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LOS VALENCIANOS
Y EL LEGADO FORAL
HISTORIA, SOCIEDAD, DERECHO
LOS VALENCIANOS
Y EL LEGADO FORAL
HISTORIA, SOCIEDAD, DERECHO
Francisco Javier Palao Gil,
María Pilar Hernando Serra, coords.
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
2018
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© de los textos: los autores 2018
© de esta edición: Universitat de València, 2018
Coordinación editorial: Maite Simon
Maquetación: Celso Hernández de la Figuera
Cubierta:
Ilustración: Jaime I tocando el arpa, miniatura del manuscrito Privilegiorum Regni Valentiae, fol. 1r, finales del s. XIV (Arxiu Municipal d’Alzira)
Diseño: Celso Hernández de la Figuera
Corrección: Pau Viciano
ISBN: 978-84-9134-359-2
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
El legado foral: un pasado que construye el presente, Francisco Javier Palao Gil
1. Els Furs de València. Un texto de leyes del siglo XIII Mariano Peset Reig
2. Una aproximació als visso i als attento en la sentència civil de la València foral Carles Tormo i Camallonga
3. Derecho, justicia y juristas en la Valencia foral moderna Teresa Canet Aparisi
4. L’abolició dels Furs valencians. Repressió, resistència i exili Carme Pérez Aparicio, Amparo Felipo Orts
5. La deficiente arquitectura política foral, ¿un lastre para las reivindicaciones de su devolución? Sergio Villamarín Gómez
6. Los valencianos ante la derogación de los Fueros. Intentos de editarlos Pilar García Trobat
7. ¿Fuerismo versus constitucionalismo? Derecho Común y Derechos particulares en la España constitucional Remedio Sánchez Ferriz
8. Manuel Dualde Serrano (1914-1955): el estudio del derecho foral valenciano en blanco y negro María Pilar Hernando Serra
9. La disposición adicional 1ª de la Constitución y su (pretendida) relación con el derecho civil autonómico: perspectivas doctrinales y jurisprudenciales Ignacio Durbán Martín
10. El «retorno del rey»: la inesperada resurrección de los Fueros Francisco Javier Palao Gil
Introducción
EL LEGADO FORAL:
UN PASADO QUE CONSTRUYE EL PRESENTE
Francisco Javier Palao Gil Universitat de València
En 1992, una sentencia del Tribunal Constitucional (la nº 121, de 28 de septiembre), vino a determinar que, al carecer la Comunidad Valenciana de derecho civil propio o foral compilado al aprobarse la Constitución, la competencia legislativa de la Generalitat sobre esta materia quedaba limitada a las probadas costumbres forales que se hubieran podido conservar. Es cierto que en el ámbito agrario habían quedado algunos usos con valor jurídico, como los arrendamientos históricos, las ventas a l’ull o per alfarrassar o al pes o per arrovat, y poca cosa más... Pero lo cierto es que aquella sentencia vino a acuñar la ya famosa tesis «agro-consuetudinaria» –así la llamó el profesor Francisco Blasco–.1 Desgraciadamente, el tribunal asumió sin mayor examen la argumentación de la Abogacía del Estado, que era en sí una falacia: al legislar sobre una institución consuetudinaria, la Generalitat estaba mostrando cuál era su ámbito competencial. La ley no se hizo porque hubiera un deseo de codificar un derecho consuetudinario vigente, y de este modo la Generalitat reconociera lo limitado de su competencia; la ley se promulgó, y con urgencia, para evitar un perjuicio notable a un grupo importante de labradores valencianos y, de paso, para proteger un elemento esencial del paisaje de la capital, como es la huerta. Y para ello se invocó el art. 31.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (EACV) y se dio un título competencial adicional. Pero no se pretendía que fuese, en absoluto, el único. De hecho, la Generalitat trató de ampliarlo en sus alegaciones, reafirmando la facultad que tenía para desarrollar el derecho civil y el verdadero alcance del art. 31.2 EACV.2
Un hecho que demuestra que, en la Comunidad Valenciana, tanto las instituciones públicas como una parte de las profesiones jurídicas no entendieron –ni compartieron– el giro dado por el Tribunal Constitucional al ejercicio de la competencia, fue la reacción producida ante la sentencia. Ya en mayo de 1992, pocos meses antes, el Colegio de Abogados de Sueca había promovido un manifiesto en defensa del derecho civil valenciano, que fue ampliamente respaldado; buscaba superar la parálisis de seis años que había ocasionado el recurso del Gobierno. Parece evidente que la Generalitat no tenía intención de usar la competencia regulada en el art. 31.2 EACV en los primeros años tras el acceso a la autonomía. Bastante había con poner en marcha la maquinaria de la nueva administración y asumir y desarrollar las potestades en servicios básicos como sanidad o educación, infrafinanciados e infradotados, o alcanzar un presupuesto razonable para ello en un contexto de crisis y de crecimiento constante de la población. Por ello, ocuparse de un derecho civil dos veces abolido y perseguido con saña por la propia Administración central no era la mayor de las prioridades –sigue sin serlo hoy día–. Pero, transcurrida una década desde el acceso a la autonomía, y consolidados los servicios básicos, la inquietud por el desarrollo de esta concreta competencia empezó a hacerse patente. Esa es la raíz del manifiesto promovido en 1992 por el Colegio de Abogados de Sueca y por uno de los miembros de su junta directiva, Joan Tamarit i Palàcios, que con el tiempo llegaría a ser decano de la institución.
En cuanto se conoció el fallo del Tribunal Constitucional, les Corts valencianes fue la primera institución en mostrar su extrañeza y desacuerdo: en febrero de 1993, ya se produjo una interpelación al Consell sobre «política general del Gobierno Valenciano respecto a la recuperación del Derecho Civil Valenciano, de acuerdo con lo que señala el Estatuto de Autonomía», promovida por el grupo parlamentario de Unió Valenciana. Las Cortes la hicieron suya por unanimidad y pocos días después aprobaron en Pleno una resolución (la 78/III) para la «elaboración de un estudio de posibilidades de desarrollo legislativo del Derecho Civil Valenciano», en sesión celebrada el día 18 de febrero de 1993. La confección del estudio agrupó a instituciones diversas, como el Consell Valencià de Cultura, las Universidades o los colegios profesionales, y fue patrocinado por la Dirección General de Justicia de la Conselleria de Administración Pública (Generalitat Valenciana); su titular, Lluís Berenguer, había sido uno de los miembros de la ponencia que redactó el Estatuto de 1982 y conocía bien la materia. La dirección del proyecto la asumió el Departamento de Derecho Privado de la Universitat Jaume I, encabezado por Luis Martínez Vázquez de Castro, catedrático de Derecho Civil, y el núcleo del equipo lo formaron los profesores Rosa Moliner Navarro, Arcadi Garcia Sanz y Vicent Garcia Edo. Aquel grupo integrado por civilistas e historiadores del Derecho comenzó confeccionando una compilación del derecho civil vigente en 1707, antes de la abolición, que se presentó en el Palau de la Generalitat en abril de 1995, en vísperas de las elecciones autonómicas de ese año, con el título «Bases per a un projecte de compilació del dret civil valencià». Aquel proyecto decayó al cambiar el gobierno autonómico unos meses después, aun cuando se materializara en las Institucions de Dret Civil Valencià publicadas por Arcadi Garcia Sanz en 1996 en la Universitat Jaume I. En cualquier caso, aquí es donde hay que buscar los orígenes más remotos del recurso a Furs de València que hace la reforma estatutaria de 2006.
Pero el interés por los Fueros, su historia y su época, en realidad nunca se había ido del todo. Hasta principios del siglo XX –los tiempos de Roc Chabàs y Sanchis i Sivera–, el avance había sido modesto, aunque conforme avanzan investigaciones y trabajos como los de Pilar García Trobat vamos percibiendo que es mayor de lo que pensábamos. Sin embargo, a partir de entonces, el interés aumenta, y los estudios, también, como se muestra en algunos de los artículos de la publicación. El paréntesis de la guerra y del primer franquismo no impidió que, desde la década de los sesenta, la Universidad tomase la delantera. En ese sentido, hay que destacar, por un lado, a la escuela de historiadores modernistas formada en torno a la figura de Joan Reglà; y, por otro, a historiadores del Derecho, como Mariano Peset –también relacionado con Reglà–, que inició los estudios sobre la nueva planta y amplió los existentes sobre los orígenes de los fueros.3 Desde el precedente de Manuel Dualde y sus Fori Antiqui Valentiae, Germà Colon y Arcadi Garcia comenzaron en 1970 la edición crítica de Furs de València en la editorial Barcino.4 Entre 1972 y 1984, el departamento de Historia Moderna de la Universidad de Valencia publicó las cortes del reino de la Edad Moderna, desde Fernando el Católico hasta Felipe IV, en su colección «Fuentes y monografías».
Las elecciones de 1995, como antes apunté, supusieron un cambio de gobierno autonómico, pues el Partido Popular desbancó al PSPV, que llevaba desde 1983 en el poder. Ello detuvo el desarrollo legislativo previsto, pero por poco tiempo. En septiembre de 1996, el grupo parlamentario Esquerra Unida-Els Verds presentó una interpelación para que el Consell fijase su política respecto del derecho civil valenciano, y en abril del año siguiente, otra para que en el plazo de un año se presentase un proyecto de compilación, así como un estudio sobre instituciones vigentes y posibilidades de desarrollo de un derecho propio. Por fin, el 30 de ese mes se aprobó por unanimidad de todos los grupos una Proposición No de Ley en que se instaba al Consell a constituir una comisión interdepartamental y a poner en marcha un seminario en que se analizase ese posible desarrollo, remitiendo a las Cortes las conclusiones alcanzadas. Un año después, el Decreto 221/1997, de 12 de agosto, creó la Comisión Interdepartamental de Derecho Civil Valenciano, presidida por la consellera de Bienestar Social, Marcela Miró, e integrada por el subsecretario de la Conselleria de Justicia y varios directores generales pertenecientes a otras consellerias; entre sus funciones estaban la de proponer actuaciones tendentes a la conservación y desarrollo de derecho civil valenciano, pero todavía en la órbita del derecho consuetudinario, la opción que se había desestimado ya en 1992, e incluso antes. Lógicamente, lo que se les pedía –presentar propuestas a las Cortes Valencianas sobre las actuaciones pertinentes en torno a las costumbres vigentes– nunca se completó, al no existir en realidad materia prima sobre la que trabajar. Para entonces, no solo los historiadores del derecho sabíamos ya que la costumbre foral era una suerte de entelequia o de mito tan célebre como inexistente.
Y es que la efervescencia de trabajos sobre el derecho foral continuaba. Entre 1993 y 1996, en el área de Historia del Derecho de la Universitat de València y bajo la dirección del profesor Mariano Peset, se leyeron tres tesis doctorales sobre el derecho civil foral en materia de sucesiones (Pascual Marzal), propiedad de la tierra (Manuel Febrer) y régimen económico del matrimonio (Dolores Guillot). Las tres fueron editadas y constituyen un corpus historiográfico caudal para conocer nuestro antiguo derecho: El derecho de sucesiones en la Valencia foral y su tránsito a la Nueva Planta (PUV, 1998); Dominio y explotación territorial en la Valencia foral (PUV, 2000); y El régimen económico del matrimonio en la Valencia foral (Biblioteca Valenciana, 2002). Entre tanto, Pedro López Elum y Vicent Garcia Edo trabajaban sobre los orígenes del texto de Furs de València y sus concordancias y parentescos. El primero publicó en 1998 Los orígenes de los Furs de València y de las Cortes en el siglo XIII, donde se establecía por vez primera, y de forma inconcusa, que la Costum se promulgó entre octubre y noviembre de 1238, apenas entrado el rey en la capital del futuro reino. El segundo remató sus trabajos con una exposición sobre el derecho histórico valenciano en el monasterio de San Miguel de los Reyes y la publicación del catálogo, Bibliotheca Iuris Valentiae, en el año 2000.
Ese mismo año, las competencias sobre el derecho civil valenciano pasaron a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, dirigida en los primeros meses por Serafín Castellano y, desde mayo, por Carlos González Cepeda. El director general de Justicia, Eloy Velasco, impulsaría los trabajos creando, en septiembre de 2002, el Observatorio de derecho civil valenciano. En el Observatorio, variopinto e integrado por un gran número de miembros, todavía encontramos una tendencia patente hacia el estudio y la recuperación del derecho consuetudinario, con el resultado esperable: compraventas agrarias, riegos, pesca, etc. Pero en la Memoria del primer año de actividad ya se adivinan las nuevas tendencias en el trabajo del registrador de la propiedad Enric Solà i Palerm, «Listado de instituciones forales», en que se apunta la idea de recurrir a los fueros.5 Aquí reside una de las circunstancias menos conocidas de este retorno al acervo jurídico del pasado que comenzó a gestarse tras la STC 121/1992, y que podríamos llamar, con cierta licencia, la «conexión de los registradores». En el año 2000, Vicente Domínguez Calatayud, también registrador, ingresaba en la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación con un discurso titulado «Desde los Fueros de Jaime I al Derecho civil valenciano». La idea se la había sugerido el antes citado Enric Solà, que llevaba algún tiempo tratando de mantener la línea de trabajo que se había abierto en 1992 tras la sentencia del Tribunal Constitucional, muy alejada del derecho consuetudinario.
La escasa operatividad del Observatorio hizo que el nuevo conseller de Justicia tras las elecciones de 2003, Víctor Campos, creara una Comisión de codificación civil valenciana por Decreto del Consell de 16 de junio de 2004. Al frente de dicha comisión, en calidad de coordinador, fue nombrado el ya mencionado Vicente Domínguez, otro declarado antagonista de la llamada «vía agroconsuetudinaria». Aquel año, el 2004, fue pródigo en acontecimientos. Domínguez publicó a través de las Cortes Valencianas su estudio Posibilidades constitucionales de una plena recuperación de nuestro derecho foral civil, en que extendía y consolidaba las ideas seminales que había mostrado en el discurso de ingreso en la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación. Y junto a los profesores Mario Clemente Meoro y Francisco de P. Blasco Gascó, de la Universitat de València, impulsó un segundo manifiesto a favor del derecho civil valenciano al que se adhirió la mayor parte de nuestra sociedad: organizaciones empresariales, agrarias, cámaras de comercio, universidades, colegios profesionales... El 28 de abril, las Cortes Valencianas aprobaron por unanimidad crear una comisión especial para el estudio de una posible reforma del Estatuto de Autonomía y la consolidación del autogobierno, que se constituyó el 31 de mayo. Así, entre enero y febrero del año siguiente, se fueron produciendo las comparecencias de expertos ante la comisión. En muchas de ellas –hasta diecisiete– se trató del problema que planteaba el derecho civil, pues era considerado uno de los elementos que había de definir a la Comunidad Valenciana como una nacionalidad histórica. Como pongo de manifiesto en mi estudio, en las comparecencias se aprecian las distintas vías por las que se propuso apuntalar la competencia para alejarla definitivamente de la absurda solución de la costumbre. Algunos plantearon regular la recuperación plena de la capacidad normativa sin más límites que los fijados en el artículo 149.1.8ª de la Constitución. Pero otros defendieron que esa reintegración debía estar necesariamente vinculada a otra, la de los fueros abolidos, previa su actualización y adaptación a los principios constitucionales. De nuevo aquí se significaron los registradores de la propiedad Vicente Domínguez Calatayud y Enric Solà Palerm –aunque no fueron los únicos–.
La fórmula finalmente acordada fue esta última, que ya había sido avanzada en el preámbulo del Decreto que creó la Comisión de Codificación Civil Valenciana y que, al fin y al cabo, cuadraba a la perfección con el programa valencianista con el que Francisco Camps llegó a la presidencia de la Generalitat en 2003; cabe recordar que juró su cargo sobre un ejemplar facsímil de Fori Regni Valentiae, de Francesc Joan Pastor. Pero la relación entre Vicente Domínguez y Serafín Castellano, ahora diputado y síndico del Partido Popular en las Cortes Valencianas, y ponente en la Comisión de reforma del Estatut, inclinó definitivamente la balanza en ese sentido. El debate parlamentario sobre este punto estuvo trufado de alusiones entusiastas a los fueros perdidos, tanto por parte de la izquierda –Joan Ribó, por ejemplo– como de la derecha. El síndico del PP lo resumía así:
Parlem de més valenciania, perquè hem de recuperar una cosa importantíssima en la vida dels valencians, com és el seu dret foral. El dret foral tots els experts vénen a coincidir que és el més complet dels drets forals de l’antiga Corona d’Aragó, i que una gran part del mateix no sols té una vigència sinó que fins i tot és superior al dret civil espanyol en moltes qüestions que afecten a la Comunitat Valenciana.6
En fin, sobre el particular hubo unanimidad entre todas las fuerzas políticas (PP, PSPV y EU-L’Entesa). El resultado de todo ello fue la reforma del Estatuto de Autonomía que tuvo lugar en 2006, una importante apuesta del gobierno valenciano en el ámbito competencial. Así, a la redacción del art. 49.2 del nuevo texto, que recogía la anterior, se añadieron el art. 3.4 y la Disposición Transitoria Tercera con el fin de determinar con claridad cuál era la intención del Consell y de las Cortes Valencianas en relación con la potestad legislativa atribuida a la Generalitat Valenciana en dicho art. 49.2: «La competencia exclusiva sobre el Derecho civil foral valenciano se ejercerá, por la Generalitat, en los términos establecidos por este Estatuto, a partir de la normativa foral del histórico Reino de Valencia, que se recupera y actualiza, al amparo de la Constitución Española». A partir de ahí, y hasta llegar a la declaración de inconstitucionalidad de las tres leyes surgidas del ejercicio de la competencia, la historia es bien conocida.
El profesor Francisco Blasco Gascó, en una crítica al texto estatutario publicada poco después de su aprobación, afirmó que «si uno fuera médico en lugar de jurista prescribiría que alguien sufre una fuerte foralitis o inflamación de los fueros».7 El profesor Blasco, como la totalidad de discípulos del malogrado profesor Vicente Luis Montés, estima que la Comunidad Valenciana tiene una competencia similar o igual a la del resto de comunidades autónomas con potestad para legislar sobre derecho civil, sin necesidad de recurrir al derecho histórico. Es la opinión que expresó el profesor Jesús Estruch ante la Comisión para la reforma estatutaria: «...es evidente que la Comunidad Autónoma Valenciana podría dictar cualquier ley en materia de derecho civil, siempre que no afectara a las materias de competencia exclusiva del Estado, como de hecho están haciendo el resto de Comunidades, cuyos Estatutos de Autonomía tienen idéntica redacción al actual artículo 31.2 de nuestro Estatuto». Es la interpretación autonomista del art. 149.1.8ª de la Constitución, perfectamente racional, pero en las antípodas de lo que piensa el Tribunal Constitucional en estos momentos. Tampoco por esta vía se habría llegado a ningún sitio, pues la parte política del problema aún no ha encontrado solución y, mientras tanto, la jurídica continúa igual, hágase lo que se haga.
Pero lo que me interesa es el recurso a los fueros que hace el Estatuto en su reforma de 2006, una circunstancia sin duda extraordinaria y hasta inesperable, pero tangible: ahí sigue estando, pese a que el Tribunal Constitucional haya tratado de vaciarlo de ese contenido con unas sentencias que a quien esto escribe todavía le cuesta creer. La apelación al legado foral –el título de esta obra colectiva– tiene, al menos, una doble explicación. Por un lado, está la propiamente jurídica, es decir, el razonamiento sobre la utilización que la reforma estatutaria hace de Furs de València, las alusiones constantes al marco jurídico que tuvo el antiguo reino antes de la abolición de 1707. Puede resultar sorprendente, incluso excesivo, hasta para un historiador: yo mismo he mostrado mi sorpresa en más de una ocasión. Pero elucidar el porqué es muy sencillo: el legislador valenciano ha querido con ello proporcionar una pauta de actuación, una inspiración para que hallemos en el derecho histórico reglas, instituciones o principios que guíen el ejercicio de la competencia. Es decir, los fueros serían el fundamento histórico de la competencia –los valencianos tuvimos en el pasado una legislación escrita, amplia y diferenciada de la del resto de territorios de la Monarquía Hispánica, como Cataluña, Castilla o Aragón– y, a la vez, constituirían la base del fundamento legal –los artículos del Estatuto que regulan el ejercicio de la competencia–. Son, asimismo, un límite a la competencia de la Generalitat, que hace imposible que ésta legisle con absoluta amplitud y los solos límites que le imponen las reservas del art. 149.1.8ª de la Constitución.
En cierto modo, el legislador estatuyente ha ofrecido al Tribunal Constitucional un equivalente a las compilaciones de las que se han servido otras comunidades autónomas para desarrollar su derecho civil. En el fondo, no es más que otro acto de lealtad institucional digno de mejor causa. Parece que muy pocos han advertido que el sistema que fija en la actualidad qué comunidades pueden legislar en materia de derecho civil –es decir, la garantía de la foralidad civil que, según se dice, asume la Constitución– se asienta en criterios historicistas profundamente arbitrarios y contingentes que no deberían ser, precisamente, los que utilice un Estado democrático de Derecho. Por ejemplo, las distintas compilaciones no se formaron siguiendo los mismos parámetros: unas fueron más ambiciosas y recogieron, literalmente, de todo, hasta instituciones derogadas, en desuso o muy locales; otras se atuvieron a lo esperable y recopilaron el derecho en vigor. Ni que decir tiene que, en un país como el nuestro, el sistema de la Constitución de 1978 acabó favoreciendo a las primeras.
