Читать книгу: «Balance y perspectivas de la Constitución española de 1978»

El primer reportaje de Claude Weill sobre un país en plena transformación se interesaba por las mujeres: «Elles ne veulent plus du vieux modèle “cuisine, gosses, curé”/La révolution des femmes» («Ya no quieren el viejo modelo “cocina, críos, cura”/La revolución de las mujeres». Las cifras revelaban el cambio: más del 55 por ciento de los bachilleres eran chicas; en la universidad representaban entre un sesenta y un setenta por ciento, salvo en las disciplinas técnicas; estaban cada vez más presentes en el mundo del trabajo, pero más afectadas por el paro, más numerosas en los trabajos a tiempo parcial, la diferencia salarial era de entre un veinte a un treinta por ciento, y eran poco numerosas como directivas… Una situación que no era específica de España, pero el Gobierno de Zapatero estaba preparando una Ley de Igualdad concebida como una «verdadera maquinaria antimachista» para luchar contra las discriminaciones. En el Gobierno se había respetado la paridad y la número dos era una mujer, María Teresa Fernández de la Vega, presentada de una manera muy elogiosa. Remarcaba que España, comparada con sus vecinos, estaba a la vanguardia en la representación política, con un 36 por ciento de mujeres diputadas y un 25 por ciento de senadoras, y también en la lucha contra la violencia de género. A pesar de las resistencias, le parecía difícil que España pudiera volver atrás, dada la importancia de las mujeres en la cúpula del PP. Concluía que el país que había inventado la palabra «machismo» se había convertido en una especie de «laboratorio del feminismo». Hoy, en 2019, cuando la violencia de género sigue creciendo en Francia, repetidas veces se ha invitado a seguir el ejemplo español. El 26 de noviembre de 2009, un titular de Le Point «Violences contre les femmes: l’Espagne, un pays précurseur, des résultats décevants» («Violencia de género: España, un país precursor, unos resultados decepcionantes»), del periodista Cyriel Martin, advertía de que el Gobierno francés se interesaba en las medidas tomadas por su vecino en 2005 —brazalete electrónico y móvil especifico— y que, si hasta entonces los resultados habían sido decepcionantes, la situación era peor en Francia, con el doble de víctimas en 2008. El 11 de marzo de 2019, Sandrine Morel, corresponsal de Le Monde en Madrid, en «L’Espagne, pionnière de la lutte contre les violences faites aux femmes» («España pionera de la lucha contra la violencia de género»), daba las últimas cifras: gracias a la protección de las víctimas en 2018 murieron 47 mujeres, cuando en 2003 eran 71. Remitía, como otros medios franceses, a la muerte, el 7 de diciembre de 1997, de Ana Orantes, de sesenta años, divorciada, madre de ocho hijos, quemada viva por su ex marido tras contar en televisión el infierno vivido durante cuarenta años y la falta de apoyo institucional. Tras lo que calificaba de «trauma nacional», valoraba que los políticos hubieran tomado medidas y que los medios de comunicación hubieran apoyado la campaña denunciando cada nuevo crimen e intentando provocar una toma de consciencia de la población y su colaboración. En otro artículo del mismo día, «Les féminicides conjugaux, ce fléau qui ne faiblit pas» («Los feminicidios conyugales, esta plaga no cesa»), se señalaba que, entre enero y marzo, nueve mujeres habían sido asesinadas en España, mientras que en Francia fueron unas treinta.

Sylvain Courage, en el mismo reportaje del 22-28 de junio de 2006, destacaba la voluntad del Gobierno, consciente de la fragilidad de los dos pilares del crecimiento —el turismo y la construcción— de apostar por la «economía del conocimiento» para transformar el país en una nueva California.⁶¹ Daba como ejemplo el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB), con 55.000 metros cuadrados de oficinas y laboratorios, junto a la fotografía del edificio, muy futurista. Su director, Jordi Camí, comentaba que el proyecto tenía como cometido hacer del lugar un «centro neurálgico en genética, medicina regenerativa y biología molecular». Construido cerca de un hospital y asociado a la prestigiosa universidad Pompeu Fabra, esperaba atraer a investigadores del mundo entero. Erigido a orillas del mar, ofrecía unas condiciones de trabajo y de vida insuperables. Coincidía con el ambicioso proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero de recuperar el retraso científico acumulado, por haber invertido solo un uno por ciento del PIB en el sector, cuando la media europea era de un dos. Advertía que al viajar por España saltaba a la vista que, tras los últimos treinta años de construcción continua y de turismo masivo, no se podía seguir el mismo ritmo, la burbuja inmobiliaria estaba a punto de estallar y dentro de poco se acabarían los fondos europeos, ya no era posible seguir únicamente la vía de Florida. Recapacitaba las bazas del país: 73 universidades, de las cuales 22 eran privadas, que formaban a un millón y medio de estudiantes, cuando en 1960 solo contaban con cien mil. Como otros países europeos, sufría la «fuga de cerebros», pero, al proponer unos posdoctorados de cuatro años, esperaba retener a los mejores estudiantes. A nivel científico, la legislación permitía utilizar embriones humanos y células madres en la investigación médica; cada año miles de francesas acuden a clínicas españolas para congelar embriones o porque la donación de óvulos es posible. A nivel de las tecnologías del medio ambiente, se desarrollan programas pilotos en sectores estratégicos, como la energía eólica, la desalinización del agua del mar, la energía solar, etc. Sin hablar de las numerosas start-ups constituidas en las comunidades autónomas, como el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en Málaga, con la voluntad de acercar universidades e inversores. Pero el país tenía todavía retraso, solo llegaría al nivel francés en 2050, y al de Alemania en 2059. El periodista concluía destacando que, ante la competencia de los países emergentes, como China, India o Brasil, que invertían masivamente en investigación y nuevas tecnologías, la única vía era la colaboración europea: ni España, ni Francia, ni Alemania podían competir solas. En un recuadro, se señalaba que numerosos estudiantes del programa Erasmus escogían España, como lo ha mostrado, en 2002, la película de Cédric Klapisch L’auberge espagnole (Una casa de locos).

