecerán más temprano que tarde un juicio implacable por parte de las generaciones venideras.

NOTAS

9Este texto, como es obvio, está redactado en 2014. Desde entonces, las condiciones del panorama político español han evolucionado considerablemente. Pero creo que las tesis centrales sobre la relación entre democracia, ciudadanía y desobediencia conservan su validez hoy, sobre todo, como se verá en el apéndice incluido como coda, a la vista de los terribles resultados de las políticas migratorias y de asilo de la UE desplegadas desde 2013 y llevadas a extremos a mi juicio insostenibles por el giro renacionalizador en esa materia, emprendido por la inmensa mayoría de los Gobiernos europeos a lo largo de 2015 y 2016.

10^{Se consolida así la tendencia a entender superado el modelo bipartidista que arranca del sistema electoral (más que del constitucional) que es pieza clave del modelo político instaurado en España desde el origen de la transición y que alcanzaría, según una tesis que se ha convertido en tópico, a la propia «democracia constitucional española» y específicamente a lo que se ha dado en llamar «cultura de la transición», expresión acuñada por el periodista Guillem Martínez y que supone una crítica a 35 años de la democracia restaurada («segunda restauración») en 1978, tal y como se expuso en un libro de referencia sobre este debate, coordinado por el mismo Guillem Martínez, CT o la cultura de la transición. Crítica a 35 años de cultura española, Barcelona, DeBolsillo, 2012. Nos encontraríamos ante el agotamiento de un modelo de legitimidad (y de su discurso) basado en la alternancia bipartidista, aunque todavía es imposible determinar si se trata de un hecho irreversible.}

11^{Me refiero a las tesis expuestas en su libro Las promesas políticas, Barcelona, Editorial Galaxia Gutenberg, 2013.}

12^{Recordemos el aserto del parágrafo 20 de su Civil Disobedience: «any man more right than his neighbors constitutes a majority of one already» («Un hombre con más razón que sus conciudadanos ya constituye una mayoría de uno» (cito por la trad. castellana de J. J. Coy, Alianza, 2005, pág. 98). Pero Thoreau no es solo su Civil Disobedience (1849). Como es sabido, para comprender el alcance de la reflexión de Thoreau conviene tener en cuenta otros ensayos, sobre todo Life whithout Principles (1849) y también The Slavery in Massachussets (1854), además de su muy influyente Walden. Life in the Woods (1854) y, por supuesto, a la verdadera clave de su obra, sus Journals, publicados en 1906 y que ocupan 16 volúmenes (existe una antología en castellano, H. D. Thoreau, Escribir, publicada en Pretextos, 2002). Véase la cuidada edición de escritos de Thoreau, a cargo de J. J. Coy, con traducción de M.ª Eugenia Díaz, publicada con el título Henry D. Thoreau, Desobediencia civil y otros escritos, Madrid, inicialmente en Tecnos y luego en Alianza, 2005 (2.ª edición, 2012).}

13^{Como en tantas ocasiones, esa quiebra encuentra su mejor expresión en la novela y el ensayo. Aquí, como botón de muestra, utilizaré los textos del escritor y profesor murciano Miguel Espinosa (sobre todo Reflexiones sobre Norteamérica, Escuela de mandarines y La fea burguesía) y la obra maestra del novelista norteamericano Richard Yates, Revolutionnary Road.}

14^{M. Bovero, Una gramática de la democracia. Contra el gobierno de los peores, Madrid, Trotta, 2003 (me permito la remisión al comentario bibliográfico de ese libro en Le Monde Diplomatique, abril 2003).}

15^{Con esto quedan mencionadas las principales referencias en las que se inspira esta contribución.}

16^{Y hablamos del disenso en sentido propio que se extiende más allá de un derecho de resistencia concebido como último recurso, tal y como lo encontramos en la Ley Fundamental de Bonn, bajo el imperativo de rechazar supuestos como el de la toma del poder por Hitler.}

17^{Cfr. Le Maître ignorant: Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, París, Fayard, 1987 (hay trad. castellana, El maestro ignorante. Cinco lecciones para la emancipación intelectual, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2007) y La haine de la démocratie, París, La Fabrique, 2005. También Momentos políticos, Madrid, Clave Intelectual, 2011.}

18^{«Los dilemas históricos de la democracia y su relevancia contemporánea», Enrahonar, núm. 48, 2012, págs. 14-15.}

19^{Hasta el punto de positivizarse en sede constitucional en modernas constituciones, como la de la RFA, la Ley Fundamental de Bonn y, más recientemente, en la nueva Constitución de Ecuador de 2012. En no poca medida, el mecanismo revocatorio incorporado a la Constitución bolivariana de Venezuela se inspira en esa fundamentación.}

20^{Precisamente ese punto de partida es el que pone de manifiesto la necesidad de tener en cuenta ese carácter de derecho de resistencia que ampara a los insurgentes a la hora del restablecimiento de la verdad y de la justicia que se proponen los procesos de justicia restaurativa de los que hablaremos en el último epígrafe, con referencia concreta a los supuestos acaecidos en Sudáfrica, Argentina, Chile, El Salvador y Brasil. Pero también, claro, a España.}

21^{S. Besson, The Morality of Conflicts, Oxford, Hart Publ., 2005. El recomendable estudio de Biondo es Desobediencia civil y teoría del Derecho. Tomar los conflictos en serio, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2016.}

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POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ENTRE LA DESDEMOCRATIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL, LA INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA LOCAL Y LAS ESTRATEGIAS PARTIDISTAS

JOSÉ MARÍA MANJAVACAS RUIZ

Universidad de Córdoba

En la última década, hasta 2011, algunas políticas locales andaluzas de participación ciudadana aportaron iniciativas innovadoras que estimularon el debate entre sectores municipalistas, asociativos y académicos.²² Ya fuera bajo concepciones reformistas sobre la gobernanza o desde perspectivas más críticas y transformadoras, surgieron en respuesta al desgaste de los sistemas impulsados en los inicios de la democratización local y situaron la ciudad, el espacio urbano, como ámbito más permeable a un mayor protagonismo social.

El presente texto pretende, tras una breve aproximación histórica, reseñar los principales referentes políticos de estas propuestas y reparar en sus aportaciones y limitaciones, constatando cómo, en contraste con sus elaboradas formulaciones técnicas, sus prácticas alcanzaron escasa relevancia política y débil seguimiento ciudadano.

En el actual contexto de aún mayor retroceso antidemocrático estas iniciativas se están viendo eclipsadas. A las limitaciones del sistema delegativo y partitocrático derivado de la Transición y a la denominada «crisis de la democracia» se unen los efectos de las políticas ultraneoliberales: medidas antisociales, reiterados casos de corrupción y devaluación de derechos políticos.

1. DE LA CONTENCIÓN DEL ASOCIACIONISMO VECINAL A LA PREOCUPACIÓN POR LA DESAFECCIÓN HACIA LA POLÍTICA

Las políticas locales de participación comenzaron a estructurarse por los ayuntamientos democráticos tras el franquismo, de manera desigual, en un contexto de fuerte presencia municipal de partidos de izquierda y de un activo asociacionismo vecinal, suscitando ciertas expectativas cuando aún permanecían activas algunas energías movilizadas durante la Transición (Castells, 1992; Pindado, 2002, 2008). Las primeras delegaciones de participación ciudadana promovieron, bajo discursos de «descentralización y proximidad», nuevas divisiones distritales, reglamentos, equipamientos y actividades socioculturales en barrios. En gran parte influidas por lo que Pindado ha denominado «contener y contentar», fueron dirigidas a asociaciones, sobre todo vecinales, a menudo con el objetivo de su aproximación al ámbito municipal, incluyendo apoyos selectivos y cierta cogestión de actividades culturales y recreativas, acaso pequeñas actuaciones urbanísticas, pero sin abordar el debate general sobre la ciudad (Borja, 2006). La tensión sociopolítica fue decayendo y el movimiento vecinal se resintió, aumentando su desmovilización e institucionalización. Se produjo un trasvase de líderes a espacios institucionales y las concejalías de participación primaron la interlocución con sectores asociativos afines distanciándose de otros más reivindicativos.

Ya en los noventa, experimentaron algunos cambios y sus estructuras, por lo general con débil peso político, se fueron consolidando en los organigramas municipales. Se intervino en nuevos temas, se hizo más presente «lo local» y la proyección de las ciudades o la difusión de imágenes «de marca» urbanas… Importantes ayuntamientos, sobre todo en las capitales andaluzas, comenzaron a ser gobernados por expresiones políticas más conservadoras e impulsaron estrategias de comunicación con fuertes tintes propagandistas. Más allá de las entidades vecinales surgieron nuevas redes y colectivos ciudadanos y nuevas demandas en materia de servicios o solicitando la intervención de los Gobiernos locales en negociaciones con otras administraciones o empresas (Brugué, 2000; Pindado, 2002, 2008). Se actualizaron reglamentos, se avanzó en cierta descentralización de gestiones y, en algunos casos de ayuntamientos y diputaciones gobernados por sectores de la izquierda, se constituyeron nuevos órganos consultivos: consejos económicos y sociales, agendas 21, iniciativas informativas sobre planes de ordenación urbana… Las asociaciones vecinales, aún más condicionadas, tendieron a posicionarse en función del signo político de los ayuntamientos originando a veces duplicidad de federaciones o coordinadoras.

Coincidiendo con síntomas de agotamiento de este modelo de escasa relevancia social, débil incidencia política y no pocas connotaciones clientelares, algunos espacios institucionales introducirían, en gran medida obedeciendo a trayectorias políticas y personales de dirigentes y empleados públicos concretos, el debate sobre la «innovación democrática local» o los «nuevos derechos ciudadanos» y conectarían con redes de ciudades comprometidas con la participación. En casos más críticos se proyectarían iniciativas democráticas participativas más ambiciosas y la política local otorgó cierta centralidad formal a «la cuestión de la participación ciudadana».²³

En la última década, estas nuevas propuestas se dispusieron en un eje político en cuyos extremos se ubicaron dos grandes enfoques con algunas líneas de aproximación al tiempo que cierta diversidad interna. El primero de estos enfoques agrupó los discursos más orientados a prácticas institucionales de gobernabilidad democrática proponiendo políticas reformistas de carácter «posibilista»; y relacionó la participación con la mejora técnica de la acción de gobierno, con la legitimación de las políticas locales y la canalización de algunos conflictos urbanos, abogando, en los casos más osados, por ampliar derechos cívicos y renovar los mecanismos participativos. Un segundo enfoque, de menor resonancia institucional aunque presente en círculos políticos e intelectuales críticos, enfatizó las potencialidades transformadoras de los procesos participativos por su contribución a la presión popular sobre las políticas públicas. En cualquier caso, unas y otras fueron propuestas de solo relativa incidencia en el conjunto de un municipalismo caracterizado, salvo excepciones puntuales, por un tratamiento normativista y vacuo de la participación.²⁴

2. REFORMA DEL SISTEMA REPRESENTATIVO LOCAL: INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA Y GOBIERNOS «MÁS PRÓXIMOS» A LA CIUDADANÍA

El Informe Stoker ejemplificó la formulación más moderada, tecnocrática e institucionalista dirigida a canalizar algunas demandas ciudadanas, reforzar las instituciones locales y facilitar la acción de gobierno. En este plano local y pragmático, algunos estudiosos propusieron modelos «consultivos» para «simular» «la expresión de la opinión pública» (Sánchez, 2006), sumando complicidad ciudadana para una gestión más eficiente y legitimada y, en ocasiones, instrumentalizando la participación en auxilio de decisiones controvertidas.²⁵ Otras propuestas abogaron por una nueva gobernabilidad para afrontar, con el concurso de la participación, las dificultades de los regímenes democráticos —«crisis del gobierno tradicional»— y la mayor complejidad urbana —«nuevos retos locales»— (Brugué y Gomà, 1998; Blanco y Gomà, 2002; Brugué y Jarque, 2002; Subirats, 2002; Brugué, Gomà y Subirats, 2005; Borja et al., 2006); reclamando «radicalidad democrática» e integración de la ciudadanía al ejercicio de gobierno con sistemas de participación más sólidos, consensuados y plurales para decidir sobre temas relevantes y extender la cultura participativa (Font y Blanco, 2003; Anduiza y De Maya, 2005). Estos mismos autores señalaron, no obstante, los riesgos de una «governance elitista» entre elites políticas y sociales y, en consecuencia, de escaso «valor añadido» a efectos del objetivo de contribuir a la legitimación democrática. Como ya avanzara Alberich (1994) difícilmente estos sistemas institucionales motivan a la ciudadanía.

Las estrategias instrumentales fueron matizadas incluso desde el propio ámbito institucional. Un informe de la FAMP²⁶ criticó el recurso utilitarista a la participación, proponiendo «sistemas integrales de participación» orientados a la toma de decisiones, con un discurso más crítico y exigente en favor de la democracia participativa. El problema residía en que los sectores proclives a estas propuestas, aun en el interior de los partidos mayoritarios, particularmente del PSOE de Andalucía, constituían sensibilidades minoritarias.

Las tesis institucionalistas progresistas encontraron una nueva dimensión en la inserción de la participación, de manera transversal, en la planificación y gestión integral de unas ciudades tomadas por abanderadas de la profundización democrática (Castells, 1997; Muixi, 2003; Borja, 2006). El ámbito urbano fue privilegiado para consolidar derechos existentes y desarrollar, desde el poder político local y con participación de la ciudadanía, una nueva generación de derechos cívicos frente a otros poderes públicos y privados; un marco de gobernabilidad compartida que, eso sí, presuponía la disposición de las autoridades locales para tal empresa.²⁷ En esta línea, se propuso extender los presupuestos participativos para superar prácticas de participación en asuntos menores, junto con otras iniciativas que, con mayor o menor extensión, pusieron en práctica algunos de los principales ayuntamientos andaluces gobernados por PSOE e IU.²⁸

Con semejante enfoque innovador reformista, Pindado brindó reflexiones «pegadas al terreno» dada su trayectoria asociativa y profesional. Si hubo autores que gozaron de seguimiento entre dirigentes políticos y «poli-técnicos» o entre consultores urbanos, Pindado y su «modelo estratégico de participación» fueron, además, referentes de parte del asociacionismo vecinal y de empleados públicos locales especializados. Este primer enfoque «institucionalista», «sensibilizado», en determinados casos «institucionalista crítico», tuvo particular proyección desde politólogos y urbanistas vinculados a actividades académicas y profesionales de carácter social e incluso a áreas dependientes de administraciones catalanas dirigidas por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y, en menor medida, por Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV). Desarrollaron una importante producción desde ópticas progresistas y comprometidas al tiempo que desde pretensiones técnicas «posibilistas». Su influencia fue notable entre cuadros políticos y técnicos de participación ciudadana de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y en algunos ayuntamientos andaluces gobernados, hasta 2011, por el Partidos Socialista Obrero Español (Sevilla o Jerez) o Izquierda Unida (Córdoba o Puerto Real); aunque, en el caso de Izquierda Unida, no fue así cuando sus grupos municipales participaban en Gobiernos locales desde una posición minoritaria.²⁹ Como caso singular, el ayuntamiento de Málaga, gobernado por el Partido Popular, ensayó algunas iniciativas ubicadas en el ámbito más moderado de las propuestas referidas. Pero, a pesar de su carácter institucional, la influencia general de este primer enfoque fue limitada, pues la cuestión de la participación continuó ocupando, más allá de la retórica, una posición marginal en el conjunto del municipalismo andaluz.

3. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA EL EMPODERAMIENTO CIUDADANO Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL. PARTICIPACIÓN E INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA

Este segundo enfoque, más fiel a la experiencia inicial de Porto Alegre, privilegió discursos sobre participación dirigidos al «empoderamiento ciudadano», la regeneración democrática y la transformación social; e influyó en políticos y consultores sin responsabilidades de gobierno o que constituían o apoyaban minorías de izquierda en coaliciones más amplias que, en algunos casos, llegaron a dirigir áreas o procesos locales de participación.³⁰

Si el primer enfoque se orientó a su aplicabilidad institucional, al asesoramiento de gestores políticos locales, este segundo bloque observó los mecanismos participativos desde su virtual utilización para la acción de los movimientos y colectivos sociales. Se mostró crítico con las prácticas participativas escoradas hacia el reforzamiento de la legitimidad institucional y la mejora de la eficacia y eficiencia de la acción de gobierno, aunque mantuvo puntos de aproximación hacia aquellas posiciones, aun institucionalistas, receptivas a procesos participativos ciudadanos más abiertos. Frente a lo «política y socialmente correcto», la democracia participativa fue esgrimida como una opción transformadora, vinculada al desarrollo humano, la sostenibilidad medioambiental, el republicanismo o a la lucha contra el neoliberalismo (Blas e Ibarra, 2006).

Su objeto de interés fueron los movimientos sociales y la acción social: la participación sociopolítica no institucionalizada, contemplando los mecanismos institucionales en la medida en que pudieran ser permeables a las luchas sociales. Se pretendía aprovechar estas posibilidades en coyunturas políticas concretas, ajenas al bipartidismo hegemónico, para sumar poder social y realizar reformas alternativas o experimentar nuevas metodologías de organización y pedagogía social, más allá de la mera corrección de algunas deficiencias del sistema representativo. Tomaron como referente político y simbólico el Orçamento Participativo de Porto Alegre y la acción de una «nueva izquierda postautoritaria» latinoamericana que observa el ámbito local —«la micropolítica»— como terreno para la radicalización democrática (Chávez y Goldfrank, 2004). Así entendidos, los procesos participativos actuarían en el marco de una confrontación cultural gramsciana, como «excusas para cambiar las relaciones sociales, políticas y económicas» (Blas e Ibarra, 2006) y como un instrumento útil para combatir las fuerzas neoliberales y limitar el poder de decisión del mercado. Desde esta argumentación, Santos (2004) vio en estos procesos una «forma de globalización contrahegemónica», de resistencia frente a la exclusión y en favor de la democracia —«democracias»— y la redistribución social: la democracia participativa como bandera de las nuevas izquierdas contra el capitalismo.³¹

Así, en las políticas locales de participación se abriría un frente entre varias propuestas: unas, de las administraciones; otras, autónomas, al margen del poder. Si las primeras constituirían una cesión comedida a la ciudadanía para participar de manera «débil» en asuntos de segundo orden, territoriales de barrio o distrito, las segundas, se sostenía, perseguían la «irrupción de la sociedad en el Estado» o de «la ciudadanía y sus organizaciones en el espacio público» (Navascués, 2005; Blas e Ibarra, 2006), para intervenir sobre el conjunto de necesidades e intereses ciudadanos. Con un sentido estratégico inequívoco: la transformación social; y una concreción táctica que pasaría por impulsar y extender procesos de presupuestos participativos.

Este segundo enfoque influyó en núcleos políticos o de consultoría próximos a un sector del Partido Comunista de Andalucía-PCE e Izquierda Unida y estuvo muy presente en varios de los procesos andaluces de presupuestos participativos más relevantes. Estos sectores incorporaron a su discurso, no sin generar polémica, estrategias de investigación-acción participativa (IAP) de especialistas o colectivos y redes de activistas que, orientados hacia la intervención social comunitaria y desapegados de la acción institucional y partidista, promueven procesos participativos enfatizando las metodologías para la acción y las potencialidades pedagógicas sociales y transformadoras de la acción misma; desde una concepción de la democracia participativa fundamentada en «procesos participativos conversacionales» donde la ciudadanía es llamada a participar en la producción de conocimiento, elaboración de propuestas, toma de decisiones, planificación, ejecución, gestión y evaluación de lo realizado (Montañés, 2004).

4. CENTRALIDAD DISCURSIVA Y TÍMIDOS AVANCES. DÉBILES COMPROMISOS POLÍTICOS, SESGOS PARTIDISTAS Y POCA RELEVANCIA SOCIAL

Las nuevas propuestas participativas, más allá de los discursos y esfuerzos de sus impulsores o de sus logros concretos, tuvieron débil relevancia social e incidieron de manera marginal en las políticas locales de Andalucía. Cierto es que contribuyeron a difundir entre ámbitos restringidos, institucionales y sociales, nuevas iniciativas y el debate sobre la democracia participativa como vía para complementar —o para regenerar— el sistema político representativo. De la misma forma, grupos de ciudadanos y ciudadanas participaron, aunque en dimensiones muy ajustadas y con niveles de implicación y satisfacción muy distintos, en procesos presididos, así fuera de manera nominal, por formulaciones favorables a la aproximación de las autoridades locales a la ciudadanía, la cogestión de los asuntos públicos, el aprendizaje colectivo, la corresponsabilidad cívica… Son logros que deben ser considerados. Pero los compromisos del conjunto de autoridades con estas iniciativas fueron, cuando existieron, débiles y contradictorios, soportados las más de las veces en discutibles motivaciones partidistas. Ni tuvieron una adecuada inserción en las políticas municipales ni estas se modificaron de manera apreciable en sentido democratizador.

De la misma forma, tuvieron poca sociedad detrás. Tras esta afirmación asoman complejas contradicciones estructurales y en algunas de ellas las formaciones políticas tienen indudables responsabilidades. Responsabilidades con resultados de frustraciones y desconfianzas que contribuyen a explicar la amplia desafección y las críticas sociales hacia los partidos políticos y los espacios institucionales político-partidistas aun cuando estos estén gobernados por fuerzas «progresistas». En gran medida, las políticas de participación han continuado siendo una expresión más de un sistema marcadamente partitocrático, del que el caso español es paradigmático, donde los partidos —en particular, sus órganos dirigentes— han ostentado un dominio casi absoluto del ámbito político institucional.

De hecho, la mayor parte de iniciativas participativas se impulsaron en Andalucía desde delegaciones o áreas de participación ciudadana, esto es, desde áreas de escasa relevancia política y presupuestaria e impacto periférico, no transversal, en el conjunto de la política local. Las políticas de participación ganaron terreno discursivo, pero, a pesar de la proliferación de algunas «buenas prácticas», su desarrollo fue limitado y ajeno a los «grandes temas» de las agendas políticas urbanas. Se dividieron entre dos grandes polos: uno, más institucionalista; otro, de mayor radicalidad formal, pretendidamente dirigido a facilitar la acción autónoma de la ciudadanía. El primero tuvo mayor eco institucional; el segundo, mayor extensión entre las minorías partidistas más críticas. Ambos contribuyeron a revisar unos mecanismos preexistentes con síntomas de agotamiento, muy formalizados e institucionalizados al tiempo que de escaso impacto ciudadano y con connotaciones de clientelismo político. Pero, en conjunto, a pesar de sus acabadas presentaciones metodológicas, en ocasiones de fuerte cariz tecnocrático, y a pesar de su barniz académico y de las valoraciones autocomplacientes de sus impulsores, alcanzaron magros resultados con relación a los objetivos que decían perseguir.

