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2. OTROS ESCENARIOS JUDICIALES Y DOCTRINALES FRENTE A LOS CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

A fin de conservar una visión holística del tema de investigación y tener argumentos más amplios acerca del desarrollo, alcance y concepción de los elementos constitutivos de las medidas de protección, en este acápite se abordan los elementos o criterios de procedibilidad para el reconocimiento y ejecución de las medidas de protección de la Corte Interamericana. Lo anterior a partir de las nociones, argumentos, líneas y planteamientos de la Corte Africana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instituciones internacionales que fueron seleccionadas no solo por constituir un referente internacional en materia de derechos humanos, sino también por ser instituciones con un esquema muy similar al de la Corte Interamericana.

Asimismo, será consultada la doctrina jurídica internacional a fin de ofrecer una visión más amplia acerca de los criterios de procedibilidad estudiados. Al hablar de los elementos o criterios de procedibilidad de las medidas de protección en el marco de la Convención Americana y respecto de su desarrollo doctrinal se debe resaltar que todos estos responden a una finalidad esencial que determina la visión teleológica de las medidas de protección, a saber, la garantía a los derechos.

Es importante aclarar que, aunque este trabajo haga especial énfasis en las medidas provisionales dentro de la categoría de las medidas de protección, en los organismos que se consideran a continuación no se diferencian las medidas cautelares de las medidas provisionales, sino que el primer término encierra a ambos. De allí que, cuando el Tribunal Europeo y la Corte Africana se refieren a las medidas cautelares, se hace referencia también a las medidas provisionales.

2.1. SEGÚN EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Es necesario resaltar que este organismo internacional no desarrolla en su jurisprudencia y manuales los elementos de urgencia, gravedad y daño irreparable de forma concreta. Sin embargo, a diferencia de la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) brinda un poco más de recursos para establecer el contenido de estos conceptos a partir de sus pronunciamientos. Ello no quiere decir que se encuentren pronunciamientos claros al respecto, ya que, al igual que en el caso de la Corte Interamericana, estos elementos son abordados de forma integrada y generalizada, lo que dificulta el determinar con precisión el alcance de cada uno de ellos.

De igual forma, es de recalcar que, si bien el Tribunal Europeo establece la posibilidad de que se declaren medidas cautelares, tal como lo dispone el artículo 39 de su Reglamento, lo cierto es que en todo el articulado de este no se desarrollan los criterios que se deben tener en consideración para que estas medidas puedan proceder. Allí es donde la jurisprudencia de la misma corporación entra a ampliar el contenido de estos criterios.

El Tribunal Europeo ha señalado que las medidas cautelares solo pueden decretarse cuando se demuestra que existe peligro o riesgo de ocurrir daños irreparables que sean abiertamente contrarios a lo dispuesto en la Convención Europea sobre Derechos Humanos. En este sentido, el Tribunal plantea que el daño irreparable es aquel en el que se comprueba que existen hechos y circunstancias que ponen en un riesgo real derechos que no son posibles de reparar²⁷.

El TEDH establece que el daño irreparable mantiene un vínculo con el objeto de las medidas cautelares, esto es, el mantenimiento del statu quo. Según este criterio o elemento, lo que se busca es garantizar que el Tribunal analice y estudie real y efectivamente el caso sometido a su juicio, protegiendo los derechos del demandante y asegurando que la decisión final tendrá efectos útiles y que su cumplimiento será posible²⁸.

Para tener una mayor claridad acerca de la irreparabilidad de los daños es importante resaltar lo señalado por Tribunal respecto a que:

Cualquier Estado que esté suscrito al Convenio Europeo y en relación con el cual se hayan adoptado medidas provisionales para evitar un daño irreparable a la víctima de una presunta violación debe cumplir con la adopción de tales medidas y abstenerse de cualquier acto u omisión que pueda menoscabar la autoridad y efectividad de la sentencia final²⁹.

A partir de esta disposición el Tribunal fijó el criterio según el cual en los casos de extradición o expulsión también será posible la declaración de medidas cautelares siempre y cuando se demuestre la existencia de un riesgo real de que se puedan materializar daños potenciales e irreparables, en el caso concreto en contra de la vida y la integridad personal, o que contravengan lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención, el cual dispone que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”³⁰.