Las otras temáticas del dosier eran la inmigración, una oleada sin fin en un país que había pasado de país de emigración a país receptor de inmigrantes, con el problema añadido de los dos enclaves en territorio africano, Ceuta y Melilla, que constituyen una entrada directa a Europa y que demandan encontrar otras soluciones que la vigilancia fronteriza como lo esta haciendo España con unos programas de cooperación de España con los países africanos.

La aprobación del matrimonio gay solo parecía una etapa para Zapatero, que quería reconocer los derechos de los transexuales. Otra periodista, Marie Lemonnier, concluía su artículo con un «Sigue la revolución…». Dos fotografías ilustraban esta normalización: una, del consejero de Zapatero, Pedro Zerolo, militante gay, sonriente con su pareja, quienes se habían casado el 1 de octubre de 2005. Y otra, la del juez antiterrorista Grande-Marlaska en la portada de El País Semanal del 11 de junio 2006, en la que revelaba su homosexualidad. En Francia hubo que esperar al 17 de mayo de 2013 para que se legalizara el matrimonio gay después de tensas manifestaciones.

Las negociaciones con vascos y catalanes eran otro tema polémico tratado. Zapatero había prometido apoyar la reforma del estatuto catalán, pero el Parlamento catalán preparaba un estatuto casi secesionista. El presidente del Gobierno había conseguido que se aprobara una nueva versión y se habían iniciado las negociaciones con ETA, pero se notaba que eran apuestas arriesgadas y que contaban con la oposición frontal del PP.

El 5 de marzo de 2008, cuando la crisis amenazaba, Libération publicó un nuevo número extra titulado «Made in Espagne», con motivo de las próximas elecciones, en las que los electores tenían que elegir entre el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y el PP de Mariano Rajoy. Proponía una inmersión en una sociedad en efervescencia, indicio de su dinamismo. En la portada se veía una sala de fiestas en Madrid y una chica atractiva en primer plano con este título en español «¡Viva España!». Debajo de la fotografía se anunciaban tres reportajes: «Saragosse prépare son expo en changeant de visage» («Zaragoza prepara su expo cambiando de aspecto»), Zapatero 1^er, le modernisateur fase aux urnes» «Zapatero I, modernizador ante las urnas» y «(Presque) tout est permis: fumer dans les cafés, boire dans la rue…» («[Casi] todo está permitido: fumar en los cafés, beber en la calle…»). Pero en otros reportajes se advertía que la realidad era más compleja, los cuatro años de prosperidad económica y de reformas profundas de la sociedad, como el matrimonio gay o el nuevo protagonismo de las mujeres, provocaban la ira de la Iglesia.⁶² En su editorial, titulado «Modèle» («Modelo»), François Sergent, daba una visión más matizada. Comparaba la España de antes y la de 2008, preguntándose:

¿Y si existiera una verdad más allá de los Pirineos? España, mucho tiempo pobre y aislada, a lo sumo destino de vacaciones baratas, se ha transformado en un imán para la juventud europea. El hombre enfermo con políticas reaccionarias, costumbres retrógradas y economía subdesarrollada se ha transformado en un país próspero y moderno.⁶³

Incluso se había convertido en un espejo invertido de Francia. Una gran parte de la plantilla de Libération se había desplazado para observar este nuevo modelo de sociedad made in Espagne, a pesar de la fragilidad de una economía basada en la construcción y la dificultad de hacer vivir juntas a las naciones que la formaban.

En otro artículo, François Musseau, corresponsal de Libération en Madrid, analizaba «Le nouveau visage de la droite dure» («La nueva cara de la derecha dura») y «Un État à la carte, tiraillé par les nationalismes» («Un Estado a la carta, desgarrado por los nacionalismos»). Después de que en Francia se tomase a la España de las autonomías como modelo para una Europa de las regiones, las reivindicaciones crecientes de algunas Comunidades Autónomas que, por otra parte, comentaba, gestionaban la mayor parte del presupuesto del Estado, un 68 por ciento de los gastos públicos, le parecían inquietantes.

Con un título llamativo, «Las Vegas gay au coeur de la Castille» («Las Vegas gay en el corazón de Castilla»), Charlotte Rotman, enviada especial en Campillo de Ranas, recordaba que el matrimonio gay se había legalizado en España en 2005, así como la posibilidad de adoptar, y que el alcalde del pueblo, Francisco Maroto, apicultor socialista, ya había casado a unas treinta parejas homosexuales, mientras otros alcaldes se negaban a hacerlo. La normalización rápida contrastaba de nuevo de manera implícita con la situación conflictiva en Francia.

Un ejemplo de inmigración enfocada positivamente había retenido la atención de los periodistas en Aguaviva, una pequeña aldea aragonesa de 750 habitantes, donde los rumanos habían reactivado el pueblo, desertificado por el éxodo rural, gracias a los trámites de su alcalde Luis Bricio. Este se había desplazado a Rumanía —después de fracasar con argentinos—, y la mayor parte de los nuevos habitantes venían del mismo pueblo, Unirea, situado a unos 500 kilómetros de Bucarest, con características parecidas a las de Aguaviva. Con su instalación había conseguido salvar la escuela primaria y abrir dos clases más. La vida había reaparecido con la apertura de comercios en un pueblo que ya no tenía casas abandonadas. Un auténtico ejemplo para los pueblos que se mueren en Europa. Todas las iniciativas en temas de sociedad muestran una actitud menos cautelosa que en Francia. A nivel político también España provocaba envidia: en «Socialistes espagnols: la gauche rêvée» («Socialistas españoles: la izquierda soñada»), el periodista Alain Duhamel explicaba que España tenía lo que Francia no había conseguido: un líder popular con una línea clara capaz de atraer a los electores.

