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HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS
carmen de la guardia
ISBN: 978-84-15930-06-8
© Carmen de la Guardia, 2013
© Fotografía de cubierta: Shutterstock
© Punto de Vista Editores, 2013
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A Alberto de la Guardia y Oya
Índice
La autora
Introducción
Hacia un mundo atlántico
La cultura revolucionaria
La práctica política
La sociedad republicana
La ampliación de la ciudadanía
Reforma y utopía
La Expansión hacia el Oeste y el Destino Manifiesto
Secesión y Guerra
Sociedad industrial
Ciudades de un mundo nuevo. La era progresista
Una nueva política exterior
La Gran Guerra y el periodo de entreguerras
El fin del Aislamiento: la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría
Hacia una Nueva Frontera
En búsqueda del orden: Estados Unidos de Nixon a Reagan
Epílogo
La autora
Carmen de la Guardia Herrero es profesora de Historia en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado estancias investigadoras y docentes en diferentes instituciones norteamericanas y europeas. Interesada en la Historia política y social de los Estados Unidos, ha publicado numerosos libros y artículos especializados. Entre ellos destacan Proceso político y elecciones en Estados Unidos (1992); Conflicto y reforma en el Madrid del siglo XVIII (1993); Republicanism, Federalism and Territorial Expansion in the United States (2004) y Tierras, límites y fronteras en América del Norte (2008). En la actualidad está preparando un nuevo libro sobre las relaciones entre España y los Estados Unidos en América del Norte.
Introducción
Escribir un libro, enseñar un curso, o reflexionar sobre una historia nacional es siempre una empresa enriquecedora. Si bien en casi todas las historias nacionales se habla de excepcionalismo, en los trabajos históricos sobre Estados Unidos la insistencia sobre la singularidad de su desarrollo histórico es todavía mayor. Desde la fundación de las primeras colonias inglesas en América del Norte, el deseo de alejamiento y de realización de un mundo verdaderamente nuevo, más equilibrado y justo que el de la vieja Europa, estuvo presente. Esa idea de separación, de ruptura, de diferencia ha sido un hilo conductor, según muchas obras históricas, del desarrollo histórico de la nación americana. Historiadores puritanos, patricios, nacionalistas, progresistas, historiadores del consenso han coincidido, aunque argumentando diferentes razones, en resaltar el excepcionalismo de Estados Unidos.
Una de las primeras conclusiones de este breve recorrido por la Historia de Estados Unidos es que las corrientes culturales, los ritmos económicos, los movimientos y los conflictos sociales son similares a los del resto de América y Europa. Es verdad que la Historia de Estados Unidos tiene matices que la separan de otras historias nacionales, pero están más relacionados con el ritmo y las características de su propio crecimiento que con razones de excepcionalidad política o cultural.
Efectivamente, si algo llama la atención de la Historia de Estados Unidos es su extraordinario crecimiento. Crecimiento territorial, demográfico, económico, político y de prestigio cultural. Pero este crecimiento también hay que matizarlo. No es un hecho aislado y excepcional sino que está profundamente interrelacionado. Los Estados Unidos de los siglos XX y XXI tienen poco que ver con los de la época fundacional. De trece pequeñas colonias en la costa atlántica, pasaron a ocupar, compartiéndola con el Canadá, toda la parte Norte del Continente americano, desde el Pacífico hasta el Atlántico pero, además, los Estados Unidos incluyeron bajo su bandera archipiélagos del Pacífico como el de Hawai. También está alejado del territorio continental el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este crecimiento territorial fue acompañado de un crecimiento demográfico sin precedentes. Estados Unidos pasó de tener cerca de cuatro millones de habitantes, en el primer censo de su historia realizado en 1791, a contabilizar 281 millones en el del año 2001. Estaba claro que Estados Unidos se había transformado en uno de los polos de atracción de inmigrantes más importantes de la Historia. De la misma forma, esta llegada masiva de trabajadores facilitó la conversión de Estados Unidos en una gran potencia económica y también política. Además su imagen se trasformó. De ser una nación representada, en toda la cultura occidental, como sencilla, campesina, y poco cosmopolita emergió como el mayor foco de producción cultural y artística de la modernidad. Ciudades como Nueva York, San Francisco, Boston, y Chicago atraían a los artistas e intelectuales de todo el mundo. Sus universidades destacaban y eran las elegidas por los mejores investigadores, profesores, y estudiantes. Este crecimiento asombroso de Estados Unidos no se produjo sin fracturaras. Conflictos territoriales, étnicos, sociales, crisis económicas, grandes enfrentamientos bélicos y también increíbles “guerras culturales” han llenado libros, debates, y reflexiones.
La historia de Estados Unidos es una historia rica y con muchos más matices que la que, en muchas ocasiones, sus historiadores nos han dejado ver. Esta Historia de Estados Unidos pretende acompañar al lector a través de un recorrido por el tiempo y el espacio estadounidense. Siguiendo muy de cerca las características del crecimiento de la nación americana y atendiendo también a sus conflictos y contradicciones. Es un trabajo de síntesis muy relacionado con la docencia y la investigación que, durante años, he realizado en la Universidad Autónoma de Madrid como profesora de Historia de Estados Unidos. No tiene por lo tanto citas académicas ni grandes referencias pero creo que no por ello deja de tener rigor. Su objetivo es el de resaltar, en pocas páginas, las grandes líneas y también las quiebras del desarrollo histórico de Estados Unidos.
Y esto enlaza con mis agradecimientos. En primer lugar quería agradecer los comentarios, las sugerencias y las ricas aportaciones que sobre la Historia de Estados Unidos han realizado mis estudiantes tanto de Licenciatura como de Posgrado de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Escuela Española de Middlebury College, en Vermont. Durante años he aprendido y reflexionado con ellos y para ellos. También quería expresar mi deuda con la Fundación Caja Madrid, con la Comisión Fulbright, con el Instituto Internacional, y con el Gilder Lehrman Institute of American History que, a través de la concesión de diferentes becas y ayudas, me han posibilitado realizar estancias investigadoras y docentes en Universidades, Archivos, y Bibliotecas estadounidenses y españoles. Estoy muy agradecida a un pequeño grupo de historiadores y amigos unidos, entre otras muchas cosas, por nuestro interés por los Estados Unidos. Aurora Bosch, Carmen González, Sylvia L. Hilton, Ascensión Martínez Riaza y Alejandro Pizarroso han sido una ayuda constante en este caminar. Y sobre todo quiero reconocer la labor de Ramiro Domínguez, Cristina Pineda Torra y de todo el equipo de Sílex ediciones. El proyecto de escribir una síntesis de la historia de Estados Unidos fue suyo y, a pesar de que por el camino nuevas responsabilidades académicas frenaron su avance, siempre han tenido la delicadeza de impulsar su realización. Su paciencia y su buen hacer han posibilitado que esta Historia de Estados Unidos viera la luz.
Hacia un mundo atlántico
Desde que en 1512 Ponce de León arribara a la península que él denominó de la Florida, la presencia española en América del Norte fue constante. Exploradores, comerciantes y conquistadores recorrieron las costas, exploraron el continente y fundaron asentamientos estables en el territorio de los actuales Estados Unidos. Durante casi un siglo, España fue la única potencia presente en América del Norte. Pero desde finales del siglo XVI la Monarquía Católica sufrió una crisis profunda y fue incapaz de defender los límites de su imperio. Comerciantes y puritanos ingleses fundaron Virginia y Nueva Inglaterra; los holandeses, Nueva Holanda; los franceses, Nueva Francia; y también la Suecia de la reina Cristina, Nueva Suecia. Estas “plantaciones” tenían características e intereses muy distintos a los de los virreinatos españoles en América. Los enfrentamientos entre estos mundos coloniales fueron continuos a lo largo de los siglos XVII y XVIII y los límites imperiales se alteraron sin cesar.
España en América del Norte
En 1492 la reina Isabel I de Castilla (1479-1504), concluida la conquista de Granada, autorizó a Cristóbal Colón a zarpar, bajo pabellón castellano, a las Indias. Desde entonces la actividad castellana fue imparable en América. Buscando, todavía con los valores culturales de la Castilla del siglo XV, riqueza y honor, los exploradores y conquistadores, al servicio primero de los Reyes Católicos y después de los Austrias mayores, recorrieron casi todos los rincones del continente americano. Y por supuesto también el territorio que hoy ocupa Estados Unidos. Los españoles exploraron y fundaron asentamientos, más o menos estables, en casi la mitad del actual territorio estadounidense.
Fue en 1512, como ya hemos señalado, cuando Ponce de León vislumbró la Florida. A partir de ese momento muchas fueron las expediciones españolas a la costa atlántica de Estados Unidos y muchos también los fracasos. En 1524, navegando bajo pabellón español, el portugués Estebán Gomez divisó la península del Labrador, las costas de Maine, y también el cabo Cod, en la actual Rhode Island. En 1526, Lucas Vázquez de Ayllón fundó el primer asentamiento en San Miguel de Gualdape, llamado así por los indios Guale que habitaban ese territorio del actual estado de Georgia, pero pronto, debido a los continuos ataques indígenas, se despobló. Pánfilo de Narváez, con una expedición de más de seiscientos hombres desembarcó en Tampa, en 1526, desde allí exploró el interior de la Florida, navegó por la costa de Texas y murió, como la mayoría de sus hombres, tras un naufragio. Los supervivientes, dirigidos por Álvar Nuñez Cabeza de Vaca, continuaron por el Oeste llegando hasta Nueva España. Conocemos bien los entresijos de la expedición por los Naufragios y relación de la Jornada que hizo a la Florida con el adelantado Pánfilo de Narváez, de Álvar Nuñez Cabeza de Vaca. También durante la primera mitad del siglo XVI se organizó otra expedición de mucha más envergadura. En 1539, Hernando de Soto junto a 570 hombres y mujeres desembarcaban en las proximidades de Tampa. Recorrieron los actuales estados de Florida, Georgia, las Carolinas, Tennessee, Misisipi, Alabama y Arkansas. En mayo de 1541, De Soto bautizó al río Misisipi como el río Grande. Exploraron, a su vez, parte de Luisiana y de Texas. Muchos de los colonos sufrieron infecciones para las que sus organismos no tenían defensas. Más de la mitad de la expedición falleció y también lo hizo Hernando de Soto. El resto, para evitar una muerte segura, regresó.
Ninguna de las expediciones, de la primera mitad del siglo XVI, dejó asentamientos estables en la costa atlántica de Estados Unidos. “Por toda ella (Florida) hay muchas lagunas grandes, y pequeñas, algunas muy trabajosas de pasar, en parte por mucha hondura, en parte por tantos árboles que están caídos… y luego otro día los indios volvieron de la guerra y con tanto denuedo y destreza nos acometieron que llegaron a poner fuego a las casas en las que estábamos…”, escribía Cabeza de Vaca sobre las tierras y las gentes floridanas en sus Naufragios. Esta percepción de las tierras de Florida como arduas, y de los indígenas como belicosos fue la razón de que España tardase tanto en fundar asentamientos en la península floridana a pesar de estar tan próxima a Cuba que había sido colonizada desde los primeros viajes colombinos.
Sólo cuando el rey Felipe II (1556-1598) decidió que Florida ocupaba un lugar estratégico para España al pasar la flota de Indias con el oro y la plata por el canal de Bahamas, Florida fue colonizada. Fue Pedro Menéndez de Avilés el encargado no sólo de fundar un asentamiento estable en Florida sino también de expulsar a hugonotes franceses que según los informes del rey Felipe II, habían fundado un fuerte en la costa de Georgia.
Menéndez de Avilés zarpó de Sanlúcar de Barrameda en 1565. Tras tomar posesión de la Florida en nombre del rey de España y fundar el fuerte de San Agustín, cerca del cabo Cañaveral, utilizando tácticas militares de gran dureza, terminó con la presencia francesa en Florida. “Salvé la vida a dos mozos caballeros, de hasta diez y ocho años, y a otros tres que eran pífano, tambor y trompeta, y a Juan Ribao, con todos los demás hice pasar a cuchillo, entendiendo que así convenía al servicio de Dios Nuestro Señor, y de V.M.”, escribía Menéndez de Avilés a Felipe II, desde San Agustín, narrando el duro enfrentamiento entre hugonotes franceses y católicos españoles, en octubre de 1565.
Una vez aniquilados los “extranjeros”, Menéndez de Avilés exploró el territorio. Al norte de San Agustín, en una zona fértil y rica, fundó la ciudad de Santa Elena. Terminada la exploración de las costas y de sus gentes, el adelantado intentó realizar los objetivos enumerados en el asiento, firmado con Felipe II. Soñaba con promover la agricultura, la pesca y la explotación forestal con la finalidad de crear astilleros. Sin embargo las tierras floridanas seguían siendo difíciles y los indios que las habitaban hostiles a la presencia española. Sus empresas no prosperaron y pronto Florida sólo mantuvo su interés defensivo y de barrera frente a posibles colonizadores extranjeros. Y como zona difícil y fronteriza fue un lugar atractivo para las órdenes religiosas misioneras que pronto fundaron misiones en distintas partes del territorio floridano.
Además de la costa atlántica, los españoles exploraron el sur y el oeste de los actuales Estados Unidos. Las razones para fundar asentamientos en estos territorios fueron, primero, al igual que había ocurrido con la Florida, la búsqueda de riqueza y, después, a partir de la presencia de otras potencias coloniales en América del Norte, proteger zonas estratégicas y defender el corazón del Imperio español. También, a lo largo de los siglos, la actuación misionera fue una constante en esta frontera septentrional del imperio.
La búsqueda de riqueza por el Norte de Nueva España fue alentada por mitos y leyendas que los propios exploradores y conquistadores provocaron. Los relatos de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca y sus compañeros al llegar desde Florida hasta Nueva España, incitaron la organización de nuevas expediciones. Así, tanto el virrey Antonio de Mendoza como el conquistador de México Hernán Cortés mostraron un enorme interés por esas tierras del Norte. Fue Mendoza el que organizó una primera expedición, en 1538-1539, dirigida a las tierras de los Zuñí, al oeste del actual Nuevo México. El capellán de la expedición fue fray Marcos de Niza. A su regreso sus comentarios y escritos contribuyeron a crear leyendas y mitos sobre las riquezas de las tierras del Norte. Todos los habitantes de Nueva España creyeron en la existencia de siete ciudades de gran tamaño y, sobre todo, de enorme riqueza situadas al norte de México llamadas Tzíbola o Cíbola. La búsqueda de las míticas ciudades movilizó muchas expediciones que se agotaron rastreándolas en lo que hoy es el estado de Kansas. Sólo cuando en 1542, Francisco Vázquez de Coronado regresó de su expedición por las tierras de las actuales Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma y Kansas, y describió de forma mucho más prosaica la realidad de las construcciones y de la forma de vida indígenas terminaron los míticos rumores.
En estos territorios del norte de Nueva España se hallaban riquezas, que para el español de los siglos XVI, XVII y XVIII, equivalían a metales preciosos, pero no en cantidades legendarias. En las regiones del norte del Virreinato de Nueva España se alzaron poblaciones junto a las minas de plata.
Desde estas tierras también se prepararon nuevas expediciones a Nuevo México buscando metales preciosos pero sin ningún éxito. Se pensó en abandonar el territorio norteño por su inutilidad económica. Pero las presiones de los misioneros franciscanos, que habían comenzado ya su acción evangelizadora, llevaron al Consejo de Indias en Madrid y a la Junta convocada en México por el virrey Velasco en 1602, a decidir que, en conciencia, no se podía abandonar a los indios ya bautizados porque volverían a la “barbarie”. La Corona envió entonces a soldados y misioneros. El conquistador Juan de Oñate impulsó nuevas fundaciones. Estableció los pueblos de Santo Domingo, cerca de la actual Albuquerque, de San Juan de los Caballeros, y de San Gabriel, todos en Nuevo México.
Texas tuvo un origen muy distinto al de la mayoría de las regiones del norte de México. Su origen fue más tardío pero parecido al de Florida. Fue también el temor a la presencia de otras potencias coloniales lo que causó el inicio de la ocupación del territorio tejano. La noticia de que el caballero de La Salle, en 1682, en nombre del rey de Francia, había descendido por el río Misisipi y explorado la parte oriental de su ribera preocupó a las autoridades españolas. Pero la información de una segunda expedición de La Salle, fundando un establecimiento, San Luis, en algún lugar próximo a la desembocadura del río Colorado y, sobre todo, de la reivindicación que para Francia hacia del territorio que él había bautizado como la Luisiana en honor de Luis XIV, hizo que los españoles reaccionaran con rapidez. En 1689, Alonso de León al servicio del rey de España llegaba al fuerte de San Luis, en la bahía del Espíritu Santo. Desde entonces, mineros, ganaderos, misioneros y soldados españoles trataron de estar presentes en este nuevo límite.
Efectivamente, además de la riqueza material y de las necesidades políticas y estratégicas de la Corona existieron, en muchos casos, otros motivos para la colonización. Así en Nuevo México, en la parte occidental de Sierra Madre y en las Californias, los misioneros estuvieron presentes antes de la llegada de los colonos españoles. Fueron los franciscanos y los jesuitas las órdenes religiosas que se aventuraron a fundar misiones en estos territorios difíciles del norte de México. Los franciscanos evangelizaron Nuevo México y Texas y los jesuitas la Baja California. Tras la expulsión de los jesuitas de los territorios de la Monarquía Hispana, en 1767, los dominicos se encargaron de las antiguas misiones de la Baja California y los franciscanos se ocuparon de evangelizar un nuevo territorio: la Alta California. Las misiones fueron sobre todo empresas evangélicas pero también lograron avances en los conocimientos geográficos y científicos del momento. También sirvieron como avance y barrera de contención de otros imperios coloniales.
Las misiones fundadas a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, en la Baja California, por los jesuitas Eusebio Francisco Kino, Fernando Costag, Francisco María Picolo, Juan María de Salvatierra, Juan de Ugarte y otros, contribuyeron al descubrimiento de la peninsularidad de California y a la búsqueda de una mejor conexión entre la Pimería Alta (Sonora y Arizona) y la Baja California. También las exploraciones del río Colorado tuvieron mucho que ver con los jesuitas que crearon las primeras misiones en la Baja California.
Las misiones fundadas a lo largo del siglo XVIII en la Alta California además de cumplir con objetivos evangélicos tenían, como había ocurrido con la Florida y con Texas, el objetivo de contener la presencia de otras potencias coloniales cerca de Nueva España. Desde la expedición, organizada en tiempos del zar Pedro el Grande (1672-1725) y, ejecutada, durante el reinado de Catalina I, en 1728, por Vitus Bering, (danés alistado en la Armada de Rusia), los rusos sabían que un estrecho, bautizado posteriormente con el nombre del explorador ruso, separaba las costas de Siberia de las de América del Norte. Así organizaron expediciones que efectivamente llegaron a Alaska. En 1741, Alexei Chirikov en el San Pablo y Vitus Bering en el San Pedro alcanzaron tierras americanas. Desde entonces se inició un lucrativo comercio de pieles con los indígenas norteamericanos. También los imparables marinos y colonos ingleses podrían acercarse al Pacífico desde sus cada vez más abundantes posesiones americanas.
Todos estos territorios del norte del Virreinato de Nueva España fueron muy inestables y difíciles. Su lejanía de los grandes núcleos urbanos del virreinato y su situación de frontera entre los territorios hispanos y las zonas nunca colonizadas por europeos, les ocasionó continuos enfrentamientos con grupos indígenas y más tarde con los otros imperios coloniales.
Al principio, conforme los españoles avanzaban hacia el norte de México y se alejaban del Imperio azteca, se enfrentaron con grupos de indígenas nómadas que denominaron genéricamente chichimecas. Durante más de treinta años, los chichimecas frenaron el avance español. Pero mucho más temidos y, sobre todo, durante más tiempo que los chichimecas fueron los apaches. Presionados desde las planicies por los comanches y los wichita, a los que los españoles denominaban las Naciones del Norte, los apaches inundaron los territorios del norte de México durante todo el siglo XVIII. En Nuevo México, los indios pueblo demostraron que tampoco estaban asimilados en la revuelta que protagonizaron en 1680, logrando que la Monarquía Hispánica perdiera el control temporalmente de la provincia. Más allá de la frontera y atosigando el territorio mexicano estaban los seri y los yuma, los navajos y los ute. Los más “fieros” de todos, si hacemos caso a los testimonios de españoles que recorrieron el territorio, fueron los comanches. “Todos los años, por cierto tiempo, se introducen en aquella provincia, una nación de indios tan bárbaros como belicosos” –nos recuerda el visitador español Pedro de Rivera en el primer tercio del siglo XVIII– “su nombre Comanches: nunca baja de 1.500 su número, y su origen se ignora porque siempre andan peregrinando, y en forma de batalla, por tener guerra con todas las naciones, y así se acampan en cualquier paraje, armando sus tiendas de campaña, que son de pieles de cíbolas y las cargan unos perros grandes que crían para ello…”, escribió el visitador Pedro de Rivera en su informe en 1729.
La abundancia y la combatividad de las poblaciones indígenas así como la presencia cada vez más próxima de otros imperios coloniales hicieron que se multiplicaran las misiones y también que aparecieran los presidios.
Las misiones católicas españolas tenían un claro papel “civilizador”. Las pretensiones de los misioneros de cristianizar al indio eran evidentes. Pero para ellos y para la mayoría de los súbditos de su majestad católica evangelizar era lo mismo que civilizar. Así, los indios de las misiones debían vivir de forma cristiana y “civilizada”. Debían asemejarse a los campesinos europeos de los siglos XVII y XVIII. A los indios de las misiones se les enseñó a utilizar animales existentes en Europa. Se les obligó a cultivar también productos europeos como trigo, almendros, naranjos, limoneros y vides que empezaron a crecer en suelo norteamericano. Pero, además, era preciso que vivieran “racionalmente, reducidos a la obediencia de su majestad, y en modo cristiano y político que es lo que se pretende por ahora”, escribía Antonio Ladrón de Guevara en el siglo XVIII. Esta identificación de lo cristiano, con “lo civilizado”, y “lo político” es lo que hizo que las misiones españolas, desde siempre, estuvieran vinculadas con la conquista y posterior explotación de las tierras y gentes americanas y que recibieran el apoyo militar y material de la Corona.
Además de las misiones, la otra institución propia de la frontera española fue el presidio. Desde el inicio de la colonización de la Nueva España, en las zonas de amplia presencia indígena, los españoles levantaron fortalezas para albergar a las guarniciones militares y a sus familias. Los presidiales estaban mal pagados y mal abastecidos. Debían proteger los caminos y también las villas, las misiones y los ranchos de amenazas indígenas y extranjeras. Pero muchas veces eran los soldados de los presidios los que hacían “pesquerías” sobre todo en los poblados indígenas, según ellos, para lograr sobrevivir. La corrupción entre los oficiales fue habitual y la Corona lo sabía. Por ello las visitas de oficiales reales se sucedieron y se promulgaron multitud de mejoras, pero los presidios siempre fueron más un problema que una solución en esta lejana frontera del Imperio español que hoy día forma parte de Estados Unidos.
Estos límites septentrionales de la Monarquía Hispánica no fueron nunca territorios eficaces. Controlados por la Corona que apoyaba la actuación de militares y misioneros y que intentaba “civilizar” al indio, fue una frontera con escasos recursos. La Monarquía Hispánica durante los siglos XVII y XVIII tuvo problemas económicos. Las inversiones fueron insuficientes y la mayoría de los indios acabaron siendo hostiles. Fue un ámbito difícil para los colonos particulares que sentían que sus intereses siempre estaban subordinados a los de las misiones y presidios, instituciones, por otro lado incapaces en el siglo XVIII de lograr sus objetivos de contención. Por ello quizás los colonos de origen europeo fueron escasos en estos territorios.
Presencia inglesa, francesa, holandesa y sueca
Muy poco después de que Colón regresase de su primer viaje a las Indias, otros reinos europeos financiaron viajes en busca del deseado camino hacia Asia. En muchos de ellos también fueron marinos italianos los que elaboraron los proyectos y se los ofrecieron a los diferentes monarcas.