En cuanto a la urgencia, aun cuando no se refiere a este criterio concretamente, de la jurisprudencia de este Tribunal se infiere que la urgencia es la existencia de un riesgo inminente que, de no ser atendido con inmediatez, podría generar daños irreparables³¹. La urgencia, en las nociones y decisiones del Tribunal Europeo, es concebida como el requerimiento ágil y efectivo de un pronunciamiento consustancial del TEDH sobre las medidas cautelares por advertir un daño grave e irreparable de carácter real e inminente que amenaza la continuidad del procedimiento y que no puede esperar hasta la decisión de fondo.

En este sentido, no supone únicamente la existencia de un daño futuro, sino que deben preverse las circunstancias para afirmar que este daño se podría materializar en la brevedad o en un lapso corto³². Con todo ello, el solicitante deberá aportar los medios probatorios necesarios para demostrar la ocurrencia de hechos y/o circunstancias que demuestren la necesidad de que el TEDH se pronuncie en tiempos extremadamente breves a fin de salvaguardar unos derechos irreparables.

Ahora bien, en cuanto a la gravedad, de acuerdo con la jurisprudencia del TEDH, se refiere a aquellas situaciones excepcionales que afectan o amenazan realmente el núcleo esencial de los derechos convencionales o la dignidad humana de las personas, y por lo general el alcance de este criterio se traduce en un riesgo serio contra la integridad física de las personas, ligado al derecho a la vida. En este sentido, es de resaltar que la jurisprudencia del Tribunal, en los demás casos en que reconoce medidas cautelares, lo hace frente al derecho a la vida y muy excepcionalmente en casos de derecho a la vida privada y la familia³³.

Para entender mejor el alcance de la gravedad es necesario que dentro de este criterio se atienda a las circunstancias de amenaza a la vida, que por lo general se han relacionado con aquellos casos en los que existe una orden de extradición con pena de muerte en otro país. Sin embargo, estas circunstancias suelen ser fácilmente superables por cuanto las autoridades de esos países tienden a comprometerse a respetar el derecho a la vida hasta tanto el Tribunal tome una decisión de fondo sobre el caso³⁴.

Otros eventos son los casos en los que los solicitantes padecen de enfermedades graves y que de ser extraditados podrían ver afectada seriamente su salud o verse privados de medicamentos que les son esenciales, en cuyo caso el TEDH realiza un riguroso estudio de la condición de salud, el impacto que podría generarse de adelantarse o no las medidas demandadas, el progreso de la enfermedad y la dependencia, entre otros factores asociados³⁵.

De igual forma, otros casos en los que son reconocidas las medidas de protección por su incidencia directa con el derecho a la vida, son las situaciones de malos tratos. En estos supuestos los solicitantes aducen que con las medidas de extradición o expulsión quedan expuestos a un riesgo inminente y real de ser tratados de manera arbitraria y denigrante, esto es, ser colocados en una prisión sin atención alguna, sufrir violaciones sexuales, mutilaciones, maltrato físico y psicológico, entre otros³⁶.

Con menor frecuencia, otros eventos en los que se han declarado medidas cautelares y se han comprobado daños graves (criterio de gravedad) tienen relación con la agresión o amenaza a derechos como aquellos a no ser esclavizados, a la vida íntima, a la familia, al proceso justo y al acceso a la justicia. El primero de los eventos se justifica por afectar la dignidad humana, frente a la familia y vida privada, y lo hace cuando se pretende la separación de sus progenitores o la separación de familias en estado de vulnerabilidad, como en el caso de los niños, ancianos y/o personas en condición de discapacidad³⁷. Finalmente, en lo relativo al derecho a un proceso justo y al acceso a la justicia, el daño grave se materializa en los eventos en que la vulneración al debido proceso o a los preceptos procesales afecta el derecho sustantivo de la vida³⁸.