Suelen insistir en los reportajes sobre el antiguo desfase con los otros países europeos, al constatar que en unos veinte años se había invertido la situación: de país retrógrado, se consideraba ahora a España como uno de los más adelantados en muchos sectores.

En cuanto a las costumbres, otros aspectos habían interesado a los reporteros. Un artículo sobre el botellón, de François Musseau, daba el ejemplo de Granada, que había previsto un lugar fuera de la ciudad —el Botellódromo— para que pudieran reunirse los jóvenes y llevar bebidas, evitando el impacto en la ciudad, donde ahora está prohibido beber en la calle. Un problema que se plantea también en el centro de otras ciudades europeas, aunque de manera menos aguda.

Arnaud Vaulerin, enviado especial en Barcelona, trataba el coalquiler practicado por los jóvenes asalariados de Barcelona como consecuencia del boom de los alquileres.

Otro artículo, titulado «Internet», en la sección de economía, estaba dedicado a Jun, un pueblo de 3.200 habitantes, situado cerca de Granada, un «pueblo internet», cuyo alcalde, José Antonio Rodríguez, era partidario de la «teledemocracia», comentaba el enviado especial, François Musseau. Otra pista válida para sus vecinos europeos para reactivar los pueblos y evitar la emigración, en vez de considerarla como una fatalidad.

Este dosier de Libération del 5 de marzo de 2008 intentaba ofrecer un balance completo de una sociedad en plena transformación, con resistencias en las áreas económica y social. Quedaba todavía la esperanza de que el país superara la crisis y de que no estallara la burbuja inmobiliaria. Se esperaba un mero efecto de corrección, pero la caída del sector de la construcción y de las obras (un 25 por ciento del PIB) afectó a otros sectores y aumentó el paro, haciendo bajar el consumo de las familias.

El 9 de marzo de 2008, en Le Monde, en una entrevista con Cécile Chambraud, Sylvia Desazars de Montgailhard,⁶⁴ franco-española, politóloga, profesora en Sciences Po (el Instituto de Ciencias Políticas) en París, advertía del fin del ciclo de prosperidad que la crisis mundial iba a acelerar, anunciando en el título «Les “trente glorieuses” de l’Espagne s’achèvent» («Los “treinta gloriosos” de España se están terminando»). Destacaba en la entrevista el contraste entre la percepción muy positiva desde fuera y la percepción negativa desde dentro:

Vista desde el extranjero, España parece cada vez más abierta y dinámica. Vista desde el interior, al contrario, parece fragilizada por las tensiones entre el Estado central y los nacionalismos vasco y catalán.⁶⁵

Explicaba la inquietud por el riesgo de desmembramiento del Estado como consecuencia de la ausencia de una definición clara del modelo territorial en la Constitución española de 1978, que dejaba la puerta abierta a redefiniciones. Algo que la prensa francesa tardó en ver, lo que explica las numerosas emisiones en televisión cuando se produjo el intento independentista catalán, difícil de entender para el centralismo francés.

Superada la crisis o en vía de superación, España se cita también como modelo en otros ámbitos, como su trabajo en el terreno de la transformación de la policía, con el ejemplo de una ciudad de las afueras de Madrid, que dio lugar, el 6 de abril de 2017, a otro reportaje de François Musseau en Libération: «A Fuenlabrada, la fin de la police “machiste, catholique et blanche”» («En Fuenlabrada, el fin de la policía “machista, católica y blanca”). En esta ciudad industrial de 200.000 habitantes, al suroeste de Madrid, sus 250 agentes se habían convertido en un modelo más allá de las fronteras del país por su respeto a los derechos del hombre, su profesionalidad y su gestión de la diversidad étnica, sexual y religiosa. Los habitantes, y los jóvenes en particular, hablaban de la Policía con respeto, incluso a veces con agradecimiento. Se había invitado a la policía del lugar a dar conferencias en Europa, desde La Rochelle hasta Bruselas, y la habían visitado, para inspirarse, representantes de Naciones Unidas, de la Autoridad Palestina y responsables israelíes. Fue en 2006 cuando Manuel Robles, quien dirigía el municipio, decidió humanizar la policía para luchar contra la discriminación que afectaba a muchos jóvenes, al proceder de fuera un treinta por ciento de ella. Desde entonces, cualquier control da lugar a un informe escrito y se da un recibo al controlado, en el que aparece su nacionalidad, pero no su origen, como es el caso a menudo en Francia, con controles realizados según los «perfiles raciales» (délit au faciès). Hay la mitad de controles que antes y la eficacia se ha triplicado. Describe el funcionamiento: existe una brigada de Diversidad, con seis agentes formados en el conocimiento de diversas culturas que hacen una visita mensual a los barrios para abordar temas conflictivos. Han integrado en ella a agentes de origen extranjero. El programa «Borrar el odio» obliga a los agentes a hacer desaparecer cualquier pintada de insulto en menos de 24 horas. Un trabajo de integración envidiable visto desde Francia, donde no se han conseguido resolver en ciertos barrios las violentas tensiones entre los jóvenes y la policía.⁶⁶ Me pareció interesante, como otro elemento de una España ejemplar, pero tiene un escaso eco en la prensa española y en la francesa, más preocupadas por los aspectos más negativos de la inmigración. El 17 de agosto de 2107, la redacción del canal francés LCI anunciaba un reportaje sobre la eficacia de la policía de proximidad,⁶⁷ un debate recurrente en Francia, y se refería a Fuenlabrada y a sus resultados, que «harían palidecer de envidia a muchos alcaldes».⁶⁸ Hay artículos puntuales para lo que sigue siendo una experiencia limitada, pero que va a seguir adelante. La Vanguardia señalaba el de abril de 2019: «Fuenlabrada se suma al proyecto europeo Clara para prevenir delitos de odio», que se desarrollará a través del servicio de Policía Local de Fuenlabrada, en colaboración con la Policía Local de Madrid y la Universidad de Salamanca.