Giovanni Caboto y sus hijos viajaron bajo pabellón inglés a finales del siglo XV. Firmaron un contrato con Enrique VII, en 1496, en donde el monarca les concedió la autorización para navegar “a todas partes, tierras y mares del Este, del Oeste y del Norte (…) bajo sus propios gastos y cargas”. Tenían que “averiguar, descubrir y encontrar cualesquiera islas, tierras, regiones o provincias de los paganos infieles (…) desconocidas para todo cristiano”, izar “las banderas y enseñas” inglesas. Zarparon del puerto de Brístol en mayo de 1497 y el día de San Juan arribaron a algún lugar de la costa norteamericana. Probablemente a la costa de la actual Canadá cerca de la desembocadura del San Lorenzo. Al igual que Colón, consideraron que habían alcanzado la costa asiática. Encontraron riqueza pesquera y aparejos indígenas. Los llevaron a Inglaterra a su regreso en agosto de 1497. Giovanni Caboto preparó una segunda expedición, en 1498, divisando la costa oriental de Terranova. Pero un motín de su tripulación le impidió continuar hacia los fríos mares del Norte y le obligó a virar hacia el Sur recorriendo las costas de los actuales Estados Unidos.
También la Francia de Francisco I se comprometió con la empresa atlántica. Todavía el mayor interés radicaba en buscar un paso hacia Asia por el Oeste. Los viajes de Giovanni Verrazano (1524) y de Jacques Cartier (1534) demostraron, tras recorrer la costa entre Terranova y las actuales Carolinas, que el paso no era factible.
Los viajes ingleses y los franceses no dieron fruto de forma inmediata. Pero sirvieron para que los reyes de Francia y de Gran Bretaña reclamasen sus derechos, cien años después, sobre América del Norte. Fue durante el siglo XVII cuando las naciones atlánticas no ibéricas fueron capaces de violentar el monopolio español y portugués en América.
Desde la segunda mitad del siglo XVII, la Monarquía Católica mostró signos de debilidad. La derrota de la Armada Invencible, en 1588, no sólo fue una humillación para el rey Felipe II sino que destruyó gran parte de los efectivos de la Marina española. Las costas de América no podrían ser defendidas como hasta entonces. Además, nuevas naciones se alzaban con fuerza en el contexto europeo enarbolando, a través de la escisión protestante, una fuerte independencia frente a la universalidad católica representada, en el mundo de la política, por la Monarquía Hispánica. Desde comienzos del siglo XVII las plantaciones de otras naciones inundaron los territorios más lejanos y peor protegidos del Imperio español: los actuales Estados Unidos.
Si bien los viajes holandeses por América del Norte fueron más tardíos que los realizados bajo pabellón inglés o francés, la creación de Nueva Holanda fue inmediata. Se fundó cuando las dos potencias protestantes, Inglaterra y Holanda, mantenían una estrecha alianza contra la católica España. La costa, de lo que luego fue Nueva Holanda, fue explorada por el inglés Henry Hudson, contratado por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en 1609, para encontrar el ansiado paso hacia Asia. Poco después, en 1614, los holandeses establecieron en ese territorio factorías iniciando un comercio de pieles con los iroqueses. En 1626, el gobernador de la colonia, Peter Minuit, compraba la isla de Manhattan a los indígenas. El nuevo territorio fue bautizado por los holandeses como Nueva Ámsterdam y fue la capital de Nueva Holanda. Gobernada rígidamente por la Compañía, defendida por una pequeña guarnición, y colonizada, sobre todo, por grandes propietarios de tierras que imponían duras condiciones de trabajo a los campesinos, la colonia durante el periodo holandés nunca atrajo a muchos emigrantes.
La presencia del Reino de Suecia en los actuales Estados Unidos fue efímera pero importante. Las primeras exploraciones del actual estado de Delaware fueron tempranas. Marinos españoles y franceses habían navegado por estas costas. También lo hicieron bajo pabellón holandés Henry Hudson en 1609, Cornelius May, en 1613, y Cornelius Hendricksen, que recorrió la bahía del Delaware y también navegó por el río hasta la actual Filadelfia, en 1614. Además levantó un mapa detallado de toda la región. El marino inglés Samuel Argall divisó estas costas en 1610 y las bautizó en honor del gobernador de la recién fundada Virginia, lord de la Warr, como Delaware. El primer establecimiento fue una pequeña factoría comercial holandesa: Zwaanendael destruida e incendiada por los indígenas en 1632. Poco después, en 1638, Suecia creó una colonia en ese territorio. Dos embarcaciones: la Kalmar Nyckel y la Vogel Grip llevaron a emigrantes suecos que fundaron en las riberas del río Cristina el fuerte Cristina, todo ello en honor de su joven reina: Cristina de Suecia (1632-1654). La colonia de Nueva Suecia sobrevivió con dificultades por los continuos ataques de sus poderosos vecinos y fue conquistada por Nueva Holanda en 1655. Sin embargo los pobladores suecos de Delaware conservaron su lengua y costumbres durante generaciones.
Durante el siglo XVII, Francia también contribuyó a la ruptura del monopolio español en América del Norte. Recordando los viajes de Verrazano y de Cartier, la Francia de Luis XIV reclamó su derecho a fundar colonias en América. Los primeros asentamientos franceses en América se fundaron en el Noreste, en Port Royal, en 1605, situado en la península que los franceses denominaron Acadia y los ingleses Nueva Escocia. Un poco después, en 1608, Samuel de Champlain fundó Quebec –palabra algonquina que significa ‘estrechamiento del río’– comenzando la colonización de Nueva Francia. La exploración y la posterior formación del Imperio francés en América del Norte se realizó en tres fases. De 1603 a 1654 se exploró y se fundaron asentamientos en el valle del río San Lorenzo y sus afluentes. De 1654 a 1673 colonos franceses ocuparon la zona de los Grandes Lagos, en la última etapa, de 1673 a 1684, exploraron y fundaron poblaciones en los márgenes del Misisipi. Así paulatinamente exploradores, misioneros, tratantes de pieles y colonos fueron creando asentamientos. Alrededor de 1720 ya había una línea de fuertes, misiones, pueblos y plantaciones que iba desde Louisbourg, en la isla del cabo Bretón, hasta Nueva Orleáns.
Las Trece Colonias inglesas
De la misma forma que Francia, también la Inglaterra de Isabel I (1558-1603) hizo valer sus derechos sobre el suelo norteamericano recordando los viajes que Giovanni Caboto había realizado bajo pabellón inglés.
Durante gran parte del siglo XVI, Inglaterra se encontraba muy debilitada y dividida por profundos problemas religiosos como para disputar a España su presencia en América. Pero en la década de 1580 la dinastía Tudor había reforzado su poder. Y además la Monarquía Católica, por primera vez, como ya hemos señalado, mostraba signos de debilidad y las costas americanas no podrían ser defendidas con eficacia.
Inglaterra tenía muchas razones para crear “plantaciones” en América. La mayoría de los geógrafos e historiadores del siglo XVII invitaban a la fundación de asentamientos ingleses en América del Norte. Richard Hakluyt el Joven publicó un auténtico panegírico sobre la colonización. En A Particular Discourse Concerning Western Discoveries (1584) defendía que las presumibles plantaciones serían la base para atacar al Imperio español. También permitirían a Inglaterra obtener directamente productos coloniales así como disponer de un nuevo mercado para sus exportaciones y, sobre todo, proporcionarían vivienda y tierras para el exceso de población del país. Esa percepción de una Inglaterra densamente poblada la compartían todos los escritores isabelinos. Y por ello consideraban imprescindible no tanto crear puestos comerciales como fundar asentamientos estables –plantaciones– que obligasen al traslado de los “plantadores” desde Inglaterra a América. También sir Humphrey Gilbert en A Discourse of a Discovery for a New Passage to Cataia (1576), enumeraba las ventajas para Inglaterra de los asentamientos ultramarinos. Además de argumentos similares a los de Hakluyt, enarbolaba uno nuevo: América se convertiría en un excelente refugio para los disidentes religiosos. Si bien estas razones defendidas por los escritores ingleses del siglo XVI eran apoyadas por la Corona y por la Iglesia oficial anglicana, no fueron estas instituciones las que dirigieron la colonización. Fueron las emergentes clases comerciales británicas, integradas en gran parte por reformadores puritanos de la Iglesia de Inglaterra, los que organizaron y protagonizaron la empresa de fundar asentamientos ingleses en América.
Una de las actividades más lucrativas de la Inglaterra de finales del siglo XVI consistía en la exportación de lana a los Países Bajos. El colapso sufrido por el mercado de valores de Amberes fue un revés para este comercio tradicional. El nuevo grupo social de comerciantes, artesanos y armadores británicos se aventuró a la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Así se crearon nuevas compañías comerciales para explorar y asentarse en territorios lejanos. La Compañía de Moscovia se fundó en 1555, la de Levante, en 1581, y la Compañía de Berbería, en 1585. Además, muchos de estos comerciantes surgidos en las ciudades inglesas simpatizaron con la revisión del anglicanismo realizada desde el puritanismo. Los puritanos no sólo querían purificar la Iglesia de Inglaterra restringiendo el poder del clero anglicano y suprimiendo ritos y ceremonias que la acercaban peligrosamente al denostado catolicismo. El puritanismo trascendía esos márgenes. Implicaba la defensa de una forma de vida sencilla y equilibrada que, de alguna manera, los puritanos identificaban con la que presumiblemente llevaron los primeros cristianos. Los puritanos defendían el alejamiento de los excesos de las corruptas cortes monárquicas y también de la sofisticada sociedad inglesa. Eran críticos con los rituales, ceremonias y adornos de la Iglesia católica y de la anglicana. Primaba en ellos una idea de retorno, de vuelta a la vida sencilla, equilibrada y primitiva, de desandar algunas rutas emprendidas por la cultura dominante en la vieja Europa.
Desde finales del siglo XVI, la Corona inglesa reclamó su autoridad sobre los territorios americanos recorridos por marinos bajo pabellón inglés a finales del siglo XV. Los monarcas podían o bien dejar el territorio como un Dominio Real o bien ceder algunas partes, mediante una Carta Real o una patente, a particulares o a compañías comerciales para su explotación. Pero era la Corona la que mantenía la soberanía y a la que había que acudir para lograr el dominio y la facultad de gobierno para fundar plantaciones. Según la Corona mantuviese su control directo o se lo cediese por patente, a particulares, o por Carta Real a compañías, las nuevas “provincias” norteamericanas serían de Dominio Real, de Propietario, o de Compañía.
Cuando un grupo de personas, normalmente comerciantes, decidían constituirse en Compañía debían conseguir una Carta Real que nombraba a la organización y que les otorgaba sus estatutos de funcionamiento. Además, le garantizaba un área concreta de suelo americano y les confería ciertos poderes: trasladar emigrantes, gobernar las plantaciones, organizar el comercio, disponer de la tierra y de otros recursos. A cambio la Compañía debía someterse a las leyes y tradiciones inglesas. Cuando eran propietarios particulares los que colonizaban, éstos obtenían sus derechos a través de una patente que señalaba si sería uno o varios los propietarios y también se definía el territorio otorgado. De la misma forma que las Compañías, los propietarios adquirían, a través de la patente, la facultad de organizar la colonización y la forma de gobierno de la plantación siempre y cuando reconocieran la soberanía de la Corona y se sometieran a las leyes y tradiciones inglesas.
En 1578, la reina Isabel otorgó a uno de sus favoritos, sir Humphrey Gilbert, una patente autorizándole a fundar colonias en América. Pero estas primeras empresas isabelinas, otorgando permisos a particulares, fracasaron. Sólo cuando, durante los reinados de Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia y de Carlos I, la fundación de plantaciones fue llevada a cabo por compañías comerciales, integradas por capital privado procedente de distintos inversores, pero constituidas en una única persona jurídica, éstas empresas sobrevivieron.
En 1578 y en 1583 sir Humphrey Gilbert, tras conseguir su patente de la reina, dirigió expediciones a Terranova, proclamando allí su soberanía y ejerció su autoridad sobre un pequeño grupo de pescadores que poblaban esas tierras. Desde allí, se dirigió hacia el sur intentando encontrar un lugar confortable para iniciar su empresa colonial. No logró su objetivo al naufragar su embarcación en su segunda tentativa. A Gilbert le sustituyó en la empresa colonizadora su hermanastro sir Walter Raleigh, tras renovar la patente. Después de explorar las costas frente a Carolina del Norte consideró que la isla Roanoke era el mejor lugar para fundar una plantación. En 1585 envió allí una expedición colonizadora que regresó por la falta de alimentos y por las dificultades con los indígenas. Raleigh, sin desfallecer, envió en 1587 otro grupo de unos 116 colonizadores bajo el mando de John White. El capitán tuvo que volver a Inglaterra para buscar provisiones y garantizar el futuro de la colonia. Cuando regresó a Roanoke en 1590 –más tarde de lo previsto debido a la presencia en las costas inglesas de la Armada Invencible– no existía en la colonia ni rastro de los plantadores. Esta primera experiencia fracasada conocida históricamente como la “colonia perdida” no hizo desistir a los ingleses.
Tras estas primeras tentativas la Corona británica, como hemos señalado, cambió de estrategia. Serían las compañías comerciales las que tendrían permiso para colonizar. Eran mucho más solventes y resistirían mejor a lo que se presentaba ya como una empresa difícil. Así en 1606 Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra otorgó a una compañía londinense, la Compañía de Virginia, la posibilidad de colonizar el área de la bahía de Chesapeake, al norte de los territorios floridanos y que ya entonces se conocía como Virginia. En el mes de diciembre la Compañía fletó tres barcos y envió un grueso de 105 plantadores, mujeres y niños incluidos. Dirigidos por el experto capitán Christopher Newport los colonos arribaron, el 13 de mayo de 1607, a lo que denominaron Jamestown en honor al rey de Escocia y de Inglaterra.
Los primeros años de la colonia de Virginia fueron muy difíciles. La colonia estaba situada sobre un terreno pantanoso por lo que los pobladores estuvieron acosados por enfermedades. Además, los plantadores conocían mal las características de la tierra y de los cultivos americanos y los productos ingleses no servían para esas latitudes. Tampoco las relaciones con los indígenas fueron sencillas. El hambre y las penurias causaron continuos enfrentamientos entre los colonos. El primer año sólo sobrevivieron sesenta plantadores. La plantación estaba a punto de ser abandonada cuando la Compañía de Virginia envió un refuerzo de colonos y también de provisiones. Para motivar la emigración, la compañía estableció un plan de alicientes. Se implantó un sistema por el cual cualquiera que afrontase el gasto de trasladar a la plantación a un familiar o conocido recibía cincuenta acres de terreno. La compañía también trasladó a otra clase de emigrantes. Doscientos niños vagabundos londinenses fueron recogidos y transformados en trabajadores de las plantaciones y también fueron trasladadas de forma forzosa “doncellas jóvenes, agraciadas y con buena educación a Virginia deseosas de contraer matrimonio con los más honestos y esforzados plantadores que estén dispuestos a abonar el importe de sus pasajes”. La mayoría eran prostitutas amonestadas en las calles de las ciudades inglesas. Pero no fueron las medidas demográficas sino las económicas las que garantizaron el futuro de la colonia. El encontrar un producto óptimo para el suelo virginiano fue una garantía de éxito. El tabaco pronto creció en los campos de Virginia garantizando el futuro de la colonia. También fue importante la configuración de una estructura política eficaz. La primera asamblea de plantadores de la colonia de Virginia se celebró, en la Iglesia anglicana de Jamestown, el 30 de julio de 1619. Y allí se eligió al primer Gobierno representativo de Virginia.
Pero la colonia no cumplía los objetivos mercantiles de la compañía londinense. Ese conjunto de paupérrimas viviendas y de cultivos difíciles no eran rentables. En 1624 la Compañía de Virginia se disolvió y los territorios se transformaron en una colonia real, es decir en una colonia que dependería política y económicamente directamente de la voluntad del rey de Inglaterra y Escocia.
Al norte del río Potomac el rey Carlos I (1625-1648) concedió a Cecilius Calavert, primer lord Baltimore, una enorme extensión de tierra. La intención de lord Baltimore fue convertir su territorio en un refugio para sus correligionarios católicos que estaban siendo perseguidos en Inglaterra. Por eso el nombre elegido para su propiedad americana fue Maryland. Fue su hijo y heredero, el segundo lord Baltimore, quién impulsó la colonización y a él le interesaba no sólo que la nueva colonia fuera un refugio para católicos sino también que fuera una empresa económicamente próspera. En 1633 dos embarcaciones, el Ark y el Dove, llegaron con 140 pasajeros a la nueva colonia. Aunque efectivamente los dirigentes de la expedición eran católicos, el resto era protestante para lograr una mayor rentabilidad económica. Desde muy pronto surgieron problemas entre las dos comunidades y por ello tras largas negociaciones se promulgó el Acta de Tolerancia de Maryland, en 1649, que permitía la libertad religiosa pero sólo para los cristianos trinitarios. Fueron excluidos los cristianos unitarios, los judíos, los deístas y los agnósticos. La colonia políticamente se organizó con una asamblea en donde estaban representados los colonos. Pero a diferencia de Virginia, Maryland fue una colonia de “propietario” hasta la independencia de las colonias inglesas.
Mucho más al norte surgió otro núcleo colonizador inglés. Desde 1616, la costa nordeste de los actuales Estados Unidos era conocida por los ingleses como la Nueva Inglaterra. Fue en el libro del capitán John Smith, A Description of New England (1616) en donde el término apareció por primera vez. En 1620 se creó en Londres la Compañía de Nueva Inglaterra, estructurada de la misma forma que la Compañía de Virginia. Pronto consiguió del rey Jacobo I el monopolio sobre la tierra, el comercio, y la pesca, entre los 40 y los 48 grados de latitud norte en la costa atlántica norteamericana. Pero antes de que concluyeran los trámites legales entre el Compañía y el monarca, un pequeño grupo de colonos arribó en el Mayflower a estas costas de Nueva Inglaterra. Los pioneros formaban parte de un grupo de puritanos radicales, llamados también separatistas, que defendían la separación de la Iglesia de Inglaterra y no sólo su “purificación” como el resto de los puritanos. Originarios de Scrooby, en Nottinghamshire, habían huido a la calvinista Holanda, en 1609, para evitar críticas y persecuciones. El exilio les demostró que era difícil, en una sociedad “con historia”, establecer un modelo de vida similar al que, según ellos, tuvieron los primitivos cristianos. La sencillez, el equilibrio, la tranquilidad y el silencio eran virtudes defendidas por los separatistas y alejadas de todos los rincones de la vieja Europa. América para ellos podría ser el Jardín del Edén. El lugar en donde comenzar una vida en donde su fe religiosa se fundiría con una nueva y santa sociedad civil. Los “peregrinos”, como fueron bautizados por sus descendientes, buscaron financiación para su utópico proyecto en Inglaterra. Un grupo de comerciantes ingleses subvencionó la empresa del Mayflower y logró permiso para desembarcar cerca de Virginia. Sin embargo atracaron mucho más al norte, en el puerto natural que bautizaron como Plymouth, en cabo Cod. Buscando una legalidad a esta situación difícil –no habían atracado en Virginia sino en Nueva Inglaterra– redactaron y firmaron el Pacto del Mayflower. En este texto claramente puritano los firmantes –todos varones y adultos– se comprometían “en presencia de Dios y de todos nosotros a pactar y a constituirnos en un cuerpo civil y político para logar nuestro mejor gobierno…”. Además todos prometieron sumisión y obediencia a las “leyes justas y equitativas” que los futuros representantes promulgasen.
La actividad económica de esta pequeña colonia fue la agricultura. Aprendieron, según la tradición, del indio Squanto a cultivar el maíz americano y supieron adaptar al nuevo clima el cultivo del trigo y otros productos europeos. La primera cosecha de maíz la celebraron juntos, colonos e indígenas, iniciándose así la celebración en las colonias inglesas del Día de Acción de Gracias. Además también comerciaron con pieles y madera e iniciaron una prolífica actividad pesquera. Muy pronto los colonos abrieron negociaciones con el Consejo de Nueva Inglaterra para solucionar los problemas causados por haber fundado la plantación de Plymouth dentro de sus territorios y no en Virginia. En 1621 lograron que el Consejo aceptase la nueva plantación. En 1627 los colonos lograron saldar las deudas con los comerciantes londinenses que les habían respaldado y en 1629 compraron a la Compañía de Nueva Inglaterra los títulos de los territorios que ocupaban. Conocemos muy bien la historia de la colonia por la obra de su segundo gobernador, William Bradford, titulada History of Plymouth Plantation, escrita entre 1630 y 1651, que narra con sobriedad puritana las dificultades de los peregrinos.
Mucho más numerosa e importante fue la gran emigración puritana no separatista iniciada hacia la bahía de Massachusetts en 1630. Desde la fundación de Plymouth existían en esta bahía, que había tomado su nombre de los indios massachusetts, grupo de lengua algonquina, pequeñas aldeas habitadas por pescadores y comerciantes de pieles de origen europeo. En 1626 Robert Conant fundó un pueblo pesquero llamado Naumkeag, actual Salem, que fue el núcleo en donde se asentó una comunidad puritana. John White, pastor anglicano de Dochester y estricto puritano, consideró que este núcleo podía ser el germen de una colonia constituida por puritanos descontentos con la forma de vida inglesa. Tras negociar con la Compañía de Nueva Inglaterra obtuvieron los derechos sobre los territorios de la bahía. En 1629 fueron más lejos y constituyeron la Compañía de la Bahía de Massachusetts Poco después obtuvieron una Carta Real que les permitía establecer una colonia y ratificaba muchas de las ambiciones de este grupo de puritanos. En primer lugar les permitía trasladar el gobierno del nuevo asentamiento, desde Londres a Massachusetts. Además garantizaban que la colonia fuera puritana. Así establecieron que solo los miembros de las iglesias puritanas podían ser electores y elegibles para las instituciones representativas y además los pastores puritanos se reservaban puestos de gobierno y de justicia. A partir de su aprobación por el rey, se produjo la gran migración puritana a la bahía. Diecisiete embarcaciones, con más de mil emigrantes, partieron en 1630 rumbo a Massachusetts capitaneados por John Winthrop, un abogado y terrateniente del este de Inglaterra que se convirtió en gobernador de la colonia. Durante los once años siguientes más de 20.000 emigrantes, todos ellos puritanos, llegaron a la colonia. Las características sociales de este grupo de emigrantes fueron distintas a las del resto de las colonias inglesas en Norteamérica. En primer lugar emigraron sobre todo grupos familiares. La distribución por edades también fue inusual. Mientras que aquellos que viajaron a Virginia y a otras colonias tenían entre 16 y 25 años, a Massachusetts fueron adultos –más de 2/5 partes eran mayores de 25–, y niños –casi la mitad de los emigrantes eran menores de 16–. La gran mayoría de los emigrantes pertenecían a la clase media inglesa, con el predominio de pequeños agricultores, artesanos y comerciantes. Fue un grupo de emigrantes con un alto nivel de riqueza, educación y capacidad.
Pero también existieron problemas en esta comunidad puritana. Para muchos la presencia del clero y de las normas constituidas del puritanismo era excesiva. Hubo graves desacuerdos en el refugio de disidentes. Roger Williams fue el principal opositor de la nueva colonia. Descontento por le estrecha unión entre la Iglesia y el Estado y sobre todo por considerar que se debía romper de forma radical con la Iglesia de Inglaterra, elevó airadas protestas y fue desterrado. Con él se fueron multitud de disidentes y se instalaron en el año 1636 en la bahía de Narragansett donde fundaron Providence que se constituyó en el núcleo de una nueva comunidad de ciudades llamada Rhode Island. Dos años después llegaba otra disidente: Anne Hutchinson, también duramente criticada por el clero bostoniano por su independencia. La nueva comunidad se basó en el gobierno de la mayoría, en la separación de la Iglesia y del Estado, y en la libertad religiosa. Esta tolerancia permitió que judíos, cuáqueros y otros grupos religiosos minoritarios eligieran Rodhe Island como su hogar americano. En 1644, Williams viajó a Inglaterra y publicó una de las críticas más duras contra la colonia de la bahía de Massachusetts: The Bloody Tenent of Persecution, que criticó duramente la presencia del clero puritano en la colonia de Massachusets. En ese mismo viaje logró la Carta Real que autorizaba a la nueva colonia y reconocía los principios previamente establecidos en Rhode Island. Estos principios fueron de gran importancia para el futuro político de Estados Unidos.