Los más institucionalistas propusieron modelos ideados desde el ámbito de las instancias gobernantes, dirigidos a racionalizar una suerte de recetas pragmáticas para gestores políticos poco atentas a la acción ciudadana y sus expresiones autónomas. Sus propuestas, que otorgaban centralidad en los mecanismos participativos a las autoridades, venían a certificar la crisis de los modelos de participación que estas mismas autoridades habían impulsado con el concurso de los sectores asociativos y de asesores más institucionalizados y dependientes. Y, en buena medida, la superación de esta crisis confiaba lo fundamental de la rectificación a la voluntad política de unas autoridades y gestores a quienes, no queda claro por qué motivos, se suponía receptivos a los modelos «más democráticos» y «más participativos» ahora propuestos.

El segundo enfoque centró sus discursos en Andalucía en la promoción de los presupuestos participativos, entendidos como la respuesta más idónea, casi exclusiva, a los intereses y necesidades de la ciudadanía. Pero, por un lado, la relación entre presupuestos participativos e «intereses» y «necesidades» ciudadanos no es fácil de respaldar a la luz de los datos, pues los procesos que realmente existieron ni obedecieron a demandas relevantes de la ciudadanía ni alcanzaron logros de importancia relacionados con las necesidades apuntadas. Cabe también cuestionar las referencias descontextualizadas, sin atender a sus concreciones, sobre la «autonomía ciudadana» de determinadas acciones impulsadas y gestionadas por dirigentes y fuerzas partidistas desde los Gobiernos locales. Y deben ser impugnados los razonamientos que relacionaron estos procesos con el «empoderamiento ciudadano» o la generación de «capital social transformador».

Las concreciones de ambos enfoques en Andalucía fueron impulsadas por autoridades y dirigentes auxiliados por consultores y técnicos políticamente próximos y, durante su desarrollo, estuvieron, a pesar de algunas expresiones teatralizadas, más que tuteladas por las organizaciones partidistas a las que pertenecían aquellas autoridades y dirigentes, quedando al margen, cuando no posicionadas en contra, otras sensibilidades y organizaciones políticas. Y registrando muy poco seguimiento entre las organizaciones sociales más relevantes y entre la generalidad de la ciudadanía. La supresión de estas iniciativas por parte del Partido Popular, tras hacerse en 2011 con los Gobiernos locales que las habían impulsado, no suscitó, significativamente, resistencias ciudadanas apreciables. Si el primer enfoque fue dominante en la acción de autoridades y dirigentes del PSOE de Andalucía, el segundo tuvo su reflejo en un sector de Izquierda Unida. Otras expresiones, impulsadas por concejalías gobernadas por PSA, PA o PP, alcanzaron menor relevancia. Pero ambos enfoques, aun desde distintas sensibilidades de izquierda, no se correspondieron necesariamente con una u otra fuerza política sino, más bien, con trayectorias y compromisos de sus artífices directos y, algo muy relevante, con la posición de mayoría o minoría dentro del Gobierno local en el que se encuadraban estos artífices. Y siempre, es pertinente insistir en ello, en un contexto general de poca receptividad a estas propuestas novedosas entre las formaciones políticas mayoritarias.

Las propuestas participativas no encajaron en las prácticas dominantes del municipalismo andaluz. Los principales planes y proyectos, en los que se tomaron las decisiones «importantes», donde confluyeron la mayor parte de los recursos políticos, técnicos y financieros, no contaron, en el mejor de los casos, sino con espacios participativos «débiles», informativos o consultivos. Por el contrario, las nuevas iniciativas participativas tuvieron apoyos muy limitados y trataron sobre cuestiones de segundo orden.

Un elemento que ganó terreno en uno y otro bloque fue la apuesta por cauces de participación «a título individual» frente a la interlocución con asociaciones, tal y como venía siendo dominante desde la década de los ochenta. Argüida en aras de una supuesta «universalidad» de la participación, esgrimió de manera simplista la esclerosis de una parte del movimiento vecinal para excluir a la generalidad del tejido asociativo. Tal formulación, sostenida por autoridades y consultores de muy distinto signo político-partidista, puede facilitar objetivamente la labor de los dirigentes políticos en tanto suprime la interlocución con sectores organizados que pudieran resultar «incómodos» por críticos y reivindicativos. Además, así ha podido observarse, no impiden que miembros de los partidos políticos, de las estructuras municipales o de grupos próximos a sus responsables políticos incidan de manera organizada, en ocasiones actuando de manera coordinada con estos responsables políticos.

Por lo demás, algunas de estas propuestas fueron presentadas como las herramientas más idóneas para fomentar la participación o, en su caso, para construir la democracia participativa, incluso con pretensiones de validez exclusiva y universal. Tales pretensiones desatendieron de manera radical la complejidad y diversidad de contextos locales no ya en el ámbito global, europeo o estatal, o entre distintos pueblos y ciudades de Andalucía, sino incluso entre distintos barrios y distritos de una misma ciudad.

En los dos últimos años vienen proliferando en Andalucía movilizaciones y redes de activistas sociales autogestionadas, con seguimientos puntualmente masivos, de respuesta civil a las consecuencias de la crisis inducida por la especulación financiera y a la degeneración del sistema político representativo, muy celosas de su independencia de instituciones y partidos políticos. En sus reivindicaciones y propuestas apuntan a temas nucleares y sistémicos, locales y globales, con un protagonismo incontestable de las generaciones jóvenes y una orientación sin precedentes de las redes sociales y las nuevas tecnologías al servicio de la acción social. La participación es amplia, así como la sintonía entre importantes sectores de la ciudadanía, en ocasiones desbordando la instalada dualidad entre «derecha e izquierda» y provocando la toma de postura de sólidas organizaciones políticas y sociales. En estos movimientos y redes, en sus núcleos más activos, hay quienes no parecen pretender tomar el poder político institucional o tan siquiera acceder a controlar parcelas del mismo. Parecen haber optado, desde la diversidad, por un esquema distinto: que la ciudadanía se movilice fuera de las instituciones y estructuras políticas existentes para incidir sobre quienes ejercen un poder político del que cuestionan la legitimidad de su representación, demandando mayor participación y control de la ciudadanía en la toma de decisiones y profundización de las libertades y los derechos sociales. Constituyen ejemplos de participación política ciudadana que tienen muy poco que ver con las bases teórico-ideológicas y con las prácticas de los procesos participativos institucionales comentados. Porque estos se desarrollaron entre una doble impotencia: ni acababan de insertarse convenientemente en las estructuras institucionalizadas por el poder local ni, dado su carácter precisamente institucional, limitado —a temas no centrales— y marcadamente partidista, suscitaron interés relevante entre la ciudadanía.

La experiencia invita a reflexionar sobre las magras potencialidades de las instituciones formalmente democráticas, por sí mismas, confiadas al estrecho marco del sistema de partidos y al margen de la acción social y ciudadana, para una regeneración política fundamentada en la democracia participativa. Más aún en el actual contexto político.

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NOTAS

22^{Nos referimos a las políticas locales de participación ciudadana en cuanto ámbito institucional impulsado por autoridades, técnicos locales y otros especialistas. Acciones, instrumentos y sistemas de los Gobiernos locales para su interlocución con sectores de la ciudadanía en algunas políticas públicas. No nos referimos pues —de manera nuclear, al menos— a la participación en un sentido amplio que incluyera la acción sociopolítica de la ciudadanía y sus organizaciones y grupos sino a las normas, estructuras y procesos impulsados por ayuntamientos u otras administraciones en los que la ciudadanía puede tomar parte.}

23^{José Manuel Rodríguez Álvarez, en su presentación a la Fundación Pi i Sunyer del Informe Stoker, llegaría a afirmar en 2002, no sin cierta desmesura, que «el tema de la participación ciudadana constituye en la actualidad el objeto de uno de los debates centrales en el ámbito del gobierno local». Como señaló el propio Rodríguez Álvarez, este Informe, así como la consecuente Recomendación del Comité de Ministros a los Estados Miembros, obedecía a una preocupación institucional: la reducción de la participación electoral y su lectura en clave de desafección política.}

24^{Pindado (2008) ironiza sobre tres extendidos «modelos extremos de participación». El primero —«Despotismo ¿“ilustrado”?»— con políticos que entienden la cosa pública como «asunto suyo»; técnicos que «lo saben todo» y consideran que «la ciudadanía es un mal necesario», y asociaciones menos relacionadas con la ciudadanía que con los ayuntamientos de los que obtienen subvenciones. En un segundo modelo, «normativista», los políticos acatan la participación en estricto cumplimiento de la norma, con reglamentos tan formales como inútiles; algunos técnicos son «cordiales y amables animadores de grupo» frente a la incomprensión de una mayoría muy legalista, y las asociaciones son «apéndices municipales». En el tercer modelo, de «ciudadano-cliente», los políticos se comportan como gestores («politécnicos») obsesionados por tener satisfechos a sus ciudadanos-clientes y por mantener buenas relaciones con el asociacionismo; los técnicos desarrollan labores de «relaciones públicas», y las asociaciones, dependientes del ayuntamiento, incluso prestan servicios.}

25^{Valga como ejemplo citar el seminario «Del “aquí no”, al “aquí sí”», organizado por el Centro de Estudios Andaluces en 2008. «Cómo gobernar en una sociedad cada vez más compleja y conformada por ciudadanos más exigentes donde la participación ciudadana juega un papel crucial», rezaba en el encabezamiento de esta convocatoria. En su presentación pública se afirmaba: «¿Dónde colocamos las antenas de telefonía móvil? ¿Dónde ubicamos las prisiones si nadie las quiere cerca? ¿Cómo gestionamos el conflicto del agua? Estas son preguntas relacionadas directamente con la vida de los ciudadanos y al mismo tiempo con las acciones de gobierno. […] Los ponentes abordarán problemas concretos en los que los ciudadanos lanzan un mensaje de disconformidad a los gobernantes y estos deben responder con una nueva forma de hacer política que no evite el conflicto, sino que lo gestione de la mejor manera posible, valorando el diálogo y la participación ciudadana» («Del “aquí no” al “aquí sí”. Cómo compaginar las exigencias de los ciudadanos con las acciones de Gobierno». Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 26 de noviembre de 2008. Los ponentes fueron Jordi Grané y Quim Brugué, profesores de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona).}

26^{Federación Andaluza de Municipios y Provincias, «Participando, creando e innovando. Un enfoque local», Sevilla, Siglo XXI/Diputación de Sevilla, 2005.}

27^{En este sentido, debe ser reseñada la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, editada por primera vez en Quito, en 2004, en el marco del Foro Social de las Américas y, posteriormente, refrendada en el Foro Mundial Urbano (Barcelona, 2004) y en el Foro Social Mundial de Porto Alegre en enero de 2005.}

28^{Planes estratégicos urbanos, agendas 21 locales, planes comunitarios, proyectos educativos, pactos locales por el empleo, redes de cooperación al desarrollo o de apoyo a personas inmigradas… Los ayuntamientos de Sevilla y Córdoba fueron dos ejemplos destacables.}

29^{Ayuntamiento de Sevilla, entre 2003 y 2011, o de Algeciras, entre 2007 y 2011.}

30^{Delegaciones de participación ciudadana de los ayuntamientos de Sevilla y Algeciras u Oficina de Presupuestos Participativos de la Diputación de Málaga, tres espacios dirigidos por Izquierda Unida como socio minoritario en Gobiernos de coalición con el PSOE.}

31^{Santos, Boaventura de Sousa, «Segunda carta a las izquierdas», ATTAC-España, 26/12/2011.}

3
EL CUESTIONAMIENTO DEL BINOMIO DEMOCRACIA-MERCADO POR LOS MOVIMIENTOS SOCIALES (ESPAÑA 1976-2013)³²

MARÍA ANTONIA RIBÓN SEISDEDOS

Universidad de Cádiz

«Dejadme que emita y controle la moneda de una nación y no me importará quién haga las leyes»

MAYER AMSCHEL ROTHSCHILD, 1791

Este trabajo parte de la demanda de regeneración democrática experimentada en España desde el inicio de la crisis de 2008. Dicha demanda censura la influencia de los poderes económicos en las decisiones que toman los representantes políticos y, por ende, el papel desempeñado por los partidos. La crítica bien pudiera resumirse en las siguientes palabras: «El proceso industrial culmina ahora en los grandes monopolios. Son los políticos lacayos de los banqueros. Gobiernan el mundo los millonarios. No hay arte, ni ciencia, ni filosofía, ni ética para el capitalismo triunfante. No hay más que mercados». Estas palabras que parecen tan actuales fueron escritas en España, pero no ahora ni en el contexto del 15M, sino exactamente en 1889 por el escritor y activista libertario gallego, Ricardo Mella.

Hablar del poder del dinero es tan antiguo como su fabricación, pero la concreción en las ideas y el vocabulario de la cita de Mella ilustra de manera nítida la vigencia de discursos y marcos referenciales. Los discursos y marcos no surgen de la nada. No aparecen repentinamente porque se den unos hechos precisos. Si acaso, se reformulan, reactivan y difunden gracias a la concurrencia de determinadas circunstancias, pero siempre enlazan con unas ideas y experiencias previas. Visto así, el rastreo de ciertas premisas puede llevar a tiempos pretéritos. Mas las críticas a esta democracia tienen un punto de referencia muy concreto: la transición que puso fin a cuarenta años de dictadura. No en vano lo que se pretende es la apertura de un período constituyente que cierre aquel iniciado a la muerte de Franco. La pretensión no es unánime y nada indica que vaya a ser satisfecha, al menos a corto plazo.

La pervivencia de los discursos requiere unos agentes que los sostengan, actualicen y difundan. Esos agentes son —desde su aparición y de manera privilegiada, aunque no única— los movimientos sociales. Durante la transición, el movimiento vecinal, el estudiantil y el obrero se muestran especialmente combativos contra el régimen, pero es este último el que despliega un discurso más sólido y organizado. En la narrativa sindical confluyen dos reivindicaciones: por un lado, el fin de la dictadura y, por otro, la sustitución de una economía capitalista por otra socialista. El sindicalismo no es el único que enlaza la necesidad de cambios en la esfera política y en la económica. La parte del feminismo más politizada, que en aquel momento es mayoría, entiende que la emancipación de la mujer solo tiene lugar en un régimen en el que hombres y mujeres sean libres y donde el ámbito productivo, competitivo y masculinizado propio del capitalismo industrial no rija la vida social. El pacifismo imbricado en la defensa de los derechos humanos y la no violencia, de manera indirecta y sin confrontación, también hace una labor de vigilancia de los ámbitos más represivos del régimen al tiempo que denuncia los lados más oscuros del capitalismo. Dentro del movimiento ecologista, el autodenominado ecologismo social denuncia el control ejercido por los poderes económicos, la minusvaloración por parte de estos de la vida y la salud de las personas, la utilización partidista y poco honesta de los postulados ecologistas y la marginación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones importantes. Tras el intento de golpe de Estado de 1981, el discurso hegemónico sobre la democracia se conforma con el ensalzamiento del régimen vigente sin dar lugar a la consolidación de demandas encaminadas a su profundización. Pero, a partir de la crisis de 2008, toma fuerza un movimiento por la regeneración democrática y contra el poder de los mercados que tiene al 15M como referencia; Democracia Real Ya, como germen; No les votes, Estado de malestar, Juventud Sin Futuro o la Plataforma Antidesahucio, como organizaciones especialmente significativas, y las mareas blanca, verde y naranja, como acompañantes. En él, además, confluyen reivindicaciones feministas, pacifistas, ecologistas y obreras.

El objetivo de este estudio es rastrear el discurso sobre democracia y capitalismo que acompaña a la primera transición a la democracia y confrontarlo con el de este nuevo intento de reconstitución, revelando e interpretando las similitudes y disimilitudes teniendo en cuenta el contexto y sus protagonistas. Para ello, se ha analizado, por un lado, la narrativa sobre democracia y capitalismo plasmada en las publicaciones de los principales movimientos presentes en España desde los años setenta —el sindicalismo, el ecologismo, el feminismo y el pacifismo— y, por otro, la de los principales mensajes y eslóganes del movimiento regeneracionista.

1. EL BINOMIO DEMOCRACIA-MERCADO

A la muerte de Franco, la idea imperante es que la única alternativa es una transición a una democracia capitalista de mercado. Democracia y mercado forman, en palabras de Pérez Serrano, un binomio.³³ Se trata de un binomio con una fuerte carga positiva detrás del cual se encuentra la idea de que la libertad, la justicia y el progreso social están inexorablemente unidos al desarrollo de un mercado que se regula a sí mismo, con capacidad para conformar marcos de organización y desarrollo de la sociedad.³⁴ En este binomio se sobrentiende que el mercado actúa en una economía capitalista. Aunque mercado y capitalismo son conceptos distintos, en ningún momento se plantea la posibilidad de un mercado libre no capitalista ya que no llegan a cuestionarse rasgos básicos del capitalismo como su sistema monetario basado en el interés o las relaciones que establece entre asalariados y dueños de los medios de producción. Sin embargo, aunque no se plantee, una economía de mercado no capitalista es tanto una realidad previa al propio capitalismo como un hecho factible desde el pensamiento de Marx o el anarquismo individualista.³⁵

El no mercado y el no capitalismo son equiparados al comunismo y este, a su vez, a la dictadura. El camino intermedio, la socialdemocracia, es un capitalismo que tiene como objeto transitar lentamente hacia el socialismo, pero que tiende a acomodarse en el keynesianismo y que es, al fin y al cabo, capitalismo. El binomio democracia-mercado asegura su superioridad no solo en la bondad de estas dos realidades, sino en la elaboración de otro binomio planteado en oposición al primero —el de no democracia-no mercado (capitalista)— y en la consecuente creación de la antinomia que hace incompatible la democracia con cualquier opción que no sea una economía capitalista de mercado. Esta antinomia es criticada en los primeros escritos de Robert Dahl para quien la democracia está inexorablemente ligada a una sociedad de mercado que puede instaurarse tanto en un régimen capitalista como en un régimen socialista descentralizado. Si esto no se ve, añade, es porque no se hace «una diferenciación convincente entre las implicaciones de la propiedad, por un lado, y el control, por el otro, de las entidades económicas».³⁶

La presentación del binomio democracia-mercado como elementos magnánimos y emparejados contrasta con el relato de casos históricos en donde el capitalismo hace un uso instrumental de la democracia —esto es, donde la democracia no es buena en sí misma, sino que es buena siempre y cuando funcione dentro de unos marcos de relaciones sociales y de propiedad que son los del capitalismo—. Son los casos en los que Gobiernos democráticos populares que se atreven a poner en marcha otros tipos de modelos económicos son derrocados mediante métodos no democráticos para, una vez barrida la posibilidad de su sustento a través de la represión, devolver la democracia capitalista. Esto es lo que ocurrió, según referencia Petras, con el Gobierno socialista de 1918 de Finlandia, el de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1950, el de Cheddi Jagan en la Guyana en 1953 o el de Salvador Allende en Chile en 1973.³⁷

La transición española no es el primer escenario donde se manifiesta la unión entre democracia y mercado. Como refiere Robert Brenner, tras la Segunda Guerra Mundial y bajo la tutela de Estados Unidos como potencia vencedora, Alemania y Japón experimentaron una estrategia de recuperación de la democracia y marginalización de cualquier alternativa al capitalismo. En aquel momento, la oposición al capitalismo provenía principalmente del movimiento obrero y sindical. La marginalización de las alternativas no capitalistas se llevó a cabo mediante su domesticación, reprimiendo al sindicalismo más combativo e incluyéndolo en el aparato institucional sin llegar a su extinción. A cambio, Alemania y Japón pudieron aprovechar la lucha de los Estados Unidos contra el comunismo, comprometiendo el Gobierno estadounidense importantes fondos para la reconstrucción industrial de sus rivales.³⁸

Evidentemente, la presentación del binomio democracia-mercado presenta unos rasgos muy particulares en unos países vencidos y tutelados que hace que el paralelismo con la España de los setenta no sea completo, pero tanto en el Japón y en la Alemania de la posguerra como en la España posfranquista, el movimiento obrero es quien sostiene de manera más firme las alternativas anticapitalistas y quien es imbuido por el sistema, contrarrestando así su impulso reaccionario. Para Köhler, la marginación de aspiraciones y facciones revolucionarias y anticapitalistas; el control y la desmovilización parcial de la base, y la renuncia a las reivindicaciones centrales de su programa (ruptura con la legalidad franquista, Gobierno provisional transitorio, república, separación de Iglesia-Estado, represión de las instituciones franquistas) son tres de los cinco requisitos que fueron necesarios para la integración del movimiento democrático dentro del modelo político transicional en España.³⁹

Si bien la transición española no es la primera conversión a la democracia en la que se manifiesta el binomio democracia-mercado, es la que se erige como experiencia ejemplarizante para aquellas que acaecen en el Cono Sur de América, Europa del Este y Asia. Hasta tal punto la transición española se convierte en referencia que las características a ella asociadas impregnan el propio concepto de transición provocando su variación semántica.⁴⁰ Esto es, antes de la experiencia española la palabra transición alude a un abanico de «realidades muy distintas tanto por la naturaleza de los fenómenos como por el sentido y los ritmos de los procesos».⁴¹ Después de ella, una transición es por antonomasia un proceso similar al español: un acceso más o menos pacífico a la democracia que permite la recuperación o adquisición gradual de derechos políticos a través de la negociación y el consenso de las fuerzas políticas, bajo vigilancia y reconocimiento internacional, acompañado de una integración plena en una economía de mercado.⁴²

La transición española es alzada a la categoría de modélica porque no es ni la pervivencia del régimen autoritario, ni la ruptura radical con tintes revolucionarios, sino la combinación de elementos continuistas y elementos de cambio en una proporción acorde a las fuerzas intervinientes en la negociación. Los principales elementos de cambio tienen lugar en el ámbito territorial —con el establecimiento de las comunidades autónomas— y en el ámbito político —con la instauración de una monarquía parlamentaria equiparable a cualquier otra del entorno—. Respecto a esto último conviene hacer una precisión. El diseño del nuevo régimen democrático prioriza las formas de participación convencionales sobre las formas de acción colectiva y, en consonancia, dirige desde el inicio sus esfuerzos a que la ciudadanía interiorice las reglas de juego establecidas y no los principios fundamentales de la democracia (que es lo que crea verdaderas actitudes democráticas). La Constitución prioriza las formas convencionales de participación al favorecer los partidos políticos, la intervención en elecciones y la representación asociativa en organismos institucionales; al reconocer de manera abstracta y restrictiva formas de participación semidirecta como la iniciativa legislativa popular y el referéndum, y al remitir «a una casuística legislativa y judicial generalmente restrictiva» otras formas reconocidas de acción colectiva. El grado de abstracción y la remisión al desarrollo legislativo orgánico de las formas de participación ciudadana contrasta de forma apabullante con el detalle y la extensión con la que se estipula el funcionamiento de la Corona, el Gobierno y la Administración, así como las otras cuestiones sobre las Cortes Generales que no son de iniciativa ciudadana. La priorización de las formas convencionales de participación, por un lado, garantiza el protagonismo de los partidos y, por otro, conduce a «una estructura de oportunidad política poco facilitadora e incluyente de formas de participación y de demandas» normalmente canalizadas por movimientos sociales.⁴³ Sobre el papel, este diseño debería llevar a que los ciudadanos políticamente inquietos colaboraran en lo público a través de los partidos y desistieran de acciones de protesta al margen u oposición a ellos. No obstante, ocurre lo contrario. Como muestran Torcal, Montero y Teorell, España ocupa el primer puesto en participación en acciones de protesta y el último en acciones de partido.⁴⁴ Los partidos han monopolizado el proceso de toma de decisiones y han obstaculizado la intervención de los ciudadanos por otras vías y estos, en vez de acercarse a los partidos para influir a través de ellos, se alejan afectiva y pragmáticamente.