Tal visión no es incompatible con otra más crítica. El 2 de septiembre de 2016, François Musseau recordaba en Libération los escándalos que contribuyeron a agravar la crisis de los bancos. Iniciaba su artículo con una fotografía de Rodrigo Rato, recordando que fue el presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2004-2007), ministro de Aznar (1996-2004) y llamado por los medios el «arquitecto del milagro español», acusado, con otros 64 colaboradores, de apropiarse, mediante tarjetas de crédito, de doce millones de euros de la caja de ahorros Bankia, salvada de la bancarrota en 2012 gracias al dinero público. Esas tarjetas blacks, opacas al fisco, servían para pagar clubes privados con prostitutas, hoteles de lujo, etc., en el peor momento de la crisis y de los desahucios. No había más comentarios, como si los datos fueran suficientes y quizás porque los escándalos en el mundo político son un tema sensible.

5. LAS PERSPECTIVAS HOY

Otro momento en el que el interés culminó fue el auge fulgurante del nuevo partido Podemos, en un momento en que Francia se hundía en un pesimismo creciente. François Musseau, el 17 de octubre de 2014, en Libération, no dudaba en hablar de «la saga de una success-story», evocando el aspecto «mesiánico» de su dirigente, su homonimia con el fundador del Partido Socialista y sus orígenes familiares, nieto de republicanos víctimas de los franquistas, pero, en mayo del 2018, la compra de su lujoso chalet cerca de Madrid se ha interpretado como el inicio de su caída. Citaban las duras críticas que había hecho antes el dirigente de Podemos a la «casta» política, alejada del pueblo, y las reacciones de sus oponentes políticos, a los que había dirigido sus lecciones de moral. Los resultados electorales confirman la tendencia a la baja.

Pese a todo, España ha conservado la imagen de un país dinámico, que se ha forjado en la Transición: ni el tema de las fosas de la Guerra Civil, ni la corrupción, ni la crisis han conseguido acabar con ella. Si se comentó el fin del reinado poco glorioso de Juan Carlos I, se recordó también su papel en la transformación de España e, inmediatamente, los medios se interesaron por la nueva imagen del país, encarnada ahora en la joven pareja real, Felipe y Letizia, símbolo de modernidad, como lo habían sido antes Juan Carlos y la reina Sofía. No olvidaban el papel trascendental del rey en la Transición, como lo indicaba otro artículo de François Musseau, corresponsal en Madrid, ahora de Le Point, el 2 de junio de 2014: «Espagne: Juan Carlos, héros de la démocratie».⁶⁹ Con la abdicación de Juan Carlos, la prensa se hizo eco brevemente de las aspiraciones republicanas de los que pedían un referéndum sobre la monarquía, pero pronto reconoció que los españoles habían acogido bien la decisión de Juan Carlos después de los múltiples escándalos, y tenían confianza en el rey Felipe, que parecía honrado. El 2 de junio, con el título «Espagne. Don Felipe, ou le sans faute d’un héritier ambitieux» («Don Felipe, o el recorrido sin falta de un heredero ambicioso»), Serge Raffy, en L’Obs —nuevo nombre de Le Nouvel Observateur desde 2014—, explicaba cómo su acceso al trono era vital para la monarquía después del deterioro que había marcado el final de reinado de su padre. Recordaba que este descendiente de Luis XIV lo era también «por su madre de Ernst August de Hannover y que, más que un temperamento latino, tenía más bien alma prusiana. Era disciplinado y riguroso, una baza para los españoles que aspiran al orden y que, como los franceses, observan con envidia el modelo económico alemán».⁷⁰ En junio de 2015, la prensa francesa se interesó unánimemente por la visita de Felipe VI y de la reina Letizia, que inauguraron con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, el «Jardín de los Combatientes de la Nueve», los voluntarios españoles de la 2.ª División blindada del general Leclerc, quienes fueron los primeros en entrar en París el 24 de agosto de 1944, y a reunirse con los veteranos de la Nueve en el ayuntamiento. El 3 de junio, L’Express titulaba: «Paris: le couple royal espagnol et Hidalgo inaugurent un jardin de mémoire» («París: la pareja real española e Hidalgo inauguran un jardín de la memoria»). El mismo día, el editorial de Le Parisien, «Hommage de Felipe VI aux libérateurs espagnols de Paris» («Homenaje de Felipe VI a los liberadores de París») reconocía el papel de la División Dronne, nombre de su capitán. Hubo que esperar hasta 2009 para que se pusieran doce placas en la capital para recordar su itinerario. El origen español de Anne Hidalgo y el homenaje del rey a unos españoles que habían combatido contra el fascismo parecía mostrar que este pasado ya era historia.

A través de una selección de ejemplos, he querido mostrar el papel de los medios franceses en la construcción de una España modélica más allá de la Transición, pero que tiene sus raíces en esta idea de un cambio total a partir de ella. Solo he evocado puntualmente el caso de las autonomías y del independentismo, que interesa e inquieta por los riesgos de desequilibrio que pueden provocar a nivel europeo. Otros temas, como El Valle de los Caídos y el traslado de Franco, son difíciles de entender para los franceses y, a menudo, son objeto de reportajes meramente informativos o de comentarios de especialistas.