Otros disidentes abandonaron también la colonia de la bahía. El reverendo Thomas Hooker decidió, junto al grueso de su congregación, trasladarse para fundar una nueva colonia en donde el peso de las iglesias constituidas no fuera tan fuerte. Así surgieron, alrededor del valle del río Connecticut, pequeños núcleos urbanos, como Hartford y Windsor. También puritanos estrictos fundaron otras poblaciones con nombres significativos como New Haven. Todos unidos lograron una Carta Real en 1662. Esta Carta fue la ley fundamental del estado de Connecticut hasta 1818 y, a pesar de que al principio buscaron un menor peso de los pastores puritanos, recogía que la iglesia congregacionista era la iglesia oficial en cada una de las poblaciones. Católicos, anglicanos y disidentes protestantes encontraron hostilidad en esta nueva plantación.
Al norte de la Bahía de Massachusetts, los territorios actuales que constituyen New Hampshire y Maine, fueron concedidos por la Compañía de Nueva Inglaterra a sir Ferdinand Gorges y a John Mason, en 1622. A Mason le correspondió la parte Sur y la bautizó como New Hampshire. Allí ya existían pequeñas poblaciones de pescadores y comerciantes como Dover, Portsmouth, Éxeter y Hampton. Aunque desde 1649 cayó bajo el dominio de Massachusetts, también fue refugio de puritanos disidentes. La zona más alejada, la actual Maine, continuó, durante todo el periodo colonial, gobernada desde Massachusetts.
La guerra civil inglesa (1642-1660) y la Commonwealth (1649-1660) frenaron el proceso colonizador de Inglaterra. Pero la restauración de Carlos II, en 1660, supuso un nuevo impulso. En sólo doce años los ingleses conquistaron Nueva Holanda, colonizaron Carolina y le dieron forma definitiva al sistema colonial. La diferencia entre este segundo empuje y el iniciado a comienzos del siglo XVII, es que las nuevas colonias surgieron sobre territorios donados por el rey a sus favoritos, que se constituían así en propietarios. Ya no eran las compañías comerciales las promotoras de la colonización. De la antigua colonia holandesa, Nueva Holanda, que había conquistado la colonia sueca de Delaware, surgieron cuatro colonias: Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania y Delaware.
Como ya hemos señalado, Nueva Holanda estaba rígidamente gobernada por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y por ello sus habitantes no pusieron mucha resistencia cuando 1664 la colonia fue conquistada por el hermano de Carlos II de Inglaterra, el duque de York. La región entera fue cedida por Carlos a su hermano. Los ingleses transformaron el pequeño poblado de Nueva Ámsterdam en Nueva York en honor del duque homónimo. También se denominó de esta forma toda la antigua colonia de Nueva Holanda. Poco después, el duque propietario cedió las tierras comprendidas entre los ríos Hudson y Delaware a sir George Carteret y a lord John Berkeley llamando a este territorio Nueva Jersey.
En 1681, el cuáquero William Penn recibía de los Estuardo una enorme franja de tierra en el litoral atlántico de América del Norte que bautizó, en memoria de su padre, Pensilvania. Fue un refugio para una de las ramas más radicales e igualitarias del puritanismo que fueron los cuáqueros. Con la afirmación de la existencia de una luz interior en todos los hombres que sólo había que encontrar a través de la oración, los cuáqueros defendieron la igualdad de todos. Perseguidos no sólo en Inglaterra sino también en sus colonias llegaron masivamente a los bosques de Penn. En 1682, el duque de York también le concedió a William Penn otra parte del antiguo territorio sueco y después holandés: Delaware.
También durante el reinado de Carlos II se establecieron los ingleses en las Carolinas. Este inmenso territorio al sur de Virginia se les concedió a ocho lores propietarios que lo colonizaron con población que provenía de otras colonias, sobre todo, de Barbados y de Virginia. Conforme la colonia avanzaba hacia el Sur los enfrentamientos con los españoles fueron continuos.
La última de las colonias inglesas en Norteamérica fue la de Georgia. La colonia fue entregada por Jorge II, en 1732, a veintiún fideicomisarios. Uno de ellos, el general y filántropo James Oglethorpe se trasladó al nuevo territorio inglés en América. Como militar erigió una serie de fortalezas para contener presumibles ataques españoles desde San Agustín. Como reformador social intentó colonizar Georgia como un lugar de redención de presos ingleses que no hubieran cometido delitos de sangre y también intentó convertirla en un nuevo hogar para indigentes. Quería evitar las grandes propiedades así como la existencia de trabajo esclavo. Tampoco aceptaba bebidas alcohólicas. Hacia mediados del siglo XVIII, nada quedaba de sus planes filantrópicos. Georgia se había convertido en una colonia cuya unidad de producción era la gran propiedad, dedicada al monocultivo y trabajada por esclavos.
Las colonias norteamericanas en el siglo XVIII: las guerras imperiales
La presencia política de Suecia y de Holanda había desaparecido, como ya hemos señalado, de América del Norte en el siglo XVII. Francia impulsaba, sobre todo, la colonización del actual Canadá aunque mantenía a un pequeño grupo de colonos en Luisiana. Sin embargo la Monarquía Católica conservaba los límites septentrionales de su imperio en los actuales Estados Unidos. Pero ya se apreciaba que ni la Florida, ni la parte norte del virreinato de Nueva España tenían la vitalidad demográfica, económica y cultural de las trece colonias inglesas.
Efectivamente, a mediados del siglo XVIII las Trece Colonias inglesas se habían transformado en territorios prósperos. Las colonias de Nueva Inglaterra: New Hampshire, Connecticut, Massachusetts y Rhode Island, estaban densamente pobladas y tenían una economía diversa. Agricultura, pesca, construcción naval y un comercio, no siempre legal, con la América española eran las actividades de sus habitantes. Ciudades como Boston, Newport y Salem eran muestra de esa actividad comercial.
Las colonias del Sur: Virginia, Maryland, las Carolinas y Georgia, tenían una estructura social más desequilibrada. Grandes propietarios de tierras, pequeños labradores y una gran masa de población esclava eran sus rasgos distintivos. El cultivo de un único producto en las plantaciones sureñas les causaba una gran dependencia económica de su metrópoli. Virginia, Maryland y Carolina del Norte exportaban tabaco; Carolina del Sur y Georgia comerciaban con arroz e índigo.
Las colonias intermedias: Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y Pensilvania eran más heterogéneas. Su población, originaria de distintos puntos de Europa, les otorgaba una fisonomía más rica. Su actividad económica era también más diversa que la de las colonias de Nueva Inglaterra y que las del sur. Su agricultura era próspera. Producían grandes excedentes de grano, cereales y carne salada que exportaban. También el comercio de pieles, sobre todo, en la colonia de Nueva York, y la industria forestal, eran prósperas. Ciudades como Filadelfia, con más de 40.000 habitantes en 1770, y Nueva York demostraban la vitalidad de las colonias intermedias.
Pero si las colonias inglesas en América del Norte tenían diferencias también compartían ciertas similitudes. Al ser colonias inglesas su ritmo de crecimiento demográfico era parecido y además sus instituciones de gobierno y sus valores culturales eran similares. También mantuvieron durante toda la historia colonial los mismos enemigos: las poblaciones indígenas y las otras potencias coloniales.
Las Trece Colonias inglesas tenían un ritmo de crecimiento demográfico y económico muy superior al de los límites del Imperio español en América del Norte. Al estallar la guerra de Independencia, en 1775, habitaban el territorio alrededor de dos millones y medio de colonos. Mientras que en los márgenes septentrionales del Imperio español, si excluimos a la población indígena no asimilada, sólo vivían unos 100.000 colonos.
El crecimiento natural de la población, entre los pobladores de origen europeo, fue en aumento tanto en las colonias inglesas como en las españolas pero sin embargo los movimientos migratorios europeos fueron muy distintos en los dos imperios. Tanto Inglaterra como España frenaron el flujo de inmigrantes hacia América procedentes de la metrópoli a lo largo del siglo XVII, pero Inglaterra aceptó y, en cierta medida, promovió la llegada de extranjeros a sus colonias americanas.
El ritmo de emigración desde Inglaterra hacia América había sido muy fuerte en la primera mitad del siglo XVII. Alrededor de 150.000 ingleses se habían trasladado a la costa oriental norteamericana. Pero después de la guerra civil y la peste que asoló las islas Británicas y tras el auge del mercantilismo, que consideraba a la población como un recurso indispensable para la riqueza nacional, los tratadistas ingleses defendieron que era perjudicial el flujo migratorio. Si exceptuamos a los ingleses castigados con la deportación, unos 30.000 a lo largo del siglo XVIII, la emigración desde Inglaterra y Gales hacia las Américas disminuyó mucho. Decididos, sin embargo, a promover el crecimiento de las colonias americanas, las autoridades coloniales inglesas aceptaron a inmigrantes que no procediesen de Inglaterra o de Gales. Y eso fue una de las grandes diferencias entre las colonias inglesas y la América española y francesa. Ya en 1680 William Penn había reclutado a inmigrantes procedentes de Francia, la mayoría hugonotes perseguidos tras la abolición del Edicto de Nantes en 1685. También Penn aceptó como pobladores a menonitas, amish y moravos procedentes de Holanda, de Alemania, y de los cantones alemanes de Suiza, para ocupar su inmensa colonia de Pensilvania. Otras colonias enviaron agentes a Europa para reclutar campesinos. La mayoría, unos 250.000, fueron irlandeses-escoceses, descendientes de los escoceses presbiterianos que se habían instalado en el Ulster durante el siglo XVII. Además, casi todas las colonias inglesas otorgaron facilidades a los extranjeros para formar parte de la comunidad en igualdad de condiciones que los primeros colonos. Los extranjeros que fueran protestantes y jurasen fidelidad a la Corona británica eran considerados súbditos, con las mismas libertades y privilegios, de los colonos norteamericanos. En 1740, el Parlamento británico aprobó una ley general de naturalización para sus colonias en América. Sin embargo pervivieron dificultades en la mayoría de las colonias inglesas para aquellos inmigrantes católicos o judíos.
Otros pobladores también llegaron masivamente durante el siglo XVIII a las colonias inglesas. Los esclavos, forzados desde África, eran cada vez más utilizados como mano de obra en las plantaciones. El descenso de su “precio”, ocasionado por el fin del monopolio de la Compañía Real Africana en 1697, y la extensión de la economía de plantación en las colonias del Sur fueron las razones para que la población esclava pasase de 200.000 individuos, en 1700, a 350.000 en 1763. La mayoría de los esclavos procedían de antiguas civilizaciones del África occidental como la de Ghana, la de Mali y la de Songhai. De todas formas la esclavitud estaba distribuida de forma irregular. Más de cuatro quintos de la población esclava habitaban en las colonias del Sur. A pesar de que en el Imperio español en América la utilización de mano de obra esclava era habitual, en los límites septentrionales repletos de misiones y presidios, con escasos colonos, y alta densidad de población indígena, la presencia de esclavos africanos no fue significativa.
Las autoridades españolas siempre dificultaron la inmigración hacia América. La Monarquía Hispánica exigía a los individuos que quisieran emigrar el cumplimiento de una serie de requisitos y la posterior obtención de una licencia tras un largo proceso. Además, a diferencia de lo que ocurría en las Colonias inglesas, la Monarquía Hispánica no aceptó la entrada de inmigrantes libres extranjeros. Sin embargo, a lo largo del siglo XVIII, se incumplió muchas veces la legislación y la presencia de extranjeros era obvia en los límites del imperio. Pese a que, en número, su presencia era menor que en la América inglesa.
Estas diferencias en el ritmo de crecimiento demográfico entre las colonias inglesas y las españolas fue una de las razones de la vitalidad económica, social y política de las Trece Colonias frente a los límites del Imperio español. Como explica el historiador David Weber en Carolina del Sur, una de las colonias inglesas más jóvenes había, en 1700, 3.800 colonos de origen europeo y 2.800 afroamericanos que eran esclavos. En la vecina Florida, uno de los territorios más antiguos de la Monarquía Hispánica, sólo residían, a comienzos del siglo XVIII, 1.500 pobladores de origen europeo. La diferencia aumentó en la primera mitad del siglo, en parte debido a la generosa política colonial inglesa frente a la restrictiva española. Así, en 1745, el número de pobladores de Carolina del Sur era diez veces superior al de Florida: 20.300 frente a los 2.700 habitantes de este septentrión español en América.
También existieron diferencias políticas entre los dos mundos coloniales. Las colonias inglesas gozaron de una mayor autonomía que los territorios hispánicos. Para muchos autores no fue un hecho querido por la corona inglesa. Pero los conflictos internos, que caracterizaron la historia de Inglaterra durante el siglo XVII, motivaron un cierto “abandono” del mundo colonial. Sin embargo tras la Gloriosa Revolución, el reconocimiento por parte de la metrópoli del interés económico de las colonias impulsó una política intervencionista. En 1696 se creaba el Board of Trade and Plantations con la intención de controlar el comercio colonial. Además se establecieron en las colonias los Tribunales del Almirantazgo que además de visibilizar el dominio inglés debían velar por el cumplimiento de las leyes que regían “el contrato” colonial.
Aunque el término mercantilismo no fue acuñado hasta 1776, por Adam Smith, el mercantilismo fue aplicado en la Europa del siglo XVII. Esta doctrina económica afirmaba que las naciones estaban abocadas a una lucha por la supremacía. Para lograr ventajas militares y estratégicas era necesario tener mayor poder económico que las otras potencias. El poder económico de una nación se medía por la cantidad de metales preciosos que fuese capaz de acumular. Cuanto más independiente fuese una nación y menos importaciones necesitase mayor sería su acumulación de metales y por lo tanto sería una nación más poderosa y sana.
Para el mercantilismo y, sobre todo, para el mercantilismo inglés las colonias tenían una clara función que cumplir. Inglaterra, igual que España y Francia, se convirtió en imperio para lograr tener una autonomía económica. Las colonias proporcionaban materias primas para la industria británica. También eran un mercado seguro para las manufacturas. El comercio con América potenció el desarrollo de una Marina mercante. En un momento donde los buques y los marinos se adaptaban a cualquier propósito naval, esto incrementó mucho el poderío naval y la fuerza combativa de la metrópoli. Sin embargo las Trece Colonias inglesas, poco controladas durante gran parte del siglo XVII, estaban habituadas a comerciar con otras zonas. Las Antillas y toda la América española a su vez estaban acostumbradas a recibir productos norteamericanos. También el comercio se hacía en barcos no ingleses. Era necesario, por lo tanto, una vez concluidas las contiendas civiles en la metrópoli tras la Restauración de Carlos II en 1660, establecer una nueva política colonial que obedeciese a los principios mercantilistas.
Entre 1660 y 1672 se promulgaron una serie de leyes con la finalidad de organizar el Imperio británico de una forma unitaria y autosuficiente que garantizase ganancias para los súbditos ingleses: fueron las Actas de Comercio y Navegación. Las Actas contenían cuatro requisitos fundamentales. Todos los intercambios entre la metrópoli y sus colonias debían hacerse en barcos construidos en las colonias o en Inglaterra pero que, en cualquier caso, perteneciesen a ingleses y fueran capitaneados por oficiales ingleses. Los bienes importados por las colonias, a excepción de la fruta y del vino, debían pasar antes por Inglaterra por lo que estaban sujetos a las tasas británicas de importación. Las colonias tenían la obligación de exportar a Inglaterra determinados productos “enumerados”. En el siglo XVII fueron muy pocos los productos de este tipo: el tabaco, el azúcar y el algodón. Pero a comienzos del siglo XVIII la lista aumentó considerablemente. Se incorporaron el arroz, la melaza, las pieles y los artículos de construcción naval. Las colonias tenían ésta obligación aunque el destino último de sus productos fuesen otros países europeos. La diferencia entre el precio impuesto por la colonia a Inglaterra y el que después ésta le asignaría al venderlo a otra potencia, era la finalidad de esta medida. También se prohibía a las colonias producir ciertos artículos que pudiesen competir con la manufacturas inglesas.
Las Actas de Navegación subordinaban claramente los intereses de las colonias a los de Inglaterra. Pero eso no fue un problema para los colonos americanos de los siglos XVII y primera parte del siglo XVIII. Al promulgarse las Actas de Navegación, las colonias agrícolas tuvieron asegurado el mercado para sus productos. Tenían, además, garantizada la compra de sus cosechas. Las colonias de Nueva Inglaterra vieron crecer su industria naval al permitir Inglaterra que los barcos fuesen construidos en América. Además al excluir las Actas a las marinas de otros países del comercio colonial, Inglaterra tuvo la necesidad de comprar barcos americanos. Durante el siglo XVII y el primer tercio del siglo XVIII los norteamericanos no protestaron por la política económica imperial. Pero sí pensaron que debían velar por sus intereses en la metrópoli. Siguiendo el modelo de Massachusetts, las Trece Colonias establecieron agentes para defender sus intereses en Londres.
El intervencionismo no sólo fue organizativo y económico. También la metrópoli intentó transformar a las colonias controladas por compañías comerciales o propietarios en colonias reales. Poco antes del estallido de la revolución, ocho de las trece colonias se habían convertido en colonias reales: Virginia (1624), Carolina del Norte (1729), Carolina del Sur (1729), New Hampshire (1679), Nueva York (1685), Massachusetts (1690), Nueva Jersey (1702) y Georgia (1750). Existían dos colonias de Constitución: Rhode Island y Connecticut y se mantenían todavía tres colonias de propietario: Maryland, Delaware y Pensilvania. Pero a pesar de sus diferencias todas las colonias terminaron teniendo una organización institucional similar. Un gobernador, un Consejo Asesor, y una Asamblea Legislativa. El gobernador, a excepción de en Rhode Island y Connecticut –las dos colonias de Constitución– que era elegido por las asambleas coloniales, era designado por el rey o por los propietarios. Resultaba inusual, aunque podían hacerlo, que los propietarios gobernasen en sus colonias. Lo habitual era que residiesen en Inglaterra y nombrasen diputados para gobernarlas.
Aunque en teoría los gobernadores tenían un poder inmenso, gobernaban, era jueces supremos y además jefes de las milicias coloniales, en la práctica su poder estaba limitado. Los presupuestos anuales, incluidas muchas veces la partida destinada para su salario, lo decidían las asambleas coloniales.
Era el gobernador el que designaba a los miembros del Consejo Asesor que en realidad ejercía como una Cámara Alta de las Asambleas.
Los miembros de las asambleas eran elegidos por sufragio restringido. Para ser elector, en la mayoría de las colonias, se exigía el requisito de propiedad. Las condiciones para ser elegido eran más restringidas. Además de la condición de propietario, existían requisitos de orden religioso o consistentes en formular determinados juramentos que alejaban a los católicos y a los judíos de las asambleas coloniales. En cualquier caso, los miembros del Consejo y los representantes de las asambleas coloniales eran americanos. Entre sus funciones estaban preparar, discutir y promulgar leyes centradas en los intereses de la colonia siempre en concordancia con las leyes de la metrópoli; fijar la cantidad y la clase de impuestos que los contribuyentes debían pagar; distribuir y discutir, como ya hemos señalado, los salarios de los oficiales públicos incluido el del gobernador; nombrar jueces y también fijar y garantizar sus salarios, elegir a los agentes de la colonia para defender sus intereses frente al parlamento británico, elegir al portavoz de la Asamblea y convocar elecciones periódicas para renovar su composición.
La proximidad de los colonos, eso sí propietarios, a la discusión y resolución de los asuntos americanos fue una de las características de las colonias inglesas. Si bien es verdad que la solución última residía en las instituciones inglesas, el debate, la formulación de los problemas y algunas de las soluciones eran americanas. Mientras en el Imperio español existía una clara lejanía de esos funcionarios reales –que casi nunca fueron “naturales” y rara vez americanos y que en muchos casos llegaron a las colonias con la mentalidad repleta de problemas europeos–, de la compleja realidad americana. Mientras que los nuevos problemas eran reconocidos y resueltos con soluciones nuevas en la América inglesa no ocurría lo mismo en la compleja maquinaría administrativa de la Monarquía Hispánica. Los nuevos problemas americanos tardaban tiempo en ser identificados y siempre se intentaron resolver con soluciones viejas y sobre todo lentas.
De nuevo las diferencias en la organización institucional de los mundos coloniales explican la mayor vitalidad política de las colonias inglesas, y la emergencia de un sentimiento de formar parte de una comunidad con problemas similares. En el proceso de resolución de esos problemas los americanos de las colonias inglesas fueron adquiriendo una conciencia de proximidad que los diferenciaba de los otros mundos coloniales y que fue imprescindible para comprender el surgimiento de una nueva comunidad política: Estados Unidos.
Además en las colonias inglesas existía una vitalidad cultural insospechada en las “fronteras” del Imperio español en América del Norte. Desde la llegada de los primeros colonos puritanos la educación de los niños fue un elemento importante. En las colonias de Nueva Inglaterra siempre que existieran cincuenta casas se abría una escuela primaria. Aunque no siempre se cumplió, la proliferación de escuelas fue una realidad. También se promovió mucho la educación en las colonias intermedias. En Pensilvania, William Penn había promulgado normas para instalar escuelas públicas. En las colonias del Sur los esfuerzos para promover escuelas de este tipo, fueron más difíciles por la mayor dispersión de la población. Muchos plantadores y comerciantes sureños enviaron a sus hijos a Inglaterra o contrataron preceptores particulares.
En 1740 sólo había tres universidades en la América inglesa: Harvard en Massachusetts, William and Mary, en Virginia, y Yale, en Connecticut. A mediados del siglo XVIII, coincidiendo con el “Gran Despertar”, muchas de las diferentes confesiones entonces reformadas abrieron centros de educación superior. Así, los baptistas evangélicos fundaron el College de Rhode Island, actual Universidad de Brown, en 1760; la Iglesia reformada holandesa creó el Queens College, ahora Universidad de Rutgers en Nueva Jersey; Eleazer Wheelock fundó la universidad evangélica de Dartmouth. Los anglicanos rivalizaron por la creación de centros que pudieran educar a las élites para mejor divulgar las diferentes confesiones. En 1750 habían fundado el Kings College de Nueva York, actual Universidad de Columbia y el College de Filadelfia que ahora conocemos como la Universidad de Pennsylvania.
Una muestra de la vitalidad cultural de las Trece Colonias inglesas en América del Norte es la proliferación de periódicos a lo largo del siglo XVIII. Es cierto que la mayoría de ellos se imprimían y distribuían en las ciudades pero muchos llegaban hasta los últimos rincones de las colonias. Boston lideró en ellas la actividad impresora. El Boston NewsLetter se fundó en 1704. En 1720 dos nuevos periódicos vieron la luz en Boston y además surgieron también periódicos en Filadelfia y Nueva York. En 1775, existían más de 38 periódicos en las colonias. La prensa estaba repleta de debates que se desarrollaban utilizando a veces el recurso de las cartas, o de fragmentos de discursos políticos y también de sermones. Además, en los núcleos urbanos, se imprimían almanaques y panfletos.
Los panfletos fueron los más populares. Eran hojas impresas, plegadas de diferentes formas, que normalmente escribía un solo autor. El texto siempre se centraba en un único tema. Y quizá por su sencillez eran muy baratos. Además, los panfletos al no estar cosidos y tener pocas páginas se imprimían de forma más rápida que periódicos, almanaques y libros y llegaban a muchos más lectores.
En las “fronteras” del Imperio español en América del Norte fueron las misiones los mayores centros de educación aunque también existieron escuelas parroquiales. En San Agustín había una escuela vinculada a la parroquia desde su fundación y, desde 1606, también existió un seminario. Se cerró durante unos años y se reabrió en 1736 y, de nuevo, en 1785 tras la recuperación de Florida por España. En Nuevo México, además de las misiones para adoctrinar a la población indígena, había escuelas parroquiales. A pesar de que los reyes desde 1721 ordenaron el establecimiento de escuelas públicas en los pueblos y asentamientos de españoles éstas nunca llegaron a crearse.