Pero lo peor es que, en el fondo, la distribución de esa potestad se basa en una legitimidad autoritaria: la de la dictadura franquista. ¿Ignora alguien que esas compilaciones fueron aprobadas por leyes de aquel pseudoparlamento orgánico llamado las «Cortes Españolas», con la excepción del Fuero Nuevo de Navarra, que se sancionó directamente por el entonces Jefe del Estado, el «Generalísimo»? Paradójicamente, los territorios que disponían de esas leyes franquistas vieron aumentada su capacidad de autogobierno, mientras que los que carecían de ellas, la vieron reducida. Además, al entrar en vigor la Constitución, ésta coincidió en el tiempo con aquellas, cuyo contenido era en ocasiones manifiestamente inconstitucional –discriminación de la mujer, ilegitimidad de los hijos...–. Sin embargo, y pese a que las compilaciones habían sido aprobadas mediante leyes estatales, su renovación y ajuste se dejó en manos de las correspondientes comunidades autónomas. Y, entre tanto llegaban los arreglos, mantuvieron durante largo tiempo preceptos y normas inconstitucionales sin el menor reproche legal... Este tipo de pervivencias y continuidades desde la Dictadura es un elemento justamente criticado en la Transición española, pues son la causa de algunos de los déficits democráticos que aún hoy sufre nuestro país y que inciden en la calidad de su régimen político. Sin embargo, la Constitución las avaló y el Tribunal Constitucional las ha convertido, mediante su jurisprudencia, en una especie de patente de corso, de manera que su contenido, que debería haber actuado como límite, en realidad no lo ha hecho. Se ha creado así una disimetría entre territorios que clama al cielo...
Al proponer la antigua legislación como ámbito material del ejercicio de la competencia –la foralidad civil protegida–, la Comunidad Valenciana quiso enlazar con algunas de las interpretaciones más flexibles del alcance del artículo 149.1.8ª de la Constitución española, las que exigen sólo la vigencia pretérita de un régimen foral o se adscriben a una postura regionalista o autonomista. Es un criterio interpretativo que no resulta descabellado. En una ponencia –de obligada lectura– que el profesor Lacruz Berdejo pronunció con motivo del Congreso de juristas sobre los derechos civiles territoriales en la Constitución, que tuvo lugar en Zaragoza en octubre de 1981, éste daba tres posibles interpretaciones al inciso «allí donde existan» que figura en el artículo; la tercera incluiría no solo una vigencia actual, sino también una pretérita, lo que permitiría «la restauración de un Derecho foral (civil) guipuzcoano o de un Derecho foral valenciano».8 Lo primero ya se ha cumplido a través de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, que extiende a todos los habitantes de Euskadi el uso de instituciones hasta ahora limitadas a una comarca, un valle o un territorio concreto; ello no deja de constituir un refrendo de tal interpretación, máxime cuando no se ha recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional.
Pero, como antes señalaba, la apelación al legado foral tiene una explicación histórica. Furs de València, como cuerpo legal en constante crecimiento desde el siglo XIII, se acabará convirtiendo en un marco de referencia identitaria para los valencianos. Durante el siglo XIV, el largo y complejo reinado de Pedro IV el Ceremonioso verá consolidarse varios de los elementos característicos del gobierno político del antiguo reino: la autonomía de los municipios, el creciente papel de las Cortes, el desarrollo del derecho privado o el nacimiento de la primera institución que tendrá la representación del territorio con carácter permanente: la Diputació del General –la Generalitat–. Se estableció así un régimen de gobierno de corte pactista que José Luis Villacañas llegó a calificar de «protorrepublicano»,9 muy distinto del «decisionista» que se gestaba en la Castilla de entonces. Ese perfil se irá suavizando a raíz del Compromiso de Caspe y la entronización de la dinastía castellana de los Trastámara, la unificación de la Monarquía Hispánica con los Reyes Católicos o la guerra de las Germanías. Pero eso no evitó que, ya en la Edad Moderna, los fueros estuviesen considerados como un elemento esencial de la conciencia política que los valencianos tenían de sí mismos como pueblo.
Esa identidad colectiva se vinculaba a una estructura jurídica –los «fueros»– y a una conciencia histórica desarrollada después de siglos de convivencia como una entidad perfectamente reconocible –el reino de Valencia–. Escribo «fueros» entre comillas porque, para esta época, el término ya no hace referencia a un simple código o conjunto de leyes, que por entonces se recopila e imprime, sino a un entramado institucional que se sostiene sobre una estructura jurídica muy diversa, y que tiene como característica principal su capacidad para limitar el poder arbitrario del rey en una época de creciente absolutismo. De ahí su fuerza movilizadora, tanto antes como después de 1707... Esto es algo que se les suele escapar a los juristas que estudian el pasado sin el método conveniente: en el Antiguo Régimen, las mentalidades colectivas se identifican más con ordenamientos jurídicos y estructuras políticas que con rasgos de tipo etnocultural, como la raza, la lengua o el linaje. Cuando esos elementos rigen un territorio más o menos extenso y perfectamente identificable, suelen alcanzar una adhesión incondicional –patriótica, diríamos hoy–: en el caso valenciano, a las leyes recogidas en Furs; pero también a las instituciones de autogobierno –Diputació, Corts, estamentos...– y las normas que las regulan –a menudo, consuetudinarias–, a los mecanismos de control legal y de garantía personal –greuges y contrafurs–, al pactismo y a su vertiente judicial, a las doctrinas jurídicas que los sostienen, etc. Los «fueros» levantan así en torno a ellos un mito de libertad, de gobierno moderado y equilibrado, de inmunidad frente al despotismo, que en cierto modo atraviesa los siglos transcurridos desde su abolición y sigue presente aun en nuestros días. Y, como todo mito, es objeto de análisis y de reajuste a sus verdaderas proporciones por los historiadores, especialmente por los medievalistas y modernistas valencianos.10 No voy a ponderar aquí el verdadero alcance de esa presunta libertas foral, construida esencialmente por las élites políticas y sociales para preservar su poder y mantenerlo a resguardo de un monarca siempre ávido. Pero algo de ello hay cuando uno repara en cómo transcurrió la nueva planta borbónica –aquel andamiaje fue desmontado pieza a pieza y sustituido por otro construido con las del absolutismo castellano y alguna, exótica, del francés– o en los lamentos constantes de Pere Joan Porcar en su Dietari sobre la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades regnícolas en el XVII para utilizar los mecanismos forales en defensa de los intereses de los valencianos.
Hace ya tiempo sostuve que todo proyecto político más o menos ambicioso, más o menos general, debería partir de una reflexión histórica sobre las bases que el pasado proporciona para construirlo. Así se hizo, sin ir más lejos, cuando creamos nuestro régimen autonómico durante la Transición. Entonces se recuperaron antiguas instituciones del pasado, como la Generalitat o la Sindicatura de Greuges, para embastar un autogobierno perdido durante siglos. No solo los valencianos: recórrase la geografía nacional, desde el Ararteko y las Juntas Generales al Justicia Mayor, Valedor do Pobo o el Personero del Común, pasando por diputaciones y consejos de lo más diverso... Y preciso: más bien se recuperaron los nombres; se revistió con viejos y venerables ropajes lo que eran cuerpos nuevos, distintos. Como pongo de manifiesto en mi propio estudio, durante la crisis política que supuso la Transición, los vivos que tuvieron que enfrentarse a ella tomaron prestados nombres, ropajes y consignas de los espíritus del pasado, aquí y en toda España, para resolver un problema latente desde siglos atrás: el de la unidad de una nación plural. La tradición histórica pesa, queramos o no, y de ahí el viejo adagio que mantiene que quien la ignora está condenado a repetirla.11
Y la mirada de los valencianos sobre el código abolido en 1707, y sobre el sistema legal e institucional que creó, no se ha extinguido en todo este tiempo... De hecho, a día de hoy, tres proyectos buscan darle nueva reviviscencia y actualidad. En primer lugar, el profesor Vicent Garcia Edo ha asumido la publicación on-line de los fueros y actes y capítols de cort promulgados por las Cortes valencianas entre 1238 y 1645; es un proyecto de transcripción, traducción y estudio de unos textos que permitirán completar el panorama de la legislación valenciana de Cortes desde el nacimiento del reino hasta el decreto de abolición borbónico. Por otra parte, la Imprenta del Boletín Oficial del Estado ha encargado al área de Historia del Derecho de la Universitat de València la transcripción anotada de la edición de Fori Regni Valentiae elaborada por Francesc Joan Pastor en 1547-1548, para publicarla –con un estudio introductorio elaborado por quien suscribe estas líneas– en la Colección de Leyes Históricas de España. Por último, Vicent Baydal, profesor de Historia del Derecho de la Universitat Jaume I, acaba de presentar un proyecto de transcripción, estudio y publicación de los procesos de Cortes del reino de Valencia, una idea que duerme el sueño de los justos desde hace un cuarto de siglo, pero que se habrá de materializar tarde o temprano.12
Entonces, ¿a quién le puede extrañar que, tras la desabrida sentencia del año 1992, la Comunidad Valenciana recurriese a sus viejos fueros para tratar de salvar una potestad que tuvo durante siglos, que le fue arrebatada por la fuerza de las armas y del absolutismo y que el Estado se ha negado a devolverle durante más de trescientos años? Sólo a los que ignoran esencialmente la historia de esta tierra y el valor icónico de algunos de sus elementos. Porque ignorancia supina es atreverse a comparar Furs de València con las llamadas «Costumbres Holgazanas de Córdoba» o con el Fuero de Cuenca. Aquí se desconoce todo: el contenido y alcance de las leyes históricas, la profundidad del intento, el relato de fondo...13 Es algo muy típico de los académicos madrileños que, como tienen un apartamento en las playas de Levante –perdón, de la Comunidad Valenciana–, ya creen saberlo todo sobre esta tierra. El caso aragonés es de libro. Veamos algunos textos de su Estatuto de Autonomía. En el «Preámbulo» podemos leer: «El Reino de Aragón es la referencia de una larga historia del pueblo aragonés que durante siglos dio nombre y contribuyó a la expansión de la Corona de Aragón. Seña de identidad de su historia es el Derecho Foral, que se fundamenta en derechos originarios y es fiel reflejo de los valores aragoneses de pacto, lealtad y libertad. Este carácter foral tuvo reflejo en la Compilación del siglo XIII, en el llamado Compromiso de Caspe de 1412 y en la identificación de sus libertades en el Justicia de Aragón». En el art. 1.3: «La Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del sistema constitucional español, ostenta por su historia una identidad propia en virtud de sus instituciones tradicionales, el Derecho foral y su cultura». El texto está trufado de referencias a los fueros; y si el amable lector quiere ir más allá, puede echar un vistazo a la Proposición de ley sobre la actualización de los derechos históricos de Aragón, recientemente aprobada por las Cortes con sede en Zaragoza. Hasta donde yo sé, nadie ha acusado a los aragoneses de sufrir una «foralitis aguda» –o crónica, quizás–.
No debe olvidarse tampoco que los fueros tienen una paternidad indudable, la del rey Conquistador. Jaume I es otra figura mítica de similares proporciones, el monarca guerrero victorioso y creador del reino de Valencia, y primer promulgador de sus leyes en fecha tan temprana como 1238. Pocos personajes históricos presentan un perfil tan poliédrico, tan adaptable a las preferencias de cada momento y cada sociedad. La primera comunidad cristiana vio en él al conquistador providencial, al triunfador de la cruzada contra el Islam; el patriciado urbano medieval, sin embargo, lo celebró como el creador de una comunidad ciudadana vinculada al rey mediante un pacto político; para los oficiales de la Monarquía Hispánica de los siglos XVI y XVII era un militar invicto; y para los valencianos de la época, un elemento más, básico, de una conciencia histórica cada vez más sólida. Los sacerdotes de la Contrarreforma lo consideraron uno de los fundamentos de la patria católica, un campeón de la evangelización. Incluso las autoridades borbónicas, que destruyeron buena parte de su obra, lo ensalzaban como instaurador de un reino –que, por cierto, habían suprimido– y glorificaban sus enseñas. Los liberales del XIX exaltaron el sentido de libertad patente en las instituciones que creó –los Fueros, el pactismo, las Cortes...–. Símbolo de la patria renacida para el valencianismo del siglo XX, para los funcionarios de Primo de Rivera era más bien el introductor de una cierta identidad colectiva regional. La Segunda República lo celebró como legislador eximio y demócrata convencido, punto de partida del esplendor valenciano –incluso los anarquistas pasearon su espada en 1938 como símbolo de firmeza militar contra el fascismo–. Por su parte, los falangistas hicieron la usual comparación entre el rey y el Caudillo invicto, los dos libertadores de sendas tiranías –el Islam y el comunismo–. Para los políticos y la sociedad de la Transición fue la idea, el punto de partida del autogobierno y la autonomía recuperados después de siglos de incuria.
Pocas figuras –o ninguna, según parece– suscitan una adhesión tan unánime. De hecho, alguna encuesta de opinión reciente vino a demostrar que Jaume I es la figura histórica que concita un mayor consenso entre los valencianos, con independencia del lugar en que vivan, a la hora de elegir un emblema unitario, y con diferencia sobre cualquiera otra. El gran monarca aragonés es siempre recordado en los momentos de tribulación, de incertidumbre o de dificultades: en 1808, durante la Renaixença, al llegar la Segunda República o en la larga noche del franquismo para el valencianismo político, los ojos de los valencianos siempre han vuelto la mirada hacia la figura del rey Conquistador buscando una referencia, una seguridad, un camino a seguir. La elección de uno de sus mayores logros, el derecho foral, para hacer frente al desafío planteado por la interpretación del Tribunal Constitucional sobre la competencia de la Generalitat para legislar en materia de derecho civil, tampoco debería sorprendernos.
El octavo centenario del nacimiento del rey Conquistador propició la aparición de valiosas biografías, como las de Ernest Belenguer, José Luis Villacañas y Antoni Furió,14 y numerosos estudios y trabajos sobre el monarca y su época. Aquello fue la antesala de un auténtico boom de publicaciones de las más diversas clases sobre la historia valenciana: grandes hitos, geografía vinculada a los sucesos, anécdotas y curiosidades, los personajes, etc. No hay librería que no disponga de un estante o una mesa reservados a tal fin. Que sea en hora buena, porque la construcción de un imaginario valenciano sólido y visible va a necesitar de la colaboración de todos, de los estudios académicos y de las obras divulgativas. Cada clase tendrá su público... En un reciente debate que sostuvimos en Zaragoza, invitados por la Fundación Giménez Abad, Jon Arrieta, Jesús Morales y yo discutíamos sobre mitos fundacionales.15 Los aragoneses y vascos nacen entre brumas y leyendas, desde los Fueros de Sobrarbe al cantabrismo. Sin embargo, los valencianos tenemos un origen poco o nada discutido, que dispone hasta de partida de bautismo: el 9 de octubre de 1238. Esa circunstancia tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Hace poco, Vicent Baydal planteaba si la reverencia secular de los valencianos hacia Jaume I, es decir, hacia un rey que en su tiempo suponía el máximo poder, no está detrás de la fama colectiva, como pueblo o como territorio, de ser leales y obedientes al poder constituido –una especie de «meninfotisme» político–, y añadía: «de ben segur que també podem trobar altres figures i èpoques històriques a conéixer i aprofundir (fins i tot més enllà de les típiques Germanies o la Guerra de Successió, on pareix que s’acabe tot)».
A esa tarea se ha dedicado él mismo, junto con más gente joven como Ferran Esquilache o Frederic Aparisi, publicando monografías y hasta conformando un blog –«Harca»– que se dedica a divulgar sucesos y relatos de la historia medieval valenciana.16 El desarrollo de las nuevas tecnologías y de internet ha posibilitado que cuaje la fiebre de blogs, páginas de Facebook y portales especializados en historia de los ámbitos temporales y geográficos más diversos, desarrollados desde ayuntamientos, universidades, institutos o por iniciativa de personas concretas. Todo será poco si se quiere construir con criterio una identidad valenciana propia, alejada de esos mitos que bloquean y desunen –como el del «meninfotisme» o el de los orígenes de la lengua valenciana–, que recoja su extraordinaria diversidad social desde parámetros de modernidad e integración y que, sobre todo, evite la manipulación de aquellos políticos interesados y, las más de las veces, ignorantes, que se sirven de la historia para sus fines propios.
Ese estallido de estudios y publicaciones sobre las tierras valencianas y su historia no impide que ésta siga siendo invisible para los historiadores de sólida raigambre castellana. Escribo estas páginas al socaire de la lectura de El relato nacional, una «historia de la historia de España» en la que a la historiografía de matriz castellana –luego, española– se oponen, de un lado los relatos de Aragón y Cataluña; y de otro, los ya tradicionales de Vasconia.17 No hay rastro del joven reino al sur de la Corona aragonesa, ni de sus escritores políticos, algunos de mérito notable: me vienen a la memoria Pere Belluga, Francesc Eiximenis, Furió Ceriol, Cerdán de Tallada, Crespí de Valldaura... Incluso Gregorio Mayans aparece como un ilustrado conflictivo, pero sin apenas contexto vital ni geográfico; simplemente se nos dice que sus relaciones con los ministros de la nueva monarquía no eran muy estrechas...
Terry Eagleton escribió hace más de una década que el pasado es útil para renovar el presente, pero nunca para enterrarlo. En este punto, la contribución de la Universidad es esencial. La alta investigación que tiene lugar en ella se traduce, por una parte, en tesis doctorales, y, por otra, en artículos y monografías rigurosos. No son pocos los mitos de la historia valenciana que han caído tras ser sometidos al tamiz del trabajo metódico y paciente del archivo y de su elaboración posterior. Y recuerdo algunos: el papel de Luis de Santángel en el descubrimiento de América, que echó por tierra una investigación de Adela Mora y Sylvia Romeu (pero que aún se utiliza profusamente); la responsabilidad de los valencianos en la no devolución de los fueros durante el XVIII, que es una genuina posverdad historiográfica que algún día habrá de ser desterrada; o la presunta afición de los habitantes de estas tierras a apoderarse del dinero de las arcas públicas, una idea muy socorrida para explicar la corrupción de nuestros tiempos y que trabajos como los de Jorge Correa o José Castillo han demostrado falsa al menos para la Edad Moderna. En fin, el mito tiene su importancia a la hora de construir un relato histórico sencillo o superficial para el común de los mortales, pero debe ceder ante el rigor de la ciencia... Nuestro conocimiento –y nuestro juicio– sobre algunos hechos de la historia a veces cambia de un día para otro: así, durante décadas le dimos vueltas a las razones del estancamiento del derecho foral valenciano a partir de mediados del XVI y a la ausencia de una recopilación posterior a la de Francesc Joan Pastor... hasta que Carme Pérez Aparicio dio noticia de la que el obispo de Oriola, José de la Torre Orumbella, depositó el 21 de enero de 1702 en el Palacio del Real.18 Es un texto al que yo mismo seguía la pista desde tiempo atrás,19 y que aún no ha sido posible encontrar –si es que ha llegado a nuestros días–. Era una recopilación completa, extensa, que incluía un repertorio y varios cuadernos complementarios, y que, además, había confeccionado la Corona; es decir: lo nunca visto. Varias de las ideas que habíamos construido al respecto de la materia se pusieron en tela de juicio en poco tiempo. Con todo, siempre hay alguien que prefiere seguir instalado en el mito imaginario, bien porque es un simple ignorante, bien porque le ajusta mejor a su relato, aparentemente plausible –otra vez la posverdad–, pero falaz al cabo.20
Así las cosas, un grupo de profesores de la Universitat de València, compañeros y hasta amigos en algunos casos, provenientes del ámbito del derecho y de la historia, hemos reunido en este libro un conjunto de reflexiones sobre aspectos muy diversos del legado foral. Mariano Peset, maestro de una generación de historiadores del derecho valencianos, en «Els Furs de València. Un texto de leyes del siglo XIII», culmina más de cuatro décadas de estudios sobre el código de Jaume I, desarrollando dos cuestiones básicas: el origen y la paulatina redacción de la Costum y de los Furs a lo largo del mil doscientos, según podemos colegir por los textos que han llegado hasta hoy, y donde expone más de una hipótesis novedosa fruto de esa larga reflexión. Y, junto a ello, vuelve a preguntarse por su sentido: con qué intención se componen al repoblar el nuevo reino, cómo se utilizan los viejos textos romanos para reforzar el creciente poder del monarca. Carles Tormo lleva tiempo profundizando en el derecho procesal civil vigente en el reino de Valencia antes y después de la nueva planta. En su trabajo muestra cómo la realidad de ese derecho es bastante diferente tras la abolición de los fueros: con el régimen borbónico desaparecen los escritos de dubtes en dret, así como toda argumentación o fundamentación por escrito de las resoluciones. La relación entre juez y abogado dejará de tener la fluidez que tuvo en el pasado, y la sentencia, ahora breve y concisa, se limita a un breve fallo, en que ya no figuran los visso y attento de época foral.
Por su parte, Teresa Canet se ocupa del derecho, la justicia y los juristas en la Valencia foral moderna, algo en lo que lleva más de tres décadas trabajando. Ya nos mostró en el pasado que los mecanismos de gobierno de que se sirve la monarquía en el reino son variados, sutiles en ocasiones, y que no se limitan únicamente al virrey. Las relaciones y los conflictos entre jurisdicciones constituyen un elemento esencial más, y en ellos los juristas y el derecho juegan un papel relevante. Carme Pérez Aparicio y Amparo Felipo, dos expertas en la Guerra de Sucesión y sus consecuencias, exponen en su estudio algunas de éstas, como la presencia de un ejército de ocupación y su impacto social y fiscal sobre un territorio desmilitarizado, o el exilio forzado de los austracistas. El ejército fue, a su juicio, el instrumento necesario para imponer la nueva planta, lo que disgustó por igual a los partidarios y a los adversarios de Felipe V. Sergio Villamarín, otro consumado estudioso de la Guerra de Sucesión, refiere en su trabajo cómo, en los albores de la Nueva Planta borbónica, el entramado institucional valenciano aparece bastante alejado de la sociedad a la que representa, mientras muestra evidentes signos de decaimiento frente a la administración del rey. Esta distancia se traduce en una falta de vertebración territorial, social y también política, a la que acompaña una evidente ineficiencia en la defensa de los intereses valencianos. En sus páginas revisa la trayectoria de las dos principales instituciones representativas, juntas de electos y Generalitat, para aproximarnos a las causas que pueden explicar esta distancia y su posible relación con la ineficiencia que señala.
