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Diez años y un prólogo.
El Consejo Preautonómico del País Valenciano y el Ayuntamiento de València

Comenzaré, como es de ley, por el prólogo. Decidida la militancia en el PSOE, Ferran Vidal me invitó a unas jornadas sobre comarcalización y territorio. Vidal formaba parte del Consejo Preautonómico del País Valenciano, y ya me había insistido, a finales de 1974 o principios de 1975, en incorporarme al proyecto socialista de Suresnes. Por entonces yo era de quienes pensaban equivocadamente que el modelo de España tenía su espejo en Italia, y que al cabo habría un PCE eurocomunista y una democracia cristiana como recambio al franquismo. El fracaso de ambos en 1977 fue total.

Pues bien, ya militante recibí el primer encargo, que a la vez fue cargo: vocal de la Comisión Mixta de Transferencias del Estado al Consejo Preautonómico del País Valenciano. Presidía la citada comisión Manuel Broseta Pont, a quien conocía de los tiempos de la Junta Democrática y aun de antes, siempre de la mano en este caso de mi amigo Vicent Ventura. Formaban parte de la Comisión algunas personas que quiero recordar, como Alfredo Corral, empresario y de derechas, como era lógico, y generoso con todos; Ángel Ortí, amigo que quise incorporar a mi proyecto de ciudad, y Javier Aguirre de la Hoz, consejero por UCD, siempre educado y amable.

Nos lanzamos con auténtico entusiasmo a un proceso que nadie sabía dónde desembocaría. Para unos, que podía ser mi caso, en un Estado federal, en el que los valencianos recuperaríamos el autogobierno y la identidad amenazada por la remota batalla de Almansa. Una derrota que no impidió el progreso y las largas etapas de prosperidad bajo el Estado borbónico y centralista. Para otros, una simple descentralización, acaso más eficiente que el agobio del centralismo franquista, en especial para el despliegue de las capacidades productivas y empresariales.

Se me asignaron los temas relativos a urbanismo, territorio y Administración local, como de algún modo era de esperar, siendo mi patrocinador Ferran Vidal.

Conocí por entonces, en las jornadas socialistas sobre comarcalización y territorio ya citadas, a José Luis Albiñana Olmos, que me ratificó el inicio de una amistad cuando fui nombrado vocal de la Comisión de Transferencias. Me advirtió de que en la, para mí, nueva organización política «el ascenso y el descenso eran como en un tobogán». Lo sabía y lo supo él muy bien en el corto plazo en el que pasó del «españolismo» al nacionalismo dentro del PSPV-PSOE, con su defenestración en el otoño de 1979. Le guardo un afecto permanente, pues además fue quien pensó en mí como candidato socialista a la Alcaldía de València, lo que me anunciaría una fría y oscura tarde de otoño de 1978. Fue en las escaleras del viejo edificio de la Generalitat Valenciana, por entonces sede de la Diputación Provincial, ocupada por Ignacio Carrau Leonarte, un franquista amable e irreductible.

El consejero Vidal no cejó en su empeño de que abandonara las tareas profesionales privadas, a lo que yo era reticente, pues ya llevaba a mis espaldas más de una situación amarga y además estaba lo incierto de la retribución y la continuidad de las posibles encomiendas públicas.

Así fue como me convertí en secretario general técnico de la Consejería de Interior en la primavera de 1978.

La composición del cuadro administrativo era un reflejo de la amalgama del PSPV-PSOE, y anunciaba bien pronto lo que se convertiría más tarde en las agrupaciones familiares.

Los directores generales, Javier Sanz y Vicent Soler. El primero del PSOE, quien, buen oriundo del altiplano turolense, no daba una puntada sin hilo, lo que le permitió combinar su carrera académica con el encadenamiento de un rosario de cargos públicos dentro del PSOE que compatibilizó con una brillante carrera académica. El otro pertencía al PSPV y era nacionalista; mantuvimos frecuentes discusiones, mucho antes de nuestra colaboración en el Consejo Preautonómico. Discusiones sobre la modernidad del País Valenciano a partir de la derrota de Almansa: la desaparición o inicio de un régimen señorial caduco en 1707 alcanzaría su plenitud a principios del siglo XIX. Y lo que viene a ser una derrota no lo fue tanto en términos de la reconstrucción de los cuadros demográficos y económicos, asfixiados por el régimen señorial y consecuencia de la expulsión de los moriscos en 1609. Discusiones apasionadas, sin duda alguna. Soler, siguiendo la estela del empleo público, trenzó su rosario de ocupaciones, de las consejerías a las Cortes Valencianas, pasando por el Ayuntamiento de València, sin perder de vista su perspectiva profesional, hasta ser catedrático, como el anterior. De hecho, no ha dudado en pasar de la santa intransigencia nacionalista a un entrañable acto de revisión. No me extraña, contando con la mitificada Via valenciana de su maître à penser, Ernest Lluch, en la que figuro como si de su autor antiguo o precursor se tratara. Finalmente, estaba Valentín Fernández, asturiano emigrado a Lille y admirador de Maurois, el alcalde de la ciudad obrera de Francia, con quien compartí experiencia migratoria y, en mi caso, admiración por la socialdemocracia de los länder de Hesse y Renania-Palatinado. Valentín persistió en ser eficiente concejal de su pueblo de acogida, Torrent. Y yo, obstinado, concluí en alcalde de València.

Pero ya se sabe con La Bruyère: «vivre avec nos amis comme s’ils pouvaint devenir nos ennemis (...) n’est point une maxime morale, mais politique». Que no otra cosa es, al parecer, la convivencia en el seno de una organización política.

Ocupamos como pudimos locales de la Diputación de València y contamos con el auxilio inestimable de excelentes funcionarios y funcionarias provinciales. Me encargué de trazar las líneas maestras de un organigrama de la Consejería, siguiendo las instrucciones del consejero. Percibí de inmediato una mímesis respecto de la Administración del Estado, lo que ahora llamamos Administración General del Estado. Y esta trasposición no me pareció lo más oportuno para la función y competencias que teníamos en el régimen preautonómico, ni para el posible desarrollo estatutario que ya se venía gestando.

Así, Interior, como trasunto del orden público, prisiones y demás. O Administración local con competencias sobre urbanismo y tutela o control de las administraciones locales. Y esto desde un punto de vista teórico.

En la práctica nos vimos envueltos en asuntos como el motín de la Cárcel Modelo de València, a cargo de la copel, donde acompañé al consejero en un ambiente hostil en extremo y en ausencia del gobernador civil de UCD, José M. Pérez Olea. Escapamos por los pelos.

Otro tanto nos ocurrió con la asistencia a las víctimas del accidente en el camping de Los Alfaques. La necesidad de estar en el lugar de los hechos, aunque nada pudiéramos aportar, se me dijo que era «hacer política» y demostrar que los socialistas estábamos en todo y con todos.

Algo semejante sucedió con el terrible incendio de La Calderona de 1978, cuando preparé la visita al fuego del presidente Albiñana. Me trasladé a Portaceli, que conocía bien, y cuando advertí al general Atarés de la Guardia Civil de la llegada de Albiñana, replicó con un «¿y ese quién es?» que no presagiaba un encuentro amable.

Atarés protagonizó algún escándalo con el ministro de Defensa, Gutiérrez Mellado, en Cartagena, y terminó asesinado de manera repugnante más tarde en Pamplona.

Nunca fui partidario de la foto en primera línea: el mando o la dirección deben estar en sus despachos. Cuando se produce el conflicto la representación estorba a los efectivos empleados en su solución, y la perspectiva se obtiene con la información de los puestos avanzados. Ni la visita al incendio tenía sentido ni la presencia en primera línea del general servía para nada.

Tras estas experiencias y con un escepticismo cierto respecto al régimen autonómico que se estaba gestando, solicité y obtuve del buen amigo y consejero el relevo. No creyendo en las propuestas de candidatura a las elecciones locales, vista la recepción partidaria, me apresté a recuperar, una vez más, la ruta profesional. Con el añadido además de que las nuevas corporaciones iban a requerir de los profesionales progresistas y demócratas, esto es, que teníamos mercado, por decirlo de una manera llana y directa, incluso en la elaboración de manuales para los nuevos regidores, como así sucedió con el elaborado y publicado por mis amigos del CEUMT.

Claro que la situación política general y la interna del PSOE distaban de ser estables. O como se diría más tarde, todo era muy fluido. Una organización en expansión, compuesta de aluviones de diversas procedencias y materiales, se enfrentaba a unas elecciones generales legislativas, a unas locales cuyo resultado tampoco estaba claro y a la construcción de nuevas instituciones político-administrativas. Todo ello en un lapso de tiempo diabólicamente breve: de enero a abril de 1979, y con el consiguiente tumulto interno a raíz de la confección de listas electorales.

En el caso valenciano ya se vislumbraba el fin de Joan Pastor y del presidente Albiñana, ambos consumados en el otoño del mismo año. Y en el PSOE ya se evidenciaba la segunda gran ruptura después de Suresnes, el XXVIII Congreso o el modesto Bad Godesberg, consumado en dos actos entre los cuales se configuró una Comisión Gestora Federal presidida por José Federico de Carvajal y de la que era pieza clave Carmen García Bloise.

El corte no era solo ideológico, con la referencia al marxismo como telón de fondo, sino también generacional y de incardinación del socialismo español en la corriente europea dominante, la socialdemocracia, con alemanes y nórdicos como referentes. Confieso que con Brandt y Palme me encontraba más a gusto que con los anacrónicos y no siempre limpios referentes locales hibernados durante el franquismo.

Lo cierto es que la insistencia de Albiñana tuvo dos resultados. El primero, mi aceptación a ser candidato a concejal por el Ayuntamiento de València. Fui aceptado por la organización local y ubicado en el número 32, de un total de 33 puestos elegibles, lo que traducía muy bien lo que pensaban gran parte de los que iban a ser mis compañeros de Consistorio. El segundo, que salté al número dos de la misma lista cuando esta fue presentada ante la autoridad electoral.

Estos cambios pueden resultar asombrosos, aunque no dejan de ser frecuentes: en 2004 me propusieron como candidato a diputado la práctica totalidad de las agrupaciones socialistas de la provincia de València, y me quedé fuera de la lista el mismo día en que esta se presentaba ante la autoridad electoral.

De retorno a la cronología y al tema de este capítulo, el ocaso de Albiñana no fue obstáculo para que empujase mi ascenso en la candidatura, siempre sospecho que con la complicidad de Alfonso Guerra, a quien conocí personalmente algo más tarde, como tendré oportunidad de consignar.

El hecho es que pude conocer a mis compañeros de candidatura. En la práctica, los más nos veíamos por vez primera, aunque en mi caso Vicent Garcés era un condiscípulo del Curso Preuniversitario de 1962/1963 y su hermano Joan un compañero de viaje a Estados Unidos en el otoño de 1965. Más unos pocos que Albiñana me señaló como eficientes y de fiar, como Juan A. Lloret, Francisco Conca y Joan Ballester. La simpatía personal con Garcés chocaba con el encono fraccional que anidaba en la organización. De los demás alguno me sonaba a viejo militante del SEU, el sindicato fascista de estudiantes, y del cabeza de lista solo sabía que era familiar de un afamado empresario, Martínez Colomer.

En conjunto la lista era una componenda entre las distintas facciones y orígenes de la militancia recién fusionada en el PSOE: del PSP tiernista, del PSPV lluquista y del PSOE histórico de hacía no más de tres años, con un representante al que ya conocía, Joaquín Ruiz Mendoza, destinado a presidir la Diputación Provincial de València, según se dijo incluso por el propio interesado.