En Texas se fundaron misiones y también escuelas parroquiales. Sabemos que en San Fernando de Bexar (San Antonio) los padres de los alumnos pagaban una pequeña cantidad para que el sacristán de una de las parroquias dedicara unas horas a enseñar a los niños a leer y a escribir. En California la labor educativa residió casi exclusivamente en las misiones. Allí los niños indígenas aprendían catecismo normalmente con textos preparados por los misioneros en lengua indígena y además a leer y a escribir en español. También aprendían diferentes oficios. En Luisiana los franceses fundaron colegios religiosos y los españoles los mantuvieron. Existían colegios de ursulinas para niñas y de jesuitas para varones en Nueva Orleáns.
La llegada de la imprenta a los límites del Imperio español fue tardía. Sólo existían imprentas y por lo tanto folletos y publicaciones periódicas en Luisiana y su origen era claramente francés. Tres imprentas existían en Nueva Orleáns durante el periodo de dominación española: la de Denis Braud, la de Antoine Boudousquié y la de Louis Duclot encargadas de publicar todas las comunicaciones oficiales de las autoridades españolas. A partir de que en 1794 se comenzase a publicar el periódico The Moniteur de la Louisiana, los gobernadores españoles utilizaron este nuevo cauce. Este periódico, aunque escrito en francés, también tenía textos oficiales y artículos en español.
Pero el factor que más contribuyó a crear ese sentido de “nosotros” imprescindible para comprender el surgimiento de una nueva nación, Estados Unidos en 1776, fue la participación de los colonos ingleses de forma conjunta en las guerras imperiales, complicadas muchas veces con guerras indígenas.
En 1643 Massachusetts, Plymouth, Connecticut y New Haven crearon una asociación “ofensiva y defensiva, de mutuo asesoramiento y ayuda (…) para lograr la mutua seguridad y el muto bienestar”. Recibió el nombre de Confederación de Nueva Inglaterra. Mientras existió el peligro indígena la Confederación funcionó bien. Se celebraban reuniones, se socorrían unas colonias a otras, se tomaban decisiones conjuntas. Sin embargo, coincidiendo con un debilitamiento de los indígenas de la costa nordeste, la Confederación desapareció. Siempre se ha considerado, sin embargo como un precedente de la futura Confederación de los Estados Unidos de América. También Virginia se reunía periódicamente con las Carolinas cuando surgían amenazas indígenas en sus fronteras.
Más importante que estas alianzas para hacerse fuertes contra los indígenas, fue la participación conjunta de algunas de las colonias en las Guerras Imperiales. Durante los siglos XVII y XVIII estallaron cuatro grandes enfrentamientos que afectaron a las metrópolis y también a sus respectivos imperios coloniales. Estos enfrentamientos se denominaron de forma distinta en Europa y en América. La guerra de la Gran Alianza europea, se llamó la guerra del rey Guillermo (1689-1697); la Guerra de Sucesión española, la denominaron las colonias inglesas la Guerra de la Reina Ana (1702-1713); la Guerra de Sucesión austriaca, fue para América la Guerra del Rey Jorge (1744-1748); y la Guerra de los Siete Años se conoció como la Guerra Franco-India (1756-1763). En estas guerras participaron siempre dos o más colonias involucrándose con dureza los colonos a través de las milicias coloniales. Además, al desarrollarse, en parte, en suelo americano, la población civil se fue impregnando también de un sentido de unidad. Las colonias de Nueva Inglaterra y también la de Nueva York se involucraron en la Guerra del Rey Guillermo. Las mismas colonias y Carolina del Sur participaron activamente en la Guerra de la Reina Ana; también las colonias de Nueva Inglaterra participaron en la Guerra del Rey Jorge. Las tropas para esa guerra se abastecieron desde Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania.
Fue en la guerra franco-india o Guerra de los Siete Años en donde los imperios coloniales se enfrentaron con mayor dureza y todas las colonias se vieron inmersas de una o de otra forma. También en esa guerra muchos colonos, entre ellos George Washington adquirieron la experiencia militar que les posibilitó después luchar en la guerra de Independencia de Estados Unidos.
La guerra enfrentó a las potencias borbónicas y a Inglaterra. La estrategia de Inglaterra en América fue sencilla. Por un lado incrementar su presencia militar. Y por otro involucrar, lo máximo posible, en la guerra, a los habitantes de las Trece Colonias. Así envió a América a un ejército de 25.000 hombres y logró reclutar, aunque pagando salarios, a otros 25.000 residentes en América. La superioridad numérica inglesa obtuvo resultados. Las campañas bélicas inglesas querían cortar la comunicación entre Canadá y el Misisipi escindiendo así el territorio francés en Norteamérica. En 1758, las tropas británicas ocuparon, primero, Fort Frontenac en el lago Ontario y después Fort Duquesne, rebautizado como Fort Pitt al oeste de Pensilvania. Fragmentado en dos el Imperio francés en América, Inglaterra y sus colonias lanzaron un ataque masivo sobre Canadá. Desde la desembocadura del río San Lorenzo, y desde los lagos Ontario y Champlain, los ingleses la inundaron. Tras la derrota del general francés Louis Joseph Montcalm, en las llanuras del monte Abraham, los ingleses conquistaron Quebec. En 1760, Jeffrey Amherst, comandante en jefe del ejército británico, ocupó Montreal. El poderío británico fue superior en las batallas terrestres y además la marina británica obtuvo victorias en la América insular francesa y española. Así los ingleses conquistaron territorios franceses como Guadalupe, en 1759, y Martinica, en 1762, y lograron apoderarse del puerto de La Habana, vital para la defensa española del golfo de México. También en el Pacífico ocuparon el puerto de Manila, en Filipinas. Las potencias borbónicas sufrieron además en sus posesiones europeas. Su aplastante fracaso se plasmó en las duras condiciones de paz.
Así, en la Paz de París de 1763, las potencias borbónicas vieron tambalearse sus intereses americanos. España perdía la posibilidad de explotar, como había hecho desde el siglo XVI, la riqueza pesquera de Terranova, cedía, como única forma de recuperar su querido puerto de La Habana, “a su majestad británica, Florida con el fuerte de San Agustín y la bahía de Penzacola” y veía legalizada la explotación del palo campeche en la costa de Honduras por los comerciantes ingleses. Francia compensó a Inglaterra “con el río y puerto de la Mobila y todo lo que posee o ha debido poseer al lado izquierdo del río Misisipi a excepción de la ciudad de Nueva Orleáns y la isla donde ésta se halla situada, que quedarán a Francia; en inteligencia de que la navegación del río Misisipi será igualmente libre tanto a los vasallos de Gran Bretaña como a los de Francia”, también perdía la isla de cabo Breton frente a Nueva Escocia; además la Monarquía francesa, para resarcir de los desastres de la guerra a su aliada España, entregó a Carlos III, por el Tratado secreto de Fontainebleau de 1762, el territorio de Luisiana, que comprendía, tras la cesión que había hecho a Inglaterra, sólo la cuenca occidental del Misisipi incluyendo el puerto de Nueva Orleáns, en la parte oriental del río. Estas compensaciones, unidas a la entrega del Canadá a los ingleses, ocasionaron que Francia quedase excluida como potencia colonial de Norteamérica y que la línea divisoria entre los territorios hispanos y británicos en América estuviera en el río Misisipi.
Inglaterra y sus colonias se habían alzado triunfantes en las guerras imperiales. Las fronteras de la Monarquía Hispánica se habían alejado de las Trece Colonias inglesas. Además, Inglaterra obtenía otros territorios en América del Norte: Florida y Canadá. Francia dejaba de ser una potencia con intereses coloniales en la Norteamérica. Pero un nuevo problema se aproximaba para la exultante Corona inglesa. Las colonias americanas habían adquirido una clara conciencia de “nosotros”. Una economía boyante, una sociedad sofisticada, una cultura desarrollada y una experiencia militar común, fueron la causa de una reflexión americana propia e independentista.
La cultura revolucionaria
Las razones para comprender la revolución americana son complejas. Por un lado, el siglo XVIII en América fue el siglo del triunfo del pensamiento racional, del amor al saber, de la Ilustración y también de la defensa de valores éticos y emocionales procedentes de una cultura republicana. El republicanismo era común a la cultura política británica y también estaba presente en la revolución francesa, española, y en las guerras de independencia latinoamericanas. Tanto el racionalismo como el republicanismo americano, basado en la sobriedad y el patriotismo se oponían al reforzamiento del sistema imperial emprendido por la metrópoli.
Además, el triunfo británico en la Guerra de los Siete Años, creó también desequilibrios. El coste del Imperio británico había ascendido mucho al incorporar Canadá y Florida, y la deuda de la Corona era inmensa.
Ilustración y republicanismo
De la misma forma que en Europa, el siglo XVIII americano fue un siglo de debates políticos y culturales, de revisión, y de cambios. Los americanos, a pesar de los prejuicios europeos, tenían una cultura similar a la del viejo continente. Las lecturas, los programas universitarios, los intereses eran los mismos para los grupos dirigentes de las dos orillas del océano Atlántico. Es más, en América del Norte se tenía la percepción, desde la fundación de las primeras plantaciones europeas, de ser un continente virgen, un continente sin historia, un lugar apto para la realización de utopías religiosas y políticas que permitieran alumbrar sociedades más justas y sobrias que las desiguales y suntuosas organizaciones sociales generadas por las monarquías europeas.
Sin embargo, desde Europa se percibía a América de forma peyorativa. En las publicaciones periódicas y en los libros de los ilustrados europeos, América aparecía descrita como un mundo joven e inexperto incapaz, todavía, de producir una cultura parecida a la de la Vieja Europa. Y así se percibía América tras la lectura de los escritos del abate Raynal, de William Robertson, de Cornelius de Paw, y hasta del conde de Buffon. “La naturaleza permanece oculta bajo sus antiguas vestiduras y nunca se exhibe con atuendos alegres. Al no ser acariciada ni cultivada por el hombre” –afirmaba el conde de Buffon– “nunca abre sus benéficas entrañas. En tal situación de abandono, todas las cosas languidecen, se corrompen y no llegan a nacer”. Estas afirmaciones ofendían a los ilustrados americanos. Fue Thomas Jefferson el abanderado de la Ilustración norteamericana. No sólo escribió como respuesta a las obras del conde de Buffon y del resto de la ilustración europea sus Notas sobre el estado de Virginia, sino que contrató a un experto militar, el general Sullivan, para liderar una expedición cuya finalidad era la de capturar el mejor ejemplar de alce macho de América. Y efectivamente después de un sinfín de percances nuestro general encontró un buen ejemplar y lo envió con celeridad a Europa. Buffon quedó sorprendido con su regalo pero recibió muchos más. Magníficos castores, faisanes, un águila americana y hasta una piel de pantera le fueron amablemente obsequiados por Jefferson. No sabemos si por terminar con este desfile de ejemplares del reino animal o por verdadera convicción, lo cierto es que Buffon afirmó públicamente que la naturaleza americana era, por lo menos, tan apta para el progreso humano como la europea.
Esta falta de percepción, no sólo británica sino de toda Europa, de las similitudes entre el mundo americano y el europeo estuvo detrás de los desencuentros entre Inglaterra y su mundo colonial en el siglo XVIII.
También esa desigual percepción de los dos mundos ha contribuido a uno de los debates más prolíficos de la historiografía de los países de habla inglesa: el de las influencias teóricas que posibilitaron la revolución americana. Para muchos historiadores y politólogos, la tradición política americana era exclusivamente liberal y además excepcional. Para otros, la cultura revolucionaria había bebido de las mismas fuentes que la cultura política inglesa. Era la misma y por lo tanto tenía influencias de un republicanismo que, presente en Grecia y Roma, había sido enriquecido en las repúblicas italianas renacentistas, también lo habían enarbolado los revolucionarios republicanos ingleses, y lo reelaboraron autores ilustrados, sobre todo, de procedencia escocesa. En la actualidad, la mayoría de los historiadores coinciden al afirmar que la cultura política que posibilitó la revolución estadounidense era una cultura original, rica, y ecléctica.
Las influencias que recibieron los revolucionarios norteamericanos fueron muy diversas y similares a las de la mayor parte de la Ilustración europea. El republicanismo norteamericano bebió de múltiples fuentes. Por un lado, los revolucionarios citaban profusamente a autores del mundo clásico. Filósofos e historiadores griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Herodoto, Tucídides eran nombrados en panfletos, cartas y otros escritos. También los norteamericanos estaban muy familiarizados con autores latinos. La pasión de los revolucionarios por la historia de Roma desde el periodo de las guerras civiles, en el siglo I a.C., hasta el establecimiento, sobre las ruinas de la república, del imperio en el siglo II d.C. era una realidad. Para ellos existía una clara similitud entre su propia historia y la de la “decadencia de Roma”. Las comparaciones entre la corrupción del Imperio romano con las actitudes voluptuosas y corruptas de Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVIII, eran constantes. Los revolucionarios reivindicaban en sus escritos los valores sencillos de las colonias frente a los lujosas y decadentes costumbres de la metrópoli. Autores como Tácito, Salustio o Cicerón, que escribieron cuando los principios de la república romana estaban seriamente amenazados, fueron los favoritos de los Fundadores.
También citaron a menudo a John Locke y a los autores pertenecientes a la Ilustración escocesa y a la francesa. De ellos las obras que más les interesaron fueron las obras históricas por su ejemplaridad. Los textos de William Robertson, tanto su Charles V, como The History of America; las obras históricas de David Hume, sobre todo, su History of England from the Invasion of Julius Caesar to The Revolution in 1688; y la de Edward Gibbon The History of the Decline and Fall of the Roman Empire fueron muy leídas. Su influencia se aprecia en la correspondencia y en los escritos de todos los revolucionarios norteamericanos.
Ese bagaje cultural llevó a que los americanos ilustrados considerasen, a lo largo de todo el siglo XVIII, que existía un conflicto común a todas las organizaciones políticas y sociales: el del enfrentamiento entre la libertad y el poder. Había que buscar un equilibrio. Sólo a través de la virtud cívica se gozaría de la necesaria libertad sin caer en el desorden. En Europa, según los revolucionarios, se optó por la corrupción. Eran Estados que para garantizar el orden habían violentado la necesaria libertad y se abusaba con desmesura del poder. Las monarquías eran desmedidas y desequilibradas. Sólo querían el bien para un pequeño grupo de súbditos que vivía en el lujo y el exceso. Para los norteamericanos que protagonizaron la revolución había que ser virtuoso, que sacrificar el interés individual en aras del bien común. Y el ejercicio de la virtud se alcanzaba ejerciendo una serie de atributos: moderación, prudencia, sobriedad, independencia y autocontrol. Frente a estas virtudes se alzaban la avaricia, el lujo, la corrupción y la desmesura propias, según los revolucionarios, de las decadentes cortes europeas. “Sería fútil intentar describirte este país sobre todo París y Versalles. Los edificios públicos, los jardines, la pintura, la escultura, la música etc., de estas ciudades han llenado muchos volúmenes”, escribía un republicano John Adams a su mujer, Abigail, desde Francia en 1778, “La riqueza, la magnificiencia y el esplendor están por encima de cualquier descripción… ¿Pero qué supone para mi todo esto?, en realidad me proporcionan muy poco placer porque sólo puedo considerarlas como menudencias logradas a través del tiempo y del lujo comparadas con las grandes y difíciles cualidades del corazón humano. No puedo dejar de sospechar que a mayor elegancia menos virtud en cualquier país y época”, concluía afirmándose el futuro segundo presidente de Estados Unidos, John Adams.
Pero si todos, en la época revolucionaria, debían ser austeros y virtuosos, los lugares en donde ejercer la virtud no eran los mismos para los varones que para las mujeres, aunque eran complementarios. Las actividades públicas eran monopolio de los varones. Las mujeres debían sacrificarse y buscar el bien común en sus hogares. “No debo escribirte una palabra de política, porque eres una mujer”, le recordaba John Adams, a su mujer Abigail, desde París en 1779. Las mujeres de las élites revolucionarias aceptaban su cometido. La virtud republicana consistía para ellas en ser buenas madres y esposas. En sacrificar el interés individual para conseguir la tranquilidad de hijos y compañeros y así facilitarles el ejercicio de la virtud cívica. Ellas, las mujeres republicanas, educaban a los futuros patriotas y recordaban el comportamiento virtuoso a sus compañeros. “¡Aclamadlas a todas!, Sexo superior, espejos de la virtud”, proclamaba un poema patriótico reproducido en diferentes periódicos estadounidenses durante los años 1780 y 1781 refiriéndose a las mujeres. Para los revolucionarios norteamericanos sólo la tranquilidad y el equilibrio de un hogar virtuoso permitía la actitud republicana, alejada del interés individual y buscando siempre el bien común, de los líderes revolucionarios. “La virtud pública no puede existir en una nación sin virtud privada”, escribía John Adams parafraseando a Montesquieu.
El refuerzo de la política imperial
Esta generación de ilustrados americanos tampoco podía entender las nuevas actitudes políticas del utilitarismo británico. Efectivamente, los administradores del imperio, tras el ascenso al trono del rey Jorge III en 1760, creían imprescindible un reforzamiento del sistema imperial para hacer frente al incremento del coste producido, como ya señalamos en el capítulo primero, por la Guerra de los Siete años y por los cambios territoriales generados tras los acuerdos de paz.
Sin embargo, los habitantes de las Trece Colonias se consideraban a sí mismos súbditos de su majestad y creían que compartían instituciones y tradiciones jurídicas con su metrópoli. Así, de la misma manera que ningún súbdito de su majestad procedente de las islas Británicas aceptaría gravámenes que no hubieran sido aprobados por el Parlamento donde, de alguna manera, se sentían representados; tampoco los colonos americanos permitirían que se tomasen medidas radicales sin consultar a sus siempre activas e históricas asambleas coloniales.
Cuando el primer ministro británico, lord Grenville, presentó al Parlamento un conjunto de medidas centradas en América, sólo pretendía que el sistema imperial fuera más eficaz y menos costoso para Inglaterra. La primera de las medidas quería organizar la administración de los nuevos territorios adquiridos de Francia y España, pero también afectó a territorios que las Trece Colonias inglesas consideraban como propios. Así la real pragmática del 7 de octubre de 1763 establecía que las nuevas colonias de Canadá y de Florida Oriental, adquiridas por el Imperio británico, tras la debacle de las potencias borbónicas en 1763, serían gobernadas por gobiernos representativos similares a los existentes en las Trece Colonias. Pero, además, afirmaba que los territorios situados al oeste de los Apalaches serían administrados por dos agentes para los asuntos indios nombrados por la Corona. Estos territorios habían formado parte de los límites imprecisos de las potencias borbónicas y también aparecían en las desdibujadas cartas otorgadas por Gran Bretaña a las Trece Colonias inglesas en América del Norte. Estaban habitados por indios, en su mayoría hostiles a la presencia europea, y constituían un objetivo claro del movimiento expansivo de las Trece Colonias. George Grenville quería, con esta medida, reducir los enfrentamientos entre colonos e indígenas y abaratar así los costes imperiales, pero las colonias se sintieron molestas al ver limitadas sus posibilidades de expansión y de autogobierno en territorios que, de alguna manera, consideraban como propios.
La segunda de las medidas del programa trazado por George Grenville fue una ley fiscal. La ley tenía como primer objetivo elevar los ingresos procedentes de las colonias para así poder afrontar el incremento de los gastos imperiales. Gravaba una serie de productos importados por las colonias americanas. También, pretendiendo perfeccionar, según criterios mercantilistas, la relación metrópoli-colonia, imponía tasas a melazas importadas por las Trece Colonias. Esta medida no era nueva. En 1733 se había establecido un impuesto sobre la melaza pero no se aplicaba. Los norteamericanos estaban acostumbrados a violar el pacto colonial a través del comercio ilegal con las islas del Caribe. Pero Grenville quería cobrar los nuevos gravámenes. Para ello la Ley del Azúcar establecía una reforma drástica del servicio de aduanas en las colonias. Elaborando un registro estricto de las salidas y las entradas de los buques en todos los puertos coloniales, incrementando el número de oficiales de aduanas y, sobre todo, endureciendo el procedimiento y las penas de los juicios contra el comercio ilegal, George Grenville pretendía terminar con el contrabando como medida eficaz para racionalizar el sistema colonial. Pero, de nuevo, lo intereses británicos chocaban con las necesidades de las colonias. Las ciudades costeras, encabezadas por Boston, iniciaron una serie de protestas contra la nueva actitud de Jorge III y sus ministros. Sin embargo, Gran Bretaña no estaba dispuesta a ceder. Otra ley, la Ley del Timbre que gravaba todas las transacciones oficiales, era una muestra de la nueva actitud imperial. De nuevo el utilitarismo europeo olvidaba que los norteamericanos eran también ilustrados y buscaban, de acuerdo con el utilitarismo político en boga, su propio interés. Ni Thomas Jefferson, ni Benjamin Franklin, ni otros ilustrados americanos podían aceptar medidas económicas que no beneficiasen a las Trece Colonias y tampoco estaban dispuestos a admitir cambios en los procedimientos históricos.
Los nuevos gravámenes utilizaban un procedimiento de implantación absolutamente novedoso para las Trece colonias. No habían sido establecidos directamente por el monarca y tampoco habían sido discutidos y aprobados en las asambleas coloniales. “Por la propia constitución de las colonias los asuntos en materia de ayuda se trataban con el rey”, escribía Benjamin Franklin desde París en 1778, “el Parlamento no tenía ningún derecho a imponerlos…”, y continuaba Franklin, “que los antiguos establecieron un método regular para obtener ayudas de las colonias y siempre fue éste: la situación la discutía el rey con su Consejo Privado… después pedía a su secretario de Estado que escribiera a los gobernadores quienes las depositaban en sus asambleas coloniales… Pero Grenville ha optado por utilizar la imposición en lugar de la persuasión”.
La Ley del Timbre no fue del agrado las colonias. Ocasionó protestas formales de las asambleas coloniales de Virginia, Nueva York, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts. También provocó la convocatoria de un Congreso extraordinario en Nueva York, en octubre de 1765, –el Congreso de la Ley del Timbre– en el cual treinta y siete delegados, de nueve, de las Trece Colonias, ratificaron una serie de documentos negando al Parlamento británico su capacidad para imponer impuestos a las colonias. Además el Congreso de la Ley del Timbre planteó la organización de boicots a los productos ingleses.
Pero más importantes que las protestas formales y que la negativa a consumir productos ingleses fue el estallido de actos violentos. El 14 de agosto de 1765 una multitud asaltó el despacho y la casa del recaudador del impuesto del Timbre en Massachusetts, Andrew Oliver. Poco después, los motines y los asaltos a funcionarios reales se extendían por todas las colonias. Frente a estas movilizaciones, el Parlamento británico suspendió la Ley del Timbre en marzo de 1766 pero, a su vez, aprobó una disposición afirmando su derecho a imponer tributos a las colonias.
La crisis de la Ley del Timbre significó un punto de inflexión en la relación de las colonias con su metrópoli. La convocatoria de asambleas y mítines, los debates y las algaradas contribuyeron a crear un sentido de unidad entre los colonos norteamericanos. Además, comenzaron a publicarse multitud de reflexiones políticas y constitucionales que también ocasionaron una profundización de la conciencia política de los habitantes de las colonias. Los panfletos, pasquines, almanaques y periódicos se multiplicaron. Y estos textos estaban repletos de términos claramente republicanos como el de corrupción monárquica frente a la sencillez virtuosa del mundo colonial.
Sin embargo, la nueva actitud imperial no se detuvo. La Corona británica mantenía sus necesidades económicas y la certeza de que eran las colonias las que debían afrontar los nuevos gastos imperiales. En 1767, un nuevo Gobierno, liderado por Charles Townshend, defendió en el Parlamento gravámenes que afectaban al té, a la pintura, al papel, y al cristal. Otra vez, las colonias se opusieron tanto a los impuestos como al procedimiento utilizado por la metrópoli. No era el Parlamento británico, según los norteamericanos, el que tenía la capacidad para decidir la imposición de nuevos tributos a las colonias. Los revolucionarios encontraron intolerable que no se consultara a las asambleas coloniales antes de su promulgación y decidieron boicotear los nuevos impuestos. “No he comprado ni bebido té desde las pasadas Navidades, no he adquirido ningún vestido, he aprendido a hacer punto y hago los calcetines de lana americana…”, escribía una ilusionada joven patriota de Filadelfia a su familia. “Las ligas del té” y otras organizaciones lideradas por “los hijos e hijas de la libertad” lograron arrojar del consumo americano no sólo la “pestilente hierba inglesa” sino, también, el lino, la seda, el azúcar, el vino, el papel y el cristal. Si hacemos caso a las estadísticas, en el año 1768 las importaciones inglesas se redujeron, en los puertos de las colonias de Nueva Inglaterra, en dos tercios.