Como se ha podido denotar, de acuerdo a lo planteado por el TEDH, las medidas cautelares solo podrán ser reconocidas en aquellos eventos en los que se logre demostrar que en ausencia de ellas se enfrentaría un riesgo y una amenaza real, grave e inminente que podría ocasionar daños irreparables. Además, el Tribunal ha sido enfático en que el reconocimiento de las medidas cautelares debe estar supeditado al desarrollo del proceso judicial y la obtención de una decisión final efectiva y útil³⁹.

Como se puede apreciar, el Tribunal Europeo mantiene una tesis jurídica bastante similar a la desarrollada en la Corte Interamericana, en cuanto en ambas corporaciones la gravedad y la urgencia son evaluadas a partir de la amenaza y peligro inminente en el que se encuentran principalmente los derechos a la vida y a la integridad personal. En cuanto a la irreparabilidad de los daños, tanto en la Corte Interamericana como en el Tribunal Europeo está concebida idealmente como la imposibilidad de ser reparados.

Con todo esto, mientras que el Tribunal Europeo da muchas más luces acerca de los elementos de las medidas de protección, y la Corte Interamericana es más reservada en la concepción de estos elementos, lo cierto es que ambos organismos han mantenido un sentido teleológico similar respecto de las medidas de protección, que no es otro que el de evitar que se ocasionen daños potenciales y concretos.

2.2. SEGÚN LA CORTE AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS

Antes de abordar el desarrollo que se ha realizado en la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos acerca de los criterios de gravedad, urgencia y daño irreparable al reconocer medidas de protección, es de resaltar que en esta institución la declaración de medidas cautelares es una facultad exclusiva de la Corte. No obstante, su Comisión, por interpretación extensiva del artículo 46 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ha venido adoptando medidas de protección en situaciones de extrema urgencia a fin de evitar la materialización de daños irreparables a las personas que han sido víctimas, con la salvedad de que estas medidas no implican criterios de prejuzgamiento⁴⁰.

De acuerdo con el artículo 27 del Protocolo de la Carta Africana, la Corte Africana –al igual que la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo– está facultada para establecer medidas de protección cuando estas sean necesarias para impedir la ocurrencia de daños irreparables en situaciones de extrema urgencia y gravedad⁴¹. No obstante, a diferencia de la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo, en la Corte Africana estas medidas de protección no tienen definido su carácter obligatorio o vinculante, pese a que se estime inicialmente que, en efecto, son de carácter obligatorio.

En el marco de la Corte Africana han sido 60 en total los casos en los cuales este organismo ha reconocido medidas provisionales. Esta Corte aplica este tipo de medidas en virtud del artículo 27 del Protocolo de la Carta Africana, en donde se prevén únicamente para casos de extrema gravedad, urgencia y para proteger a las personas de daños irreparables⁴².

Al respecto la Corte, haciendo una remisión directa a los criterios de urgencia y gravedad, ha señalado:

Se observa que la urgencia, consustancial a la gravedad extrema, significa un riesgo real e inminente de que se cause un daño irreparable antes de que ocurra emite su juicio final. Existe una urgencia siempre que los actos que puedan causar daños irreparables puedan ocurrir en cualquier momento antes de que el Tribunal dicte un fallo final en el caso⁴³.

Un caso popular al respecto fue el de la Comisión Africana contra Libia, en donde la Corte reconoció que las medidas cautelares deben ser decretadas en situaciones excepcionales de extrema gravedad y urgencia donde sea previsible la ocurrencia de daños irreparables en la esfera de los derechos a la vida y a la integridad física o cuando estas medidas sean necesarias para salvaguardar los intereses de la justicia⁴⁴. Para evaluar estos criterios, la Corte tuvo en consideración el riesgo de pérdida de numerosas vidas humanas durante el desarrollo del conflicto en Libia, por lo que declaró medidas provisionales inclusive cuando estas no habían sido solicitadas, toda vez que esta situación, en criterio de la Corte, era de extrema urgencia y gravedad por cuanto se encontraba en desarrollo un conflicto armado de fuerza letal en el que era inminente la violación sistemática de los derechos consagrados en la Carta Africana⁴⁵.