Este último además solicitó de Vicent Ventura un dossier sobre mis actividades en relación con la urbanización de El Saler, y no solo para impedir mi candidatura sino una segunda vez, cuando surgió la posibilidad de ser candidato a alcalde. Fue tenaz. E inútil su esfuerzo. En Sigma, en efecto, habíamos elaborado estudios de mercado, entre otros para una empresa, con el objeto de orientar la publicidad y venta de apartamentos construidos en la Dehesa de El Saler. Tal vez la larga convivencia y connivencia con sus colegas de la abogacía y la derecha le jugaron esta mala pasada.

Se celebraron las elecciones locales en abril, y tras la decepción de marzo en las legislativas, el PSOE se asomaba a una representación enorme en pueblos y ciudades en toda España, y en el País Valenciano por encima de cualquier expectativa.

El partido con mayor implantación en los nuevos movimientos sociales urbanos, el Partido Comunista, quedaba en un segundo lugar, y con excepciones como Sabadell o Córdoba, a una distancia significativa de los resultados socialistas. Estos, los socialistas, íbamos a protagonizar por más de un decenio el cambio local en España.

A ello contribuyó de modo decisivo el acuerdo nacional PSOE/PCE que recogía el resultado como manifestación inequívoca de una mayoría de izquierdas en las instituciones locales, comenzando por la elección de alcaldes, que recayó en la lista más votada de ambas formaciones. Y favoreciendo la segunda en la atribución de funciones a los concejales en algunas áreas como Hacienda Local o Urbanismo.

El líneas generales, la Hacienda correspondió al PSOE y Urbanismo al PCE, al menos en las grandes ciudades.

En València la lista más votada fue la de UCD, encabezada por un honesto y cordial magistrado, Miguel Pastor. La coalición de izquierdas, sin embargo, sumaba diecinueve concejales, dos más que la mayoría absoluta, por lo que Fernando Martínez Castellano fue elegido alcalde en la misma sesión constitutiva de la Corporación democrática.

Y por una excepción al acuerdo nacional entre ambos partidos, la Concejalía de Urbanismo recayó en el PSOE, por lo que me vi al frente de un asunto que conocía y me gustaba como campo de acción política. De hecho, pensé, de los míos nadie podía objetar nada por lo acreditado de la experiencia, y los socios de gobierno tampoco, pues ya me conocían de actividades en su mismo entorno e incluso organización. Me dije, cuatro años para atajar los desmanes y para proyectar la ciudad hacia su futuro merecido.

Propuse, y el alcalde aceptó de inmediato, incluir un paquete de medidas que dieran una señal inequívoca a los poderes fácticos y a la ciudadanía de por dónde íbamos. Y lo hicimos en los primeros plenos: freno a la urbanización de El Saler y su reversión a la ciudad; anulación de la propuesta de autovía por el viejo cauce del río Túria y su inclusión en un Plan Especial como jardín dotacional; paralización de licencias y delimitación del suelo urbano, lo que suponía un recorte de aprovechamientos privados, etc., a lo que me referiré más adelante.

Pensé que tenía tarea por delante y procuré rodearme, en el Grup d’Estudis Urbans Territorials, de gentes con las que había tenido contacto profesional: María García Lliberós, Antonio Jiménez Montero, Juan Añón y Vicente González Móstoles, alguno de los cuales pasaría a integrarse en una nueva unidad de proyectos urbanos y otros destinos municipales.

Todo ello comenzó a cambiar, una vez más, cuando en el verano de 1979 se produjeron movimientos internos que desembocaron en la expulsión del PSOE de Fernando Martínez Castellano. Por causas que ni aún hoy nadie me ha explicado con precisión. Se produce, además, entre los dos conflictivos congresos del PSOE, y suena mi nombre como sucesor. A ello me anima Alfonso Guerra, a quien conocí en Roma en junio de ese año de 1979. Me cita, en parte a instancias mías, para aclarar el futuro en su despacho del Grupo Parlamentario Socialista en Marqués de Cubas en Madrid. No afirmaba nada, tampoco podía hacerlo, puesto que el poder ejecutivo del PSOE residía en la Comisión Gestora Federal. Me sondea sobre mi aceptación: «Lo pensaré». Todo me resultaba extraño e intuía una conflictividad que se añadía a la provocada por una derecha que nunca aceptó su derrota, como por otra parte ha hecho siempre.

Pensé asimismo que no era factible despachar a un alcalde recién elegido y que, por tanto, lo mejor después de haber trazado los primeros objetivos y establecido un plan de trabajo era disfrutar de unas tranquilas vacaciones de agosto con Júlia y con Ricard. Nada mejor que la acampada libre en la Sierra de Urbión, entre Vinuesa, Revenga, Duruelo y la Laguna Negra. Una llamada telefónica semanal sería el único contacto en unos tiempos sin móvil y sin apenas cabinas públicas.

Los tiempos se habían acelerado. Septiembre resultó convulso. Martínez Castellano fue destituido; Pedro Zamora Suárez, primer teniente de alcalde, pasó a ser alcalde en funciones. Hubo una llamada individual, a cada concejal del PSOE, por parte de Carvajal y García Bloise. Esta última, en su despacho de la calle Santa Engracia de Madrid, me interrogó a fondo con un dossier personal mío encima de su mesa. Y concluyó: «Vas a necesitar mucho valor y energía, pero tienes toda nuestra confianza».

Y aún no estaba resuelto el segundo acto del XXVIII Congreso Federal del PSOE, con una derecha que agitaba las calles de València de la mano de Fernando Abril y sobre todo de Emilio Attard y su escudero José R. Pin Arboledas.

El confesionario federal no gustó a todos los concejales por igual. Los disidentes en vísperas de mi elección como alcalde se reunieron en el domicilio de José Cabrera Gozálbez, que provenía del PSP, y discutieron la posibilidad de no acudir al Pleno e incluso de votar en contra. Ignoro quién, aunque lo supongo, introdujo alguna sensatez e inclinó a los demás a cargar con la penitencia pero conservar el cargo.

Además, incidía la discusión federal que condujo al asentamiento indiscutible de Felipe González y del tándem sólido de este con Alfonso Guerra. A la vez que la senda del socialismo democrático y la socialdemocracia se constituía en el único camino. Disentir públicamente en un tema como la elección de alcalde situaba a los objetores a extramuros, y ya se sabe, extra ecclesiam nulla sallus, que es lo que debieron pensar los conspiradores disidentes.

Con mayor razón podía saberse que más temprano que tarde el definitivamente nuevo PSOE iba a recuperar el espacio de la izquierda democrática en las instituciones del Estado, de lo que venían a ser ejemplo y buena prueba la gestión y la política municipales. La maquinaria puesta a punto por Alfonso Guerra hizo el resto con eficacia, inteligencia, ideas y celeridad.

Cuando en 1982 se produjo el vuelco electoral, Peridis lo resumió en una de sus tiras, haciendo descansar a Felipe González sobre las cabezas de los alcaldes de las grandes ciudades españolas, con alguna excepción, todos socialistas.

Los conspiradores lo entendieron preventivamente y se pusieron a resguardo y sobre seguro, tanto y tan bien que algunos aún siguen en ello.

Así las cosas, se fijó el Pleno de elección del alcalde para el 5 de octubre de 1979, en un ambiente de tensión callejera azuzado por una derecha montaraz y, como se vería unos meses más tarde, golpista; una izquierda, la del PC, perpleja ante las dimensiones de la crisis socialista, y un grupo de concejales en discordia cuando no en abierta indisciplina. Todo en vísperas del 9 de octubre, una celebración que apenas tuvo seguidores durante el franquismo, como no fuéramos los jóvenes de Lo Rat Penat al que ya aludí en el capítulo 2 y algún nostálgico más anciano: con decir que el desfile de la llamada procesión cívica discurría por las aceras para no interrumpir el tráfico ya se entiende el fervor popular que atraía a la ciudadanía.

La preautonomía con Albiñana y las nuevas autoridades excitaban los ánimos, y tal como me confesó en público Juan Carlos Gómez-Pantoja y Noguera en 2009, para mayor escarnio en la casa de Lluís Guarner en Faura, hubo entrenamientos para incendiar la senyera que había adoptado el Consejo Preautonómico, al parecer con demanda de consejo al general Caruana, al que tendría ocasión de conocer mejor la noche del 23 al 24 de febrero de 1981. A ambos hechos, al del 9 de octubre de 1979 y al del 23 de febrero de 1981, me referiré más adelante, en este mismo capítulo.

Así las cosas, no resultaba fácil elaborar y pronunciar un discurso satisfactorio acerca de los objetivos y fundamentos de una acción de gobierno para cuatro años. De la misma manera que resultaba difícil la consulta a los propios compañeros, cuyo voto en parte aún desconocía. Opté por escribirlo con la única compañía de mi pequeña y entrañable Olivetti portátil. Y solo en el último momento dejé a Joan Ballester una rápida lectura con pequeñas anotaciones suyas. Se reproduce en todos sus términos en el anexo.

De las emociones del día, pocas. Un coche oficial y la agresión de una militante (?) socialista(?) a mi hermano Pepe, que me acompañaba desde la tribuna de público. Y alguna personal: me hizo entrega de la vara Pedro Zamora Suárez, a quien a mediados los años sesenta convencí para que se incorporara al PSV, del que formó parte por breve espacio de tiempo para, de iglesia en iglesia, pasar de la católica a la comunista.

Heredé ese día una doble coalición. Con el PCE y sus concejales, y de yo mismo con los míos, la mayoría de los socialistas. Y, por cierto, así seguí hasta el 30 de diciembre de 1988, día de mi dimisión, por lo que respecta a los coligados socialistas. A esto y a la vida orgánica me refiero por extenso en el capítulo 4.

Al día siguiente había que ponerse a gobernar, y no desde una esquina que dominaba el urbanismo, sino desde la amplitud de una gran ciudad que además era la mía, previo paso por el desafío político de una fecha identitaria de la que me sentía más próximo por convicción que casi todos los que me acompañaban con desconfianza y reticencia en el camino recién emprendido.

EL PUNTO DE PARTIDA

La situación política ya es conocida del lector si ha seguido la narración hasta aquí. Cabe añadir un elemento que todavía hoy me desconcierta: la tardanza en democratizar los entes locales. Entre el 15 de junio de 1977 y abril de 1979 media una «convivencia» singular entre las instituciones democráticas y los poderes locales franquistas, claramente hostiles a la democracia.

¿Reflejos de memoria antigua? La Segunda República llegó por las ciudades y los municipios. La democracia, ahora, urnas mediante, obtuvo, cómo no, sus mejores resultados en las ciudades, entre otras razones porque el proceso acelerado de urbanización había liberado a la ciudadanía de los controles de una sociedad rural y de sus temores, a la vez que había permitido el nacimiento y desarrollo de amplios movimientos sociales urbanos, en particular del movimiento vecinal. El temor se situó a la derecha, ante un previsible triunfo de la izquierda que resultó bien fundado. ¿Ganar tiempo para reclutar/reciclar a una nueva derecha centrista? Sin duda alguna. Lo cierto es que todo confluyó, y al igual que se temía una reedición de la República de profesores y trabajadores, temor acaso compartido por buena parte de los dirigentes socialistas, el lapso de tiempo en época de aceleración pareció eterno para unos, los que esperábamos, y demasiado breve para quienes querían que todo estuviera atado y bien atado.

Ganaron tiempo estos últimos para organizar una resistencia y, al amparo o lenidad de los gobernantes «centristas», reorganizar las escuadras de la algarada y el desorden en una ciudad como València, convirtiéndola en un escenario de violencia callejera bajo la advocación de señas de identidad en las que nunca habían reparado ni menos invocado más allá de los festejos y las digestiones dominicales entre bostezos y eructos.