Además del boicot a los productos ingleses proliferaron, otra vez, panfletos y escritos que reflexionaban sobre la nueva política imperial. La mayoría de los articulistas insistían en la defensa de las libertades americanas frente a los envites corruptos británicos. Se repetía así “el modelo de resistencia” que se había originado tras las Leyes de Grenville. Esta nueva oleada de protestas involucró a más norteamericanos. Grupos espontáneos y comités organizados surgían por todas partes intimidando a los representantes de los intereses de la metrópoli.
De todas las colonias, la más radical, en su enfrentamiento con la metrópoli, fue Massachusetts. La situación era tan tensa que cada movimiento de Gran Bretaña ocasionaba una cadena de algaradas y revueltas que iba incrementando en importancia conforme pasaban los años. Como afirma el historiador Gordon S. Wood, en Massachusetts y por lo menos desde el año 1768, uno de los líderes revolucionarios, Samuel Adams, proponía como única solución para las colonias inglesas la independencia. Los sucesos que le llevaron a esa conclusión fueron graves. En febrero, la Asamblea de la colonia de Massachusetts aprobó una circular dirigida a los miembros de las otras asambleas coloniales y redactada por el mismo Adams, denunciando las Leyes de Townshend como inconstitucionales y también urgiendo a las demás colonias para encontrar una manera de “armonizar unas con otras”. El gobernador de la colonia, Francis Bernard, no sólo condenó el documento sino que disolvió la legislatura de Massachusetts. También el recién nombrado secretario de Estado para las Colonias, lord Hillsborough amenazó con clausurar las otras asambleas coloniales si apoyaban la circular. Antes de que la amenaza llegara desde Londres, las asambleas de New Hampshire, Nueva Jersey, y Connecticut habían apoyado a Massachusetts. Virginia fue más lejos al aprobar otra “circular” deseando una “unión fraternal” entre las Trece Colonias y proponiendo una acción común en contra de las medidas inglesas “que pretenden esclavizarnos”. Motines y revueltas estallaron por todas las colonias defendiendo la actuación de las asambleas coloniales. En Boston los rebeldes pidieron a los colonos que se armaran y convocaron una convención de delegados de los diferentes pueblos de la colonia. El ejército británico, preocupado por la situación, pidió un refuerzo de las tropas coloniales. Efectivamente, para lord Hillsborough la situación de Boston era anárquica. Desde octubre de 1768 comenzaron a llegar los integrantes de dos regimientos desde Irlanda. En 1769 había en el pequeño puerto de Boston 4.000 soldados británicos. Los bostonianos eran sólo 15.000. Los enfrentamientos entre las tropas y los habitantes de la ciudad fueron habituales. En marzo de 1770 un grupo de soldados ingleses disparó contra una manifestación de colonos que les insultaba en la Aduana del puerto. Cinco colonos murieron y seis resultaron gravemente heridos. Este hecho se conoció como la Masacre de Boston y fue, quizás, el suceso más importante para la futura retórica revolucionaria.
El deterioro de las relaciones entre Gran Bretaña y sus colonias era una realidad en 1770. Los artículos en los periódicos, las movilizaciones callejeras, las escaramuzas cerca de las aduanas entre soldados y comerciantes estaban a la orden del día y dificultaban la aplicación de las Leyes de Townshend en Norteamérica. En 1770 sólo se habían recaudado 21.000 libras por la aplicación de los nuevos tributos, mientras que las pérdidas ocasionadas por los boicots a los productos ingleses supusieron más de 70.000 libras. No es de extrañar, por lo tanto, que el secretario de Estado para asuntos coloniales británico afirmara que las Leyes de Townshend eran “contrarias a los verdaderos principios del comercio”. A finales de año, el Parlamento británico tomó otra decisión grave. Suspendió los nuevos impuestos salvo los que gravaban al té, y además confirmó su derecho a cobrar tasas sin la intervención de las asambleas coloniales. En 1773, utilizando su autoridad, concedió el monopolio del comercio del té a una compañía británica: La Compañía de las Indias Orientales. De nuevo pretendía ser una medida racional. Por un lado salvaba las finanzas de la Compañía, y por otro la Corona seguía obteniendo beneficios por la venta del té en América pero podía suspender el criticado gravamen sobre su consumo. Era la Compañía la que a cambio de la concesión del monopolio sobre la citada mercancía, debía entregar una cantidad a la Corona. Para sorpresa de Jorge III, esta decisión provocó de nuevo revueltas en las Trece Colonias.
Se había producido una alianza imparable. Los comerciantes americanos, descontentos desde las primeras medidas impositivas británicas, habían sido ahora privados de comerciar con el té y se habían aliado con los Hijos e Hijas de la Libertad, radicales seguidores de Samuel Adams y que, ya en 1773, eran claramente independentistas. Comerciantes y radicales estuvieron detrás de los numerosos motines y revueltas que se sucedieron desde entonces en Norteamérica.
Primero fue en Charleston, donde los colonos se atrevieron a secuestrar y esconder un cargamento localizado en los almacenes de la Compañía de las Indias. En Nueva York y Filadelfia se obligó a los barcos que traían el té a darse la vuelta. En Boston, un grupo de unos cincuenta hombres, liderados por Samuel Adams y pésimamente disfrazados de indios mohawks, abordaron las embarcaciones de la compañía monopolística y arrojaron al mar 45 toneladas de té. Fue otro hecho también importante para la retórica revolucionaria y se conoció como la Reunión de Té de Boston. La medida fue alabada y aplaudida en todas las colonias.
El rey Jorge III y sus ministros decidieron tomar medidas drásticas frente a las algaradas americanas y promulgaron lo que los americanos conocen como las Actas Intolerables. Por ellas quedó cerrado al tráfico el puerto de Boston hasta que los bostonianos repusieran el valor de las 45 toneladas de té que habían arrojado al mar. Además, se introdujo una novedad jurídica que afectaba a los rebeldes: los delitos de los disidentes norteamericanos serían juzgados en Gran Bretaña. La metrópoli podía requisar, si lo consideraba oportuno, edificios de la ciudad para convertirlos en sede de destacamentos militares. Además, las autoridades británicas controlarían directamente las instituciones políticas de la colonia de Massachusetts. La última de las medidas fue la conocida como el Acta de Quebec por la que se extendían las fronteras de Canadá por todo el territorio al norte del Ohio y del oeste de los Alleghenies. Aunque esta medida se estaba contemplando desde tiempo atrás y tenía la doble intención de mejorar el comercio de pieles del nordeste, y, a su vez, lograr que los habitantes católicos de origen francés, que habitaban en Míchigan y en Illinois, se sintieran gobernados por autoridades más afines, en Massachusetts esta nueva medida se comprendió, como todas las demás, es decir como una acción punitiva.
Sin embargo, la dureza imperial no fue contestada con el esperado sometimiento de las colonias. De nuevo surgieron panfletos y se escribieron duros artículos en la prensa colonial mostrando una inmensa simpatía por los bostonianos. Cuando los miembros de la Asamblea de Virginia, reunidos en la Taberna de Raleigh, lanzaron un llamamiento para que se reuniera un congreso para discutir “los intereses comunes de América”, la respuesta fue entusiasta e inmediata.
En todas las colonias menos en la de Georgia, que sólo tenía 24 años y estaba todavía muy próxima a la metrópoli, las asambleas eligieron representantes que integraron el Primer Congreso Continental, celebrado en Filadelfia, a partir del 5 de septiembre de 1774. George Washington, John Adams, John Jay, Samuel Adams, Patrick Henry y John Dickinson formaron parte de los 51 delegados que integraron el Congreso. Además de discutir y promulgar una profunda reflexión sobre los derechos de las colonias y también sobre las ofensas recibidas al reforzarse y alterarse el sistema imperial, en este Primer Congreso Continental se tomaron otras dos medidas importantes para la futura independencia de las colonias. Por un lado los colonos, que todavía no eran en su mayoría independentistas, decidieron elevar una protesta formal contra las últimas medidas económicas impuestas por Gran Bretaña. Por otro, crearon una Asociación Continental para difundir y aplicar, entre los colonos, las resoluciones del Congreso. La primera medida fue organizar un boicot a Gran Bretaña. Las Trece Colonias ni importarían, ni exportarían, ni consumirían productos procedentes del Imperio británico. Fue una decisión muy difícil para todos. Las conclusiones a la que llegaba el Congreso debían aplicarse a través de comités en cada una de las colonias que, en numerosas ocasiones, actuaron con dureza: publicaban los nombres de los comerciantes que violaban el boicot, acusaban de “leales” a los tibios y confiscaban todo el contrabando. Frente al boicot, el Parlamento británico respondió declarando a las colonias inglesas en “estado de rebelión”.
Estalla el conflicto
En Massachusetts, la colonia con más presencia de tropas y funcionarios británicos y más castigada por la metrópoli, los miembros del comité fueron radicales e independentistas. Organizaron revueltas y ataques contra los intereses de Gran Bretaña. Algunos de ellos tuvieron que huir de Boston, temiendo represalias inglesas, y se refugiaron en pequeñas localidades. En Lexington, donde estaban refugiados John Hancock y Samuel Adams, dos de los insurgentes más buscados, se produjo, el 18 de abril de 1775, el primer enfrentamiento violento entre colonos y el ejército británico. Desde Lexington, las tropas se dirigieron a Concord. Allí se enfrentaron duramente con las milicias coloniales. La guerra entre Gran Bretaña y sus colonias había empezado.
El estallido de la violencia hizo necesaria la reunión de un nuevo congreso. El diez de mayo de 1775 se reunió en Filadelfia el Segundo Congreso Continental, al que se incorporaron, entre otros, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson.
La situación era mucho más tensa entre las Trece Colonias y la metrópoli. Tuvieron que decidir numerosos asuntos. En primer lugar, enviaron una misión de paz a Londres. A fin de cuentas los colonos no contaban con un ejército regular y estaban temerosos de enfrentarse al glorioso ejército de Su Majestad Británica. La Petición del Ramo del Olivo fue el último intento norteamericano de lograr una salida negociada al conflicto. Los colonos ofrecían la posibilidad “de una reconciliación feliz y permanente”. Pero cualquier esperanza de reconciliación se rompió al negarse el rey Jorge III a recibir la petición y al recordar, el 23 de agosto de 1775, por el contrario, que las colonias estaban en estado de rebeldía. La actitud del monarca británico encendió la ira de los ahora independentistas.
Thomas Paine (1737-1809), antiguo corsetero inglés, maestro y funcionario real, que había llegado a Estados Unidos a finales de 1774, publicó en 1776 su panfleto el Sentido Común. Era un escrito ardoroso que criticaba la irracionalidad del sistema colonial y que llamaba a la independencia de las colonias. “Yo desafío al más firme defensor de la reconciliación” –afirmaba Paine– “para que me muestre una sola ventaja que este continente pueda cosechar por estar conectado con Gran Bretaña”. El texto tuvo una inmensa acogida entre los colonos americanos logrando, en 1776, 25 reimpresiones. Y Paine no estaba solo. La mayoría de los líderes de la “rebeldía” creía que el momento de la independencia había llegado. “Están avanzando despacio pero seguros”, escribía John Adams a uno de los líderes revolucionarios de Massachusetts, James Warren, el 22 de abril de 1776, “hacia esa gran revolución que tú y yo hemos esperado tanto tiempo”, concluía.
Imposibilitada la negociación y con los ánimos exaltados la guerra se iba tornando revolucionaria. El Congreso Continental decidió elegir al virginiano, veterano en las milicias coloniales, George Washington, como comandante en jefe del nuevo ejército colonial.
Pero el Congreso Continental no sólo debía dirigir la guerra. Se había cortado todo vínculo pacífico con la metrópoli. La organización institucional colonial no servía y había, por lo tanto, que discutir y modelar una organización institucional nueva.
“Puesto que su Majestad Británica, unida a los lores y los comunes de Gran Bretaña, ha arrojado de su protección, por un Acta del Parlamento, a los habitantes de estas Colonias Unidas”, afirmaba una disposición del Congreso Continental el 10 de mayo de 1776, “y puesto que no ha habido respuesta a las peticiones de las colonias de lograr una reconciliación (…) recomendamos a las asambleas y gobiernos de las colonias que se adopten nuevos gobiernos que logren, en opinión de los representantes, conseguir la felicidad y seguridad de sus gobernados en particular y de América en general”. Y así fue. En todas las colonias se crearon gobiernos revolucionarios denominados muchas veces congresos provinciales. En la primavera del año 1776, el Congreso de Carolina del Sur había aprobado una Constitución que rechazaba todo lazo de unión con Gran Bretaña. Otras colonias habían tomado resoluciones semejantes. Carolina del Norte y Rhode Island habían ordenado a sus representantes en el Congreso Continental que apoyaran la independencia. Poco después, el Congreso provincial de Massachusetts exigía al Congreso Continental una declaración formal de independencia.
Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman, Robert Livingston y el joven Thomas Jefferson fueron elegidos por el Congreso Continental como miembros del comité que debía preparar la Declaración. De todos ellos fue Thomas Jefferson el que preparó un borrador. Sabemos que lo escribió de pie, en un atril de un joven albañil llamado Graff y que tardó un par de semanas en redactarlo. Todos consideraron que el texto de Jefferson era preciso y claro pero aún así, buscando un mayor consenso entre las colonias, se alteró más de una cuarta parte. El fragmento suprimido más llamativo fue el que acusaba “al tirano”, al rey Jorge III, de ser responsable del comercio de esclavos. El texto de Jefferson tenía muchas influencias pero las más explícitas fueron las de John Locke y las de su amigo George Mason. Locke había afirmado que el propósito de todo gobierno es el de garantizar la vida, la libertad y la felicidad de los gobernados. Mason en la Declaración de Derechos de Virginia (1775) había escrito que “todos los hombres son por naturaleza iguales, libres e independientes y tienen ciertos derechos inalienables (…) sobre todo el disfrute de la vida y la felicidad con el objetivo de alcanzar y obtener felicidad y seguridad”. La Declaración de Independencia de Estados Unidos contenía las causas que habían llevado a las antiguas colonias a su proceso de independencia y también reflejaba los ideales de la Ilustración. En uno de los párrafos más precisos y claros de la historia de las ideas, Thomas Jefferson afirmaba “que todos los hombres son creados en igualdad y dotados por el creador de ciertos derechos inalienables entre los que se encuentran la vida, la libertad y el derecho a la felicidad. Que para asegurar esos derechos, los hombres crean gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Que cuando quiera que cualquier forma de gobierno se torna destructora de estas finalidades es derecho del pueblo alterarla o abolirla”. Jefferson recalcaba en la Declaración que había sido el rey de Gran Bretaña quién había violado el pacto con sus gobernados al intentar “el establecimiento de una tiranía absoluta sobre estos Estados”. Por lo tanto, Jorge III era “indigno de ser gobernante de un pueblo libre”. Las antiguas colonias se proclamaban, además, “Estados libres e independientes; que se consideran libres de toda unión con Gran Bretaña”.
El texto de Thomas Jefferson fue debatido durante cuatro días en el Congreso Continental y promulgado el 4 de julio de 1776. Había nacido la primera nación soberana en América.
De colonias a repúblicas confederadas
Pero una vez proclamada la independencia, los ahora Estados tenían muchas obligaciones que cumplir. Por un lado debían, una vez destruido el sistema imperial, elaborar un nuevo marco político que ordenase las relaciones políticas, sociales y económicas de la nueva nación. Y además debían ganar la guerra de Independencia al ejército de su majestad británica.
Los debates para elaborar nuevos textos políticos que sustituyeran a las viejas cartas coloniales y que organizasen las nuevas comunidades, fueron de un enorme interés. Las fuentes en donde los Padres Fundadores habían bebido aparecían con claridad. Pero no todas las lecturas tuvieron la misma utilidad. Ni tampoco se utilizaron de forma simultánea. La experiencia y las necesidades concretas invitaban a la selección de uno u otro texto. Como se aprecia en la Declaración de la Independencia los antiguos colonos ya no evocaban la Constitución inglesa, ni las Cartas coloniales, ni a la “tradición inmemorial” de las colonias inglesas, para justificar sus derechos. No podían y no querían hacerlo porque habían roto todo nexo con Gran Bretaña. De todos los politólogos que habían escrito sobre los derechos era John Locke el que interesaba más a las colonias recién independizadas. Si la independencia se justificaba, como había escrito Jefferson, por “las Leyes de la Naturaleza y por el Dios de la Naturaleza”, los derechos de los americanos emanaban desde luego de las mismas fuentes. La experiencia de la ruptura ocasionó, pues, que de todas las reflexiones fuera la de los derechos naturales descrita en Two Treatises of Government la que más influyera. Es verdad que muchos americanos no habían leído los textos de Locke. No era una lectura fácil y mucho menos popular. Pero sí habían oído o leído algunas de las interpretaciones que había hecho de su obra uno de los autores más populares del siglo XVIII en el mundo de habla inglesa. El Robinson Crusoe de Daniel Defoe se había publicado y reeditado muchas veces en Estados Unidos durante el periodo revolucionario.
También la independencia impulsó la aceptación de los principios del republicanismo. Los americanos más cultos leyeron, como ya hemos señalado, a los autores republicanos de la Antigüedad, del Renacimiento o de la oposición británica, directamente, pero otros, como había ocurrido con la obra de Locke, captaron el republicanismo de forma indirecta. Era imposible en la América revolucionaria abstenerse de sus principios. Las obras de teatro, los pasquines, los artículos de prensa, los seudónimos utilizados por los articulistas políticos, las canciones populares, tenían una fuerte carga republicana. Representaciones del Catón de Addison, del Julio César de Shakespeare, de Alejandro el Grande de Nathaniel Lee se estrenaban en los teatros de casi todos los estados. El propio George Washington organizó una representación de Catón para levantar la moral de sus tropas. También los impresores americanos reimprimían artículos, canciones y poemas procedentes de publicaciones periódicas inglesas como The Guardian, The Craftsman, The Spectator y otras con fuertes influencias republicanas.
Esta cultura política diversa, polémica, ecléctica y rica se plasmó en los nuevos textos políticos que organizaban a la nueva nación. Pero la riqueza de las fuentes y las necesidades, que la propia experiencia revolucionaria iba señalando, hicieron que en determinados periodos se eligieran unos autores y en otros se optara por otros. O que las mismas obras políticas tuvieran diferentes lecturas. Pero, en cualquier caso, el peso de la cultura y de la práctica políticas fue esencial en la formulación de un nuevo orden que anticipaba la modernidad política. Por primera vez el hombre se consideró capaz de que la teoría descendiese y articulase la nueva organización institucional. Pero esa percepción de novedad absoluta que tenían los revolucionarios también era equívoca. La revolución no sólo se fundamentaba en determinados textos sino que también partía de la propia experiencia de las colonias en su relación con la vieja metrópoli. El nuevo orden tenía mucho del tradicional.
Todos los ahora estados, salvo Rhode Island y Connecticut, que continuaron con sus liberales cartas coloniales, decidieron redactar y promulgar constituciones escritas. Las constituciones de los Estados fueron elaboradas por asambleas constituyentes o por los congresos provinciales que habían sustituido a las autoridades británicas.
Escribir la Constitución era una gran novedad. La Constitución de Gran Bretaña estaba constituida por leyes y tradiciones no escritas, pero era comprensible que los nuevos estados quisieran redactarlas. Como había afirmado Thomas Jefferson, directamente influido por Locke, “habiendo disuelto” todo lazo de conexión con Jorge III al violentar éste los derechos inherentes a los americanos, era imprescindible “grabar” los derechos. Las constituciones escritas serían barreras reales contra las tiranías. Además era lógico que se les ocurriera. Las colonias habían tenido textos escritos, cartas reales que recogían sus privilegios y derechos.
Todas las constituciones, siguiendo el modelo de la de Virginia redactada por Thomas Jefferson, se abrían con una Declaración de Derechos; y también siguiendo, en este caso, El Espíritu de las Leyes (1748) de Montesquieu, tenían un sistema de separación de poderes y un mecanismo de equilibrios y controles entre ellos, como fórmula creada para evitar el abuso de poder o lo que es lo mismo la violación de los derechos, la tiranía. “La institución que detente el poder legislativo nunca ejercerá el poder ejecutivo y el judicial ni ninguno de ellos; la que detente el poder ejecutivo nunca ejercerá el legislativo y el judicial, ni ninguno de ellos, la que detente el judicial no ejercerá el legislativo y el ejecutivo ni ninguno de ellos”, rezaba la Constitución de Massachusetts. Así en todas las nuevas constituciones, de los ahora estados, el poder legislativo, ejecutivo y judicial recaía siempre y de forma drástica en cuerpos distintos.
Además, los revolucionarios en la mayoría de los nuevos estados debilitaron mucho el poder ejecutivo reforzando el de las legislaturas. Les preocupaba, después de la experiencia monárquica, que el poder recayera en una sola persona. El gobernador era, así, elegido por las legislaturas todos los años en todos los estados menos en tres en que le garantizaban un tiempo mayor de gobierno. Su poder era limitado. No tenía derecho de veto, a excepción de Massachusetts, y podía ser destituido por razones políticas. El poder legislativo, salvo en Pensilvania, Georgia, y más tarde, cuando se convirtió en estado de la Unión, en Vermont, recaía en dos cámaras: una cámara de representantes y un senado, reforzando así el sistema de equilibrios y controles.
Las nuevas constituciones no sólo dibujaron una nueva y revolucionaria organización institucional sino que, también ampliaron los derechos políticos de los americanos. Aún así, en muchos estados se mantuvieron requisitos de propiedad para los electores. Para ser elegido además de éstos se exigieron requisitos de orden religioso o pronunciar determinados juramentos que alejaban a los católicos y a los judíos de los puestos representativos.
Los Trece Estados fueron independientes unos de otros y sólo tenían un embrión de organización política común: el Segundo Congreso Continental. El Congreso, además, tenía escasos poderes y dificultades tanto para organizar y dirigir la guerra como para establecer alianzas diplomáticas, necesarias para ganarla. Los propios congresistas lo sabían y decidieron nombrar un comité presidido por el abogado de Filadelfia, John Dickinson, para estudiar la posibilidad de crear un marco político común. De nuevo la cultura política del XVIII americano entró en debate. “La experiencia debe de ser nuestra guía”, afirmaba Dickinson, en los debates sobre el mejor modelo político que se podía instaurar. Fervoroso del barón de Montesquieu y temeroso, como la mayoría de los revolucionarios al principio de la guerra, del abuso de poder del rey de Inglaterra, Dickinson optó por un modelo político confederal. Consideraba que era la mejor forma de garantizar los derechos enumerados en la Declaración de Independencia. Cuanto más próximo está el poder de los ciudadanos menos peligro existe de reproducir situaciones de abuso de poder como las vividas con el rey Jorge III.
Los Artículos de la Confederación reconocían que en los Estados Confederados de América, como en el resto de las confederaciones conocidas, la soberanía recaía en cada uno de los estados. Y eran ellos, los que a través de sus instituciones, satisfacían las demandas de los ciudadanos. En realidad, en el Congreso de la Confederación sólo se trataban problemas que afectaban a los estados y por ello cada uno de los Trece Estados, sin importar el número de habitantes que tuvieran, tenía la misma representación: un solo voto. Además el Congreso de la Confederación tenía escasos poderes. Dirigir la guerra, concertar tratados de paz, intercambiar delegaciones diplomáticas con otras naciones, regular los asuntos indígenas, resolver las disputas entre los distintos estados, acuñar moneda y organizar y dirigir un servicio postal confederal. No tenía capacidad ni para fijar impuestos y recaudarlos ni para regular las competencias comerciales. Los estados retenían todas las competencias que no se habían traspasado expresamente al Congreso.