Pilar García Trobat abre las contribuciones sobre el siglo XIX con un extenso trabajo sobre las pervivencias forales a caballo entre la guerra de la Independencia y el regeneracionismo posterior a la crisis del 98. Es una investigación que ha obtenido el premio ‘Savis en Dret’ en su convocatoria del año 2016, y que demuestra que el recuerdo y el recurso a los fueros fueron una constante en la Valencia decimonónica. Era algo que intuíamos, pero que había que aclarar desde el acceso a la documentación de archivo y a las hemerotecas. En el caso del derecho foral valenciano tras la abolición de 1707, conforme avanza el estudio, más nos damos cuenta de hasta qué punto ignorábamos nuestro pasado. Por otro lado, y desde sus estudios y amplios conocimientos en materia de derecho público, Remedio Sánchez Ferriz pone en relación los fenómenos foral y constitucional para poner de manifiesto su distinto encuadramiento histórico, al ser realidades o soluciones jurídicas diferentes por su diversa fundamentación filosófica y por expresar dos modos de manifestación del poder a través del derecho. Pero esa aparente incompatibilidad nunca ha dado lugar a la eliminación de una en beneficio de la otra, sino a diferentes modos de ambigüedad: desde el «constitucionalismo furtivo» a la «garantía foral civil» devaluada a simple reconocimiento jurisprudencial casuístico, pasando por una retardada codificación civil en la que lo común se vuelve subsidiario.
Llegando al siglo XX, Pilar Hernando lleva años estudiando la biografía y la obra profesional del historiador valenciano Manuel Dualde Serrano. En este trabajo, nos acerca al oficio del historiador-archivero durante los primeros años del franquismo. Su vida, su trayectoria profesional, nos permiten conocer el sentido y la función que cumplieron estos funcionarios, así como algunas de las instituciones tanto nacionales –el CSIC– como locales –la Institución Alfonso el Magnánimo, por ejemplo– en el entramado cultural creado por el régimen franquista. Por otro lado, también expone el estado y desarrollo en el que se encontraban los estudios sobre el que fuera objeto de su investigación: el pasado foral valenciano y su cuerpo jurídico, desde el medievalismo imperante y desde la ideología propia de la dictadura. Desde una perspectiva puramente jurídica, Ignacio Durbán aborda la cuestión de la existencia o inexistencia de un vínculo material entre dos de los preceptos más polémicos de la Constitución: el artículo 149.1.8ª y la Disposición Adicional 1ª. Es ésta una discusión que se ha centrado en valorar el posible encaje de «los derechos civiles, forales o especiales» mencionados en el art. 149.1.8ª –o de algunos de ellos– en el marco más general de «los derechos históricos» a los que alude la DA 1ª. ¿Cuál es la potencial influencia de esta disposición en el esquema de reparto de competencias en materia de derecho civil? En su trabajo, expone de un modo claro y sistemático, aunque sin dejar de aplicar un enfoque crítico, el conjunto de interpretaciones formuladas hasta el momento –tanto por la doctrina académica, como por el Tribunal Constitucional– a propósito de esta cuestión.
Por último, en mi propio estudio hago una exposición del recorrido que sigue la cuestión del derecho civil valenciano desde la derogación de 1707 hasta la reforma estatutaria de 2006, en que los abolidos fueros son reclamados por nuestra clase política para obrar una sorprendente resurrección de ese derecho civil. La obra colectiva se cierra con un comentario apresurado sobre las recientes sentencias del Tribunal Constitucional, que han devuelto las aspiraciones valencianas a legislar sobre esta materia a la casilla de salida: es decir, el decreto de 29 de junio de 1707. Unas sentencias decepcionantes por su escasa argumentación, incongruentes y falaces –la primera de ellas, además, fraudulenta en algún punto clave– nos devuelven a la realidad de un Estado español que nunca ha atendido las peticiones y razones de esta parte de su geografía. El resultado es que los valencianos seguimos utilizando un derecho impuesto por la fuerza hace tres siglos, y los intentos por superar esta situación siguen encontrando obstáculos y una incomprensión proverbial. No hay más que ir a Madrid y sondear la opinión de los círculos académicos y jurídicos... Como apuntaba mi buen amigo Pepe Bonet en un artículo del periódico La Vanguardia: «Lo que está diciendo el Tribunal Constitucional es que los decretos de Nueva Planta son los que nos impiden desarrollar el autogobierno, les está dando la carta de naturaleza. Si en el siglo XXI todavía estamos recogiendo los efectos de Felipe V... es un poco fuerte».21 Y luego algunos se ríen cuando el Estatut recurre a los fueros... En fin: la historia, siempre la historia. Quizá no quepa más que ser pacientes y continuar trabajando en la tarea hasta que, en un futuro más o menos lejano –esperemos que menos–, nuestras autoridades, las de aquí y las de allá, encuentren un punto de acuerdo y resuelvan una cuestión que, por su prolongación en el tiempo y por su arreglo actual, es completamente absurda.
Y, mientras tanto, historiadores y juristas seguiremos reuniéndonos para compartir –y debatir– trabajos y hallazgos, y para poner nuestro grano de arena en la construcción de una historia valenciana más completa, veraz y rigurosa. Ojalá sea por mucho tiempo.
Para finalizar: dice un refrán que de bien nacido es ser agradecido. Debo agradecer, en primer lugar, la participación de todos los profesores que han colaborado en este volumen; el ritmo de vida al que nos somete la Universidad contemporánea suele dejar poco tiempo para pensar, y menos aún para escribir. En materia de historia es todavía más difícil que en el ámbito del derecho positivo, así que no cabe sino congratularse de que diez académicos hayan juntado esfuerzo y pericia en un libro coral. Un libro, por cierto, que no habría visto la luz sin el trabajo paciente y minucioso de Pilar Hernando Serra, compañera y, aun así, amiga –como decimos en tono de broma en la esfera universitaria–, que ha ordenado y homogeneizado los textos en una tarea para la que no ha escatimado tiempo. Últimamente, creo que es de justicia señalar que, tanto en éste como en otros trabajos, colaboran instituciones públicas, como la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, las Cortes Valencianas o el BOE. La cooperación con las Universidades públicas es una garantía para el desarrollo y el éxito final de estas tareas. De hecho, El legado foral debe su aparición, en buena medida, a las posibilidades que ofrece un convenio como el de la Cátedra de Derecho Foral Valenciano, que impulsó en sus orígenes la Conselleria de Gobernación, y ahora sostiene la de Transparencia. La oportunidad de disponer de una financiación anual para apoyar trabajos, estudios y publicaciones es, hoy día, y en un contexto de restricciones presupuestarias, más que necesaria. Una inversión inteligente por parte de las Administraciones públicas puede promocionar investigaciones en áreas de carácter estratégico, como puede serlo la del derecho civil valenciano en el ámbito del autogobierno y el desarrollo estatutario. Vaya desde aquí, pues, mi agradecimiento a la Conselleria y a las personas que hacen posible una colaboración como ésta, es decir, a Carolina Salvador, a José Manuel Miralles, a Josep Ochoa —tres directores generales de desarrollo estatutario y fomento del autogobierno de distinto color político y procedencia (Castelló, València i Alacant), pero con la misma sensibilidad por esta materia y la misma pasión por las cuestiones valencianas— y a Pilar Herrero, la diligente y siempre dispuesta subdirectora general, que lleva una década trabajando de firme para que nuestros ánimos no decaigan.
1. F. de P. Blasco Gascó, «El desarrollo del derecho civil valenciano: la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano», Revista Jurídica de Navarra, 46 (2008), pp. 45-68, en p. 48.
2. Desarrollo aquí algunas ideas que acabo de exponer en un trabajo para el número 31 de la revista Derecho Privado y Constitución, titulado «We cannot turn the clock back: rigidez constitucional, formalismo jurídico y derecho civil valenciano, Derecho Privado y Constitución, 31 (2017), pp. 163-216.
3. Aún hoy día, dos de sus trabajos son una referencia obligada en ambas materias: «Notas sobre la abolición de los Fueros de Valencia», Anuario de Historia del Derecho Español, 42 (1971), pp. 657-716; y «Observaciones sobre la génesis de los Fueros de Valencia y sobre sus ediciones impresas», Ligarzas, 3 (1971), pp. 47-84.
4. M. Dualde Serrano (ed. crítica), Fori antiqui Valentiae, Madrid, CSIC, 1950-1967; G. Colon y A. Garcia Sanz (eds.), Furs de València, 11 vols., Barcelona, Barcino, 1970-2007. Los criterios utilizados a la hora de realizar la edición crítica no son ortodoxos; aun así, constituye la gran reproducción de los fueros en nuestro tiempo.
5. Observatorio de Derecho Civil Valenciano. Memoria, Valencia, Generalitat Valenciana, 2003, pp. 85-97.
6. Debate de la Comisión Especial para la Reforma del Estatuto de Autonomía de 8 de abril de 2005, publicado en el Diari de Sessions de les Corts Valencianes, p. 8.
7. F. de P. Blasco Gascó, «La recuperación de la competencia legislativa en materia de Derecho civil», Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, 18 (2006), pp. 15-24.
8. Actas del Congreso de Jurisconsultos sobre los Derechos Territoriales en la Constitución, Zaragoza, octubre 1981, pp. 17-29, en p. 24 (materiales preparados para publicar por la Institución Fernando el Católico, pero inéditos; copia digital, Zaragoza, 2002).
9. J. L. Villacañas Berlanga, «Pensamiento y cultura política en la Corona de Aragón», en R. Narbona (coord.), La Mediterrània de la Corona d’Aragó, segles XIII-XVI - VII Centenari de la Sentència Arbitral de Torrellas, 1304-2004: XVIII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, 2 vols., Valencia, PUV-Fundació Jaume II el Just, 2005, vol. 2, pp. 1565-1610.
10. Véase una interesante muestra en P. Viciano, El regne perdut. Quatre historiadors a la recerca de la identitat valenciana, Catarroja-Barcelona, Editorial Afers, 2005, un análisis de la obra respectiva de Teodoro Llorente, Martínez Aloy, Sanchis Sivera y Juan Beneyto. También Antoni Furió y Enric Guinot se han ocupado de esta idea mítica del reino perdido.
11. J. Palao Gil, «Del Derecho foral al Derecho civil valenciano: historia y evolución de una reivindicación secular», Revista Valenciana de Estudios Autonómicos, 51 (2008), pp. 162-199, en p. 166.
12. Ya se propuso a principios de la década de 1990 por un grupo de investigadores (R. Muñoz Pomer, «Las cortes valencianas de la época foral: propuesta de edición», Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 3 [1993], pp. 189-199), pero con el único fruto de la transcripción de las Cortes de Martín el Humano (1401-1407) por M.ª José Carbonell. Un modelo a seguir es el de la colección «Textos Jurídics Catalans», promovida por la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que continúa la edición iniciada por Próspero de Bofarull a mediados del siglo XIX y continuada por la Real Academia de la Historia después. Otros territorios, como Galicia, Castilla, Aragón, el País Vasco o Navarra también han adelantado en estos trabajos.
13. Véase M. Yzquierdo Tolsada, «El Tribunal Constitucional declara nulos todos los artículos de la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de régimen económico matrimonial valenciano», Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 8-2 (2016), pp. 330-347. Ese paralelismo entre unas leyes y otras es incorrecto tanto desde la óptica de la antropología política (que es la preferible en este caso) como desde la más sencilla de la historia del derecho. Seguro que no se habría atrevido a comparar las Partidas –el verdadero parangón con Furs de València– con las «Costumbres Holgazanas».
14. J. L. Villacañas Berlanga, Jaume I el Conquistador, Madrid, Espasa, 2003; A. Furió i Diego, El rei Conqueridor. Jaume I entre la història i la llegenda, Alzira, Bromera, 2007; E. Belenguer Cebrià, Jaime I y su reinado, Lleida, Milenio, 2008.
15. «Mito e Historia en la formación de Monarquías y Estados» (Zaragoza, 22 de febrero de 2017).
16. F. Aparisi, V. Baydal y F. Esquilache, Fer Harca. Històries medievals valencianes, Valencia, Llibres de la Drassana, 2014 (en 2016 apareció un segundo volumen). V. Baydal, Els valencians, des de quan són valencians?, Catarroja-Barcelona, Editorial Afers, 2016.
17. J. Álvarez Junco y G. de la Fuente Monge, El relato nacional. Historia de la historia de España, Barcelona, Taurus, 2017. No mucho mejores son los resultados que ofrece otra obra, aun así muy interesante: T. Pérez Vejo, España imaginada. Historia de la invención de una nación, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2015. En la p. 153, mientras se ocupa de la iconografía sobre la revuelta de las Comunidades, escribe: «Merece la pena llamar la atención sobre el hecho de que la revuelta de las Germanías, contemporánea de la de las Comunidades pero de mucha más difícil inclusión en una tradición liberal-democrática, nunca llegaría a ser considerada como un episodio clave de la tradición nacional. Ni un solo cuadro de la pintura de historia oficial representó esta coetánea revuelta valenciana». Hay aquí varios errores: no se entiende por qué es un movimiento «de mucha más difícil inclusión en una tradición liberal-democrática», salvo que no se conozca bien; por otra parte, parecen olvidarse los cuadros de José Benlliure (1872) y Marcelino de Unceta (h. 1878) sobre el tema. Me quedo con la noción de que –como en tantos casos– es otro episodio clave de la historia valenciana que no se incluye en la tradición nacional.
18. C. Pérez Aparicio, Canvi dinàstic i Guerra de Successió. La fi del Regne de València, 2 vols., València, Tres i Quatre, 2008, vol. I, pp. 184-201.
19. «Un proyecto de recopilación de Furs de València del siglo XVII», Derecho, historia y universidades. Estudios dedicados a Mariano Peset, 2 vols., Valencia, Universitat de València, 2007, vol. II, pp. 359-368. Lo rematé en «Constitucionalisme i recopilació del dret en la València foral: el cas de la compilació inèdita de 1702», en M.ª I. Falcón Pérez (coord.), El compromiso de Caspe (1412), cambios dinásticos y Constitucionalismo en la Corona de Aragón, Zaragoza, Cortes de Aragón-Ibercaja, 2013, pp. 597-605.
20. Véase, por ejemplo, A. Masferrer, «Del fracaso recopilatorio a la pérdida definitiva del derecho foral valenciano (1707-1804)», Revista de Dret Històric Català, 14 (2015), pp. 243-272. Más de un lustro después del hallazgo, sigue ignorando la existencia del texto de 1702. Esa circunstancia invalida la primera parte del artículo, y deja el resto con una sombra de duda sobre su rigor –al margen de no contar nada que no supiésemos con anterioridad–.
21. «Piden reformar la Constitución para recuperar el derecho civil valenciano», La Vanguardia, 6 de octubre de 2017, consultado en <http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20171006/431806822623/derecho-civil-valencia-reforma-constitucional.html>.
1. ELS FURS DE VALÈNCIA. UN TEXTO DE LEYES DEL SIGLO XIII
Mariano Peset Universitat de València
Hace más de cuarenta años publiqué unas páginas sobre los Furs, el derecho concedido por Jaume I a la ciudad y después al reino. Entonces, reciente el inicio de la edición de Germà Colón y Arcadi Garcia, revisé el estado de los estudios sobre aquel cuerpo legal e hice algunas observaciones.1 Ahora quisiera volver a plantearlas y corregirlas con nuevas investigaciones, en especial de Pedro López Elum,2 amigo a quien todos recordamos.
Dos aspectos o puntos quiero abordar en estas páginas:
1.º El origen y la paulatina redacción de la Costum y de los Furs a lo largo del mil doscientos, según podemos colegir por los textos que han llegado hasta hoy. La historia de los primeros siglos medievales es con frecuencia un conjunto de hipótesis y adivinaciones, ya que no quedan demasiadas huellas o documentos; hay que conectarlos, razonar sobre ellos, para trazar el origen y sentido de unas leyes o de una institución. Después, a partir del XIV y XV son más abundantes; luego se multiplican gracias a la imprenta y a la formación de la burocracia de la monarquía absoluta hasta el XVIII. En los últimos dos siglos la construcción histórica es diferente, busca resumir, ensamblar e interpretar los copiosos materiales que se conservan.
2.º Junto al análisis de la formación y promulgación de los Furs, quisiera precisar su sentido: con qué intención se componen al repoblar el nuevo reino, cómo se utilizan los viejos textos romanos para reforzar el creciente poder del monarca. Son un notable ejemplo de la recepción del derecho común –romano, canónico y feudal– que se está extendiendo por Europa –las Partidas de Alfonso X se redactan algo después–. El monarca aragonés, ayudado por sus juristas, lo utiliza, al tiempo que lo prohíbe afirmando su poder de legislar y juzgar.
* * *
Jaume I tuvo un difícil comienzo de reinado: su padre Pedro II de Aragón cayó en Muret cuando combatía en favor de los albigenses contra Simon de Monfort, y él quedó en poder del francés, hasta ser entregado gracias a la mediación de Inocencio III. Pero recluido en Monzón estuvo sujeto a quienes dominaban el reino, el regente Sancho y otros barones. Mayor de edad, asumió el gobierno, pero continuó su pugna con la alta nobleza. Más adelante afirma su poder y planea ocupar Mallorca con apoyo catalán, y las tierras de Valencia con ayuda principal de los poderosos ricoshombres aragoneses.3
En 1225 el rey había realizado una razzia contra Peñíscola, que fracasó. Desde la reunión de Alcañiz con algunos nobles aragoneses, y después en cortes generales de Monzón de 1236 organizó el avance y conquista del sur musulmán. Blasco de Alagón ocupó Morella, luego cedió al rey el castillo a cambio de Culla y Coves de Vinromà.4 Hugo de Folcalquier, maestre del Hospital y castellán de Amposta tomó otras villas... Al fin el rey se puso al frente del ejército y emprendió la campaña: la primera ciudad ocupada fue Burriana.
La repoblación de la zona norte se hizo a fuero de Zaragoza por ser dominio de Blasco de Alagón y los nuevos pobladores procedentes de aquella frontera. En Morella concedió a 500 pobladores los fueros de Sepúlveda y de la Extremadura, extendidos por toda la frontera, a Cuenca y a Teruel... Suponían la elección del juez y los alcaldes, exención de tributos, en especial a los caballeros villanos, que con los peones –soldados a pie– acudían a la hueste o fonsado con el monarca o el señor.5 Aunque más bien otorgaba fuero de Zaragoza –análogo–, que aseguraba asimismo la elección del zalmedina y autoridades –privilegio de los veinte–, franquezas para sus habitantes, que serían infanzones ermunios o de carta –nobleza menor–, hombres de guerra.6 Fuero que el rey dio también a Burriana.7 Esta repoblación convive con otras: Hugo de Folcalquier, con las autoridades de la orden de San Juan del Hospital, otorga en 1235 a Cervera las Consuetudines ilerdenses.8
LA COSTUM DE VALENCIA
Cuando en octubre de 1238 se rinde la ciudad, Jaume I otorga las Consuetudines Valentiae – texto latino que solo ha llegado a nosotros refundido en Furs–.9 Hasta ese momento, en el norte, desde Morella a Burriana, se habían concedido cartas pueblas a fuero de Zaragoza, de Lleida... Ahora instaura un derecho nuevo, favorable a la monarquía y adaptado a quienes vienen a poblar; ya no son imprescindibles los fueros de frontera –un cinturón militar–. El poder islámico se había hundido tras las conquistas de Mallorca y Valencia, y de Andalucía por Fernando III. Aunque caballeros y ciudadanos siguiesen obligados a acudir armados a la hueste del monarca. Las órdenes militares del Hospital y del Temple, Calatrava o Santiago guardaban castillos y dominaban señoríos...
Aparte las Consuetudines, el monarca dictó a Valencia –y a otros lugares y personas– numerosos privilegios que regulaban diversos puntos e instituciones –incluso antes de la conquista–.10 Los privilegios eran la vía de gobierno y legislación del rey, apoyado en la curia por magnates y prelados, que los suscribían con él –también los señores expresaban su poder mediante privilegios–.
Las Consuetudines se debieron dar como privilegio, aunque apenas conserven en el prólogo rastros del mandato real originario: la fecha de la conquista como efemérides, el dictado regio, Jacobus, rex Aragonum, et Valentie... –por tres veces–; también la mención de los nobles, prelados y prohombres, que acompañaban al ejército: una curia extraordinaria, en ningún caso reunión de cortes, que no se convocarán hasta 1261.11 Fueron concedidas en fecha inmediata a la entrada del rey en Valencia, según demostró López Elum, analizando estancias en Valencia de los componentes de aquella curia y donaciones reales en el Llibre del repartiment.12
La Costum fue un texto extenso, como otros que se estaban formando por juristas y notarios conocedores del derecho común. En Castilla, el fuero de Cuenca, reelaboración de algún notario sobre el fuero breve de Alfonso VII, al que se atribuye, sin marcas de cancillería –paralelo a Teruel–. Las Consuetudines ilerdenses, obra de Guillem Botet, aprobadas por los cónsules y por el rey, que reúnen breves concesiones de los condes y reyes a la ciudad, junto a costumbres escritas y no escritas, entre soluciones romanas...