Es de destacar que, en cuanto a la integridad personal, la Corte Africana ha mantenido la tesis de que no son admisibles los malos tratos, los arrestos arbitrarios, las torturas y demás actos que afectan directamente la dignidad humana. Así, en el caso John D. Ouko contra Kenia, la Corte dispuso que las personas que han sido sometidas a torturas no están obligadas a agotar requisitos internos para que se les reconozcan las medidas provisionales. Esto se debe a que en sus condiciones es muy difícil demostrar el maltrato ocasionado por mandato de un Estado, bien sea por temor a represalias o por insuficiencia de medios económicos o de poder, y en tal caso la tortura y el temor a volver a recibir tratos denigrantes constituyen criterios suficientes para demostrar la gravedad, la urgencia y la irreparabilidad de los daños⁴⁶.

Otro evento en donde se aprecia el alcance de las medidas provisionales respecto de sus elementos es aquel de la medida provisional decretada en el caso de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos vs. República de Kenia. En esta oportunidad se evaluaron las medidas provisionales solicitadas por el grupo étnico Ogiek, quien se consideró amenazado por las distintas medidas de desalojo que había venido adelantando la República de Kenia sobre sus territorios y poblaciones. En esta oportunidad, la Corte Africana consideró que se trataba de una situación urgente y grave en la medida en que, de permitirse el desalojo y las restricciones territoriales, esta comunidad estaría fuertemente amenazada de ser exterminada y perder sus raíces culturales, sociales, económicas y religiosas, así como de sufrir graves afectaciones a los recursos naturales⁴⁷. Con este caso se extiende el concepto de gravedad y urgencia, en la medida en que la Corte no se limita a la apreciación estricta de la vida, sino que realiza apreciaciones concernientes al estilo y modos de vida, la dignidad, la identidad cultural y la vulnerabilidad de los grupos minoritarios.

Otro ejemplo es el del caso Armand Guehi vs. República Unida de Tanzania, en donde el solicitante fue condenado a muerte por el asesinato de su esposa. Sin embargo, en virtud del debido proceso y el derecho a un juicio justo, la Corte Africana suspendió esta pena hasta tanto evaluara el caso, toda vez que durante el proceso en el que se determinó esta condena el acusado no contó con asistencia lingüística, por lo que no pudo entender la mayor parte del proceso, ni siquiera en las fases críticas del mismo; además, no se le permitió acudir a su consulado ni se le reconocieron sus garantías procesales⁴⁸.

En este caso, aun cuando la Corte no lo refiere directamente, de la orden de medida provisional se infiere que la urgencia, la gravedad y el daño irreparable se sustentan acá en evitar que de un procedimiento injusto y arbitrario se derive un atentado contra la vida, cuyo valor es inmutable, inalienable e irreparable. Con ello, las personas que se vean amenazadas en su integridad por un proceso dudoso y carente de un debido proceso pueden acudir ante la Corte Africana a fin de que se les suspendan las condenas hasta tanto se examine el caso⁴⁹.

Así, en la orden de medidas provisionales del 18 de noviembre de 2016 en el caso Crospery Gabriel y otro vs. República Unida de Tanzania, la Corte Africana señaló que los asuntos relativos a las sentencias de muerte son circunstancias de extrema gravedad y urgencia por implicar directamente el derecho a la vida, por lo que se deben evaluar las circunstancias de justicia a fin de evitar un daño irreparable⁵⁰. Este argumento se aprecia en los casos Ladislaus Chalula vs. República Unida de Tanzania, Tembo Hussein vs. República Unida de Tanzania, y Dexter Eddie Johnson vs. República de Ghana.

Con ello se consolida la tesis de que en los asuntos relativos a penas de muerte, la sola objeción respecto del debido proceso o de los demás derechos inherentes al interés de la justicia, la medida provisional se entenderá como un criterio necesario por la extrema urgencia y gravedad que implica una pena muerte.

En suma, la Corte Africana ha reafirmado que en los casos en que se cohíbe del ejercicio de los derechos al acceso a un abogado, cuando se reciben tratos inhumanos y denigrantes, cuando se impide el acceso a tratamientos y servicios médicos, o cuando se restringe, limita o entorpece el derecho al acceso a los familiares, se configuran situaciones abiertamente contrarias a la integridad física y a la dignidad humana, por lo que se presume la gravedad y urgencia. En estos casos, las medidas provisionales se hacen necesarias para garantizar los derechos e intereses de las partes y de la justicia⁵¹.

