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CAPÍTULO I
Prueba judicial e inteligencia artificial ¹

Núria Borrás Andrés2

1.1 Introducción

Actualmente, estamos viviendo a nivel mundial una nueva revolución derivada de la anterior revolución digital, pero que sin duda podemos afirmar que tiene entidad propia y una mayor potencialidad para transformar a la sociedad (Schwab, 2016). En el epicentro de esta nueva revolución se encuentran fenómenos como la inteligencia artificial y el internet. Su materia prima es la información y su principal fuente de riqueza se halla en la velocidad y la capacidad de procesar ingentes cantidades de datos que se relacionan entre ellos en milésimas de segundo. La inteligencia artificial, de este modo, se abre puertas en el terreno de lo cognitivo y puede llegar a realizar funciones similares a las realizadas por la inteligencia humana.

El derecho no se ha quedado impasible ante esta realidad. La tercera revolución industrial tuvo un impacto en el proceso judicial mucho mayor que las dos anteriores: mejoró los mecanismos de notificación, introdujo novedades en la práctica de las pruebas, así como nuevas fuentes de prueba, y permitió la tramitación telemática de expedientes. Sin embargo, esta cuarta revolución industrial plantea inevitablemente un interrogante más provocador para el derecho procesal: la posibilidad de incorporar inteligencia artificial en el campo de lo que siempre habíamos considerado eminentemente humano del proceso, esto es, la búsqueda de la verdad de los hechos mediante la actividad probatoria y el razonamiento judicial.

1.2 La dinámica de la inteligencia artificial

Recientemente, ha empezado a tener presencia en el campo del derecho procesal el estudio de aplicaciones y sistemas de inteligencia artificial (Ashrafian, 2014; Barfield y Pagallo, 2018; Günsberg, 2019; Katyal, 2019; Levendowski, 2017; Nieva Fenoll, 2018a; Nissan, 2010). En el mismo momento en el que nos planteamos la aplicación de la inteligencia artificial al proceso judicial y, más concretamente al fenómeno probatorio, surge el deber de conocer en profundidad en qué consiste, en qué dinámica se basa su funcionamiento y cuáles son sus posibilidades y sus limitaciones.

En primer lugar, la inteligencia artificial no es un fenómeno ajeno a nuestra realidad. Es tan cotidiana en nuestras vidas como la oferta personalizada de un producto por internet, la traducción de un texto en línea o una búsqueda en Google Maps con la intención de conocer la ruta más rápida a un destino, en un momento concreto y con la estimación del flujo del tráfico a tiempo real. Cada una de estas operaciones es fruto de la recopilación de datos y de su procesamiento mediante un algoritmo predeterminado que establece las reglas mediante las cuales se debe relacionar la información para ofrecer un resultado lo más acertado posible.

En segundo lugar, es fundamental tener presente que las limitaciones de la inteligencia artificial en el campo del proceso judicial no son únicamente limitaciones de la técnica. La resolución de conflictos judiciales está compuesta por una vertiente de pura técnica jurídica, pero también de factores eminentemente humanos. La imposibilidad de aplicar algunos de estos sistemas a determinados momentos del proceso puede ser simplemente consecuencia de la falta de encaje entre las potencialidades de la inteligencia artificial y aquellos intereses que se busca satisfacer con un proceso judicial. En este sentido, tan importante resultará el estudio de la técnica como el debate filosófico acerca del carácter humano de la justicia. Para un análisis completo de la cuestión, no deberíamos centrarnos únicamente en el aspecto técnico de estos sistemas, sino también en la filosofía, la psicología, la sociología y el sistema de protección de derechos humanos.

1.2.1 Oportunidades de la inteligencia artificial

En muchas tareas las máquinas han alcanzado grados de eficacia y perfección ciertamente superiores a los humanos. Las bases de datos pueden llegar a contener miles de millones de datos, relacionarlos entre ellos a una velocidad nada comparable con la de un cerebro humano y, quizás más importante, no olvidarlos con el paso de los años (Barfield y Pagallo, 2018). La capacidad de almacenaje de los mecanismos de inteligencia artificial está, por tanto, fuera del alcance del cerebro humano, así como también del grado de acierto a la hora de relacionar y procesar toda esta información mediante la aplicación de la estadística.

En este sentido, la situación inicial en la que se encuentra un operador jurídico, por ejemplo, un abogado ante un proceso judicial, se puede mejorar por medio de un software que podría llegar a contener en sus bases de datos toda la jurisprudencia relacionada con el caso que se le plantea, además de datos estadísticos sobre las expectativas de éxito o fracaso de determinadas estrategias de defensa o argumentaciones jurídicas (Nissan, 2010). Existen también algunos sistemas como Alibi, capaces de generar hipótesis sobre los hechos en función de los datos que se le suministran, una herramienta concebida inicialmente con la idea de ayudar a los abogados de la defensa a plantear coartadas verosímiles (Nissan, 2001).

Dentro del propio proceso judicial tienen lugar muchas operaciones que consisten en la mera comprobación de supuestos fácticos para la producción posterior de un efecto jurídico determinado. Se trata de actos que en la práctica ya se realizan de forma mecánica por los operadores jurídicos, como admitir una demanda, dar traslado a las partes, comprobar la existencia de litispendencia, conceder o denegar determinadas medidas cautelares en el proceso civil o resolver cuestiones de competencia o jurisdicción, entre otras. De hecho, la gran mayoría de las actuaciones en un proceso judicial son de este tipo y es difícil percibir en ellas una intervención humana que no pueda ser automatizada por un sistema de inteligencia artificial (Nieva Fenoll, 2018a, pp. 33 y ss.).

1.2.2 Límites de la inteligencia artificial
1.2.2.1 Límites propios de la técnica

Al margen de todas las oportunidades que ofrecen los sistemas de inteligencia artificial, lo cierto es que no están libres de limitaciones. Un aspecto que interesa especialmente en el ámbito del derecho son los problemas derivados de los sesgos (biases) de las aplicaciones de inteligencia artificial, que han sido objeto de profundo análisis desde el campo de la informática y la ciencia computacional.

Se han detectado, en primer lugar, disfunciones relacionadas con la configuración de los algoritmos. En este proceso, los programadores deben decidir cuáles son aquellas variables en las que basarán sus algoritmos. Por ejemplo, en la elaboración de un algoritmo para el proceso de selección de una universidad se debe decidir a qué méritos se dará importancia o si algunos méritos obtendrán una ponderación mayor que otros. Se puede decidir, por tanto, que se seleccionará a personas con una calificación académica determinada, que presenten un mayor número de cartas de recomendación, acrediten nivel de idiomas o que hayan realizado algún tipo de acción social. De la correcta elaboración del algoritmo y la adecuada selección de las variables dependerá que los resultados arrojados sean los más cercanos al objetivo buscado. Pues bien, en la selección de estos datos pueden existir sesgos discriminatorios, como los que se han detectado en algunas aplicaciones usadas para la predicción del riesgo de reincidencia de algunos delincuentes, que otorgaban un porcentaje diferente en función de la clase social o la raza (Tolan et al., 2019).

También se han detectado sesgos históricos provocados por tomar en consideración premisas basadas en sucesos pasados interpretados erróneamente, con lo cual se perpetúa una tendencia fundamentada en presupuestos falsos. También se ha alertado el riesgo de usar, para la determinación de algunas variables, categorías de datos que, pese a no ser las óptimas ni las más representativas, son las más fáciles de conseguir por los sistemas de inteligencia artificial. Se produce, entonces, una simplificación de la realidad que podría conducir a resultados poco rigurosos (Roselli, Matthews y Talagala, 2019).

Una segunda problemática está vinculada con la calidad de la información al alcance de dichos sistemas. Es fundamental que los datos se actualicen constantemente porque la caducidad de la información utilizada o de una parte de ella supondría el desfase de los resultados. Asimismo, se ha advertido del peligro de trabajar con datos susceptibles de manipulación o ambiguos y se ha puesto de relieve que los sistemas de machine learning o aprendizaje automático tienden a establecer con frecuencia correlaciones y generalizaciones desviadas que se deben redirigir mediante mecanismos de corrección de los resultados (Roselli et al., 2019).

1.2.2.2 Conflictos con la dinámica del proceso judicial

El trato individualizado de los casos

En un proceso judicial existe un factor humano esencial que garantiza tanto el buen desarrollo del proceso como el respeto a las decisiones adoptadas: la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia. Los seres humanos desconfiamos de aquello que no conocemos o que es ajeno a nuestra especie. En consecuencia, es normal que mostremos reticencia a que un sistema desconocido resuelva asuntos que afectan considerablemente nuestra esfera personal, como un conflicto privado con terceros o la declaración de que hemos cometido un delito con la consecuente pena que pueda tener asociada.

Cuando se trata de asuntos de entidad, confiamos más en aquello cuyo funcionamiento conocemos que en algo desconocido, por mucho que nos aseguren que es altamente fiable. Además, el interés personal subyacente suscita en el ciudadano la necesidad de convencerse de que su caso ha sido tratado con la atención que merece, de forma individualizada y luego de tomar en cuenta todas las variables. El ciudadano confía en que un operador jurídico humano podrá entenderle mejor y atender a las circunstancias particulares de su caso que, en realidad, es lo único que le importa cuando acude a la justicia (Citron, 2007).

No se puede, por tanto, aplicar de forma precipitada sistemas de inteligencia artificial que los ciudadanos no entiendan en un proceso judicial porque se podría menoscabar su confianza en el sistema, que no es un tema menor en una democracia. El modo de reforzar esta confianza es, en primer lugar, demostrar a la ciudadanía, mediante una incorporación progresiva, que en muchos aspectos del proceso e incluso en determinados procesos civiles de poca complejidad, las máquinas presentan un grado de acierto mucho mayor que los seres humanos.

En segundo lugar, es fundamental identificar el elemento humano que realmente debe seguir existiendo en el proceso judicial, no únicamente porque transmite confianza a la ciudadanía, sino porque verdaderamente supone un valor añadido respecto a los sistemas de inteligencia artificial en lo que respecta a la corrección de las decisiones judiciales. Se trata de la necesidad de atender a las circunstancias de cada caso concreto y delimitar los hechos probados de forma individualizada. Los sistemas de inteligencia artificial tienen un grado de acierto elevado, pero funcionan por mecanismos estadísticos. En el análisis de cualquier situación, detectan los elementos presentes y los ponen en relación con casos anteriores con el fin de arrojar un resultado probable en función de lo que ha sucedido en otras ocasiones (Barfield y Pagallo, 2018).

En el proceso civil, esto podría ser conflictivo, pero en el proceso penal entran en juego, además, derechos fundamentales que son objeto de una elevada protección. Cuando se trata de sugerir una compra de un producto por internet a un cliente determinado, si la herramienta de inteligencia artificial no acierta en un caso concreto no tiene la más mínima importancia. Si se trata de la resolución de un caso penal o de la libertad de una persona, la aplicación de la estadística puede conducir a generalizaciones que vulneren la presunción de inocencia y restrinjan infundadamente derechos fundamentales de los ciudadanos.

Razonamiento abstracto y creatividad

En ocasiones, se ha podido llegar a pensar que en el momento en que las máquinas fueran capaces de procesar datos y extraer conclusiones lógicas y coherentes, podrían contener la inteligencia propia de los humanos y sustituirles en la mayoría de sus funciones. Esta afirmación, sin embargo, está todavía lejos de la realidad. La inteligencia artificial se basa sencillamente en el cruce de información, con sujeción plena a los algoritmos que la configuran y a los patrones estadísticos que es capaz de identificar con la información que tiene a su alcance. Por tanto, todo lo que el sistema pueda decidir, por muy complejo que sea y por muchas variables a las que atienda, jamás podrá ir más allá de las posibilidades para las que está programado, por lo cual actuaría sujeto a una suerte de principio de necesidad, con lo que eliminaría cualquier resquicio de libre albedrío (Bringsjord, Bello y Ferrucci, 2001).

En el proceso judicial existen muchas operaciones que se basan en una cadena de comprobación de hechos que se pueden corroborar fácilmente si se tiene la información adecuada en bases de datos fiables. Sin embargo, la automatización del proceso judicial adquiere mayor complejidad cuando se trata de averiguar y reconstruir un supuesto de hecho incierto. Nos referimos a la actividad que deben realizar los jueces para fijar los hechos verdaderamente acaecidos en un caso concreto mediante la práctica de la prueba y el razonamiento probatorio.