A ello se agregaba la ya aludida sucesión de fracturas en el seno del partido mayoritario de la izquierda. Las del minoritario, el PCPV, aunque latentes, estaban por llegar.

Cuanto antecede sin embargo era solo una parte, la más cercana y que escocía en la acción política cotidiana. Había otras, muchas más, que iban a condicionar una acción de gobierno democrática, transparente y cercana a la ciudadanía. Citaré dos fundamentales a mi juicio, y comunes a todas las administraciones locales de nuestro país.

El marco legal en el que debíamos desenvolvernos eran las leyes franquistas y sus reglamentos, referidos a la Ley de Régimen Local, con los únicos «retoques» de las improvisadas y a lo que se ve inamovibles leyes electorales. Como daño colateral de esta supervivencia del franquismo, más allá de la extinción biológica del dictador, se hallan las retribuciones, primero, y las pensiones, más tarde, de los cargos electos locales: se les aplicó la normativa franquista, que siempre tuvo otras formas de compensar a sus «sacrificados» servidores.

El segundo elemento, y no sigo un orden de prelación, son las dotaciones y los instrumentos de las haciendas locales.

En ambos casos echamos a andar constreñidos, pese al mandato constitucional: autonomía local y suficiencia financiera. Las leyes llegarían con retraso y recortes, la de Bases del Régimen Local en 1986 y la de Haciendas Locales en 1988.

Además, la crisis económica golpeaba con dureza a las capas de población urbana, trabajadores y clases medias, con la amenaza de ajustes y reconversiones que apenas mitigaron los efectos de los Pactos de la Moncloa. La crisis se trasladaba a unas ciudades débiles y unas administraciones locales agobiadas por las dos restricciones legales ya apuntadas. Por cierto, como recordaré en más de una ocasión, la crisis en la Transición política supuso postergar medidas cuya aplicación posterior aún infligiría sufrimientos adicionales a trabajadores y clases medias sin la cobertura con que se puede hacer frente en la actualidad. Volvamos sin embargo al hilo del relato.

Se unía la confianza en que la nueva democracia local colmaría las deficiencias, las carencias acumuladas, de una vez por todas. Las exigencias justificadas chocaban frontalmente con la capacidad de actuar y con los recursos económicos y financieros para hacerlo.

Otro tanto ocurría con la gestión urbanística, entre la Escila de la exigencia ciudadana de agilidad para satisfacer las exigencias de acción y de control y el Caribdis de los traspasos/transferencias de competencias a los entes autonómicos o preautonómicos; aunque con mi negociación en nombre de los municipios se lograra algún avance mediante la forma de un convenio con el MOPU, cuyo ministro, Luis Ortiz, se avino en un gesto político traducido en un real decreto beneficioso para la Administración local, pero que carecería de relevancia por el asentamiento autonómico unos años más tarde.

En este contexto hay que señalar que las arcas municipales estaban vacías en el otoño de 1979, aunque en nuestro caso figurara incluso un superávit contable tan ficticio que el abono de la nómina de octubre de ese año hubo que negociarlo de urgencia con el Banco de València, ante la expectación del personal. Joaquín Romero Vera, el excelente concejal de Hacienda, me propuso dos movimientos singulares: la cancelación de la deuda con la Caja de Ahorros de València, originada entre otras causas por la urbanización de El Saler, y las compensaciones al banco que nos «salvó» la emergencia de las nóminas. Acudí a ambas.

En el primer caso, la deuda provenía de los compromisos corporativos con la Caja ya señalados: lo celebraron, pues pensaban que con las acciones de frenado del urbanismo salvaje la deuda no sería nunca reintegrada, o lo sería muy tarde. Les respondí con el «personas y gobiernos pasan, pero las instituciones permanecen y siguen», que dijera Azaña a propósito de las amortizaciones de la deuda generada por la primera dictadura del siglo XX en España, la del general Primo de Rivera. También les confesé que necesitábamos su concurso, como el de su vecino bancario, para el desarrollo de nuestros proyectos de inversión y aun de financiación del gasto corriente.

Estos pasos nos dieron una perspectiva de solvencia, rigor y seriedad, además del mensaje enviado de que íbamos para tiempo largo y con decisión.

El estado del capital urbano y su gestión no podía ser más lamentable. Así, la flota de autobuses gestionada por SALTUV, la Sociedad Laboral de Transportes Urbanos de València, una herencia del populismo del viejo régimen de Solís Ruiz, dirigida por un demagogo de nombre Macario Bolado. Renovarla con la vista puesta en la creación de una Empresa Municipal de Transportes fue un objetivo inmediato, que no obstante tardaríamos en conseguir por la tenaz oposición de los tardofranquistas y, sobre todo, por la insistencia de los sindicatos que han resultado mayoritarios en el país, UGT y CC. OO., a la sazón sin apenas representación entre los trabajadores de la empresa. El primer objetivo, desmontar la demagogia del sindicato vertical franquista, me pareció imprescindible. Me resultó más difícil aceptar que el «desmontaje» desguazara los restos de la CNT, alguno de cuyos representantes aludió directamente a la filiación paterna y a las luchas que habían sostenido durante los largos años de vacaciones de mis cofrades políticos.

Los gestores públicos de la negociación tienen en su haber el reconocimiento mediático, desde el inefable consejero permanente, a la sazón de Transportes, Rafael Blasco, al educado izquierdista José Cabrera. Junto con los sindicatos UGT y CC. OO., consiguieron una demora que permitió resituar a estos últimos, además, como efecto colateral bienamado de algunos técnicos, de aplazar el establecimiento de una movilidad urbana basada en el transporte público.

No era el único caso. También se hallaban los residuos urbanos, reducidos a un mantenimiento precario, sin renovación ni reposición; o el ciclo del agua, nada integral y sin completar ni la producción, ni la distribución, ni el reciclado. Todo ello por poner unos pocos ejemplos de dotaciones o servicios municipales muy evidentes y absolutamente necesarios para el funcionamiento ordinario de la ciudad y sus habitantes.

Con una porción considerable de funcionarios acostumbrados a la rutina, expectantes ante los cambios y que, en muchos casos, no habían recibido nunca el estímulo y el reconocimiento a su trabajo, además de carecer de los medios para ejercerlo.

Apliqué de inmediato la recluta de nuevos profesionales en las áreas más desguarnecidas y a la vez estratégicas: servicios técnicos, económicos y urbanísticos. La Administración franquista los había «relegado» a las empresas concesionarias y a los profesionales, por ejemplo, de la gestión tributaria, al reducir los recursos humanos municipales al mínimo. Naturalmente, concesionarios y adjudicatarios decidían no solo la estrategia municipal, sino también el ritmo y la cuantía de las inversiones, supongo que con gran alborozo para sus cuentas de resultados. Ingenieros, economistas, arquitectos e informáticos comenzaron una brillante acción profesional con indicaciones precisas y objetivos claros de una nueva gestión política democrática.

En esta acción me secundó sobre todo el partido coligado, y de manera contundente Romero Vera. Podíamos fracasar en la dirección política de nuestra propuesta, pero nunca en la gestión de izquierdas y profesional, que es lo que deseaban nuestros adversarios. Romero Vera fue excelente concejal, incluso más allá de los límites acotados en su gestión en Hacienda: la ciudad y yo le debemos mucho a su capacidad, energía y buen hacer.

Porque la mayoría de los concejales aún seguían conociéndose y reconociendo su área de gestión, o todavía estaban paralizados por las sucesivas crisis políticas del Partido Socialista, que además afrontaba la resaca congresual en el País Valenciano.

Algunos de ellos optaron por acomodarse a sus funcionarios, de modo que uno no sabía si sus propuestas eran suyas o de sus dependientes. Con ironía un colaborador muy cercano apostillaba: «Mira, por ahí viene el jefe de [nombre del Concejal]», y se trataba de un jefe de sección o de servicio. Prefirieron los más seguir con las conspiraciones y reuniones de partido o grupo familiar político a dedicarse a sus tareas de gestión. Con pocas excepciones en las que la capacidad permitía simultanear ambas, como fue el caso de Vicent Garcés o el más profesional de José Micó Catalán. Y de quienes en virtud del «pacto constituyente» del grupo socialista figuraban como afectos al alcalde, Lloret, Ballester y Conca.

Ninguno, sin embargo, se abstuvo de controlar e integrar en su respectiva familia política a nuevos funcionarios o contratados laborales, en parte porque ambos partidos, PSOE y PCPV, consideraron, o lo hizo su militancia, un desquite inaplazable situar a su gente en el Ayuntamiento. Y no todos los candidatos eran competentes. Yo, por mi parte, me impuse en los cuadros técnicos ya aludidos, y echando mano de los competentes funcionarios de plantilla. Así, en mi secretaría solo eran personal de confianza dos personas. Primero, el bueno de Vicente Mahiques, y luego mi amigo Vicente Blasco Infante, y hasta 1987 mi amigo Juan Llanes Calvet. Todos ellos militantes del PSOE, y siempre amigos.

Las consecuencias internas de este singular spoil system las experimentaría en mis propias carnes en la organización partidaria. De este modo, y es un ejemplo esperpéntico, los enterradores podían decidir el resultado de una asamblea socialista a la voz y orden de quien los había contratado y afiliado al partido. Así les fue cuando vinieron mal dadas. Y aun siendo anecdótica en apariencia, la cuestión merecerá mi atención más adelante.

Quise siempre trabajar para crear una Administración local competente, funcional, transparente y al servicio de la ciudadanía. Si de algo me precio es de que dejé unos cuadros que unían a estas características la vocación de servicio público, y desde la capacidad demostrada de respeto a los representantes elegidos. Hasta hoy, y con sus convicciones políticas intactas.

En definitiva, se trataba de asentar una administración democrática y eficiente al servicio de la ciudadanía más allá de los avatares y movimientos electorales. Competente siempre y consciente de que la dirección era y es de los representantes de aquella. Lo contrario de las «depuraciones» y las represalias que los vencedores de una Guerra Civil habían aplicado hasta los estertores del régimen único y además ineficiente. No hubo depuración ninguna. Si acaso algunos desplazamientos internos, como en el área de urbanismo, o algún caso de estricta confianza, como el del conductor del alcalde después de la noche del 23-F. Y nunca con consecuencias para la carrera administrativa y menos para los ingresos de los afectados.

Desde luego, la continuidad de la propuesta democrática pasaba y pasa por lo que los anglosajones, con gran experiencia y a veces ironía, denominan un servicio civil democrático. Me refiero a ello en el apartado que decidí denominar «La modernización de una vieja administración», que no otro era el objetivo.

PENSAR LA CIUDAD, HACIÉNDOLA

Si la ciudad no se asentaba y emprendía un nuevo rumbo, ni habría ciudad ni habría país. Este es un país de ciudades y sus mejores momentos en el pasado coincidieron con el impulso urbano. Y no es excepción, en la mejor y más incuestionable tradición europea, el continente, que lo es de ciudades, de Flandes a la Toscana, por no remontarnos a la escuela clásica, de Grecia a Roma.

El horizonte para los Estados nacionales y para las naciones sin Estado, como vino a llamarse la oleada nacionalitaria, pasaba necesariamente por el reconocimiento y la consolidación de los sistemas de ciudades en los que era menester alcanzar nuevas centralidades, o viejas, en torno a una masa crítica de población, actividad económica y servicios a la que se unieran referencias simbólicas y adhesiones colectivas, que no otro es el significado valenciano de cap i casal, o el más antiguo de Ciutat i Regne de València.

Puede que, por aquello de Victor Hugo, la utopía de hoy sea la realidad de mañana. Y más próximo, en definitiva, hacer la ciudad que no supieron o no quisieron ver ni los «nacionalistas comarcanos» ni los «socialistas provincianos», estos últimos en connivencia con la derecha y que, al cabo, impondrían su versión urbana y territorial de lo que podría haber sido, ahora sí, un país nuevo, moderno, de las ciudades, en el que se inscribía mi propuesta.