En definitiva, la transición supone el paso de una dictadura a una democracia, pero una democracia estrecha, blanda, como diría Barber,⁴⁵ o de baja intensidad, como diría Santos.⁴⁶ Si bien, nada hubiera impedido, como deseaban y esperaban muchos en aquel momento, que eso solo hubiese sido un inicio que permitiera avanzar hacia formas de democracia más participativas. Por lo demás, los elementos continuistas en la transición son numerosos: España mantiene su pertenencia al bloque liderado por Estados Unidos encaminando sus pasos a la integración definitiva en la OTAN; conserva el mismo funcionariado civil y militar que había accedido al servicio durante el franquismo; perpetúa su privilegiada relación con la Iglesia católica y prosigue los cambios sociales que ya habían comenzado en la década de los sesenta. Pero, por lo que al tema de este trabajo respecta e interesa, persisten «las relaciones económicas preexistentes, caracterizadas por el predominio de la propiedad privada en los medios de producción y por la vigencia de los mecanismos de libre mercado».⁴⁷ Dichas relaciones no harán más que acentuarse debido al cambio de orientación económica internacional y al seguimiento de las políticas dictadas para el ingreso y permanencia de España en la Comunidad Económica Europea. Ello ocurre, al igual que en el resto de países del entorno, en contra de la visión social contenida en la Constitución.

La Constitución, aprobada en referéndum en 1978, «establece un modelo de economía mixta capitalista que admite el papel del Estado en su ordenación y dirección atendiendo a los intereses generales y velando por una distribución más equilibrada de la riqueza y de los recursos».⁴⁸ Por un lado, en el «Título I. De los derechos y deberes fundamentales», reconoce el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, quedando garantizados y protegidos su ejercicio y la defensa de la productividad por parte de los poderes públicos. Por otro, en el «Título VII. Economía y Hacienda», proclama que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general; que la iniciativa pública intervendrá en la actividad económica; que los poderes públicos promoverán las diversas formas de participación en la empresa y establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción, y que el Estado podrá planificar la actividad económica general tanto para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial como para estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. A esto hay que añadir los «principios rectores de la política social y económica» (también pertenecientes al «Título I») que admiten entre otras cuestiones que los poderes públicos asegurarán la protección económica de la familia; promoverán las condiciones para una distribución más equitativa de la renta personal; mantendrán un régimen público de Seguridad Social para garantizar a todos los ciudadanos asistencia y prestaciones suficientes en caso de desempleo; promoverán las condiciones para que se haga efectivo el derecho a la vivienda; garantizarán la suficiencia económica de los ciudadanos de la tercera edad mediante pensiones y protegerán los legítimos intereses económicos, la seguridad y la salud de los consumidores.

Decididamente, el espíritu de la transición llevaba en su germen una economía de mercado con un Estado intervencionista y benefactor encargado de procurar tanto los beneficios empresariales como el bienestar de los ciudadanos. La cuestión es que, como explica Rey Pérez, lo que queda establecido de forma fija y permanente en el texto constitucional es el contenido de los derechos, pero no las garantías que tratan de hacerlos efectivos y que luego cada mayoría parlamentaria concreta de una u otra forma.⁴⁹ Así, la transición, por un lado, asegura una democracia estrecha que podía haber ido a más pero que se quedó tal cual y, por otro, plantea una economía de mercado con amplios derechos económicos y sociales que finalmente ha permitido tanto un bienestar notable pero insuficiente a tenor de las expectativas generadas como el desarrollo de un capitalismo financiero especulativo. La simultaneidad de estos dos hechos no es pura coincidencia. La propuesta económica y social esbozada en la transición plasma las ideas vigentes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero llega a España justo en el momento en el que comienza su cuestionamiento y, con ello, su sustitución. El nuevo modelo económico, por una parte, al erigir a la competencia de los mercados como principio rector de la política contiene un germen antidemocrático y, por otra, al implementarse con un gran coste social necesita una democracia con un bajo nivel de soberanía y participación ciudadana, pues resulta muy difícil imponer grandes sacrificios a las personas cuando tienen una gran capacidad para intervenir en la toma de decisiones.

Tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados europeos occidentales convierten en paradigma las políticas keynesianas encaminadas a materializar el Estado de bienestar al cumplir este dos funciones reveladas como fundamentales en la primera mitad del siglo XX. La primera es la compatibilización del modo de producción capitalista con el sistema democrático. En el modo de producción capitalista prevalece la lógica del beneficio, que genera desigualdad económica; en el sistema democrático predomina la lógica de la participación y de la redistribución, que favorece la igualdad política. Existe una tensión entre la desigualdad inherente al capitalismo y la igualdad precisa en democracia. Para que se dé una verdadera democracia tiene que haber igualdad moral intrínseca de todos los ciudadanos; igualdad de acceso a la autonomía y la autodeterminación personal, e igualdad política en cinco cuestiones fundamentales: participación efectiva, inclusión de todos en el proceso político, igualdad de voto en la fase decisoria, comprensión informada y control de la agenda política. Para lograr esta igualdad política han de superarse las diferencias de poder, de recursos económicos y de formación, información y capacidad cognitiva.⁵⁰ La tensión se resuelve mediante el equilibrio de fuerzas capital-trabajo a la hora de institucionalizar los conflictos entre acumulación y derechos sociales.⁵¹ La compatibilización de ambos términos da lugar a un capitalismo de bienestar en el que el Estado, por una parte, garantiza las condiciones para la acumulación privada al mantener los mercados y dotar de inversiones en investigación, en materias primas, en bienes intermedios, en innovación tecnológica, en infraestructuras públicas y en suministros. Y en el que, por otra, crea espacios no presididos por la lógica estricta de la mercancía y la ganancia, convirtiendo en derecho la participación en la distribución de determinados bienes públicos.

La segunda función que cumple el Estado de bienestar es la minimización del conflicto social, al asegurar cuotas de bienestar y seguridad para todos los sectores sociales.⁵² Las dos funciones —compatibilización de lógicas contrapuestas y minimización del conflicto social— son juegos de equilibrios no exentos de problemas tales como de qué manera y hasta qué punto son concurrentes estas dos lógicas.

La crisis de 1973 da la oportunidad de calificar las políticas de Keynes de inadecuadas u obsoletas, así como de resucitar las ideas de su antagonista, Von Hayek. Hayek defiende un Estado mínimo privatizador que tiene como consecuencia la amputación de «sus funciones económicas de redistribución progresiva» y el abandono de las transferencias que aseguran «tanto las rentas en los tiempos de crisis como la pervivencia en el mercado de una mínima demanda solvente».⁵³ Ronald Reagan y Margaret Thatcher son los primeros en poner en marcha de manera entusiasta y exitosa estas propuestas. Si el primero lo hace en Estados Unidos sin problemas, la segunda lo logra en Gran Bretaña pese a la oposición de los sindicatos. El pulso que el sindicalismo pierde estrepitosamente frente al Gobierno thatcheriano muestra que, si el capitalismo necesita un movimiento sindical algo domesticado, más capitalismo necesita más domesticación, y que esto no solo es posible en el país que inventó el sindicalismo de clase sino que es hasta ejemplar para la extensión de las políticas económicas neoliberales a otros países.

2. MOVIMIENTOS SOCIALES POR LA DEMOCRACIA Y OTRO MODELO ECONÓMICO

En la España de la Transición, los movimientos sociales están en plena efervescencia. Los sindicatos de clase —la materialización por excelencia del movimiento obrero— se han recompuesto y tienen presencia en las fábricas y en las calles. Las organizaciones feministas, pacifistas y ecologistas florecen, expuestas a los nuevos aires que soplan para estos tres movimientos en todo el mundo desarrollado. Aunque no en su totalidad, la mayoría de las organizaciones movimentales se alinean en contra de la dictadura, ayudando en distinta forma y medida a su erosión. La visión de los movimientos como impulsores de democracia contradice el enfoque sostenido por la historiografía tradicional que ha dominado el paradigma transitológico según el cual la transición sería una transformación inducida y controlada por las élites desde el Estado en el que unos líderes carismáticos tienen un papel trascendente. Esta visión soslaya la influencia de los actores definidos por su clase social, ensombrece el papel de los colectivos y subordina las acciones de estos últimos a las estrategias de las élites estatales; un error a la luz de los estudios de casos que revelan la importancia de la ciudadanía en la llegada de la democracia.⁵⁴

En España, la revisión del paradigma elitista ha puesto de relieve que la movilización y la protesta encauzada en gran medida por viejos y nuevos movimientos sociales contribuyeron al desgaste de la dictadura, manteniendo una conflictiva interacción con las autoridades franquistas que terminó por socavar su legitimidad dentro y fuera de las fronteras hasta hacer imposible el continuismo defendido por las fuerzas intransigentes del régimen.⁵⁵

Hasta 1979, el movimiento vecinal y, sobre todo, el estudiantil concentran sus esfuerzos en la acción directa. A partir de ese momento, con el comienzo de la primera legislatura, apaciguan sus ánimos. Otros movimientos, como el feminismo, el pacifismo y, principalmente, el sindicalismo, combinan acción con discurso. Acción y discurso son igualmente importantes en un momento en el que el apoyo a la democracia es socialmente limitado⁵⁶ y en el que, por tanto, resulta trascendente tanto terminar con el régimen autoritario como crear un sentimiento y un convencimiento en los principios democráticos que, primero, incline definitivamente la balanza hacia la conformación de un régimen de libertades y, segundo, garantice la continuación de esta en el tiempo.

La difusión de las ideas democráticas se hace tanto desde el espacio movimental como desde los medios de comunicación, la abogacía y la Universidad. Todos ellos resultan focos de cultura democrática cuya existencia es fundamental para la posterior y generalizada extensión de los valores democráticos durante el proceso de institucionalización. Como dicen McDonough, Barnes y López Pina, la cultura democrática permitió la implementación de las instituciones democráticas y, al mismo tiempo, el desarrollo institucional propició el florecimiento de la correspondiente cultura.⁵⁷ Ambas cosas son concurrentes, aunque si ha de asignarse alguna prioridad a uno de los dos ítems en esta interrelación, por pequeña que sea, ha de ser a la cultura. Además, hay que añadir que, a tenor de la revisión transitológica, la institucionalización no es una obra que deba atribuirse solamente a la élite, pues estas diseñan una democracia sobre un camino preparado previamente por un ciclo de luchas movimentales.⁵⁸ De hecho, como explican Ortiz, Castellanos y Martín, la agenda política de los pactos que conducen a la democracia —legalización de partidos y organizaciones sindicales, restauración de las libertades y derechos políticos, proceso autonómico, etc.— reproduce las reivindicaciones que durante más de una década emanaban de la lucha antifranquista.⁵⁹ Como se ha adelantado, el movimiento que contribuye en mayor medida a la erosión del régimen franquista es el movimiento obrero. En primer lugar, porque su supervivencia depende de la llegada de la libertad y eso hace que su narrativa priorice el fin de la dictadura. Segundo, porque en ese momento ya cuenta con organizaciones sindicales clandestinas pero bien constituidas, así como con publicaciones para la difusión de su pensamiento. El sindicalismo es también el único movimiento que mayoritariamente se declara en sus inicios abiertamente anticapitalista y no satisfecho con modificaciones parciales del modelo económico imperante, por muy sustanciales que estas sean.

Las dos centrales mantienen exactamente los mismos objetivos —fin de la dictadura, ruptura con el régimen anterior y sociedad socialista— aunque lo expresen de distinta manera. Cada sindicato enfatiza en su discurso aquellas cuestiones en las que destacan. Si las Comisiones cuentan con una base obrera más amplia, la UGT tiene más historia. La primera se encarga de difundir su presencia y combatividad en las empresas, así como los logros que de ellas se derivan para los trabajadores. La segunda se esfuerza por transmitir tanto su patrimonio ideológico (salpicando la revista ugetista de los escritos de su fundador) como su patrimonio simbólico (explicitando el reconocimiento internacional mantenido a lo largo del tiempo). De esta forma, intenta, tras décadas de ausencia en el país, recomponerse y reivindicar un sitio en las luchas obreras.⁶⁰

El anclaje histórico y el interés por compensar la mayor combatividad de las Comisiones Obreras en la empresa explican la mayor radicalidad narrativa de la UGT durante el fin del franquismo y el principio de la transición. La radicalidad puede verse en las calificaciones hechas sobre la forma en la que se desarrolla el proceso y el papel de la Corona.⁶¹ En contraste, Comisiones Obreras emplea un lenguaje menos mordaz para realizar una defensa de la libertad más profusa y constante. La conquista de la libertad democrática se erige como su prioridad por encima de cualquier otro objetivo, entendiendo que es vital para el movimiento obrero, pues modifica la correlación de fuerzas a favor de los trabajadores al otorgarles capacidad para organizarse, manifestarse y hacer huelgas legalmente.⁶² Esta priorización, fruto de la concepción de la democracia como mecanismo para posteriores conquistas, es una prueba de confianza en la estrategia de la revolución por fases. Tal confianza podría haber llevado a Comisiones a una aceptación de una democracia sin contenido, aunque fuera de forma poco animosa a tenor del convencimiento de que la democracia política sin democracia social y económica es, según expresión de Comisiones, «puro camelo», pues «solo un socialismo en libertad es capaz de superar la opresión del hombre por el hombre y la miseria».⁶³

Tanto UGT como Comisiones reconocen en sus principios fundacionales que su finalidad es la sustitución de la sociedad capitalista por una sociedad socialista en la que desaparezca la explotación del hombre por el hombre, así como que dicha tarea corresponde a la clase obrera. Esta declaración es más copiosa en UGT y más escasa en Comisiones pero justifica que ambas se definan como sindicato de clase y otorgan un sentido rector a las demandas particulares que realizan cotidianamente. La actitud de la UGT y las Comisiones cambia drásticamente cuando se presenta la redacción definitiva del texto constitucional en 1978: dejan de lado las críticas a la forma en la que el proceso transicional está desarrollándose y pasan a defender el documento de manera entusiasta, pidiendo a sus afiliados y simpatizantes su voto favorable en el referéndum. Argumentan que el texto supone la «ruptura con todo el entramado legal e institucional del franquismo» que han estado persiguiendo;⁶⁴ que es la Constitución por la que han luchado: una Constitución «de y para todos los españoles» que «solo margina a los nostálgicos de la dictadura, a los golpistas y enemigos de la paz», y que es un marco legal donde «los trabajadores pueden avanzar en su lucha hacia una sociedad sin clases».⁶⁵ Resulta difícil imaginar que los sindicatos acogiesen de esta manera tan vehemente la Constitución si esta, además de contener un reconocimiento a su papel en democracia, no hubiese incluido los «principios rectores de la política social y económica» del título I y los derechos económicos del título VII. Esto es, si la democracia naciente se hubiese definido sin contenido social alguno. Después de todo, aunque la Constitución establece una economía de mercado, también ampara las principales reivindicaciones de los trabajadores: crecimiento y justa distribución de la renta y la riqueza, empleo, vivienda, salud, educación, prestación por desempleo, pensiones dignas e, incluso, acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

Ahora bien, lo característico del movimiento obrero no es pretender un mayor bienestar para las personas (cosa que puede ser compartida por quienes no se adhieren a él), sino visualizar las relaciones socioeconómicas y, por tanto, la consecución de este bienestar como una lucha entre las fuerzas del capital y el trabajo. Esto, no solo lleva a enmarcar estas reivindicaciones en esta lucha, sino a la denuncia expresa y directa de los poderes abusivos y antidemocráticos del capital. Efectivamente, las grandes centrales sindicales delatan en sus escritos: la desigualdad entre el poder de los ciudadanos y el poder económico de los monopolios, de las grandes empresas multinacionales, de las oligarquías financieras e industriales; la necesidad de que los ciudadanos se unan para conseguir paliar los efectos y la explotación de la concentración desmedida de ese poder;⁶⁶ la responsabilidad y culpa de los poderosos en la generación de las crisis;⁶⁷ la recaída de los costes de las crisis en los trabajadores mientras los poderosos se enriquecen con ellas;⁶⁸ la utilización de las crisis para cambiar el modelo económico, atacar el Estado de bienestar, esquilmar recursos públicos y recortar libertades;⁶⁹ la socialización por parte del Estado de las pérdidas del capital, incluso estando provocadas por sus propias operaciones especulativas;⁷⁰ la utilización de los planes de austeridad para aumentar la acumulación de capital por parte de los que más tienen;⁷¹ la deuda externa como forma de explotación de los países menos desarrollados y la necesidad de declarar su moratoria o suspensión definitiva;⁷² la imposibilidad de una verdadera democracia sin democracia económica; la falta de democracia en los centros de trabajo, y, por último, la ilusoria democracia o «democratismo formal» de un sistema en el que las mismas personas que tienen un cargo de representación política se encuentran en consejos y asambleas de las grandes empresas que ostentan el poder económico.⁷³ Todas estas cuestiones están presentes en las publicaciones sindicales de la década de los setenta, de manera cada vez más elaborada durante los ochenta y de manera contundente a partir de 2007.

Otros movimientos sociales no hacen en la transición una defensa escrita de la democracia tan rotunda como el sindicalismo, principalmente porque su supervivencia no depende del fin de la dictadura y, por tanto, no es su prioridad. No obstante, se manifiestan a favor y ligan sus causas a la llegada y afianzamiento de un régimen democrático.

El feminismo es muy activo en la transición. Además de un feminismo institucional vinculado al Gobierno de turno, destaca por encima de todo un feminismo asociado a distintas corrientes políticas de izquierda que plasma su rico debate en actas congresuales y publicaciones, algunas de ellas de vida efímera. El alto grado de politización de las organizaciones feministas hace que se mantengan alertas y críticas con el proceso de construcción de la nueva democracia, expresando, por ejemplo, abiertamente que una verdadera democracia no puede dejar de reconocer a todas las fuerzas políticas. Además, fieles a su razón de ser —la igualdad entre hombres y mujeres—, las organizaciones exponen que una democracia real no puede construirse sin la participación política activa de las mujeres;⁷⁴ sin la igualdad social, que pasa obligatoria y prioritariamente por la igualdad en el ámbito educativo y laboral, y sin la democracia en el hogar, que ha de conseguirse a través de la reasignación de roles en la familia. Lo que el feminismo viene a decir certeramente es que una verdadera democracia es aquella en la que hombres y mujeres disfrutan plenamente de la ciudadanía tanto de derecho como de hecho. Esta idea es central y se repite en la literatura feminista más allá de la Transición, tanto desde posiciones radicales como desde el propio feminismo institucional: «La democracia está inacabada», titula un artículo de la revista del Instituto de la Mujer en 1982.

Con el planteamiento de que no hay democracia sin igualdad, las organizaciones feministas elaboran una serie de propuestas para su inclusión en la Constitución; igualdad de ambos cónyuges en el matrimonio, derecho al divorcio, derecho al control de la fertilidad, igualdad de los hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio, patria potestad compartida e igualdad en el ámbito educativo y laboral (incluidas las Fuerzas Armadas). Excepto el derecho al divorcio, que tendrá que esperar a una ley específica publicada en 1981, el resto de cuestiones son admitidas o, al menos, no negadas en el texto. Por ejemplo, no se alude al derecho de la mujer a controlar su fertilidad pero se interpreta que puede ser defendido como parte del derecho a la intimidad. Esto hace que haya, bien cierta satisfacción, bien cierta expectación a la espera de la materialización de las difusas proclamaciones propias de este tipo de textos fundacionales. «La Constitución, ni fu, ni fa», dice literalmente Lidia Falcó en el número 25 de Vindicación.

La filiación izquierdista del feminismo de los setenta no se trasluce ni en las propuestas ni en las interpretaciones que el feminismo vierte sobre la Constitución, pues la mayoría de estas las podría compartir un feminismo liberal. La filiación izquierdista está presente en sus congresos y publicaciones, sobre todo, en forma de debate —sempiterno, no resuelto y común al feminismo de todos los lugares— sobre la relación entre el feminismo y el capitalismo. Cabe recordar que desde el feminismo se hace la reflexión más rica desde Marx sobre el proceso de mercantilización.

La interpretación que hace el feminismo del capitalismo evoluciona a la par que las transformaciones del propio capitalismo y la situación de la mujer en él. Primero, lamenta la desvalorización del trabajo femenino no mercantilizado y critica el repliegue de la mujer al hogar porque eso invisibiliza los costes de reproducción de la mano de obra; costes que asumen las mujeres y de los que se sirve un tipo de capitalismo. Por ello, impulsa a las mujeres a incorporarse al mercado laboral. Después, advierte que dicha incorporación y la forma de resolver el cuidado de las personas (a través de la mercantilización) o de no resolverlo (mediante la doble jornada) también sirven a otro tipo de capitalismo. Igualmente, denuncia con constancia la feminización de la pobreza y la mayor incidencia de las crisis capitalistas sobre las mujeres. El capitalismo productivo keynesiano y el capitalismo financiero neoliberal son distintos procesos y modos de valorización del capital que anteponen la ganancia a las necesidades de la vida y, en ese sentido, se califican como perjudiciales para la mujer.⁷⁵

Pensar en las necesidades de la vida va mucho más allá de pensar en la compatibilización de vida laboral y familiar y es por ello por lo que supone un cambio y no una acomodación del modelo económico vigente. Implica, incluso, una modificación del planteamiento obrerista basado en la lucha trabajo-capital porque introduce un tercer término, el de vida. Ahora la contienda es vida-trabajo-capital y busca anteponer la vida al capital sin deificar el empleo retribuido. El feminismo denuncia la forma en la que los poderes económicos moldean la vida social, en vez de ser la economía la que se pliegue y adapte a la forma de vida socialmente deseada. Este tipo de feminismo centra sus demandas en la defensa de servicios públicos de calidad, en su gestión directa por parte de las instituciones públicas y en un mayor avance en el reparto de roles.⁷⁶

El movimiento pacifista y por la no violencia tiene en España una trayectoria irregular marcada por la agenda de los acontecimientos. Las violentas represiones del tardofranquismo, el fin del servicio militar obligatorio, el fin de la prestación social sustitutoria, el mantenimiento de bases militares extranjeras, la entrada en la OTAN, el terrorismo de ETA y la guerra de Irak son los grandes temas para la movilización.