La Costum sería un conjunto de preceptos que establecerían el término de la ciudad y confirmaban propiedades, aguas, tierras y pastos; regulaban autoridades y tribunales, los pleitos –normas sobre procedimiento–, crímenes y malhechores, molinos, hornos, acequias, oficios varios y tributos –con préstamos de Consuetudines ilerdenses y del Liber iudiciorum godo–. También algunos textos romanos... Las Consuetudines ilerdenses, redactadas una década antes, le suministraron material, pero sobre todo señalaron su norte legislativo, al establecer como derechos supletorios los Usatges, después las leyes godas, y por último muchas leyes romanas, pero antes nuestras costumbres.13 ¿Dónde si no, encontrar un derecho que rigiera a los nuevos pobladores de Valencia de tan distinta procedencia?
En el texto conservado de Furs parece haber dos partes o masas de preceptos: una redacción bastante homogénea, basada en derecho de la época –aunque ya romanizada–, que ocupa las primeras y las últimas rúbricas. Y entre unas y otras se inserta una gran masa de derecho romano –menos canónico y feudal– junto a preceptos de la redacción más tradicional, originaria... Las rúbricas del texto expresan bien esa dualidad: son propias de la primitiva Costum las siete primeras, mientras desde la octava, de hiis qui confugiunt ad ecclesias hasta la ciento veintinueve, de regulis iuris, pertenecen a los nueve primeros libros del Código de Justiniano –alguna a Digesto o Instituta–.14 Al final siguen otras rúbricas propias... Parece como si en 1261 sobre el texto primitivo –ya con alta dosis de romanismo–, por premura u otra causa, se hubiera volcado una masa romana mas literal... El punto de sutura se descubre en la repetición de la rúbrica tercera, de curia con la de curia et baiulo, al final, aunque ambas son semejantes en contenido. La mente y método de trabajo medievales distan de nosotros, pero creo que ambas rúbricas debieron estar juntas en algún momento. Hay quizá prisa en redactar, por lo que se prefiere una abreviatio de textos romanos –recortes literales–,15 que ir adaptando preceptos, aunque no sabemos en qué momento. Yo no descarto que la masa romana o gran parte de ella se incorporase en 1261.16 Quizá disponían también de alguna suma procesal, como la escrita después por el maestro Jacobo de las Leyes para componer la Partida tercera.
Es posible señalar en las primeras rúbricas, preceptos que pertenecieron a la Costum, usuales en los fueros y cartas de población coetáneas.17 En la segunda costum de la primera rúbrica es evidente: «Los termes de la ciutat són: entrò el terme de Murvedre...»; la primera sería añadida al extender los Furs a todo el reino: «Aquests són los termes del regne de València: del Canar de Uyldecona, que és riba la mar...» Quizá también los dos siguientes, referidos a lindes, de origen romano.
La segunda rúbrica parece derecho tradicional –aunque algo retocada después–. Está referida a pastos y aprovechamientos francos y libres en el término de la ciudad, sin cargas; si talan árboles o viñas deberán pagar. Recoge algún dato de la época: no se puede labrar en la rambla o arenal frente a palacio, desde «el molí de d’En Ferran Lópeç de Varea» hasta los molinos reales, respetando antiguos labrantíos. Las calles antiguas que van a la huerta se mantendrán; no se podrán cubrir, ni edificar junto a la muralla; quien edifique con salida a la calle debe dejar cierta distancia. Pero no estaban los fueros 3 y 5, que prohíben vedados o cerramientos y extienden el acopio de materiales a todo el reino, procedentes del privilegio de 29 de diciembre de 1239.18
La rúbrica tercera, sobre el curia, es de gran interés. Era una institución procedente de Lleida, usual en otras ciudades, como juez o justicia –así se llamará en el futuro en Valencia, hasta ser dos civiles según la cuantía, y un tercero criminal–. Ya estaba en la Costum el texto que encabeza la rúbrica, el juramento del curia de buena fe y de lealtad al rey y observancia de «las costumes de la ciutat», juzgaría los pleitos conforme a ellas. Y reitera en el siguiente: «2. El cort, amb conseyl dels prohòmens de la ciutat, judge tots los pleyts criminals e civils, observades, en tot e per tot, les costumes de la ciutat».19 Las costums 3 y 4 –ambos de origen romano–, ordenaban que no juzgue por su conciencia, ni por lo que sepa, sino por lo que alegaran y probaran las partes; y acerca de dos jueces o más que entendían de un mismo asunto, mientras no se excuse uno de ellos. En cambio, los apartados 5 y 6 proceden de dos privilegios de mayo y diciembre de 1239,20 que establecían: el primero que el rey cambiaría el curia cada año en Navidad, y no vendería ni enajenaría el cargo, y el segundo, que desempeñaría en persona su tarea, salvo enfermedad u otra justa causa, casos en que podía delegar. El 10 debe descartarse por recoger otro privilegio de 1250:21 elección y proclamación en Navidad, antes del evangelio de la misa solemne, jura ante el pueblo, teniendo el baile en sus manos el sacramental, y «començ a ministrar e governar e usar varonilment de son offici». Pero no hay elección del curia por los prohombres y ciudadanos, como algún historiador afirma: hasta 1266 el rey no otorgó a los jurats que le presentasen una terna para escoger.22
En Lérida los condes catalanes concedieron la elección de cuatro cónsules y consejeros –que confirmó Pedro II–. Éstos designarían al curia –aparte el poder del rey, del castellán y del baile–. La alta justicia –crímenes que llevan pena corporal– correspondería a los cónsules y prohombres, el curia solo ejecutaba la sentencia. Es un modelo municipal del Midi francés, vigente en Toulouse, también en Montpellier, donde Jaime I mantendría el intrincado sistema de elecciones e insaculación para nombrar a los cónsules –ya regulado por su padre en 1204–.23 A mediados de siglo en Lérida los sustituyó por la pahería, más dependiente, y atribuye la alta justicia al curia junto a dos paers y diez prohombres o consejeros municipales.24 En Valencia ordenó que solo el curia aplicara penas de sangre, no otras justicias ni los señores.25
Figuraba en la Costum de València el precepto 7, que enumera los crímenes en que procede inquisición o averiguación por el curia, los más graves: homicidio, herejía, vicio sodomítico, latrocinio, allanamiento de casa o huertos, incendio, hurto y rapiña, rotura de caminos, tala o fuego de campos o viñas, lesa majestad y falsificación de moneda. Inquiere testimonios y oye al culpado, y si no acepta, inicia el juicio.26 Parecen originarios los fueros 8 y 9 al definir al baile como administrador y juez del patrimonio y rentas reales, y prohibirle –como al curia– que abogue o razone por nadie. Y quizá el último, amparo de los menores, viudas, viejos y pobres: «E axí la cort oyrà lo poch com lo gran, el pobre com lo rich».27
Como aquí se produce la cesura o separación de ambas masas del texto –la más tradicional y la romana–, veré ahora la rúbrica de baiulo et curia, que completa su regulación. Son cargos incompatibles entre sí, se definen sus respectivas funciones, prohíbe comprar cosas o retener rentas relacionadas con su oficio; excluye a usureros y sarracenos y judíos de la bailía, la curia y todo cargo público.28 El curia rendirá cuentas al baile al fin de su administración.29 Estos preceptos debían estar en la Costum: el 6 parece que quedó allí olvidado cuando introdujeron los privilegios de 1239 en la rúbrica de curia: «Un sol veí e habitador del cors de la ciutat de València sia cort de València e de tot lo terme d’aquella ciutat...». Mientras el 7 copia el final de otro privilegio.30
La rúbrica cuarta regula el pago del quinto de los pleitos ante el curia: en las Consuetudines de Lleida, el tercio. Explica cómo se satisface por el deudor condenado, y en qué casos no debe pagarse: si se da o devuelve una cosa, tampoco por usuras, por vestido, lecho o armas... Pero se aparta de Lleida, que permitía la prenda extrajudicial y la cárcel privada, cuando el curia no podía o no quería resolver. La Costum incluso limita el cierre de la casa o puertas, cuando el reo posee bienes...31 En cambio en el fuero 6 aflora un elemento arcaico, la posa o composició entre las partes, hasta diez días después de iniciado el pleito civil o criminal. Lleida la restringía a injurias y otros delitos, y solo antes de la acusación. Jaime I la concedió más amplia por el privilegio de 29 de diciembre de 1239, aunque después la excluyó en delitos que lleven pena corporal.32
La rúbrica quinta se inicia con un fuero que permite vender y comprar todos sus bienes y llevar el precio donde quieran, franca y libremente por todos sus reinos, el rey o el curia les dará guiaje –en los primeros años limitaba–. Concede salvaguardia o coto, protección del rey sobre sus personas o cosas, tan usual en fueros de aquel tiempo. Al final, la libertad del siervo que se acoja a Valencia, que en la Costum debía estar al comienzo...33 Pero la rúbrica se centra en los pleitos, recogiendo las formas y tiempos del proceso romanocanónico. A quien reclaman alguna cosa, el curia le notifica quién reclama y cuánto, para que dé fianza de derecho, si tiene casa poblada o bienes inmuebles; si no, es acompañado por el sayón o alguacil a su casa hasta que la logre de un tercero, suficiente y proporcionada; o en otro caso, es preso y detenido –cerradas sus puertas–. No existe como en Lleida prenda extrajudicial por el acreedor, ni se le entrega el detenido. Si el curia no lo detiene, el demandante podía capturarlo y encadenarlo, a pan y agua.34
La rúbrica séptima regula los escritos de las partes, la demanda y la contestación. Desde que el actor anuncia el clam o reclamación, el demandado no puede enajenar la cosa. El actor debe presentar demanda escrita, donde especifica, no la acción, sino el hecho y sus razones, la cantidad o cosa, para que sea contestada en tres o cinco días.35 Las distintas fases del proceso se extienden por diversas rúbricas, encajadas en títulos del Código, a diferencia de Partidas que concentró los juicios en la tercera.36
Con todo, no elimina la forma antigua –germánica o primitiva– del juicio por batalla o riepto para dirimir las cuestiones, que relega al final, a la rúbrica de prelis: «Batalla no sia jutjada en alcun pleit, en lo qual la cosa de què és pleit pot ésser provada per leals proves o testimonis...»; tan solo se admite el juicio de Dios en traición, o en caso de que se acostumbre y acuerde.37 Y regula la batalla con todo detalle, bajo la vigilancia del curia: el campo, las armas y el vestido, el juramento, la duración de la lid por tres días de sol a sol... La presencia de guardias, los ciudadanos a caballo en primera fila... Quiénes podían usar el riepto: los nobles, los ciudadanos o los villanos entre sí –«pars e eguals de linatge e de riquees»–, con diferentes prendas o cantidad.
Pero dejemos estas precisiones y veamos el camino que recorrió la Costum. En años siguientes el monarca la concedió a otras poblaciones: Villafamés, Denia y Sagunto, a Onda, Cullera o Bocairent... Pretendía extender el derecho de la ciudad a otras villas y lugares.38 Aún no proyectaba un derecho territorial del reino frente a los fueros de Aragón de 1247, como más adelante.
Se ha afirmado que en 1250, durante la estancia del rey en Morella, con varios nobles y prelados, refundió numerosos privilegios en el texto de la Costum que pasó a denominarse Furs. Es posible que así fuera, aunque no sería en cortes, que no existían, ni alcanzarían vigencia en todo el reino. Además, costumbres o fueros son sinónimos: en Castilla y en Aragón se utiliza fueros, tanto para el derecho local como para el territorial, mientras en Cataluña se usa «costum», en ambos casos, Lleida o las Costumas de Catalunya –los acuerdos de corts son «constitutions» o «actes de cort»–. En Valencia solo serían fueros las normas generales para el reino... En suma, no cabe apoyar una hipótesis según se designen con una u otra forma. Mayor fuerza tenía otro argumento: se recogen literales numerosos privilegios datados entre 1239 y 1250. Los posteriores, aunque puedan inspirar algún precepto, no son tan frecuentes ni al pie de la letra...39 En todo caso, el derecho valenciano no se territorializó entonces, la Costum no se convirtió en Furs hasta 1261. Quizá pudo haberse retocado e intercalado privilegios, coleccionados en la cancillería real o en municipios, pero sin consecuencia jurídica alguna.
LA CONVERSIÓN DE LA COSTUM EN FURS DE VALÈNCIA
Hacia mediados de siglo el monarca entra en fuerte conflicto con los barones y ricoshombres de Aragón, apoyados por su primogénito Alfonso. Pretendían que Valencia era conquista suya y debía ser poblada por caballerías y fuero de Aragón –forma feudal–. Forzado a ceder al infante las gobernaciones de Aragón y Valencia, pacta que no se aliaría con el rey de Castilla contra él; tres barones prestan al infante homenaje «de manos y de boca», juran y firman el documento.40 El monarca se distancia de estos reinos.
Muerto Alfonso, Jaime recobra todo su poder y vuelve a Valencia a mediados de noviembre de 1260, donde permanece durante meses. Prepara la refundición de la Costum con materiales de privilegios –con amplio añadido de derecho común–. Se traducen al valenciano o catalán; la traducción y quiénes la hicieron, figuraba en el códice de Benifazá –31 de marzo de 1261–. Reúne las primeras cortes en 1261, cambiando el ámbito de aplicación de la Costum, que transforma en Furs aplicables a todo el reino, frente a la difusión de los fueros de Aragón por tierras de Valencia. Los señores aragoneses abandonan las cortes y provocan el plante de Quart, en protesta por la nueva legislación que pretende imponerles.41 Tuvo que admitir en sus señoríos el derecho aragonés, que prolongó su vigencia durante siglos –hasta el XVII, cortes de 1626–. El rey juró los Furs el 7 de abril, según privilegio del 11, donde obligó a sus sucesores a venir a la ciudad a cortes para jurarlos y confirmarlos.42
En principio desconocemos el contenido de la reforma, qué añadió o quitó: incorporó privilegios, derecho romano... Tampoco sabemos con exactitud qué establecían los fueros enmendados y romanceados por el monarca, ya que no se conserva el texto anterior. Francisco Xavier Borrull vio el desaparecido códice de Benifazá, pero proporciona datos poco precisos: los fueros estaban divididos en dos libros y rúbricas o títulos, «mas no los que corrigió o añadió en 1271, de los cuales en los márgenes hay escritos algunos».43
La única posibilidad de reconstruir aquel texto la indicó Arcadi Garcia: a través de las Costums de Tortosa, que utilizaron un manuscrito latino anterior a 1271.44 Aunque la vía es difícil pues se interponen las modificaciones o cambios que tuvieron a bien introducir, así como una traducción propia. Ni siquiera en la indicación del fuero mejorado o romanceado coinciden las dos versiones, latina y catalana. Con todo, es posible cierto acercamiento.
Ya Bienvenido Oliver, que tanto trabajó aunque desde un supuesto errado –creía anterior Tortosa–, nos proporcionó un buen ejemplo sobre un fuero reformado.45 Tortosa es más fiel al modelo; el fur valenciano da solución contraria, al menos en su forma, positiva.

Hay otro lugar, los fueros 13 a 15 de la rúbrica LXXXIII del manuscrito latino, de servis fugitivis et furtis, que conserva correcciones y variaciones de interés para el intento.46 El primero aparece reformado y romanceado por el rey, declarando que el sarraceno o sarracena cautivos si se bautizan con voluntad del señor, son libres; si falta la voluntad del señor, permanecen en su prístina servidumbre, y pueden ser vendidos a cristianos. En cambio, en Costums de Tortosa (VI, I, XI), el cautivo o cautiva que se bautiza, con voluntad o sin voluntad de sus señores, por el bautismo no es franco, sino permanece en poder de sus señores o de sus herederos, que pueden venderlos o enajenarlos a quien quieran, excepto a judíos o sarracenos. Sin duda tenía a la vista un fuero valenciano análogo al que conocemos, pero lo rechaza... A su juicio el bautismo no podía equivaler a la manumisión o enfranquiment.47 El fuero 15 especifica más el supuesto: si el sarraceno o la sarracena de un judío, con voluntad o sin voluntad del dueño, son bautizados, sean francos, pagando al judío seis morabatines. Hasta aquí coincide Tortosa (VI, I, XIII), con ligera variante. Sería el original de 1261, que acababa: «Car gran mal és si christià que Jesuchrist reemé ab grans blasfèmies e ontes que·n sofrí, que fos en poder ni en servitut de juheu». La mejora regia completó: salen del dominio del judío, y si no tienen el dinero sirvan y estén con un cristiano, hasta que los ganen y den al judío.48
El fuero 14 –reformado– determina: si un cristiano yace con sarracena suya y tiene hijo o hija, deben ser bautizados de inmediato, y son libres el hijo o hija y la madre; y si con sarracena que no sea suya, y naciera hijo o hija son bautizados, y solo éstos son libres. Tortosa (VI, I, XII) en la primera parte admite que sea libre la criatura, y en la segunda: «... l’enfant aquel roman en aquela servitut de son senyor, que la sarraïna era aquel temps qu·el parí et l’enfant nasqué». ¿Conserva el precepto original, o lo endure-ce como antes hizo? No es fácil decidir. Luego (VI, I, XVII) mitiga: si la sarracena es suya y está bautizada, madre e hijo quedan libres. Y Tortosa (VI, I, XVIII) aclara que la mujer no podía ser vendida hasta que naciera y fuera bautizado el hijo ni a cristianos, ni a judíos o sarracenos; éste solo a cristianos. Mientras, conductas análogas eran delito: muestran la honda separación de clases o castas.49
Existe otro lugar en el manuscrito catalán de 1329 de mayor interés aún, ya que conserva ambas versiones, la anterior y la reformada.50
| Fori antiqui LXXXII [LXXXI] | Furs LXXXII | Costums de Tortosa, V, V |
| 29. Si ante matrimonium extimate res dentur, secuti nuptiis, extimatio rei perficitur et fit vera venditio; quare, si ante nupcias res estimate deperierint, mulieris dampnum est, nam cum conditionalis venditio fit, pendente condiccione, mors rei vendite contingens extinguit venditionem. & Unde consequens est merito mulieri perisse. 30, Si res alique in dotum estimate tradite marito fuerint et ante matrimonio vel post peribunt, detrimentum ad virum spectet et non ad uxorem, ideo qui maritus dictas res recepit; et, si mulier illa moriatur ante matrimonium contractum, res in dote date ad eiusdem mulieres proximos revertantur. & Hunc forum emendavit et arromanzavit dominus rex, | 29. Si ans del matrimoni les coses estimades seran donades, seguit lo matrimoni, la estimació de la cosa vall e és vera venta; per què, si ans de les núpcies les coses estimades se periran, que sia a dan de la dona. Adobam que diga axí, si alcunes coses seran donades en exovar estimades e liurades al marit, e ans del matrimoni o despuys periran, que sia a dan del marit, e no de la muller. Per ço car aqueles coses haurà lo marit reebudes. E si aquela morrà ans que·l marit hagués presa per muller, que aqueles coses que n’aurà reebudes tornen als pus proïsmes de la muller. Aquest fur adobà e romançà lo senyor rey. | XXII. Enans de matrimoni feyt, si algunes coses són donades en dot al marit estimades, acabat el matrimoni, ço és en faç d’Esglé[si]a, és axí com si comprat o auia y és vera venda e vera compra. Pero si ans del matrimoni acabat les coses aqueles o part d’aqueles periran o·s destruiran per algun cas, lo perill pertayn y és de la fembra... per aquesta raó: si venda condicional se fa o és feyta, e penjan la condició la cosa pereyx o·s destroex o·s pert, la venda no val. |
Por tanto cabría intentar reconstruir algunos fueros de la redacción de 1261, para entender mejor el sentido de la última y definitiva reforma. Aunque con limitaciones, ya que Tortosa puede no recogerlo o cambiarlo...
Por último veamos la redacción definitiva de Furs, jurada en cortes de 1271. El rey se había comprometido a no variarlos, sino a instancia de magnates y militares, de los religiosos y prohombres de la ciudad y reino, según dice en privilegio de 21 de marzo –fuente para conocer aquella reunión de los tres brazos–.51 Al parecer, le pidieron que reformase los fueros, aunque había jurado conservarlos, no disminuirlos ni añadirlos. Mas las nuevas enfermedades –dice– requieren nuevos antídotos, y con el tiempo se han de variar los estatutos de los hombres. Atenderá por tanto su demanda: «añadiremos y quitaremos, corregiremos y enmendaremos, declararemos, mientras dejamos otros fueros no tocados, inmutados». Jura observarlos a perpetuidad con adiciones y correcciones, y no variarlos sin su asenso y voluntad.
Y quedaron en Furs las huellas de aquella última reforma: unos modificados –mejorados y romanceados por el rey–, otros añadidos o aclarados, junto a numerosos fueros nuevos. En las correcciones aparecen varios estratos, algunos contrarios entre sí, por lo que debió ser tarea de meses, aunque según el privilegio parece que se le pidió al rey, aceptó, corrigió y juró...
Para atraer a los señores aragoneses abrió una vía beneficiosa a los que admitiesen la nueva legislación. Hasta entonces, como la iglesia y la nobleza estaban exentas de pagar impuestos, procuraba que no ampliasen sus propiedades. Prohibía vender casas y tierras a clérigos y nobles; en las donaciones regias y en las ventas escrituradas por notarios se ponía cláusula de exceptis militibus et sanctis. El monarca controló esa separación, más adelante lo hizo el baile general, y con el tiempo se creó un juzgado de amortización.52 Cuando los nobles adquirían tierras o casas de ciudadanos, debían tributar por ellas.