Un caso particular es el de Charles Kajoloweka contra la República de Malawi, en donde el solicitante señaló que la Corte Suprema de Malawi le estaba exigiendo por todos los medios el pago de las costas de un proceso judicial, pero que debido a su precariedad económica se encentraba imposibilitado de asumir tal cargo hasta tanto no se recuperara económicamente. Y, ante el temor de perder, con la orden de ejecución de las costas, su casa, bienes y pertenencias acudió a la Corte Africana⁵².

Al respecto, la Corte consideró que privar a una persona de sus bienes y pertenencias esenciales constituye una situación de urgencia y gravedad, de tal modo que de permitir la ejecución indiscriminada de esta orden de ejecución de costas se podría generar un daño irreparable⁵³. Con este caso se extienden mucho más los criterios para la fijación de la urgencia y gravedad de los asuntos, entrando inclusive al campo del patrimonio y la propiedad privada como elementos inherentes a la dignidad humana.

De lo anterior se puede apreciar que en la Sistema Africano de Derechos Humanos los elementos de urgencia, gravedad y daño irreparable están sustentados del mismo modo que en la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo, esto es, en razón del reconocimiento de un riesgo de daño potencial e inminente, principalmente, sobre los derechos a la vida y a la integridad personal. Pese a que se trata de un organismo más joven, en el caso de la Corte Africana la jurisprudencia se ha mostrado muy enriquecedora respecto al alcance y desarrollo de los elementos de las medidas de protección, no solo en términos conceptuales sino también sustanciales o materiales.

2.3. SEGÚN LA DOCTRINA JURÍDICA

Pasando a un análisis doctrinal es necesario empezar por las consideraciones del ex juez Cançado Trindade, quien manifestó que no existen requisitos que impidan el reconocimiento y acceso a las medidas de protección de la Corte Interamericana, toda vez que estas cumplen una función preventiva y tutelar; de allí que no se debe exigir el agotamiento de medidas cautelares en sede de la Comisión para poder acudir a la Corte por medidas provisionales. Asimismo, señaló que esto se debe a que la insistencia en la aplicación de medidas cautelares previas puede constituir situaciones potencialmente negativas para las víctimas, al crear obstáculos entre estas y el acceso a la justicia internacional⁵⁴.

Con este planteamiento, el ex presidente de la Corte IDH, en su salvamento de voto dentro del caso Mery Naranjo y otros vs. Colombia, intentó explicar que lo que se busca es que el reconocimiento de medidas de protección, si bien debe operar de forma paralela a las medidas cautelares, no se convierta en una práctica indiscriminada, sino que estas sean esencialmente reconocidas para salvaguardar los derechos de las víctimas sin truncar su acceso a la justicia. De hecho, tanto es así que este sistema jurídico fue reformado en aras de que las medidas cautelares que reconociera la Comisión lo fueran a través de resoluciones ampliamente sustentadas en las que se reconocieran e identificaran los elementos antes mencionados⁵⁵.

Atendiendo a este sentido ontológico de las medidas de protección como salvaguarda de los derechos humanos, se tiene que el elemento de la urgencia corresponde a aquella necesidad de evitar los daños irreversibles e irreparables que se les puedan ocasionar a los derechos humanos en caso de no tomarse oportunamente alguna medida de protección⁵⁶. Este concepto, si bien acertado, puede prestarse para confusión al definir uno de los criterios a partir de otro, que es el daño irreparable.

Así las cosas, una definición más completa la brinda Rodríguez del Rosario, quien expone que la urgencia hace alusión a la inminencia o proximidad de un daño o perjuicio a los derechos protegidos por la Convención Americana. De modo que, de no atenderse anticipadamente el asunto o preverse medios de protección, los derechos pueden verse afectados de tal manera que ni siquiera con una resolución favorable sea posible la restitución real de los derechos⁵⁷.