Esta actividad no se puede reducir a meras operaciones de comprobación y asociación guiadas por reglas fijadas anticipadamente, el juez debe esclarecer los hechos mediante los indicios y medios probatorios aportados por las partes que, además, la mayoría de las veces se dirigirán a dar soporte a hipótesis fácticas contradictorias. Como se desarrolla a continuación, para la realización de esta tarea no existen algoritmos genéricos que se puedan programar ex ante, se trata de una tarea con un alto grado de subjetivismo y en la que se requiere creatividad e imaginación, dos facultades que todavía están lejos de ser reproducidas por los mecanismos de inteligencia artificial (Barfield y Pagallo, 2018; Bringsjord et al., 2001; Nieva Fenoll, 2018a; Nissan y Martino, 2004).

1.3 La actividad probatoria en el proceso judicial
1.3.1 Evolución de la práctica y la valoración de la prueba

La práctica de la prueba, así como la valoración de los diferentes medios de prueba ha evolucionado a lo largo de la historia hasta llegar al sistema de valoración libre que rige en la actualidad en la mayoría de ordenamientos jurídicos de tradición continental. En el extremo opuesto a este sistema de libre valoración de la prueba se encuentra el sistema de prueba tasada o prueba legal, propio del sistema inquisitivo del Antiguo Régimen (Tomás y Valiente, 1967), caracterizado por una sistematización de la valoración probatoria que establecía el valor que se debía atribuir a los diferentes medios de prueba. Como explica el citado autor, en este sistema existía una gradación ternaria constituida por los conceptos de inocencia, semiculpabilidad y culpabilidad, a los que correspondía una paralela adecuación de medios probatorios.

Según este esquema, la inocencia era el resultado improbable del fracaso completo de la actividad inquisitiva, incluida la tortura sin confesión, o el improbable éxito positivo de la actividad probatoria del reo; la culpabilidad era el resultado del éxito probatorio de las pruebas con valor fijado legalmente; y la semiculpabilidad estaba asociada a la actividad probatoria de cargo incompleta, en caso de que existieran ciertos indicios de culpa o de que únicamente hubieran podido utilizar contra el reo medios probatorios imperfectos. En este caso de semiplena probatio, pese a no poder aplicar la pena ordinaria asociada a la culpabilidad, se podían imponer penas extraordinarias que vulneraban la presunción de inocencia.

Con el movimiento de la Ilustración en Europa, se produce un cambio de actitud respecto al derecho penal, motivada por un mayor humanitarismo (Beccaria, 1769; Foucault, 1975), que en el ámbito procesal se refleja en el rechazo de la arbitrariedad judicial y la desconfianza hacia el sistema inquisitivo y sus prácticas (Tomás y Valiente, 1987). Se sustituye este por un proceso mayoritariamente acusatorio y oral, se introduce la institución inglesa del jurado y, como consecuencia de esta tendencia, se acoge el principio de libre valoración de la prueba. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal española (LECrim, 1882) este viraje se recoge, tanto en la exposición de motivos como en el artículo 741, que otorga libertad al juez para apreciar las pruebas según su conciencia.

Este principio de libre apreciación de las pruebas no significa que los jueces puedan valorarlas de forma arbitraria y seguir un proceso íntimo o secreto del que no tengan que dar cuenta. Gómez Orbaneja y Herce Quemada (1972), al glosar el citado artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, explican que la “libre valoración no quiere decir que el juzgador sea libre de seguir su capricho, sus impresiones o sus sospechas, etc., sino supone una deducción lógica, partiendo de unos datos fijados con certeza” (p. 268).

1.3.2 Problemática del sistema de valoración legal de la prueba

En el debate acerca de la aplicación de la inteligencia artificial a la actividad probatoria, nos interesa fijarnos especialmente en una doble problemática del sistema de valoración legal de la prueba. En primer lugar, no existía una relación lógica y racional entre los requisitos probatorios exigidos y la verdad de las hipótesis que se pretendían confirmar. La culpabilidad y la inocencia eran determinadas en función de presupuestos formales que, en muchos supuestos, no confirmaban racionalmente la verdad de los hechos. Así, por ejemplo, el hecho de que dos testigos declararan lo mismo en juicio no tenía por qué significar que lo que afirmaran fuera verdad. Tampoco es necesariamente verdad que quien se confiesa culpable de un delito lo sea en realidad, mucho menos si ha sido previamente sometido a tortura (Nieva Fenoll, 2010).

En segundo lugar, estas reglas no se formulaban como criterios orientadores del razonamiento judicial, sino como pautas inflexibles, de modo que el caso estaba prácticamente sentenciado antes de empezar el juicio. Como consecuencia de lo anterior, el sistema de prueba legal dejaba fuera de juego el principio de presunción de inocencia y propiciaba las condenas con base en ficciones formales, lo que dejaba de lado la necesidad de obtener una convicción cierta acerca de la culpabilidad (Nieva Fenoll, 2010). Con todo ello, tampoco era necesaria la motivación de la sentencia, pues el juez no debía argumentar ningún proceso racional interno, sino que se podía limitar únicamente a dejar constancia de los indicios o medios probatorios aportados por la parte vencedora del litigio.

El abandono del sistema de prueba legal debe seguir siendo, en el proceso judicial, la dinámica predominante. Existen, sobre todo en el proceso civil, resquicios de prueba tasada que consisten en otorgar a determinados medios de prueba una privilegiada presunción de verdad. Sin embargo, también es cierto que se trata en general de presunciones iuris tantum, lo cual permite a las partes contradecir el contenido probatorio de estos medios de prueba en el contradictorio del juicio oral. La introducción de inteligencia artificial en la fase probatoria del juicio no debería significar un viraje hacia un nuevo sistema de prueba tasada. Para ello, se debe tener especial cautela para no reproducir, en el papel que se le otorga a estas herramientas en el proceso, las mismas dinámicas perversas que durante tanto tiempo se han criticado en relación con los sistemas irracionales e inflexibles de prueba legal.

En primer lugar, los criterios que los mecanismos de inteligencia artificial utilicen para auxiliar a los jueces en la valoración probatoria deben estar contrastados y avalados por las ciencias propias de cada uno de esos medios de prueba —como se muestra más adelante— para que las conclusiones que se alcancen sean lo más lógicas posible. En segundo lugar, en el campo del razonamiento probatorio no se pueden asumir automáticamente los resultados arrojados por las aplicaciones de inteligencia artificial, sino que estos deben estar sujetos a una posterior valoración del juez, que los usará en su razonamiento como datos orientativos. Las potencialidades de la inteligencia artificial se deben integrar plenamente en el campo de la valoración libre de la prueba, y se debe buscar en ellas la mejora, del razonamiento libre y racional de los jueces, para dotarlo de una mayor precisión y sistematización, pero en ningún caso menoscabarlo o sustituirlo.

1.3.3 La sistematización del principio de libre apreciación

El principio de libre apreciación de la prueba establece el epicentro de la decisión judicial en la convicción que haya alcanzado el juez sobre el grado de corroboración de las hipótesis planteadas tras la práctica de la prueba. Esto significa que el grado en que las pruebas corroboran o avalan una hipótesis no está predeterminado por la ley, sino que es fruto de un proceso racional del juez. También ha quedado ampliamente confirmado que la razonabilidad de las conclusiones alcanzadas y la lógica de las inferencias no es algo que deba estar exento de evaluación. Es muy útil, en este sentido, el establecimiento de parámetros que guíen a los jueces en la formulación de inferencias probatorias que abran la puerta a que estas conclusiones sean susceptibles de revisión (González Lagier, 2003).

Hacia este objetivo se dirigen estudios cada vez más numerosos que tratan de aplicar los conocimientos de la epistemología en el ámbito judicial (Ferrer Beltrán, 2005a; 2005b; 2007; Gascón Abellán, 2005; González Lagier, 2018; Taruffo, 2002). Esta investigación es de crucial importancia en el debate sobre inteligencia artificial y prueba judicial porque la posible automatización de la actividad probatoria es imposible sin una reflexión pausada acerca de los procesos racionales del juez que la tiene encomendada. Hasta ahora, este intento de sistematizar las reglas de la lógica y el conocimiento humano ha tenido frutos muy positivos, pero ha conducido a la confirmación de que, si bien esta sistematización es posible, es complicado que tenga naturaleza estadística o matemática. Del estudio epistemológico del fenómeno probatorio se presta atención, principalmente, a tres conclusiones:

1.3.3.1 La imperfección de la búsqueda de la verdad

Algunas concepciones dejan en un segundo plano la búsqueda de la verdad y postulan que el objetivo principal del proceso judicial sería la resolución de conflictos o la fijación de lo que llaman una verdad “formal” que podría dar la espalda a la realidad de forma justificada. Se dejan de lado estas concepciones, que han sido superadas por algunos autores (Ferrer Beltrán, 2005a; 2005b; Taruffo, 2002), y se parte de la idea de que el objetivo principal del proceso judicial es el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la verdad sobre los mismos. De hecho, esta es principalmente la razón de ser de la actividad probatoria. Dicho esto, los estudios epistemológicos han demostrado que el conocimiento de la verdad que es posible alcanzar en un proceso judicial será siempre incompleto y, aunque se lo presente como cierto en la redacción de hechos probados de una sentencia, nunca se podrá afirmar con rotundidad que los hechos sucedieron exactamente de la manera en que se describen.

Como explica Gascón Abellán (2005), la imposibilidad de alcanzar esta verdad se debe principalmente a dos tipos de razones: las institucionales y las epistemológicas. Por un lado, la práctica de la prueba judicial tiene lugar en el cauce de un proceso judicial con sus propias reglas, que a veces dificultan e incluso impiden que se pueda conocer la verdad. Estas reglas tienen en cuenta también la protección de derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, la libertad, el derecho de defensa u otros intereses más simples como la limitación temporal de los procesos judiciales. De otro lado, existen razones epistemológicas: el razonamiento probatorio está constituido básicamente por inferencias inductivas basadas en leyes probabilísticas o en inferencias basadas en generalidades sin demasiado fundamento o en prejuicios. Por las razones señaladas no se puede suponer que los resultados de la prueba garanticen la certeza absoluta, sino solo un cierto “grado de certeza”, o de probabilidad, sobre la verdad del enunciado probado (p. 128).

1.3.3.2 Indefinición numérica de los términos probabilísticos

Los estudios epistemológicos aplicados al fenómeno probatorio judicial han significado que la expresión “libre apreciación” de la prueba adquiriera progresivamente un contenido más contrastable. Los criterios que hasta el momento se habían usado para orientar a los jueces, tales como íntima convicción o más allá de toda duda razonable, no pasaban de ser enunciados abstractos con un significado muy ambiguo. De hecho, el famoso beyond any reasonable doubt se acuñó principalmente para dar a los jurados un criterio garantista que les alejara del prejuicio social de culpabilidad que todo ciudadano no instruido en derecho puede tener frente a un acusado en un proceso penal, de modo que únicamente se vieran movidos a condenar si no existía en su mente ninguna duda razonable sobre la culpabilidad (Nieva Fenoll, 2016).

La epistemología jurídica ha trasladado los criterios valorativos desde opaco fuero interno del juez hasta los más objetivos criterios probabilísticos. Las hipótesis sobre los hechos serán susceptibles de ser acogidas como verdaderas cuando tengan un mayor grado de confirmación, y este grado de confirmación será el resultado de establecer la credibilidad de cada uno de los medios probatorios mediante criterios valorativos racionales. Hasta aquí, por tanto, la sistematización del razonamiento probatorio ha experimentado una mejora sustancial. Sin embargo, esta sistematización de los criterios de valoración no es todavía susceptible de ser reproducida por una aplicación de inteligencia artificial, porque la automatización de estos procesos requeriría el establecimiento de variables numéricas y estadísticas en la valoración de las pruebas, algo que hasta el momento ha resultado imposible.

Han existido algunos intentos de sistematizar numéricamente el razonamiento inductivo, como la teoría bayesiana, pero no los abordaremos aquí porque existe sobre ellos más disenso que consenso (Taruffo, 2010). Hasta el momento, únicamente podemos afirmar que el razonamiento probatorio es principalmente un proceso de razonamiento inductivo, cuya validez se puede comprobar al aplicar esquemas de probabilidad lógica (Ferrer Beltrán, 2007). Estos esquemas permiten afirmar que un enunciado es “probablemente”, “posiblemente” o “presumiblemente” verdad, pero no que sea cien porciento verdadero o que posea un grado de verdad de 9,8 sobre 10.