En Quals coses no deuen ser al·lienades prohibía dar, vender o dejar por última voluntad propiedades a clérigos y religiosos, ni siquiera mediante censo –ahora añadía que podían dejarse a favor de su alma, siempre que siguieran con su carga–. Tampoco podían hacer legados piadosos los caballeros –pero un fuero nuevo les autorizó–. Otros furs nous les ofrecían que las tierras vendidas o dejadas en última voluntad, si las volvían a adquirir, incluso por permuta, serían francas o exentas, como antes: «E açò sia entès de aquels qui volrran atorgar e usar del nostres furs, e metre en aquela quantitat que nós aurem per lo treball dels furs a millorar e esmenar e a confirmar».53
Con todo, durante siglos continuó la pugna con los aragoneses: Pedro I (III de Aragón, 1276-1285), ocupado en la conquista de Sicilia y excomulgado, tuvo que concederles el privilegio general. Alfonso I (III de Aragón, 1285-1291) se vio forzado a aceptar el privilegio de la unión, que les permitía coligarse. Fue derogado en 1348 por Pedro II (IV de Aragón, 1336–1387), pero el poder real tardó todavía largos años en consolidarse...
EL SENTIDO O DESIGNIO DE LOS FURS
Hemos visto cómo se generó el texto territorial, con claves para entender las metas de poder que se propuso el monarca. Ahora intentaré situar la legislación valenciana en su época, analizando las dificultades que encontró y las razones que tuvo para aceptar el derecho común.
En baja edad media –desde mediados del siglo XII– se habían formado en Europa ciudades o burgos, poblaciones de ciudadanos, mercaderes y artesanos que lograron privilegios y libertades de los monarcas para elegir cargos y autoridades municipales, seguridad de tratos y viajes... La sociedad feudal se hizo más compleja, a los tres estados altomedievales de nobles, clérigos y campesinos se sumaron –al último, según don Juan Manuel– burgueses o habitantes de las ciudades, que vivían espacios de mayor libertad. En la península, frente a la presencia musulmana, en los fueros de frontera se otorgaron libertades y elección de sus jueces y alcaldes.
No obstante, la estructura jerárquica feudal se mantuvo durante siglos, bajo reyes y señores. El poder se ejercía en la curia del monarca, reunido con barones y altos prelados, obispos y abades, que al mismo tiempo son señores con feudos y, con sus hombres armados, acompañan al rey en la hueste o ejército. En el siglo XIII éste convoca también a las ciudades junto a aquellos dos estamentos, y aparecen las cortes o curia general, nuevo equilibrio que favorece al trono y a los ciudadanos de villas y ciudades. Jaume I aconsejaba a su yerno Alfonso X de Castilla que confíe en los eclesiásticos y ciudadanos, que aman a Dios más que los caballeros que se alzan antes contra el poder, aunque mejor si pudiera conservar a todos.54
La fuerza reside en los barones y ricoshombres armados, que se unen o combaten entre sí, apoyan o a veces se enfrentan al rey –primero entre sus pares–. Sostienen caballeros y soldados y acuden a la hueste real cuando los convoca, a cambio de feudos y señoríos, de tierras, de botín y soldadas... El monarca, cada vez con mayor poder, logra apoyo favoreciendo a las ciudades y villas de su realengo, con mayores o menores libertades: controla mejor, obtiene más ingresos y rentas, ayuda de las milicias concejiles...55
La conquista proporcionó a Jaime I grandes extensiones de tierras y riquezas, que distribuyó entre quienes participaron.56 Pero conservó villas, ciudades y castillos en realengo, con calles y plazas, murallas, sus palacios, caminos, puertos, riberas del mar, el río Guadalaviar y la acequia principal, la Albufera... En los comunales que donó, hizo y deshizo a su gusto. Aparte monopolios, hornos, molinos, almudín, almazaras, censos... Tributos o impuestos: los servicios de cortes, el tercio diezmo y la primicia, la peita, el morabatí cada siete años, estanco de la sal, la lezda o aduana marítima, tributos sobre judíos y sarracenos...57
Pues bien, el recorrido de la Costum y los Furs se enmarca en la creciente afirmación del poder regio. Y cuenta con un instrumento esencial para su designio: el derecho común romano y canónico. Los letrados le proporcionan ayuda mediante saberes aprendidos en las nacientes universidades. Logra establecer una burocracia obediente, una cancillería bien organizada...
En Bolonia había renacido el derecho romano y el derecho canónico en el siglo XII. Irnerio, un maestro en artes al servicio de la condesa Matilde, gibelina o partidaria del emperador, enseñó derecho romano, los textos conservados del Corpus iuris civilis, con sentido de presente, para ser aplicados; sus discípulos continuaron manejando la Instituta y el Código, Digesto viejo, Inforciado, Digesto nuevo y Volumen... Glosaron, resumieron, interpretaron, argumentaron: crearon una copiosa doctrina para entender y adaptar el legado de Roma.58 Hacia 1140, un monje, Graciano, empezaba la redacción del Corpus iuris canonici o normas del derecho de la iglesia con el Decretum o colección de cánones de los concilios. Un siglo después Ramon de Penyafort reúne las Decretales de los pontífices. Junto a los Libri feudorum constituyeron el derecho común que se extendió por toda Europa, cada uno de estos tres ordenamientos con su doctrina y opiniones y además han de tener muy en cuenta el derecho propio o real, que es preferente...59 El derecho medieval y moderno supone bucear en múltiples ordenamientos, alegar y coordinar textos, fijar su rango, incluso, ostrar que están vigentes –un pliélago–.
Jaime I quiso fundar un estudio general en 1245, y obtuvo gracias del papa Inocencio IV para establecerla. El pontífice expresaba su alborozo por haberse arrebatado el reino a los sarracenos e incorporado al culto cristiano, había que vigilar e incrementar la fe: «Para esto tú, con ánimo ferviente deseas ordenar un estudio en la misma ciudad de Valencia, que no solo será utilísimo a dicho reino, sino también a otros contiguos...»60 Pero no llegó a erigirse.
Durante más de doscientos años, los valencianos tuvieron que desplazarse a centros foráneos para aprender y obtener grados. No serían demasiados, los más irían –desde 1300– a Lleida, más cercano; otros a Bolonia, cuna de los estudios jurídicos –los estatutos de Lleida la llaman legum nutrice–, o a otras universidades italianas, Padua, Florencia, Ferrara, Nápoles... También viajan hacia el sur de Francia, Montpellier, Toulouse o Aviñón, sede del papado en el siglo XIV –en París no había facultad de leyes–. Pocos fueron a Salamanca. Estas corrientes de escolares –peregrinatio academica– se documentan a través de los rótulos de súplicas que las universidades –como los reyes, príncipes, prelados y señores– presentaban a los pontífices para obtener gracias y beneficios a los maestros y escolares.61
Estudiaron fuera, aunque existía otra posibilidad: la formación práctica en los despachos de abogados y en tribunales. Un fur proclamaba libertad de enseñanza (CXLIV, 2): «Atorgam que tot clergue o altre hom pusque francament e sens tot servii e tribut, tener studi de gramàtica e de totes altres arts, e de física e de dret civil e canònich en tot loch per tota la ciutat». Había una vía extraordinaria: los papas encomendaban a un prelado que, tras el examen ante algunos doctores, confiriese el grado.
En la vieja Costum de 1238 –como vimos– la organización judicial descansaba sobre el curia o cort, nombrado por el rey, que juzgaba causas civiles y criminales, asesorado por algunos prohombres –mientras el baile decidía sobre tributos y real patrimonio–. Sería un noble o ciudadano con cierto conocimiento del derecho, ayudado por consejeros y asesores; perdura el modelo de justicia altomedieval, encomendada a caballeros o ciudadanos que conocen usos y costumbres. En poblaciones mayores, Valencia o Lleida, en Zaragoza, la corona procuró controlar el nombramiento del justicia, como también del baile.62
Es más, situó por encima de ellos instancias de poder fieles que asegurasen su dominio. Su primer procurador o lloctinent lo nombró al ceder la gobernación a su hijo Alfonso, a quien señaló una asignación fija, mientras el patrimonio real seguía en sus manos. Fue el noble Eximén de Foces, uno de los firmantes del pacto del rey con Alfonso; al fallecer, nombró a Eximén Pérez de Arenoso, también firmante.63 Por aquella época estableció las dos bailías generales, Valencia y ultra Xúquer para coordinar y vigilar a sus homónimos de las ciudades y villas.64 Desde 1264 el infante Pedro reside en nuestra ciudad, controla y administra rentas, dicta numerosos privilegios –registrados en la cancillería–.65 Había estallado la sublevación mudéjar en Andalucía y Murcia, el rey requiere medios en cortes de Zaragoza, donde enfrenta los agravios aragoneses y admite sus fueros en Valencia.66 Logró ocupar Murcia, ayudando al rey de Castilla.
En la primera hora de la conquista de Valencia hubo un ejército que dominaba sobre la numerosa población musulmana. Al retirarse los cruzados, en zonas rurales se mantienen los sarracenos, y se van creando diversos núcleos cristianos. En las ciudades y villas aparece una mayor estructuración social: destacan nobles y clérigos –seculares, de órdenes religiosas–, los prohombres ciudadanos, que desde muy pronto participan como consejeros del curia; los mercaderes y artesanos por encima de campesinos cristianos, y sobre todo de judíos y sarracenos, aparte en sus sinagogas y mezquitas –en sus calles o barrios–.67 Esclavos o cautivos, por fin... Sin duda es una sociedad de estamentos, junto a clases urbanas compartimentadas, y otras subordinadas.68 Los cristianos se organizarían a través de las parroquias –de las cofradías– y de gremios de mercaderes y oficios.69
En 1245 el rey crea cuatro jurados, entre los prohombres habitantes de Valencia, elegidos el día de san Miguel, para gobernar, administrar y regir la ciudad en beneficio de la comunidad, fieles al rey, «salvis semper scriptis consuetudinibus civitatis». Éstos eligen consejeros para que les ayuden –unos y otros sin remuneración–. Al año siguiente, los jurados que cesan nombran a los nuevos, que se presentan y juran ante el rey –si está ausente, ante el baile y el curia–; no podían excusarse del cargo; ni ser dos de la misma familia u hospicio. El monarca concedió la nueva experiencia con cautela, se reservó facultad de renovarlos o removerlos. La institución se consolidó en Mallorca, Barcelona, Zaragoza...70
El gobierno municipal de Valencia se fue desarrollando. Primero el rey adelantó su elección –y la del mustazaf– a la víspera de santa María de septiembre, y al día siguiente se anunciarían sus nombres ante el consejo general –prohombres y consejeros– y jurarían; hasta san Miguel tomarían las cuentas a los salientes. Cada parroquia designaría dos o más hombres probos –entre los regulares, sus procuradores– para distribuir la questia o peita real y vecinal en proporción de sueldo por libra. Más adelante permitió a los jurados nombrar dos secretarios para recibir y administrar la contribución municipal, y que las parroquias seleccionasen un prohombre cada tres meses para regular oficios, calles, acequias y cloacas...71
En 1266 el rey autorizó a los jurats a presentarle una terna para su elección del curia. Un año después, que designasen dos hombres probos de cada oficio o gremio y mercaderes, para evitar fraudes, que debían comunicar a los jurados y al mustazaf o almotacén.72 A través del ayuntamiento se va organizando el poder ciudadano, formado por los jurados y sus consejeros, relacionados con el rey y el curia, con la iglesia y la nobleza.
En aquel mundo los abogados eran pieza esencial para la aplicación del derecho, actuaban defendiendo y asesorando a las partes –a las autoridades–. Juraban, tras el sacramento de calumnia de las partes litigantes, no defender causas injustas, según conciencia...73 Pero en 1250 el rey les prohibió intervenir en pleitos –también en Cataluña–. Desconfiaba de sus argucias, y sobre todo de la invasión del derecho común, aprendido en las facultades de leyes y cánones: que no ejerzan este oficio, ni presenten libelo en la forma que establecen las leyes romanas, sino que el justicia, nombrado por el rey, con consejo de los jurados de la ciudad, juzgue y determine «secundum foros dicte civitatis».74 Algo después fueron repuestos y en 1258 se tasaron sus salarios.75
En 1264 insiste en que no actúen abogados ante el curia de la ciudad y otros justicias, sino solo en apelación ante él; que no redacten libelo en latín, que el curia y sus consejeros oigan de viva voz y recojan en romance las actuaciones y las escriban en un libro. Si surgiese duda en la interpretación de un fuero, resolverá el curia con los prohombres, sin ninguna alegación de decretales, leyes romanas, ni fórmula legal.76 En otro privilegio insistió contra el uso de leyes romanas, decretos y decretales, solo los Furs, y si no bastan decidan según equidad y buen sentido,77 como indicaba la Costum en el prólogo: «...volem que lla hon aquestes costumes no poran abastar, aquells que jutgaran puixen leerivament recórrer a natural seny e a egualtat».
Aunque los Furs recogían preceptos romanos, no acepta que los abogados aleguen otros, ni compliquen los litigios... Su hijo y sucesor Pedro volvió a prohibir que abogados y razonadores citen decretos, decretales, ni leyes algunas, sino que se atuviesen a los Furs, «habeant foros Valentie in omnibus causis civilibus, et criminalibus»; y si no son suficientes, que resuelva con consejo y acuerdo de los prohombres de la ciudad y de los lugares –bajo fuerte pena, y si no la pagan serían privados de oficio–.78 Excluyó al «advocatus de seccano» o práctico, que no podría defender, ni ejercer tutelas o curatelas ni hacer estimaciones en ventas acordadas por el curia.79
La actitud de Jaime I y su hijo Pedro parece paradójica: han concedido un ordenamiento muy romanizado, pero no aceptan que se aleguen leyes ni decretales; han introducido el proceso romanocanónico, y no quieren que lo apliquen abogados expertos. Quieren afirmar su poder de legislar e interpretar las leyes, sin intromisión del derecho común.
La lucha por el derecho entre los monarcas y los aragoneses continuaría. Pedro I, mientras defendía los derechos de su esposa Constanza en Sicilia, fue obligado en cortes de Zaragoza de octubre del 1283 a otorgar el privilegio general:80 conservarían sus fueros y usos y las cortes se reunirían cada año; no impondría nuevos peajes ni monedaje sobre ricoshombres, caballeros, infanzones, ni ciudadanos; no habría procesos por inquisición y podrían oponer fianza de derecho contra el rey y sus oficiales, todos los pleitos acabarían ante el justicia de Aragón. Las tierras se darían en honor a los señores, se repartirían por caballerías... El monarca tuvo que admitir la pervivencia de los fueros aragoneses en Valencia, ante un memorial que le presentaron sobre «fuerzas» o agravios que recibían, donde se repiten estas y otras aspiraciones.81 En una de ellas decían: que en Valencia «... solía aver cavallero justicia un anno, y otro anno omne de villa, e esto en electión de los de la villa e de los cavalleros, e el anno que el home de la villa era justicia el cavallero era assessor y quando era el cavallero justicia era el omne de la villa assessor...».82
En Valencia Pedro I celebró cortes en diciembre, necesitaba dinero y ayuda, e hizo amplias concesiones en el privilegio magno:83 confirmó los fueros y privilegios de su padre, así como las costumbres que se usaban –prohibió alegar derecho común y los abogados de secano, según vimos–. Incluso los nuevos privilegios no podían ir contra antiguos, como los fueros pactados; eximió de lezda y peaje y gabelas establecidas sobre la sal. Confirmó la incompatibilidad de cargos del justicia y baile, el privilegio de los diez días –para el pago de deuda tras la sentencia firme–, y limitó la inquisición a los casos señalados en Furs.84 El baile no aplicaría caloñas, ni aun con crida; el justicia podía perdonarlas... También confirmaba propiedades, tierras y casas, con título o sin él, con carta o sin carta, sin plantear en adelante demandas... Los sarracenos podrán vender sus tierras con libertad y ser contratados por el precio que se acordase para labrar tierras, sin pago alguno al rey –tampoco se pagaría por liberación de cautivo–. Admitió para la terna del curia la designación por los jurados y cuatro prohombres, de un prohombre por cada parroquia –doce en total–, y si en una no había idóneo podían proponer de otra; insaculados en una bolsa, un niño extraería tres redolins de cera, y serían propuestos al rey, o a su lloctinent o al baile; procedimiento que se utilizaría para elegir a los jurados y al mustazaf.85 Cada oficio nombrará cuatro prohombres para organizarlo y dirigirlo.86 Y de cada parroquia otros seis, que jurarán fidelidad ante el curia. Simplificó el proceso. Los clérigos ni los menores de 22 años podrían tener cargos. Mayor libertad a cuchilleros y vaineros –admite cuchillos más grandes, frente al fur nou CXX, 2–, a zapateros, taberneros, tejedores, o para establecer almazaras o molinos de aceite; limitó las minutas de los notarios, abogados y corredores... Suprimió el savacequier, las acequias se administrarán por los regantes; nombró cónsules de la mar y concedió pastos, caza y leña en la Albufera. Los judíos no podrán ser baile o recaudador, curia ni otro cargo, jurarán conforme a su ley, usarán las carnicerías cristianas, prestarán a cuatro dineros por libra al mes y, cuando salgan de su calle, llevarán una capa redonda según costumbre de Barcelona. Se tiene la impresión que Valencia es una ciudad mercantil y artesanal, en contraste con Aragón donde dominaban los ricoshombres.
El conflicto sigue tenso, agravado. En dos privilegios de 1284 Pedro concede que el justicia de Valencia y de otros lugares del reino juren aplicar en su caso los fueros de Aragón, y promete establecer otro justicia general, caballero aragonés para que juzgue apelaciones y causas contra el monarca.87 De nuevo el rey confía en Valencia y por privilegio de septiembre autoriza a los justicias y jurados a hacer confraternidad y juramento en su apoyo, aunque estuviese prohibido por Furs.88
Su hijo Alfonso I al acceder al trono jura los fueros en cortes de Valencia –a los ciudadanos en Burriana–, pero en Zaragoza reitera la conservación de los fueros de Aragón, dejando que cada lugar decida su derecho.89 Procuró que los valencianos defendiesen los Furs y autorizó a formar unidad con juramento en apoyo de la corona.90 Los aragoneses invadieron el reino, talando y ocupando lugares, hasta que juró la unión el 28 de diciembre de 1287. La pugna continuó durante los reinados siguientes de Jaime II y Alfonso II. Éste buscó una vía de conciliación concediendo alta jurisdicción a quienes aceptasen los fueros de Valencia, y la posibilidad de obtener la baja... La dualidad de derecho en el reino se impone, aunque Pedro II acabase en 1348 con la unión. Los Furs estuvieron vigentes en gran parte del territorio, aunque perduraron señoríos a fuero de Aragón. Con el tiempo, desde fines del XV, la monarquía limitó sus poderes. Pero ésta es otra historia...
Se impuso el derecho común. Sus comentadores elaboraron una amplísima doctrina, diversas opiniones de autores que enmarañaban más aún el derecho... En Castilla Alfonso XI adoptó una postura restrictiva al señalar el orden de prelación de las leyes en el ordenamiento de Alcalá de Henares de 1348: en último término se acudiría a las Partidas, y si no fuera suficiente abría consulta al rey. Mayor sensatez hubo en Cataluña, donde a falta de un derecho territorial extenso –Usatges o las Costumas de Catalunya regulan relaciones feudales– se usó el derecho común, admitido por Martín el humano en cortes de 1409. En Portugal también los reyes optaron por solución análoga: en las Ordenações afonsinas se dejó como última instancia las opiniones de Bártolo y Baldo. Esta vía fue intentada en Castilla: Juan II en 1427 decidió admitir la doctrina hasta Bártolo y Juan Andrés, rechazando la posterior, mientras la pragmática de los reyes católicos de 1499 admitió solo las opiniones de Bártolo, Baldo, Juan Andrés y el abad Panormitano –Nicolás Tedeschi–. Pero la ley primera de Toro de 1505 volvió a la solución de Alcalá, había que consultar en último término al rey. Sus comentaristas, Palacios Rubios o Antonio Gómez, lo consideraron inviable: tras Partidas, había que recurrir al derecho común para interpretar y suplir el derecho castellano.
En todo caso el derecho común se impuso durante siglos, se explicaba en las facultades de leyes y cánones, con algunas concordancias con el derecho real. En un manuscrito del catedrático de Instituta y de Código en Valencia, Mateu Rejaule (c.1582-1629),91 pude comprobar la posición central del derecho romano. Al tratar sobre la compra por el tutor de bienes del pupilo, alude a un fur que transcribe una ley romana (Furs, 4, 18, 2 = C. 4, 38, 5), y se extiende sobre su relación. Para él, el fuero es una constitución, y al mismo tiempo un estatuto, por lo que le afectan las normas del derecho común, según Bártolo, recibido communiter. Los estatutos han de recibir interpretación acorde con el derecho común, pues ambos tienen común origen; por tanto se debe recurrir al derecho civil y canónico –razón natural escrita–, no como derecho obligatorio, sino como derecho razonable, según el primer fur del libro primero.92
El derecho romano dominó Europa durante siglos, incluso, reelaborado, inspiró los códigos liberales.93 A pesar de la desconfianza que hacia él sintió Jaume I, que quería mantener todo su poder de legislar e interpretar... Símbolo del triunfo romano son las concordancias en los márgenes de la edición de Pastor, que acechan sobre sus fueros, mientras las glosas de Gregorio López abrazan –ahogan casi– los textos de las Partidas.