El proyecto propuesto por John Dickinson fue aprobado por el Congreso Continental en 1777 pero necesitaba además para su puesta en vigor la ratificación de los estados miembros. Y allí es donde comenzaron a surgir los problemas.
Si bien todos los estados estuvieron de acuerdo en constituirse en una Confederación de estados soberanos, no ocurrió lo mismo con los límites de cada uno de los estados miembros de la Confederación que ahora debían definirse. Todos los jóvenes estados tenían muchas ambiciones territoriales. Las fronteras entre ellos y también las lindes con los imperios coloniales, español e inglés, no estaban bien definidas. Además, estando como estaban en guerra era previsible que se produjeran, de nuevo, cambios territoriales en América del Norte. Nada menos que siete de los Trece Estados reclamaban para sí territorios en el Oeste. Todos preveían, conforme avanzaba la guerra de Independencia, que Gran Bretaña abandonaría los territorios entre los Allegany y el Misisipi; así como los comprendidos entre el oeste de Florida y los Grandes Lagos. Massachusetts, Connecticut, Nueva York, Virginia, las dos Carolinas y Georgia, enarbolando viejos mapas coloniales, reclamaban para sí territorios del Oeste.
Massachusetts pedía todo el territorio al oeste de Nueva York, Connecticut una zona amplia al sur de la frontera de Massachusetts, Virginia exigía casi todo el valle del río Ohio y el Noroeste. Los estados sureños, basándose en sus viejas cartas coloniales, reclamaban las tierras comprendidas entre sus fronteras del Oeste y el Misisipi. Sin embargo las reclamaciones más sorprendentes eran las de Nueva York. No estaban articuladas en torno a las viejas cartas coloniales sino a la cesión de los iroqueses de todas las tierras situadas entre el río Tennessee y los Grandes Lagos.
Tres años tardaron los trece Estados Unidos en llegar a un acuerdo sobre sus fronteras y poder ratificar los Artículos de la Confederación. Sólo en 1781, y tras duras negociaciones, pudieron alcanzarlo. Los siete estados implicados aceptaron renunciar a sus derechos sobre los territorios del Oeste y cedérselos a la Confederación. El acuerdo territorial, además, fue muy importante para el futuro de Estados Unidos. Comenzó una etapa de debates en el Congreso y también de proyectos. En esas discusiones sobre los territorios denominados “del Noroeste”, se plasmó el inmenso interés de la Confederación de Estados Unidos por expandir sus “fronteras” pero también el temor a que el crecimiento territorial, como había ocurrido durante la historia de Roma, pudiera acarrear la corrupción de los valores republicanos. Los territorios sobre los que los diferentes estados habían cedido sus derechos, serían administradas por el propio Congreso de la Confederación, hasta llegar a un acuerdo definitivo sobre su futuro.
Guerra y acuerdos de paz
Fue muy difícil para las antiguas colonias inglesas lograr militarmente su independencia. Desde el mismo momento que, en el Segundo Congreso Continental, George Washington fue nombrado comandante en jefe del ejército americano sabía que la empresa era de una gran envergadura. Transformar a las milicias coloniales en un auténtico ejército, dominar la resistencia interna –muchos colonos y muy capacitados permanecieron fieles a Gran Bretaña–, y contribuir a convencer a las potencias borbónicas para que intervinieran en la guerra, eran sus retos inmediatos.
Durante toda la época colonial el ejército encargado de la defensa de las colonias inglesas era el ejército británico. Los colonos se organizaban en milicias para apoyar las actuaciones del ejército regular pero se sentían, ante todo, granjeros y artesanos. Trascurrido el tiempo necesario para resolver un conflicto concreto siempre regresaban a sus hogares. Cuando el Segundo Congreso Continental decidió transformar a las milicias, que se estaban enfrentando militarmente con el ejército británico, en un ejército regular la situación era desoladora. El Congreso no disponía de material bélico, no tenía municiones y tampoco experiencia militar como para ganar la guerra. Nada más estallar la violencia, en los alrededores de Boston, las milicias de Vermont y de Massachusetts, los Green Mountain Boys, dirigidos por Ethan Allen, lograron apoderarse de la fortaleza de Ticonderoga, en el lago Champlain, obteniendo pólvora y cañones. Fue el armamento inicial del ejército continental. Pero el desorden entre la tropa se mantenía. No sólo los integrantes de las milicias eran voluntarios, sino que las milicias tenían derecho a elegir por votación a sus jefes y oficiales. La indisciplina era habitual. Los distintos grupos de milicias no compartían ni siquiera el uniforme.
Mientras que George Washington viajaba de Filadelfia a Boston para incorporarse a su nuevo destino, el ejército británico se enfrentó a los patriotas americanos en Bunker Hill. La gran cantidad de bajas provocó una reflexión en Washington. Era prioritario reorganizar al nuevo ejército de mar y de tierra norteamericano. En octubre de 1775, el Congreso Continental organizó una armada transformando buques mercantes. Creó también un cuerpo de infantes de Marina.
Sin embargo las medidas militares del Congreso Continental no fueron suficientes para convencer a los colonos indecisos. Al igual que había ocurrido con las colonias inglesas en América del Norte que se habían dividido frente al proceso de independencia de las Trece Colonias atlánticas, muchos colonos no mostraron ninguna simpatía por la independencia.
Al estallar el conflicto armado, las tres colonias inglesas más septentrionales de América –Nueva Escocia, Terranova y Quebec– que estaban menos pobladas, eran menos dinámicas, y habían pertenecido a distintos imperios coloniales, permanecieron fieles a la Corona británica. Tampoco se unieron a la rebelión los plantadores de las Indias Occidentales muy vinculados al mercado británico. De la misma forma, más de una cuarta parte de la población de las Trece Colonias atlánticas permaneció fiel a la Corona británica. Fueron denominados realistas, tories o Amigos del Rey. La mayoría de los realistas compartían la cultura política revolucionaria y se opusieron, enarbolando el concepto de libertad británico, al reforzamiento del sistema imperial. Pero estaban convencidos de que la guerra era peligrosa para las colonias y también de que éstas prosperarían más y de forma más equilibrada dentro del imperio. Sólo se debía revisar el sistema imperial, nunca romperlo. Desde el principio, los revolucionarios exigieron fidelidad a su causa y declararon la lealtad a Jorge III como alta traición. Los castigos para los tories fueron duros y continuos, desde la pena de muerte a la confiscación de bienes y la cárcel. En todas las colonias había realistas pero, sobre todo, en las de Nueva York, Nueva Jersey y en la más joven de Georgia. Es más, Nueva York contribuyó con más hombres al ejército de Jorge III que al de Estados Unidos. En total más de 19.000 colonos de origen europeo se unieron al ejército británico durante la guerra de Independencia articulados en unas cuarenta unidades militares realistas.
Otros pobladores norteamericanos también se unieron al ejército real. Cuando se les dio la oportunidad de elegir, los esclavos del Sur se integraron masivamente en el ejército británico. Durante la guerra más de 50.000 esclavos –un diez por ciento– dejaron las plantaciones, y de ellos unos 20.000 fueron evacuados por el glorioso ejército de Su Majestad británica. Tras la derrota británica, los antiguos esclavos se exiliaron. Unos a Nueva Escocia, otros a Quebec, y otros a Londres. Muchos, sin embargo, formaron parte de una nueva nación integrada por antiguos esclavos británicos: Sierra Leona en la costa occidental africana. También los tories, de origen europeo, se marcharon. Unos 35.000 se instalaron en Nueva Escocia formando allí la provincia de New Brunswick, en la década de 1780. Otros 8.000 se dirigieron a Québec fundando la provincia de Upper Canada, más tarde Ontario. Otros más fueron a las Indias occidentales y también a Florida. Y muchos abandonaron América y se dirigieron a Inglaterra.
Como en todas las guerras civiles existió un gran dolor y una gran división familiar y regional. En la revolución norteamericana se exiliaron treinta de cada mil habitantes, mientras que en otras revoluciones de finales del siglo XVIII o de principios del XIX, como la Revolución francesa sólo se marcharon 5 de cada mil. Además esta marcha produjo muchas divisiones familiares. Los integrantes del ejército británico no pudieron regresar a sus hogares para recoger a sus familias porque les hubiera costado la vida. Nunca existió el perdón para ellos. El hijo de Benjamin Franklin luchó con el ejército británico y después se exilió en Inglaterra. También el cuñado de John Jay tuvo que abandonar a su familia en las colonias al huir primero a Quebec y luego a Londres. Su hijo Peter Munro Jay fue educado por los revolucionarios John Jay y su mujer Sarah Livingston Jay.
Aquellos que apoyaron sin tapujos al Congreso Continental y al nuevo ejército en su guerra contra Inglaterra fueron llamados Patriotas, whigs, e incluso yankees. De ellos sólo unos 18.000 formaron parte del ejército.
Además, muchos europeos se involucraron en esta guerra que suponía una ruptura con el pasado y prometía la llegada de un orden nuevo. El francés marqués de Lafayette, el prusiano Von Steuben, los polacos Pulaski y Kosciusko contribuyeron con su experiencia a la mejora del ejército americano. Pero está contribución personal no era suficiente. Desde el estallido de la guerra los americanos sabían que debían buscar apoyo diplomático y estaban convencidos de que tanto Francia como su aliada en la Guerra de los Siete Años, España, podrían querer resarcirse de la debacle sufrida en la Paz de París de 1763. Y tenían razón. Francia quería frenar el avance político de Gran Bretaña. Y España, sobre todo, deseaba recuperar territorios importantes que había perdido a lo largo del siglo XVIII y que estaban controlados por Gran Bretaña. Gibraltar, Menorca y las Floridas eran sus prioridades. La situación, sin embargo, era muy distinta para las dos potencias borbónicas. En las dos reinaban monarcas de las Casa de Borbón y en las dos se afrontaban reformas ilustradas. Pero mientras que Francia había perdido su imperio colonial en América en la Guerra de los Siete Años, España seguía siendo la gran potencia colonial del continente americano. Una guerra independentista americana era desde luego un pésimo ejemplo para todas las colonias españolas en América. El Congreso Continental entró pronto en contacto con las cortes de París y de Madrid. Arthur Lee, comerciante americano en Francia enseguida inició conversaciones con el secretario de Estado francés el conde de Vergennes. Desde muy pronto Francia y España ayudaron de forma indirecta a los rebeldes norteamericanos. Pero estaban expectantes. Querían asegurarse que las colonias estaban decididas a romper con una metrópoli como Gran Bretaña.
“Tiempos como este ponen a prueba el alma de los hombres”, escribió Thomas Paine sobre el primer año de la guerra de Independencia de Estados Unidos, en su texto La crisis. Y tenía razón. El inicio de la guerra fue desolador para los antiguos colonos. Los ingleses habían reforzado su ejército, con más de 30.000 hombres, y habían trasladado el centro de la contienda desde Massachusetts a Nueva York. George Washington fortificó Brooklyn Heigths pero fue derrotado por sir William Howe en la batalla de Long Island. Tuvo que trasladarse primero a Manhattan, después a Nueva Jersey y más tarde a Pensilvania. Los ingleses, tras este impresionante inicio, pensaron que la guerra concluiría en 1777. Prepararon una ofensiva que creyeron definitiva para aislar a los estados de Nueva Inglaterra de los demás. El general John Burgoyne descendería desde Montreal por el río Hudson; el general St. Leger se dirigiría desde el lago Ontario, también hacia el Hudson, y el general Howe desde la ciudad de Nueva York ascendería, también por el gran río, hacia el norte del Estado. La finalidad era capturar la ciudad de Albany. Si lo lograban quedaría efectivamente aislada Nueva Inglaterra y el ejército británico se dirigiría hacia el Sur y conquistaría el resto de las colonias. Pero la estrategia inglesa fracasó. Las tropas de Leger tuvieron que retroceder de nuevo hacia Canadá por la resistencia del ejército norteamericano. Howe decidió, en lugar de ascender hacia el norte de Nueva York, dirigirse primero hacia Filadelfia y enfrentarse con George Washington. Si bien conquistó casi toda la ciudad, los americanos lograron resistir en Brandywine y en Germantown imposibilitando a los ingleses abandonar la ciudad y dirigirse hacia Albany para ayudar al ejército de Burgoyne. Cuando éste logró llegar a Saratoga, al norte de Albany, fue rodeado y derrotado por fuerzas norteamericanas dirigidas por el general patriota Horatio Gates, el 17 de octubre de 1777. Esta victoria del ejército rebelde fue esencial para el futuro de la guerra. Estaba claro que los británicos habían vuelto a despreciar la capacidad de sus antiguas colonias. Además, por primera vez, las potencias borbónicas vislumbraron no sólo que las colonias estaban resueltas a lograr su independencia sino que además existía una posibilidad de triunfo.
Efectivamente, Francia, nada más conocer la victoria de los estadounidenses en Saratoga, firmó dos tratados con Estados Unidos. Uno de amistad y comercio, y otro de alianza defensiva y cooperación. Ninguna de las partes “dejaría las armas hasta que la independencia de Estados Unidos esté formal o tácitamente asegurada por el tratado o tratados que finalicen la guerra”, rezaba uno de los textos. También se aseguraba que si la guerra estallaba entre Francia y Gran Bretaña, los dos nuevos aliados –Francia y Estados Unidos– lucharían juntos y ninguna de las partes firmaría una paz sin el consentimiento de la otra. Los tratados con Francia llegaron a la sede provisional del Congreso Continental, en York, Pensilvania, el dos de mayo de 1778. Dos días después el Congreso los ratificaba. La firma de los tratados no sólo implicaba que las antiguas colonias pudieran ganar la guerra, sino también algo que, para Estados Unidos, entonces, era más importante. Por primera vez una nación reconocía la soberanía de las antiguas colonias al firmar acuerdos bilaterales. Estados Unidos aparecía ya como una nación en el concierto de naciones. Además, estaba claro que la alianza con Francia traería tarde o temprano la de España. La nueva nación sabía que la política exterior borbónica estaba vinculada por los Pactos de Familia. La primera flota francesa llegaba a Estados Unidos en julio y con ella el primer representante diplomático de Francia en Estados Unidos.
España tardó más en entrar en guerra. El rey Carlos III y sus ministros estaban indecisos. El conde de Aranda era el representante de la corte española en París y desde el principio mantuvo buenas relaciones con los enviados americanos. Pensaba que la independencia de las colonias inglesas era inevitable y que sería bueno para la Monarquía Católica implicarse. Pero el secretario de Estado español, conde de Floridablanca, valoraba otros problemas. Sabía que esta guerra, aunque podría mejorar estratégicamente la situación territorial de España en América, políticamente era un enorme problema. Sin duda, la población criolla de las colonias españolas en América estaba atenta a los sucesos de sus hermanas del Norte. Nada más saber la Corte de Madrid que Francia había dado la mano a los rebeldes y entrado en guerra en América del Norte la diplomacia española no paró de debatir. En 1779 España se decidió. Primero, en abril, el secretario de Estado español firmó con Francia la secreta Convención de Aranjuez. Según el pacto, las dos naciones debían luchar contra Inglaterra y también firmar juntas la futura paz. La restauración de Gibraltar; del río y fuerte de la Mobila; de Penzacola, con toda la costa de la Florida; la expulsión de los ingleses de la bahía de Honduras y la revocación de su derecho a explotar el palo campeche así como la recuperación de Menorca eran las condiciones exigidas por Floridablanca para finalizar la contienda con Gran Bretaña. También si Francia conseguía Terranova, España podría pescar en sus bancos.
España pues entraría en guerra contra Gran Bretaña de la mano de Francia pero no firmaría ningún tratado con las Trece Colonias. Hacerlo significaría reconocer su soberanía y la posibilidad de que unas colonias se transformasen en estados soberanos. A pesar de que el Congreso Continental envió a uno de los revolucionarios más aptos a Madrid para buscar ayuda financiera y especialmente, para conseguir la firma de un tratado que les hiciese más visibles, la Corona española no alteró su estrategia. John Jay y su secretario William Carmichael vivieron difíciles momentos en Madrid. Jay, que había llegado a Cádiz con su mujer, la también revolucionaria Sarah Livingston Jay, en 1779, abandonó su casa de la madrileña calle San Mateo, en 1781, y se marchó a París sin haber logrado su cometido. Se fue ofendido y molesto por la “tibia” actuación española y además confirmó su percepción revolucionaria de que las monarquías europeas, sobre todo, las de los países católicos, reflejaban, con su suntuosidad y falta de claridad, todo aquello que los republicanos debían y querían abandonar. También 1780, otra república independiente, Holanda, declaraba la guerra a Gran Bretaña.
Al entrar Francia y, después España y Holanda en guerra, los británicos revisaron su estrategia militar en América. Al general Howe le sucedió, al principio de 1778, sir Henry Clinton quién decidió trasladar su ejército desde Filadelfia a Nueva York y también comenzó a atosigar a los estados sureños. Clinton conquistó Savannah y Atlanta. También Charleston en Carolina del Sur cayó con rapidez, en mayo de 1780, y en agosto fue derrotado el general Gates por los británicos en la batalla de Camden.
A pesar de que el Sur parecía caer bajo control británico, la presencia francesa y española amenazaba a los ingleses. A partir de 1781, los americanos comenzaron a ganar batallas a los ingleses en el Sur. El general Cornwallis decidió trasladar a su ejército cerca de la costa de Virginia buscando el apoyo de la Armada británica. Pero Cornwallis fue atosigado por el general Washington y por más de 7.000 soldados americanos y franceses liderados por el general Rochambau. También arribó a las costas virginianas un ejército, de más de 3.000 hombres, que, liderado por el marqués de Lafayette, impidió la retirada de los británicos. A su vez, desde las Indias occidentales, la flota francesa capitaneada por el almirante De Grasse tocó tierra impidiendo que la Armada británica se acercase a las costas para ayudar a Cornwallis. Atrapado entre la flota francesa y el ejército franco-estadounidense, el general Cornwallis se rindió el día 19 de octubre de 1781.
También los españoles habían logrado parte de sus objetivos. En agosto y septiembre de 1779, Bernardo de Gálvez y su ejército cruzaron el Misisipi y derrotaron a las tropas británicas en los fuertes de Manchac, Baton Rouge y Natchez en la orilla oriental del río. Después dirigió los pasos de sus hombres a los dos puertos de la Florida occidental: Mobila y Penzacola. En enero de 1780, con apoyos procedentes de La Habana, dirigió las fuerzas navales y terrestres sobre el fuerte Charlotte, en Mobila, logrando su rendición el 12 de marzo de 1780. Además con siete mil hombres procedentes de Cuba, Nueva Orleáns y Mobila, Bernardo de Gálvez, conquistó Penzacola en marzo de 1781. Las hazañas del joven Gálvez causaron emoción en la Corte de Madrid y también en el ejército norteamericano. España había logrado arrebatar Florida a los ingleses.
Desde finales de 1781 los norteamericanos estaban convencidos de que habían ganado la guerra y querían concluirla cuanto antes. Sin embargo, la Monarquía Hispánica quería continuar. Todavía no había logrado Gibraltar que era uno de los objetivos marcados en su decisión de entrar en guerra. Además, como España y Francia habían firmado el tratado de Aranjuez que obligaba a las dos naciones a continuar la guerra hasta que todos los territorios perdidos por España en el XVIII se recuperaran, la guerra proseguía. Esta situación disgustó a Estados Unidos. Creían que los objetivos que le habían llevado a la guerra con su metrópoli estaban ya cumplidos. Sólo querían su independencia y el reconocimiento de la misma primero por Gran Bretaña y después por el concierto de naciones.
La guerra, además había resultado mucho más difícil y costosa de lo que Gran Bretaña esperaba. A pesar de la clara superioridad de su ejército y, sobre todo, de su Armada, tenía claras desventajas. La enorme distancia de la metrópoli, la gran extensión que debía controlar con una población hostil y lo agreste del territorio, suponían dificultades imposibles de solventar para la antigua metrópoli. Y Estados Unidos lo sabía.
En 1782 Benjamin Franklin, John Adams, y John Jay, recién concluida su mala experiencia española, se encontraban en París dispuestos a negociar los tratados de paz. Tenían además instrucciones estrictas del Congreso Continental. No debían firmar ninguna paz separada con Gran Bretaña y además debían actuar de acuerdo con su aliada Francia. Pero estos revolucionarios eran críticos con las cortes europeas y para ellos el continuar la guerra en América del Norte por conseguir intereses coloniales españoles era una clara muestra de la corrupción contra la que habían luchado. Ignorando sus instrucciones iniciaron conversaciones secretas con Gran Bretaña firmando las dos naciones, en septiembre de 1782, los acuerdos preliminares de paz. Gran Bretaña reconocía y garantizaba la independencia de Estados Unidos y se fijaban las fronteras de la nueva nación. Por el norte Estados Unidos alcanzarían el paralelo 45 y los Grandes Lagos, por el Oeste la frontera sería el Misisipi, por el sur el paralelo 31, y por el Este el océano Atlántico incluyendo todas las islas comprendidas en veinte leguas. Además se garantizaban derechos ilimitados de pesca en las costas de Terranova y del golfo de San Lorenzo; también reconocía sorprendentemente, teniendo en cuenta que tanto Luisiana como Florida eran ahora españolas, la libre navegación por el Misisipi tanto para Gran Bretaña como para Estados Unidos. Las deudas contraídas con prestamistas británicos y americanos debían pagarse; también se introdujo una recomendación del congreso de que se restaurarían las confiscaciones de bienes de los realistas, y por último, los acuerdos establecían que las tropas británicas abandonarían el suelo de Estados Unidos.
Estaba claro que Gran Bretaña había perdido la guerra militar contra sus colonias pero estaba dispuesta a seguir siendo una gran fuerza política. Con los Artículos preliminares tanto Gran Bretaña como Estados Unidos salían fortalecidos. Éste tendría la excusa para luchar por esas amplias fronteras que sólo su antigua metrópoli le reconocía y además insistiría en la libre navegación del Misisipi aunque las riberas fueran españolas. Gran Bretaña sabía que estaba debilitando a las potencias borbónicas. Había señalado fronteras a la nueva nación en suelo que no le pertenecía y también se había atribuido derechos cuanto menos cuestionables. La semilla de futuros enfrentamientos entre la joven república y los viejos imperios estaba sembrada.
El 30 de junio de 1783 Francia y España firmaban los tratados provisionales de paz con Gran Bretaña. En la Paz de París Gran Bretaña reconocía la independencia de Estados Unidos; Francia recuperaba Tobago, Santa Lucía y Senegal, y España recuperaba Menorca y Florida aunque, como hemos señalado, no logró recuperar Gibraltar.
Francia y España, desde luego, habían vengado la humillación sufrida frente a Gran Bretaña en el Tratado de París de 1763. Y las antiguas colonias ya eran para su metrópoli y también para el resto de las naciones una Confederación de Estados Soberanos.
La práctica política
Estados Unidos había logrado su independencia pero los problemas no tardaron en surgir. La Confederación de los Estados Unidos no tenía los poderes suficientes para enfrentarse a los serias dificultades debidas al tránsito de colonias a nación soberana. Las potencias imperiales en América, España y Gran Bretaña lo sabían e hicieron todo lo posible para desestabilizar a la nueva nación. También dentro de la Confederación de los Estados Unidos de América se produjeron altercados. La violenta quiebra del pacto colonial suponía que el mercado para sus productos ya no estaba garantizado. Los desajustes económicos ocasionaron revueltas que la Confederación fue incapaz de sofocar. El periodo que abarca desde 1783 hasta 1789 fue uno de los pocos momentos en los que la Nación estadounidense no pudo crecer. Fue el periodo más crítico de su historia.
Dificultades de la Confederación: el periodo crítico
Los inicios de la nueva nación no fueron fáciles. Los Trece Estados Unidos acababan de librar una guerra internacional pero también una guerra civil. Y el dolor y la desolación estaban presentes. Además iniciaban una andadura nueva que nunca antes se había experimentado. La de unas antiguas colonias transformadas en nación soberana sustentada en principios republicanos.