1.3.3.3 Dificultad de fijar estándares probatorios

El hecho de que los criterios valorativos de las pruebas no permitan una cuantificación numérica de su probabilidad lleva a la ciencia de la epistemología a plantearse el problema de la decisión judicial: ¿cuándo es suficiente el grado de confirmación de una hipótesis para poder predicar la verdad sobre ella? Contestar a esta pregunta ha abierto un debate acerca de la problemática de los estándares de prueba (González Lagier, 2018).

De un modo simplificado, el estándar de prueba sería el criterio que permitiría saber cuándo una hipótesis se puede dar por confirmada. Esto quiere decir que, una vez analizada la credibilidad de los diferentes medios de prueba e identificada una hipótesis coherente con ellos, deberíamos comprobar si esta ha alcanzado el estándar, es decir, si llega a un “umbral de certeza” adecuado que permita predicar su verdad y, como consecuencia, decir que el hecho está probado. Se han llevado a cabo estudios para tratar de formular estándares de prueba que se basan, principalmente, en el establecimiento del grado de confirmación de las hipótesis al tomar en cuenta dos elementos: su nivel de coherencia con los elementos probatorios disponibles y el grado de refutación de hipótesis alternativas (Ferrer Beltrán, 2007).

Lo cierto es que, existan o no estándares probatorios válidos, no hay consenso en la doctrina sobre ellos y menos todavía una concreción de estos en términos porcentuales o numéricos. De este modo, la situación es la misma que la descrita para los criterios de valoración probatoria: existe una enorme dificultad para objetivarlos en un algoritmo de inteligencia artificial. En el proceso penal, por ejemplo, llegado el momento de tomar una decisión acerca de la culpabilidad del acusado, un sistema de inteligencia artificial debería establecer un umbral porcentual de culpabilidad. Para ello sería necesario, en primer lugar, determinar qué porcentaje de certeza sobre la culpabilidad debe alcanzar el juez para condenar y, en segundo lugar, cuantificar el grado de certeza sobre la culpabilidad que se ha adquirido en el caso concreto, tras la práctica de la prueba. No se puede negar que ambas cosas se podrían fijar, pero la fijación de la primera sería arbitraria y en cuanto a lo segundo, sería el resultado de atribuir un valor numérico a todos los elementos de convicción del juicio en cada caso, tarea que ya hemos visto que es prácticamente imposible.

1.4 La inteligencia artificial en la práctica probatoria
1.4.1 Delimitación del campo de aplicación

Todo lo dicho hasta ahora no elimina la posibilidad de integrar herramientas de inteligencia artificial en el fenómeno probatorio del proceso judicial. En última instancia, el razonamiento probatorio se debe realizar de forma holística, es decir, teniedo en cuenta todos los elementos probatorios desplegados en el juicio oral, y esta tarea puede realizarla únicamente un ser humano. Sin embargo, para llegar a este punto el juez debe valorar la fiabilidad de cada uno de los medios de prueba practicados, tales como pruebas documentales, declaraciones testificales o informes periciales.

Las diferentes legislaciones procesales han dicho muy poco acerca de la valoración de estos medios de prueba. Se han limitado a dejarlo, de nuevo, al libre entendimiento de los jueces al emplear expresiones genéricas que no darían ninguna orientación a un juez inexperto que se enfrentara por primera vez a esta función. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, por ejemplo, esta tarea se encomienda al uso de reglas del criterio racional (LECrim, 1882, art. 790) o máximas de experiencia (LECrim, 1882, art. 790). Un juez puede tener mucho conocimiento jurídico, pero su formación en muy pocas ocasiones le permite conocer con certeza cuándo un testigo miente o dice la verdad, si una firma está falsificada o si un informe pericial económico ha sido manipulado.

El esfuerzo de algunos procesalistas ha permitido que estas máximas de la experiencia o reglas de la sana crítica fueran adquiriendo un contenido cada vez más objetivo. En la obra de Nieva Fenoll (2010) se formulan una serie de criterios a los que los jueces pueden atender en la valoración probatoria y que se caracterizan por ser mucho más científicos y por alejar el pensamiento judicial de determinados sesgos que existen en la mente de cualquier persona. Estos criterios tienen en cuenta datos aportados por la ciencia. Así, por ejemplo, para la valoración de una declaración testifical, se deberá tener en cuenta la ciencia de la psicología del testimonio; para la valoración de un documento podrán ser útiles los conocimientos de la semiótica textual; y para la valoración de un informe pericial, se deberá comprobar el cumplimiento de los estándares propios del método científico.

Con el fin de aplicar estos criterios para la valoración probatoria es necesario contar con ciertos datos que un sistema de inteligencia artificial puede recabar y comprobar en unos pocos segundos. Este es, sin lugar a dudas, el ámbito en el que podemos esperar mayores resultados de la inteligencia artificial. Todos aquellos datos sobre los medios de prueba que puedan ser objetivables y cuya obtención resulte mucho más eficaz mediante sistemas de inteligencia artificial y cruce de datos se podrán incorporar al proceso de razonamiento probatorio (Nieva Fenoll, 2018a).

Pongamos un ejemplo: un juez que haya escuchado muchas declaraciones de peritos estará cada vez más capacitado para descubrir manipulaciones en la elaboración de un informe pericial, pero el número de casos que puede llegar a escuchar es limitado y, por tanto, la muestra de su experiencia es limitada también. A la vez, puede ser que algunos prejuicios acerca de la valoración de estos medios de prueba vayan arraigando con el tiempo en su mente y le lleven a extraer conclusiones en base a criterios equivocados, muchas veces de forma inconsciente. En tercer lugar, si ese juez quiere valorar la calidad profesional del perito, la comprobación de su trayectoria profesional podrá suponerle la inversión de varias horas de trabajo.

Una aplicación de inteligencia artificial configurada para atender a determinados criterios objetivos en el estudio de un informe pericial podría contrastar la información con un número infinitamente mayor de casos contenidos en sus bases de datos. Su experiencia será una experiencia basada en una muestra muchísimo mayor. Además, estas aplicaciones de inteligencia artificial atenderían únicamente a criterios objetivos que hubieran sido programados con anterioridad, de modo que ningún prejuicio o sesgo subjetivo interfiriera en la valoración realizada. Finalmente, un mecanismo de inteligencia artificial podría hacer un rastreo del perfil profesional del perito a través de internet en unas milésimas de segundo. Mediante mecanismos de inteligencia artificial aplicados a la valoración probatoria, por tanto, podríamos llevar a cabo una optimización de aquello que llamamos experiencia de los jueces y que en tantas ocasiones contiene generalizaciones erróneas, intuiciones falsas y sesgos ideológicos.

1.4.2 Auxilio en la valoración de los medios probatorios
1.4.2.1 La prueba testifical

La prueba testifical es una de las pruebas más controvertidas en su valoración. La psicología del testimonio es una ciencia que estudia los factores que afectan la memoria de las personas e intenta aportar datos que ayuden a valorar la credibilidad de las afirmaciones realizadas por estas acerca de lo que presenciaron, vieron o escucharon en la escena de un crimen (Manzanero y Petisco, 2019). Sin duda alguna, la psicología forense y los estudios sobre procesos cognitivos son mucho más fiables a la hora de valorar esta prueba que nuestra propia intuición que, como hemos dicho, se puede basar en tópicos sociales que no son rigurosos. La psicología del testimonio nos alerta sobre la fragilidad de la memoria humana, que se puede ver afectada enormemente por factores ambientales, como la luz o el movimiento; temporales, como el tiempo transcurrido o la edad del testigo; o factores más internos como el grado de estrés, el miedo experimentado o el número de veces que el testigo ha tenido que explicar los hechos (Manzanero y González, 2015).

Todos estos factores pueden ser perfectamente identificados por una máquina de inteligencia artificial, bien por lo que diga el testigo o bien por la información que conste en su base de datos acerca del contexto en el que ocurrieron los hechos. Al poner en relación esa información con los parámetros valorativos que ofrece la psicología del testimonio, una aplicación de inteligencia artificial podría arrojar un porcentaje de fiabilidad de la declaración testifical que ayudaría al juez a valorar hasta qué punto debe dar carta de verdad a las afirmaciones de un testigo. Del mismo modo, una máquina de inteligencia artificial también podría, de forma mucho más eficaz que un humano, poner en relación las afirmaciones realizadas por el declarante con otros hechos que hubieran sido ya probados como ciertos en el proceso o extraprocesalmente, y que servirían como corroboración periférica de las afirmaciones del testigo (Nieva Fenoll, 2018a, pp. 81 y ss). Mediante esta operación, la máquina de inteligencia artificial ayudaría al juez a comprobar algunos extremos de la declaración para extraer mejores conclusiones acerca de su fiabilidad.

Un procesador de declaraciones testificales también podría detectar comentarios oportunistas. Se trata de comentarios accesorios o superficiales que los testigos o peritos realizan en sus declaraciones. Algunas veces, estos comentarios se hacen con la intención de dar apariencia de verdad a afirmaciones falsas, pero otras veces son plenamente aceptables en una declaración veraz e, incluso, su utilización puede ser un indicador de la espontaneidad de la declaración (Nieva Fenoll, 2010). La detección de estos comentarios no daría un resultado definitivo en cuanto a la fiabilidad de la declaración, pero ayudaría al juez a tenerlos presentes a la hora de valorarla y evitaría que otros factores propios de la inmediación de la prueba, como los sentimientos o sensaciones que estuviera provocando el declarante en el juez, le hicieran pasar por alto estos comentarios.

Finalmente, la psicología del testimonio también muestra que el formato de declaración narrativa suele tener más ventajas que el formato de declaración interrogativa, en el que las partes lanzan preguntas al testigo, muchas de ellas con la finalidad de conducirle a su terreno o provocar contradicciones (Nieva Fenoll, 2018a, p. 88). Llevar a cabo la declaración testifical en formato narrativo también facilitaría su valoración por medio de aplicaciones de inteligencia artificial. En primer lugar, una herramienta de este tipo podría poner en relación las declaraciones de diferentes testigos o peritos, detectar las contradicciones y las similitudes y proporcionar un porcentaje de coincidencia que permitiera al juez conocer aquellos hechos en los que las declaraciones se contradicen. Del mismo modo, el juez podría sospechar de la fiabilidad de aquellos testigos con declaraciones demasiado coincidentes, porque la similitud podría ser consecuencia de que hubieran preparado previamente una versión pactada de los hechos.

1.4.2.2 La prueba documental

En la valoración de la prueba documental la inteligencia artificial también puede aportar ventajas importantes. De hecho, hace ya muchos años que la inteligencia artificial trabaja en el campo del procesamiento de textos. En este caso, la ciencia de la semiótica textual estudia las diferentes tipologías de documentos y sus características en función del contexto en el que se generan. En la valoración de una prueba documental es necesario confirmar, en primer lugar, que el documento es auténtico y que no está manipulado. Una vez confirmada su fiabilidad, el juez debe ponderar lo que el documento dice y si la información que contiene verdaderamente confirma las hipótesis que se quieren probar en juicio. Las herramientas de inteligencia artificial podrían suponer una ventaja, sobretodo en el primero de los aspectos.

En función de su contexto o de su tipología, los documentos suelen presentar una estructura y un lenguaje propios que pueden ser fácilmente identificados por un sistema de inteligencia artificial. Un indicio de que un documento puede ser falso o puede haber sido manipulado es el hecho de que no presente las características propias de la tipología de documento que aparenta ser. Esta tarea de comprobación es fácilmente realizable por un mecanismo de inteligencia artificial que podría analizar las características del documento, identificar la tipología a la que pertenece y, posteriormente, ponerlo en relación con el contexto en el que el documento se ha generado para confirmar que no presenta elementos que hagan dudar sobre su fiabilidad (Nieva Fenoll, 2018a). En el caso de documentos manuscritos, una herramienta de inteligencia artificial también podría verificar la autenticidad de una firma o extraer conclusiones acerca del contexto en el que se escribió, evaluar algunas variables grafológicas que puedan indicar escritura bajo intimidación o miedo, siempre y cuando la máquina pudiera comparar estos documentos con otros documentos de la misma persona en condiciones de normalidad.