1. «Observaciones sobre la génesis de los Fueros de Valencia y sobre sus ediciones impresas», Ligarzas, 3 (1971), pp. 47-85. Entonces la bibliografía se centraba en la Génesis del derecho foral valenciano de Roque Chabás, Valencia, 1902, y alguna otra, que cito en notas. Más tarde escribí «Furs de Valencia: su sentido y vigencia», en En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia, Valencia, Generalitat Valenciana, 1989, pp. 361-378.
2. Los orígenes de los Furs de València y de las cortes en el siglo XIII, Valencia, Generalitat-Biblioteca valenciana, 2001, primera edición 1998; El impuesto del morabatí, su base económica y sus aplicaciones demográficas, tesis doctoral, Valencia, Universidad de Valencia, 1972 y La conquista y repoblación valenciana durante el reinado de Jaime I, Valencia, 1995.
3. Narra la conquista y sus enfrentamientos con la nobleza en Les quatre grans cròniques. I. Llibre dels feits del rei En Jaume, edición de Ferran Soldevila, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2007; versión castellana Jaime I. Libro de los hechos, introducción, traducción y notas de Julia Butiñá Jiménez, Madrid, Gredos, 2003. En 2008 se publica facsímil la edición de Valencia, Joan Mey 1557, con introducción de Antoni Ferrando, y la castellana de Viuda de Pedro de Huete 1584, introducida por Vicent Josep Escartí.
4. En 1226 concedió a Blasco de Alagón los castillos y villas que ocupara a los sarracenos, Documentos de Jaime I de Aragón (1216-1268), edición de Ambrosio Huici y M.ª Desamparados Cabanes, 5 vols., Valencia-Zaragoza, Anubar, 1976-1988, I, 85, un año antes a Poblet, 72. En adelante: Huici-Cabanes.
5. Cartes de poblament medievals valencianes, edición de Enric Guinot, Valencia, Generalitat Valenciana, 1991, 2, confirmación de 1250, 80. No cabe pensar que otorgase el fuero latino de Sepúlveda de 1076 –el extenso es de 1300–, más bien se refería a fueros de frontera, cuyo primer ejemplo fue la tierra de Sepúlveda y luego se extendieron a Cuenca, Teruel, Andalucía y Murcia, véase Fuero de Úbeda, estudio pre-liminar de Mariano Peset y Juan Gutiérrez Cuadrado. Edición y notas de Juan Gutiérrez; estudio paleográfico de Josep Trenchs Òdena, Valencia, Universidad de Valencia, 1979; M.ª L. Ledesma, «Las cartas de población aragonesas y su remisión a los fueros locales. La problemática del fuero de Zaragoza», Ius fugit,1 (1992), pp. 63-78; Antonio J. Gargallo Moya, El concejo de Teruel en la Edad Media (1177-1327), Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1996; José Luis Castán Esteban, Los Fueros de Teruel y Albarracín en el siglo XVI, tesis doctoral, Valencia, Universitat de València, 2009.
6. Blasco de Alagón, al repoblar aldeas de Morella y otros lugares, concede fuero de Zaragoza, Cartes de poblament, 8 Vallbona, «quod populetis ibi ad bonos usos et costumos de Cesarauguste, sicut populatores de Morella sunt populati...»: 16 Boixar y Fredes, «ad populandum ad bonos foros et usus et consuetudines Cesarauguste, sicut populatores de Morella sunt populati»; 18 Castell de Cabres, 19 Vilanova, 20 Coratxar... Hay que distinguir cartas de población del feudo de Pedro II de Aragón en 1208 –según Usatges– a Benifassà para poblar, de donaciones o ventas de Blasco a caballeros o vasallos: 1, 4, 5, 26, 27; y otras para poblar a fuero de Zaragoza, 6, 18 a 20, 28-33...
7. Burriana 1 de noviembre de 1233, Cartes de poblament, 6; 14, una segunda de 1235; también 17, 1236 Benicarló; 23, en 1237 el prior del hospital de Santa Cristina a Almassora el fuero de Burriana. Jaime I había confirmado fueros de Zaragoza en 1225 y 1233, Documentos de Jaime I relacionados con Aragón, edición de Amparo Cabanes, Zaragoza, csic, 2009, 14 y 39, sus prados y términos 42, a Teruel 43.
8. Cartes de poblament, 15, con apelación a aquella ciudad; 20 a Sant Mateu, 12 y 22 para poblar con cristianos Càlig y Rossell; antes en 1233, 7, carta de población a los musulmanes de Cervera, «in vestra lege, et [s]una, et in vestris consuetudinibus»; 10, también el Temple a Xivert, «suam legem et çunam», recoge otras. Remito a Cartas pueblas de las morerías valencianas y documentación complementaria I. (1234-1372), editadas por Manuel Vicente Febrer Romaguera, Zaragoza, Anubar, 1991.
9. Fori antiqui Valentiae, edición de Manuel Dualde y Antonio Ubieto, Valencia, csic, 1950-1967. Manuscrito de la catedral, formado entre 1281 y 1283, pues intercala las primeras cortes en la rúbrica III del texto de Jaime I, mientras coloca detrás las de 1283; según Chabás copia de principios del XIV, hasta 1329 en que su propietario es nombrado sacristán: «Iste liber est Berengarii Marchi, sacriste Valentie, quicumque ipsum tenuerit reddat sibi». En Fori antiqui, faltan las rúbricas 41 y 128, englobadas en la anterior: en notas añado su referencia entre corchetes. Para no cargar mi exposición de latines, uso la versión de López Elum del manuscrito de 1329, citada en mi nota 2; facsímil, del manuscrito, Els Furs de València, Valencia, Vicent García, 1976, volumen primero. También Furs de València, al cuidado de Germà Colón y Arcadi Garcia, 11 vols., Barcelona, Barcino, 1970-2007, los tres últimos Germà Colon y Vicent Garcia Edo.
10. Aureum opus regalium priuilegiorum ciuitatis, et regni Valentie: cum historia cristianissimi Regis Jacobi, Valencia, 1515, facsímil, Zaragoza, Anubar, 1972; también facsímil, Valencia, Ajuntament de València, 1999, 2 volúmenes, con traducción de Francisco Calero; Liber privilegiorum civitatis et regni Valencie I. Jaume I (1236-1276), edición crítica de Josepa Cortés, Valencia, Unicersitat de València, 2001. Son anteriores a la conquista, Aureum, 1 y 2 de 1236, dotación de la catedral y sujeción a Tarragona, que originó largo proceso frente a Toledo; otros en Huici-Cabanes, II, o en el Repartiment. Robert Ignatius Burns estudió la catedral y las parroquias, las órdenes, El regne croat de València, Valencia, Tres i Quatre, 1993, edición inglesa, 1967; traducción castellana, Valencia, 1982. Su gran aportación documental, Society and Documentation in Crusader Kingdom Valencia. Diplomatarium, 4 vols., Princeton, Princeton University Press, 1985-2007, falta por aparecer el quinto volumen. Los dos primeros traducidos al catalán, Valencia, Tres i Quatre, 1988. En adelante citaré el Diplomatarium: Burns, volumen y número del documento.
11. Figuraba en aquella curia el notable jurista Vidal de Canellas, formado en Bolonia, por lo que la bibliografía más antigua sugirió su autoría, hoy desechada. Arcadi Garcia propone la participación de un jurista de su corte, «Pere Albert i la seva obra», en Estudis històrics i documents dels arxius de protocols, Barcelona, 1996, pp. 7-38, por coincidir en algunas soluciones con sus Commemoracions, en especial en feudos.
12. López Elum hizo un análisis definitivo, Los orígenes de los Furs de Valencia, pp. 37-44. También Vicent Garcia Edo, analizando estancias de obispos y el privilegio de 1 de noviembre de 1238, Anuario de estudios medievales, 26, 2 (1996), pp. 713-728; unos años antes la fechaba en 1240. El privilegio en Huici-Cabanes, Documentos, II, 280, ya antes había nombrado el zalmedina o curia.
13. Consuetudines ilerdenses, edición de Pilar Loscertales, Barcelona, Facultad de Derecho, 1946, rúbrica 169; también Ana María Barrero, «Las costumbres de Lérida, Horta y Miravet», Anuario de Historia del Derecho Español, 45 (1975), pp. 485-536, así como los trabajos de Valls Taberner. Arcadi Garcia Sanz estableció concordancias entre «Las Consuetudines ilerdenses y los Furs de Valencia», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 41 (1965), pp. 1-26; Vicent Garcia Edo completa en Furs, IX, pp. 153-154.
14. Arcadi Garcia señaló las concordancias romanas en sus volúmenes, que recoge Vicent Garcia Edo, Furs, IX, apéndice II, pp. 155-167; en de feudis añade de las Consuetudines feudorum. Ya Ana M.ª Barrero las había propuesto, «El derecho romano en los «Furs» de Valencia de Jaime I», Anuario de Historia del Derecho Español, 41 (1971), pp. 639-664; compara algunos con la suma provenzal Lo Codi; también Arcadi Garcia: su influencia sería escasa. Asignatura pendiente es el Corpus iuris canonici –a partir de las notas de Pastor–, pero apenas quedan historiadores del derecho canónico...
15. Una abreviatio literal no es frecuente –Vaccaro y alguna otra– y difiere de una suma –Azo o la atribuida a Irnerio–, que resume con redacción propia.
16. Encaja mejor como réplica a los fueros de Aragón de 1247. Su extensión contrasta con los concedidos a Tàrrega en 1242, José M.ª Font Rius, Anuario de historia del derecho español, 23 (1953), pp, 429-443, en Huici-Cabanes, II, 349; o a Mallorca en 1231, 1251 y 1257, I, 150 y III, 576 y 726; también las adiciones de 1273, Colección diplomática de Jaime I el conquistador, edición de Ambrosio Huici, 3 tomos en 6 vols., II, 2ª, Valencia, 1919, 966.
17. Ya Chabás, Génesis, pp. 30-33, intentó esta línea de reconstrucción.
18. Aureum opus,8; Liber privilegiorum, I, 8. La concesión de pastos, plazas y calles en Consuetudines ilerdenses, 2, 22, 31 –arenal– y 54. La comparación con privilegios, Manuel Dualde, Supervivencia de los primitivos privilegios orgánicos de la capital en el texto de los Fueros de Valencia, Valencia, csic, 1956, reproducido en Fori antiqui Valentiae; Arcadi Garcia en sus volúmenes de Furs de València y López Elum, apéndice I, pp. 80-67. Salvo este último, atribuyen los fueros 1 y 2 al privilegio de 13 de enero de 1240, Aureum opus, 9; Liber privilegiorum, I, 10, que declara francos los pastos en todo el reino; pero si nos fijamos los Furs solo hablan de la ciudad y término. También concede a Teruel los pastos del reino de Valencia, Cabanes, Documentos de Jaime I relacionados, I, 51 y 54; pagan seis carneros por cada mil ovejas parideras, Aureum opus, 19; Liber privilegiorum 21.
19. Fori antiqui, III, 1, el juramento del curia, se menciona en el privilegio de 21 de mayo de 1249, Aureum Opus, 28; Liber privilegiorum, I, 30. Quizá tiene cierta analogía con el prestado por los cónsules de Lleida, 35. Roca Traver –citado en mi nota 22– exhumó otros añadidos por los jurados, no incorporados a Furs. El precepto 2 se apoya en X. 3, antes de extenderlo a todo el reino: «Una costum, una moneda de lig e de pes e de figura, una alna, un quarter, un almut, una fanecha, un kafiç, una onça, un march, una liura, una arrova, un quintar e un pes en tot lo regne e la ciutat de València siga per tot temps. Enadex lo senior rey que axí sia entés lo fur en tot lo regne de València com en la ciutat».
20. Aureum Opus, 4 y 8; Liber privilegiorum, I, 5 y 8. En relación al fuero 5, el primer privilegio de-clara no enajenable el cargo, ni él ni sus sucesores u otros lo concederán por servicio o dinero, sino elegirán un prohombre de Valencia, «d’an en an mudarem et posarem aquí en la cort en la festa de Nadal del nostre Senyor.» Ambos coinciden en el fur 6: juzgue el curia en persona, con consejo de los prohombres, en la casa que hay frente a la catedral y el palacio real, que da en uso y habitación al curia, así como para cárcel. Si le impiden graves asuntos o está fuera de la ciudad, puede delegar o encomendar a un sabio –jurista–, habitante de Valencia, que, conforme a III, 13, no tendrá salario ni pago de las partes. El privilegio 12 de Aureum Opus; Liber, 13, que dona mezquitas y cementerios a la catedral, alude a Costum, excluye el «cimenterio in quo assignamus generale forum Valentie fieri, sicut determinatum est in Consuetudine Valentie»: «enrrere era sepultura del reys sarrahins» dice III, 6.
21. 19 de enero de 1250, Aureum opus, 35; Liber privilegiorum, I, 34. En Fori antiqui, la ceremonia como addidit: error, pues sigue literal el privilegio.
22. Privilegio de 23 de mayo de 1249, Aureum opus, 28, la terna 66 y 75; Liber privilegiorum, I, 30, 77 y 81, éste en Burns, III, 761. Roca Traver comprobó la designación regia y señorial a través de cartas pueblas y registros de cancillería, El justicia de Valencia (1238-1321), Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1970, pp. 69-75, documentos 6-38; Mut Calafell hizo el inventario del archivo del justicia, Madrid, 1958; Leopoldo Piles Ros se ocupa de fechas más tardías, Estudio documental sobre el bayle general de Valencia, su autoridad y jurisdicción, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1970.
23. Justin Guillaumot analiza la elección, «Les elections municipales dans le Midi de la France: le cas de Montpellier (XIIIe-XIVe siècles)», Circé. Histoires, Cultures & Sociétés, 4 (enero 2014), <http://www.revue-circe.uvsq.fr/les-elections-municipales-dans-le-midi-de-la-france-le-cas-de-montpellier-xiiie-xive-siecles>. Huici-Cabanes, Documentos, II, 424 cónsules y bailía, IV, 1066 y 1067 juran fidelidad al nuevo heredero Jaime.
24. Consuetudines ilerdenses, rúbricas 32-36 y 39, 106; sobre el curia, numerosas. Los nobles solo en parte le están sujetos, y los sarracenos si los convoca, pues litigan ante su zalmedina. En septiembre de 1254 el infante Pedro confirma sus privilegios y costumbres, Huici-Cabanes, Documentos, III, 660, también V, 1420, 1473 y 1527. Rafael Gras y de Esteva estudió hace años La Pahería de Lérida: organización municipal de la ciudad: 1149-1707, Lérida, 1909; Jesús Lalinde Abadía, la justicia, «El "curia" o "cort" (Una magistratura medieval mediterránea)», Anuario de estudios medievales, 4 (1967), pp. 169-300; mi estudio, «La fundación y el fuero universitario de Lérida», Hispania, 58, 2 (1998), pp. 515-536.
25. Aureum opus, 35; Liber privilegiorum, I, 34. Utiliza doctrina romanista: «Item, cum iusticie personales inmediate sint meri imperii et princeps non debeat eas nec possit ad aliquos transferre», contra los ricoshombres, caballeros y ciudadanos, prelados, clérigos o religiosos. Acerca de la justicia regia, Roca Traver, pp. 315-319.
26. Fori antiqui, III, 7; Furs de València omite heresi y sacrilegio. El procedimiento inquisitivo se creó por Inocencio III y se recogió en Decretales. El privilegio de 1250, citado en nota anterior, señala penas: homicide suspendantur, sodomitici comburantur... Los delitos, en rúbricas 114 a la 123; la primera, las acusaciones –parientes en homicidio–, que si no llegan a probar supone pena de talión, y las denunciaciones; luego delitos, de criminis y de malefactoribus, con preceptos romanos, de Lleida y Liber iudicum; donde no es fácil identificarlos, los tipos son abigarrados, imprecisos. Tampoco los castigados en la paz y tregua de 1275, Aureum opus, 88; Liber privilegiorum, I, 97. El fuero de legítima defensa, Fori antiqui CXX [CXIX], 7, y el 29 herético y sodomita comburantur. Una confiscación a herejes, Burns, II, 413-417.
27. Parecen originarios de la Costum, III, 11 y 17: gratuidad para designar tutor o curador y la auto-rización y copia de escrituras, y exclusión de inquisición en causas civiles –también el último 19–. No en cambio el 16, que remite al 7, «segons que en la costum de València és contengut», y varía el procedimiento. Pidieron al rey que los interpretase, Aureum opus, 54; Liber privilegiorum, I, 57. Tampoco el 18, con igual remisión, ni el 13, que depende de 6. Dudo sobre asesor, 14 y 15, llamado sotsdelegat en otro lugar. Hasta más tarde no fue jurista –antes en Montpellier–: Roca Traver, documento 60 de 1299, el justicia, en conflicto con el gobernador consulta a un savi en dret ajeno al tribunal.
28. Fori antiqui, CXXXI [CXXIX], 1 y 4, evitan fraudes, comprando cosas o rentas relacionadas con su oficio o por fuerza. No se cumple, el baile Bernat Escrivá con la amiga del rey Teresa Gil de Vidaurre y otros compran rentas de Denia por diez años, Burns, II, 349 –418 se las quita y las da a su sucesor–; las de Sagunto por cinco años, 374. La costum 2, incompatibilidad, en Lleida, 171 –aunque éste se considera posterior–. En la 3 difiere el texto valenciano, que retuerce la redacción y solo prohíbe a los judíos ser curia. Un privilegio de 1251: el judío no puede ser baile, subbaile, veguer o subveguer, justicia, curia, juez, ni desempeñar oficio público o jurisdicción, Aureum opus, 51; Liber privilegiorum, I, 44. Se incumple: Mose Alfaquino, baile de Valencia, en Roca Traver, 65; Jehuda de la Cavallería de Zaragoza, Huici-Cabanes, IV, 1209, V, 1321; Astrug, baile de Tortosa, Burns, III, 592; baile de Morella, Peñíscola y Burriana, 895 y 901.
29. El 5 en Costum, lo confirma un privilegio de 1250, Aureum opus, 35; Liber privilegiorum, 34: la rendición de cuentas al baile, «secundum quod in consuetudine continetur», quien a su vez las daba al rey o a sus consejeros –el mestre racional no apareció hasta Pedro I–. En cambio procede de este privilegio Fori antiqui, CXXXI [CXXX], 8. A veces no copian del privilegio, sino al revés, como ocurre también entre XCV [XCIV], 4 –basado en Lleida, 120 y 121– y el privilegio 51 del Aureum; Liber, 54.
30. Fori antiqui, CXXXI [CXXIX], 6 parece original de la Costum, arrumbado por privilegios recogidos en III, 6 y 10: limita la sustitución del curia al «sotsdelegat d’ell». El 7 recoge el final del privilegio de 1249, Aureum opus, 28; Liber privilegiorum, I, 30; el inicio en III, 10. La competencia del curia y jueces en las rúbricas 37 a 42, derecho romano, junto a preceptos de la redacción tradicional. Otros protagonistas del proceso, 21 de advocatis, 23 de procuratoribus.
31. Fori antiqui, IV, 1, recoge elementos de Consuetudines de Lleida, 11: «... cogatur totum ei reddere debitum, et tantum de suo proprio curie dare quantum fuerit illius debiti pars tercia», y 153: «Et est primo satisfaciendum de bonis victi victori quam iudex habeat suam terciam»; el 2 equivale al 28, pero extendido a movents; el 3, reformado, se aparta de Consuetudines, 12 y 60; en contra Fori antiqui, CXL [CXXXVIII], 4, nadie ose tener cárcel privada. En la costum IV, 4 vuelve a Lleida, 60 bis y 153; también IV, 5, el 13 de Lleida.
32. Fori antiqui, IV, 6, comparado con Lleida, 13 y 60 –en fuero de Calatayud en homicidio, Huici-Cabanes, II, 540–; su origen y límites, Aureum opus, 8 y 35; Liber privilegiorum, I, 8 y 34. El añadido de 1271 excluyó los que llevan pena corporal; sus sucesores otros casos; un fuero nuevo, CXX [CXIX], 13 la admite en riña tumultuaria, Roca Traver, pp. 228-230; el perdón, documentos 133-139. El 7, no pagan en demandas de cosa contra el rey, si devuelve su valor.
33. Se completa al final, de lezda, CXLVI [CXLIV], 1 y 2, libertad del siervo –en Onda, Burns, II, 238–; también CXXXIII [CXXXII], de guidatico et tregua. En las Costums de Lleida, 3 y 7.
34. La rúbrica quinta completa con otros furs: no cabe fermança en traición manifiesta, ni darla clérigos, ni menores, pero sí entre cristianos y sarracenos; debe ser proporcionada a la cantidad; sigue en vigor si el reo es condenado a muerte o huye o fallece; caso de pasar sus bienes al rey, se reconocerá la parte de la mujer y de anteriores acreedores.
35. El fur VI, 4, Consuetudines ilerdenses, 107 y 115 elimina la acción romana: basta el hecho y la cantidad reclamada, aunque los Furs regulan la acción reivindicatoria y otras. La rúbrica VII es romana, fur manifestus –Lleida, 9–, caballo que vaga...