No se trataba en este estudio de dar a conocer las representaciones de los españoles para el ciudadano de a pie francés —una figura bastante abstracta que necesitaría unas amplias encuestas sociológicas—, sino de seguir la reflexión de Ramón Luis Acuña en un período más amplio, en el que se han invertido las miradas entre los dos países vecinos, y ahora con una parte de la población procedente del otro. En España se han instalado franceses y en Francia llegaron españoles en diferentes olas, y algunos ahora ocupan destacados puestos: en un tiempo en que Europa ha de hacer frente a importantes desafíos, debería ser una baza para reforzarla.

NOTAS

33 ^{«Je rencontre tellement d’incompréhension entre les Espagnols et les Français! Et quand ils veulent se comprendre, parce que ce sont des peuples intelligents, ils le font seulement avec la tête. Nous sommes comme deux lignes parallèles qui n’arrivent pas à se rencontrer…». Las traducciones son personales.}

34 ^{Barcelona, Plaza & Janés, 1986.}

35 ^{http://torresolenergy.com/gemasolar/ Ha dado lugar a numerosos artículos en la prensa francesa.}

36 ^{Agradezco a Fernando Martínez, entonces director general para la Memoria Histórica, la oportunidad que me ha dado de volver sobre este tema, importante a la hora de reforzar Europa.}

37 ^{En colaboración con el Colegio de España de París, las universidades de Cádiz (GEHA), de Paris Nanterre (GREX-GRISOR, LIRE19-21) y, desde 2018, Paris Créteil (IMAGER). Ver: La Transición española. Nuevos enfoques para un viejo debate, Marie-Claude Chaput, Julio Pérez Serrano (eds.), Madrid, Biblioteca Nueva, 2015.}

38 ^{Al ser imposible en este marco proponer una bibliografía y un estudio exhaustivo, he seleccionado unos artículos o dosieres significativos en fechas puntuales para mostrar esta evolución.}

39 ^{Inmaculada Zaragoza García y Jesús A. Martínez Martín (coords.), Cuatro siglos de noticias en cien años/Hemeroteca Municipal/Una historia de la prensa, Ayuntamiento de Madrid y Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos de Madrid (eds.), 2018.}

40 ^{Emplearé el nombre del periódico cuando los artículos no estén firmados.}

41 ^{«Espagne: Ancien correspondant du «Monde», José-Antonio Novais est mort. Un homme de foi et de courage» («España: Excorresponsal de Le Monde, José-Antonio Novais ha muerto. Un hombre de fe y de valor»). «Tous l’informaient, et lui était leur avocat. Quelques lignes de José-Antonio Novais dans Le Monde, et un prisonnier politique pouvait être sauvé, une organisation protégée». «Tout ce que nous devons à Novais.», écrit justement, dans El País du 26 mars, Miguel-Ángel Aguilar, qui ajoute: «Être mentionné dans ses chroniques vous protégeait des tortures».}

42 ^{Sobre los exilios ver: París, ciudad de acogida: el exilio español durante los siglos XIX y XX, Fernando Martínez López, Jordi Canal, Encarnación Lemus López (coords.), Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), Madrid, Marcial Pons, 2010.}

43 ^{http://www.ruedoiberico.org}

44 ^{1960. Se había publicado primero en 1953 con el título de Mosén Millán.}

45 ^{«Le dernier pilier franquiste» («El último pilar franquista»), Le Monde, 7 de agosto de 1975.}

46 ^{«Dix condamnations à mort en moins de trois semaines. Et d’autres se préparent. Cette horreur n’a pas pour théâtre une lointaine contrée exotique, mais un grand pays proche de nous: cette Espagne où un dictateur qui n’en finit pas de vieillir entend maintenir, contre vents et marées, et fût-ce au prix du sang, des structures politiques et sociales héritées d’un autre âge.»}

47 ^{«Un défilé de protestation samedi à Paris» («Un desfile de protesta el sábado en París»), 20 de septiembre de 1975.}

48 ^{Págs. 20-21.}

49 ^{«Santiago Carrillo: la guerre est finie/ Ce que les Espagnols n’ont pas pardonné à leur leader historique». («Lo que los españoles no han perdonado a su líder histórico»).}

50 ^{Lo declaraba Alain Minc, presentado como un «consejero escuchado en el Elíseo», en Le Monde en 2009, cuando José Luis Rodríguez Zapatero afrontaba la crisis y las críticas: «Une Espagne affaiblie par la crise prend la présidence tournante de l’Europe» («Una España debilitada por la crisis toma la presidencia rotatoria de Europa»), Jean-Jacques Bozonnet, 30 de diciembre de 2009.}

51 ^{Remito a la polémica desencadenada por el artículo de Nicolás Masson de Morvilliers: «Pero ¿qué se debe a España? Y desde hace dos siglos, desde hace cuatro, desde hace diez, ¿qué ha hecho esta por Europa?». En Encyclopédie méthodique, Géographie moderne, vol. I. París, Charles-Joseph Panckoucke, 1782, págs. 554-568.}

52 ^{Director del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos (Madrid) desde 2012, y Profesor de Historia Contemporánea de España en la Universidad CEU San Pablo (Madrid) desde 2001.}

53 ^{Autor de Franco, la conquête du pouvoir, Denoël, París, 1975; Roman de Madrid, Éditions du Rocher, 2008; Juan Carlos, Tallandier, París, 2011, e Histoire de l’Espagne, Tallandier, París, 2015.}

54 ^{«[…] L’Espagne est passée de la dictature à la démocratie, de l’isolationnisme péninsulaire au Grand Marché européen. Sans bruit. 1992 sera l’année de son sacre: Exposition universelle à Séville et Jeux olympiques à Barcelone. Quel parcours!», «D’une arène à l’autre».}