El principal inconveniente de la prueba documental, con miras a una posible automatización de su valoración, está en el hecho de que, una vez analizada la autenticidad del documento, es necesario comprender su contenido y el grado en que este confirma o desmiente las hipótesis que se plantean en el juicio. Esta segunda parte todavía no es automatizable, puesto que volvemos al campo del razonamiento abstracto judicial. Además, existe una gran variedad de documentos y podemos introducir como prueba documental en un proceso casi cualquier soporte que contenga algún tipo de información relevante para acreditar un hecho. Indudablemente, esto debe seguir siendo así, porque limitar la tipología documental que se puede aportar como prueba en un juicio podría limitar el derecho de defensa. En este sentido, no todos los documentos podrán ser clasificados en una categoría o género documental específico y será necesario que el juez, al valorar otros aspectos contextuales del documento, lo interprete y verifique adecuadamente.

1.4.2.3 La prueba pericial

La valoración de los informes periciales es otro punto altamente conflictivo del proceso judicial. Su complejidad radica en el hecho de que estos medios probatorios contienen información acerca de elementos que pertenecen a ciencias ajenas al derecho y que, por tanto, es necesario que un experto en la materia verifique adecuadamente. Los informes económicos, por ejemplo, son frecuentes en litigios civiles o litigios penales relacionados con delitos económicos. También son frecuentes los informes médicos, balísticos, químicos y, en realidad, de cualquier ciencia que pueda arrojar luz al caso. El asunto se puede complicar, a su vez, cuando se aportan al juicio dictámenes periciales de una parte que contradicen a los aportados de la otra parte. El juez se encuentra, pues, ante materias que no conoce anticipadamente y la regulación procesal es, nuevamente, poco clarificadora en este punto (Zubiri, 2004). La LECrim (1882), en su artículo 348, remite nuevamente, a las reglas de la sana crítica para la valoración de los dictámenes periciales.

En realidad, nos encontramos ante una problemática similar a la descrita para la prueba documental, en la que el juez tiene una doble necesidad: acreditar la fiabilidad del dictamen y, posteriormente, comprender su contenido para usarlo como elemento acreditativo de la hipótesis sobre los hechos. Nuevamente, la inteligencia artificial puede auxiliar al juez en la determinación del grado de fiabilidad del dictamen pericial. Para ello, la doctrina ha estado usando los criterios establecidos por la doctrina Daubert, fijada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que establece algunos criterios que pueden ayudar al juez a valorar si la técnica empleada por el perito al realizar su dictamen cumple con los requisitos de calidad propios del método científico. Son criterios que han sido muy recomendados por la doctrina, aunque lo cierto es que su comprobación requiere una búsqueda laboriosa para la que los jueces, muchas veces no tienen conocimiento científico suficiente (Nieva Fenoll, 2018b, p. 16). De este modo, a no ser que los informes sean muy controvertidos o se contradigan con los presentados por la parte contraria, la tónica suele ser que los jueces asumen como verdad los hechos contenidos en el dictamen pericial.

Como explica Nieva Fenoll (2018a), un sistema de inteligencia artificial con información suficiente en su base de datos podría comprobar el cumplimiento de estos estándares de calidad de forma mucho más eficiente y, de nuevo, ilustrar al juez con un porcentaje acerca de la fiabilidad del dictamen pericial. Tanto la valoración del currículum del perito —al menos en términos cuantitativos de producción científica— como la comprobación de los criterios Daubert, podrían ser automatizadas por un sistema de inteligencia artificial. Además, en este campo, la automatización no serviría únicamente para mejorar la valoración del juez, sino también para introducir de forma generalizada la comprobación de la calidad de los dictámenes periciales en el uso forense.

1.4.2.4 La propia inteligencia artificial como objeto de prueba

En el proceso penal los medios de investigación policial son cada vez más tecnológicos e incluyen sistemas de inteligencia artificial, de modo que será frecuente la introducción como medios probatorios de documentos o datos generados por estas herramientas. Además, encontraremos cada vez más referencias a la inteligencia artificial en los informes periciales, puesto que muchas ciencias ya utilizan estos sistemas tecnológicos para sus tareas cotidianas.

En realidad, ningún problema añadido debería plantear este factor si se tiene en cuenta que, al fin y al cabo, se trata de prueba tecnológica que será introducida en la mayoría de los casos bajo la forma de prueba documental. Por tanto, la problemática relacionada con la valoración de esta prueba es muy similar a la que se plantea hoy en día en los tribunales, la prueba tecnológica, que no es poca. Acerca de ello se han realizado profundos estudios recientemente (Arrabal Platero, 2019) y únicamente nos resta decir que será necesario que los jueces no se dejen llevar por un falso deslumbramiento antes estos medios probatorios y apliquen de igual forma los criterios valorativos hasta ahora expuestos para confirmar la calidad de los sistemas de inteligencia artificial y de los resultados que estos aportan.

En la valoración de los medios de prueba que incluyan inteligencia artificial será muy necesario llevar a cabo un análisis previo acerca de la licitud y validez de su obtención, puesto que algunas pruebas tecnológicas invaden campos propios de la privacidad de las personas como la geolocalización, el uso privado de herramientas informáticas o las comunicaciones telemáticas. En segundo lugar, será muy recomendable aportar un informe pericial informático, junto con la prueba, que muestre al juez el funcionamiento de la herramienta de inteligencia artificial que ha sido fuente de la prueba, así como la calidad de los medios técnicos usados, el grado de fiabilidad de la técnica y la conservación de la cadena de custodia. Este último punto es especialmente importante si se tiene en cuenta que todos los expertos informáticos coinciden en afirmar que los datos tecnológicos tienen un importante grado de volatilidad y son altamente susceptibles de ser manipulados.

Finalmente es importante que, teniendo en cuenta la falta de formación de los jueces en estos campos, los datos aportados por pruebas generadas con inteligencia artificial sean contrastados y corroborados por otros medios de prueba para otorgarles una mayor credibilidad, a no ser que se pueda justificar que la técnica usada es infalible hasta el punto de no dejar dudas en la mente del juez acerca del extremo que confirma la prueba. Todo ello deberá ser motivado con precisión por el juez en la sentencia.

1.5 Conclusiones

En la fase probatoria del proceso judicial y la elaboración del razonamiento probatorio por el juez se encuentra el núcleo cognitivo del proceso judicial. Cuando entramos en el campo de la reconstrucción de los hechos mediante esta actividad, la dificultad de traducir los criterios valorativos de las pruebas, así como las reglas del razonamiento judicial, a términos numéricos o estadísticos nos conduce a la imposibilidad de sustituir estas tareas por herramientas de inteligencia artificial.

El sector con más posibilidades de aplicación de la inteligencia artificial en la actividad probatoria se encuentra en la automatización de los criterios para la valoración previa de la fiabilidad de los medios de prueba. Para esta tarea, es conveniente contar con el conocimiento de algunas ciencias que pueden aportar criterios objetivos cuya comprobación, en muchos casos, la podrá realizar un sistema de inteligencia artificial. De este modo, la experiencia de los jueces, hasta ahora basada muchas veces en sesgos y prejuicios, se podrá enriquecer con un contenido mucho más científico y contrastado.

Es innecesario sustituir al ser humano en todas las tareas que realiza. La ciencia debe estudiar cuáles son aquellos campos en los que la introducción de la inteligencia artificial aporta un verdadero añadido en cuanto a eficiencia y calidad a las tareas que hasta ahora lleva a cabo un ser humano. En el campo del derecho procesal este debería ser el único criterio, puesto que la justicia debe seguir conservando la humanidad necesaria para fomentar la confianza de los ciudadanos en el sistema. En un proceso judicial la intervención humana garantiza que las circunstancias de cada caso se traten con singularidad y no se apliquen decisiones a un supuesto, simplemente por su similitud con otros casos anteriores. Se proporciona a los ciudadanos de este modo la certeza de que, en el proceso jurisdiccional, se prestará la atención debida a todas las particularidades de su caso cuando esta individualización sea necesaria para el óptimo esclarecimiento de los hechos.

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Notas

¹ Este capítulo de investigación es resultado de la actividad investigativa desarrollada por la autora con relación a la prueba en la Universidad de Barcelona, España.

² Graduada en Derecho, magíster en Estudios Jurídicos Avanzados y posgrado en Derecho Público. Investigadora del Departamento de Derecho Procesal, Administrativo y Financiero, Universidad de Barcelona, Barcelona, España. Investigadora visitante en la Universidad de Leiden y la Universidad de Múnich. nborras@ub.edu.es Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7428-6545

CAPÍTULO II
Biotecnología y derecho procesal en la cuarta revolución industrial ¹

Liliana Damaris Pabón Giraldo2

2.1 Introducción

En la actualidad se presentan transformaciones más rápido que de costumbre en diversos ámbitos. Esta situación se debe a la cuarta revolución industrial (en adelante C4IR), término al cual se han referido los economistas y se acuña a Klaus Schwab, fundador del Fondo Económico Mundial, quien ha manifestado que esta implica una transformación tecnológica que impacta a la sociedad, pues su estrecha relación genera consecuencias.

Para Schwab la C4IR está marcada por una aceleración tecnológica, cuyo impacto se da en todas las prácticas humanas y ningún sector puede escapar a ello, puesto que el cambio digital implicará la fusión de tecnologías y generará un efecto transversal en todas las disciplinas y borrará límites en la esfera física, digital y biológica. Temas frente a los cuales no sabe si el mundo está preparado (Schwab, 2016b).

Lo expuesto trae como consecuencia cambios sociales y económicos, y no existe un marco conceptual que ayude a que las personas nos anticipemos a estos. Es así como el Foro Económico Mundial, en cabeza de su presidente, establece que es necesario tener en cuenta cuatro principios que deben guiar la definición e implementación de tales políticas: (i) pensar en sistemas, no en tecnologías aisladas; (ii) oponerse a la visión que dictamina que el progreso está predeterminado. Para ello, se debe educar y empoderar a los individuos, a fin de que dominen las tecnologías con fines claros, ya que es necesario que se genere un control de las nuevas tecnologías; (iii) diseñar tecnologías y sistemas nuevos con visión de futuro, esto implica integrar tecnologías transformadoras en sistemas sociales y económicos; y (iv) se deben tener en cuenta las consideraciones sociales y éticas para contribuir a un mundo más seguro e integrado (Schwab, 2016c). Estos principios requieren de colaboración conjunta y trabajo colaborativo, participación activa de la sociedad, autoridades, gobiernos, entre otros.

Uno de los temas que ha impactado la C4IR es la biología y en ella, la biotecnología, esto es, la tecnología al servicio de la ciencia. En ella se han implementado nuevas tecnologías o tecnologías emergentes a fin de dar respuesta a los problemas que atañen a la sociedad. Un ejemplo de ello es la búsqueda de una vacuna para el VIH, medicamentos para el cáncer, trasplantes, la clonación, etc. Y hoy se observa —con la pandemia de la COVID-19, entendida como “enfermedad epidémica que se extiende a muchos países” (RAE, 2019)—, pues a efectos de evitar la mayor cantidad de contagios posibles, diagnosticar, tomar decisiones de salud pública, hacer perfilamiento y seguimiento, se han creado sistemas computacionales o tecnológicos que hacen que los datos fluyan más rápido para que sirvan de soporte a la ciencia y así proteger la salud de las personas. El Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial [Ialab] (2020b) menciona, entre otras, las siguientes: Korea Spatial Information & Community, Stop COVID 19 Cat, Self-quarantine Safety Protection, Alipay Healh Code, Corona 100, Private Kit: Safe Pat, Trace Together, CoronaMadrid, Salud en Sonora, Midis App Salud, Coronabot, CoronApp, DoctorgatesApp, entre otros. Así las cosas, surgen en esta C4IR tecnologías disruptivas que ofrecen información en tiempo real. Sin embargo, no son estos los únicos temas de los cuales se ocupa la biotecnología, pues su marco de acción es mucho más amplio.

Si bien es claro que esta revolución es vital para el progreso y que los individuos se deben empoderar a fin de hacerle frente a los nuevos desafíos, la C4IR implica nuevos marcos científicos, tecnológicos, económicos y sociales, con los que actualmente no se cuenta o se encuentran aún incipientes. Frente al tema Takenata (2020) expresa que, “el éxito de la cuarta revolución industrial y de la transición a la Sociedad 5.0 depende de que podamos suavizar la regulación y actualizar nuestros sistemas legales”. Esto quiere decir que, dentro de las diversas problemáticas que encierra la C4IR, —entre ellas la automatización, el desplazamiento de lo humano por lo digital, la desigualdad, la concentración de beneficios, entre otros (Schwab, 2016a)—, existe además un atraso en el marco jurídico o legal que regule de forma clara los nuevos surgimientos, responsabilidades producto de su desarrollo y aplicación o vulneración de derechos por su aplicabilidad, lo que puede hacer que su crecimiento se vea truncado. Por ello, hoy se puede afirmar —sin temor a equivocaciones— que el derecho se ha visto superado por la biotecnología (Cambrón, 2003).