36. El proceso se distribuye por diversas rúbricas del Código, entre preceptos romanos, se regulan sus etapas o tiempos. El primer tiempo, ya visto, el clam, fianza y detención del reo –acusaciones y denunciaciones en penal 114–. Segundo, el juramento de calumnia de las partes, rúbrica 31, junto a preceptos romanos sobre juicios, capacidad de las partes, recusación del juez, fuero de clérigos, 32. Tercer tiempo, la contestación, que inicia el proceso, con las excepciones dilatorias, que deben resolverse de inmediato, y perentorias o de fondo, 35 y 36. Cuarto, la prueba escrita, testigos, juramento y declaración, 62 y 63 –el tormento en penal 119–. Quinto, publicación de las pruebas y alegaciones, apenas aludida en 63, 5 y 6. El sexto, la sentencia «en romanç», su notificación y alcance, costas, ejecución, responsabilidad del juez, 96 a 99. Y séptimo, las apelaciones, 102. Roca Traver analizó y ordenó el casuismo de Furs, La jurisdicción civil del justicia de Valencia (1238-1321), Valencia, Real academia de cultura valenciana, 1992, con amplio apéndice documental, pp. 243-291; el documento 22, sentencia absolutoria: «vistes les rahons exposades per la dita Caterina contra els dits testes», alegaciones sobre los testigos. Una extensa sentencia real en Burns, IV, 1015; otras en 1055, 1059, 1063 y 1264, una alzada 1070. Otro pleito ante el rey, 1018-1020, 1202, 1208, 1257, 1347 y 1348.
37. Cita en Fori antiqui, CXXXV [CXXXIII], 2, la rechaza, como el agua caliente, LXXIII [LXXII], 27, relacionados con Consuetudines ilerdenses, 6, 27: «batalliam non teneamur facere cum eis per hominem vel ferrum nec per aliud iudicium, nec per aquam»; aunque 125 usa el hierro candente, que cesa si el juez ordena que jure; ni judíos ni sarracenos 127 y 128. La decretal de Honorio III Dilectus filius prohibió en 1222 las ordalías. Sobre el viejo proceso de riepto o desafío, con cojuradores y batalla o lid, Fuero de Úbeda, citado en mi nota 5.
38. Guinot, Cartes de poblament, 43 y 50 a Villafamés en 1241, 68 a Denia, 70 Moncada, 71 Sagunto: «Cum consuetudines Valentie ad unamquamque villam et castrum Valentie Regni statuimus extendendas, et alicubi in toto Regno Valentie nolumus preter istas...», y recogía privilegios, como hizo notar Chabás, Génesis, 10*-14*. También hubo concesiones por señores y órdenes militares, de la catedral, a sus pueblos o villas: 42 Museros, 47 Puzol, 62 Carpesa, 55 Silla, 58 Albal, 70 Sueca, 74 Silla, Cullera o Bocairent. Miguel Gual Camarena, «Contribución al estudio de la territorialidad de los Fueros de Valencia», Estudios de edad media de la corona de Aragón, 3 (1947-1948), pp. 262-289.
39. La primera conjetura fue de Chabás, seguido por Dualde y López Elum, Los orígenes, pp. 47-65. Pero hay algunos privilegios posteriores: de 1257, Aureum opus, 54; Liber privilegiorum, I, 57 en de apellationibus, CII [CI], 10. Los privilegios de aplazar 10 días el pago de débito ya sentenciado, Aureum opus, 8, 45 y 52; Liber privilegiorum, I, 8, 48 y 55, en XXXVI [XXXV] 9 y CIX [CVIII], 6, aunque Furs no recogen el último. La libertad de testar de 1251, Aureum opus, 42, Liber privilegiorum, I, 42, literal en Fori antiqui, LXXXVII [LXXXVI], 23, que salva la legítima, mientras el privilegio acaba: «non obstante aliquo iure canonico vel civile». En 1993 dirigí la tesis de Pascual Marzal, El derecho de sucesiones en la Valencia foral y su tránsito a la nueva planta (1993), publicada, Universitat de València, 1998, y Anuario de historia del derecho español, 66 (1996), pp. 229-364. La libertad de testar originó frecuentes pleitos, que Pedro II el Ceremonioso quiso solucionar admitiendo que bastaba dejar algo como legítima.
40. Heredero de Aragón en cortes de Daroca, Huici-Cabanes, Documentos, II, 366 y el 365 Pedro conde de Barcelona; III, 626 Alfonso gobernador de Aragón y heredero de Valencia; 653 pacto, también IV, 1081. Su juramento, Burns, II, 17-20, su asignación 270. Las pugnas, en Zurita, Anales de Aragón, edición de Ángel Canellas López, 8 vols., Zaragoza, Fernando el Católico, 1967-1977, libro III, XL; reparto en 1247, LIII; cortes de Alcañiz, XLV; segunda división, XLVI; cesión a Alfonso, LVII; su muerte, LX. El reparto de sus reinos entre Pedro y Jaime, Liber privilegiorum, I, 66 y 67, juramento de Pedro, 68; Aureum, 62 y 63. Su asignación, Burns, II, 432-436 y 438, sus vasallos nobles, Burns, III, 513; su consejo de dos nobles y dos ciudadanos, Huici-Cabanes, IV, 960 y 1202.
41. El plante de Quart en Zurita, Anales, libro III, LXVI. Juan F. Utrilla, sobre estructura nobiliar: «La nobleza aragonesa y el estado en el siglo XIII: composición, jerarquización y comportamientos políticos», en Esteban Sarasa, La sociedad de Aragón y Cataluña en el siglo XIII, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2000, pp. 199-218.
42. Aureum opus, 60; Liber privilegiorum, I, 63, también el 64, por la jura de Furs compensa 48.000 sueldos a ciudad, recibidos para su cruzada. Lo señaló Roque Chabás, 18*. Burns, II, 359 y 362, que declara exentos a judíos, esperando alcanzar 100.000 de cristianos y sarracenos y confirma sus propiedades, 361 – otros privilegios a judíos, 391 y 393–. Durante su estancia liquidó las cuentas del difunto procurador, 345; en Montpellier, dedicó dos o tres semanas a la apelación de un asesinato en Almenara: se condenó a uno, pero en alzada el curia lo absolvió y condenó a su hermano; el rey admitió legítima defensa, con indemnización y extrañamiento, 385.
43. Francisco Xavier Borrull, en el papel que dio a Justo Pastor Fuster, Biblioteca valenciana,2 vols., Valencia, 1827, p. I, 34-35, que recoge Chabás, 14*-17*. El colofón de los traductores: «Guillelmus et Vitalis, illorum Bernardusque sodalis...». Escribió un Discurso sobre la constitución que dio al Reyno de Valencia Don Jaime primero, Valencia, 1810.
44. Arcadi Garcia comparó unos catorce, y dos rúbricas de verborum significatione y de regulis juris, «La concordança de las Costum de Tortosa i els Furs de València», Costums de Tortosa. Estudis, Tortosa, 1979, pp. 287-325 (también las páginas de Font Rius, Jesús Massip y Aquilino Iglesia). Demostró la prioridad de Furs, «Un privilegi valencià dins el text de la Costum de Tortosa», Estudios en recuerdo de la profesora Sylvia Romeu Alfaro, 2 vols., Valencia, Universitat de València, 1989, I, pp. 403-415.
45. Bienvenido Oliver dedicó gran esfuerzo en Historia del derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia: código de las costumbres de Tortosa, 4 vols., Madrid, 1876-1881, facsímil, 6 vols., 1995, I, pp. 333-334; aparte editó Libre de les costums escrites de la insigne ciutat de Tortosa, Madrid, 1881; también, Consuetudines diocesis gerundensis, estudio y transcripción de los manuscritos más antiguos del siglo XV, edición de Jaime Cots i Gorchs, Barcelona: Casulleras, 1929 y sus trabajos en Revista jurídica de Catalunya, 41 (1935) y 42 (1936). He visto el texto de 1272, de Pere de Tamarit y Pere Gil, «notaris e ciutadans», Consuetudines Dertusae, prólogo de Jesús Massip, Tortosa, Instituto de estudios Ramón Berenguer IV, 1972, p. 353, numerada con lápiz.
46. Tortosa me servirá de guía: depende de Fori antiqui LXXXIII, 12=Costums 6, 1, 10; –a continuación veré 13 a 15–; 16=13, no el 14, la sierva no ha de pagar; 17=15 y 18=16, en Consuetudines Dertusae hay ligeras variantes, p. 346.
47. El códice de 1329 no señala el fur 13 como enmendado y romanzado, podría ser el original, y optaron por la solución contraria. El rey adoptaría novissime igual solución para Valencia: sea con voluntad del señor o no, siguen en servidumbre «si dominus non liberabit eos». Tortosa deja la venta «a qu·ils volen, exceptat jueus e sarraïns», y completa en 18 que la sarracena preñada por cristiano, no debe ser vendida ni alienada a cristianos, judíos ni sarracenos, hasta que nazca y sea bautizado el niño, que será siervo, y solo podrá venderse a cristiano; la mención en Tortosa de «ab volentat o sens volentat» –no está en Consuetudines Dertusae, pp, 345-346, por lo demás bastante literal–, pudieron tomarlo del fuero 15. Otra posibilidad sería, admitido que el fur había sido retocado, aunque fuera muy escasa la modificación.
48. Fori antiqui, LXXXIV [LXXXIII], 15: «quia nephas est, quem Christus redemit, blasphemum Christi in servitutis iudei detinere vinculis» –como con otras palabras, Consuetudines Dertusae, p. 346–. Frase que, según Dualde, en nota marginal del códice se cita Decreto, part. I, dist. LIV, cap. 18; en el §. Novissime addidit alude al privilegio apostólico, y si no se cumpliera en dos meses, pagaría al judío el baile y emplearía al cautivo en el servicio real hasta que pague, en cuyo momento será libre.
49. Fori antiqui, de adulteriis CXV [CXIV], 8 y 9: si judío o sarraceno yace con cristiana; o si cristiano con judía, sean ambos cremats, si con sarracena, corran los dos desnudos por la ciudad. Un privilegio de 1242, Aureum opus, 15; Liber privilegiorum, I, 16, les permite convertirse sin perder bienes; el dirigido a Zaragoza, Huici-Cabanes, Documentos, II, 350, obliga a oír la predicación, llevar distinto vestido, y si cristiano cohabita con judía o sarracena debe cesar en dos meses, bajo pena de negarle sepultura eclesial. Hubo judería cerrada en Jaca, I, 73, en Barcelona recluidos en calle judaica, V, 1363. Tampoco pueden tener nodrizas ni siervos cristianos, Fori antiqui, IX, 1 y 2, inspirados en Decretales, IX, V, 5, según Roca Traver, La jurisdicción civil, p. 84. notas 72-77.
50. Libre de les costums, p. 255, Consuetudines Dertusae, p. 332. Fori antiqui los separa; Dualde creyó razonable su unión en 1329. Furs de València, V, pp. 64-65, señala distinta procedencia: en verdad amalgama Digesto, 23, 3, 10, 4 y 5. He visto algún otro: Fori antiqui, XXVIII de minorum restitutione, 9, inspirado en Código, 2, 49, 1 y Costums de Tortosa, 2, 14, 9 –Consuetudines Dertusae, p. 231–, parece el original: la restitutio se pide por la persona que recibe el daño o por procurador. Arcadi Garcia en su concordancia vio dos fueros reformados: Fori antiqui, XXVI, 5 y Costums,12, 12, 5, más sucinto, podía ser el valenciano; Fori antiqui, LXIV [LXIII], 2 y Costums,4, 12, 2 (Código, 3, 4, 22), hay distancia en los pasos, de la síntesis romana a la redundancia de Tortosa –Consuetudines Dertusae, p. 244–.
51. Aureum opus, 81; Liber privilegiorum, I, 90, Huici-Cabanes IV, 1404; Burns, IV, 1131. López Elum completa las cortes con reuniones de los brazos. Había revisado las propiedades y ahora las confirmó, adelantando el impuesto del morabatí, Aureum opus, 84; en Burns, IV, 1157, distribución 1161. Algo después la extendió a nobles. IV, 1332, con pago de 20.000 sueldos, quizá por la corrección de los Furs, que cito de inmediato.
52. En 1269 admite ventas entre nobles, en que los notarios pondrán solo exceptis clericis et personis religiosis, Burns, III, 946; licencia al obispo para comprar, IV, 1326 y 1328. Sobre amortización en el setecientos dirigí la tesis de Javier Palao, sobre su control y monto, La amortización eclesiástica en la ciudad de Valencia en el siglo XVIII. El juzgado de amortización (1992), publicada por la Universitat de València, 1993, y en sus libros: Patrimonio eclesiástico y amortización en Valencia: la catedral y la parroquia de Sant Joan del Mercat (siglo XVIII), Valencia, Ajuntament de València, 1993, y La propiedad eclesiástica y el juzgado de amortización en Valencia (siglos XIV a XIX), Valencia, Generalitat Valenciana, 2001. También dirigida por mí, la tesis de Manuel Vicent Febrer Romaguera, más centrada en esta época, Propiedad de la tierra y formas de explotación agraria en la Valencia medieval (1993), editada, Universitat de València, 2000.
53. De rebus non alienandis, LXXIII [LXXII], 6-11, cita en 10. Véase Aureum opus, 17 y 21; Liber privilegiorum, I, 19 y 23, suprime los cinco años durante los que no podían vender y el sogueamiento o medición; prohíbe ventas a nobles y clérigos, pero confirma las realizadas. Los bienes comprados por nobles y clérigos a ciudadanos deben pagar questia y regalías, incluso la dote de mujer ciudadana.
54. Llibre del feits..., citado en mi nota 3, § 497, en 1269.
55. Están exentos de peita, questia u otra carga, «qui tenebunt continue equum precii quadraginta aureorum et arma in civitate...», obligados a acudir al ejército y a las cabalgadas, Aureum opus, 69, Liber privilegiorum, I, 75. Ya concedido a Játiva y Alcira, Burns, III, 651 y 678. En Jaca y Teruel, Documentos de Jaime I relacionados, I, 61, 93 y 116.
56. Concedió por privilegios señoríos y tierras, anotando en el Llibre del repartiment; ya en 1240 afirma su derecho sobre las restantes, Huici-Cabanes, II, 310; a la iglesia, las mezquitas y compensaciones, Aureum opus, 1-3 y 12.
57. Remito a la tesis de Febrer Romaguera, citada en nota 52; y sobre impuestos, aunque en época posterior, La hacienda foral valenciana. El real patrimonio en el siglo XVII (1988), tesis doctoral de Jorge Correa, publicada, Valencia, Generalitat Valenciana, 1995. Furs regula la lezda, los ingresos del curia y del mustazaf. Tributos en numerosos privilegios, Aureum opus, 7, 12, 16, 21 a 26, 31, 36, 39, 40, 43, 46, 48, 59, 68, 74, 77, 90 y 91; Liber privilegiorum, 7, 13, 18, 23 a 28, 35, 37, 41, 43, 46, 49, 51, 62, 64, 75, 80, 83, 84, 93, 94, 96 y 98. Algunas peitas, Burns, II, 1, 53 y 407.
58. Remito a la bibliografía que cito en mi estudio: «Modelos historiográficos de las primeras universidades», Universidades, 65 (2015), pp. 9-21.
59. Los cuatro ordenamientos están separados, bien delimitados, cada uno tiene su propio campo y su doctrina. Los Furs no recogen textos de los Sínodos medievales de Valencia, edición de Ignacio Pérez de Heredia y Valle. Roma, 1994. Por otro lado, en Valencia retocan fueros en cortes y por privilegios, sin modificar los Furs: en rúbrica CXLIII [CXLI], de cequiers, regula los savacequiers; suprimidos por Pedro I en el privilegio magno de 1283, se mantiene en Furs e ordinacions y en la edición de Pastor. Jaime I dona las acequias y se reserva la acequia real de Puzol –de Moncada–, por privilegio de febrero de 1239, Aurem opus, 8, que se inserta en Furs, XLVIII [XLVII] 16 pero en cambio no el de 1251, que completa de cequiers y la vende a sus regantes en 1268, Aureum opus, 34 y 78; Liber privilegiorum, I, 85 –en 1265 la donó por vida a su portero, Burns, III, 676–. En Cataluña los textos derogados se coleccionaban al final: Constitucions i altres drets de Catalunya superflus, contraris i corregits. 60 Bulas, constituciones y estatutos de la universidad de valencia, 2 vols., Universitat de Vaència, 1999.
60. Bulas, constituciones y estatutos de la universidad de Valencia, 2 vols., Valencia, Universidad de Valencia, 1999, I, 1 a 3, pp. 57-63. La edición de las bulas, de Manuel Vicente Febrer.
61. Los estudié en «Clérigos y juristas en la baja edad media castellanoleonesa», Senara, 3 (1981), Anexo pp. 7-110 –en colaboración con Juan Gutiérrez Cuadrado–; «Interrelaciones entre las universidades españolas y portuguesa en los primeros siglos de su historia», Boletim da faculdade de Direito de Coimbra,58, 2 (1982), pp. 875-940. Estudos em homenagem a os profs. Manuel Paulo Merêa e Guilherme Braga da Cruz, Coimbra, 1983; «Estudiantes hispanos en las universidades francesas. Siglo XIV», Estudios dedicados a Juan Peset Aleixandre, 3 vols., Valencia: Universidad de Valencia, 1982, III, pp. 273-294. Antonio Pérez Martín ha publicado varios trabajos sobre Bolonia, en donde, como Padua o Perugia, hubo una nación catalana, en la que se integraban, «Primeros juristas valencianos en Bolonia», Aulas y saberes, Valencia, Universitat de València, 2003, II, pp. 301-320; «Juristas hispanos no pertenecientes al colegio de España, doctorados en Bolonia (1378-1788)», Facultades y grados, Valencia, Universitat de València, 2008, II, pp. 183-218; los colegiales, en su Proles aegidiana, 4 vols., Colegio de España, 1979; Pilar Codonyer Sòria, Estudiants valencians a l’Studio Fiorentino (1473-1494), Valencia, Universitat de València, 2003.
62. En Lleida, del consulado a la pahería. En 1256, designa el zalmedina de Zaragoza entre seis prohombres, elegidos por la parroquia a que por sorteo tocare cada año, excluidas las nombradas, hasta formar turno, Huici-Cabanes, III, 713; procedimientos análogos en Daroca o en fueros de Cuenca.
63. Nombramiento y apelación al procurador en 1257, Burns, II, 26, 27, 44, 157, 180 y 210, 219 sustituto, 285 cuentas, 341 su muerte, 345 cuentas finales; 381 y 392 es nombrado Arenoso, llochtinent del príncipe Jaime, III, 575 y 627. Algunos en Huici-Cabanes, III, 579-581, 771 y 777. El cargo, con competencias y alzada, generó fricciones, Roca Traver, 62-63. Véase Jesús Lalinde Abadía, La Gobernación general en la Corona de Aragón, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1963.
64. Las bailías generales, Burns, II, 387 Gil Eximén citra Xúquer; 427 la arrienda a varios socios, III, 597; Arnaldo de Monzón ultra, 388; sus cuentas III, 558; sobre las cuentas con Escrivá –el anterior baile– hay varios documentos en el Diplomatarium. Nombró también sobrejunteros, ultra Xúquer y en el norte, Burns, II, 31 y 192, III, 732, ejecutores de las sentencias del rey o del gobernador, que persiguen los delitos más graves.
65. Zurita, Anales, IV, LXVI. La intensa actividad del infante sobre varias poblaciones, algunas propias, se refleja en Burns, Diplomatarium, III y IV, su asignación de 60.000 sous, III, 680.
66. El rey se ve obligado a vender por dos años la bailía de Valencia a Arnau de Romaní y toma préstamos de la ciudad y otros, Burns, III, 639 y 640; da poder a Pérez de Arenoso para exigir préstamos forzosos, 665 y 666; lo recompensa por su ayuda en la guerra, 669 y 670; su muerte 701 a 703, 811 y 819. Vende la bailía de Valencia a su hijo Pedro, III, 675, que la arrienda, 689; pero luego, 690 y 734, la concede a Romaní de por vida, con derecho a elegir al justicia de la terna municipal, si el rey está ausente; también la de Játiva y otras mercedes, III, 831, 941, 943, 944, 948, 981 y 982; al final fue juzgado Romaní por mala administración, Burns, IV, 1092, 1104 y 1136. Nuevo lloctinent fue su hijo bastardo Pedro Fernández de Híjar, III, 721-724, 928 y 929; custodia de la Albufera, IV, 1254; le sucede Andreu Escrivá, 1327.
67. La convivencia medieval de las tres culturas de Américo Castro es un sueño. Véase Pierre Guichard, Al-Andalus frente a la conquista cristiana. Los musulmanes de Valencia, siglos XII-XIII, Valencia, Universitat de València, 2001.
68. Aparte feudos y caballerías –rúbrica 134–, la propiedad de los estamentos exentos está separada de la ciudadana –la 72–: requieren licencia del rey para comprar o vender. Puede verse licencia a un caballero «non obstante foro Valentie», Burns, II, 369, también 261 y 262, III, 600 a su hijo natural, 627. Acerca de esta estructura, la tesis de Manuel Vicente Febrer Romaguera, citada en nota 52, quien además, a través de enfiteusis, arriendos y aparcerías, analiza la diferenciación vertical. Incluso en materia matrimonial, el privilegio militar en devolución de dote, tesis de M.ª Dolores Guillot, codirigida con Jorge Correa, Régimen económico matrimonial en el derecho foral valenciano, 1998, editada, Valencia, Generalitat-Biblioteca valenciana, 2002. Aparte vincles o mayorazgos, que estudió Pascual Marzal en su tesis, citada en mi nota 39. Para época posterior, mis Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra, Madrid, Edersa, 1982.
69. Burns dedica muchas páginas a las parroquias, El regne croat de València, pp. 133-226. Sanchis Sivera estudió la de Santo Tomás. Aparecen en Zaragoza; en Huesca San Salvador recibe privilegio real. Las collaciones o barrios en Daroca o en fueros castellanos se formarían a veces en torno a parroquias. En 1258 autorizó en Barcelona que se armasen campesinos y hombres de las parroquias contra robos y hurtos, y acudiesen al tañido de campana, Huici-Cabanes, IV, 933. En Valencia en 1271, para incendios, tumultos y alborotos, Burns, IV, 1239.