En este sentido, la urgencia implica que se actúe de forma inmediata, so pena de ocasionar un daño irreparable. Además, añade el referido autor que la urgencia implica el examen de dos criterios subsidiarios: 1. La existencia de circunstancias, hechos o situaciones de amenaza y agresión que justifiquen el proceder de forma inmediata, y 2. La dimensión temporal, esto es, la proximidad de las amenazas y agresiones⁵⁸. Galindo Sánchez plantea, de manera complementaria, que la urgencia consiste en la evaluación de las amenazas o riesgos inminentes, y que esta implica el análisis de la oportunidad y temporalidad, y adicionalmente la necesidad de la medida cautelar o provisional solicitada⁵⁹.

En cuanto a la gravedad, para Carrillo Santarelli este criterio requiere el examen por parte del órgano jurisdiccional del impacto adverso que tuvo la víctima respecto al goce y práctica de los derechos humanos de quien acude a la justicia internacional y cuya conducta puede ser analizada por la CIDH⁶⁰. Rodríguez del Rosario, por su parte, argumenta que la gravedad se refiere al conjunto de derechos humanos amenazados por una inminente violación que busca ser atenuada, prevenida o superpuesta. Además, añade el autor, para la declaración de una medida de protección no basta con que se aprecien situaciones de gravedad, sino que se requiere de una extrema gravedad con la que los derechos referidos se hallen mayormente amenazados con ser vulnerados, afectados o perjudicados, de modo que ya se ha afectado o mermado el ámbito patrimonial y/o jurídico de las personas⁶¹. En otras palabras, la gravedad hace referencia al peligroso impacto negativo que se podría tener sobre derechos protegidos o sobre decisiones jurisdiccionales pendientes con una acción u omisión.

El último elemento o criterio se refiere a la irreparabilidad del daño que constituye la imposibilidad de conservar, restituir, rescatar, proteger o reparar los derechos y bienes jurídicos amenazados por las acciones u omisiones posteriores a la lesión ocasionada⁶². Según Whattée, la irreparabilidad del daño supone también la imposibilidad de garantizar resultados útiles con las resoluciones judiciales finales. Este autor argumenta que las medidas de protección no solo buscan la protección de los derechos de las personas, sino que también persiguen garantizar que los tribunales internacionales podrán analizar el caso a fondo y que su decisión final surtirá los efectos que se esperan⁶³.

Así, por ejemplo, si no se reconoce una medida cautelar que busca la protección del derecho a la vida del demandante que se encuentra ante una amenaza inminente, y como consecuencia de ello la persona muere, el fallo final no tendrá utilidad alguna, toda vez que el sujeto de esta ya no podrá ejecutarla o gozar de ella. Al respeto, en un análisis del sistema del Tribunal Europeo, Vajic expone que las medidas provisionales o de protección deben atender a una necesidad según la cual se evite la comisión de daños irreparables que puedan ser ocasionados con los actos en cuestión, sustentado por la urgencia de su reconocimiento, con lo que se sustenta la evasión de daños irreversibles⁶⁴.

Díaz Greco, por su parte, plantea que estas nociones de daño irreparable e inminente están sustentadas, entre otros, en el artículo 39 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, y además expone que de acuerdo a la jurisprudencia del TEDH las medidas provisionales son de carácter excepcional y solamente operan cuando el solicitante demuestra la existencia de un riesgo inminente que pueda generar un daño grave e irreparable. De acuerdo con este autor, el daño irreparable comporta dos perspectivas: la primera es que se trata de un daño que es imposible de reparar, compensar o restituir; la segunda supone que el daño irreparable inutiliza las decisiones o resoluciones judiciales que pongan fin al conflicto, toda vez que ya no será posible el cumplimiento de las mismas al perder el objeto de este por no poderse recuperar o ejercer los derechos afectados⁶⁵.