Lo anterior da lugar a los siguientes interrogantes: ¿Qué es la biotecnología y qué relación tiene esta con el derecho, y específicamente con el derecho procesal? ¿Cuáles desafíos trae para el derecho procesal la biotecnología en la era de la C4IR? ¿Cómo garantizar los derechos de las personas vulnerados hoy por el uso de la biotecnología en la C4IR? Estos son temas frente a los cuales se efectúa un acercamiento en este escrito, pero este no pretende dar respuesta a cada una de ellas, ya que requieren de un desarrollo específico.

En ese orden de ideas, este trabajo se divide en tres acápites, así: (i) se parte de una aproximación a la C4IR, de qué se ocupa esta y qué implicaciones tiene en diversos ámbitos; (ii) se hace referencia de forma específica a la biotecnología, lo que esta significa, para qué se aplica y su impacto en la C4IR; se finaliza (iii) con la mención de algunas problemáticas y desafíos que generan los avances de la biotecnología para el derecho procesal en el marco de la C4IR.

2.2 Una aproximación a algunos aspectos clave de la cuarta revolución industrial y a los mundos que impacta

En la historia se han presentado cuatro revoluciones industriales. Revolución implica “cambio abrupto y radical” (Schwab, 2016a, p. 11). Por tanto, estas han implicado cambios profundos en la sociedad y que el mundo evolucione y se transforme en diversos ámbitos, tanto en lo económico como en lo social, cultural, tecnológico, científico, físico e incluso lo jurídico o legal. Su finalidad ha sido y es mejorar la calidad de vida de las personas (Schwab, 2016a). Como consecuencia de lo anterior, estas revoluciones transforman la humanidad, van cambiando la manera de vivir, trabajar y relacionarnos con los otros (Schwab, 2016a, p. 7).

Al respecto y frente a las diversas revoluciones existentes, se ha dicho que la primera revolución industrial se presentó en 1760 y duró hasta 1840, con la construcción del ferrocarril y la invención del motor a vapor. En dicho momento, comenzó la producción mecánica (Schwab, 2016a, p. 11). La segunda revolución, se presentó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con el advenimiento de la electricidad (Schwab, 2016a, p. 11). La tercera inició en la década de 1960, conocida como la revolución del ordenador (Schwab, 2016a, p. 11); en ella se comenzó a incorporar la ciencia al proceso productivo (Cambrón, 2003, p. 1). Y la cuarta es la que se está presentando en la actualidad: comenzó a principios de este siglo, con la revolución digital, basada en tecnologías más sofisticadas e integradas (Schwab, 2016a, p. 12). Esta revolución se conoce en Alemania como la industria 4.0 y surgió en la feria de Hannover de 2011 (Schwab, 2016a, p. 12). En Japón, por su parte, estos cambios sociales se denominan Sociedad 5.0, como aquella centrada en el ser humano (Takenata, 2020). En ella coopera el mundo virtual y físico. “La cuarta revolución industrial, no obstante, no solo consiste en máquinas y sistemas inteligentes y conectados. Su alcance es más amplio” (Schwab, 2016a, p. 12). En ella son protagonistas las tecnologías emergentes y disruptivas, en las que la innovación se difunde más rápido que en las anteriores revoluciones.

Como efecto de esta revolución hoy cobran vida temas relacionados con la inteligencia artificial (IA), la robótica, el internet de las cosas (IoT), blockchain, bitcóin, los vehículos autónomos (drones o vehículos que se conducen solos), la impresión 3D (tridimensional), la nanotecnología, la biotecnología (secuenciación genética, activación o modificación de genes, proyectos de genoma humano, biología sintética, trasplantes humanos, entre otros), la ciencia de materiales, el almacenamiento de energía, la computación cuántica, neurotecnologías, ropa conectada a internet, sensores, teléfono móvil implantable, entre otros (Schwab, 2016a).

Todo esto involucra un impacto en diversos mundos: físico, digital y biológico, así lo afirma Schwab (2016a, p. 7). En este sentido, como bien lo desarrolla el autor, la C4IR implica la convergencia de distintas tecnologías: físicas, digitales y biológicas. En las primeras se hace referencia a vehículos autónomos, impresión 3D, robótica, nuevos materiales, drones, nanomateriales, entre otros. En las segundas se observa el internet de las cosas, dispositivos conectados a internet, sensores, radiofrecuencia, blockchain, bitcóin. Y en los biológicos, importa la genética, la secuenciación genética, el genoma humano, la biología sintética, la modificación genética, el trasplante humano, la bioimpresión, entre otros.

La C4IR se caracteriza principalmente por tres aspectos: la velocidad, esto es, el ritmo exponencial al que va creciendo; la amplitud y profundidad, es decir, la combinación de múltiples tecnologías que implican un cambio de paradigma, ya que “no solo está cambiando el ‘qué’, y el ‘cómo’ hacer las cosas, sino el ‘quiénes’” (Schwab, 2016a, p. 8), sino el impacto de los sistemas, esto es, su transformación. Es una revolución que armoniza e integra diversas disciplinas:

Hoy, por ejemplo, las tecnologías de fabricación digital pueden interactuar con el mundo biológico. Algunos diseñadores y arquitectos ya están combinando el diseño por ordenador, la fabricación aditiva, la ingeniería de materiales y la biología sintética, para crear sistemas que involucran la interacción entre microorganismos, nuestro cuerpo, los productos que consumimos e incluso los edificios que habitamos. (Schwab, 2016a, p. 14)

En efecto, en el mundo existen cinco centros para la C4IR: China (Beijing), India (Mumbai), Japón (Tokio), Estados Unidos (San Francisco); y el 30 de abril de 2019 se inauguró en la ciudad de Medellín el primer centro de la región y de Colombia, el cual se une a los ya existentes.

El primero de ellos fue el centro de Estados Unidos en el 2017. Se encuentra ubicado en San Francisco, cuenta con proyectos en seis focos: 1) inteligencia artificial y aprendizaje automático; 2) internet de las cosas y ciudades inteligentes; 3) Blockchain y tecnología de contabilidad distribuida —que se ocupa de contratos inteligentes y sistemas monetarios—; 3) política de datos en drones; 4) disponibilidad de pruebas genómicas, avances en la medicina para precisión, diagnóstico y análisis predictivos; 5) movilidad autónoma y urbana; y 6) drones en el espacio aéreo del mañana.

En el 2018, nacieron tres nuevos centros: 1. En China, busca avanzar en la cooperación global en la ciencia y la tecnología, adoptar herramientas para una gobernanza ágil, protocolos, directrices y estándares de la industria para acelerar la adopción de tecnologías emergentes. 2. El centro para la cuarta revolución industrial en la India, anunciado el 23 de enero de 2018 por el primer ministro Narenda Modi, enfocado en cuatro áreas tecnológicas: inteligencia artificial y aprendizaje automatizado, tecnología blockchain, drones y espacio aéreo del futuro e internet de las cosas, robótica y ciudades inteligentes. 3. El centro de Japón, con sede en Tokio, se fundó en julio de 2018, su finalidad es trabajar en cuestiones de gobernanza que impliquen reformas regulatorias de las tecnologías emergentes. Sus actividades se centran en tres aspectos: movilidad autónoma y urbana; política de datos de salud e internet de las cosas; robótica y ciudades inteligentes (WEF, 2020).

Por su parte, Colombia y Latinoamérica no se quedaron atrás. Desde la C4IR, se creó en Medellín un espacio gestionado por Ruta N (Centro de Innovación del Departamento de Antioquia), con proyectos gestionados entre el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Alcaldía de Medellín y el Foro Económico Mundial. Se dice que es un espacio para “servir como un apoyo para el desarrollo de políticas públicas y definiciones normativas relacionadas con las tecnologías de la llamada cuarta revolución industrial” (Becerra Elejalde, 2019b). En este se abordan temas relacionados con la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la tecnología blockchain de seguridad encriptada, se priorizan esas tres tecnologías. Al respecto, el ex director de Ruta N Alejandro Franco (2019) indicó: “En el primer proyecto buscamos mejorar los procesos de las entidades de control a través de la inteligencia artificial”. Su propuesta partió como piloto en el trabajo que desarrolla la DIAN, así como la aplicación en el fortalecimiento de la seguridad del ciudadano y política criminal. En cuanto al internet de las cosas, expresó que la actividad se ha orientado en el diseño de políticas que “permitan la integración del análisis de datos para la solución de apremiantes problemas de centros urbanos y rurales, incluyendo la movilidad” (Franco, 2019); y en lo relacionado con el blockchain afirmó que la apuesta es crear una carpeta única digital contentiva de protocolos para el manejo de información en la implementación de proyectos que se relacionen con servicios de entidades estatales, a fin de que dichos datos sean también aplicados en catastro, en todo lo relacionado con los bienes y trazabilidad de propiedad de estos (Becerra Elefalde, 2019a).

Conforme a lo expuesto, es claro que la C4IR impacta diversos mundos: el físico, el digital y el biológico; y cada centro se enfocará en ello con los proyectos que desarrolla y desarrollará a futuro. Estos mundos, como los denomina Schwab (2016a), se verán impactados y transformados; una de las áreas que contribuirá a ello es el uso de la biotecnología en diferentes esferas.

2.3 La biotecnología: uno de los mundos que impacta la cuarta revolución industrial
2.3.1 Conceptualización y evolución de la biotecnología

Ciencia deriva de scientia, scire, que significa saber. La ciencia constituye un sistema de conocimientos para comprobar algo, es la elaboración de datos experimentales y las inferencias sobre estos. Según Enrique Falcón Oteiza (2009, p. 82) y Pabón (2016, p. 19), se debe basar en la objetividad y eliminar toda opinión o subjetividad.

Para lograr tal objetivo se recurre a múltiples disciplinas. Una de ellas es la biología, entendida como aquella “ciencia que trata los seres vivos, considerando su estructura, funcionamiento, evolución, distribución y relaciones” (RAE, 2019), cuyas manifestaciones prácticas son la biología celular y la biología molecular. En la primera se estudian fenómenos biológicos desde su estructura celular y en la segunda el estudio se efectúa desde la estructura molecular.

Cuando se combina la biología con la tecnología, desde hace algunos años y hoy con mayor impulso con la C4IR, se habla de la biotecnología, con ella se impacta el mundo biológico al que refiere la C4IR. La biotecnología es una tecnología impulsada por la ciencia (Pacheco et al., 2006).

La biotecnología es un término que se debe al ingeniero Karl Ereky en 1919. Se le define como aquella disciplina que combina la biología con la tecnología para solucionar problemas. De acuerdo con la Real Academia Española, es “el empleo de células vivas para la obtención y mejora de productos útiles, como los alimentos y los medicamentos” (RAE, 2019). Es un área multidisciplinar que toma en cuenta la biología, la química y otros procesos empleados en diversas áreas como la agricultura, la farmacia, la ciencia de los alimentos, las ciencias forestales y la medicina para encontrar la aplicación de estos sistemas mediante la aplicación de tecnologías innovadoras (Centro de Biotecnología, Genética y Tecnología de Chile, 2020). A su vez, Moure (2005) entiende la biotecnología como “el conjunto de técnicas y procesos que emplean microorganismos para desarrollar productos y servicios útiles” (p. 257).

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] (2009), la biotecnología es “la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así como a las partes, productos y modelos de los mismos, para alterar materiales vivos o no vivos para la producción de conocimientos, bienes y servicios” (p. 9). Por su parte, el Convenio Sobre la Diversidad Biológica la define como “toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos” (ONU, 1992, art. 2). Y para Colciencias (1999), es “cualquier técnica o conjunto de técnicas que usan organismos vivos o sus partes para fabricar o modificar productos, para mejorar plantas o animales, o para desarrollar organismos para usos específicos”.