Esta fue la ambición que me propuse y en la que insistí durante casi un decenio. La primera respuesta la obtuve de quienes reivindicaban una «valencianía» abstrusa y violenta. La segunda, de quienes se encaramaban a las recién nacidas instituciones autonómicas: «Si quiere ser capital, tendrá que ganárselo [refiriéndose a València]», dijo el reciente presidente de la Generalitat Valenciana Joan Lerma, a propósito de la exposición inicial de la propuesta del PGOU. Precedido además de aquello de que «los invertebrados también viven», cuando se debatía (?) acerca de la vertebración de la flamante Comunidad Autónoma Valenciana.

Para entender estas y otras miserias convendría hacer un repaso a los protagonistas y a sus trayectorias respectivas, lo que llevaría a conclusiones demasiado pesimistas. Yo, como obstinado pecador, al decir de uno de mis clásicos, persistí, aun corriendo tanto riesgo que perdí puesto y condición.

Hoy, con el paso del tiempo, persisto en el acierto de la apuesta, y hace unos años dediqué esfuerzo académico, recompensado por cierto en forma de título de doctor, a la ciudad y su papel en la era de la internacionalización y la globalidad. La ciudad estructura el espacio y el territorio, y cuando las separaciones estatales desaparecen o disminuyen, las ciudades centrales y sus sistemas emergen como elementos estructurantes y en competencia, y a la vez tejen elementos de solidaridad que la mengua relativa, y no siempre para bien, de los Estados acentuaba y acentúa.

Muchas de las discusiones identitarias que nos afligen se ven mitigadas y disminuidas en los escenarios urbanos, donde todo pasa, como con acierto definió Octavio Paz. Y de identidades he acumulado en estos y en años sucesivos amplia experiencia, incluida en la revisión de algunas opiniones que pude sostener en el pasado (capítulo 5).

Pero además esta era mi ciudad, la ciudad vivida y recordada, vista desde la distancia rural y desde el desamparo de un hábitat abandonado a su suerte donde perdía su nombre según Candel, como fue el caso del Barrio de la Luz. Desde la admiración por sus hitos arquitectónicos y de vida hasta lo más entrañable de sus fiestas de esquina, plaza o barrio. Era todas las ciudades y la mía. Y no cabía perder la oportunidad de sacudirla a fondo para llevar a la superficie todo lo mejor acumulado y sentar bases firmes para su futuro y el de sus gentes.

El país sería si la ciudad lo era. Y como se ha visto, esto no era un juego de palabras y la solidaridad interterritorial sería efectiva si los sistemas de ciudades, las administraciones locales, ocupaban el lugar que la realidad y la Constitución les otorgaban. El caos autonómico solo podía tener un antídoto eficaz para la ciudadanía desconcertada: la solidaridad urbana correspondida por el Estado como garante de la solidaridad en todo su ámbito. No es el caso en este apartado, puesto que a esta cuestión me refiero en múltiples ocasiones en este trabajo.

Lo cierto es que la experiencia acumulada en los años precedentes me sirvió, y mucho, para aplicarla a mi nueva responsabilidad. Experiencia en algunos casos publicada y en los más ampliamente contrastada con organizaciones sociales, de vecinos, pero también con administraciones, como es el caso de los planes urbanísticos, o con empresarios a raíz de estudios e investigaciones económicas y sociales. Todo ello elaborado con anterioridad a cualquier expectativa de ser alcalde de mi ciudad: la dilatación en el tiempo de la dictadura no permitía acariciar más sueño y ambición que la de su desaparición, a la que me apliqué modestamente como otros muchos.

Una ciudad devastada, y no es exagerado, por la voracidad de sus agentes públicos y privados, con la complicidad de los primeros y la codicia de los segundos. Una ciudad que destruía su patrimonio histórico y natural –no se olvide, cauce del Túria, Saler/Albufera– y machacaba de modo implacable su paisaje y huerta a golpe de piqueta y cuba de hormigón, mientras encendía llamas de identidad y pasión. Una ciudad a la que acudían más y más gentes expulsadas de un medio aún más hostil, el rural de tantas comarcas y provincias limítrofes e incluso lejanas. Una ciudad más dual que nunca en su historia, en la que convivían dos escenarios opuestos, la ciudad construida y habitable y la ciudad dejada caer en el espacio sin servicios, sin accesibilidad, sin calles y sin alumbrado, como ejemplo.

El inventario que ordené confeccionar resultó espeluznante, aunque ahora alguna desmemoria interesada a la que ya aludí lo ignore. Debo consignar, y lo hago no sin tristeza, que esta era situación común en las grandes ciudades españolas, capitales de provincia o metropolitanas. Con una causa común, y con unas consecuencias análogas, para desgracia y rigores compartidos y sufridos por sus habitantes.

Las líneas maestras y los objetivos ya los conocía. Las exigencias y reivindicaciones manifiestas también, pues en las más señaladas había participado en su formulación y difusión, como indiqué en el capítulo anterior. Incluso cuando el bueno de Llorenç Ferrer, catedrático de Investigación Operativa y concejal del Ayuntamiento franquista, lanzó una encuesta para identificar objetivos urbanos y le contestamos Manuel Pérez Montiel y yo mismo.

Esto quedaba claro. Se trataba ahora, en obra de gobierno, de señalar prioridades, establecer plazos y fijar recursos humanos y económicos para conseguir los objetivos que la ciudadanía con su voto nos demandaba y exigía. Por cierto, que con más energía de lo que lo hiciera más tarde u hoy mismo

La obra de gobierno tenía que compatibilizar las exigencias de lo inmediato sin perder de vista los objetivos estratégicos a medio y largo plazo, que además podrían consolidar un cierto camino de no retorno para quienes nos sucedieran.

Nunca perdí esta perspectiva. No lo hice, como dije, con los cuadros de funcionarios, nuevos y antiguos, y con menor razón, por experiencia y convicción política, con el diseño de la ciudad que entendí queríamos la mayoría de sus ciudadanos.

Sin embargo, el equilibrio era difícil, y más cuando la comprensión de los objetivos estratégicos no entraba en las consideraciones de los más de mis coligados, en primer lugar de mis propios compañeros, y en segundo lugar de algunos de los miembros de la coalición formal con el PCPV. Y, por supuesto, contando con la hostilidad de la derecha urbana y el hostigamiento de sus representantes en la corporación.

Resolví la estrategia empecinándome, como relataré más adelante, cuando me refiera a la ruptura urbanística, y adentrándome en una solución del dilema objetivos/recursos que no fue feliz en todo su alcance: «Atenderemos todo hasta donde podamos», con el riesgo cierto del rebote o la decepción. ¿Cómo no atender al transporte público, que además de objetivo estratégico es el medio de movilidad de los más? ¿Cómo dejar de barrer o baldear las calles donde viven la mayoría de los ciudadanos? ¿Cómo no hacer escuelas o guarderías cuando las familias necesitan que todos sus miembros activos, las mujeres por entonces también, trabajen? ¿Cómo no iluminar las calles abandonadas o barrios y pedanías? ¿Cómo no clausurar los vertidos domésticos a acequias y convertirlos en fluidos hacia alcantarillas y depuradoras? ¿Cómo no evitar la piqueta sobre muros y casas venerables? ¿Cómo no planificar y ejecutar instalaciones deportivas elementales?

El «hasta donde podamos» tenía los límites ya conocidos a lo largo de este texto.

La traducción fue un Plan de Acción Municipal, el PAM, que al menos consiguió el consenso de la coalición PSOE/PCPV y el mío con el PSOE. Aunque la fragmentación política se tradujo en que la ciudad venía a ser la suma de barrios yuxtapuestos y no un conjunto que convenía contemplar en su totalidad a la hora de fijar objetivos que por supuesto tenían su traducción territorial. Una discusión estéril e interesada por parte de quienes velaban más por sus respaldos internos que por el mandato de la ciudad.

Con todo, el experimento resultó de alguna manera positivo. Sobre todo porque fue precedido de una inteligente iniciativa de Vicent Garcés, la Semana de la Solidaridad Ciudadana, que de un modo improvisado y acelerado, como acostumbra este tenaz izquierdista, en el mejor de los sentidos, me acercó a un contacto directo con los ciudadanos organizados y sus reivindicaciones. Aunque la suma era desmesurada y los objetivos con frecuencia contradictorios, me permitió consolidar la primera idea estratégica como fundamental y aceptar con tolerancia la segunda, la de atender todo hasta donde pudiéramos y siempre, en este orden, siguiendo prioridades tan evidentes como las que señalaba el inventario de carencias en la totalidad de los barrios de la ciudad.

En la medida en que pude contar con antiguos colaboradores profesionales y afines al proyecto, algunos de los cuales ya se encontraban integrados de manera provisional en el Ayuntamiento, encargué una elaboración de propuestas para una ciudad competitiva, en el sentido que aduje para los cambios europeos y mundiales (sobre todo una ciudad metropolitana, la real más allá de las demarcaciones y los límites municipales), y un proyecto de ciudad culta, del conocimiento y de una ciudadanía formada.

Las contingencias y las muchas trabas a la acción política demoraron su publicación hasta 1987, en forma del libro La Valencia de los 90, aunque sus contenidos más básicos fueron elaborados y aplicados desde el inicio de mi primer mandato como alcalde.

Uno, que no deja de asombrarse, y ello parece condición de joven, sigue sin saber por qué razón analistas, periodistas y algún catedrático rezagado al que ya aludí en la introducción no han tenido la curiosidad o la decencia de consultar este breve y cómodo resumen de los objetivos de una década. En su momento mereció algún sarcasmo indocumentado, pues se proponía una conexión directa Atlántico-Mediterráneo por el eje Lisboa-València, que adoptó la UE algo más tarde.

LIBERAR OBSTÁCULOS

Pensar la ciudad a medio y largo plazo, a la vez que se atendían los déficits más efectivos e inmediatos, exigía liberar los obstáculos que impedían un desarrollo estratégico y al mismo tiempo entorpecían la ejecución de infraestructuras imprescindibles.

Recordaré las líneas principales de la actuación respecto de los obstáculos más relevantes que hubo que remover en las siguientes áreas:

• Movilidad, accesibilidad y comunicabilidad del conjunto del tejido urbano y su relación metropolitana.

• Ciclo integral del agua y su relación con el sistema histórico de acequias de la huerta.

• Reforzamiento de las estructuras urbanas para los emplazamientos de infraestructuras económicas de la ciudad y el país.

Para estas áreas de actuación, o para casi todas ellas, se contaba con ideas y proyectos, estos últimos en algunos casos heredados y en distintos grados de maduración. En otros casos, los programas existentes eran nuevamente paliativos, de emergencia.

En el primer grupo de temas que he incluido bajo el epígrafe de movilidad, el objetivo central era romper el corsé ferroviario, de vía ancha o Renfe y de vía estrecha o FEVE, los ferrocarriles suburbanos y metropolitanos. La remoción del ferrocarril de Aragón y la demolición de su estación ya estaban en marcha aunque a un ritmo de ejecución exasperantemente lento. De librar a la ciudad de sus cinturones de hierro se había hablado y mucho, si bien las acciones reales se limitaban a aminorar sus efectos, por ejemplo protegiendo y, en algunos casos, suprimiendo los numerosos pasos a nivel ferroviarios.