55 ^{Su blog: http://gerardimbert.blogspot.com/p/bio-gerard-imbert.html}

56 ^{«Ce monarque d’allure très républicaine et d’esprit profondément démocrate est en effet l’artisan de l’Espagne contemporaine , redevenue un “grand” d’Europe, totalement engagée dans la Communauté, un foyer artistique et intellectuel étonnamment créatif, certainement le pays du vieux continent qui a le plus changé depuis vingt ans».}

57 ^{«Comment un petit país européen a-t-il pu supplanter le grand géant du Nord: les Étas Unis».}

58 ^{«Un pays de cocagne, l’Espagne?»}

59 ^{«[…] une nation en proie aux vieux démons de la division et de l’intransigeance».}

60 ^{«Et si le vrai miracle espagnol était là: dans al volonté des Espagnols de croire, malgré toutn, en l’avenir. Leur conviction que le pays a la capacité de surmonter ses difficultés. Que l’Espagne va a más (vers plus, vers mieux)».}

61 ^{«Le gouvernement double les crédits de la recherche/¡Florida no, California sí!» («El Gobierno duplica los créditos para la investigación/Florida no, ¡California sí!»).}

62 ^{«Comment l’Église tente d’excommunier la gauche» («Cómo la Iglesia intenta excomulgar a la izquierda»), François Meurisse.}

63 ^{«Et si il y avait une vérité au-delà des Pyrénées. L’Espagne longtemps pauvre et isolée, tout juste une destination de vacances bon marché est devenu un aimant pour la jeunesse européenne. L’homme malade à la politique réactionnaire, aux mœurs rétrogrades et à l’économie sous-développée est devenu un pays prospère et moderne.»}

64 ^{Autora de Madrid et le monde, París, CERI-Autrement, 2007.}

65 ^{«Vue de l’étranger, l’Espagne paraît de plus en plus ouverte et dynamique. Vue de l’intérieur, au contraire, elle paraît fragilisée par les tensions entre l’État central et les nationalismes basque et catalán.»}

66 ^{Fue primero una iniciativa de la fundación americana del millonario húngaro Geoge Soros. Se encuentran datos en informes oficiales en Francia sobre la relación entre Policía y ciudadanos.}

67 ^{https://www.lci.fr/societe/video-police-de-proximite-a-fuenlabrada-en-espagne-ca-marche-tres-bien-2061546.html}

68 ^{«Avec des résultats qui feraient pâlir d’envie beaucoup de maires».}

69 ^{Le Parisien proponía un título parecido: «Juan Carlos, héros de la Transition démocratique à la mort de Franco» («Juan Carlos, héroe de la Transicion democrática a la muerte de Franco»), Sébastien Lernould, 2 de junio de 2014.}

70 ^{«Ce descendant de Louis XIV, mais aussi, par sa mère, de Ernest August de Hanovre, n’a pas un tempérament latin, mais plutôt l’âme prussienne. Il est discipliné et rigoureux. Un atout pour les Espagnols qui rêvent d’ordre et qui, comme les Français, observent avec jalousie le modèle économique allemand».}

LA CONSTITUCIÓN DE ESPAÑA DE 1978 Y LAS CIENCIAS SOCIALES FRANCESAS

BERNARD VINCENT

Historiador. Director Emérito de Estudios de l’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris

En una carta dirigida a José Antonio Maravall, el hispanista francés Robert Ricard se queja el 16 de marzo de 1965 de su aislamiento intelectual y físico. Y precisa: «a ello se añade […] la indiferencia del público francés por todo lo español y portugués, con la excepción, en cierta medida, de la llamada América latina, que está de moda, aunque la gente la entiende solo a medias. En Francia el hispanista debe tener la abnegación de aceptar de antemano la postergación y la oscuridad».⁷¹ Se puede suscribir a las palabras del insigne catedrático y considerar que su afirmación quedó válida al menos hasta la muerte de Franco. Pocos franceses aprendían español, y la inmensa mayoría de los que cruzaban la frontera pirenaica lo hacían para una estancia veraniega en alguna playa. Yo estaba personalmente rodeado de amigos que habían jurado no ver el sol español mientras vivía el dictador y que no entendían mi interés por el país vecino. La prensa dedicaba poco espacio a la situación española, y me acuerdo de un periodista muy conocido que en 1973 vino a verme para pedir consejo para la preparación de un reportaje en España. Leyendo unas semanas más tarde su artículo me enteré de que mi ejemplar del libro de Gerald Brenan El laberinto español, cuya lectura le había recomendado y que él había llevado a Madrid a pesar de mis advertencias, había sido confiscado por la policía.⁷²

Casi medio siglo después, el panorama ha cambiado sustancialmente. La España aislada, olvidada, diferente, como se decía a menudo, ha dejado sitio a la España dinámica, abierta y plenamente europea. Hoy la lengua española es el segundo idioma impartido en la enseñanza secundaria francesa, después de superar al alemán. Más de dos millones de alumnos están estudiándola, alrededor del setenta por ciento del total del alumnado, gracias a la obligación del aprendizaje de una segunda lengua a partir del tercer año de bachillerato. España es un destino preferente de los turistas franceses, naturalmente por las playas, pero también por los museos de Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valladolid, etc., o por el camino de Santiago o el del Quijote. La cultura y el deporte atraen mucho público, desde Almudena Grandes a Fernando Aramburu, desde Pedro Almodóvar a Plácido Domingo, desde Rafael Nadal al Real de Madrid o el Barça. Y a la gran exposición de Velázquez en París en 2015 le sucedió una igualmente importante dedicada al Greco.