Dentro del variado mundo de este movimiento, durante la transición destaca el pacifismo cristiano, pues es el que tiene unas organizaciones que al estar amparadas por la Iglesia católica están en la legalidad y tienen una trayectoria consolidada; se prestan a dar cobertura a las nuevas demandas del movimiento y a quienes las sustentan, y sostienen unos principios que inspiran a buena parte de líderes y filosofías. Estas organizaciones son PAX-Christi, hoy prácticamente desaparecida en España, y Justicia y Paz, que, al contrario de la anterior, ha ido creciendo con el tiempo. Además de estas, son trascendentes la lucha del Movimiento de Objeción de Conciencia y la presencia del Colectivo de Acción no violenta y los antimilitaristas.

La Transición ha quedado relatada y fijada en el imaginario colectivo como un cambio pacífico, aunque el nivel de violencia en la calle y la amenaza latente de que esta podía recrudecerse no era nada despreciable en aquel momento. Se calcula que entre el 20 de noviembre de 1975 y el 31 de diciembre de 1983, 591 personas murieron defendiendo o ejerciendo la libertad democrática.⁷⁷ El movimiento pacifista y de la no violencia contribuye a la búsqueda pacífica del cambio y la transformación social. A pesar de la represión que es denunciada tanto dentro del país como a nivel internacional, el deseo de acceder a un régimen de libertades se contiene. Algo que, por otro lado, se alinea con la voluntad de quienes pilotan el proceso y que es funcional para quienes no desean una ruptura radical. Ya en democracia, el pacifismo y la no violencia protagonizan, primero, uno de los tres únicos referéndums celebrados a nivel estatal en 35 años, el de la OTAN, y, segundo y más importante, la mayor manifestación en la historia de la democracia, la que tiene lugar en 2003 contra la guerra de Irak. Con la intervención de España en esta guerra en contra de la opinión mayoritaria de la población se evidencia una enorme carencia democrática. Es en este momento, en opinión de Lamo de Espinosa,⁷⁸ cuando comienza el desconcierto de la ciudadanía que da lugar a la solicitud de la segunda transición.

Tanto durante la transición como después, la no violencia favorece la profundización democrática al apoyar formas alternativas de acción colectiva como la objeción; solicitar trasparencia en las acciones de gobierno, y revelar la importancia de los aspectos socioeconómicos para la salud democrática. La no violencia hace una defensa de la democracia extensa y la economía alternativa a través de la ampliación del concepto de violencia y la definición de la justicia social como precondición para la paz. Una democracia es un régimen de libertad y soberanía del individuo y eso es algo absolutamente contrario no solo a la violencia física, sino a la violencia institucional política y económica. Esta última se ejerce mediante la imposición de medidas económicas y políticas socialmente perniciosas que, además de ser injustas para quienes las padecen, son causa de conflicto y más violencia. La idea de que sin justicia social no hay paz da lugar tanto a la solicitud de una humanización de la economía que no menciona expresamente un modelo económico distinto al capitalismo de mercado como a una superación de este.

La idea fundamenta la reivindicación de una distribución y un control de las partidas presupuestarias para otorgar más recursos a gastos sociales y menos a la carrera armamentística (ligada a grandes intereses económicos). Esta reivindicación es tan firme que da lugar a la primera y más larga campaña de objeción fiscal de la historia de España vigente desde 1983 hasta hoy. La idea sin justicia no hay paz también sostiene la campaña para la donación del 0,7% del producto interior bruto a la cooperación al desarrollo. Esta campaña es iniciada por Justicia y Paz en 1981 y pronto seguida por organizaciones de carácter diverso. Supone un hito en la historia democrática por lograr movilizar a tantas personas en torno a un objetivo solidario alejado físicamente, como es la pobreza en el Tercer Mundo, así como por obtener una respuesta por parte de los poderes públicos tanto a nivel estatal como, sobre todo, a nivel local y autonómico. Influye en ello el hecho de no suponer una alteración del modelo económico aunque pida un trasvase de riqueza.

La idea de sin justicia social no hay paz propone cambios económicos profundos y, muy importante, ligados a una democracia de calidad. Entre las medidas propuestas para salir de la crisis, ya en 1985, Justicia y Paz habla de reforma del sistema financiero y monetario; nuevas políticas monetarias y financieras; potenciamiento de estructuras bancarias estructuradas éticamente; democratización de las finanzas como precondición de la democratización política, y formación contra una única ideología mercantilista.⁷⁹ Con la crisis de 2008, este discurso se amplía y autodefine claramente como antiliberal.

De los movimientos sociales estudiados, el ecologismo es el que menos atención presta a la cuestión democrática y el que tiene un discurso económico más disruptivo. Esto es así porque, además de que su supervivencia no depende de la conquista de la libertad, la distribución y difusión de medios escritos mediante los que se expresa es irregular. Es irregular en el sentido de que aquellas organizaciones pertenecientes a corrientes políticamente moderadas —las conservacionistas— son las únicas que disponen de publicaciones seriadas antes y después de la transición, mientras que las más radicales hacen acto de presencia, bien tarde, bien pronto, pero de manera entrecortada.

Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción son las dos organizaciones que claramente se manifiestan anticapitalistas y ligan su posicionamiento económico con razones democráticas. El objetivo de este ecologismo social no es la existencia de «un capitalismo que se acomode a las presiones ecológicas» por lo que no se contenta con «no contaminar el planeta hasta el punto de hacerlo inhabitable, porque la supervivencia sin más no es un fin en sí misma». Su objetivo es la «revolución económica, social y cultural que acabe con las presiones del capitalismo e instaure una nueva relación del hombre con la colectividad, con su medio ambiente, con la naturaleza».⁸⁰ Advierte sobre la estrategia capitalista de apropiarse de las demandas ecologistas para desarmar al movimiento. Denuncia el control ejercido por los poderes económicos, su menosprecio por la vida y la salud de las personas, así como la marginación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones importantes. Estas ideas que aparecen ya en el primer número de la revista Oxígeno, de Amigos de la Tierra, y en la primera etapa de El Ecologista, de Ecologistas en Acción, retornan y se amplían con la extensión de las políticas neoliberales y la crisis de 2008.⁸¹ Entonces se acentúan las denuncias sobre la especulación capitalista del suelo y los recursos naturales; la mercantilización de recursos naturales como el agua y el aire limpio; el control de los grandes capitales de las fuentes de energía; la política energética de los Gobiernos a favor de los grandes oligopolios, y el obligado e insostenible consumismo que requiere el mantenimiento del capitalismo en un sistema cada vez más tecnificado. El ecologismo traduce todo esto en pérdida de soberanía energética, alimentaria, de salud y de vida.

3. EL MOVIMIENTO POR LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA O QUÉ CLASE DE DEMOCRACIA PERMITE ESTE CAPITALISMO

La crisis ha provocado un profundo malestar ciudadano y ha dado lugar a un movimiento crítico con el sistema económico y político existente. Este movimiento ha recogido, ampliado y divulgado el discurso que los movimientos sociales venían portando desde la Transición. Duda si, como dicta el imaginario democrático, la ciudadanía ha elegido el capitalismo que vivimos; discute cómo el capitalismo condiciona la democracia que tenemos; pregunta qué tipo de democracia tenemos que hace tan difícil escoger otra opción distinta a este capitalismo y, en definitiva, culpa a los poderes económicos de imponer unas reglas del juego al margen y contrarias a los intereses de la ciudadanía, así como a los representantes políticos por consentirlo.

Una crisis evidencia los fallos de un sistema. La de 1973 sirvió para mostrar los defectos y limitaciones de las políticas keynesianas y se utilizó para introducir otras políticas de inspiración liberal; la de 2008 ha constatado que estas otras tampoco están libres de problemas y que dichos problemas pueden ser, además, ciertamente graves. Tal es así, que la primera respuesta internacional a la crisis es la intención de refundar el capitalismo. Esta intención, declarada por Sarkozy y apoyada por Obama y Merkel, al mismo tiempo que reconoce errores en el sistema económico, persiste en su benignidad. Refundar el capitalismo significa literalmente revisarlo, bien para hacerlo volver a sus principios originales, bien para adaptarlo a los nuevos tiempos. Ambas cosas parecen estar en la mente del presidente francés cuando hace esta proclama.⁸² Los orígenes a los que se propone llevarlo son los de un capitalismo industrial orientado al crecimiento a largo plazo (en contra de un capitalismo financiero basado en la especulación), en el que los poderes públicos están legitimados para intervenir en la regulación del sistema financiero. Se trata, no obstante, de un capitalismo dotado de unos mecanismos adaptados al contexto de una economía global. La idea de refundación pronto deja paso a una simple implementación de medidas para prevenir que las economías más poderosas se contagien de la caída de las más vulnerables, acompañada de privatizaciones y rebajas del gasto público.

En España, la especial incidencia de la crisis, la forma y los resultados de su gestión van generando poco a poco un malestar en la ciudadanía. El proceso de gestación del malestar tiene un momento crítico, mayo de 2010, cuando el Gobierno de Zapatero da un brusco giro en sus políticas económicas. El giro supone la puesta en marcha de una política de recortes en contra del programa manifiesto del Gobierno que, primero, agrava las penosas consecuencias de la crisis para la población —reducción de salarios, recortes sociales, altas tasas de desempleo y aumento de la desigualdad social— y, segundo, es entendida por parte de la ciudadanía como la prueba del plegamiento del Gobierno español a los requerimientos de unos organismos que los ciudadanos no han elegido en las urnas.

Ocho meses después de este trance, en febrero de 2011, surgen simultáneamente Democracia Real Ya, Estado de Malestar y Juventud Sin Futuro y, a continuación, en marzo, No les Votes. Todas estas experiencias tienen en común la indignación por el empeoramiento de la calidad de vida por culpa del modelo económico y político dominante, así como la lucha tanto por una democracia más profunda y con menos injerencias de los poderes económicos como por una economía más justa.

Democracia Real Ya, la iniciativa más conocida de las cuatro, acusa al modelo económico vigente de enriquecer a unos pocos y sumir en la pobreza o escasez al resto. Entiende que una sociedad avanzada tiene que tener como prioridad la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, bienestar y felicidad de las personas. Considera que los ciudadanos no están representados ni son escuchados por los políticos actuales, que se aferran al poder y atienden principalmente a los dictados de los grandes poderes económicos. De ahí su eslogan: «No somos mercancía en manos de políticos ni banqueros». Defiende una democracia en la que los ciudadanos tengan más participación, se haga uso de referéndums populares vinculantes y se establezca un sistema de representación más proporcional al número de votos.

Estado de Malestar estima que el sistema político y financiero traiciona a los ciudadanos y «no da más de sí». Juventud Sin Futuro aglutina a jóvenes formados que ven que los trabajos son escasos y de mala calidad, no les van a proporcionar derecho a una pensión, ni acceso a una vivienda digna en un mercado inmobiliario inaccesible. Considera que las medidas para salir de la crisis agravan su situación y que la única vía que les queda para lograr una vida autónoma es la salida al extranjero. Estas dos cuestiones marcan sus dos famosos eslóganes: «Sin curro, sin casa, sin pensión, sin miedo» y «No nos vamos, nos echan». Juventud Sin Futuro cuestiona el carácter democrático de las políticas de austeridad dictadas por la Unión Europea, el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional y la legitimidad de la deuda. Apuesta por un modelo económico que garantice empleo, vivienda, subsidio de desempleo, educación y sanidad para todos.

No les Votes tiene como lema ignorar a los partidos que ignoran a la ciudadanía. Condena «la alternancia perpetua de organizaciones políticas aferradas al poder durante décadas sin otras opciones más que aquellas necesarias para conseguir sus propios objetivos, sin permeabilidad de nuevas ideas, sin permitir la participación activa de la ciudadanía, asfixiando toda posibilidad de regeneración democrática». No está en contra de los partidos, ni de las elecciones, ni promueve el voto en blanco ni la abstención, sino que pide a los ciudadanos que se informen de alternativas políticas que representan mejor sus ideas y que están más cerca de lo que los ciudadanos entienden por democracia.

Estas iniciativas y otras menos conocidas confluyen en el 15M. La diversidad de colectivos se traduce en cierta dispersión en sus propuestas, aunque estas pueden agruparse en tres grandes ejes: la repulsa del corporativismo y la desconexión con la ciudadanía de los partidos políticos; la denuncia del sometimiento de la política a los poderes financieros, que se aprecia como causa de los abusos de la banca, la socialización de las pérdidas privadas de los bancos y los procesos de privatización de lo público, y el rechazo a los procesos laborales que llevan a los despidos y la precarización.⁸³ A estos tres ejes hay que sumar la defensa de la vivienda digna, la igualdad de género, la integración cultural y el medio ambiente. Con la inclusión de estas cuestiones, la presencia del feminismo, el ecologismo y el movimiento de los derechos humanos en el 15M queda clara. Se trata de una presencia que beneficia a ambas partes y que se basa tanto en una sintonía discursiva como en una utilidad estratégica.

La comparación entre las ideas sobre profundización democrática y alternativas económicas expresadas por movimientos tradicionales durante la Transición (expuestas en el segundo epígrafe de este documento) y las principales organizaciones y campañas del movimiento iniciado en 2011 (que aparecen en el presente epígrafe) evidencia que las de este último están insertas en la narrativa de los primeros. La inserción, en primer lugar, facilita la resonancia social del movimiento del 2011 puesto que este opera sobre una labor de sostenimiento y difusión narrativa previa. En segundo lugar, da pie a que los movimientos tradicionales acudan prestos a la cita regeneracionista, reivindicando un lugar específico dentro de la misma. La sintonía discursiva y el débito al trabajo realizado facilitan que el feminismo, el ecologismo y el pacifismo sean acogidos complacientemente en el 15M, si bien estas no son razones suficientes, ni únicas. No son razones suficientes porque hace falta que estos movimientos se perciban incólumes y no alineados con el sistema que se pretende sustituir. Y no son razones únicas porque el regeneracionismo también tiene una necesidad de contar con el máximo apoyo posible; sobre todo cuando este apoyo tiene una acreditada trayectoria de activismo sociopolítico.

El movimiento feminista toma como objetivo que el proceso de regeneración democrática contenga una visión de género, de ahí el lema escogido para el 15M: «La revolución será feminista o no será». Desde el principio entiende que hay una gran afinidad porque ambos buscan poner las personas en el centro del sistema económico, ambos se construyen con horizontalidad, desjerarquización, asamblearismo, decisión por consenso y ambos demandan una democracia en la que se restituya la soberanía popular, haya transparencia y cambios en el sistema de representación.⁸⁴ El feminismo desarrolla su objetivo dentro del 15M aportando propuestas y sujetos feministas a las comisiones y asambleas de barrio.

El ecologismo opera exactamente igual que el feminismo. Tiene el empeño de que la regeneración democrática contenga una visión medioambiental y logra la creación de comisiones medioambientales dentro del 15M. El lema de estas comisiones es una paráfrasis del anterior: «La revolución será verde o no habrá donde hacerla». El ecologismo engancha con el discurso regeneracionista haciendo ver que entre los derechos sociales básicos se encuentra el disfrute de un medio ambiente de calidad y que el proceso de redemocratización incluye asegurar la soberanía de los ciudadanos actuales y futuros sobre las riquezas naturales. Ambas cuestiones implican un cambio de modelo productivo y los bienes susceptibles de mercadear.

La idea de justicia social común en el movimiento por la paz atraviesa las denuncias hechas a un sistema que alimenta al poderoso en detrimento de la mayoría de la población. Pero, como tal, el movimiento por la paz y la no violencia es perceptible en el 15M principalmente por su opción por la no violencia y la desobediencia civil como medio de lucha. La relación entre el movimiento del 2011 y el pacifista de la Transición es tan directa que personas comprometidas con el movimiento de la no violencia y la objeción en los setenta forman parte y asesoran con el mismo discurso de entonces sobre las estrategias pacíficas que se deben utilizar ahora.

La resonancia de las movilizaciones del 15 de mayo de 2011 impulsa una de las asociaciones que se suman a la protesta, la Plataforma Antidesahucio. Nacida en 2009, tiene un objetivo muy concreto: cambiar la normativa para, primero, evitar los desahucios que se producen debido a la incapacidad de las familias para hacer frente a sus hipotecas por la crisis y, segundo, permitir la dación en pago retroactiva de la residencia habitual para deudores de buena fe. Detrás de este objetivo hay una interpretación de la realidad similar al resto de iniciativas: los representantes de la ciudadanía anteponen los intereses de los poderes económicos a los de la ciudadanía. La Plataforma, que se ampara en el derecho constitucional a una vivienda, es protagonista de los episodios de desobediencia civil más numerosos desde la objeción al servicio militar obligatorio y de la presentación de una de las pocas iniciativas legislativas populares que se han admitido a trámite en más de 30 años de democracia y la que ha tenido más resonancia mediática de todas ellas.

El éxito de convocatoria del 15M alienta la marea verde en defensa de la educación pública, la marea blanca en defensa de la sanidad pública en Madrid, y la marea amarilla en defensa de un acceso igualitario a la justicia. Las tres coinciden en la lucha por unos servicios públicos de calidad disponibles para todos los ciudadanos, algo que siempre ha estado en la agenda del sindicalismo, el feminismo y el consumerismo. Por esto y por comprometer el futuro de los profesionales del ramo, los sindicatos han participado e incluso liderado estas protestas en algunos lugares.

El movimiento que surge en 2011 se enmarca dentro de una dinámica que McAdam, Tarrow y Tilly denominan de contienda política⁸⁵ «cada vez más extendida en el marco de la crisis global actual de la democracia representativa y de los sistemas políticos vigentes y en cuyo desarrollo juega un papel destacado el nuevo activismo transnacional».⁸⁶ Una contienda que puede interpretarse como la respuesta a lo que Habermas denomina «desmantelamiento democrático»,⁸⁷ Crouch define como «posdemocracia»⁸⁸ y Santos califica como «fascismo social»,⁸⁹ resultado de la nueva práctica social, económica y política desarrollada en el mundo occidental tras la crisis de 1973.⁹⁰ Una nueva práctica que ocasiona una creciente oligarquización económica y subordinación política y que, en definitiva, produce una alteración del equilibrio entre capitalismo y democracia en beneficio del primero y detrimento de la segunda. Una nueva práctica que fuerza el replanteamiento del binomio democracia-mercado, incluso entre quienes en un principio lo defendieron. El propio Dahl, que al inicio de la posguerra se sumó a la corriente que proclamaba la vocación eminentemente democrática del mercado, reconoce después que, aunque la democracia requiere un orden económico basado en una economía de mercado capitalista, también necesita unos niveles de igualdad «incompatibles con el capitalismo, y más todavía, que este obstruye el avance democrático».⁹¹ En definitiva, el movimiento es eminentemente político en el sentido de que es la exigencia política de profundización democrática lo que lleva a plantear cambios en la economía que van desde el rechazo al sistema financiero tal como ahora funciona hasta al capitalismo en su conjunto, no siendo esta última la opción mayoritaria, por más que sean muy activos quienes la sostienen.

La gran particularidad del movimiento en España es que pide una segunda transición. Esta solicitud corre paralela a la gestación del malestar de la ciudadanía y es anterior al 15M pues, como afirma Lamo de Espinosa, en 2010 «se ha asentado ya en la sociedad española, de modo que casi tres de cada cuatro españoles creen que, en el momento actual, España necesita una “segunda transición” que, con el mismo espíritu de pacto y concordia de la primera, acometa la modificación y actualización de muchos aspectos de nuestro actual sistema político».⁹² El concepto de segunda transición se utiliza para identificar a la Transición de los setenta como el origen del déficit democrático, así como para visualizar que lo que el país necesita es un salto cualitativo y no un rosario de pequeñas modificaciones.

El movimiento regeneracionista retoma el discurso mantenido por la izquierda en la Transición sobre la necesidad de ruptura con el régimen de la dictadura, pero, al contrario de lo que acordaron los principales representantes políticos y sindicales de la época, niega que esta se haya producido. El sindicalismo, que fue el movimiento más combativo por la libertad, que abogó por la ruptura y que criticó ácidamente que aquello no era una transición democrática, aceptó sin fisuras su resultado apostando por la Constitución de 1978. Con ello favoreció la forja de una cultura identitaria democrática en la clase obrera que ayudó a la consolidación del nuevo régimen y que, sumada al enmarcamiento de la mejora del bienestar de los trabajadores dentro del conflicto capital-trabajo, sienta las bases de las demandas de profundización democrática. A pesar de ello y de que el empleo de calidad es parte sustancial tanto de la agenda sindical como del movimiento del 2011, los grandes sindicatos están expresamente excluidos de esta tentativa de transición ya que son identificados como parte del entramado institucional que se pretende reformar. Esta exclusión se refiere únicamente a los grandes sindicatos como instituciones, pero no a sus activistas, que son bienvenidos a título individual y que, precisamente debido a la afinidad narrativa, se ven atraídos hacia el movimiento.

La identificación de la Transición como origen del déficit democrático contradice su carácter modélico. Sugiere un desgaste de la hegemónica cultura de la transición impulsada por la coyuntura y el relevo generacional. Son las generaciones que no protagonizaron la primera Transición quienes en mayor medida desean la segunda, reivindicando su derecho a diseñar el país como lo tuvieron sus padres o sus abuelos, pero en unas circunstancias de democracia estrecha y consolidada con la que no contaban sus progenitores. Por contra, son las generaciones que protagonizaron la Transición y ayudaron a su mitificación quienes reivindican su legado y se aferran a ella. El cuestionamiento de la Transición de 1976 es un ataque al quehacer de sus actores y así lo viven estos. Pero es también un éxito del proceso democrático en cuanto que ratifica que la democracia débil que nació en 1977 ha madurado y que ni ha sufrido el retroceso que algunos intentaron en 1981, ni se conforma con su estado primario, sino que, por el contrario, desea avanzar hacia formas más cercanas al ideal democrático.⁹³

Este nuevo proceso es diametralmente opuesto al que tuvo lugar en 1977. Entonces el cambio político no solo no alteraba el poder económico de las élites, sino que garantizaba un capitalismo similar al de los países de nuestro entorno y en ese sentido tenía muchas probabilidades de éxito y de convertirse en modélica. Sin embargo, no cabe esperar un apoyo a esta segunda transición como ocurrió en la primera, cuando la actual implica un control de los mercados que claramente no está en la agenda internacional, como ha quedado claro en el rápido olvido de la proclama de refundación del capitalismo que acompañó el inicio de la crisis. Si en 1978 adquirimos una democracia estrecha con un capitalismo amplio, el movimiento actual busca una democracia ancha con un capitalismo estrecho o un modelo económico alternativo por definir. Este intento de segunda transición introduce otra variación semántica de lo que es una transición: el acceso pacífico desde una democracia estrecha a una democracia sin necesidad de tutela internacional y con el objeto expreso de una economía en la que los mercados no dirijan la política.