Las primeras medidas de los Trece Estados prometían cambios profundos en la sociedad americana. La existencia de realistas en las clases acaudaladas así como la ruptura con la Iglesia anglicana, que había sido muy fuerte en el Sur, ocasionaron confiscaciones de bienes y un profundo debate sobre la propiedad en los distintos estados de la joven república. Así en Virginia, siguiendo las ideas de Thomas Jefferson en sus Notas sobre el estado de Virginia, algunos derechos tradicionales, como el de primogenitura y el de la posibilidad de vinculación de bienes, fueron abolidos desde el año 1776. Las grandes propiedades se fragmentaron al heredar, no sólo el primogénito, sino todos los hijos. En muchos casos, además, estas propiedades se vendieron. El modelo virginiano fue imitado por otros estados como Georgia, Maryland y Carolina del Sur. También la confiscación de las grandes propiedades de los realistas puso tierras en el mercado que habían sido fraccionadas por los estados en lotes de un tamaño que permitía la explotación familiar. Las tierras de la familia Penn, en Pensilvania, y las de los herederos de los Baltimore, en Maryland, salieron a la venta tras su incautación. Además se produjeron muchas otras confiscaciones en Virginia y Nueva York.
La relación entre las distintas iglesias y los ahora ciudadanos norteamericanos se alteró. En el Sur, la Iglesia anglicana había sido muy fuerte y era lógico que tras la independencia se produjeran cambios. Por un lado, siendo su cabeza visible el rey de Inglaterra, era una profunda contradicción para los nuevos estados reconocer esta jefatura religiosa. Por otro, además, la cultura política republicana se oponía a las estrechas relaciones entre Iglesia y Estado y también a los privilegios de un credo frente a los otros. Entre 1784 y 1789, en una serie de reuniones, la Iglesia anglicana de Estados Unidos se organizó en la Iglesia episcopal protestante de América. Se adoptó una Constitución y en el Libro de la plegaria común se suprimió toda referencia a Gran Bretaña y al rey de Inglaterra. Además, los presbiterianos norteamericanos rompieron con Escocia. Entre 1785 y 1786, la Iglesia presbiteriana de los Estados Unidos se dotó de nuevas normas. Este proceso de nacionalización de los credos no sólo afectó a las iglesias controladas desde Gran Bretaña. También se nacionalizó la práctica de los seguidores de la Iglesia reformada holandesa y de distintas comunidades reformadas vinculadas a Alemania. Existió, a su vez, una dura pugna entre los escasos católicos norteamericanos. En Estados Unidos existían veinticuatro sacerdotes católicos romanos asentados en Pensilvania y en Maryland y dependientes de la diócesis de Londres que negociaron directamente con Roma. El papa Pío VI les permitió crear un obispado con sede en Baltimore.
Estas rupturas y, sobre todo, este proceso de creación de nación en todos los ámbitos, permitió suprimir privilegios que, la Iglesia anglicana había mantenido en algunos estados. Así la Constitución de Carolina del Sur decretó la libertad religiosa, en 1778, concluyendo con todas las prerrogativas anglicanas. En Virginia, Thomas Jefferson introdujo, lo que para él fue uno de los grandes logros de su vida: el Estatuto de la Libertad religiosa, aunque las legislaturas virginianas no lo pusieron en vigor hasta 1785. Sin embargo en tres de los estados de Nueva Inglaterra: Massachusetts, Connecticut y New Hampshire los privilegios de los congregacionistas permanecieron hasta el primer tercio del siglo XIX. Las distintas congregaciones puritanas se habían comprometido profundamente con el proceso de independencia. Existieron pastores, como el reverendo Thomas Allen, que dirigieron acciones militares seguidos de gran parte de sus feligreses en los primeros años de la guerra y se vinculó, de nuevo, a la fe puritana con el igualitarismo revolucionario. Nadie alzó la voz en contra de los privilegios congregacionistas. En las colonias intermedias y también en Rhode Island la libertad religiosa y la falta de privilegios era un hecho antes de la revolución.
Pero no sólo se rompieron vínculos religiosos y culturales. Pasar de ser colonias a estados independientes supuso una quiebra del comercio y de la producción de materias primas y de manufacturas norteamericanas. Mientras fueron colonias inglesas, los granjeros y también los artesanos tenían un mercado seguro para sus productos. La independencia y la dificultad para firmar tratados con las otras potencias europeas entorpecían la vida económica americana. Los norteamericanos no tenían garantizado el mercado para sus productos. Además, se había producido un gran desequilibrio monetario. Al concluir la guerra, el papel moneda emitido por el Congreso –llamado dinero continental– había perdido tanto valor que ya no circulaba. Lo mismo había ocurrido con el papel moneda que emitían cada uno de los estados de la Confederación. La existencia de deudas contraídas durante la guerra y también en los primeros años de posguerra, ocasionó un incremento en los impuestos de los distintos estados. Las innumerables protestas se iniciaron porque la mayoría de los ahora ciudadanos no podía afrontar, con la incertidumbre económica, esta presión impositiva. En muchos estados se exigió la emisión de papel moneda y las consecuencias fueron graves. En Rhode Island se acuñó papel moneda y a pesar de la depreciación se obligó a los acreedores a aceptarlo. La mayoría huyó del Estado para evitar la medida. En Massachusetts se acataron otras normas. No se emitió papel moneda pero se elevó mucho la presión fiscal y además los impuestos se debían pagar en moneda, algo casi imposible para la mayoría de los granjeros del estado. Los que no podían pagar perdían sus granjas y podían terminar en la cárcel por deudas. Existía un profundo malestar y una inmensa tensión en los estados.
En el otoño de 1786 muchos granjeros se unieron al veterano de guerra Daniel Shays. En total 1.200 hombres se dirigieron al arsenal federal de Springfield. Poco después la rebelión fue sofocada por las milicias de Massachusetts pero este conato de revolución, conocida como la Rebelión de Shays, preocupó mucho al congreso de la Confederación que se sentía inerme y sin competencias para hacer frente a este incremento de las revueltas y del descontento que inundaba Estados Unidos.
Pero todavía la situación podía empeorar en Estados Unidos. Las dificultades internas fueron aprovechadas en las acciones indirectas iniciadas por las naciones europeas. Tanto Inglaterra como España atosigaron a la Confederación, que casi no tenía competencias, con la finalidad de conseguir satisfacer sus intereses territoriales y comerciales. Las estrategias de las dos naciones fueron similares. Buscar alianzas con las naciones indias de la frontera de Estados Unidos –en el caso de Inglaterra, la frontera norte y en el de España, la occidental– para evitar el avance de los colonos norteamericanos; y aprovechar los distintos intereses de los estados miembros de la Confederación para sembrar conflictos entre ellos y debilitar así la política común. La única diferencia entre la política británica y la española es que España quería cerrar un tratado con los Estados Unidos para limar las diferencias. Por lo tanto, mientras el primer representante diplomático español en Estados Unidos, el comerciante bilbaíno Diego Gardoqui negociaba con John Jay, nombrado secretario de Estado por la Confederación, el contenido de un posible tratado, España presionaba a través de acciones indirectas controladas por sus autoridades coloniales en Luisiana y las Floridas. Además, el tratado que España proponía, también sembraba la discordia entre los estados de la Confederación. La Monarquía Hispánica defendía la firma de un tratado comercial ventajoso pero que era bueno sólo para algunos de los estados. Lo que España ofrecía a Estados Unidos era, por un lado, un tratado comercial, que entusiasmaba a los estados mercantiles y artesanales del Norte; pero mantenía su negativa a libre navegación del Misisipi, que era una vieja reivindicación y también una auténtica necesidad para los territorios del Oeste. Estaba claro que los debates iban a ser intensos entre el Norte y el Oeste en el seno de la Confederación. Esta situación se agravó con la firma, por parte de España, de tratados con los indígenas como forma de crear una barrera entre lo que España entendía eran sus fronteras, una vez recuperada Florida, y Estados Unidos. Muchos asentamientos del Oeste, sobre todo en la región de Kentucky y de Tennessee, comenzaron a considerar que la Confederación no podía defender sus auténticos intereses y que le faltaba voluntad política al estar más atenta a los intereses de los Estados históricos.
También Gran Bretaña hacía peligrar la nueva Confederación de Estados. Tras la independencia prohibió a Estados Unidos comerciar con sus posesiones de las Indias occidentales, y se negó a iniciar conversaciones para firmar un tratado comercial con sus antiguas colonias. Además, siguió ocupando fuertes, a lo largo de la frontera de Canadá, en territorio que los Artículos preliminares de paz habían señalado como de Estados Unidos. Desde allí también firmó, como había hecho España, tratados con los indígenas, en este caso, del valle septentrional del Ohio, para frenar la expansión de los colonos estadounidenses. Los ingleses además defendían su postura. Estados Unidos no había cumplido con su promesa de devolver las propiedades confiscadas a los realistas norteamericanos.
Los graves problemas internos y la dura política del imperio británico y español causó el surgimiento de un movimiento fuerte en Estados Unidos para revisar el contenido de los Artículos de la Confederación. En ese frágil equilibrio entre derechos y libertades individuales y poder, para muchos estadounidenses había llegado el momento de abrir un proceso de reflexión y potenciar el poder de las instituciones comunes a los estados.
La Constitución de Estados Unidos
El primer conato para impulsar acciones comunes a los estados se produjo en el Congreso de Alexandria, en Virginia, en 1785. Acudieron delegados de Maryland y de Virginia y lo hicieron para arbitrar soluciones estables a problemas entre los dos estados. La falta de atribuciones y también la debilidad del Congreso de la Confederación les llevó a reflexionar de forma bilateral. Así intentaron arbitrar soluciones para un antiguo conflicto comercial y para mejorar la navegabilidad del río Potomac. El éxito del encuentro impulsó a los delegados de Virginia a proponer la celebración de nuevos encuentros para solucionar los problemas de la Confederación invitando a representantes de todos los estados. Sin embargo tampoco acudieron muchos representantes a la segunda de estas reuniones. A Annapolis, en 1786, sólo llegaron representantes de cinco de los ocho estados que habían nombrado delegados para este nuevo encuentro. Pero fue suficiente. Entre los representantes estaban James Madison y Alexander Hamilton, partidarios de una reflexión profunda sobre el funcionamiento del nuevo sistema político estadounidense. Ellos propusieron la celebración de un nuevo encuentro en Filadelfia con un único cometido: revisar los Artículos de la Confederación.
A la Convención de Filadelfia acudieron 55 representantes de doce estados porque Rhode Island, temerosa de otorgar más poder a las instituciones comunes a los estados, se negó a participar.
La mayoría de los Padres Fundadores coincidieron en la voluntad de reorganizar y, sobre todo, reforzar el poder común a los estados. Pero procedían de un sistema confederal y todavía sólo se sentían representantes de sus estados y no de la toda la nación americana. Las propias normas de funcionamiento interno de la Convención –un único voto para cada una de las delegaciones de los doce estados sin importar su tamaño– recordaban que estaban en una Confederación de Estados. Además, los miembros de la Convención de Filadelfia temían ese reforzamiento del poder común a los estados porque les preocupaba la violación de los derechos fundamentales que tanto había costado conseguir. Pero es verdad que los grandes defensores de los derechos y libertades individuales estaban ausentes. Unos como John Adams o Thomas Jefferson porque estaban representando a Estados Unidos en Europa y otros grandes patriotas, como Samuel Adams o Patrick Henry Lee, porque no fueron elegidos por sus estados en esos tiempos de revueltas y problemas.
Más de la mitad de los Padres Fundadores habían estudiado derecho en los Colleges norteamericanos en una época en la que sólo una brillante minoría acudía a la universidad. Además, de ellos, tres eran profesores y unos doce habían enseñado alguna vez. Muchos habían practicado derecho en los tribunales de la antigua metrópoli. Pertenecían, pues, en su mayoría a los grupos más solventes de las antiguas colonias. La cultura política de los firmantes de la Constitución era similar a la de aquellos que habían suscrito la Confederación. Es más, 29 de los 55 representantes habían formado parte del Congreso de la Confederación y el resto eran miembros de las distintas legislaturas de los Estados. Si bien los miembros de la Convención de Filadelfia tenían mucho prestigio –“es una asamblea de semidioses”–, escribía Thomas Jefferson a John Adams, en 1787, el que más consenso ocasionó fue el antiguo comandante en jefe del Ejército Confederal: George Washington. Por ello fue designado presidente de la Convención.
Todos los participantes en la asamblea coincidieron en una misma preocupación. No parecía que los Artículos de la Confederación fueran capaces de garantizar la tranquilidad y el orden imprescindibles, según ellos, para asegurar tanto la libertad como la propiedad. Como señala Forrest McDonald en Novus Ordo Seclorum. The Intellectual Origins of the Constitution, la mayoría de los constituyentes buscaban, además, la grandeza y la fama de la joven nación. Defensores de la superioridad de la cultura política republicana frente a la monarquía europea pensaban que esta no era un impedimento para crear una nación poderosa, llamada a la gloria.
La mayoría de los miembros de la Convención de Filadelfia había reflexionado mucho durante el “periodo crítico” sobre la condición humana. Influidos por los trabajos de David Hume y por la experiencia de los primeros años de la independencia estaban convencidos de que los hombres cuando detentaban el poder se movían, en primer lugar, por sus intereses particulares, por sus pasiones. Partiendo de esa premisa, el debate debía versar en cómo reconducir esas pasiones, esos intereses particulares, para lograr el bien de toda la comunidad. El diseño del nuevo sistema político debía tener esa única finalidad: reconducir las temidas pasiones y buscar el bien común.
Aunque casi todos los Padres Fundadores estaban de acuerdo en que la única manera de salvar a la república sumida en enfrentamientos “particulares” y alejada, en los primeros años de su historia, de la consecución del bien, era reformar profundamente el sistema político, todavía prevalecían diferencias entre ellos. Fue en los debates para dirimir los conflictos entre unos y otros cuando emergió un sentido nuevo para un vocablo viejo. El término Confederación, en donde la soberanía residía en cada uno de los estados, se estaba transformando. Surgía así la idea de Federación. En las Federaciones la soberanía se compartía entre el Estado nacional y cada uno de los estados. El poder se fragmentaba, se multiplicaba y para muchos se diluía. Si las mayorías eran facciosas, es decir, si se unían para lograr su propio interés, nunca lograrían ocupar todas las esferas de poder. La virtud –la búsqueda del bien común por encima del interés particular– con el nuevo diseño político podría sobrevivir.
Pero tendrían que decidir que poderes recaían en el nuevo Estado federal y cuales permanecían en cada uno de los estados. Así, los Padres Fundadores fueron señalando en sus debates qué competencias serían nacionales y cuales permanecerían en cada uno de los estados. También fue importante reflexionar sobre uno de los asuntos más espinosos en la época revolucionaria: el de la representación. Los habitantes de los grandes estados, con mayor número de ciudadanos, respaldaban un plan que les beneficiaba: el Plan de Virginia. Lo propuso el gobernador virginiano Edmund Randolph como primer borrador que debía discutir la Convención de Filadelfia. El Plan no era una mera corrección de los Estatutos, sino que suponía la creación de un nuevo modelo de Estado. Los dos puntos básicos del Plan eran: conceder amplios poderes a las instituciones comunes a los estados –un ejecutivo, un legislativo bicameral y unos tribunales– y buscar un sistema de elección de representantes en la legislatura nacional proporcional al número de habitantes. Los pequeños estados, con pocos residentes, no podían aceptar un sistema electoral proporcional porque, lógicamente, estarían peor representados y sus intereses no podrían ser defendidos en términos de igualdad. De ahí que propusieran como alternativa el Plan de Nueva Jersey, diseñado por William Paterson, cuya única pretensión era la reforma de los Estatutos de la Confederación. Según esta propuesta, se mantendría el viejo congreso unicameral en donde cada estado estaba representado por un voto. La situación era difícil pero el acuerdo se alcanzó, tras un mes de debates, con la aceptación de un plan de compromiso presentado por Roger Sherman, delegado de Connecticut. El nuevo texto mantenía un congreso bicameral –con un Senado y una Cámara de Representantes–; la Cámara Baja se elegiría por un sistema proporcional al numero de habitantes a razón de un miembro por cada 40.000 residentes, y el Senado estaría integrado por dos senadores por cada estado, elegidos por las legislaturas estatales. El Senado sería, por tanto, la Cámara que defendería los intereses de los estados y la Cámara de Representantes los de los ciudadanos.
De todas formas, los grandes y los pequeños estados también se enfrentaron por otras causas. Acordar las competencias de la nueva organización estatal, y las que iban a mantener cada uno de los estados no era fácil. De nuevo, los estados de menor tamaño estaban preocupados por tener unas instituciones centrales con mucho poder que anularan sus particularismos. Y aunque la idea del federalismo les tranquilizaba necesitaban insistir en que cada uno de los estados debía conservar su singularidad. El temor al desorden y al caos, que se había vivido durante la Confederación, fue la razón de que el nuevo texto otorgara bastantes competencias al Estado Nacional. Podía imponer impuestos, dirigir las relaciones exteriores, regular el comercio nacional e internacional y crear una armada y un ejército de tierra nacionales. Además, la sección 10 del artículo 1 de la Constitución recogía prohibiciones específicas a los estados miembros de la Unión: “Ningún estado podrá celebrar tratados, alianzas, o confederaciones, conceder patentes de corso y de represalia; acuñar moneda, emitir billetes de crédito, autorizar el pago de deudas en otras monedas…”. Pero aún así muchas competencias permanecían en cada uno de los estados. Y sobre todo atribuciones que permitían mantener sus diferencias. Las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía política y la organización de las elecciones; la educación; las leyes que regulaban el matrimonio y el divorcio; la ordenación del tráfico interestatal y la legislación que afecta a la seguridad y a la moral de los ciudadanos continuaron siendo competencia exclusiva de los estados.
Algunas de las competencias las debían compartir las instituciones federales y estatales. Así los ciudadanos americanos están sometidos a la fiscalidad federal y estatal; también puede el Estado federal y cada uno de los estados incautar su propiedad para beneficio público; las dos instancias pueden emitir deuda pública; existen tribunales estatales y federales y el bienestar general es competencia de los estados y también del Estado federal.
Pero no sólo David Hume influyó en los Padres Fundadores. Si habían logrado distribuir competencias entre el Estado federal y cada uno de los estados, también sería bueno establecer, siguiendo el modelo de Montesquieu, sobre todo de su Espíritu de las Leyes (1748), un reparto de las distintas atribuciones federales en distintos poderes que con competencias equilibradas se vigilasen y controlasen. La fragmentación del poder, de nuevo, era el camino para consolidar el diseño político que impidiera el triunfo de pasiones e intereses particulares. Los constituyentes americanos además del legislativo bicameral, crearon un ejecutivo y un poder judicial fuertes e independientes. La propia organización del borrador del texto constitucional dice mucho de las intenciones de los Padres Fundadores. Así la Constitución se abre con la definición del poder legislativo. Y era normal. La percepción que las antiguas colonias tenían de sus asambleas coloniales era la de instituciones donde los colonos y sus necesidades habían estado siempre representados. El legislativo no era un poder temido ni temible. Fueron los gobernadores, el ejecutivo, los que en la mayor parte de las ocasiones permanecieron fieles al “tirano real”. Además procediendo de una Confederación en donde la única institución común a los estados era el congreso, era lógico comenzar el borrador constitucional por él. Así el poder legislativo recaía en un Congreso bicameral. La Cámara de representantes estaba integrada por un número de representantes proporcional al número de ciudadanos que eran elegidos cada dos años. El Senado tenía dos senadores por estado que debían permanecer en el cargo seis años aunque cada dos, coincidiendo con la renovación completa de la Cámara baja, se renovaría un tercio del Senado. Las competencias del Congreso son múltiples. Imponer y recaudar impuestos para “pagar las deudas y garantizar la Defensa…”; regular el comercio interestatal e internacional; establecer las condiciones de naturalización; acuñar moneda y fijar pesos y medidas comunes a Estados Unidos; establecer un sistema de correo postal; configurar tribunales de justicia inferiores al Tribunal supremo; castigar el contrabando y la piratería; declarar la guerra; y “promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles… y asegurar a los autores e inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos e inventos”.
La novedad más sorprendente del borrador constitucional fue la figura en la que recaía el poder ejecutivo: el presidente. Una de las mayores dificultades fue establecer su mecanismo de elección. La intención de los constituyentes era la de establecer un método que le permitiera ejercer sus funciones alejado de las presiones de las Cámaras tanto nacionales como estatales, pero también –no olvidemos que estamos en el siglo XVIII– de las del “peligroso” voto popular. Fue James Wilson el que propuso la intervención del Colegio Electoral. El presidente no sería elegido ni por las legislaturas ni directamente por el voto popular. Cada uno de los Estados, de acuerdo con su propia legislación, nombraría un número de electores igual al número de senadores y de representantes que tuviera en la legislatura nacional. Y eran estos electores los que debían elegir al presidente.
El presidente, además de la posibilidad de reelección, gozaba de amplios poderes. Contaba con el derecho de veto; podía nombrar a los funcionarios federales y concertar tratados internacionales aunque eso sí con la ratificación del Senado. Era, además, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Los miembros del Tribunal Supremo, máximo tribunal de justicia, serían designados por el presidente, aunque también era precisa la ratificación del Senado. Ocuparían su cargo de forma vitalicia. El Tribunal Supremo actúa como tribunal de primera instancia cuando una de las partes es un estado miembro de la Unión o cuando lo es algún embajador o alto funcionario. En todos los demás casos el Tribunal Supremo es el máximo tribunal de apelación. Aunque la Constitución no lo establece, también actúa como tribunal constitucional. Fue en 1803, siendo presidente del tribunal John Marshall, en el caso Marbury vs. Madison, cuando el propio tribunal estableció “que un acto legislativo contrario a la Constitución no es una ley”, y fue más lejos al proclamar que “es función del poder judicial determinar lo que es una ley”.
La Constitución también establecía un procedimiento de reforma. Pero de nuevo estaban temerosos de los grupos movidos por su propio interés y no por el bien común. Por ello establecieron un sistema dual de revisión. El Congreso, con una mayoría de dos tercios en cada una de las Cámaras, puede iniciar el proceso de enmienda. También pueden iniciar el proceso las legislaturas de dos terceras partes de los Estados miembros de la Unión. En ambos casos la enmienda propuesta necesita la aprobación de tres cuartas partes de los estados de la Unión.
La Convención de Filadelfia aprobó, sin ningún entusiasmo, el texto de la Constitución más antigua que aún sigue en vigor en 1787. De los 55 delegados sólo 39 votaron a favor. Trece habían regresado a sus casas antes de la votación y tres se abstuvieron.
Pero sólo se había iniciado el camino. El propio texto constitucional establecía que para que la nueva Constitución entrase en vigor necesitaba la aprobación de nueve, de los Trece Estados. Y no fue fácil de conseguir.
Federalistas y antifederalistas
Cuando en el mes de septiembre de 1787, la Convención hizo públicas sus decisiones, la sorpresa inundó a todos los habitantes de Estados Unidos. Los delegados no sólo no habían corregido los Estatutos de la Confederación sino que habían creado un sistema federal con amplios poderes para las instituciones nacionales y con un serio recorte del poder del que había gozado cada uno de los estados desde la independencia. Muchos ciudadanos se movilizaron. Consideraron que en la pugna entre el poder y las libertades, los Padres Fundadores optaron claramente por el primero. Este grupo de opositores a la ratificación de la Constitución federal son los antifederalistas. La batalla, sin embargo, iba a ser encarnizada y muchas veces no sólo verbal.
Aunque existieron diferencias entre los antifederalistas todos compartieron un claro temor a que el incremento del poder común a los estados, reflejado en el texto constitucional, hiciera peligrar la actividad ciudadana. Los antifederalistas tenían objetivos claros y concretos. Luchaban por la existencia de una política activa y abierta. La concepción antifederalista de la política estaba muy poco interesada en la organización institucional y, en cambio, defendía la existencia de un discurso público activo, reclamaba sobre todo libertad de expresión y de prensa y también libertad de asociación. Consideraban que era mejor la política a escala local, en donde tanto el juicio por jurados como la existencia de milicias ciudadanas, garantizaban la defensa de las virtudes cívicas.