Según Díaz Greco, luego de un análisis de las decisiones del TEDH relacionadas con este aspecto, cabe decir que las medidas provisionales no procederían en los eventos en que, si bien el daño es grave, este es temporal y reversible, como en los casos de expulsión (entendida como una medida sancionatoria en la que un extranjero es devuelto a su país de origen) en donde se alega la afectación del derecho a la vida privada y a la familia. Esto por cuanto, si bien hay un daño grave, el demandado, con posterioridad, podrá reconstruir su vida, retomar su libertad, volver al Estado y, en general, restituir estos derechos⁶⁶. Con ello no se quiere decir que siempre que ocurra una expulsión y se aleguen estos derechos no se reconocerán las medidas provisionales, toda vez que existen circunstancias excepcionales en las que sí deberán der reconocidas.

Bajo estos argumentos se logra apreciar que las medidas cautelares buscan garantizar los derechos de los demandantes, el correcto desarrollo del procedimiento judicial y evitar decisiones superfluas al desaparecer el objeto de estas. En especial, lo que se pretende es evitar la muerte del demandante, que puede verse sometido a malos tratos, tortura, situación delicada de salud, bajo amenaza o cualquier otra condición que atente contra la vida. Esto por cuanto, de materializarse este daño, la resolución final perdería sentido, utilidad y eficiencia⁶⁷.

Sobre la base de lo expuesto, se aprecia que al reconocer una medida de protección el órgano jurisdiccional debe realizar, de antemano, operaciones lógicas tendientes a verificar que efectivamente la medida a adoptar será empleada para proteger idealmente derechos humanos; que existen una urgencia, una gravedad extrema y un riesgo inminente que ponen en peligro estos derechos, y que de no adoptarse estas medidas se podría generar un daño o perjuicio de carácter irreparable.

Ramírez Laverde, a su turno, plantea que estos elementos constituyen criterios preliminares al otorgamiento de una medida de protección, de modo que se requiere una evaluación razonable en la que se determine si con una acción u omisión se podría configurar un fuerte impacto en derechos protegidos, si la amenaza es inminente y si el daño que se podría generar es de carácter irreparable, esto es, que no se puedan restituir, indemnizar o restaurar los derechos susceptibles de protección. A partir de estos elementos, el autor sustenta que las medidas de protección asumen dos funciones, una tutelar y una cautelar. La primera hace referencia a la necesidad y finalidad de estas medidas, que es la de evitar la ocurrencia de daños o perjuicios irreparables; mientras que con la función cautelar se busca la conservación y preservación de los derechos de las personas hasta tanto se produzca o emita una decisión final por parte del órgano jurisdiccional internacional⁶⁸.

Un aspecto a resaltar, según Galindo Sánchez, es que los criterios de gravedad y urgencia responden a subelementos como: la intensidad de las amenazas o riesgos, el origen de las mismas, denuncias realizadas, medidas ya otorgadas, proximidad y cronología de las amenazas; además, se deberá tener en consideración la existencia o no de conflicto armado en los Estados respectivos, la eficacia de sus sistemas judiciales, la declaratoria de estados de emergencia, la existencia de controles políticos y los indicios sobre discriminación y/o desatención a los grupos vulnerables⁶⁹.

En este sentido, las medidas de protección no están determinadas para un número estricto de personas o grupos, sino que lo están en razón de los derechos vulnerados o amenazados. Además, es de aclarar que, si bien se advierten situaciones de gravedad, urgencia y daño irreparable sobre derechos humanos, esto no significa que la constitución de una medida de protección sea un prejuzgamiento, ya que en estas operaciones no se decide sobre el fondo del asunto.

Conforme a lo expuesto, es importante el hecho de que la jurisprudencia de organismos como el Tribunal Europeo y la Corte Africana, junto con la doctrina internacional, ha facilitado la comprensión del alcance y sentido de los criterios de procedibilidad o elementos de las medidas de protección. Con lo cual ha sido posible ampliar las precarias nociones que ofrece la Corte Interamericana y establecer una tesis según la cual se reconoce a la urgencia, la gravedad y el daño irreparable como elementos para el otorgamiento de las medidas de protección, toda vez que a partir de estos elementos se logra amparar derechos de forma oportuna y anticipada, de modo de evitar daños que no se puedan restaurar. De igual forma, con el análisis de ellos se busca determinar si un daño temido puede ocasionar estragos graves e irreparables o si, por el contrario, este puede esperar hasta una decisión final⁷⁰.