Así las cosas, es una disciplina que comprende investigación de base y aplicada, que integra diversos enfoques de la tecnología y su aplicación en ciencias biológicas como la biología molecular, biología celular, bioinformática y microbiología marina aplicada, así como organismos acuáticos, diagnóstico celular, molecular, manejo de enfermedades que se ocasionan por la acuicultura, toxicología, bioseguridad asociada al cultivo y procesamiento de organismos marinos, biocombustibles, gestión y control de laboratorios, genomas, entre otros (Centro de Biotecnología, Genética y Tecnología de Chile, 2020).

La biotecnología ha pasado por tres etapas: comenzó con la biotecnología antigua, desde 1800 se realizaron descubrimientos con base en la naturaleza a fin de mejorar la vida humana. Fue así como se descubrió la agricultura y técnicas que mejoraran y conservaran los cultivos. Luego se pasó a la biotecnología clásica, que se da desde finales de 1800 hasta mitad del siglo XX, cuando se obtuvieron avances de la ciencia en general y se comenzó a hablar de transferencia de información genética. Finalmente, se llegó a lo que hoy se conoce como biotecnología moderna: comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. En ella se dan algunos descubrimientos sobre la estructura del ADN y su papel en la herencia, se presentan avances en la medicina, la agricultura y la ciencia en general (Centro de Biotecnología, Genética y Tecnología de Chile, 2020). Es esta última la que presenta un gran potencial para promover el bienestar de la humanidad y garantizar la satisfacción de sus necesidades (Hodson y Carrizosa, 2007, p. 3).

2.3.2 Aplicación y uso de la biotecnología en diversas áreas

Como consecuencia de la evolución ya mencionada, se habla de diversos tipos de biotecnología: agrícola, industrial y médica (Centro de Biotecnología, Genética y Tecnología de Chile, 2020). La biotecnología agrícola “se emplea para la mejora de cultivos y plantas”, su investigación se centra en plantas genéticamente modificadas para mejorar sus características. La biotecnología industrial “es aquella que contribuye a la creación de elementos industriales y al reemplazo de otros, por unos menos contaminantes”. Consiste en producir nuevos elementos que se usan en la industria, como el alcohol o detergentes, a fin de reemplazar los existentes, mejorar su aplicación y ser amigable con el medio ambiente, reducir los efectos adversos. La biotecnología médica “emplea el uso de células vivas y otros elementos celulares, para lograr mejoras en la salud de las personas”, su mayor uso se da en la cura y tratamiento de enfermedades (Centro de Biotecnología, Genética y Tecnología de Chile, 2020).

Ahora bien, es claro que su aplicación es numerosa y se clasifica según el sector al cual se dirige, se le identifica por colores de la siguiente manera (Beltrán, 2016; García, s. f.):

• Biotecnología roja: se asocia a la salud, encargada de la biomedicina, del estudio y búsqueda de tratamientos para enfermedades (antibióticos, vacunas, nuevos fármacos, diagnósticos moleculares, terapias regenerativas, ingeniería genética, manipulación genética, procesos biosanitarios, inserción de genes).

• Biotecnología blanca: se dedica a la producción de energía, destinada a la industria, a la bioenergía y a nuevos productos y procesos (productos degradables).

• Biotecnología verde: se aplica a procesos agrícolas (biofertilizantes y biopesticidas, cultivo in vitro, clonación de vegetales, plantas transgénicas, biorreactores, agentes insecticidas).

• Biotecnología azul: se dedica al mundo submarino y acuático (exploración del océano y aprovechamiento de la biodiversidad marina, mejora de la memoria, suplementos alimenticios, cosméticos, cremas rejuvenecedoras).

• Biotecnología gris: se dedica a la aplicación y mantenimiento de la biodiversidad y a eliminar contaminantes (descontaminación del suelo, gases contaminantes, saneamiento de aguas residuales, limpieza del aire, reciclaje).

• Biotecnología dorada: se enfoca en la tecnología, dedicada a la bioinformática (software y hardware, utilizar análisis de datos en procesos biológicos).

• Biotecnología púrpura o morada: se dedica a estudiar asuntos legales de la biotecnología y su aplicación. Esta

se centra en el estudio de los aspectos legales que rodean a esta ciencia: medidas de seguridad (bioseguridad) como la protección de datos del paciente, las patentes (regulación jurídica), los problemas bioéticos y de legislación. Las recientes investigaciones, así como las innovadoras formas de posible progreso, replantean principios morales y éticos: reproducción asistida, terapia génica [sic] de la línea germinal, investigación en animales o clonación. (García, s.f.)

• Biotecnología marrón: se interesa en el aprovechamiento de los recursos del desierto.

• Biotecnología naranja: se ocupa de la formación y divulgación a la opinión pública de la biotecnología y sus aplicaciones.

• Biotecnología amarilla: se relaciona con la industria alimentaria (nutrición y alimentos).

• Biotecnología negra: se vincula al bioterrorismo y guerras biológicas (armas biológicas).

Ahora bien, son múltiples los usos de esta disciplina, pero su ámbito de aplicación se da principalmente en la salud, industria, lo vegetal, ambiental, animal y en el campo alimentario. Sin embargo, según información de la OCDE, hoy la mayor aplicabilidad se da en la salud y en la agricultura (Tinjacá y Colciencias, 2013, p. 19).

2.3.3 Biotecnología y algunos lineamientos a nivel internacional

Como se puede observar, son múltiples los usos de esta disciplina y el interés de muchos países en su desarrollo, González Blair afirma que:

Durante la década de los 70, Estados Unidos emergió como país líder en la innovación en Biotecnología y desde entonces, se ha mantenido como líder indiscutible en investigación y desarrollo [...] Alemania es otro país bien desarrollado en el área de la biotecnología, sobre todo en el sector de la biotecnología roja [en biofarmacéuticos], tanto en la cantidad de empresas como en el volumen de ventas. (2017, pp. 5-6)

No obstante, esta cuenta aún con muchos interrogantes, dada su evolución. Por tal razón, incluso organismos internacionales ya se han ocupado del tema.

Por ejemplo, desde 1982 la OCDE se refirió a las tendencias y perspectivas de la biotecnología en el ámbito internacional (OCDE, 1982). Allí marcó la pauta para un tema de gran interés para los países y frente al cual entrega indicadores biotecnológicos mediante informes, establece su uso por parte de ellos, la temática en la cual se centra y lo que se ha invertido económicamente en su aplicación.

Por su parte, Naciones Unidas —a través del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992— establece la importancia de esta temática para la evolución como un interés común para toda la humanidad; la responsabilidad de los Estados sobre sus propios recursos biológicos; la conciencia sobre la falta de información y conocimiento en este campo; la urgente necesidad de desarrollar capacidades científicas, técnicas e institucionales para ello; la necesidad de promover la cooperación internacional frente a este y su utilización sostenible y conservación en la satisfacción de las necesidades alimentarias, de salud y otra naturaleza. De ahí que el convenio promueva “el acceso a los recursos genéticos y a las tecnologías y la participación en esos recursos y tecnologías” (ONU, 1992). Indica así que todo lo que se realice será en beneficio de las generaciones actuales y futuras.

Por ello, las partes llegaron a diversos puntos de acuerdo, entre ellos: la necesidad de acceder de forma adecuada a recursos y a una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes (art. 1); prever medidas generales para la conservación y utilización sostenible mediante la elaboración de estrategias, planes y programas para tal fin (art. 6); elaborar directrices y reglamentos relacionados con recursos biológicos; y establecer medios para

regular, administrar o controlar los riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología que es probable tengan repercusiones ambientales adversas que puedan afectar a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. (ONU, 1992, art. 8)

Igualmente, menciona el acceso a la tecnología y la transferencia tecnológica, en la cual se reconoce que la tecnología incluye la biotecnología, y para ello se deben asegurar el acceso a tecnologías pertinentes para conservar y utilizar sosteniblemente la diversidad biológica o recursos genéticos, así como su transferencia (art. 16). En lo referente a la gestión de la biotecnología, el artículo 19 indica que se debe estudiar la necesidad de adoptar un protocolo que establezca procedimientos adecuados, con consentimiento previo y fundamentado (ONU, 1992).

Luego, por medio de la Decisión Andina 391 (1996), se reguló el régimen común sobre acceso a los recursos genéticos. Allí establecieron lo relacionado con el reconocimiento de los conocimientos, la precaución, el tránsito subregional de los recursos biológicos y el procedimiento para ello (CAN, 1996).

Posteriormente y como consecuencia del convenio mencionado, en enero del 2000 se adoptó el Protocolo de Cartagena en bioseguridad, ratificado por Colombia mediante la Ley 740 (2002) y con entrada en vigor en septiembre de 2003. Es el primer marco regulatorio internacional en seguridad de la biotecnología (Hodson y Carrizosa, 2007, p. 5), cuyo objetivo es contribuir a garantizar un nivel de protección adecuado frente a la transferencia, manipulación y utilización de organismos vivos modificados que puedan tener efectos adversos o riesgos para la salud humana, relacionados con movimientos transfronterizos (ONU, 2000, art. 1).

Igualmente, en el Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y distribución de sus beneficios del 2010, suscrito por Colombia y cuyo proceso de ratificación culminó en marzo de 2019. Por medio de la Ley 1926 (2018) se estableció como objetivo:

la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, incluso por medio del acceso apropiado a los recursos genéticos y por medio de la transferencia apropiada de tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre dichos recursos y tecnologías y por medio de la financiación apropiada, contribuyendo por ende a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. (ONU, 2011, art. 1)

Así, se evidencia que la biotecnología es hoy un tema de interés internacional y al cual los diversos países le deben apostar en aras de la innovación y la investigación, pues su desarrollo es exponencial.

2.3.4 Biotecnología en Colombia

En 1991 se creó en Colombia el programa nacional de biotecnología, el cual planteó la necesidad de reunir

capacidades de investigación e innovación de universidades, centro de investigación y empresas con el propósito de articularlos entre sí y con las entidades del Estado, para contribuir al incremento del desarrollo, el bienestar y la competitividad económica de Colombia, a partir del conocimiento, protección y aprovechamiento de la biodiversidad. (Tinjacá y Colciencias, 2013)

Posteriormente, Colciencias creó el plan Estratégico del Programa Nacional de Biotecnología 1999-2004, en el cual se plantearon diversos desafíos para el desarrollo de la comunidad. Este indicó que se requiere la formación de recurso humano, la definición de potenciales tecnológicos para el desarrollo de productos y la adopción y/o adecuación de sistemas legislativos regulatorios (Colciencias, 1999, p. 56). En este último aspecto, aluden de forma específica a la legislación vigente en materia de propiedad intelectual a fin de que se adopten normas acorde a estándares internacionales en bioseguridad y se reglamente el acceso a recursos genéticos (Colciencias, 1999, p. 57).

En el 2006 Colciencias publicó el documento La biotecnología, motor de desarrollo para la Colombia 2015, en el que enfatiza en el nuevo desafío frente al cual se encuentra el país con respecto al desarrollo científico y tecnológico, las grandes posibilidades y retos que se plantean al país, el impacto que genera en múltiples ámbitos, pero también menciona los riesgos a los cuales su uso se puede ver avocado (Pacheco de Peña et al., 2006).

Luego, con el Conpes 3582 (2009) se establece la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En este documento se indica que esta es fuente de desarrollo y crecimiento económico para el país. Para tal efecto, diseñaron diversas estrategias, una de ellas caracterizada por la producción de bienes y servicios de contenido científico y tecnológico con valor agregado, se priorizó así la biotecnología y se promovió la investigación en esta área del conocimiento (Consejo Nacional de Política Económica y Social [Conpes], 2009).

Además de lo anterior, con la Ley 1286 (2009) se fortaleció el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyas políticas trataron, entre otros, en la acción de incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y competitividad del país. Posteriormente, en 2011, se aprobó el Conpes 3697 (2011), por el cual se regula la política para el desarrollo comercial de la biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad, cuyo objetivo central es:

crear las condiciones económicas, técnicas, institucionales y legales que permitan atraer recursos públicos y privados para el desarrollo de empresas y productos comerciales basados en el uso sostenible y en la aplicación de la biotecnología sobre los recursos biológicos, genéticos y derivados de la biodiversidad. (Conpes, 2011, p. 518)

En este se dice que el reto de insertar en el país el tema de la biotecnología “exige desarrollar un conjunto de instrumentos de política económicos, institucionales y legales, que hagan especialmente atractivo y competitivo realizar inversiones en actividades de alto riesgo y alto margen de retorno” (Conpes, 2011, p. 5) y en uno de los puntos como política propone “(iii) adecuar y revisar el marco normativo relacionado con el acceso a los recursos genéticos, con la producción y comercialización de medicamentos biotecnológicos y productos fitoterapeúticos” (Conpes, 2011, p. 5). Como estrategia para ello, se estableció que Colombia debe contar con una reglamentación adecuada a fin de proteger al consumidor, propender por la protección de los derechos del país sobre sus recursos genéticos, normatividad relacionada con la distribución justa y equitativa sobre los beneficios de estos recursos para aplicaciones biotecnológicas y la adaptación de una reglamentación específica frente al registro de medicamentos biotecnológicos.