NOTAS

32Este texto es fruto del proyecto «Del antifranquismo a la marginalidad: disidencias políticas y culturales en la transición española a la democracia» (HAR2016-79134-R), del Programa Retos de la Sociedad. del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

33^{J. Pérez Serrano, «La transición española en la génesis del capitalismo global, 1973-2003», en C. Navajas Zubeldia (ed.), Actas de IV Simposio de Historia Actual, Logroño, Gobierno de La Rioja, Institutos de Estudios Riojanos, 2004.}

34^{F. Álvarez-Uría y J. Varela, Sociología, capitalismo y democracia, Madrid, Morata, 2004.}

35^{R. Wirth, Marktwitschaft ohne Kapitalismus. Eine Neubewertung der Freiwirtschatslehre aus wirtschaftsethischer Sicht, Berna, Stuttgart, Viena, Haup Verlag, 2003.}

36^{R. García Jurado, La teoría de la democracia en Estados Unidos: Almond, Lipset, Dahl, Huntington y Rawls, México, Siglo XXI, 2009.}

37^{J. Petras, «Democracia y capitalismo. Transición democrática o neoautoritarismo», en Herramienta. Debate y crítica marxista, 1999. Recuperado en 2014 de http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-11/democracia-y-capitalismo-transicion-democratica-o-neoautoritarismo}

38^{R. Brenner, La economía de la turbulencia global, Madrid, Akal, 2009.}

39^{Las otras dos son la formación de un grupo dirigente para llevar la negociación con las fuerzas del régimen y la dotación de estos políticos de oposición con un mandato de negociación. H. Köhler, El movimiento sindical en España, Madrid, Fundamentos, 1995, págs. 109-111.}

40^{J. Pérez Serrano, «La transición española…», ob. cit.}

41^{Ibíd., pág. 159.}

42^Ibíd.

43^{J. Pastor, «El “déficit social” de la participación política no electoral. Iniciativas ciudadanas y movimientos sociales», Documentación Social, 114, 1999, págs. 126-127.}

44^{M. Torcal, J. Montero y J. Teorell, «La participación política en España: Modos y niveles en perspectiva comparada», Revista de Estudios Políticos, 132, 2006.}

45^{B. Barber, Strong democracy: Participatory Politics for a New Age, Berkeley, University of California Press, 1984.}

46^{B. Santos, «Por una democracia de alta densidad», Ecuador Debate, 80, 2010.}

47^{J. Pérez Serrano, «Experiencia histórica y construcción social de las memorias. La Transición española a la democracia», Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 3, 2004, pág. 96.}

48^{J. Rey Pérez, La democracia amenazada, Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2012, pág. 97.}

49^Ibíd.

50^{R. Dahl, A Preface to Democratic Theory, Chicago, Chicago University Press, 1956, pág. 60. R. Dahl, Democracy and Its Critics, New Haven, Yale University Press, 1989, pág. 391.}

51^{J. Ramos y A. Egea de Haro, «Democracia en riesgo: los tentáculos financieros y el papel de los gobiernos», Economía exterior, 60, 2012.}

52^{L. Alonso, Trabajo y ciudadanía, Madrid, Trotta/Fundación 1.º de Mayo, 1999, pág. 104.}

53^{À. Martínez i Castells, «¿Puede sobrevivir la democracia al capitalismo financiero?», El viejo topo, 253, 2009.}

54^{R. Collier y J. Mahoney, «Adding Collective Actors to Collective Outcomes: Labor and Recent Democratization in South America and Southern Europe», Comparative Politics, 3 (29), 1997.}

55^{M. Ortiz Heras, J. Castellanos López y O. Martín García, «Historia social y política para una Transición. El cambio desde abajo y la construcción de una nueva autonomía: Castilla-La Mancha», HAOL, 14, 2007.}

56^{M. Torcal, «El origen y la evolución del apoyo a la democracia en España. La construcción del apoyo incondicional en las nuevas democracias», Revista Española de Ciencia Política, 18, 2008, pág. 30.}

57^{P. McDonough, S. H. Barnes y A. López Pina, The Cultural Dynamics of Democratization in Spain, New York, Cornell University Press, 1998.}

58^{S. Tarrow, «Mass Mobilization and Regimen Change: Pacts, Reform and Popular Power in Italy (1918-1922) and Spain (1975-1978)», en Richard Gunther, The Politics of Democratic Consolidation, Baltimore, John Hopkins Press, 1985, pág. 208.}

59^{M. Ortiz Heras, J. Castellanos López y O. Martín García, «Historia social y política…», ob. cit., pág. 117.}

60^{J. Pérez Serrano, «Implantación y representación de UGT Andalucía en el medio rural», en J. Pérez Serrano (dir.), La aportación de UGT Andalucía al medio rural andaluz: De la reforma agraria al desarrollo rural (1980-2010), Sevilla, Fundación para el desarrollo de los pueblos de Andalucía, 2010, pág. 36.}

61^{Véase, por ejemplo, el artículo de portada del Boletín 366, de enero de 1976, dedicado a la sucesión.}

62^{M. Camacho, «Por qué coordinación democrática», Gaceta de Derecho Social, 61, 1976, págs. 4-9.}

63^{Gaceta de Derecho Social, 72, 1977.}

64^{Boletín La Unión, 403, 1978, pág. 3.}

65^{Gaceta de Derecho Social, 91, 1978.}

66^{Gaceta de Derecho Social, 61, 1976.}

67^{Boletín La Unión, 364, 1975.}

68^Ídem.

69^{Gaceta de Derecho Social, 88; Gaceta Sindical, 11, 1981; Gaceta Sindical, 42, 1986.}

70^{Gaceta de Derecho Social, 85, 1978; Gaceta Sindical, 42, 1986, pág. 26.}

71^{Gaceta de Derecho Social, 75, 1977.}

72^{Gaceta Sindical, 37, 1985, págs. 44 y 45; Gaceta Sindical, 39, 1985, pág. 32.}

73^{Gaceta de Derecho Social, 76/77, 1977, pág. 14.}

74^{Igual que en el sindicalismo, las expresiones y el vocabulario utilizado es directo y gráfico. «Nuestras muditas en el congreso» titula Lidia Falcó un artículo publicado en 1977 en Vindicación, 18, criticando la presencia testimonial de mujeres en el Parlamento sin asignarles carteras o darles siquiera la palabra.}

75^{A. Pérez Orozco, «Feminismo anticapitalista, esa Escandalosa Cosa y otros palabros», Rebelión, 2010.}

76^{Esto tampoco está exento de problemas pues la dependencia que la mujer tiene del hombre puede desplazarse a una dependencia de la burocracia patriarcal, siendo las administraciones las que ejerzan un control sobre la vida privada de las benefactoras a través de los requisitos exigidos a las demandantes de programas sociales. Al respecto, N. Fraser, Unruly practices. Power, Discourse, and Gender in Contemporary Social Theory, Mineápolis, University of Minnesota Press, 1989.}

77^{M. Grau, La Transición sangrienta, Madrid, Península, 2010.}

78^{E. Lamo de Espinosa, «¿La segunda transición?» en J. J. Toharia (coord.), Pulso de España 2010. Un informe sociológico, Madrid, Biblioteca Nueva/Fundación José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón, 2011, pág. 50.}

79^{Boletín Justicia y Paz, 19, 1985, págs. 17 y sigs.}

80^{M. Bosquet, «Su ecología y la nuestra», Oxígeno, 1, 1979, págs. 3 y 7.}

81^{Amigos de la Tierra Internacional, por ejemplo, desarrolla un Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo.}

82^{«La crisis financiera por la que pasamos no es la crisis del capitalismo, es la crisis de un sistema que se ha alejado de los valores del capitalismo, que en cierto modo los ha traicionado.» «No podemos gestionar la economía del siglo XXI con los instrumentos del siglo XX», dice el presidente en dos momentos distintos de su intervención (El País, 26/09/2008).}

83^{C. Taibo, Nada será como antes. Sobre el 15M, Madrid, Catarata, 2011.}

84^{Setas Feministas, «15M desde la perspectiva de género», R-evolucionando. Feminismos en el 15-M, Madrid, Icaria, 2012.}

85^{D. McAdam, S. Tarow y C. Tilly, Dinámica de la contienda política, Barcelona, Hacer, 2005.}

86^{S. Tarrow, El nuevo activismo transnacional, Barcelona, Hacer, 2011, cit. en J. Pastor, «El movimiento 15M. Un nuevo actor sociopolítico frente a la dictadura de los mercados», Sociedad y utopía, 38, 2011, pág. 124.}

87^{J. Habermas, The Crisis of the European Union: A Response, Cambridge, Polity Press, 2012.}

88^{C. Crouch, La posdemocracia, Madrid, Taurus, 2004.}

89^{B. Santos, «Nem tudo está perdido», Visão, 10/01/2013.}

90^{J. C. Monedero, «Posdemocracia y pesimismo de la nostalgia», Nueva Sociedad, 240, 2012, pág. 79.}

91^{R. García Jurado, La teoría de la democracia…, ob. cit., págs. 155 y 156.}

92^{E. Lamo de Espinosa, «¿Una segunda democracia?», ob. cit., pág. 64.}

93^{Si bien tres cuartas partes de los españoles creen en una segunda transición y desean procesos políticos más participativos, de esta mayoría, una gran parte se contenta con un pequeño incremento participativo manteniendo el protagonismo de los representantes públicos. Solo una minoría, la que lidera el movimiento, anhela un ensanchamiento significativo; aunque esta minoría tiene posibilidades de aumentar su influencia vista su juventud y su autopercepción como políticamente competente. Véase J. Font, C. Navarro, M. Wojcieszak y P. Alarcón, ¿«Democracia sigilosa» en España? Preferencias de la ciudadanía española sobre las formas de decisión política y sus factores explicativos, Madrid, CIS, 2012.}

4
LOS SILENCIOS DE LA PRENSA. PRENSA DE REFERENCIA DOMINANTE Y ALTERNATIVAS PERIODÍSTICAS

GÉRARD IMBERT

Universidad Carlos III de Madrid

Escribir sobre la Transición me ha obligado a un doble ejercicio: de memoria personal —el retrotraerme a aquellos años tan intensos y rememorar mi propia experiencia en la práctica periodística— y de memoria histórica, el reflexionar sobre el papel de la prensa durante la Transición; también me ha llevado a releer algunos trabajos antiguos y a volver sobre viejas batallas, un ejercicio siempre complejo y ambivalente… Que se me perdone si aludo aquí a circunstancias personales, pero creo que ayudarán a entender el contexto, añadiéndole una dimensión vivencial: las azarosas andanzas de un joven hispanista en una turbulenta Transición.

1. LAS ESTRATEGIAS DEL MIEDO

La sensación que retiro de aquella época es de inseguridad: inseguridad objetiva —la del marco jurídico-político— que crea un clima de incertidumbre, con la limitación de la libertad de expresión que impera hasta el año 1982; y también inseguridad subjetiva —que era palpable en la calle—, debida a los atentados contra los medios de comunicación y a las actuaciones violentas de los grupos de extrema derecha contra los «progres» (como se llamaba a la sazón a los demócratas). Todo era entonces aventura, por no decir aventurado e incluso arriesgado. En contraste con la imagen que se dio fuera de la Transición, aquello no fue un lecho de rosas sino un período extremadamente turbio, con la permanencia de los poderes fácticos, amenazas constantes a la estabilidad política y sobre todo, por parte del poder, una denegación ciega de la realidad social y de la verdad informativa, situación que culmina en los años 1980-1981 con las diferentes intentonas de golpe de Estado…

Esta inseguridad trajo consigo un miedo difuso, el miedo a la «involución», como se decía entonces. Testimonio de ello es un editorial de El País del 22 de febrero de 1982 —un año justo después del golpe del coronel Tejero— titulado precisamente «La estrategia del miedo»,⁹⁴ en el que el periódico prevenía contra la hipoteca que pesaba sobre la libertad de expresión y la acción política, derivada de la interiorización de los efectos del golpe:

En más de una ocasión hemos señalado que tan peligroso casi como la repetición de una intentona golpista puede resultar el empeño de interiorizar los efectos del golpe y aprovechar el obvio amedrentamiento de la sociedad para un uso o interés propio…

Corrobora este análisis una reflexión de Juan Luis Cebrián en su libro de título machadiano —La España que bosteza—⁹⁵ donde habla además de las presiones directas del poder político:

Los directores generales de la administración dictaban consignas por teléfono bajo amenaza de secuestro y multa si no se cumplían, y la ley de censura fue reemplazada por el imperio del miedo.

Ese miedo es el que fomenta la autocensura y determina lo que he llamado los silencios de la prensa, un fenómeno seguramente más perverso, menos visible y, por ende, más difícil de delimitar que la censura declarada.

Conjuntamente con la política de pactos y la abnegación del pasado, esta actitud condujo a lo que el gran analista de la Transición que fue José Vidal-Beneyto llamó, con una expresión cruda y radical, «la ablación de la memoria histórica».⁹⁶ Otro personaje relevante de la Transición, José Martínez, el fundador de Ruedo Ibérico, hablaba a menudo de «democracia sietemesina» para referirse al proceso de la Transición. Valga mi modesta contribución como homenaje a estas dos grandes figuras.

Después de sentar el marco interpretativo mediante una lectura global de las relaciones entre prensa y política, quisiera articular esta breve reflexión en torno a tres ejemplos ilustrativos:

— La experiencia fallida de Cuadernos de Ruedo Ibérico en su intento de trasladar la editorial y la revista a España en 1978, que se enfrenta con un muro de silencio.

— La emergencia y consolidación de un nuevo modelo periodístico que se impone como prensa hegemónica, definido por Vidal-Beneyto como «prensa de referencia dominante», su difícil dialéctica en la creación de una nueva opinión pública que hace que se desplace el debate de los foros propiamente políticos a la prensa y consagre a esta como «Parlamento de papel».

— La progresiva desaparición de la prensa alternativa, víctima indirecta de la política de consenso y de la homogeneización de la opinión pública.

Los silencios de la prensa hacen que se sacrifiquen los temas demasiado conflictivos, sobre todo los referentes a lo social, y se releguen a la prensa «periférica». Esta se verá finalmente abocada a la asfixia, en un último intento, en 1984, de fundar un órgano de prensa alternativo con la creación del diario Liberación, que apenas durará cinco meses.

2. CONSENSO VS. CONFLICTO: DEL CONSENSO A LOS SILENCIOS DE LA PRENSA

Así analizaba de manera gráfica José Vidal-Beneyto el proceso de la Transición en el libro ya citado:

El negocio se hace gracias a ese prodigio de prestidigitación que titulan «reforma política» y a una espesa red de complicidades, renuncias, transigencias y silencios. Su piedra de toque consiste en privar a los demócratas de su raíz histórica y en obligarles a enterrar su proyecto global de sociedad. Es decir, por una parte al olvido —¿negación?— del pasado, que se designa como reconciliación, y por otra, el arrumbamiento —¿por impotencia?— de los propios objetivos, a lo que se denomina consenso. Una compacta manta toledana sobre las gestas de la resistencia democrática y otra más compacta todavía sobre las «gestas» de los franquistas durante su imperio. Y si la manta no basta, ahí está la Ley Antilibelo, para lo que usted guste. Y todos iguales, ni rojos ni azules: Pardos como los mejores gatos de la noche.

Partiendo de esta constatación, quería proponer aquí una lectura global en torno a dos hipótesis que desarrollé en mi libro Los discursos del Cambio…:⁹⁷

— La publicitación de lo privado, esto es, la asunción por el discurso público de temas tabú, relegados a la esfera privada (todo lo referido al sexo, por ejemplo), enarbolados por los movimientos sociales (feministas, homosexuales, movimientos vecinales, presos, etc.). Tiene su apogeo en los años 77-78 y culmina con el «destape», que es como su caricatura (pienso en el semanario Interviú, con su mezcla de política y sexo). Se libran así auténticas batallas en torno a la contracepción, la pena de muerte, el divorcio, el aborto, la enseñanza privada…

— La privatización de lo público: el sustraer al debate público parte de la información, por las limitaciones que imponía el discurso político y la subsiguiente tendencia del discurso periodístico a limar progresivamente todo lo que era demasiado conflictivo. Esto conducirá a una reducción del espectro informativo y a convertirse determinados órganos de prensa en hegemónicos: si por una parte El País se asienta como diario de centro-derecha, el Grupo 16 tiende a derechizarse, cosa que ocurriría luego con El Mundo.

Al institucionalizarse como Parlamento de papel, la prensa establece un debate paralelo, pero también retiene todo lo que pudiera hacer peligrar el consenso alcanzado a raíz de la aprobación de la Constitución en 1978. En los años 78-82, se desarrolla un régimen informativo al margen de lo público, con la práctica generalizada del off the record, informaciones confidenciales que destilan los políticos, pero no publica la prensa, lo que desemboca a menudo en una lucha informativa entre mundo político y medios informativos…

De los silencios de la prensa pasamos a lo que he llamado «la era de los simulacros»,⁹⁸ un período turbio en el que la información está secuestrada por el poder, en particular todo lo relativo a posibles —y reales— intentos de golpe de Estado, continuamente desmentidos por el Gobierno. El off the record se generaliza después del 23F, consagrando la prevalencia de lo vetado —le non-dit— sobre lo informativo. Se dicen más cosas en las tertulias, en los pasillos, reproduciendo rumores, que en el espacio público. En el discurso asumido se impone un «tono de moderación»,⁹⁹ en particular en todo lo referido a la memoria histórica, con el subsiguiente sacrificio de los extremos y su relegación a la prensa «periférica».

En los primeros años de la Transición, esta tendencia se vio reforzada por la declaración «materia reservada» de muchos temas sensibles: atentados a la libertad de expresión, intentos de alzamientos militares, represión policial, papel de los servicios secretos, etc. En el período que antecede el golpe de Tejero, son sistemáticos los desmentidos oficiales y los juicios de que son objeto varios directores de periódicos (El País, Diario 16, entre otros). En los años 81-82, asistimos a una auténtica escalada de disuasión, que Juan Cueto expresaba así en su columna de El País, con un título muy al estilo de Baudrillard:¹⁰⁰

Ocurre algo bastante más siniestro que un golpe de Estado con todos los predicamentos y misereres de rigor. Ocurren los mismos efectos sociales, políticos y culturales que provocan naturalmente los golpes de Estado con éxito. Estamos en plena apoteosis de la disuasión. Vivimos un equilibrio del terror militar, semejante a escala nacional al terror nuclear.

Se manifiestan también nuevas presiones sobre el discurso público, ya no son los poderes fácticos de antaño (todavía presentes), sino presiones de orden simbólico, de tipo discursivo, que pesan sobre las conciencias y las prácticas periodísticas, contaminando el léxico y adulterando el discurso: la «posibilidad» de un golpe, la «presunta» existencia de una «trama civil», sin que se puedan publicar los rumores como hechos informativos ni contrastarlos… El imperativo del consenso se impone sobre el reconocimiento del conflicto. La censura se ha interiorizado.

Es el retorno de lo prohibido: vuelve el espectro del enfrentamiento en un discurso público que se intenta disfrazar de «concertación», para retomar el término que se utilizaba. Al consenso sigue la «concertación» y luego será el «diálogo», palabras pantalla que puntúan el discurso político de aquel período…

Todo ello tiene graves consecuencias:

— la simplificación de la realidad y el adormecimiento del debate,

— la uniformización de la nueva opinión pública,

— la consagración de la figura del «demócrata de toda la vida», avatar y degradación del «progre»,

— la homogeneización —por no decir desertización— del espacio público,

— la desaparición progresiva de los diferentes medios críticos y alternativos. Van a cerrar las revistas Cuadernos para el diálogo, Star, Bicicleta, Ajoblanco, Triunfo, Cuadernos de Ruedo Ibérico, El Viejo Topo y los diarios Liberación (1984-1985) y El Sol (1990-1992).

3. RUEDO IBÉRICO Y EL SILENCIAMIENTO DE LA «CULTURA DEL EXILIO»

En 1978 se presentan en Barcelona y Madrid los nuevos libros publicados por la editorial en España, entre otros el que escribimos sobre las elecciones de junio de 1977¹⁰¹ —único estudio sobre el tema— y, en abril de 1979, el último número (61-62) de Cuadernos de Ruedo Ibérico, la revista mítica del antifranquismo. En 1980, Ruedo Ibérico publica otros siete ensayos que reflejan las últimas corrientes de pensamiento en Europa. En 1982, la editorial tiene que cerrar y liquidar sus fondos: 30 toneladas de libros guillotinados en París…

Puede que haya habido aquí un error de estrategia: después de un debate interno, el haber optado por una introducción discreta en el mercado editorial en 1977, en un contexto en el que la normalización se había hecho sobre el papel pero distaba mucho de haberse realizado en las prácticas. Pero aquí interviene también el rechazo tácito de la cultura del exilio, otro silencio en torno a la memoria colectiva, del que será víctima más de un insigne representante de esta cultura (el cantautor Paco Ibáñez, el novelista y dramaturgo Agustín Gómez Arcos, entre otros).

El silencio de los medios es casi total cuando salen los libros de Ruedo Ibérico: ningún artículo de conjunto sobre este evento político-cultural, poquísimas reseñas, ninguna en el caso del libro nuestro que, obviamente, iba a contracorriente pero sin llegar a ser polémico. Los discursos de la calle era un estudio que se limitaba a un análisis semiológico de la propaganda de calle, en la línea de las Mitologías de Roland Barthes, pero que denunciaba la banalización del discurso político y la homogeneización de los contenidos y formas discursivas. En cambio, mi siguiente libro sobre el consultorio radiofónico de Elena Francis publicado en 1982 —más ameno aunque no menos crítico— será celebrado por la prensa (una página en El País, una entrevista a todo color en Cambio 16). Ha terminado la Transición… Pero no deja de ser revelador del mecanismo de filtrado operado por los medios en el período anterior.