El crecimiento urbano desordenado y casi nunca armónico había absorbido una infraestructura de escasa flexibilidad como es la ferroviaria, que además y desde sus comienzos tropezó con el inconveniente de usos productivos del suelo alternativos, lo que hizo que tuviera unos costes comparativos, tanto para su implantación como para su sustitución, más elevados que en otros espacios urbanos de nuestro país. Costes que se agravaban en razón de la expansión, como mancha de aceite, de las infraestructuras existentes de la propia ciudad central y su área metropolitana.

Las dos redes a la sazón eran de titularidad estatal, por lo que el primer paso consistió en negociar con la Administración central, sin esperar a las por entonces hipotéticas transferencias a la entidad preautonómica o más tarde autonómica.

Comencé por la red suburbana de vía estrecha, de FEVE, con José L. Álvarez, ministro de Obras Públicas con el Gobierno de UCD de Suárez. El objetivo iba mucho más allá de la supresión de barreras: había que proyectar y ejecutar la unión de las redes norte-sur, de Bètera y Llíria con Torrent y Vilanova de Castelló. Y esto era la primera línea, la 1, del Metropolitano de València, una aspiración de décadas.

Siempre supe que si se construía una línea sería inevitable proseguir con otras hasta conseguir una red que permitiera conectar los ramales suburbanos (Llíria, Bètera a Torrent y Vilanova de Castelló, en el caso de la 1) con el propio centro de la ciudad central (suburbano de Rafelbunyol, Mislata y el Aeropuerto de Manises, línea 3 actual) y a la vez eliminar el conflictivo entramado de barreras urbanas para la movilidad ciudadana. Y así ha sido.

Se avino el ministro de UCD Álvarez, antiguo alcalde de Madrid, y conté con la ayuda de Esteban, responsable de FEVE y hermano de otro amigo personal, Jorge, quien fuera embajador de España en Roma.

En coordinación técnica e institucional propusimos estaciones, algunas ubicadas en el vacío que nos proponíamos colmar, como los espacios del oeste, en lo que serían más tarde actuaciones que habíamos autorizado, como Nuevo Centro, que descargaba la congestión del centro urbano de la ciudad.

Cuando se produce la transferencia de FEVE y su infraestructura, el proyecto de línea 1 estaba prácticamente ejecutado, y en la inauguración, el 9 de octubre de 1988, se produjo una situación esperpéntica: el ministro de Transportes, José Barrionuevo, hubo de reclamar mi presencia como alcalde, que el consejero de la Generalitat Valenciana había obviado. Ridículo. Lo que importaba es que ya se había concluido una etapa y el camino que se debía seguir era irreversible, aunque ahora con unos interlocutores celosos de su nuevo estatus político y administrativo. Ridículo y al mismo tiempo una advertencia de las nuevas asechanzas que se cernían sobre mi gestión en la ciudad.

Lo cierto es que las obras, a cielo abierto y con las tecnologías de la época, supusieron inconvenientes graves para el vecindario afectado de modo directo y en ocasiones para el conjunto de la movilidad, como cuando se abrió el túnel en un eje de máxima afluencia en la intersección de las Grandes Vías con la plaza de España, o nos encontramos con una corriente de agua subterránea en las inmediaciones de Patraix. La pericia y solvencia de los cuadros técnicos propios y de las empresas adjudicatarias de las obras permitieron, insisto que con los recursos de la época, resolver todos los inconvenientes.

Inconvenientes que no acababan aquí. La reticencia, cuando no la objeción al proyecto, también sacudió las filas de mi grupo municipal socialista. Y más cuando propuse la combinación del ferrocarril metropolitano en subterráneo con una red ligera en superficie. Ruiz Mendoza entendió ambas propuestas como «anticuadas y además en el caso del tranvía, peligrosa». Su larga convivencia con los responsables de la supresión del tranvía, en el momento en que este se reimplantaba o extendía en las ciudades europeas, no hacía más que reflejar la prioridad de la derecha por la movilidad privada, por el automóvil frente al transporte público y colectivo.

Reforma tan inevitable como irreversible. Como aquellas otras propuestas que se siguen desarrollando y cuyas cifras de usuarios, contra el pronóstico agorero, crecen.

El segundo bloque ferroviario era el de Renfe, cuyo corredor mediterráneo por entonces, como hoy, de la máxima densidad de circulación de pasajeros y mercancías, partía en dos la ciudad, con especial incidencia entre las decenas de miles de ciudadanos que habitaban los poblados marítimos y con un impacto negativo sobre la accesibilidad al puerto, un instrumento económico prioritario en la nueva estrategia municipal que encabezaba yo mismo y a la que me referiré más adelante como «Una estrategia económica sin respuesta».

El rechazo interno a mi propuesta fue aquí mucho menor en cuanto a la supresión de la barrera ferroviaria: una de las facciones socialistas más importantes tenía su feudo en el Marítimo, donde además militaba el secretario general del PSPV.

Hubo que esperar, sin embargo, al nuevo Gobierno del PSOE tras las elecciones de octubre de 1982 y al consejero Vicent Llombart de la Rosa, con el Gobierno autonómico, para firmar un convenio a tres bandas: Administración del Estado, Administración autonómica y Administració local. Enrique Barón Crespo fue mi valedor junto a la comprensión y bonhomía ilustrada, que no ha perdido, de Vicent Llombart. El convenio preveía el soterramiento de las vías y la creación de una estación al final de la avenida Blasco Ibáñez, la de Cabanyal. El objetivo principal era acabar con el aislamiento de la fachada marítima, la única manera de poder abordar una ordenación urbana que valorizara el activo que para la ciudad suponen el puerto y las playas del norte.

Se incluyó una cláusula acerca de la financiación de las tres administraciones que en el momento resultó controvertida. La aportación de la ciudad se estableció por cantidad fija, y la de los demás en función de las bajas de la adjudicación resultante, y a expensas de los proyectos modificados del adjudicado que se estimaran procedentes. En una época de crisis era de suponer que las bajas serían considerables, como así fue, y tuve que soportar una intensa campaña como administrador negligente de los escasos recursos locales.

Muchos años más tarde, Barón se refirió al tema como el chasco de Shylock en El mercader de Venecia, en el sentido de que los dos firmantes creyeron hacer un buen negocio y no les dejé más que la libra de carne a la que me había comprometido. La baja fue absorbida y acrecentada por la dificultad de la obra en plena zona de niveles freáticos cercana a la cota cero, la prolongación del soterramiento hasta el límite del término municipal y la reposición de servidumbres, servicios y demás que debo confesar ya conocíamos tanto yo como los competentes profesionales de la corporación. A su término, nadie se acordaba del «despilfarro» del alcalde ante las dos administraciones, para mayor escarnio, socialistas.

Y eso que también tuve que aliviar la preocupación de los socios de gobierno. Pedro Zamora, mi primer teniente de alcalde, formuló una tibia objeción que desapareció cuando le advertí que todavía saldríamos ganando, por supuesto, la ciudad y nosotros como gestores.

El Plan Sur, como se conocía al conjunto de propuestas de lo que hoy llamamos movilidad, además de su razón básica: la defensa contra inundaciones, distaba de estar completo. No compartía, ni comparto con la perspectiva actual, las críticas al modelo global, aunque sí respecto a algunas propuestas como la autovía urbana por el Viejo Cauce del Túria y la desatención a los modos colectivos de transporte como el ferrocarril. Los trabajos de Claudio Gómez-Perretta y su equipo me siguen pareciendo eficaces y ajustados a necesidades crecientes. Con Manuel Calduch, un envidiable melómano mozartiano, abordamos el cierre del anillo urbano conocido como Tercer Cinturón, en el Sector Norte, y con la ambición de paliar además las posibles amenazas de la red fluvial del Carraixet. Desde el Ministerio nos ayudaba un permanente por entonces director de Carreteras, Balaguer, hermano o pariente muy cercano de un histórico dirigente comunista valenciano. «Se acabará haciendo, pero más caro y más difícil». Ni lo uno ni lo otro. Mis colegas de la Horta Nord se opusieron y alegaron algo que más tarde haría fortuna: «Salvem l’Horta», al tiempo que se apresuraron en sus planificaciones urbanísticas a recalificar la huerta con zonas industriales y viviendas. La movilidad de esta área sigue siendo una pesadilla y además no se han salvado cientos de hectáreas de huerta. Y el anillo circular se incorporó al borde urbano de la ciudad central sin resolver la distribución de tráficos metropolitanos hasta hoy.

Lo que sí estaba a mi alcance era abordar la accesibilidad a infraestructuras económicas que consideré en su día estratégicas: puerto y Feria. Como me refiero a ello más adelante, me limitaré ahora a señalar que la negociación interna fue penosa: «Los barrios tienen otras prioridades, y estas son de los socialistas». Con alegría y desparpajo se sumaron las derechas de «en la política vale todo», incluso la estupidez de algunos de mis compañeros. El acceso sur al puerto me valió una demanda judicial y la acusación de haber condenado a Nazaret a la desaparición como barrio de la ciudad, engullido por el omnipotente puerto. La firma de un convenio con la Autoridad Portuaria de València, presidida por Fernando Huet, supuso un paso considerable y novedoso en las relaciones de la ciudad y su puerto y, junto con el soterramiento del ferrocarril, abrió perspectivas que el tiempo ha consolidado para lo que llamamos Espacios del Este, hasta hacer posibles aventuras como la Dársena y la Marina Juan Carlos I, por ejemplo, a raíz de la Copa del América.

La dificultad con los accesos a la Feria fue menor por la comprensión de mi colega vecino de Paterna, el bueno y excelente Bernardino Jiménez, que entendió que el beneficio era mutuo e incluso superior a nuestros intereses locales.

El ciclo integral del agua era con mucho un problema más complejo. Abarcaba desde la producción y distribución hasta la depuración y el reciclado, con lo que ello suponía de infraestructuras «que no se ven»: la red de colectores y alcantarillas que eliminara los vertidos indiscriminados a la red de acequias de riego y al mar directamente. O la circulación de aguas residuales del Matadero por el Viejo Cauce del Túria, por poner otro ejemplo de obstáculo que se debía solucionar antes de cualquier acción de envergadura en un proyecto ambicionado por la ciudadanía.

Y además la gestión del agua estaba en manos de una empresa, Aguas de València, cuya concesión se extinguía en un horizonte cercano, lo suficiente para ser renuente ante las inversiones necesarias e imprescindibles para asegurar en todo caso y mejorar siempre dotaciones y servicio. El caso de la compañía Aguas de València merecerá su atención específica en el siguiente apartado.

Ejecutar colectores y alcantarillas, así como la potabilizadora de Picassent, la depuradora de Pinedo o el emisario submarino de la acequia de Vera, suponía abrir grandes espacios de la ciudad con la incomodidad general para el vecindario, que poco a poco entendió la necesidad inexcusable para la salubridad y beneficio de todos. Además resultó caro, pues hubo que rehacer una gran parte de la precaria o inexistente urbanización de los años sesenta y setenta del pasado siglo, en tiempos del gran alud de la migración interna al que me he refererido en diversas ocasiones. La no siempre fácil complicidad con regantes que habían dejado de serlo pero que percibían a través de las acequias históricas un canon o compensación por los vertidos urbanos, o la complejidad de obras en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ministerio entonces de Obras Públicas, pudieron resolverse con negociaciones pacientes y, una vez allanadas muchas objeciones, por la competencia profesional de ingenieros como Miguel Muñoz, que siempre tenaz concluyó el abastecimiento de agua potable, por una parte, y el flujo residual del Viejo Cauce del Túria, por otra. Él y aquellos, de todas las partes, que supieron entender el objetivo político y social de la propuesta de eliminar un sistema vetusto e insuficiente y sustituirlo por uno adecuado y duradero.