Mediante la Ley 1951 (2019), se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación —Minciencias—, a fin de fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En este se buscaba promover el conocimiento científico y tecnológico (ar. 1), a fin de que el país se anticipe a los retos tecnológicos futuros.

Así las cosas y en atención a lo planteado, el Programa Nacional de Biotecnología se está desarrollando y cuenta, según la página del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con tres líneas de atención: (i) la consolidación de la industria biotecnológica en el país; (ii) el desarrollo y producción de biocombustibles renovables y ambientalmente sostenibles; y (iii) el conocimiento, protección y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Dentro de su plan estratégico busca, entre muchas otras cosas, gestionar la creación de nuevos centros de biotecnología modernos, impulsar iniciativas legales para conformar un marco regulatorio coherente y transparente que favorezca su desarrollo y desarrollar iniciativas regulatorias urgentes para el despegue del esfuerzo nacional en biotecnología y bioseguridad (Minciencias, 2020).

Según Colciencias, en el 2016 el país contaba con más de 114 grupos de investigación sobre biotecnología en varias universidades, además de instituciones focales de investigación en ese campo, tales como el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional, Corpogen, Corporación Biotec, Corpoica, CIAT, BioIntropic, el Centro de Bioinformática y Biología Computacional, entre otros. Frente al tema se han presentado diversos proyectos relacionados con biotecnología ambiental, industrial, agrícola y de salud. Esto demuestra que Colombia le está apostando a la biotecnología (Asociación de Biotecnología Vegetal y Agrícola [Agro-Bio], 2016), pero que —al igual que sucede en otros países— se tienen muchos riesgos con su uso, razón por la que estos se enfrentarán a múltiples desafíos.

En definitiva, la biotecnología es un campo de acción claramente impactado por la transformación que produce la C4IR. Como lo dijo Jorge Carrión (2020), “la biología está acelerando la digitalización en el mundo”. Un ejemplo de ello lo muestra la enfermedad por coronavirus (COVID-19)³ que, como pandemia, ha acelerado la revolución biotecnológica y tecnológica, porque precisamente “las crisis son prerrequisitos de las revoluciones”, como bien lo indicaba Thomas S. Kuhn (Carrión, 2020). De ello resulta que las crisis actuales en salud y las relacionadas con el medio ambiente, llevan a que varios campos, entre ellos la biotecnología, vayan a una velocidad mayor en la revolución tecnológica que la que ya se estaba viviendo.

2.4 Problemáticas y desafíos para el derecho procesal frente a los avances de la biotecnología en la era de la cuarta revolución industrial
2.4.1 Acerca de algunas problemáticas y/o riesgos con el uso de la biotecnología

La C4IR genera, como ya se mencionó, bastantes implicaciones y una de ellas se da en el ámbito del derecho, debido a la adopción de tecnologías emergentes y disruptivas. Al respecto, Schwab (2016a), afirma que es necesario establecer la manera en que coexisten estos temas de nuevas tecnologías con la sociedad, pues el impacto es alto. De allí que esta revolución también genere riesgos sociales.

Precisamente, la biotecnología como uno de los temas impulsados por la C4IR, tiene un gran impacto a nivel mundial y nacional por ser un área de potencial desarrollo, que si bien venía en evolución, con las tecnologías emergentes pretende un crecimiento exponencial. No obstante, su uso puede generar múltiples problemáticas y riesgos que se deben abordar de forma multidisciplinar por otras áreas, y una de ellas es el derecho procesal.

Al respecto, se ha enfatizado mucho en que existen avances importantes que ofrecen grandes oportunidades, porque:

La biotecnología tiene mucho que ofrecer y puede tener un impacto positivo en la seguridad alimentaria, en la sostenibilidad de la agricultura, en la salud y en la utilización y valoración de nuestra biodiversidad. Implica enormes oportunidades para países como los nuestros, que se caracterizan por su riqueza en recursos genéticos (Pacheco de Peña et al., 2006, p. 32).

Con todo, también plantea múltiples riesgos y amenazas porque lo que tiene que ver con actividades científicas y su aplicación en seres vivos genera consecuencias, por ser temas que tienen que ver directamente con la vida, la salud, organismos vivos y el medio ambiente. De allí que sea motivo de preocupación, específicamente en la salud humana y en el medio ambiente con el caso de las plantas transgénicas, los organismos vivos que se liberan y su efecto frente a alergias o toxicidad en los individuos (Pacheco de Peña et al., 2006, p. 57). Además, posee problemas con patentes y propiedad intelectual, pues la protección de conocimientos, innovaciones e investigaciones es un factor que inquieta a los investigadores y empresarios.

Igualmente, es un área que se refiere a temas sensibles (Castaño, 2008) relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo, distanasia⁴, ortotanasia⁵, eutanasia⁶, concepción de la vida, experimentación con células madre, investigación con transgénicos, eugenesia negativa —orientada a conservar, no a mejorar la herencia biológica, y que busca una manipulación genética proyectiva— (Moure, 2005, p. 263), y eugenesia positiva —cuyo fin es mejorar la especie mediante la intervención del ADN que optimice los caracteres deseables y genere una manipulación genética—. En caso de llevarse a cabo, estas situaciones serían irreversibles (Moure, 2005, p. 264). Además, temas con embriones in vitro, trasplante de órganos, técnicas de procreación humana asistida, clonación, no entrega de muestras y sustancias, problemas en recolección, almacenamiento, custodia, circulación y pertenencia de sustancias, biología sintética, empleo de conocimientos para la producción de armas biológicas (Moure, 2005, p. 270), bioseguridad, propiedad y protección de los datos⁷, privacidad, vulnerabilidad por ataques cibernéticos, violación a la seguridad, entre otros.

Al mismo tiempo, el tema ético es motivo de preocupación en su aplicación, como es el caso de la clonación, porque la biotecnología precisamente se ha reconocido como un área con problemas en lo moral acerca de lo que es o no aceptable realizar, y la potencia que puede tener para causar daños de dimensiones macroscópicas (Cambrón, 2003, p. 1). En suma, se evidencia que la biotecnología puede ser incluso empleada para la destrucción, con ella se pueden crear enfermedades y no se sabe si las consecuencias de su aplicación puedan ser negativas a largo plazo (Centro de Biotecnología, Genética y Tecnología de Chile, 2020). Pero es en estos casos en los que surge la responsabilidad social de los científicos, basados en su buen quehacer científico.

Los mencionados problemas o riesgos se asumen en pro del desarrollo, porque son producto de la innovación tecnológica, pero tampoco el desarrollo puede darse a cualquier costo. Esto es, si bien estamos en “la sociedad del riesgo”, como lo dice Ulrick Beck, citado por Moure (2005, p. 276), el mayor problema de esta afirmación es la generalización de sus consecuencias, porque los avances biotecnológicos no son asegurables. En contraste con esta afirmación, se considera que la búsqueda del conocimiento y las transformaciones actuales deben tener límites porque ponen en riesgo otros bienes vitales o derechos de los individuos que se deben resguardar.

2.4.2 ¿Cuál es el papel del derecho procesal frente a este panorama?

Los desafíos para el derecho procesal frente al uso de la biotecnología son inmensos, porque a fin de evitar, mitigar o solucionar las problemáticas y riesgos mencionados, esta área requiere de un control y límites, constituido por el respeto de los derechos de las personas. María Dolores Ochando muy bien lo expresa:

Mirando a esta ciencia del siglo XXI, se despierta un sentimiento dual, de temor y de esperanza. Las implicaciones de esta manipulación escapan al mundo científico, salen de los laboratorios e inundan las estructuras legales y los principios éticos. Es el momento de una reflexión social; más allá de la Biología, más allá de los científicos, la decisión corresponde a toda la humanidad. En definitiva, como se ha dicho en otro momento de este trabajo, las ciencias biológicas son ahora también ciencias sociales. (Ochando, 1989, p. 207)

Sin embargo, este es un tema poco explorado que requiere de un abordaje desde el punto de vista legal y normativo, desde lo social y desde la protección de los derechos de las personas como una de sus máximas garantías.

2.4.2.1 Desde lo legal y normativo

Ante el cambio que implica la introducción de las tecnologías, se presentan vacíos normativos. Si bien existe alguna normativa relacionada con biotecnología, aún no es suficiente y la que existe se debe revisar a fin de adecuarla a los desarrollos actuales de este campo, al contexto de cada país y a los estándares internacionales sobre la materia.

En ese sentido, hay nuevos retos para los cuerpos jurídicos existentes, referentes a nuevos campos de poder, a lo relacionado con el derecho internacional, a la parte ecológica y nuevas biotecnologías como base de la revolución (Cambrón, 2003, p. 1). Todo ello porque, precisamente como lo indica Cambrón (2003), el derecho ha sido superado por la biotecnología, específicamente en dos áreas: la biotecnología en general, esto es la biogenética y la biomedicina; y en lo que tiene que ver con las tecnologías informáticas. Estas circunstancias hacen difícil una previsión jurídica al respecto.

En vista de lo anterior, el avance de la biotecnología ha traído consigo novedades en el derecho, tales como : Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la Unesco (1997), Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos de la Unesco (2003), Declaración de la ONU sobre la Clonación Humana (2005) y Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco (2005). Estas se refieren a la obligación de garantizar la protección de los derechos de las personas. Sin embargo, esta normativa internacional no es suficiente, sino que es necesario crear un marco regulatorio en cada uno de los países, en los que, como bien lo indica el Convenio sobre Diversidad Biológica (ONU, 1992), se regulen y controlen: los riesgos que resultan de la biotecnología, la creación de procedimientos adecuados con consentimiento previo y fundamentado, el principio de precaución y los procedimientos para el tránsito de recursos biológicos. Es necesaria la adopción —como lo venía planteando Colciencias— de sistemas legislativos regulatorios relacionados con protección de recursos genéticos, normas acorde a estándares internacionales referentes a bioseguridad y acceso a recursos genéticos, con la distribución justa y equitativa sobre sus beneficios y adaptar la reglamentación al respecto del registro de medicamentos biotecnológicos (Conpes, 2011).

Para ello, se hace fundamental repensar las instituciones jurídicas a fin de dar respuesta a los interrogantes que formula la sociedad, porque surgen nuevas formas de libertad y nuevos límites a la responsabilidad. De allí que asumir este reto implica un esfuerzo interdisciplinar (Moure, 2005, p. 257). Por lo tanto, Schwab (2016a, p. 16) dice que es nuestra responsabilidad convertir la C4IR en una oportunidad para todos, y para ello es necesario tomar decisiones políticas correctas e impulsar los verdaderos cambios. Esto se requiere por el avance de la ciencia, de aspectos jurídicos, regulatorios y éticos. Y es en el campo biológico en el que se ven

los mayores retos para el desarrollo tanto de normas sociales como legislación adecuada. Nos enfrentamos a nuevas preguntas acerca de lo que significa ser humanos, qué datos e información sobre nuestro cuerpo y nuestra salud pueden o deberían ser compartidos con los demás y qué derechos y responsabilidad tenemos a la hora de cambiar el código genérico de generaciones futuras. (Schwab, 2016a, p. 24)

Frente a todos estos temas, Schwab (2016a, p. 55) concluye que son los escenarios regulativos y legislativos los que determinan el modo en que los investigadores desarrollan, invierten y adoptan esas nuevas tecnologías. De allí que sea necesario “crear ecosistemas de regulación y legislación ágiles y responsables, que permitan que la innovación prospere mientras minimizan los riesgos con el objeto de garantizar la estabilidad y la prosperidad de la sociedad” (Schwab, 2016a, p. 55). En ese sentido, enfatiza en que en esta era, “lo que se necesita no es necesariamente más legislación o que esta sea más rápida, sino más bien un ecosistema” (Schwab, 2016a, p. 59), razón por la cual es imperioso crear reglas y controles necesarios en aras de mantener la justicia, equidad, competitividad, propiedad intelectual y fiabilidad. Es esto precisamente lo que generará mayor confianza y legitimidad ante estos nuevos desarrollos y transformaciones.