¿Cómo explicarlo? En 1979 estamos en la consolidación de la democracia, Ruedo Ibérico aparece como un factor de mala conciencia, las luchas antifranquistas ya no tienen su lugar en la reciente memoria democrática. En esta nueva etapa, 1978 es el año cero, el de la Constitución, un texto derivado de unas elecciones en las que fueron prohibidos los partidos republicanos y los de extrema izquierda tuvieron que disfrazar su identidad… El «exceso» de espíritu crítico ya no es de recibo. Ocurrirá lo mismo con el voluminoso número monográfico de Cuadernos de Ruedo Ibérico dedicado a las elecciones y a la Constitución…

Ruedo Ibérico se ve fagocitado por la disolución de las identidades. El nuevo consenso pasa por el silenciamiento del pasado, desalojado por un partido de «centro» (UCD) que es un ovni político, un engendro ideológico, un engaño consentido, ¿puede que un mal necesario? Esta homogeneización de lo ideológico se refleja en el debate público, con la centralización del debate en temas de urgencia vinculados con la joven y frágil democracia. Desaparecen poco a poco los debates de sociedad, sin hablar de los de fondo, que han ido a parar a las mazmorras informativas.

4. EL PAÍS O LA REFERENCIA DOMINANTE

Es otra aventura, más académica, que coincide con mi ingreso en la Casa de Velázquez (¡yo también me había «institucionalizado»!). Es cuando me cruzo con el que llamábamos Pepín (José Vidal-Beneyto), en un sótano de un colegio mayor, donde venía a dar una charla. El hecho no es anecdótico porque así era el debate, en las trastiendas o en los sótanos, más que en la superficie y a la luz pública…

Vidal-Beneyto estaba constituyendo un equipo de investigación internacional sobre producción de la realidad, opinión pública y «periódicos de referencia dominante», término que había acuñado para referirse a los grandes diarios de élite con vocación democrática que inciden en la formación de la opinión pública. Me encarga la dirección del equipo de investigación español, en el que estaba Enrique Bustamante para el estudio económico. De ahí saldrá un libro, el primero sobre El País,102 también silenciado por la prensa. Colaboran dos redactores del diario, tres hispanistas y varios expertos en análisis de la prensa. Es un estudio objetivo, independiente, sin ningún afán de polémica…

Me voy a detener ahora brevemente en la tesis defendida en este libro porque permite comprender la evolución del discurso informativo durante la Transición.

Apoyándome en un esquema teórico —centro/periferia— intentaba en él:

3. Analizar el papel de El País en la formación de una nueva opinión pública.

4. Delimitar la línea editorial del periódico, con sus variaciones de opinión de acuerdo con los diferentes géneros periodísticos: desde el editorial hasta el suplemento dominical, entonces reflejo de una serie de temas de interés socio-cultural que traducían los cambios en las identidades y en las prácticas sociales. Pero también se filtraba indirectamente la posición del periódico en las columnas, los artículos de opinión, los reportajes de sociedad, las entrevistas.

La tesis era que la prensa de referencia tiene una capacidad de absorción del cambio que varía según el contexto y el discurso elegido. Si la información tiende a una cierta objetividad (es el discurso central del periódico), hay una serie de géneros periodísticos —a veces menores (como las «Cartas al Director» o la «Revista de Prensa»)— por los que se cuela la opinión (lo que he llamado la «periferia» del periódico). Constituyen un discurso flotante y oscilante que varía con el tiempo y, en el caso de El País, se va atenuando, como se vio claramente en el suplemento dominical, hoy dominado por la frivolidad y las modas del momento.

5. Tercera pretensión: en un alarde a veces aparatoso y seguramente algo indigesto de semiótica pura y dura aplicada al espacio del periódico y a su articulación, analizaba cómo el periódico plasmaba el debate público en las páginas centrales, de manera figurativa: funcionando las dos páginas como representación paradigmática del espacio público, que se articulaba en diferentes «voces», como en el espacio de un Parlamento.

La pregunta era en qué medida el cambio social no se reflejaba más en esta periferia que en el discurso central, pero cada vez menos con el paso del tiempo, en especial después del 23F, cuando El País apostó definitivamente por la Monarquía y optó por un cambio moderado. La Monarquía en cuanto institución y su legitimidad fue, seguramente, uno de los más destacados silencios de la prensa durante la Transición (y todavía hoy: lo vimos cuando el rey abdicó). Si ya no había Ley Antilibelo como en 1977 (ley que imponía el silencio sobre la Corona, el Ejército y la cuestión autonómica), seguía funcionando el pacto de silencio tácito en torno a la Monarquía, cosa que dentro de la profesión se reconocía. Como muestra, las declaraciones de Victoria Prego,¹⁰³ que hablaba del miedo como protagonista de todo el proceso democrático y como causa del apoyo a la Monarquía: «Había más que un compromiso no escrito, una voluntad compartida en silencio de no tocar ciertos puntos peligrosos en un momento en el que importaban otras muchas cosas».

5. UBI SUNT: ACTA DE DEFUNCIÓN DE LA PRENSA ALTERNATIVA

Si he insistido tanto en esta dialéctica centro/periferia es porque este discurso periférico se diluye con el tiempo o simplemente desaparece en la prensa hegemónica. Son otros órganos de prensa los que van a asumirlo (principalmente revistas). Pero estos, a su vez, van a desaparecer paulatinamente para dar paso a un silencio objetivo —la ausencia—, dejando un inmenso vacío en el panorama informativo escrito, sustituido hoy por las redes sociales.

Una revista como El Viejo Topo aparece en 1976, desaparece en 1982 y reaparece en 1993, algo fosilizada, demasiado anclada en el debate teórico, para finalmente cerrar definitivamente. Pero, en su momento, fue fundamental para el mantenimiento del debate teórico y la conexión con el país real, el del cambio social. Luego fue Archipiélago (1988-2008) y volvió a pasar lo mismo.

Más de lo mismo con el diario Liberación, de corta vida, que ni siquiera llegó a ser sietemesino (duró de octubre de 1984 a marzo de 1985), que murió asfixiado por la falta de créditos y la escasez de publicidad… Sin embargo, ahí podíamos coexistir intelectuales y sindicalistas, militantes de base y teóricos de toda calaña. Incluso El Mundo tuvo su apertura a la periferia con el suplemento La Esfera, de la mano de Elvira Huelbes. ¿Qué ha sido de esta capacidad de tolerancia de los medios?

En los años ochenta, el vacío ideológico, la inercia social, la desidia electoral, el pasotismo existencial, la movida madrileña se han ido apoderando de amplios sectores de la población para dejar paso a otra forma de silencio, el de las mayorías silenciosas, que tan útil ha sido luego electoralmente…

Terminaré con estas palabras esclarecedoras de Juan Goytisolo en 1980:¹⁰⁴

Las amenazas, secuestros, presiones y atentados del régimen anterior no pudieron con esos pequeños espacios de libertad creados en España y fuera de ella por publicaciones como Cuadernos para el diálogo, Triunfo o Cuadernos de Ruedo Ibérico, en el nuevo espacio «liberal» abierto a todos; la primera ha muerto, la segunda se ha visto obligada a plegar velas y abandonar su combate semanal, y el triple dogal de la confusión, pasotismo y desencanto ha apretado paulatinamente el cuello de la última hasta casi asfixiarla.

NOTAS

94^{El lector encontrará un análisis de semiótica «pura y dura» de este editorial en G. Imbert, «Stratégies discursives et non-dit dans le discours de la presse. A propos de El País», París, Mélanges de la Casa de Velázquez de Madrid (publié avec le concours du CNRS), 1982.}

95^{J. L. Cebrián, La España que bosteza: apuntes para una historia crítica de la transición, Madrid, Taurus, 1981.}

96^{J. Vidal-Beneyto, Diario de una ocasión perdida, Barcelona, Kairós, 1981.}

97^{Los discursos del Cambio. Imágenes e imaginarios sociales en la España de la Transición (1976-1982), Madrid, Akal/Comunicación, 1990.}

98^{G. Imbert, «El fin de lo político o la era de los simulacros», Triunfo, 19/05/1982.}

99^{R. Martín de la Guardia, Cuestión de tijeras, Madrid, Síntesis, 2008.}

100^{J. Cueto, «Un toque de disuasión», El País, 5/04/1981.}

101^{^G.Imbert y S. Martí, Los discursos de la calle. Semiología de una campaña electoral, París/Barcelona, Ruedo Ibérico, 1978.}

102^{G. Imbert y J. Vidal-Beneyto (eds.), El País o la referencia dominante, Barcelona, Mitre, 1986.}

103^{Declaraciones de Victoria Prego recogidas por Carmen Castro Torres en su libro: La prensa en la Transición española (1966-1978), Madrid, Alianza, 2010.}

104^{El País, 25/09/1980.}

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DEMOCRACIA Y DEMOCRATIZACIÓN EN LOS ARTÍCULOS DE EDUARDO HARO TECGLEN EN TRIUNFO¹⁰⁵ (1975-1982)

MARIE-CLAUDE CHAPUT

Université Paris Nanterre (EA 369)

Abordaré la temática de la democracia en la revista Triunfo¹⁰⁶ —que, durante el franquismo, consiguió dar una verdadera información a pesar de la censura—¹⁰⁷ en los artículos de Eduardo Haro Tecglen,¹⁰⁸ que fue el alma de la revista al lado de su director José Ángel Ezcurra. Abarcaré el período entre 1975 y el 7 de julio de 1982, fecha de la desaparición de Triunfo, poco antes de la victoria electoral socialista de octubre. En un contexto general de crisis de la prensa, ya no podía competir con los nuevos medios de comunicación, en particular, con El País, convertido en periódico de referencia. Muchos de sus colaboradores ya habían integrado su plantilla o iban a hacerlo. Propone un análisis crítico de la situación siguiendo paso a paso la democratización del país, un proceso no tan sencillo como se ha podido presentar después.¹⁰⁹ Hasta 1981, momento en el que la revista se hizo mensual, sus artículos que trataban de los acontecimientos relevantes de la semana desempeñaron un papel parecido a un editorial. Podía dedicar también otro artículo a un tema de actualidad en el mismo número.

A partir de los años sesenta, Triunfo participó en la formación de una opinión pública más allá de sus meros lectores, cuyo número es difícil de valorar ya que no se limitaba a los abonos. Lo consiguió, a pesar de la censura, gracias —según las palabras de su director José Ángel Ezcurra— a «un lector cómplice» acostumbrado a leer la información geográfica o histórica de manera metonímica o metafórica.¹¹⁰ Acompañó los primeros pasos hacia un sistema democrático que el país había conocido pocas veces en su historia y solo en episodios tensos, como la Primera o la Segunda República, cuya historia fue recuperando, algo inédito entonces. En 1975, cuando, tras la muerte del dictador, todos hablaban de «vuelta a la democracia», fue una de las escasas voces en recordar que la democracia no es un estado natural y aún menos en España. Además del contexto interno tenso pesaba el internacional: dos años después del golpe de Pinochet en Chile, Estados Unidos estaba atento a la evolución de la democratización de los países del sur de Europa, Portugal, Grecia y España, y a los proyectos de unidad de los partidos izquierdistas en Francia y en Italia en reacción a la crisis.

Seguiré cronológicamente los artículos dedicados a temas relevantes de la actualidad relacionados con la democracia, muestran los vaivenes entre esperanza y desencanto con referencias a la violencia que la imagen de transición modélica había apartado de la memoria colectiva durante décadas.¹¹¹ Anunciaban las críticas actuales al sistema democrático y la desconfianza hacia los políticos.¹¹² Haro Tecglen recordaba que durante 40 años:

[…] todos los atributos, símbolos y esquemas de organización de la democracia han sido considerados como nefastos en este país. […] Todos los hombres que de alguna manera tuvieron relación en este país con la democracia fueron borrados: con la muerte, con la prisión, con la separación de sus cargos, con el exilio, con la muerte civil.¹¹³

A partir de 1975, los que pretendían participar en la democratización del país eran los que habían luchado contra ella durante 40 años, lo que no dejaba de provocar desconfianza. Este texto no pretende abarcar toda la temática relacionada con la democracia sino seguir sus avatares durante estos años cruciales.

1. DEMOCRACIA Y DEMOCRATIZACIÓN: DOS PALABRAS RECURRENTES

La definición de la palabra «democracia» evolucionó a lo largo del tiempo, alejándose de su sentido ideal inicial para adaptarse al contexto conforme se iba imponiendo el consenso. La «implantación pacífica» de la «revolución de los claveles» en Portugal significó una repetición para una gran parte de los periodistas de Triunfo que fueron a vivirla directamente en el país vecino.¹¹⁴ Haro Tecglen, al observar los distintos caminos de Grecia y Portugal para establecer la democracia la definía como «el respeto a la opinión de los demás y a su expresión».¹¹⁵ La semana anterior, el 1 de marzo de 1975, en un artículo titulado «A propósito de la democracia», se interrogaba sobre su sentido y sus usos:

La palabra «democracia» brota ahora a cada línea leída, restalla en cada discurso. […] Algunos [políticos] —los inmovilistas o inmovilizables— aseguran que la tenemos ya y que está instituida; otros saludan su brote o su nacimiento, hay quien la ve venir y quienes, con desesperación creen que se aleja. Casi nadie la emplea por sí sola: se la rodea de «peros» y «aunques», o se la adjetiva hasta hacerla componente de una palabra duplicada.

Los abusos de la palabra le hacían perder su auténtico sentido, la democracia aparecía entonces inseparable de la justicia, pero su corta existencia, unos dos siglos —siendo la lejana democracia ateniense un caso aparte y limitado a la ciudad de Atenas, como lo recordaba Haro—, facilitaba la instrumentalización por sus enemigos. Subrayaba la dificultad de aprehender el verdadero sentido de la palabra: «porque, en realidad, es algo que no existe. Es un ideal que se persigue. Es un sistema político, una forma de gobierno, un régimen; pero está en elaboración».

El 10 de enero de 1976, tras cuatro meses de secuestro —la sanción máxima que se había cumplido a pesar de la muerte de Franco y de las promesas de Fraga Iribarne—, volvió a salir la revista con el título del artículo de Eduardo Haro Tecglen en la portada: «La respuesta democrática». Llamaba la atención sobre el contraste entre las apariencias y la realidad; la desaparición de Franco y de una dictadura anacrónica, convertida en el mayor obstáculo al cambio y a la integración en el Mercado Común,¹¹⁶ no significaba que se iba a pasar inmediatamente a la democracia:

Hay, ciertamente, una gran transformación aparente y una voluntad de un futuro distinto. El hecho de que ningún indulto haya venido a mitigar la suspensión de Triunfo hasta el cumplimiento exacto de su condena nos puede parecer una prueba de algo que una reflexión política nos indica también: que es mucho mayor el cambio visible que el cambio real.

Los primeros meses de 1976, los adversarios políticos se acusan unos a otros de no ser demócratas. El 14 de febrero de 1976, cuando la derecha acusaba al PCE de ser antidemócrata, Haro Tecglen comentaba las declaraciones del líder del Partido Comunista Francés, Georges Marchais, que recordaba que ya hacía unos 10 o 15 años que los partidos comunistas occidentales preconizaban la pluralidad y la democracia. Ante esta evolución, el anticomunismo parecía arcaico:

Hasta los más rígidos [políticos], los más intransigentes, se están amparando hoy bajo el término «democracia», que ha venido a tener un valor semántico independiente de su función histórica y de gobierno: se entiende ahora que democracia es la manera de discrepar, de pensar todo de nuevo, de revisar lo que se tenía como verdades […] Esta gran ventaja de un pensamiento que tiende a liberarse se está pagando con la incertidumbre, la confusión, la inseguridad.¹¹⁷

Las ambiciones electorales la hacían pasar a un segundo plano cuando las elecciones constituían su base.¹¹⁸ Para Haro era evidente que no se podían esperar cambios profundos con dos antiguos ministros de Franco en este primer Gobierno presidido por Arias Navarro y con Fraga Iribarne de ministro de Gobernación. Ambos seguían asociando oposición y comunismo como durante el franquismo: «Un antidemócrata, apoyado en antidemócratas […] no puede traer la democracia».¹¹⁹ Evoca poco la figura del rey al que se refiere como «objeto de un pacto tácito» cuyas declaraciones hasta ahora no inspiraban desconfianza.¹²⁰ En el momento del referéndum de la Constitución, reconoció que desde el principio el rey Juan Carlos había apoyado la democracia y que, para la mayoría de los españoles, la Monarquía parecía sinónimo de estabilidad. Sin embargo, apuntaba que no lo había elegido el pueblo y que esta aceptación era el resultado de la campaña de desprestigio de la Segunda República.¹²¹

En octubre, hizo un balance negativo de los cien días del nuevo Gobierno: «Son unas Cortes que por su naturaleza, su procedencia, su designación, no tienen ningún interés en una solución democrática para España».¹²² Esta contradicción pesa sobre la transición y sobre su memoria hasta hoy. La opción democrática solo la veía en una parte de la prensa y en la calle, con todos los peligros que comportaba esta movilización con posibles actos violentos que ningún Gobierno puede tolerar. La memoria de los años treinta pesaba de manera explícita o implícita. Insistía sobre la mala voluntad de las Cortes —franquistas—, el título del 19 de junio de 1976, «Los frenazos», revelaba su intento de no ir hasta el final del proceso iniciado de legalización de los partidos. Las contradicciones entre las medidas exigidas para democratizar el sistema en un marco aún no democrático provocaban estos vaivenes continuos. Sin embargo, a pesar de sus reticencias para legalizar el Partido Comunista, los procuradores no tuvieron más remedio que abrir el paso a la legalización de los partidos.

La desconfianza hacia Arias Navarro creció en los primeros meses de 1976. Era obvio que el que había presidido el último Gobierno de Franco y anunciado su muerte con lágrimas en los ojos no era la persona idónea para acabar con su herencia, pero el nombramiento en julio de Adolfo Suárez como sucesor fue una desilusión dentro y fuera del país.¹²³ En un contexto de crisis económica y de riesgo de huelgas, las declaraciones del nuevo presidente del Gobierno, en septiembre, a la revista Paris Match a propósito de la democratización de España revelaban su voluntad de situarse en la continuidad del régimen anterior. Evocaba ante un asombrado periodista francés una conversación con Franco en la que le habría dicho: «Ahora debe Usted prepararse a la batalla por la democracia». Haro Tecglen comentaba irónicamente: «“el búnker” no tiene por qué quejarse de la falta de continuismo»…¹²⁴

Haro sigue día a día lo que llama el «subgobierno», reprochando al nuevo Gobierno su falta de dirección clara, unas medidas antidemocráticas, la represión violenta con la muerte en Almería del estudiante Francisco Javier Verdejo Lucas por disparos de la Guardia Civil y un largo etcétera. Temía una evolución hacia lo que definía como «semidemocracia» o «semiautocracia».¹²⁵ La prohibición del Congreso del PSOE le parecía un error grosero ya que minaba la credibilidad democrática del Gobierno no solo dentro del país, sino fuera, dada la fuerza de los partidos socialistas en Europa. El 13 de noviembre de 1976, el título era explícito: «La democracia se aleja».

Entre sus comentarios a propósito del referéndum, domina la idea desalentadora de que no se podía hacer más: «Quizás sea todo lo que puede dar de sí el término “democracia” en este momento, quizá sea lo que es posible obtener de la autocracia que se mantiene, todo lo que ella puede permitir sin desnaturalizarse como es, lógicamente, su propósito». Recordaba que: «Se ha dicho del referéndum que era la democracia del dictador» y tanto Franco como Hitler habían acudido a él. En este caso, su análisis era que solo serviría para reforzar el poder del Gobierno de cara a su ala derecha dejando los verdaderos debates para la preparación de las elecciones legislativas. El Gobierno actuaba con demasiada cautela, separando a los partidos no legalizables, como el PC, de los legalizables, como el PSOE, que pedía la autorización de celebrar su Congreso en Madrid en diciembre.¹²⁶ No tenía más remedio que autorizarlo, ya que iban a participar unos invitados europeos prestigiosos como Mario Soares, Willy Brandt, François Mitterrand… Para dar una mayor sensación de democracia, pensaba que el Gobierno iba a seguir ampliando poco a poco los límites de la tolerancia y ahora sí reconocía la habilidad de Suárez: «un político excepcional en un país de políticos mediocres». Preveía también los límites de su carrera política: «El puesto histórico de Suárez podrá ser un día el de haber dirigido la campaña de transición dentro del mundo dominante, del mundo de la derecha, con habilidad y entereza. Más allá no habrá puesto para él». Su tarea no era fácil, con los resortes del poder franquista que habían sobrevivido a su creador, pero tampoco lo era para la oposición que «tenía que reinventarse», que «abrirse la nueva vía dentro de la intrincada selva de democracia vigilada y autoritaria».¹²⁷ Estas palabras recurrentes ponen de relieve las contradicciones.

Las tensiones se agudizaron con el secuestro del presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol, que coincidió con la comparecencia en Madrid ante la prensa nacional e internacional del secretario general del PCE, Santiago Carrillo, que provocó violentas reacciones de los opuestos al cambio. Haro Tecglen citaba el editorial del periódico conservador ABC que pedía cuentas al Gobierno por su presencia en España e intentaba reactivar el miedo a 1936.¹²⁸ Para la extrema derecha, la conferencia de prensa pública del líder comunista era un desafío a la legalidad y, en un momento en el que se vislumbraba la posibilidad de un pacto constitucional, lo aprovechaba para presionar al presidente Suárez e intentar que se echara atrás. Consciente del riesgo de confusión, el PCE había condenado rápidamente el secuestro reivindicado por el GRAPO, una organización aún poco conocida —solo da las siglas de los autollamados Grupos de Resistencia Antifascistas Primero de Octubre—,¹²⁹ lo que explica las diferentes versiones sobre la ideología de los secuestradores.

Sin embargo, el referéndum del 15 de diciembre de 1976 sobre la Ley para la Reforma Política, después de que las Cortes franquistas la aprobaran en noviembre, probó que la mayoría del país quería la democracia. Mostraba de nuevo la habilidad de Suárez: de los 23 millones de votantes solo medio millón se identificaba con «la etapa anterior del Régimen». El problema era que estaban decididos a mantenerse en el poder.¹³⁰

A pesar de un análisis crítico de la acción de Suárez, Haro Tecglen reconocía en 1977 una mayor credibilidad de su Gobierno con la supresión de algunas de las jurisdicciones especiales reclamada por los sectores democráticos y los profesionales de la justicia —como la del Tribunal del Orden Público (TOP)— y la excarcelación de Carrillo, ahora convertido en «ciudadano normal».¹³¹ Pero había que ir más lejos, los españoles esperaban una «normalización» de la vida política, cuya primera etapa eran las elecciones. Insistía de manera reiterada sobre el desfase entre la idea que dominaba en España de la democracia como «un sistema definido y definitivo» cuando no era más que «un ensayo, un desarrollo de unos principios y de unas ideas».¹³² La dificultad del Gobierno era que quería «actuar dentro de la legalidad vigente, aun para modificarla y cambiarla»¹³³ y temía una vuelta atrás al observar la lentitud en llevar a cabo las reformas prometidas.¹³⁴

En una democracia la pluralidad política es la norma y la legalización del PCE era, por lo tanto, imprescindible. En abril de 1977, Haro Tecglen lamentó «el episodio tragicómico de la legalización»¹³⁵ el Sábado Santo, con Madrid medio vacío. Podía dar al PCE una sensación de triunfalismo, cuando su legalización hubiera debido ser el resultado natural de la democracia: «El Gobierno que, al legalizar el Partido Comunista entra en el terreno del juego limpio, ha perdido algo de su imagen, al hacerlo de una manera que parece impuesta». Suárez y una parte de la derecha habían entendido que la persecución muy dura del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (1940-1973) no solo no había podido acabar con el PCE, sino que la clandestinidad y el exilio lo habían reforzado. Para Fraga Iribarne, a quien Haro Tecglen citaba, fue un «golpe de Estado», «un acto contrario a la legalidad», olvidaba que esta «legalidad» la había impuesto la dictadura. Sin embargo, Haro reconocía que, para la derecha, tener que ver a Santiago Carrillo y a Dolores Ibárruri «la Pasionaria» en mítines, en televisión o en el Parlamento iba a ser difícil, ya que los dos habían sido el blanco principal de la demonización del comunismo desde la Guerra.