No todo fue sencillo. El programa del ciclo integral del agua en algunos casos afectaba a buena parte del área metropolitana. De ahí la conducción y el transporte del Canal Xúquer-Túria y la potabilizadora de Picassent hasta el área de consumo. La financiación corría a cargo del Ayuntamiento de València como ya se dijo. Recursos propios, créditos del Banco de Crédito Local o avales financieros recaían sobre los contribuyentes de València, de la ciudad central. Sin embargo, los costes de las inversiones y las tarifas no contaban para nuestros colegas vecinos, por entonces casi todos militantes del mismo partido del alcalde de València. Incluso había municipios contiguos que no tenían instalados los contadores de consumo. Todo ello constituía un agravio y una irresponsable irracionalidad. Tuve amenazas de paralización o de no concesión de licencia para las obras de las conducciones y, desde luego, no obtuve ni la compensación por las inversiones de las que todos nos beneficiábamos ni la solidaridad tarifaria, sangrante cuando en un mismo barrio, en el continuo urbano, que conocía bien como el caso del Barrio de la Luz, unos ciudadanos pagaban un precio y otros nada o muy poco, por el mismo suministro y de la misma calidad.

Dos instalaciones habían sobrevivido en medio del tejido urbano en expansión. El Matadero Municipal y el Mercado de Abastos. Ambos, en mayor o menor proporción, incidían en la salubridad de la ciudad –los ya citados vertidos del Matadero– o generaban congestión de tráfico y en todo caso incomodidad al vecindario.

La oportunidad de liberar estos obstáculos vino como consecuencia de otro objetivo: el reforzamiento, expansión y consolidación de Mercavalencia. Joaquín Romero Vera, primero como concejal de Hacienda y después, nombrado por mí, como gerente de la sociedad participada por Mercasa, lo vio de inmediato. Dos objetivos en un resultado posible al que contribuyó, de manera decisiva, Jesús Prieto de la Fuente, presidente de Mercasa y compañero y colega socialista y madrileño. Mercado y Matadero serían convertidos más tarde en sendos contenedores de usos nada agresivos con el entorno y sede de algunos servicios municipales de modo provisional, como la Policía Local. Centro educativo desde hace años y cultural desde hace menos, ha sido el destino de unas edificaciones que, en el caso del matadero, tenían además un innegable interés arquitectónico.

Con la remoción de estos obstáculos y muchos más sí que cabía proseguir haciendo la ciudad pensada. Y no antes, como para lo que a veces se me apremiaba. O al menos hacerlo sabiendo que más pronto que tarde los obstáculos irían cayendo si teníamos la tenacidad y la continuidad, y si quienes nos siguieran compartían idénticos objetivos centrales, lo que ya no estaba obviamente ni en mis manos ni en las de las corporaciones que presidí.

Desde luego, nada de esto se puede atribuir, como se ha procurado hacer respecto a mis mandatos, a una ciudad dormida en manos de un alcalde soñador. Sin la superación de los obstáculos no era posible traducir a la realidad pancartas y esperanzas como «El Saler per al poble», o «El llit del Túria és nostre i el volem verd», que vienen a ser la distancia que media entre la reclamación y la exigencia y una acción de gobierno responsable. En ambos casos, la solución ha sido feliz: la ciudadanía se los ha apropiado.

LA MODERNIZACIÓN DE UNA VIEJA ADMINISTRACIÓN

La imagen puede ser la de una centralita telefónica de clavijas manejada por una entrañable funcionaria habilísima. Ni télex, ni fax, ni informática. Ni siquiera máquinas de escribir eléctricas, ni menos aquellas IBM de cabezal. A título de anécdota, por lo demás significativa, mi secretario Juan Llanes decidió adquirir algunas de esas máquinas de escribir, y en el correspondiente expediente administrativo se objetó que no era posible en virtud de la legislación franquista, que obligaba a adquirir material nacional. Las adquirimos.

Una gestión manual, artesana, de mucho papel y legajo que pese a la dedicación y esfuerzo de los más de los funcionarios resultaba lenta, ineficaz y poco transparente y accesible a la ciudadanía. Con una dotación profesional de carácter técnico reducida cuando no inexistente. Y una comunicación con los ciudadanos reducida a las gacetillas periodísticas.

En este campo era mucha la tarea que había que hacer si queríamos abordar la puesta al día, y con ella conseguir alcanzar los objetivos que nos habíamos propuesto y que de nosotros esperaban los electores y todos los ciudadanos. Además, como ya dije, me propuse una administración dotada de recursos y que asumiera el cambio político que se había producido con ánimo de continuidad y que el rigor, la profesionalidad y la pericia formaran parte de los valores democráticos de respeto a los administrados y dependencia de las directrices emanadas de la representación política popular.

La inmensa mayoría de los funcionarios así lo entendieron, y los más de ellos se aplicaron con entusiasmo a desplegar sus capacidades, algo adormecidas con el largo periodo de incertidumbre que los acompañó entre las elecciones de junio de 1977 y las de abril de 1979.

El predominio administrativo era casi total, y la presencia letrada universal en correspondencia con una administración local tutelada y de algún modo pasiva.

Las cuestiones económicas se reducían a la aplicación reglada de los recursos, y la tributación al control y la tutela de los recaudadores. Sin duda, con un comportamiento escrupuloso y siempre respetuoso con la legalidad vigente, pero con síntomas más que evidentes de esclerosis y sin ánimo alguno de convertir los recursos públicos existentes en un elemento de dinamización y más en época de crisis. Un equipo competente en este marco lo componían el interventor Ángel Polaino, con Alejandro Navarro y Guillermo Guardiola, atento siempre a los flujos financieros desde su puesto de tesorero.

Se adaptaron, no sin alguna sorpresa y más de una bienintencionada contrariedad, al nuevo impulso que introdujo en la gestión Joaquín Romero Vera. Impulso y ritmo que llevaron a la simplificación de los impuestos y tasas locales, con supresión de figuras tan anacrónicas como la tasa de balcones y miradores, y a la supresión de la tasa de basuras para subsumirla en un impuesto de naturaleza inmobiliaria más económico y justo que más tarde recibió el nombre de IBI. De hecho, algunas de estas figuras de tributación locales tenían un coste de gestión superior a su recaudación, como el sello postal del Plan Sur, cuya supresión pedí y obtuve del Gobierno: los costes de impresión eran superiores al valor facial.

Pero, además, se hacía más necesario que nunca planificar los ingresos y los gastos, y asignar los escasos recursos a las prioridades más inmediatas, que como ya señalé nos parecían todas, sin perder de vista los objetivos estratégicos, comenzando por aquellos que nos permitirían avanzar en el cambio de la ciudad. En el capítulo anterior se ha podido ver la dimensión del esfuerzo. Todo esto fue previo al desarrollo y ejecución de aspiraciones ciudadanas de alcance vertebrador, como el Viejo Cauce del Túria.

El Ayuntamiento de València, en 1979, no tenía una dotación de economistas, aunque algunos funcionarios lo fueran. Los contratamos y bastantes de ellos continúan. Juan José López Hernando resume en su persona la figura de muchos de ellos, a la vez que representa lo que buscábamos del nuevo servidor público local: competencia, rigor y convicción democrática en la función pública, y ello pese al incipiente sistema de «cuotas» entre partidos, lo que me obligó a presidir o a intervenir ante el tribunal por el que fueron elevados a la categoría funcionarial todos ellos, en una de las pocas ocasiones en que lo hice: las otras dos fueron la del jefe de la Policía Local, al que me referiré, y la jefa de Protocolo que entendí que mejor servía a los intereses de la ciudad, Josefa Benavent Torrijos.

Otro tanto ocurría con los servicios técnicos, cuya ocupación principal parecía consistir en analizar las propuestas de sus colegas de las empresas concesionarias de los distintos servicios y suministros, desde el ciclo del agua a los residuos urbanos o la gestión del tráfico y movilidad. Aquí, la acción fue de refuerzo y cambio de perspectiva: en adelante, la iniciativa iba a ser de la Administración local y la labor, por nuestra parte, iba a ser no solo de seguimiento sino también de dirección y de control. A J. L. Cámara, José Selva y Victoriano Sánchez-Barcaiztegui, el más veterano, les asignamos nuevas directrices y se vieron reforzados por una nueva generación de ingenieros, que puede resumirse en Miguel Muñoz, que se unieron a la competencia del reducido grupo de sus colegas precedentes.

El ámbito mejor dotado en cuanto a efectivos profesionales era el que primero me ocupó como teniente alcalde delegado de Urbanismo. Era el de los arquitectos, muy jerarquizados a partir del arquitecto mayor José M.ª Peris, y con una compartimentación que se convertía en un calvario para los administrados y una rémora para las nuevas perspectivas que pensaba impulsar en un área crítica de la gestión para objetivos estratégicos.

Una buena parte de este grupo profesional había sentado plaza en las penúltimas etapas de la Administración franquista, con lo que su amortización era remota y su relevo, si no imposible, oneroso. Opté por una suerte de conllevancia en el bien entendido de que se deberían seguir de modo inexcusable las directrices y los objetivos que se les señalara: una de las menores, pero no menos importantes, era la transparencia y la accesibilidad de los administrados.

Como anécdota, las ordenanzas municipales eran poco menos que un arcano, y en un esfuerzo conjunto con Joaquín Romero Vera las publicamos: un auténtico vademécum que, sin embargo, era utilizado de manera secuencial para desesperación de los ciudadanos; un administrado solicitaba una licencia, y cada uno de los funcionarios competentes formulaba una serie de objeciones a las que el resignado ciudadano tenía que responder, y así el siguiente y hasta el último.

Rompí este círculo vicioso de dos maneras: asignando nuevas funciones y destinos a los profesionales existentes y ampliando los cuadros con nuevos servicios y personas. De los primeros obtuve como resultado la colaboración de profesionales que sin duda esperaban el momento de poder demostrar sus capacidades. Retengo ejemplos que no cito por extensos en todas las áreas, desde la gestión de patrimonio y hacienda local a arquitectura y urbanismo; supieron poner su profesión y competencia al servicio de la nueva corporación democrática, y en consecuencia al servicio de los ciudadanos. Las hermanas Pastor constituyen un buen ejemplo que resume cuanto antecede.

En el segundo de los modos de proceder a la ruptura hallé el remedio que me había propuesto: atraer a la gestión pública urbanística a todos los profesionales que pude y que conocía bien a través de mi experiencia profesional. Servicios nuevos como Proyectos Urbanos o el refuerzo de la oficina del catastro, u otros como más tarde mi propio Gabinete, incorporaron a Juan Añón, Vicente González Móstoles y después, en 1983, a José M.ª Tomás Llavador. También habría que destacar a José M.ª Herrera y Juanma Álvarez Rubio, este último vinculado a Cultura, vía Fiestas, y posteriormente a Bomberos.

Con algunas, pocas, resistencias por parte de los anteriores, los equipos se integraron y dimos un impulso considerable a la gestión, tanto a la más administrativa ante los ciudadanos y sus licencias, como a los proyectos estratégicos de alcance a los que me referiré más adelante, en el apartado «La ruptura urbanística».

Unos antes y otros después, los más, abandonaron la Administración local cuando la bandería y la esclerosis se apoderaron del impulso de los primeros años y ante la innegable persecución interna a que se vieron sometidos, paralelamente a las peleas partidarias que desembocaron en mi dimisión y que se recogen para escarnio de muchos de mis compañeros y conmilitantes, como se describe sin exhaustividad en el capítulo 4.

Fue un trabajo bien hecho, a la altura de los tiempos, exigente. Buena prueba de ello la constituye la probada solvencia con que los «emigrados» emprendieron su renovada profesión privada y los éxitos que por fortuna siguen cosechando Añón o José M.ª Tomás. O el ingreso en la política local socialista de Vicente González Móstoles, al fin, en 2007.