No todo está perfecto. Hemos podido escuchar, atónitos, en 1993 a una periodista anunciar en un telediario que el señor Henri (Enrique) Batasuna había conseguido un escaño de diputado. Hoy la información dada por los medios de comunicación es escasa, salvo en casos de acontecimientos espectaculares o de crisis profunda. Sin embargo, en estas últimas circunstancias la cobertura ofrecida por la prensa —que casi nunca tiene corresponsales permanentes en España, con la notable excepción del periódico Le Monde— es un claro ejemplo del pobre nivel medio de conocimientos sobre el país que tiene la mayor parte de la sociedad francesa. El tratamiento de la actual crisis de Cataluña constituye un excelente ejemplo de esta realidad. De pronto, entre septiembre y noviembre de 2017, abundaron artículos de prensa y debates televisivos sobre el tema —con lagunas y errores—, pero aquel intenso tiempo fue seguido por un gran silencio apenas interrumpido por el anuncio de la apertura del procés el 12 de febrero de 2019. En estas circunstancias, 41 senadores franceses poco informados, pertenecientes a casi todas las formaciones políticas, han firmado un texto denunciando la represión de la cual serían víctimas los líderes catalanes independentistas. Dentro de este panorama, dos fases de la historia de España han suscitado un enorme interés y hasta un gran entusiasmo. Son el período de la Transición, por una parte, y el año 1992, por otra. Este, con la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la de la Exposición Universal de Sevilla, reveló al mundo en general y a los franceses en particular el potencial y el dinamismo de un gran país. El reconocimiento de esta realidad fue claramente expresado en París con un acto inédito el 7 de octubre de 1993, cuando el rey Juan Carlos I pronunció un discurso en la Asamblea Nacional, siendo el primer jefe de estado invitado en hacerlo. La Transición tuvo todavía más impacto, porque su desarrollo sorprendió a todos e hizo caer muchos prejuicios. Para muchísimos ciudadanos de distintos estados, y entre ellos Francia, la Transición se convirtió progresivamente en un modelo. Dos semanarios, l’Express y Le Point, designaron en 1979 a Adolfo Suárez como el hombre del año. Y a menudo hemos olvidado que después de la caída del muro de Berlín, cuando por todas partes se preguntaba cómo salir del comunismo en la Europa del Este, se impuso el proceso de la democracia española como ejemplo a seguir. En el proceso de la Transición obviamente la Constitución de 1978 es un elemento clave, que ha sido objeto de muchos comentarios desde su elaboración hasta hoy.

Historiadores, politólogos y juristas franceses le han dedicado libros y artículos. Así disponemos de siete historias de España contemporánea publicadas en Francia: la de Emile Témime, Albert Broder y Gérard Chastagnaret en 1979; la de Guy Hermet en 1986; la de Alino Angoustures en 1993; la de Guy Lemeunier y María Teresa Pérez Picazo en 1994; la dirigida por Jordi Canal en 2009; la de Benoît Pellistrandi en 2015 y la de Marie-Claude Chaput y Julio Pérez Serrano en 2018.⁷³ La distribución cronológica de estas obras alargadas en el tiempo constituye, más allá del contenido de cada una, un elemento suplementario de interés. A ellas podemos añadir los capítulos dedicados a la época contemporánea en las historias de España, una dirigida por Bartolomé Bennassar, que data de 1985, y otra escrita por Joseph Pérez en 1997.⁷⁴ Varios de estos libros han tenido un notable eco en la opinión pública.

El primero de todos, el de Témime, Broder et Chastagnaret, llamó particularmente la atención porque estuvo redactado inmediatamente después del referéndum que aprobó la Constitución, el 6 de diciembre de 1978. La última frase de la introducción es significativa: «España parece entrar en una era nueva, bajo el símbolo del «consenso» político, fenómeno inédito e importante cuyo impacto no se puede todavía apreciar».⁷⁵ Los autores resumen dos veces el contenido de la Constitución: «el consenso facilita, a pesar de algunas discrepancias, la redacción de una constitución democrática, admitiendo el principio de las autonomías regionales, condenando la tortura y aboliendo la pena de muerte», y luego: «en muchos aspectos, la nueva Constitución —quizás algo demasiado larga y detallada— es un modelo democrático: confirmación parlamentaria del primer ministro, abolición de la pena de muerte, condena constitucional de la violencia y de la tortura, reconocimiento del a diversidad regional en la unidad nacional».⁷⁶ A este corto balance positivo se añade la enumeración de los problemas que la joven democracia debe afrontar, los de tipo económico y los de tipo político —resistencia de los medios de extrema derecha—, pero también otros que, a ojos de los tres historiadores, han sido contemplados por la Constitución sin estar resueltos. Se trata de la cuestión de la laicidad y de las autonomías. En el primer caso, se alude a las presiones de la Iglesia católica y, en el segundo, a la ambigüedad del texto constitucional, que hace pensar a un «vago estatuto a la italiana».⁷⁷

Unos años más tarde, tanto Bartolomé Bennassar como Guy Hermet insisten en los mismos temas. Subrayan la importancia del consenso que conduce a una constitución moderna, realmente democrática, con dos cámaras. Guy Hermet precisa que, más allá de su contenido democrático y favorable a los particularismos regionales, la Constitución contiene un alto numero de disposiciones que pueden disgustar a los sectores conservadores, como la abolición de la pena de muerte o el principio de laicidad del Estado, a pesar de las reticencias de la Iglesia.⁷⁸ Bartolomé Bennassar cita la condena de la tortura y la abolición de la pena de muerte, y da más detalles sobre el régimen de las autonomías y sobre la libertad religiosa. Por una parte, indica que cada región puede dotarse de un estatuto particular, de un Gobierno regional y, eventualmente, de una segunda lengua oficial. Por otra, pone énfasis en el artículo 16, subrayando que, si ninguna confesión tuviera carácter estatal, el Estado tomaría en cuenta las creencias de la sociedad, manteniendo relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones.⁷⁹