En «La historia y el miedo en las elecciones», Haro Tecglen citaba la reacción de Pierre Viansson-Ponté en Le Monde, el periódico de referencia francés, el 7 de mayo de 1977 ante las primeras elecciones del posfranquismo: «Jamás un pueblo ha estado así invitado a escribir, sin revolución y bajo la Monarquía, la palabra democracia sobre una página blanca de su historia…» sin que nadie pueda prever el resultado. Matizaba esta visión optimista del presente a la luz de la historia: «La historia nunca se borra: se arrastra, se continúa, se mezcla en el presente y en el futuro. En todas partes es un peso: en España, es una carga». La prueba era la reaparición de lo que llamaba «los viejos temas de la democracia que en España duró apenas cinco años —de 1931 a 1936—». La impresión de cambio se basaba en las grandes ciudades, pero en el interior del país seguía existiendo:

[…] una España pesada y antigua de caciquismo, amenaza, presión y chantaje, donde todavía las gentes bajan la voz y miran con desconfianza en torno suyo antes de dar sus opiniones políticas disidentes —disidentes del antiguo régimen, disidentes del régimen que se perpetúa— en las que el cambio no existe […]

A los optimistas daba el ejemplo de las Juntas de Argentina y Chile, unos países donde se creía que la democracia era un hecho.

Después del derrumbe del partido de Fraga Iribarne, Alianza Popular, en las elecciones de junio de 1977 y el buen resultado del Partido Socialista,¹³⁶ Haro Tecglen contó con la habilidad de Felipe González para hacer entrar a la oposición en las estructuras administrativas donde estaba ausente y que invitó a reunirse alrededor suyo.¹³⁷ El presidente del Gobierno había cumplido su promesa de estabilizar el país, pero Haro Tecglen designaba, el 2 de julio de 1977, «La democracia suarista» como «una imagen invertida de la ética democrática». A partir de lo que era una mera coalición electoral Suárez había creado un partido para gobernar, pero de su ideología personal no se sabía nada. Como Arias Navarro que quería una democracia «a la española» —poco democrática—, Suárez proponía también otra democracia «a la española», «ajena a las normas, usos y costumbres de lo que se entiende por democracia» y seguía avanzando sin consultar a la oposición. El 20 de agosto de 1977 comentaba que el último año España había batido el récord mundial de utilización de la palabra «democracia», sobre todo en las altas esferas del poder, de cuya voluntad democratizadora dudaba:

Jugaba a fondo la magia del lenguaje, la seguridad de que la repetición de una palabra al infinito llega a hacer palpable la existencia de aquello que nombra. Una mentira repetida cien veces tiene el valor de una verdad, decían los nazis. Nuestros mutantes han utilizado este sistema. Creemos que ya tenemos la democracia. Ellos son la democracia.¹³⁸

2. ¿QUÉ TIPO DE DEMOCRACIA?

Esta era la pregunta. El escaso prestigio de los partidos y la confusión reinante en torno a esta palabra que todo el mundo parecía reivindicar, pero cada uno con «una idea propia» en un contexto europeo poco propicio, le parecían factores inquietantes.¹³⁹ Todo iba a depender de la futura Constitución: «Una Constitución promulgada es siempre el texto básico de un país: la democracia tiende a considerarlo sagrado». Sus siete redactores habían mantenido en secreto su contenido, pero se acababa de publicar un borrador en la prensa que había provocado inmediatamente las críticas de la Iglesia y de la Judicatura.¹⁴⁰

La baza del Gobierno de Suárez era presentarse como el único posible, pero fue evolucionando, a pesar suyo, hacia una mayor democratización: «Estamos condenados al Gobierno Suárez: pero el Gobierno Suarez está cada vez más condenado a gobernar en contra de su franquismo de origen, y de sus tentaciones absolutistas».¹⁴¹ Al no estar en condiciones de tomar el relevo, la oposición aceptaba esta «democracia vigilada». Haro lo expresaba claramente el 21 de enero de 1978 en «La izquierda española/ Los caminos de la libertad»: «[…] la cuestión española en estos momentos es la afirmación de la libertad frente a las varias formas posibles de dictadura: de la más visible o declarada hasta la que se puede llamar “democracia limitada” o “controlada”». Notaba que Suárez había creado UCD a su imagen para gobernar y que nadie le podía quitar su «careta de centro» que le permitía lograr el consenso.¹⁴² Tal situación conducía a lo que llamaba una «trampa colectiva»: todos criticaban al Gobierno, pero nadie quería que cayera: «Nadie sabe lo que vendría después, y todos lo temen».¹⁴³ El pluralismo democrático significaba debate y discusión, algo totalmente prohibido durante el franquismo y que le costaba a la derecha aceptar. Al no ser una democracia «un régimen concluido en el que la soberanía del pueblo se transporta con toda pureza a la administración de la “cosa pública”, sino una pugna continua entre los ciudadanos y los importantes vestigios de lo que en un tiempo fue poder absoluto».¹⁴⁴ Insistía sobre la idea de pacto con lo preexistente: las leyes fundamentales. Citaba a Carrillo, que había elegido la vía de lo posible: ya que era imposible conseguir la República y caso de pedirla se perdería la democracia, había aceptado la monarquía constitucional. Todos estos datos muestran cómo se fue construyendo un consenso por parecer la única alternativa viable entonces.

En 1978, el contexto no era el mismo que el de las elecciones de junio de 1977:¹⁴⁵ «Probablemente lo que se ha agotado en este año es todo el aspecto episódico y folklórico de la fiesta democrática. Se busca hoy alguna profundidad más».¹⁴⁶ El temor al caos estaba tanto en la derecha como en la izquierda y cada uno denunciaba la responsabilidad del otro. El bipartidismo, que querían quizás algunos, estaba fracasando, la bipolarización se iba a la calle y reaparecía la inquietud de llegar de nuevo a unos extremos para las futuras elecciones. La derecha acudía a sus viejos argumentos: la Constitución iba a provocar la «destrucción de la Patria, de la religión, de las costumbres: autonomías, libertad religiosa, enseñanza laica y divorcio». En la portada del número de este artículo del 17 de junio de 1978 titulado «Las perspectivas» se destacaba un titular «Jaque al fascismo» que dejaba leer en filigrana la historia de los años treinta. Sin embargo, Haro Tecglen insistía de nuevo sobre el hecho de que la Constitución a pesar de sus fallos representaba la democracia. El desencanto lo revelaba la frase colocada al pie de una fotografía de las Cortes: «Se ha conseguido descargar la constitución de su carácter mítico y sagrado, gracias a la lentitud de los procedimientos, a los eufemismos de lenguaje, a los pactos y maneras de consenso».

Promulgada la Constitución, el 6 de enero de 1979, Haro Tecglen denunciaba otro peligro el de tener un jefe imprescindible en la persona de Suárez. Después de las elecciones del 1.° de marzo con el triunfo de UCD, volvía sobre las irregularidades en el proceso democrático con unas Cortes que no eran constituyentes, un rey educado por Franco y ahora elegido por el pueblo y que había designado al presidente del Gobierno. Sin embargo, su conclusión era esperanzadora: «Parece que estamos condenados a Suárez, a su dominio del país, a su neofranquismo», pero la posibilidad de tener nuevas Cortes con un papel de los partidos políticos abría nuevas perspectivas para el futuro.¹⁴⁷ Lo único que podía hacer UCD era seguir convenciendo a la derecha, que gobernaba en su nombre y a la izquierda que su gobierno era un mal menor… El futuro seguía inseguro. Tampoco tranquilizaba la postura de la Iglesia, monseñor Tarancón en las tres «Cartas cristianas» dedicadas a las elecciones afirmaba la neutralidad política de la Iglesia, pero intentaba apartar a los partidos que no correspondían a «su concepto de la vida» y favorecer a otros como la Unión de Centro Democrático. Imponer su visión a los no creyentes como en el caso del divorcio era para Haro «una agresión a la democracia» pero recordaba de nuevo el peso de la historia: «La izquierda española aprendió con mucho dolor lo que significa enfrentarse a la Iglesia».¹⁴⁸

La preparación de las elecciones municipales previstas el 3 de abril se hizo bajo el signo del desencanto y los resultados fueron una buena sorpresa. El título del 14 de abril, «La primera ruptura», comentaba «La satisfacción democrática» ante los resultados, «la primera gran innovación de la política española desde la muerte de Franco». La elección de alcaldes de izquierda constituía una ruptura y se podía ver el futuro con menos pesimismo. Hasta ahora solo se habían tomado medidas semidemocratizadoras y desde arriba, por primera vez, la democratización se acercaba a los ciudadanos.

Durante 12 meses, el Gobierno sometió al Parlamento los 55 proyectos de ley que iban a permitir el cambio democrático.¹⁴⁹ Para la oposición, lo primero era hacer una Constitución, aunque imperfecta, ya que la alternativa era la autocracia. Ahora los partidos de izquierda podían volver a tener un papel después de la ruptura brutal de 1939.¹⁵⁰ Haro recordaba el balance educativo-cultural positivo de la Segunda República, su lucha contra el analfabetismo y su voluntad de fomentar un proletariado consciente: «Crearon sus propias fuentes de cultura: los Ateneos libertarios, las Casas del Pueblo, las ediciones a bajo precio, las clases para adultos, las conferencias, las escuelas nocturnas» y las Milicias de la Cultura y Altavoz del Frente cuando la Guerra. Esta cultura política perdida con la derrota la tenían ahora que reconstruir.

El 30 de junio de 1979 abordaba otro tema sensible: «La discusión de los estatutos: un riesgo agudo». Era un tema esencial de la convivencia democrática en un país donde las luchas identitarias estuvieron siempre asociadas a la democracia. La posición de los militares era que respetarían la Constitución, cuyo artículo segundo preveía «la unidad de la patria». Para Haro, había que «despojar estos temas de toda carga sentimental, de toda pasión irracional» pero era difícil. La crisis mundial afectaba más a una España «desgobernada»,¹⁵¹ que la falta de afirmación de la democracia hacía más frágil. La nueva guerra fría que amenazaba hacía temer lo peor. Los tratados con Estados Unidos, que, en 1953, habían servido más al régimen que al país, impedirían la tradicional neutralidad española y el viaje relámpago de Suárez a Washington para entrevistarse con Carter no le tranquilizaba.¹⁵² El 26 de enero de 1980, el Gobierno «retocado» con Ricardo de la Cierva como ministro de Cultura y el presidente del Gobierno reforzado después de su viaje a Estados Unidos le parecía «un tirón más del freno en los movimientos autonómicos» («El refuerzo del poder»).

En 1980, se iniciaron unos primeros análisis críticos globales de esta primera etapa de la Transición: «Tenemos que examinar que la llamada transición, o la evolución, o la reforma, se ha iniciado sin una voluntad patente —por negación de mecanismos— del pueblo español».¹⁵³ Se había aceptado al rey y a Suárez, pero no era la voluntad popular, no se había consultado al pueblo, era por lo tanto difícil que se reconociera «como protagonista de su historia». Sin embargo, la semana siguiente, presentaba en «El Tribunal Constitucional: una esperanza de democracia» la posibilidad de «equilibrar, enderezar y sostener el sentido de la democracia en España». Remitía a un precedente: el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República, prueba de la labor democratizadora emprendida entonces con la que se reanudaba. Sin embargo, los ataques a la libertad —la esencia misma de la democracia— seguían, con la polémica alrededor del «libro del cole» —se acusaba a la concejala comunista del Ayuntamiento de Madrid, Cristina Almeida, de haber introducido este libro escrito por unos ácratas daneses—, algo intolerable para el nuevo ministro de Cultura Ricardo de la Cierva¹⁵⁴ que acababa de prohibir la película El crimen de Cuenca, cuyas cintas habían sido secuestradas por un tribunal militar.¹⁵⁵

Haro Tecglen analizaba el deterioro de la situación y la «degradación del espíritu cívico» comparando la manifestación democrática del 24 de enero de 1977 con la falta de reacción ante el apoyo de «un amplio sector de la población» a los autores del crimen de Atocha en su proceso en 1980.¹⁵⁶ Algo inquietante para la democracia a la que la extrema derecha echaba la culpa de la violencia.

En marzo de 1981, se analizaba el golpe en un largo editorial, «El incidente no ha terminado», que concluía llamando a la vigilancia y matizando la victoria de la democracia con el recuerdo del intento de golpe de Sanjurjo (la sanjurjada) del 10 de agosto 1932 que la Segunda República no tomó suficientemente en serio, mientras, Haro escribía un artículo más general sobre «El destronamiento de la diosa Razón».

En mayo de 1982, Gérard Imbert sintetizaba en Triunfo la evolución que hemos observado en los artículos de Haro, cómo el país pasó de la esperanza a una construcción rápida de la democracia al desencanto y al miedo al golpe, que culminó con el 23F, que probaba la fragilidad de las nuevas instituciones:

El Tejerazo como modelo marca la agonía del referente político mediante el simulacro de golpe de Estado y sustituye al referente democrático el espantajo del golpe […] Ya no se trata tanto de «construir» la democracia sino de apuntalarla, de defenderla contra un peligro de involución. El golpe muestra la fragilidad, la impotencia y el desencanto ante la democracia.¹⁵⁷

El consenso no era una elección entusiasta en un contexto en el que la defensa de la democracia y la violencia estaban estrechamente mezcladas desde 1975.

3. LA VIOLENCIA Y LA HERENCIA FRANQUISTA

El 9 de octubre de 1976, en «El odio y la violencia», Haro Tecglen denunciaba una violencia calculada para provocar reacciones e invitaba a la reforma, al diálogo y a la democracia, un tema recurrente en sus artículos:

Hay que desterrar de la vida nacional la violencia y el odio. Han primado demasiado en los últimos años, en los últimos siglos: y si hay un combate político justo, una bandera a la que engancharse, es esta de la reforma profunda de la nación, para que todo transcurra por unos cauces organizados.

Sin embargo, conforme se concretaba el proceso democrático con la preparación de las elecciones, iba aumentando la violencia. La derecha lo aprovechaba para denunciar un caos —que una parte de ella promovía— olvidando que el atentado contra el presidente del Gobierno, el almirante Carrero Blanco, el 20 de diciembre, se había producido con Franco en vida y, cuando se produjeron los sucesos de Montejurra, el 9 de mayo de 1976, Arias Navarro era jefe del Gobierno y Fraga Iribarne —que protestaba tanto contra la violencia presente— era su ministro del Interior…¹⁵⁸ Se dramatizaba el clima de crisis permanente para desestabilizar el país en unos momentos claves, como el secuestro del presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo.¹⁵⁹ Dada la mala costumbre de ocultar la información había versiones de todo tipo sobre el GRAPO.¹⁶⁰ El Gobierno español había decidido no ceder y había procedido a nuevas detenciones, como la de Carrillo y otros miembros del comité central del PC. Corrían muchos rumores, el Gobierno parecía tener poco que ver en su detención, formaba más bien parte de una campaña para desprestigiarle. En cualquier caso, era difícil expulsar al dirigente comunista y liberarle sonaría a legalización. Suárez recibió inmediatamente a Enrique Tierno Galván y a Jordi Pujol para negociar. Haro Tecglen invitaba de nuevo a acelerar la democratización: «Urge que cesen las detenciones políticas, urge que todos los exiliados entren definitivamente y que todas las cárceles se abran también definitivamente. Urge que el Gobierno pacte con la posición democrática y acalle a las minorías autocráticas». Exponía las dificultades de la democracia, pero situaba en el contexto europeo de los años setenta, los llamados «años de plomo», con el terrorismo en Italia y Alemania¹⁶¹ para relativizar y evitar la paranoia de una vuelta al tema de las dos Españas condenadas a enfrentarse:

Basta con observar el grado de violencia y de fanatismo que hay en la España de hoy y podríamos decir que en la Europa de hoy —los secuestros y los asesinatos políticos no son de ninguna manera una exclusiva española, ni este país es más violento que otros— para comprender que el grado de penetración de este espíritu de la democracia es todavía muy escaso.¹⁶²

En la portada del 5 de febrero, con una fotografía de la manifestación multitudinaria en la capital se podía leer: «Terror negro en Madrid/ Urge la solución política». Era el título elegido por Haro Tecglen: «La solución es política». Las preguntas eran numerosas, para algunos era el «último coletazo», como el búnker de Hitler antes de la derrota final, pero, para otros, era el inicio como lo fue el incendio del Reichstag cuando los nazis después de incendiar el vestigio de la democracia culparon a los comunistas y empezaron la represión. Insistía sobre las diferencias de contexto: el pueblo alemán agotado y arruinado apoyaba entonces a los nazis y en 1977 en España la ultraderecha era muy minoritaria y estaba perdiendo el poder. Sin embargo, la situación no dejaba de ser preocupante:

Estamos en un país donde el presidente del Consejo de Estado y el del Consejo Supremo de Justicia Militar [el teniente general Emilio Villaescusa Quilis] están secuestrados por una organización que no se aclara; en un país donde se asesina a las fuerzas de orden público, donde se asesina a los abogados especialistas en defensa de los trabajadores.¹⁶³

El rechazo era unánime, pero, en el mismo artículo, evocaba la violencia estatal y la represión de manifestaciones que pedían al Gobierno que cumpliera sus promesas. Lamentaba la ausencia de un representante oficial en la manifestación que había seguido a la Semana Negra de enero. Al atribuir «los sucesos» a extranjeros, se desplazaba el problema y se impedía saber más sobre los asesinos. Echaba la culpa a la lentitud del Gobierno en democratizar: el contexto era favorable para dar una señal fuerte a los que esperaban el cambio. Esta reacción política positiva no se produjo, pero a pesar de la decepción ante la prudencia del comunicado del Gobierno y la declaración de Adolfo Suarez, notaba que «el camino hacia lo que desde el poder se entiende por democracia iba a continuar».¹⁶⁴ Insistía, como lo hicieron todos los medios de comunicación, sobre la reacción civil el día del entierro, que no había impedido una violenta campaña de la prensa derechista contra la oposición democrática. Citaba el editorial de ABC —calificado de «extrema-derecha»— que acusaba a «la llamada impropiamente oposición democrática» de obstaculizar las negociaciones y a Ya, más moderado, reprochaba «dilaciones y chantajeos», cuando el responsable del bloqueo era un Gobierno poco acostumbrado a negociar con la oposición. Revelaba que, para las próximas elecciones, la lucha sería entre Alianza Popular (ABC y sus lectores, la derecha dura) y una derecha democrática (los lectores de Ya): «La oposición democrática está, por tanto, atravesando un momento difícil, como la democracia del país en general». El anticomunismo visceral de las derechas hacía del PCE una amenaza cuando a nivel electoral representaba poco. No excluía una vuelta atrás y denunciaba la represión desmedida como respuesta a las manifestaciones contra la carestía de la vida que, como las huelgas, eran reacciones de autodefensa para reclamar derechos básicos en un sistema democrático. El miedo al golpe concretaba una posible vuelta a la violencia del régimen anterior, pero lamentaba que «este espectro de la dictadura represiva» hubiera conducido a la alternativa propuesta implícitamente por Suárez, como lo hacían todos los gobernantes en los momentos difíciles: «O yo o el caos».¹⁶⁵ Explicaba cómo el modelo chileno le servía a la derecha, cuando la misma izquierda había integrado la idea de que, si llegara al poder por la vía legal, en cuanto se atacara a los grandes intereses se la ahogaría con sangre, y que tampoco la revolución podía triunfar ya que las fuerzas no eran iguales salvo en contadas ocasiones.¹⁶⁶

No obstante, la democratización del país parecía irreversible, aunque hubo unos meses peligrosos entre la legalización del PC y las elecciones¹⁶⁷ con un endurecimiento de la vida pública: «No parece que podamos escapar a esta maldición del crimen y el terror de los períodos electorales españoles».¹⁶⁸ A pesar de la sombra del Ejército que periódicos como El Alcázar¹⁶⁹ utilizaban como amenaza, Haro Tecglen estaba convencido de que la gran mayoría de los españoles deseaba la normalización de la vida política y las elecciones constituían un paso decisivo.¹⁷⁰ Para evitar una dictadura o el desorden invitaba a votar a los partidos de la auténtica democracia, consciente también de sus límites «por poco atractivo programático y por mucha imagen de pobreza que estén dando». Muchos pedían unas leyes especiales, pero atacarían las bases de la democracia. Haro recordaba que incluso en los países europeos donde la presión terrorista era peor como en Gran Bretaña con el IRA, o en Alemania Federal e Italia con la extrema izquierda, dudaban en hacerlo. El antiterrorismo podría conseguir el resultado contrario, lo destacaba el título del 8 de abril de 1978 cuando el Gobierno estaba estudiando qué medidas tomar para acabar con él: «El antiterrorismo como antidemocracia». No se trata aquí de seguir el vaivén diario entre violencia y represión sino de insistir sobre el vínculo entre esta violencia y la amenaza que representaba para una democracia frágil. Ante los ataques contra la violencia, la izquierda se había autolimitado, la consecuencia era el desencanto y una Constitución que no entusiasmaba a nadie. No le quitaba su papel esencial ya destacado antes: podía permitir dar paso a una verdadera democratización.¹⁷¹

El 25 de noviembre de 1978, en «La dramatización de las vísperas», cuando se iba acercando el referéndum, señalaba un intento de la extrema derecha, liderada por Blas Piñar, de repetir la primavera de 1936. Recordaba los enfrentamientos históricos —sin resolver— entre liberales y absolutistas y que la República había sido una ruptura —no era el caso de la reforma de 1978— con tensiones y enfrentamientos violentos característicos de los años treinta: «[…] quema de conventos, Castilblanco, la sublevación del 10 de agosto, Casas Viejas, el movimiento anarquista de diciembre de 1933, el movimiento de octubre de 1934 en Asturias y en Barcelona, el Frente Popular y toda una ola de asesinatos de todas clases, de los que son simbólicos el del teniente Castillo y el de Calvo Sotelo». Además, la situación de hambre y pobreza tenía poco que ver con la España presente sin olvidar la situación europea de los años treinta, con los dos bloques, comunista y fascista.