La ampliación de los poderes conferidos a las instituciones comunes a los estados, ahora divididos en tres ramas, suponía para muchos antifederalistas que los antiguos Trece Estados se habían transformado en uno, lo que para ellos significaba el fin de la república. “Dejarnos inquirir, como al principio, si sería mejor o peor que los Trece Estados se redujeran a una sola e inmensa república”, se preguntaba el juez neoyorquino Robert Yates, siempre bajo el seudónimo de Brutus, en el primero de sus dieciséis artículos publicados en The New York Journal criticando duramente a la nueva Constitución. “Si respetamos la opinión de los hombres más grandes y sabios que han reflexionado y escrito sobre la ciencia política, una república libre nunca podrá sobrevivir en una nación tan inmensamente extensa”, concluía. Por supuesto eran, de nuevo, las afirmaciones de Montesquieu las que citaba Brutus. “La historia no nos enseña ni un solo ejemplo de una república tan inmensa como Estados Unidos. Las repúblicas griegas eran de pequeña extensión y también lo fue la república romana. Las dos extendieron sus conquistas sobre grandes territorios y como consecuencia sus gobiernos pasaron de ser gobiernos libres a convertirse en los más tiránicos de la historia de la humanidad”, concluía su artículo el juez Robert Yates. De forma muy parecida se expresaron también el gobernador de Nueva York, George Clinton, que creemos se escondía bajo el seudónimo de Cato y Richard Henry Lee junto a Melancton Smith, que firmaban bajo el seudónimo de The Federal Farmer. “Fue la gran extensión de la república romana lo que posibilitó la existencia de un Sila, de un Marco, un Calígula y un Nerón”, afirmaba The Farmer. Por lo tanto para los antifederalistas lo que acontecía en 1787 en Estados Unidos se asemejaba a lo que había ocurrido al final de la república romana. Desaparecerían así los valores republicanos y se impondría la corrupción y las facciones.
Desde el inicio de la aparición en la prensa neoyorquina de los artículos antifederalistas se inició la movilización de los defensores de la Constitución. Alexander Hamilton, uno de los constituyentes, se convirtió también en uno de los líderes a favor de la ratificación en el Estado de Nueva York. Puso todo su empeño en conseguir que su estado apoyase el nuevo texto constitucional. Buscó el apoyo de expertos políticos encontrándolo en James Madison y en John Jay. Entre los tres escribieron un total de 85 artículos, publicados en diferentes periódicos de Nueva York, siempre bajo el seudónimo común de Publius. Alexander Hamilton fue el más trabajador. Escribió 51 artículos. James Madison redactó 29 y John Jay, el mayor y el que entonces tenía más prestigio, sólo escribió cinco. James Madison y Alexander Hamilton fueron coautores de los tres artículos restantes.
El primer interés de los autores de The Federalist fue el de desmantelar la dura crítica antifederalista de que las lecciones de la historia siempre habían enseñado que las repúblicas extensas se transformaban en regímenes tiránicos. Desde luego para lograrlo no podían acudir al barón de Montesquieu. Primero fue Madison quien, a lo largo de sus artículos, fue definiendo lo que era el federalismo. A diferencia de lo que había ocurrido en la Confederación, en la nueva Federación los estados retenían una “soberanía residual” en aquellos asuntos que no requerían una preocupación nacional. Además los federalistas insistieron en ejemplos históricos, sobre todo de la antigua Grecia, en donde las confederaciones siempre fueron destruidas. Mejor pues un sistema Federal que lograría crear un estado fuerte y poderoso. Madison, en el número 9 de The Federalist, recordaba, además, que el tamaño de cualquiera de los Trece Estados de la Unión ya era muy superior de por sí al tamaño de las repúblicas clásicas y renacentistas. “Cuando Montesquieu recomienda una reducida extensión para las repúblicas, los supuestos que tenía en mente eran de dimensiones muy inferiores a los límites de cualquiera de estos estados. Ni Virginia, Massachusetts, Pensilvania, Nueva York, Carolina del Norte o Georgia pueden compararse en modo alguno con los modelos en los que basó su razonamiento y a los que aplica su descripción”, afirmaba Publius.
Pero la argumentación más elaborada y más importante para resignificar Federación la incluyó Madison en el número 10 de The Federalist. Si Montesquieu había influido en los antifederalistas, es la obra de David Hume la que mejor se aprecia en todos los escritos de James Madison. Buscando, de nuevo, la difícil solución al conflicto entre libertad y poder, James Madison articuló la defensa de la necesidad, no sólo de crear la Federación de Estados Unidos sino de seguir vinculando territorios a la misma, como única forma de conservar la virtud cívica. Siguiendo estrechamente la tesis de David Hume, Madison consideró que uno de los mayores peligros de las repúblicas pequeñas es, como ya habían señalado muchos de sus compañeros revolucionarios, el surgimiento de las facciones. “Por una facción entiendo un número de ciudadanos (…) que están unidos y actúan movidos por una pasión común o, lo que es lo mismo, por un interés adverso a los derechos de otros ciudadanos o a los intereses comunes y permanentes de la comunidad”, escribía James Madison.
Afirmando, como creían la mayoría de los Padres Fundadores, que las pasiones son inherentes a la naturaleza humana la única forma de contenerlas era ideando un sistema que controlase sus efectos. Si las facciones eran minoritarias, podrían contenerse por el ejercicio del derecho al sufragio, dentro de un sistema democrático, pero si las facciones, como a veces ocurría, eran mayoritarias, se debía articular un sistema para evitar su triunfo y por lo tanto la aniquilación del bien común.
A diferencia de la pura democracia –que Madison definía como aquella sociedad integrada por un pequeño número de ciudadanos que participaban directamente, a través de asambleas, en la administración de la res publica– la república era aquella “en la cual el esquema de la representación tiene lugar”. El hecho de que en la república se delegue el poder en “un cuerpo elegido de ciudadanos cuya sabiduría permite discernir mejor el verdadero interés de la nación”, era una de las razones que hacia deseable “engrandecer el territorio”. Cuanto mayor fuese la república, afirmaba James Madison, cada representante sería elegido por un mayor número de ciudadanos por lo que “sería más difícil que los candidatos deshonestos practicaran con éxito “las artes viciadas” de la política”. Además, aumentar la extensión del territorio de Estados Unidos posibilitaría la concurrencia de “una mayor variedad de partidos y de intereses”, siendo menos probable el triunfo de las facciones o grupos movidos por una pasión común. Para Madison, la diversidad, y posteriormente la fragmentación del poder propuesta por el sistema federal entre las instituciones federales y las de los diferentes estados, impedirían el triunfo de las temidas facciones que tanto harían peligrar la estabilidad de la nación. “En el gran tamaño y en la correcta estructura de la Unión (…) encontramos un remedio republicano para las enfermedades con más incidencia en los gobiernos republicanos”, concluía James Madison.
El debate fue encarnecido. No sólo fue un teórico. Muchas veces la violencia inundó las calles. Y los federalistas debieron prometer pequeños cambios. Así a exigencia de Massachusetts y Maryland se comprometieron con incluir una Declaración de Derechos como primeras enmiendas de la Constitución.
Al producirse la ratificación de la Constitución federal, en 1789, las posiciones federalistas que vinculaban el crecimiento territorial con la virtud cívica y, por lo tanto, con la estabilidad política eran ya una realidad. Estaba claro que para Estados Unidos, que buscaba como joven nación republicana gloria y poder, su frontera debía y podía ser una frontera movible y expansiva.
La sociedad republicana
Si bien Estados Unidos había ratificado la Constitución y estaba transformándose de una Confederación de estados en una Federación, todavía existía incertidumbre sobre el funcionamiento de este nuevo modelo de Estado. Los primeros valores del republicanismo habían sido corregidos. El orden, la tranquilidad, la seguridad nacional y la grandeza de la república eran, tras la ratificación de la Constitución, valores prioritarios de la joven nación. Pero todavía había que trazar el camino hacía su consecución.
El surgimiento de los partidos políticos
La Constitución de 1789 no preveía la existencia de partidos políticos. Cuando fue redactada no existían y por ello no fueron nombrados. Es más, en los debates federalistas se advertía un temor al agrupamiento. Se identificaba con facción, con la defensa de intereses particulares no siempre legítimos y el propio diseño político, plasmado en la Constitución, intentaba diluir, fraccionar estos agrupamientos. Sin embargo la práctica política y los acontecimientos históricos vividos por la nación americana le llevaron por derroteros diferentes a los previstos por los Fundadores.
La elección unánime del antiguo comandante en jefe del Ejército Continental y del presidente de la Convención Constituyente, el virginiano George Washington, como primer presidente de Estados Unidos, en 1789, no fue contestada. Convencido defensor de las instituciones comunes a los estados y también de la tranquilidad, el orden y la seguridad como único vehículo a la prosperidad de la nación, su sola presencia tranquilizaba a los ciudadanos norteamericanos del siglo XVIII. Washington fue un arduo defensor del consenso y un luchador infatigable contra la existencia de los partidos políticos que él identificaba, como buen republicano, con las temidas “facciones”. Todavía en su discurso de despedida, en 1797, recordaba a sus numerosos seguidores “el pernicioso efecto del espíritu de partido en general”.
Su deseo de consenso, de paz, y de tranquilidad le llevó, no sólo a criticar a los partidos políticos sino también a reforzar todavía más las instituciones comunes a los estados. Además, al ser el primer presidente de Estados Unidos, Washington llenó de contenido, un cargo que, hasta entonces, sólo había sido imaginado en los debates de la Convención de Filadelfia. Washington concibió la presidencia como un cargo importante y distanció la figura del presidente del ciudadano común. Para muchos el ceremonial impuesto por el nuevo presidente se alejaba del republicanismo. Es verdad que no existían precedentes históricos de la figura de presidente y que debían crearla pero algunos de sus conciudadanos consideraron excesiva la pretensión de los seguidores de Washington de llamarle “Su Majestad electa”. Si se impuso la fórmula de “señor presidente” no fue por la simplicidad y llaneza del nuevo jefe del ejecutivo.
También fue durante su mandato cuando se aprobó en el Congreso la creación de una ciudad que fuera sede de las instituciones federales. Su diseño, encargado a Charles L’Enfant, ciudadano francés que había crecido en Versalles, plasma bien las ambiciones de la presidencia del federalista George Washington. Si todavía en la actualidad cuando recorremos las calles de la capital federal de Estados Unidos nos impresiona la ciudad, a finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, su grandiosidad no dejaba de asombrar a todos. El hecho de pensar en una ciudad ex novo, además de ser un signo de la modernidad de los Padres Fundadores, facilitó el poder plasmar en ella los ideales federalistas. La ciudad de Washington refleja el sistema de separación de poderes en su propio diseño. El Congreso, sede del legislativo, está separado de la Casa Blanca, residencia del ejecutivo, por una amplia avenida, la avenida de Pennsylvania, de tal manera que un edificio siempre vislumbra, siempre vigila al otro. También el lugar elegido para ser sede del poder judicial, detrás del Congreso, refleja su lugar en la mente de los Fundadores. De hecho el poder judicial de Estados Unidos sólo fue ganando importancia con el tiempo. Pero si el sistema de separación de poderes está claro y se refleja de manera obvia para todos, lo que es sorprendente es la grandeza “imperial” con que la ciudad federal fue concebida. Recordemos, que en la época de la independencia, Estados Unidos estaba situado en una pequeña franja del norte atlántico del continente americano y sólo habitaban, en la joven nación, tres millones y medio de habitantes. Pero eran ciudadanos orgullosos que tenían la certeza de las bondades de su sistema político y social. Con un espíritu claramente republicano defendían la superioridad de la nueva nación y su futuro glorioso frente a la decadencia de las monarquías europeas. “Ningún pueblo puede estar destinado a reconocer y adorar la Mano Invisible que dirige los asuntos de los hombres más que el de Estados Unidos. Cada paso que ellos han avanzado para ser una nación independiente parece haberse distinguido por alguna señal de la intervención de la Providencia;” –afirmaba George Washington en su primer Discurso Inaugural como presidente en 1789– “y en la importante revolución que acaba de culminar en el sistema de su gobierno unido, las deliberaciones pacíficas y los acuerdos voluntarios… no se puede comparar con los medios por los que muchos gobiernos se han establecido”, concluía.
Pero no todo fue como lo deseaba George Washington. La práctica política llevó al surgimiento del primer sistema de partidos de Estados Unidos. George Washington consideró que era imprescindible para el buen funcionamiento del ejecutivo la creación de Secretarias para que se encargasen de temas específicos. Así creó una Secretaría de Estado, ocupada por el experto diplomático Thomas Jefferson, arrancado de su querida embajada parisina; una Secretaría del Tesoro, desempeñada por el ardiente federalista Alexander Hamilton y una de guerra, que ejerció el antiguo jefe de artillería y secretario de Guerra durante la Confederación, Henry Knox. También funcionó la figura del procurador general ocupada por el virginiano Edmund Randolph. Los secretarios los designó el presidente y sólo fueron responsables ante él. A la unión de sus Secretarios y de su procurador general lo denominó Gabinete. Desde entonces, los presidentes de Estados Unidos, siempre han contado con un gabinete presidencial, conformado por hombres y mujeres de su confianza, designados por ellos, al margen de los partidos políticos y del Congreso. Sólo en 1907 el gabinete fue oficialmente reconocido por la ley.
Fue también durante la presidencia de George Washington cuando se organizó el poder judicial de Estados Unidos. Era, según la Constitución de 1789, el Congreso quien debía organizar y crear los tribunales federales inferiores, elaborar procedimientos, y reflexionar sobre la relación entre la jurisdicción federal y la de los estados. En 1789 se promulgó la Ley Judicial de Estados Unidos. En ella se organizaba el Tribunal Supremo, integrado por un magistrado presidente y cinco jueces, y se señalaban sus relaciones con otros tribunales. Así se creaban trece tribunales de distrito, con un único juez federal y tres Tribunales Intermedios integrados por los jueces de distrito de la jurisdicción del Tribunal Intermedio, y los jueces del Tribunal Supremo.
La puesta en marcha de estas nuevas instituciones políticas ocasionó el surgimiento de los partidos políticos. Washington se inclinó por personalidades fuertes y bien definidas para encabezar sus Secretarias. Los miembros de su gabinete estaban bien elegidos pero su personalidad y su diferente manera de concebir a la nación, hizo que surgieran enfrentamientos que cuajaron en la formulación de verdaderos programas políticos antagónicos. Las dos posiciones, la del secretario de Estado Thomas Jefferson y la del secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, pronto contaron con multitud de seguidores.
Alexander Hamilton (1755-1804) fue un hombre hecho a sí mismo. Había nacido en Nevis, en las Antillas Menores, en 1755, y llegó con trece años al estado de Nueva York. Tertuliano en la casa del revolucionario neoyorquino y primer gobernador de Nueva Jersey, William Livingston, coincidió allí con otros revolucionarios, entre ellos con John Jay. Su buen hacer social y también sus aptitudes le posibilitaron la entrada en el King’s College neoyorquino, actual Universidad de Columbia, y también su matrimonio con Elizabeth Schuyler, hija de uno de los mayores propietarios del valle del Hudson, Philip Schuyler.
Desde muy pronto, Alexander defendió un reforzamiento de las instituciones comunes a los estados, y como ya hemos señalado, fue el instigador y autor de muchos de los artículos de The Federalist. Como tal defendía valores nacionales: prosperidad, seguridad, orden y justicia. Si la nación se consolidaba y permanecía tranquila y próspera, los ciudadanos tendrían lo necesario para la consecución de la felicidad.
Su paso por la Secretaría del Tesoro fue brillante. No sólo logró poner fin al caos de las finanzas norteamericanas, sino que creó el Banco Nacional de Estados Unidos. Efectivamente Alexander Hamilton se tomó muy en serio su nombramiento como secretario del Tesoro. Organizó su secretaría de forma eficaz y utilizó muchos más recursos que las otras secretarías ideadas por Washington. Desde allí pudo exponer, de forma clara y visible, sus preocupaciones relacionadas con el caos hacendístico que había heredado Estados Unidos del periodo bélico y de los años liderados por el Congreso de la Confederación. En su Informe sobre la deuda pública, Hamilton defendía la necesidad de nacionalizar, ordenar y afrontar la deuda como único camino para la credibilidad de Estados Unidos. Su proyecto, a pesar de la oposición generada, fue llevado a cabo en 1790. También creó un año después el Banco Nacional de Estados Unidos siguiendo el modelo del Banco Nacional de Inglaterra para lograr así un equilibrio fiscal. Además impuso aranceles aduaneros moderados para impulsar las incipientes manufacturas americanas. Estas medidas, que potenciaban el sentido de nación, fueron contestadas por el secretario de Estado, Thomas Jefferson, y por sus seguidores.
El virginiano Thomas Jefferson (1743-1826), futuro tercer presidente de Estados Unidos, fue uno de los mejores representantes de la Ilustración americana. Sus intereses fueron múltiples como se refleja en su vida y en su obra. Arquitectura y urbanismo, política, ciencias naturales, agricultura, historia, arte y educación son sólo una muestra de su inmensa curiosidad. No sólo tuvo una vida política destacada. Desde 1794 y hasta 1815 fue presidente electo de la American Philosophical Society, lo que le produjo una inmensa satisfacción. Además fundó y diseñó la Universidad de Virginia, y planificó sus estudios.
Jefferson fue al virginiano College de William and Mary y demostró su inmensa capacidad para la reflexión política muy pronto. Siendo uno de los miembros más jóvenes de la Asamblea de Virginia publicó, en 1774, su A Summary View of Rights of British America, ardorosa defensa de los derechos de las colonias, lo que le confirió un inmenso prestigio. Por ello fue elegido por el Congreso Continental como miembro del comité que debía redactar la Declaración de Independencia en donde resumía bien su concepción de los derechos individuales. Esa concepción política no le abandonó. Consideraba que lo que contribuiría a la prosperidad de las repúblicas era la existencia de ciudadanos con derechos y responsabilidades. Ciudadanos virtuosos que no debían corromperse con el acceso a las grandes propiedades o empresas. Temía a las desigualdades económicas. La igualdad política pasaba por un sistema económico y social sin grandes desequilibrios. Soñaba con una república de propietarios agrícolas, gobernada por instituciones sencillas y equilibradas, con una autoridad central limitada, y con una garantía plena del ejercicio de los derechos civiles de los ciudadanos. Le preocupaba mucho la visión federalista de Hamilton por la insistencia en la fortaleza del poder común a los estados, por la defensa de la imposición de aranceles y por el deseo de fundar un Banco Nacional. Todo el proyecto de Hamilton rompía, según Thomas Jefferson, con la idea de equilibrio y frugalidad.
Sin embargo también Jefferson creía en la necesidad de expansión de la república. Era, para él, tan superior el sistema político republicano que había que propagarlo. Además, el Oeste daría estabilidad a la nación. No es casualidad que su magnífica casa de Monticello en Virginia la diseñase en la ladera de una colina mirando hacia el Oeste.
Pero si bien casi toda la política de Alexander Hamilton fue contestada por Thomas Jefferson, el enfrentamiento se produjo por diferentes visiones de lo que debía ser la política exterior de la república.
El estallido de la Revolución francesa y la emergencia del terror hizo reflexionar a muchos norteamericanos. Vinculados estrechamente a Francia, por los Tratados de Amistad y Comercio, desde la guerra de Independencia de Estados Unidos, la violencia revolucionaria dividió a la opinión pública norteamericana. La declaración de guerra de la Francia revolucionaria a España y a Gran Bretaña en 1793 avivó el debate. Estados Unidos debía pronunciarse públicamente. La república americana comerciaba con las potencias enfrentadas y los corsarios estadounidenses aprovechaban la contienda para comerciar ilegalmente con las Antillas británicas y francesas. Francia e Inglaterra se defendían. Perseguían y apresaban a los barcos americanos por contrabando y a veces, sobre todo Inglaterra, obligaba a las tripulaciones apresadas a servir a la Corona británica en barcos ingleses. También Inglaterra seguía manteniendo una presencia militar en los fuertes del noroeste de Estados Unidos sin reconocer la soberanía norteamericana en esos territorios “cedidos” en los Artículos Preliminares de Paz de 1782.
Thomas Jefferson y muchos de sus seguidores, conocidos ya como republicanos, criticaban duramente a la antigua metrópoli. Recordaban los agravios sufridos en la época colonial y además consideraban que Inglaterra, junto a la Monarquía Católica, había contribuido a desestabilizar a Estados Unidos durante el Periodo Crítico. Y mostraron su abierta simpatía por la Francia revolucionaria. No sólo por agradecimiento a su participación en la guerra sino por la comunión de ideales.
Alexander Hamilton y sus seguidores se sentían muy críticos con Francia. El desorden revolucionario, la violencia callejera, el uso de la guillotina y el radicalismo político horrorizaban a los federalistas.
La llegada a Estados Unidos, en 1793, del representante diplomático elegido por la Francia revolucionaria, el ciudadano Edmond Charles Genet, empeoró la situación. Recibido, nada más llegar, por Jefferson y por los republicanos su labor fue pronto criticada. Convencido de que su objetivo diplomático era el de hacer cumplir a Estados Unidos los compromisos establecidos por los tratados de 1778, Genet intentó organizar partidas de ciudadanos que invadieran Luisiana y la Florida española. También quería “recuperar” Canadá. Además Genet organizó clubs jacobinos que propagaban ideas revolucionarias frente al comedido gobierno de Washington. Genet fue cada vez más criticado por todos y se pidió a Francia su recusación. Destituido como diplomático decidió, sin embargo, permanecer en Estados Unidos como ciudadano.
Las actividades del ciudadano Genet fueron un regalo para los federalistas. Utilizando, por primera vez, a la opinión pública, Genet y sus simpatizantes americanos fueron ridiculizados y condenados. Y fue un duro golpe para los republicanos que le habían apoyado.
Más difícil todavía fue el desarrollo de la propia Revolución francesa. La ejecución del rey Luis XVI en 1793 fue recibida con estupor por la mayoría de los norteamericanos. Las primeras noticias llegaron a Estados Unidos a finales de marzo y la prensa expresó, casi con unanimidad, perplejidad y condena. Fue una dura prueba para todos aquellos republicanos que con tanto ahínco defendían la Revolución de su hermana Francia.
A pesar del duro debate entre federalistas y republicanos, el presidente Washington optó por la neutralidad en la guerra entre Inglaterra y España por un lado y la Francia revolucionaria por otro. En 1793 el presidente promulgó la Proclamación de Neutralidad que fue bien recibida por federalistas y también por los republicanos. Ante todo, los norteamericanos querían la paz. Y además el enorme prestigio de Washington les hacía estar tranquilos con la decisión.
Sin embargo se produjo un claro acercamiento hacia la antigua metrópoli a partir de la firma de un tratado entre Gran Bretaña y Estados Unidos. En 1794, John Jay, el antiguo representante de Estados Unidos en Madrid, negociador de los tratados de paz de 1783, y entonces presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, negociaba en Londres un tratado que intentaba solucionar las tensiones causadas por las capturas inglesas de barcos norteamericanos y por las restricciones del comercio entre Estados Unidos y las Antillas inglesas durante la guerra entre Francia e Inglaterra. También Estados Unidos quería que el ejército británico abandonara los fuertes del oeste de Estados Unidos que todavía ocupaba. Para muchos historiadores norteamericanos Jay no fue un gran negociador. En el Tratado Jay, como se conoce el tratado de 1794, Gran Bretaña evacuó los fuertes del Oeste, pagó también indemnizaciones a los barcos mercantes norteamericanos paralizados en el Atlántico por la Armada británica, pero no abrió de forma libre el comercio de las Antillas inglesas a los norteamericanos ya que les impuso muchas restricciones. Pero la peor medida, para la mayoría de los estadounidenses de entonces, fue que John Jay accedió a la suspensión de los derechos de comerciar con los beligerantes de las naciones neutrales, en tiempo de guerra. A pesar de que el Tratado Jay no gustó a los estadounidenses fue ratificado por el Senado de Estados Unidos. Pero fue la gota que colmó el vaso y que hizo ya visible la separación entre los demócrata-republicanos, muy críticos con el Tratado Jay, y los federalistas.
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