Como conclusión del refuerzo y nueva orientación de los servicios técnicos propuse, y conseguí concluirlo, un nuevo edificio que los albergara a todos. Incluía la primera sala de control integrado de las redes de movilidad en tiempo real. Los servicios se desperdigaban por toda la ciudad con los efectos sobre la gestión y la incompatibilidad, y la desesperación de los usuarios. El edificio, ahora al parecer desahuciado, era funcional y barato, y lo ubicamos buscando una nueva centralidad técnico-administrativa emergente: la de los edificios contenedores de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y la Confederación Hidrográfica del Júcar: esta concentración técnico-administrativa podía resultar de utilidad para los administrados, a la vez que contribuíamos a crear un nuevo polo de animación urbana en las nuevas áreas desarrolladas en torno a las avenidas de Aragón y Blasco Ibáñez.

Como anécdotas reveladoras de la «sintonía» y «cooperación» de la Generalitat Valenciana tengo dos. La primera, que nuestros vecinos de la COPUT, según Blanca Blanquer, directora general, consideraban que el edificio proyectado no cumplía norma alguna y algo más, producto de su imaginación. Lo superamos. La segunda corresponde a la inauguración. El entonces presidente de la Generalitat lo bautizó como «una escalera con despachos a ambos lados». Así quedó hasta lo que parecen ser sus últimos días, porque el coro de monaguillos que lo acompañaban se encargó de alimentar a los media afines y a la derecha de siempre.

Lo bautizamos como Nuevas Oficinas Municipales, y frente a las estupideces que he relatado, la ciudadanía se apropió del edificio bajo el nombre de Nou Ajuntament, con su carga simbólica de nueva centralidad y eficacia, que es lo que queríamos. Extraña, aunque a estas alturas ya hay pocas sorpresas, que la defensa del edificio y su funcionalidad no hayan merecido una reivindicación, aunque su coste haya sido amortizado con creces en estos veinticinco años. Y más cuando es víctima colateral, al parecer, de una operación, una más, dudosa y en todo caso de clara especulación: la operación del campo de fútbol de Mestalla, y los «arreglos» nada transparentes de los directivos de nuestro entrañable club de fútbol.

La información era una parcela olvidada. Desde luego, en términos modernos y de servicio a la comunidad. Algo que no traspasaba los muros de las dependencias consistoriales, más allá de los supuestos tasados por la legalidad vigente, que, no se olvide, era la franquista, también en los inicios y por demasiado tiempo de la nueva etapa democrática. Bandos y ordenanzas o exposiciones legales de documentación era todo el bagaje puesto a disposición de la ciudadanía.

La presión de los movimientos sociales urbanos, las organizaciones vecinales, desde comienzos de los años setenta abrió una brecha y consiguió, conseguimos –pues me incluyo– obligar a las autoridades a facilitar información –nunca completa desde luego. Al tiempo que a través de los media segregaban sus propias informaciones.

Dos acciones de diferente contenido y alcance fueron puestas en marcha de inmediato: el Boletín de Información Municipal, con el texto de los acuerdos más relevantes y la invitación a la ciudadanía a conocerlos con mayor detalle, y la institucionalización de la información estadística municipal, una herramienta para todos y singularmente para los profesionales, para los agentes sociales urbanos y para sindicatos y empresarios. Su continuidad y riqueza de contenidos es algo útil que me alegra sobremanera.

Dar a conocer proyectos, propuestas y realizaciones en una sociedad compleja y de unas dimensiones notables no es tarea fácil con los medios de la época anterior al estallido comunicacional de los años noventa, de la radio y la TV a la Red o la telefonía móvil.

Las publicaciones cumplían su papel, aunque su difusión era menor de lo deseable. Siempre confié en que los media se harían eco y difundirían el mensaje. Con frecuencia, sin embargo, el eco llegaba distorsionado, cuando no manipulado, a veces de modo grosero.

Había que acudir a la publicidad, con el coste que ello suponía. Publipress, empresa dirigida por Vicent Ventura, me fue de gran auxilio. Sus propuestas creativas y de mensaje anclado en la realidad lograron en muchos casos traspasar el ruido mediático, como lo hiciera una iniciativa nuestra de buscar, con el concurso de la ciudadanía, un lema que resultó ser, por elección popular: «València, la mar de bé», en el que participaron decenas de miles de personas.

Estas medidas de modernización se apoyaron unas en la tenacidad de Vicent Garcés y otras en unas innovaciones que hoy pueden resultar obvias. Un gabinete de alcaldía y un gabinete de prensa. Josep Sorribes, mi amigo más tarde y hasta hoy, dirigió el primero, con gente cuya solvencia demostró el mercado abierto cuando volvieron a él, como es el caso de Salvador Voro Pons o Ferran Agut y sus reconocidas trayectorias empresariales y profesionales.

Anna Senent, Juan Álvarez Valencia y José M. Alcañiz, sucesivamente y desde el oficio del periodismo, dotaron de contenido y alcance a la información municipal, con unos medios reducidos y unos recursos económicos que según alcanzo a saber hoy eran muchísimo más reducidos que aquellos de los que dispone una simple dirección general de la Administración autonómica.

Una operación de puesta al día que también hoy me resulta más que grata recordar fue la de proponer una nueva distribución de los distritos de la ciudad. València había crecido y se había desparramado en tres de los puntos cardinales; el otro lo ocupa el mar. Y junto a la nueva ordenación de los distritos municipales, la creación de la Oficina Estadística y el SALER, Sistema per a l’Administració Local d’Estadística i Recerca, que es una herramienta de uso común en numerosos municipios de España y no solo en València.

En el tema de los distritos se creó una comisión especial dirigida por Josep Sorribes, mi jefe de gabinete, y miembros de este, como Maria García-Lliberós y Sandro Pons, así como técnicos del Ayuntamiento de Barcelona que tenían como referencia a Canals, con idéntico propósito. València lo hizo antes y por medio de un amplio consenso, de los pocos que se produjeron en la época, reuniendo a administraciones tan distantes como la electoral o la de Correos, a comerciantes y anunciantes, y a las empresas de suministros y servicios.

Un éxito tan permanente y duradero, en una sociedad urbana tan voluble, a veces no hubiera sido posible sin el empeño y compromiso políticos del concejal Joan Ballester Pérez, que en su atención a los profesionales de la comisión especial rebasó los desiderata tecnocráticos de Julián de Marcelo Cocho, a cargo de la informática –según parece, más tarde renunció al aristocrático de–, y consiguió el objetivo de modernización organizativa del territorio municipal. Hasta hoy.

SALER y la Oficina Estadística, con el impulso profesional de Rafael Bellver, desde mi gabinete y con su jefe, construyeron un instrumento igualmente perdurable al servicio de la ciudadanía, de los estudiosos, de los empresarios y de las propias administraciones. Su adaptación a los nuevos medios de tratamiento de datos y difusión de estos no solo me satisface, sino que además constituye una prueba más del esfuerzo modernizador que hicimos compatible con la atención cotidiana a las necesidades de la ciudad.

En la era de la comunicación y de la imagen resultaba imprescindible elaborar una que identificara y singularizara a la institución. Ya me referí al lema de la ciudad escogido por iniciativa popular. Ahora se trataba de poner al día nuestros impresos, carteles y demás soportes que llegaban a nuestros ciudadanos, y además hacerlo en las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Con una estética más cercana a la que ya usaban nuestros conciudadanos y no una anclada en la más rancia tradición franquista. El lío se armó al descargar de barroquismo el escudo municipal. Los guardianes de las esencias patrias locales, propios y ajenos, levantaron una polémica que ni el bueno de Santiago Bru i Vidal, cronista de la ciudad, pudo desactivar con su documentado informe sobre las variaciones del escudo municipal a lo largo de la historia. Como en toda pelea identitaria que se precie, y más si es simbólica en sus manifestaciones, la razón es la víctima.

No hice caso. Y como premio secundario, M.ª Consuelo Reyna, adalid de la campaña desde el medio de su propiedad, me regaló un cenicero que tenía otro escudo local aligerado del barroquismo y que había sustituido otro anterior.

Teresa Fluviá Rodríguez consiguió implantar el nuevo manual de imagen corporativa y, además, editar un plano del término municipal con los nuevos distritos y su nomenclatura normalizada. Con la excepción de la tilde en la è de València creo que todo sigue en pie.

Viajero asiduo antes que turista, y con antelación a ser alcalde, me preocupó la señalización de las ciudades, tanto en lo que se refiere a la utilidad para el usuario y el visitante como por la imagen que alcanza a uno y a otro. La lectura de la ciudad se hace caminando, y es en la estatura humana cuando se recuerda el lugar visitado o se conforta el ánimo por el espacio acotado y conocido.

València tenía, y por cierto, sigue teniendo, una señalética caótica, contradictoria unas veces o inexistente otras. Sigue en ello al albur de cualquier ocurrencia de los sucesivos responsables municipales. Un diseño anticuado que convive con elementos de falsa identidad vecinos al kitsch. No tuve la misma suerte que con la imagen corporativa, y la cosa sigue más o menos igual. Si uno recuerda los rótulos de las calles de París, tendrá su imagen sobre fondo azul con materiales dignos como soporte. O más nobles en Roma o Barcelona. Incluso la magnífica cerámica esmaltada en verde como color de Andalucía, en Sevilla.

El concejal de Tráfico pensó siempre que era una manía mía y con la colaboración de su jefe de servicio siguieron la rutina de sembrar calles y esquinas de semáforos y señales de tráfico, hasta conseguir que el deambular humano se convirtiera en deporte de riesgo: la preferencia por el automóvil retrasó una modernización que sigue pareciéndome imprescindible.

Más de un tercio de la plantilla municipal estaba ocupando puestos que no correspondían a sus capacidades y formación. Y pese a ser el componente de los costes de gestión el más elevado, las retribuciones eran dispares; un auténtico galimatías que nunca acabé de entender.

Aunque con ironía le dije alguna vez a Joan Ballester que no sabía si era el concejal de Personal o del personal –a otros que le siguieron ni me molesté en preguntarles, eran del personal y de los sindicatos–, este, Ballester, se esforzó duramente en reubicar los efectivos disponibles y racionalizar las retribuciones para que fueran el instrumento imprescindible para una administración eficaz y al servicio de la ciudadanía. No resultó fácil, y más cuando se abrió paso la funcionarización de la Administración frente a las tesis iniciales de laboralización que los sindicatos abandonaron de inmediato, cuando vieron que podían repartirse por cuotas los nuevos ingresos de trabajadores públicos.

Asimismo, para ciertos objetivos de modernización requeríamos otros instrumentos de gestión acordes con las necesidades de agilidad y capacidad de respuesta a las nuevas. Sociedades mercantiles, fundaciones, etc., que permitieran además gestionar intereses colectivos, incluso con la participación privada o de las organizaciones sociales.

De hecho, solo heredamos dos. Mercavalencia, reducida su actividad a una nave de mayoristas de pescado, y la tutela sobre una pesadilla llamada Sociedad Anónima Laboral de Transportes Urbanos de València, SALTUV, la empresa de transporte creada y patroneada, como ya he señalado, por un demagogo, Macario Bolado, correligionario del demagogo mayor del franquismo, José Solís Ruiz, inventor de este tipo de sociedades. Ya me referí a las condiciones para la creación de la EMT en páginas anteriores.