Conforme se iba acercando la promulgación, la sombra del golpe pesaba más, Haro citaba a personalidades como José María de Arielza —que situaba entre la derecha democrática—, quien, en un artículo de ABC del 19 de octubre de 1978, recordaba lo que pasaba cuando la paciencia se agotaba, como en 1868 y 1874 cuando el general Pavía había puesto fin a la Primera República.¹⁷² En el mismo artículo Fraga Iribarne acudía a 1936 y 1898 para dramatizar más, pero era una clara instrumentalización. Según el informe del teniente general Gutiérrez-Mellado, ministro de Defensa, un golpe militar parecía poco probable. Los otros países europeos no lo aceptarían y no le venía bien a Estados Unidos. España no podía actuar como si estuviera sola, lo que no impedía que la sombra del golpe determinara la vida política.¹⁷³

Después de la promulgación de la Constitución, con las Cortes disueltas y un Gobierno que se suponía provisional, el futuro seguía inseguro, con el temor al ruido de sables, que no cesaba desde la muerte de Franco,¹⁷⁴ como indicaba en el artículo del 13 de enero de 1979 «La sombra del golpe».

El 2 de junio 1979, un artículo de dos páginas sin firma (págs. 14-15) titulado «La pesadilla/ Asalto a la democracia», acompañado de una fotografía del entierro de militares asesinados, condenaba los gritos al Gobierno, pero advertía del riesgo de dejar pudrir la situación. Precedía el artículo de Haro Tecglen «Defensa de la democracia» (págs. 16-17), que establecía de nuevo el vínculo entre terrorismo y ataques a la democracia. La bomba que había estallado en una cafetería de la calle Goya, cuando el país contaba ya unos 16 muertos desde el día precedente, había coincidido con un debate en televisión entre varios políticos, entre ellos Gil Robles y Santiago Carrillo, que se enteraron de lo que pasaba sin poder comentarlo en directo. El día antes «los bárbaros habían asesinado a cuatro militares enterrados con gritos de acusación al Gobierno y a la prensa», unas reacciones que contrastaban con el respeto mutuo que se mostraban los dos supervivientes de la guerra. Haro Tecglen lamentaba que no hablaran de la actualidad cuando era la oportunidad de desdramatizar este asalto a la democracia: ¿por rigidez?, ¿por miedo? Discrepaba de la visión del periodista Manuel Jiménez de Parga, que participaba en el debate, presentando a España como «una democracia en un país donde los ciudadanos no son demócratas»; para él lo que estaba pasando probaba lo contrario: «Un país de demócratas sin suficiente democracia estaba siendo agredido por las bombas, los gritos, los insultos de los enemigos de la democracia». Este asalto a la democracia por unas personas que se reivindicaban de izquierda provocaba reacciones contra ella, como los asaltos a los locales del PCE y de la CNT en Madrid. El título que elegía la semana siguiente, el 9 de junio, «La guerra civil fría», resumía una situación resultado de estas políticas de «borde del abismo» que ya había denunciado: «Hay puntos y episodios candentes —asesinatos, bombas— hay un lenguaje de guerra fría: incitaciones a la rebelión, ataques furiosos a figuras del Estado y a políticos». El 2 de septiembre de 1978, cuando se iba acercando el referéndum para la aprobación del Proyecto de Constitución que se celebraría el 6 de diciembre, el corto editorial al inicio de la revista se titulaba «Lunes de terror/ El país defenderá la democracia» después de una serie de asesinatos en tres puntos clave de la península que representaban las nacionalidades históricas y cuyas víctimas eran las fuerzas de orden público. El artículo de Haro, «El futuro inmediato», insistía sobre las consecuencias del terrorismo, que, en todas partes, suele favorecer el acercamiento de la población al poder establecido sobre todo si este es centrista: «Dicho de otra forma, el terrorismo cuando no produce el golpe de Estado o la revolución —términos los dos que parecen, por el momento, fuera del futuro político inmediato— fortalece al Gobierno. Si no consiguen desestabilizar, estabilizan». Definía bastante bien el papel —peligroso— que desempeñaba el terrorismo al ocultar lo más grave, que, para él, era la situación económica y social con el aumento del paro, que hacía temer un «otoño caliente», lo que desarrollaba en el número siguiente, el 9, en «La tormenta de septiembre».

La derecha recuperaba cualquier forma de violencia para arremeter contra la precaria democratización. El 16 de septiembre de 1978, Haro denunciaba «una campaña de política de borde del abismo» después de reproducir las palabras amenazadoras de Fraga Iribarne: «la dictadura y la guerra civil vendrán si seguimos con un Gobierno que no gobierna». Advertía de que la impresión de fuerza que quería dar la derecha de Fraga no correspondía con la voluntad de las urnas —en las elecciones de 1977, su partido, Alianza Popular, solo había conseguido 16 escaños, y la Unión de Centro Democrático (UCD), 165— y él tampoco había logrado poner un punto final a la violencia que culminó en etapas claves antes de la promulgación de la Constitución y en la víspera de elecciones.

La violencia de ETA tomó el relevo en julio de 1979 en las zonas turísticas cuando se iniciaba la temporada. Haro recordaba que, en las regiones más deprimidas del país como Andalucía, familias enteras dependían del turismo para vivir y era la primera fuente de divisas a nivel nacional.¹⁷⁵ Una crisis sería fatal en una economía ya débil. En este caso la repulsa general a los atentados condujo a la organización a una autocrítica en una conferencia que convocó mostrando que ella decidía…¹⁷⁶ Los atentados volvieron a arremeter para impedir el referéndum para el Estatuto del País Vasco, con el asesinato del gobernador militar de Guipúzcoa después de la de un comandante y un general en Bilbao la semana anterior.¹⁷⁷ Citaba las declaraciones en ABC del teniente general Milans del Bosch —anunciadoras de su papel en el 23F— que retenía de la «transición»: «terrorismo, inseguridad, inflación, crisis económica, paro, pornografía, sobre todo, crisis de autoridad». Otras citas de militares iban en el mismo sentido. Las tensiones se fueron transformando de nuevo en un miedo creciente a un golpe de Estado, lo que impedía actuar con normalidad, lamentaba la lentitud del Gobierno ya que solo una respuesta enérgica podía restablecer la confianza.¹⁷⁸

El desencanto hacia la democracia —resultado del desfase entre el ideal y sus aplicaciones— y la violencia que acompañó los primeros años de la transición no fueron una exclusiva de España, pero el factor agravante —según Haro Tecglen— era el pasado, en un país de intolerantes y fanáticos y de una guerra civil que no había terminado, en el que cada día algunos pedían la vuelta a la España de los vencedores.¹⁷⁹ Destacaba cómo la amenaza terrorista pesaba sobre la vida política: grupos extremistas e independentistas al lado de otra violencia como la represión y la amenaza de golpe.

En la última etapa de Triunfo, los artículos de Haro Tecglen no desempeñaron el papel parecido a un editorial que tuvieron antes, son más largos y proponen una reflexión más allá de las fronteras del país, primeros síntomas de una mundialización que obliga a pensar globalmente y señal de que la democracia ya era una realidad. En abril de 1981, en un dosier «Hace 50 años/ Tres días de abril» dedicado a la Segunda República y al triunfo electoral de 1931 —fecha consensual como 1789 en Francia— participaba con un artículo titulado «Mito y realidad de la II República» rehabilitando la imagen de un régimen que muchos habían criticado para legitimar el franquismo: «[…] Incluso puede verse que lo que hay hoy de espíritu democrático procede, todavía, de esta república tan mal tratada». Una república burguesa con sus limitaciones, pero que no solo se preocupó de democracia política sino de justicia social atacándose a las estructuras y al Ejército y a la Iglesia. El 18 de julio impidió que siguiera adelante en los cambios.

La desaparición de Triunfo coincide con la etapa decisiva abierta por la victoria socialista en Andalucía, que anunciaba la alternancia y la victoria de la democracia. Haro Tecglen anunciaba el 1.° de junio de 1982: «Tras las elecciones andaluzas, el fin de la transición». La nueva situación iba a obligar a UCD a clarificar su postura y al PSOE a olvidarse de pactos y consensos. Si no se podía descartar un golpe, le parecía hora de dejar de hacer política olvidando esta amenaza real o exagerada que ha contribuido al déficit democrático inicial.

NOTAS

105Se trata de una selección, al ser imposible analizar en este marco todas las ocurrencias de estas palabras en un período en el que todo se lee en clave de democratización o no.

106^{http://www.triunfodigital.com/. Además de la versión digitalizada, se puede consultar el texto de las jornadas del 26-27 de octubre de 1992 en la Casa de Velázquez de Madrid en las que participaron la mayor parte de sus colaboradores: A. Alted y P. Aubert (eds.), Triunfo en su época, Madrid, Ecole des Hautes Etudes Hispaniques/Casa de Velázquez/Ediciones Pléyades, 1995.}

107^{Véase M. Carrillo López, «El marco jurídico-político de la libertad de prensa en la transición a la democracia en España (1975-1978)», Historia Constitucional, núm. 2, 2001, consultado el 15/1/2016: http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/119}

108^{htp://www.triunfodigital.com/resbcombinada.php?autor=Haro%20Tecglen,%20Eduardo,%201924-2005&inicio=0&paso=10&orden=Titulo.}

^HaroTecglen fue también director de la revista Tiempo de Historia (1974-1982) con «temas muy unidos a la misma esencia de la revista: la II República y la Guerra Civil», según José Angel Ezcurra: http://www.tiempodehistoriadigital.com/

109^{E. Haro Tecglen, «Triunfo: nacimiento y muerte», en A. Alted y P. Aubert (eds.), Triunfo en su época, ob. cit., págs. 54-57 y 317-360.}

110^{J. Á. Ezcurra, «Apuntes para una historia» y «Crónica de un empeño dificultoso», ob. cit., págs. 43-54 y 365-690.}

111^{S. Baby, «Volver sobre la Inmaculada transición», en M.-C. Chaput y J. Pérez Serrano (eds.), La transición española. Nuevos enfoques para un viejo debate, Madrid, Biblioteca Nueva, 2015, págs. 75-94 y Le mythe de la transition pacifique. Violence et politique en Espagne (1975-1982), Madrid, Casa de Velázquez, 2012.}

112^{P. Rosanvallon, La contre-démocratie, la politique à l’âge de la défiance, París, Seuil, 2006. J. Vidal-Beneyto, La corrupción de la democracia, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2010.}

113^{«Las reglas del juego», 28/08/1976.}

114^{M.-C. Chaput, «La presse espagnole et la révolution des Œillets», «Mémoires d’avril: 1974-2004, trente ans de la révolution des Œillets au Portugal», Matériaux pour l’histoire de notre temps, Nanterre, BDIC, 2005, vol. 80, núm. 1, págs. 39-47. http://www.persee.fr/doc/mat_0769-3206_2005_num_80_1_1064 (consultado el 15/01/2016).}

115^{«Portugal, Grecia y la democracia», 8/03/1975.}

116^{A. Moreno Juste, «Las relaciones España-Europa en el siglo XX. Notas para una interpretación», Cuadernos de historia contemporánea, núm. 22, 2000, págs. 95-134: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=123038 (consultado el 15/01/2016).}

117^{«El fin del dogma de la dictadura del proletariado», 14/02/1976.}

118^{«Imagen y captación de votos», 26/02/1976.}

119^{«Antidemocracia», 10/05/1976.}

120^{«El Jefe del Estado y el pacto político», 12/06/1976. Remito a mi artículo: «Relectures de la Seconde République dans Triunfo et Cuadernos para el diálogo», en Matériaux pour l’histoire de notre temps, núm. 70, 2003, «Espagne: la mémoire retrouvée (1975-2002)», D. Rozenberg (coord.), págs. 20-26. http://www.persee.fr/doc/mat_0769-3206_2003_num_70_1_402448 (consultado el 15/01/2016).}

121^{«La caída de la República», 23/12/1978.}

122^{«Cien días, cien incógnitas», 23/10/1976.}

123^{«Una salida y no una solución», 10/07/1976. Entre las numerosas biografías de Suárez: J.-F. Fuentes, Adolfo Suárez: Biografía política, Barcelona, Planeta, 2011.}

124^{«Crece la impaciencia», 4/09/1976.}

125^{«Los falsos errores», 30/10/1976.}

126^{«Tolerancia y negociación», 4/12/1976.}

127^{«Hacia la democracia vigilada», 11/12/1976.}

128^{«Drama y democracia», 18/12/1976.}

129^{Esta incertidumbre sobre la ideología de este grupo aparecido públicamente en octubre de 1975 persistió, como se puede ver en: «Dos atentados terroristas en Madrid y Barcelona/ La oscura ideología de los GRAPO», El País, 5/05/1981.}

130^{«El poder del 2,6%», 25/12/1976.}

131^{«Justicia y democracia», 8/01/1977.}

132^{«La busca del poder», 15/01/1977.}

133^{«Inseguridad e inestabilidad», 22/01/1977.}

134^{«Un alto en el camino», 12/03/1977.}

135^{«La legalización», 16/04/1977.}

136^{«Unas elecciones positivas», 18/06/1977.}

137^{«Las condiciones de la democracia parlamentaria», 25/06/1977.}

138^{«La rigidez del sistema», 20/08/1977.}

139^{«Política sin tono y sin identidad», 19/11/1977.}

140^{«La debilidad de la Constitución», 3/12/1977.}

141^{«La importancia de un pleno», 24/09/1977.}

142^{«El partido del poder cabalga», 18/02/1978.}

143^{«La crisis que no cesa», 11/03/1978.}

144^{«La Constitución y el compromiso», 15/05/1978.}

145^{Remito a mi artículo: «Las elecciones de 1977: mitologías y sombras», en M.-C. Chaput y J. Pérez Serrano (eds.), La transición española. Nuevos enfoques…, ob. cit., págs. 39-52.}

146^{«Un año gastado», 10/06/1978.}

147^{«Condenados a Suárez», 6/01/1979.}

148^{«El voto de la Iglesia», 17/02/1979.}

149^{«La Constitución empieza ahora», 16/06/1979.}

150^{«La cultura de la izquierda», 26/05/1979.}

151^{«La democracia española y la guerra fría», 12/01/1980.}

152^{«España en la guerra fría», 19/01/1980.}

153^{«Crítica a la crítica del desencanto», 2/02/1980.}

154^{«Crónica política, Crónica negra», 23/02/1980.}

155^{M.-C. Chaput y J. Jurado, «El crimen de Cuenca y Rocío o los límites de la libertad», Monográfico: «Sociedad e historia en el cine de la transición», en J. L. Sánchez Noriega (ed.), Área abierta, vol. 15, núm. 3, 2015, págs. 3-17. Consultable en: https://revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/view/48619}

156^{«La degradación del espíritu cívico», 1/03/1980.}

157^{«El fin de lo político: la era de los simulacros», 1/05/1982, págs. 8-13.}

158^{«El miedo y el odio», 4/06/1977.}

159^{«Por una política sin truculencias», 1/01/1977.}

160^{Véase también: «Inseguridad e inestabilidad», 22/01/1977.}

161^{Además de numerosos artículos sobre el tema y tesis doctorales sobre la violencia, se ha publicado: Horacio Roldán Barbero, Los GRAPO: un estudio criminológico, Granada, Comares, 2016.}

162^{«La busca del poder», 15/01/1977.}

163^{«La solución es política», 5/02/1977.}

164^{«Un gobierno vulnerado», 12/02/1977.}

165^{«El miedo al golpe», 10/09/1977.}

166^{Véase J. Pérez Serrano, «Estrategias de la izquierda radical en el segundo franquismo y la transición (1956-1982)», en M.-C. Chaput y J. Pérez Serrano (eds.), La transición española. Nuevos enfoques para un viejo debate, ob. cit., págs. 85-126.}

167^{«Los cañones de Fraga», 23/04/1977.}

168^{«Los últimos dinosaurios», 21/05/1977.}

169^{Implicado en el fallido golpe del 23F. Véase «El diario El Alcázar, investigado como posible soporte de ideas sediciosas», El País, 1/03/1981.}

170^{«Objetivo: llegar a las elecciones», 28/05/1977.}

171^{«Referéndum y elecciones», 5/08/1978.}

172^{El general Pavía republicano y progresista se oponía a una República federal.}

173^{«La sombra de Pavía (Perspectivas del golpe de Estado)», 11/11/1978.}

174^{B. Frieyro de Lara, «Las fuerzas armadas españolas en la transición a la democracia», Revista de Historia Actual, RHA, vol. 4, núm. 4, 2006, págs. 173-183.}

175^{«El desafío al turismo», 7/07/1979.}

176^{«El optimismo de agosto», 11/08/1979.}

177^{«La provocación terrorista/ Voces militares», 29/09/1979.}

178^{«La amenaza del golpe», 6/10/1979.}

179^{«La democracia a la intemperie», 22/12/1979.}

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Transición y democracia en España

Julio Pérez Serrano

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Социальная психология

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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1
SOBRE DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y DESOBEDIENCIA CIVIL⁹

1. EL PAPEL DE LA CIUDADANÍA EN LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

2. LA DESOBEDIENCIA CIVIL EN LAS DEMOCRACIAS, HOY

3. CODA. UN EJEMPLO DE CÓMO LA LUCHA POR LOS DERECHOS ES EL MOTOR Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL

2
POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ENTRE LA DESDEMOCRATIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL, LA INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA LOCAL Y LAS ESTRATEGIAS PARTIDISTAS

1. DE LA CONTENCIÓN DEL ASOCIACIONISMO VECINAL A LA PREOCUPACIÓN POR LA DESAFECCIÓN HACIA LA POLÍTICA

2. REFORMA DEL SISTEMA REPRESENTATIVO LOCAL: INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA Y GOBIERNOS «MÁS PRÓXIMOS» A LA CIUDADANÍA

3. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA EL EMPODERAMIENTO CIUDADANO Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL. PARTICIPACIÓN E INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA

4. CENTRALIDAD DISCURSIVA Y TÍMIDOS AVANCES. DÉBILES COMPROMISOS POLÍTICOS, SESGOS PARTIDISTAS Y POCA RELEVANCIA SOCIAL

BIBLIOGRAFÍA

3
EL CUESTIONAMIENTO DEL BINOMIO DEMOCRACIA-MERCADO POR LOS MOVIMIENTOS SOCIALES (ESPAÑA 1976-2013)³²

1. EL BINOMIO DEMOCRACIA-MERCADO

2. MOVIMIENTOS SOCIALES POR LA DEMOCRACIA Y OTRO MODELO ECONÓMICO

3. EL MOVIMIENTO POR LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA O QUÉ CLASE DE DEMOCRACIA PERMITE ESTE CAPITALISMO

4
LOS SILENCIOS DE LA PRENSA. PRENSA DE REFERENCIA DOMINANTE Y ALTERNATIVAS PERIODÍSTICAS

1. LAS ESTRATEGIAS DEL MIEDO

2. CONSENSO VS. CONFLICTO: DEL CONSENSO A LOS SILENCIOS DE LA PRENSA

3. RUEDO IBÉRICO Y EL SILENCIAMIENTO DE LA «CULTURA DEL EXILIO»

4. EL PAÍS O LA REFERENCIA DOMINANTE

5. UBI SUNT: ACTA DE DEFUNCIÓN DE LA PRENSA ALTERNATIVA

5
DEMOCRACIA Y DEMOCRATIZACIÓN EN LOS ARTÍCULOS DE EDUARDO HARO TECGLEN EN TRIUNFO¹⁰⁵ (1975-1982)

1. DEMOCRACIA Y DEMOCRATIZACIÓN: DOS PALABRAS RECURRENTES

2. ¿QUÉ TIPO DE DEMOCRACIA?

3. LA VIOLENCIA Y LA HERENCIA FRANQUISTA

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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1SOBRE DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y DESOBEDIENCIA CIVIL9

1. EL PAPEL DE LA CIUDADANÍA EN LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

2. LA DESOBEDIENCIA CIVIL EN LAS DEMOCRACIAS, HOY

3. CODA. UN EJEMPLO DE CÓMO LA LUCHA POR LOS DERECHOS ES EL MOTOR Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL

2POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ENTRE LA DESDEMOCRATIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL, LA INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA LOCAL Y LAS ESTRATEGIAS PARTIDISTAS

1. DE LA CONTENCIÓN DEL ASOCIACIONISMO VECINAL A LA PREOCUPACIÓN POR LA DESAFECCIÓN HACIA LA POLÍTICA

2. REFORMA DEL SISTEMA REPRESENTATIVO LOCAL: INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA Y GOBIERNOS «MÁS PRÓXIMOS» A LA CIUDADANÍA

3. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA EL EMPODERAMIENTO CIUDADANO Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL. PARTICIPACIÓN E INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA

4. CENTRALIDAD DISCURSIVA Y TÍMIDOS AVANCES. DÉBILES COMPROMISOS POLÍTICOS, SESGOS PARTIDISTAS Y POCA RELEVANCIA SOCIAL

BIBLIOGRAFÍA

3EL CUESTIONAMIENTO DEL BINOMIO DEMOCRACIA-MERCADO POR LOS MOVIMIENTOS SOCIALES (ESPAÑA 1976-2013)32

1. EL BINOMIO DEMOCRACIA-MERCADO

2. MOVIMIENTOS SOCIALES POR LA DEMOCRACIA Y OTRO MODELO ECONÓMICO

3. EL MOVIMIENTO POR LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA O QUÉ CLASE DE DEMOCRACIA PERMITE ESTE CAPITALISMO

4LOS SILENCIOS DE LA PRENSA. PRENSA DE REFERENCIA DOMINANTE Y ALTERNATIVAS PERIODÍSTICAS

1. LAS ESTRATEGIAS DEL MIEDO

2. CONSENSO VS. CONFLICTO: DEL CONSENSO A LOS SILENCIOS DE LA PRENSA

3. RUEDO IBÉRICO Y EL SILENCIAMIENTO DE LA «CULTURA DEL EXILIO»

4. EL PAÍS O LA REFERENCIA DOMINANTE

5. UBI SUNT: ACTA DE DEFUNCIÓN DE LA PRENSA ALTERNATIVA

5DEMOCRACIA Y DEMOCRATIZACIÓN EN LOS ARTÍCULOS DE EDUARDO HARO TECGLEN EN TRIUNFO105 (1975-1982)

1. DEMOCRACIA Y DEMOCRATIZACIÓN: DOS PALABRAS RECURRENTES

2. ¿QUÉ TIPO DE DEMOCRACIA?

3. LA VIOLENCIA Y LA HERENCIA FRANQUISTA

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4
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5
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