2.4.2.2 Desde lo social

Colciencias indicaba que:

Si la tecnología va a lograr la aceptación general, los debates sobre cultivos transgénicos, el uso de células madre, la clonación, la terapia de genes, y las pruebas genéticas, entre otros, exigen una atención constante y un diálogo claro, abierto y franco con el público en general, así como una constante evaluación de la percepción que la sociedad tiene sobre los diferentes productos de la biotecnología. (Pacheco et al., 2006, p. 58).

Dicho lo anterior, resulta fundamental el consenso y aceptación frente a las nuevas transformaciones y al uso de la biotecnología en los nuevos desarrollos que harán que la sociedad recurra a ella como una nueva oportunidad, pero basada en la confianza.

De otro lado, en el ámbito de lo social y frente a los problemas éticos que afronta la biotecnología, surge la responsabilidad social de los científicos. En ella no aplica aceptar que todo vale: en su aplicabilidad y desarrollo se debe tener en cuenta la garantía de los derechos implicados y la protección del bien común (Cambrón, 2003, p. 3). En otras palabras, cabe aquí preguntarse: “¿cómo se debería comportar el investigador con aquellos sujetos que son voluntarios para participar en la investigación en particular, y con la sociedad en general? (Escobar, 2014, p. 273). Para responder dicho interrogante, se dice que lo más importante es generar confianza pública. Con esto se quiere decir, como bien lo expresa el Código de Núremberg cuando se refiere a ensayos clínicos con humanos, que es necesario el consentimiento voluntario del humano, que la investigación se debe dirigir al bien de la sociedad, que los riesgos deben estar justificados por los beneficios anticipados que se tengan, que se debe evitar el sufrimiento físico y mental, y que la investigación se debe suspender si con su continuidad pueden resultar grandes daños (Escobar, 2014, p. 276).

En definitiva, el rol de quien realiza desarrollos con base en la biotecnología es el de poner la investigación al servicio de la sociedad y tener claridad sobre las posibles responsabilidades por los daños que con su actuar genere.

2.4.2.3. Desde la protección de los derechos de las personas

Como se ha dicho, el derecho procesal —con el desarrollo de la biotecnología— se debe encargar de la protección de los derechos de los individuos que resultan frágiles ante el desarrollo tecnológico, tales como: derecho a la dignidad humana; a la preservación de la especie humana; a la identidad; a heredar un patrimonio genético no modificado; a no conocer la propia información; a la familia a la salud; a la libertad; derecho de patentes, entre otros. Estos se predican en diversos instrumentos internacionales, son derechos que se han constitucionalizado paulatinamente y que se han convertido en derechos fundamentales de las personas.

Un ejemplo de ello se da en los trasplantes: es necesario proteger, como se hizo en México en el 2003 por vía de amparo, derechos relacionados con la libertad, dignidad, derechos de familia, derecho a la salud, entre otros (González, 2009, p. 409), porque lo que se busca primordialmente es la protección de derechos y evitar el comercio de órganos. Algo semejante sucedió en Guatemala en el 2006, cuando el Máximo Tribunal de lo constitucional suspendió el reglamento de la ley de trasplante de órganos, ya que se monopolizaba por el Ministerio de Salud. Y en Colombia en el 2003, se resolvió la constitucionalidad de un proyecto de ley que establecía una jornada anual dedicada a la donación de órganos y tejidos y obligaba a instituciones educativas a realizarla. Asimismo, en el 2007 se le pidió a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley 73 (1988) que establecía la presunción legal de donación de órganos y componentes anatómicos, reafirmaba en ambos casos la necesidad del consentimiento de los familiares (González, 2009, p. 411).

Es por ello que la Corte Constitucional colombiana, en Sentencia C 137 (1996), por la cual aprobó el Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología hecho en Madrid en 1983, indicó que si bien la biotecnología es esencial para el logro del desarrollo y el bienestar, no se pueden pasar por alto los riesgos que entraña, razón por la cual “se impone la obligación estatal de garantizar y observar estrictas normas de seguridad, que tiendan a la protección de la vida, la salud y la alimentación de las personas”. Y con relación al manejo de recursos genéticos y experimentación tecnológica sobre recursos vivos, dicha sentencia indica que el Estado tiene el deber constitucional irrenunciable de intervenir para protegerlos y garantizar que su manejo se dé acorde al interés nacional.

Además, en el 2000 la Corte Constitucional ratificó lo planteado anteriormente y enfatizó en el derecho de patentes y propiedad intelectual e industrial producto de esta actividad. Afirmó con relación a ellos que se deben someter a normas internas, supranacionales e internacionales sobre el tema (Sentencia C-133, 2000). A su vez, en el 2002, en lo referente al comercio internacional de organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos, abordó el peligro para la salud humana y el medio ambiente; manifestó que frente al tema existen criterios opuestos, sin que exista certeza absoluta sobre los daños que puedan ocasionar y su recomendación fue acudir al principio de precaución (Sentencia C-293, 2002).

El tema se abordó de igual modo en el 2019, cuando reiteró que es necesario contar con normas y procedimientos claros para proteger la salud ante daños derivados de actividades con organismos genéticamente modificados. Adicionó que el Protocolo de Naguya-Kuala Lumpur, firmado por Colombia, es importante para el Estado, porque permite —en caso de daños y costos— reclamar contra el operador de organismos genéticamente modificados, a fin de reducir o minimizar su potencialidad. Además, consagró mecanismos de responsabilidad y compensación ante impactos negativos por esta actividad (Sentencia C-381, 2019).

En consecuencia, Colombia podría aplicar su legislación nacional vigente, incluidas las normas generales y procedimientos sobre responsabilidad civil, en caso de un daño a la diversidad biológica causado por movimientos transfronterizos de un OVM. De igual manera, las autoridades nacionales podrán desarrollar normas de responsabilidad civil y los procedimientos específicos a los daños resultantes de la movilización de estos organismos en caso de ser necesarios. (Sentencia C-381, 2019).

Por su parte, en el 2015 la Corte Constitucional abordó el tema de la biotecnología en materia de alimentos, indicó que es necesario que el Congreso legisle respecto al rotulado o etiquetado en envases o empaques de alimentos derivados de organismos genéticamente modificados y que sean para el consumo humano, a fin de proteger la salud y los derechos de los consumidores (Sentencia C-583, 2015). Y finalmente, en el 2019 se ocupó del tema del consentimiento porque, si bien la libertad en investigación es un derecho humano, esta se debe emplear en pro de un bien común, que le permita a los seres humanos vivir mejor. De allí que, si bien se reconoce, no se exime de tener restricciones razonables y proporcionadas, porque se debe respetar la salud de los individuos, su dignidad, libertad, los derechos de la persona humana y la prohibición de discriminación por razones genéticas (Sentencia C-294, 2019).

En contraste, hay dos lados opuestos frente al tema: por un lado están los avances científicos con base en tecnologías emergentes y disruptivas, fundamentados en el derecho a la investigación y a la libertad frente a ella. Por el otro lado está la posible vulneración de derechos fundamentales de las personas. De ahí que sea necesario contar con ciertos límites dados por el derecho procesal, porque como bien lo expresa José Luis Soberanes (2000):

el derecho y la ciencia jurídica durante el siglo que acaba de concluir, presenta luces y sombras, grandes avances y grandes retrocesos, fracasos y éxitos, pero sobre todo, creo que lo más importante es la esperanza en el derecho como único instrumentos éticamente válido de alcanzar la justicia. (p. 364)

Conforme a lo expresado, la relación del derecho procesal con la biotecnología es clara. Los desafíos que frente al desarrollo de la segunda requiere el derecho son enormes. Además de una debida regulación, es fundamental un mecanismo ágil y eficiente que garantice los derechos de las personas y que marchen a la vanguardia y velocidad que la misma tecnología requiere.

El gran reto de la sociedad del siglo XXI no reside tanto en dar rienda suelta a la revolución biotecnológica, sino precisamente en establecer unos cauces de este fenómeno imparable que nos permita sacar el máximo provecho posible del mismo, con beneficios generalizados —esto es, con una dimensión universal— y sin correr riesgos que conlleven perjuicios lamentables. (Moure, 2005, p. 276)

Como resultado, es necesario crear y consolidar instituciones sólidas y vigilantes del desarrollo armónico y seguro de la biotecnología, y controlar adecuadamente sus operaciones: “Es el reto del Derecho para el siglo XXI” (Moure, 2005, p. 282).

2.5 Conclusiones

Actualmente la sociedad está en el marco de la cuarta revolución industrial, la cual implica grandes transformaciones y cambios, lo que impacta diversos mundos: físico, digital y biológico. En este último ámbito ha tenido gran desarrollo la biotecnología, como aquella tecnología al servicio de la ciencia y por medio de la cual —a través de la intervención de organismos vivos— se generan nuevos productos y servicios. Es esta hoy un área de evolución exponencial y motor de desarrollo para los países.

No obstante, el derecho ha sido superado por la biotecnología, de allí que en la C4IR se requieran de nuevos marcos científicos, tecnológicos, económicos y sociales que vayan de la mano con su desarrollo. Así lo expresa Schwab (2016a): “Como en anteriores revoluciones industriales, la regulación desempeñará un papel decisivo en la adaptación y difusión de las nuevas tecnologías” (p. 58).

Lo expuesto es debido a que, con la aplicación de la biotecnología, se pueden generar diversos riesgos y problemáticas frente a los derechos de las personas, tales como derecho a la salud, dignidad humana, medio ambiente, privacidad, la seguridad, entre otros. Todos ellos deben ser protegidos por el derecho y específicamente, por el derecho procesal. De ahí que se requiera frente a este campo una regulación clara, coherente y transparente, que favorezca su desarrollo y que vele por la protección de estos derechos. Solo así la biotecnología podrá ser realmente el motor de desarrollo que se espera a nivel mundial.

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Notas

¹ Este capítulo de investigación es resultado del proyecto de investigación denominado “Desafíos del Derecho Procesal frente a los avances de la biotecnología”, financiado por la Universidad de Medellín y desarrollado por la autora en el marco del Programa de Altos Estudios de Posdoctorado de la Universidad de Salamanca, bajo la dirección y tutela de Lorenzo Bujosa Vadell.

² Abogada, magíster en Derecho Procesal y doctora en Derecho. Jefe de la maestría en Derecho Procesal Extensiones; líder e integrante del Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal, Universidad de Medellín, Medellín, Colombia. Investigadora senior según medición de Minciencias. Miembro titular del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Correo electrónico: ldpabon@udem.edu.co. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8561-7357

³ “En diciembre de 2019 surgió un brote sin precedente de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en China. Un nuevo coronavirus fue inidentificado como el agente causal y posteriormente fue denominado COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Considerado un pariente del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS), COVID-19 es causado por un beta coronavirus llamado SARS-CoV-2 que afecta el tracto respiratorio inferior y se manifiesta como neumonía en humanos. A pesar de los rigurosos esfuerzos globales de contención y cuarentena, la incidencia de COVID-19 continúa aumentado” (Sohrabi et al., 2020, p. 71).

⁴ “Prolongación médicamente inútil de la agonía de un paciente sin perspectiva de cura” (RAE, 2019).

⁵ “Muerte natural de un enfermo desahuciado sin someterlo a una prolongación médicamente inútil de su agonía” (RAE, 2019).

⁶ “Intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura” (RAE, 2019).

⁷ Un ejemplo de ello lo constituye la COVID-19. Al respecto, Juan Gustavo Corvalán expresaba: “El avance del [sic] COVID-19 en el mundo, plantea desafíos inéditos y ha puesto, una vez más, a las tecnologías emergentes –y a la IA principalmente– en el centro de nuestras vidas. La gravedad de la situación actual ha obligado a los países a desarrollar plataformas digitales de autodiagnóstico con el fin de conocer posibles infectados, identificar sus movimientos y poder tomar efectivas y oportunas políticas de salud. Para que esto suceda, es fundamental que la ciudadanía brinde información ligada a sus datos personales a través de estas plataformas, lo que supone un enorme desafío para el Estado: reguardar el derecho a la privacidad, asegurar la protección de datos personales y adoptar medidas eficaces para evitar la propagación del virus” (Corvalán, 2020).