Ni una ni otra nos servían en su configuración y funcionamiento. Ni tampoco su ejemplo podía animar a otras iniciativas. A la primera le incorporamos como gerente a Joaquín Romero Vera, expulsado del PCPV en una de sus peleas internas, y costó lo suyo, pues todavía los tenía como socios de gobierno. Y en la segunda optamos por la municipalización y la creación subsiguiente de la Empresa Municipal de Transporte, en un proceso laborioso en el que la necesidad doblegó a la demagogia: la modernización de la flota envejecida e incómoda pasaba por el aporte de recursos del Ayuntamiento. Y a diferencia de lo que ocurrió con la señalética, Cabrera se comportó y las gentes de Romero y Zamora desde Hacienda hicieron el resto. La desactivación de SALTUV fue un alivio, y como elemento simbólico renovamos la flota y la pintamos de rojo autobús.

A Mercavalencia le endosamos el Mercado de Abastos y el Matadero, como ya recogí al tratar de la liberación de obstáculos, y la convertimos en una empresa alimentaria segura, ejemplar, rentable y en expansión.

Una acción pública eficaz en el ámbito urbanístico, sobre todo de ejecución, requería un instrumento adecuado. Este fue Actuaciones Urbanas Municipales, AUMSA. Su creación alarmó a las empresas acostumbradas a repartirse el pastel de obras locales. Nos acusaron, cómo no, de intervencionistas, de introducir distorsiones en la competencia, de abuso de posición y todos los «argumentos» que suelen aún hoy exhibir quienes acuden a los poderes públicos para que les subvencionen sus desaguisados. Y todo ello con el concurso de la Cámara de Comercio, de Rafael García Brun y más tarde José M.ª Simó Nogués.

La oposición clamaba y declamaba, y movilizó recursos jurídicos por ejemplo de la Cámara de Comercio, ya citada. La demagogia concluyó y AUMSA pudo ocuparse de la gestión de suelo, por ejemplo para la construcción del Palau de la Música. O acometer la primera urbanización integral de una barriada, L’Amistat. Carlos Masiá demostró pericia ayudado por Ferran Agut y otros. Y AUMSA sigue hoy como el instrumento más ágil al servicio de la ciudad, o de nuevos intereses en todo caso dirigidos por la institución municipal.

La historia de Aguas de València es la historia de un fracaso involuntario por mi parte, puesto que dimití cuando el acuerdo estaba a falta de la firma con el entrañable presidente de Aguas de València Simó Aynat, y al parecer voluntario por quien me sucedió en la alcaldía, Clementina Ródenas Villena. La misteriosa desaparición de un dossier a punto de concluir no me ha podido ser explicada de modo razonable por mi amigo Antoni Pérez Gil, letrado asesor en el proceso negociador, como señalo más adelante.

La concesión otorgada a la empresa privada Aguas de València, S.A. se extinguía, como agotadas estaban las prórrogas legales. Tuve una relación magnífica y cordial con José Simó Aynat, suegro de mi amigo de otros tiempos profesionales Ricardo Cardona. Una relación cordial en lo personal y constructiva en el tema de aguas, pues él, Simó Aynat, era el presidente de la compañía. Ordené los contactos y las negociaciones para conseguir una compañía suministradora mixta, con participación municipal, abierta además en esta parte a los municipios metropolitanos.

De las relaciones personales habla el escrito que me envió Simó Aynat al enterarse de mi dimisión, lo que me alegró sobremanera, por tratarse de alguien que se situaba en las antípodas de mis ideas y convicciones.

Acompañaron la negociación por mi parte Antoni Pérez Gil como letrado, Miguel Muñoz como ingeniero, mi amigo Angel Ortí Lahoz, catedrático de Economía, como asesor externo, y alguno más si el recuerdo no me traiciona. Cuando hubo madurado sostuvimos una larga discusión, amable, en la Casa de la Presa de Manises, espacio simbólico del abastecimiento de agua potable a la ciudad.

El pacto final, pendiente de rúbrica como ya dijera, consistía en lo esencial en constituir dos nuevas sociedades. Una para la producción y transporte en alta presión, que era la clave para la distribución a la ciudad, y en la que podrían participar el Consejo Metropolitano o los municipios. En esta, la mayoría, el 51%, se adjudicaba al Ayuntamiento de València, y el 49% a la sociedad presidida por Simó Aynat. La segunda sociedad que se debía constituir para la distribución en baja presión, esto es, para el suministro domiciliario de hogares, comercios o actividades económicas, invertía las siguientes proporciones: 51% para Aguas de València y 49% para el sector público municipal.

Todo ello se ajustaba a la realidad de las inversiones de modernización de instalaciones y a la valoración de los activos y de los compromisos financieros de ambas partes. Y se preveía, como no podía ser de otro modo, la participación en posteriores áreas de negocios que pudieran interesar a las partes. Fue la gran ocasión de valencianizar efectivamente una compañía cuyos avatares posteriores, salvo ocupar a algún o a algunos adictos de los sucesivos presidentes de la Generalitat, he seguido las más de las veces con tristeza.

De que el planteamiento nuestro suscitaba recelos y más de una resistencia no me cabe duda: tengo mi propio testimonio y el de Simó Aynat. Pero para lo que no tengo explicación alguna es para la paralización y abandono de un proyecto ambicioso, realista y maduro para su aplicación. Más tarde ya fue imposible, y el cruce de intereses, incluidos los del Banco de València, y su evolución puede contener el arcano de una decisión para mí incomprensible. La mezquindad tiene estas consecuencias como destino final, incluida la debacle financiera y el expolio a cargo de los «responsables» de la empresa subsistente.

¿Valencianizar? Sería en el sentido en que lamentablemente se ha conjugado el verbo en los últimos años, esto es abandonar el principio de bien público del agua a favor del expolio de unos pocos valencianos en detrimento de la inmensa mayoría, además de perder las oportunidades que suponía una empresa rentable para el conjunto metropolitano, para el país.

Había otros ámbitos en los que era posible aplicar instrumentos de gestión aliviados de la carga y el constreñimiento burocráticos, a medio camino de la capacidad de respuesta de la iniciativa privada, y que además permitían la incorporación de activos de la sociedad civil. Es el caso de las fundaciones.

La Fundación Municipal de Cine/Mostra del Mediterráneo se ocupó hasta su extinción, por inanidad forzada de mis últimos sucesores en este ámbito, bajo el decidido impulso de mi amigo Vicent Garcés Ramon, del propósito de profesionalizar el evento cinematográfico y de impulsar la relación y promoción de todos los agentes del sector, de la creación y producción a la exhibición. Y un propósito de incidir en la proyección hacia afuera de la actividad cinematográfica valenciana. Siempre que he podido he mostrado mi orgullo como impulsor de una actividad que además de cultural es una industria avanzada.

De esta misma manera, he considerado siempre el deporte una manifestación de la cultura, lo que me llevó, de la mano de la energía y capacidad de Antoni Ten, a crear la Fundación Deportiva Municipal, dentro de un programa que incluía desde las instalaciones más elementales hasta la propuesta, y en algunos casos construcción, de complejos deportivos en toda la ciudad, ya fuera el más elaborado de entonces, El Saler, ya fuera una especie de siembra en parques y jardines, incluidas las instalaciones del Viejo Cauce del Túria. La cooperación de los profesionales fue imprescindible y generosa, como se resume en la figura de Vicent Añó, que siempre me ha acompañado desde su buen hacer y competencia en este ámbito.

Aunque insistiré en ello cuando trate de la ruptura urbanística, debo consignar entre las propuestas de modernización de la Administración el objetivo de agilizar la gestión urbanística en todos sus aspectos y, singularmente, en aquellos que afectaban más directamente a los administrados: licencias de obras de ocupación o de actividad. El instrumento estaba al alcance dentro de la propia legislación local: la gerencia de urbanismo. Las resistencias fueron, como ya resultaba frecuente, internas. La pérdida de peso político como objeción ocultaba en realidad el peso de la manipulación o el reparto de favores. Esto, por un lado; por otro, el proceso de revisión del PGOU, al que también me referiré más adelante, había creado una Oficina del Plan, a cuya cabeza, por insistencia de Juan A. Lloret –teniente de alcalde delegado de Urbanismo, y más tarde con la confianza entregada de Miquel Albuixech, con el mismo cargo que el anterior–, colocamos a un personaje cuyos contornos no alcanzaba a situar, Alejandro Escribano, y quien vía PSP venía ya del Consell Preautonòmic, en la Consejería de Obras Públicas, con Antonio García Miralles. Este procuró constituirse en poder autónomo, al que se plegaban los concejales, y desde luego no le hizo la menor gracia que la Gerencia que finalmente se creó menoscabara su autonomía. El tiempo también ha situado al personaje y sus pingües andanzas en la ciudad, de los campos de fútbol a los PAI. La ausencia de convicciones de este y otros personajes, por decirlo de modo suave, se une a su capacidad de maniobra, siempre en la cercanía del poder de cada momento. Muchos años después, Luis Perdigón, custodio del mejor archivo del urbanismo valenciano, me contó una conversación con la entonces directora general de Urbanismo de la Generalitat Valenciana: «¿Es Escribano el torpedo que Lerma ha enviado a Pérez Casado?», interrogó. La directora general parece que asintió.

A diferencia de Aguas de València, mi sucesora fulminó la Gerencia de Urbanismo, que apenas pudo emprender su andadura, y viejos y nuevos poderes internos procuraron el alborozo de quienes hacían de la lentitud y complejidad del trámite burocrático la base de su poder y de su negocio.

Como es razonable comprender, no me extenderé en los detalles de una modernización que envió la centralita telefónica de clavijas a su digno puesto en el museo. Ni tampoco puedo dejar de consignar algún error de dimensionamiento, como la adquisición de un ordenador por parte de Julián de Marcelo a IBM, que producía sus artefactos por entonces en la planta valenciana de la Pobla de Vallbona. Un avieso colaborador del concejal, Domingo Laborda, en tránsito desde las asociaciones de vecinos hacia las administraciones socialistas sucesivas, me advirtió de un sobredimensionamiento que acaso convenía a su por entonces patrón político-administrativo, que en efecto también migró pero en su caso a Roma y a Ágora, revista e institución patrocinada por la gran firma internacional, IBM.

El mérito fue de quienes secundaron una empresa colectiva, de ahí mi reiterada repugnancia por el ejemplo de la primera persona del singular cuando conjugo estos recuerdos.

A la conclusión, voluntaria, de mis mandatos, puedo asegurar que las dotaciones y los recursos, humanos y técnicos, estaban razonablemente cercanos a la modernidad del conjunto de la sociedad. Lo que era la base para desarrollos ulteriores más ambiciosos si cabe, como los que hice resumir en La València de los 90, publicación, como ya dijera, por la que según parece sienten aversión eruditos de sus propios prejuicios, periodistas de alcachofa y ayunos de su propia hemeroteca, políticos desmemoriados y, en fin, los únicos que me parece lógico que no la usen: la actual mayoría de derechas. Y digo me parece lógico en la medida en que el contraste con las propuestas y objetivos de 1987 dejaría en la miseria sus novedades; se han limitado a echar agua al vino, y a lo suyo: más densidad y expolio urbano, y más vaciedad efímera y eventual –de evento– sobre la ciudad que vuelve a estar a la espera.

Sin embargo, volviendo al relato, por el camino quedaron otras iniciativas, como la Fundación Municipal de Cultura. Garcés, acaso fatigado de tantos trabajos, o tal vez más avisado, decidió pasar a otro destino, y quienes ocuparon su espacio no tenían ánimo alguno como no fuera el de liquidar un proyecto que nunca quisieron entender, o tal vez no alcanzaban a comprender.

Aunque sí pudo constituirse, con el concejal Francisco Paco Martí, la Universitat Popular, de vida difícil y hechos gozosos cuando gentes sencillas pudieron encontrarse con la enseñanza y los conocimientos superiores. Y esto me hacía recordar, como las escoletes o guarderías, unos tiempos no tan lejanos con resonancias íntimas biográficas como las que he resumido en el capítulo 2.