70. Aureum opus, 18, perpetuos, 77 en 1266; Liber privilegiorum, I, 20 y 78. Este privilegio no se incluyó en Furs: primero era temporal, luego, al extenderlos a todo el reino, no procedía. Ya 1240 Mallorca, seis jurados –uno caballero–, Huici-Cabanes, II, 311; en Zaragoza doce en 1272. Sobre los consells en su inicio, Álvaro Santamaría Arández, «Los consells municipales de la Corona de Aragón mediado el siglo XIII: El sistema de cooptación», Anuario de historia del derecho español, 51 (1981), pp. 291-364.
71. Aureum opus, 35, 56 y 65; Liber privilegiorum, I, 34, 46 y 58; registro de los últimos, Burns, II, 83 y III, 563. Sobre el mustasaf, rúbrica 138, Francisco Sevillano Colom, Valencia urbana medieval a través del oficio de mustaçaf, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1957.
72. Aureum opus, 72, 82 y 83; Liber privilegiorum, I, 77, 88 y 89, los últimos en Burns, IV, 1016 y 1071. Concedió la terna a los prohombres de Morella en 1269, Burns, III, 930; concesión de agua o en impuestos en 1273, IV, 1490, 1493 a 1497, el primero recuerda el viejo pacto con Blasco de Alagón, la cesión del castillo. En Lleida, 58, había también dos hombres probos de los oficios.
73. Fori antiqui, XXXI, 3, en Lleida 114; el 4, los clérigos no pueden ser jueces ni abogados, ni árbitros. El juramento fue sustituido por otro anual ante el veguer o justicia, en Cataluña y Mallorca, Huici-Cabanes, Documentos, II, 441 y 471; más tarde en Valencia, Liber privilegiorum, I, 76, ante el baile y el justicia.
74. Aureum opus, 47; Liber privilegiorum, I, 36. Cortes de Barcelona de 1251, Huici-Cabanes, III, 563, suplen los Usatges, y en defecto el sensum naturalem.
75. Aureum opus, 56; Liber privilegiorum, I, 59; Burns, II, 83.
76. Aureum opus, 65; Liber privilegiorum, I, 71; Burns, III, 563.
77. Aureum opus, 82; Liber privilegiorum, I, 88, Burns, IV, 1016.
78. Furs e ordinacions fetes per los gloriosos reys de Aragó als regnícols del regne de València, Lambert Palmart, 1482, facsímil, Valencia, Universitat de València, 1977, rúbrica 7; 60 exige el juramento anual de actuar en conciencia.
79. Furs e ordinacions, 9. Los abogados de secano perviven hasta el XV, Martín el humano y Alfonso el magnánimo habilitaron a notarios para ejercer. Partidas definió el vocero o abogado como «ome que razona pleyto de otro en juicio o el suyo mismo en demandando o en respondiendo»; puede ser «sabidor del derecho, del fuero o de la costumbre de la tierra...» (3, 6, 1 y 2). Véase, Historia de la abogacía española, dirigida por Santiago Muñoz Machado, 2 vols., Madrid, Aranzadi, 2015.
80. Privilegio general de Aragón. La defensa de las libertades aragonesas en la edad media, estudio y edición de Esteban Sarasa Sánchez, Zaragoza, Cortes de Aragón, Mallorca, 1984; También sus páginas, Las cortes de Aragón en la edad media, Zaragoza, Guara, 1979. Zurita, Anales, IV, XXXVIII, las cortes de 1283; las cortes de Huesca en 1286, IV, LXXXVII.
81. Sylvia Romeu Alfaro estudió a fondo estas contiendas, «Los Fueros de Valencia y los Fueros de Aragón: Jurisdicción alfonsina», Anuario de historia del derecho español, 42 (1972), pp. 385-428, en apéndice I el privilegio, que recoge las «fuerzas», confirmado en cortes de Zaragoza de 1285, apéndice III.
82. Una corrección de 1271 ordena que en la terna, «sia presentat i cavaller e que l’elegen los cavallers», Furs de València (1329), CXXXI, 6; no está en Fori antiqui. Jaime II, Aureum opus, 3 y 8, quiso nombrarlos él, pero cedió frente a la defensa ciudadana, Roca Traver, pp. 89-91.
83. Las concesiones a Valencia en Furs e ordinacions fetes, rúbricas 1 a 72. Las recogió el Aureum opus, Pedro I, 4 a 19; el 27 las extiende a todas las ciudades del reino –el juramento de los judíos, Jaime I, privilegio 14–.
84. En cortes de 1281, Fori antiqui, III, 16 –vacat o anulado–, reformó este fur, así como el 7: extendió la inquisición a estos delitos, salvo adulterio, sin exigir denuncia, acusación ni fama pública, bastaba el conocimiento del curia «quocumque modo pervenerit...» Sylvia Romeu las publicó, sin analizar a fondo su contenido, Anuario de historia del derecho español, 39 (1969), pp. 725-728.
85. En 1278 había establecido la insaculación de seis jurados, dos de cada clase, alta, mediana y menor, su juramento, como en Barcelona y Mallorca. En 1283 volvió a cuatro, Aureum opus, Pedro I, 2 y 13.
86. Aureum opus, Pedro I, 27, enumera motu proprio los quince gremios que podían nombrar, que serían consejeros del justicia. Precedente del futuro consell general, que es posterior, distinto.
87. «Los Fueros de Valencia y los Fueros de Aragón», apéndice IV 6 de mayo, V 7 de octubre, y VI 18 de noviembre de 1284.
88. Aureum opus, Pedro I, 31. En Fori antiqui XIX [XVIII], 9: «Confraternitates, sacramentalia sive conspirationes inter aliquos populatores et habitatores regni sive civitatis sive inter aliquos officiales sub pena corporis fieri prohibemus».
89. «Los Fueros de Valencia y los Fueros de Aragón», apéndices VII, VIII, IX y X.
90. Sobre este privilegio y el de su padre remito a Mateu Rodrigo Lizondo, a su tesis doctoral: La Unión de Valencia (1347-1348). Una revuelta ciudadana contra el autoritarismo real, Valencia, Universitat de València, 1987, 2 vols., I, pp. 291-293; el II, Diplomatari de la Unió del Regne de València (1347-1349), Valencia, Universitat de València, 2013. Años más tarde, los aragoneses pretenden que Valencia participó en la unión, Diplomatari, documento 30. Divididos entre unionistas –en cabeza el consell– y antiunionistas, la firman, 57 y 58.
91. Primus quinternus Magistri Rechaule, ad titulum C. de contrahenda emptione, et venditione, folios 138v y 139r, manuscrito de la universidad de Sevilla, véase mi estudio «Enseñanza en la facultad de leyes de Valencia: explicaciones de Mateu Rejaule a inicios del XVII», en Ciencia y academia, 2 vols., Valencia, Universitat de València, 2008, II, pp. 260-321; también analicé sus apuntes Rexaule ad tt ff. locati, et conductio en Las viejas facultades de leyes y cánones del estudi general de València, Valencia, Universitat de València, 2006, pp. 47-61. Sobre Salamanca en el XVII, mis páginas «Método y arte de enseñar las leyes», en Doctores y escolares, 2 vols, Valencia, Universitat de València, 1998, II, pp. 253-266.
92. Remite a Furs, 1,1, preliminar, cita por la edición de Pastor, Fori Regni Valentiae, 2 vols., Valencia, 1547–1548, facsímil, Valencia, Generalitat valenciana, 1990. La equiparación del natural seny con el derecho común puede verse en Tarazona, Crespí de Valldaura, Bas y Galcerán y otros autores regnícolas. Cien años después sigue el dominio del derecho común, Gregorio Mayans. Epistolario IV. Mayans y Nebot (1735-1742). Un jurista teórico y un práctico, estudio preliminar, transcripción y notas de Mariano Peset, Oliva, Ayuntamiento de Oliva, 1975 y Epistolario XXIII. Mayans y Nebot. 2 (1742-1744). Teórica humanista y práctica en el foro, con mi estudio preliminar; transcripción y notas en colaboración con Javier Palao, Pilar García Trobat, Yolanda Blasco, Pilar Hernando, Sergio Villamarín, Carles Tormo, Pascual Marzal y Jorge Correa, Valencia, 2008. Es más, cuando el marqués de la Ensenada le encarga un código ilustrado piensa hacer otro de derecho romano, que identifica con la razón y el derecho natural, véase mi trabajo, «Una propuesta de código hispano-romano inspirado en Ludovico Antonio Muratori», en Homenaje al profesor José Santa Cruz Teijeiro, 2 vols., Valencia, Universidad de Valencia, 1974, II, pp. 217-260.
93. Remito a mis páginas «Historia y codificación civil», Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics, 54, 1 (2006), pp. 213-238. Juan Sala en su Ilustración del derecho real de España, 2 vols., Valencia, 1803, anota concordancias romanas. Escribí sobre él, «El derecho en los tiempos del pavorde Juan Sala», en II Jornades d’estudis, Pego, Ajuntament de Pego, 2007, pp. 17-48, donde Jorge Correa presentó «Juan Sala, catedrático de la universidad de Valencia», pp. 131-149; también Yolanda Blasco Gil, «Los censos en los manuales de derecho civil de Juan Sala y Salvador del Viso», en Vida, instituciones y Universidad en la historia de Valencia, Valencia, Universitat de València, 1996, pp. 139-161.
2. UNA APROXIMACIÓ ALS VISSO I ALS ATTENTO EN LA SENTÈNCIA CIVIL DE LA VALÈNCIA FORAL
Carles Tormo i Camallonga Universitat de València
CONTEXT I SUPRESSIÓ DEL PROCÉS FORAL
En aquest estudi ens aproximarem a la interacció de la norma jurídica en el procés civil valencià de les darreries de l’època foral, en seu d’Audiència. És una qüestió a la qual de vegades m’he referit d’una manera molt descriptiva, però poc ortodoxa, fent servir el terme d’explicitació, en el sentit de precisió, en relació amb l’aparició concreta i individualitzada de disposicions jurídiques específiques, especialment legals, en els diversos tràmits i escrits processals.1 Una precisió que es pot manifestar bé en els discursos dels lletrats, bé en la mateixa resolució judicial, tenint en compte que, contràriament, també hi podia estar completament absent en tots dos casos.
Aquesta omissió per escrit de la norma en els expedients o lligalls processals, com també en la sentència, i que tant pot sorprendre’ns d’entrada, és una cosa que sempre hem de tenir ben present quan ens acostem a la justícia de l’Antic Règim, especialment a la de Castella. En realitat, es tracta d’una qüestió que tradicionalment s’ha vist com a distintiva entre l’ordenament processal castellà i els dels diferents territoris de la Corona d’Aragó. Al llarg de les següents pàgines precisarem aquestes idees.
Des de la consideració que els estudis comparatius ens poden facilitar la comprensió de les realitats procedimentals, com de tantes altres del món del Dret, farem ací una ullada a aquesta precisió de la norma en el procés civil valencià, que, sens dubte, ha estat molt poc estudiat. Paral·lelament, farem alguna observació sobre les solucions que podem trobar en el procés castellà respecte a això.
El present estudi no pot tenir ni tindrà –tampoc no ho pretén– un caràcter definitiu en els seus resultats, ni de bon tros, sinó que tan sols vol ser un pas més, sempre subjecte a revisió, en el transcurs d’una investigació encara incipient i que, òbviament, coneix moltes ramificacions.2 Això sí, i ha de quedar ben clar, no volem presentar ací un estudi legislatiu ni molt menys doctrinal, sinó els resultats d’una recerca basada, essencialment, en la pràctica processal del moment, tal com ha arribat a nosaltres. I, atès que l’estil forense del moment a penes quedava normativitzat per la llei, sinó que era un camp ben adobat a l’ordre consuetudinari propi de cada seu judicial, les reflexions que ací aportem no passaran d’un assaig de (re)construccions generals, així com d’inter-pretacions d’aquestes, apuntalades sempre, i insistim, sobre la documentació processal, fonamentalment dels segles XVI i XVII.
Per a entendre més bé el plantejament de la qüestió, resulta oportú començar pel final, pel decret de Nova Planta de 29 de juny de 1707, que ordenava la supressió, en principi automàtica, de tot el dret del Regne de València.3 Per una instrucció de la nova chancillería valenciana de 7 de setembre del mateix any, remesa a totes les instàncies judicials del regne, es fixava que en l’administració de justícia s’havien de practicar i observar les lleis de Castella i el seu estil forense. Cert és que la concepció del procés, com a instrument per a la recerca de la justícia, seguia en aquests moments, en qualsevol ordenament jurídic peninsular i europeu en general, les directrius marcades pel ius commune. Malgrat la diversitat curial al·ludida, la caracterització del procediment quedava fixada, des de la baixa edat mitjana, per una ciència jurídica, culta i escrita, que s’havia construït des dels seus orígens universitaris. Però, des d’aquesta base compartida, i considerant la identitat dels conceptes substantius en disputa, la interacció de les parts amb la justícia, al llarg del procediment, sí que mostra algunes realitats distintes, fins i tot, notablement diferents. Solament cal apropar-nos als processos –en el nostre cas, als lligalls– per a comprovar que, en contra del que de vegades s’ha dit, la tramitació procedimental no era la mateixa a València que a Castella; ans al contrari, les diferències en alguns tràmits –és veritat que no tants, però sí essencials–, creiem que tenen una rellevància més que significativa, com ho veurem.4
Són aquestes diferències entre el procés castellà i el valencià –i hom generalitza sovint les d’aquest darrer territori a la resta de la Corona d’Aragó– les que destaca la doctrina jurídica moderna, atesos els efectes que hi poguera tenir o hi havia pogut tenir la legislació processal del XVIII amb motiu de la Nova Planta. Perquè, amb el nou règim borbònic, s’evidenciava l’existència d’unes formes i possibilitats processals desiguals per a tots dos territoris, derivades, segons entenem, d’una concepció distinta del que podia ser el judici com a instrument de justícia, especialment, i açò és el que volem destacar, en relació amb la seua autoria. Una diferent identificació de l’administrador o creador de la justícia –assumint la molt distinta significació entre administrar i crear–, i que, tot plegat, no era més que el resultat de la translació a l’àmbit dels tribunals del que suposava la configuració de l’estructura política i institucional de cada regne, en el seu sentit més ampli, en la interacció entre el monarca i la res publica.5
Efectivament, la construcció de l’estructura orgànica de la monarquia a partir dels segles XII i XIII, havia anat de la mà d’una nova filosofia i legitimitat política, una de les atribucions més importants de les quals era la impartició de justícia. O a l’inrevés, era de la justícia d’on derivava la política. O era tot el mateix. En qualsevol cas, la impartició de justícia se sustentava en una nova ciència jurídica, erudita, que, en realitat, no era tan nova en la mesura que recuperava certes fórmules clàssiques romanes –i canòniques–, però que sí que ho era respecte a la immediatament anterior de l’alta edat mitjana. Com bé sabem, el poder tendeix a secularitzar-se, i la jurisdicció, que es veu com a funció reial, coneix una progressiva professionalització de la magistratura, com també de l’advocacia. Consegüentment, apareix i es desenvolupa un nou sistema probatori, unes proves legals en què el criteri de la veritat queda taxat i on la resolució esdevé racional, secundum allegata et probata.
Ara ja podia, doncs, fonamentar-se o motivar-se la sentència d’una manera mitjanament objectiva, científicament, sempre per escrit, com la resta del plet, almenys quant a les causes més rellevants, i amb la possibilitat de ser impugnada aquella resolució per, segons quines interpretacions, la vulneració de l’ordre escrit prefixat. Perquè, paral·lelament, les parts també van veure augmentades les seues facultats o possibilitats d’interacció en el procés; d’una manera ordenada i preestablerta. Això no obstant, i al marge d’efectes col·laterals no buscats i que no venen al cas,6 l’assimilació d’aquestes idees i la seua evolució al llarg del temps, lenta i més o menys progressiva, no van ser exactament les mateixes en tots els territoris europeus, cosa que, s’ha de dir, encara no ha estat prou estudiada.
Tornant al segle XVIII, les disposicions del primer Borbó hispà deixaven ben clar que tant la normativa com les pràctiques processals valencianes quedaven derogades per a deixar pas a les castellanes. De diferències, per tant, sí que n’hi havia hagut. Tradicionalment, s’ha destacat que una d’aquestes és la que fa referència a la motivació de la sentència. Les recerques que s’han fet al respecte sostenen la idea que l’ordenament jurídic castellà prohibia que el jutge motivara les resolucions judicials, mentre que, per contra, el valencià, com els altres de la Corona d’Aragó, sí que ho permetia o, fins i tot, hi obligava. Paral·lelament –si bé d’açò ja no se n’ha parlat tant–, mentre que les parts a Castella, o els seus advocats, tenien prohibida la defensa de les seues causes per mitjà de la citació i la referència per escrit de disposicions jurídiques individualitzades, els advocats valencians sí que podien fer-ho o, almenys, no es prohibia.
L’objectiu d’aquestes pàgines és apropar-nos a totes aquestes diferències, perquè, malgrat ser certes, s’han d’entendre en la seua justa mesura, i en un context processal i substantiu –insistim i recapitulem– que quedava construït sobre la mateixa ciència jurídica. Això sí, tot sembla indicar que les diferències cal interpretar-les des d’uns principis polítics distints, cosa que es traduïa en aquestes distintes manifestacions processals.
MODELS DE SENTÈNCIA
Retrotraient-nos a les bases dels ordenaments jurídics peninsulars, hom no s’avé a determinar fins a quin punt la motivació de la sentència quedava prohibida, es permetia o s’imposava –que no ho sembla– en els orígens, romans, del procés. Respecte al Dret canònic, tampoc no era una qüestió taxativa; sembla que no s’hi va requerir mai perquè fóra vàlida, però que hom tampoc no s’hi va oposar mai. És més, hi ha casos en els quals es considerava que era convenient i, fins i tot, obligada; causes puntuals, com les sentències absolutòries per petició insuficient o inapropiada, les d’excomunió o les dictades en grau d’apel·lació. El motiu invocat era la conveniència o interès que es tenia en la correcció del penat, o simplement per no causar indefensió. Vindria a ser una finalitat instructiva i caritativa, fins i tot correctiva moralment i previsora, més en concordança, tal vegada, amb l’ordre teològic o religiós que l’inspirava.7 Es diu que els ordenaments de la Corona d’Aragó, especialment el català, van ser sempre més receptius a les doctrines canonistes que el castellà. Servisca açò no com a un punt de partida sinó com a referència que no hauríem de perdre de vista en cap moment.
Centrant-nos en l’àmbit peninsular, i encara que no hi ha acord a l’hora de deter-minar les disposicions que podrien situar-se en l’origen més remot de la prohibició de la motivació de la sentència a Castella, no es pot acceptar la idea, alguna vegada mantinguda, que la pràctica històrica i tradicional havia estat la de la fonamentació judicial. És una consideració errònia, que prové d’una interpretació equivocada de les diverses disposicions dictades al llarg del XVIII, amb l’objectiu d’aclarir l’aplicació de la Nova Planta en les audiències de Barcelona i Mallorca. La tradició històrica castellana ha estat, més aviat, la de la immotivació, i cap text legal ens dona peu a entendre el contrari.
Aquesta mancança de fonamentació podria ser entesa, d’entrada, com una contradicció amb l’interès del monarca per donar a conèixer i fer respectar les seues normes. Però no és així. És veritat que els súbdits han de ser sabedors de la norma a la qual cal subjectar-se, i que el monarca pretén que siga la seua, però no és menys veritat que el mateix monarca, en funció de la seua majestat autocràtica, no té per què justificar públicament l’exercici de la seua autoritat. És més, el fet de fer-ho es podria entendre com un qüestionament de la seua sobirania i una necessitat de respondre davant dels seus vassalls. A més a més, i açò s’ha de destacar, el monarca podria quedar limitat en el seu arbitri per a posteriors conteses. Això sí, si el rei és l’emperador en el seu regne, si és el princeps, i si la justícia no deixa de ser en cap moment una de les seues principals manifestacions, sempre severa i solemne, absoluta fins i tot, no és menys cert que havia de ser congruent amb la divinitat de la qual procedia i a la qual sí que havia de respondre en tot cas; discrecionalitat des de la coherència, aquesta darrera amb totes les possibles puntualitzacions que es vulga.
En aquesta línia, el vot dels magistrats havia de ser, en tot cas, secret. No podien fer-se públics els, possiblement diferents, parers, no fóra cosa que mostraren diferències incompatibles amb l’auctoritats d’aquella congruència reial, i alhora divina, tal com s’esperava. La voluntat del sobirà no podia ser més que única i unànime, sense esmenes ni contradiccions de cap tipus; sense fissures. La revelació divina era, en essència, misteriosa, però havia de ser convincent. Per tant, el llibre de vots de les audiències només recollia una única decisió resolutòria, signada per tots els magistrats, que es comprometien a no divulgar mai una possible diversitat d’opinions. És una exigència, insistim, de la litúrgia de la justícia, que s’havia revestit de sacralitat al llarg dels segles. Rei i jutge no deixaven de ser, tot en u i com bé sabem, el suprem sacerdot de la justícia. Era la infal·libilitat que, als ulls i a l’enteniment dels seus vassalls, havia de ser, com diem, i definitivament, inqüestionable, divina. Perquè, d’una manera o d’una altra, i malgrat tot, al llarg del temps sempre roman vigent la concepció de la justícia impartida secundum conscientiam ut Deus.
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