Las obras de la última década del siglo XX (Angoustures; Lemeunier-Pérez, Pérez) coinciden en lo esencial del análisis de la Constitución con las anteriores: Estado de derecho democrático y social; abandono de la confesionalidad; reconocimiento del particularismo regional y abolición de la pena de muerte. La atención prestada por todos los autores a estas cuatro materias es reveladora de la lectura de la Constitución y del examen de su contexto por los franceses, tanto por los expertos como por la opinión pública. La primera, el establecimiento de un Estado de derecho democrático, es evidentemente la base de todo el dispositivo constitucional. Pero es interesante constatar la poca referencia en los textos aquí citados a la forma monárquica de Estado, como si no se entendiera la concesión hecha por los republicanos españoles. Es verdad que corrían por el mundo, y en particular por Francia, muchos chistes sobre «Juan el breve».

Luego son muy significativos los largos comentarios a los artículos 15 y 16 que figuran en el título I, el de los derechos y deberes fundamentales. El artículo 15, sobre el derecho a la vida y a la integridad física y moral, es el de la abolición de la pena de muerte, salvo en lo que pueden disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Esta restricción ha sido abolida por una ley de 1995, con la cual las referencias legales a la pena de muerte han desaparecido definitivamente del ordenamiento jurídico español. Es necesario subrayar que cuando se adoptó la Constitución española de 1978 seis condenados a muerte estaban en Francia esperando el día de su ejecución. La pena fue abolida por iniciativa del presidente de la República François Mitterrand el 29 de octubre de 1981, a pesar de la opinión pública mayormente contraria a la medida. Y entre 1984 y 1995, fueron presentadas en el Parlamento francés 27 propuestas de ley a favor de su restablecimiento. En estas condiciones, la insistencia de los historiadores resaltando el contenido del artículo 15 traduce el asombro de la sociedad francesa ante una decisión de esta índole cuando España estaba sufriendo varias formas de terrorismo. De esta manera, la sociedad española se revelaba más progresista que la francesa.

La atención al artículo 16 subraya también la distancia existente entre las dos naciones. Este artículo asegura la libertad ideológica, religiosa y de culto, amparada por la aconfesionalidad del estado. Pero ya hemos visto que, si todos los historiadores y politólogos franceses lo destacan como un elemento clave de la Constitución, y reflejo de la búsqueda de los redactores para expresar el consenso, las interpretaciones que dan del texto difieren netamente. Mientras Guy Hermet no vacila en afirmar la existencia en la Constitución de la laicidad del Estado, a pesar de la oposición de la iglesia, y Guy Lemeunier y María Teresa Pérez Picazo hablan sin el menor reparo del abandono de la confesionalidad, Emilie Témime, Albert Broder y Gérard Chastagnaret emplean la misma palabra: «abandono», pero para ellos se trata del abandono del reconocimiento de la laicidad.⁸⁰

El mismo artículo se estudió en 2003 en un trabajo preciso de la politóloga Claude Proeschel. Ella subraya que la mención explícita de la iglesia católica en el párrafo 3 del artículo 16 fue el resultado de la toma en cuenta de la realidad histórica y sociológica de España, y permitió pasar pacíficamente a un estado no confesional. Concluye que, si en este asunto, como en muchos otros contemplados en la Constitución, nadie estuvo satisfecho por la redacción definitiva, esta fue, sin embargo, aceptable por casi todos los sectores de la sociedad.⁸¹ Comparando las relaciones entre Estado e Iglesia en Francia y en España, en un libro de 2005, la misma autora desarrolla la idea de aplicaciones distintas de la laicidad a partir de las identidades y tradiciones nacionales y religiosas, ya apuntada en el texto publicado en 2003.⁸²

Pero en el momento de la adopción de la Constitución, buena parte de la opinión pública francesa pensaba que la fórmula original del aconfesionalismo adoptada abría la puerta a intervenciones de la Iglesia católica, invocando principios morales en asuntos relativos a los derechos individuales. Hubo desde luego presiones, pero, en términos generales, no tuvieron mucho efecto, por dos principales razones: el funcionamiento satisfactorio de la democracia, con alternancia de mayorías políticas, y la progresiva laicización de la sociedad española. Entre 1978 y 2018 se han aprobado y aplicado la Ley orgánica sobre la libertad religiosa y la ley que permite el divorcio en 1980, la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) y la legalización limitada de aborto en 1985, los acuerdos de cooperación con el islam, el judaísmo y el protestantismo en 1992, la ley sobre las violencias conyugales en 2004, la del matrimonio homosexual en 2005, la de la reproducción asistida en 2006 y las leyes de 2010 y 2015 sobre el aborto. Podemos decir que buena parte de este cuerpo legislativo es hijo de la Constitución de 1978. Así, en el preámbulo de la LODE se puede leer: «Es por fin una norma de convivencia basada en los principios de libertad, tolerancia y pluralismo, y que se ofrece como fiel prolongación de la letra y el espíritu del acuerdo alcanzado en la redacción de la Constitución para el ámbito de la educación». El conjunto hace de España un país entre los más adelantados del mundo en materia de derechos y libertades. El contraste con el caso francés es elocuente. Conocemos todos el clima muy tenso en el cual se adoptó, después de cuatro años de debates parlamentarios y de muchas presiones adversas, la ley del matrimonio homosexual, en 2013. La relativa a la reproducción asistida se presentó en el parlamento en el año 2019. La opinión pública francesa ha constatado —y la prensa se ha hecho eco varias veces de ello— que el compromiso representado por la Constitución española de 1978 no ha frenado en muchos campos una importante y continua evolución.

El último gran tema de los comentarios de los expertos franceses es el que corresponde al título 8 de la Constitución. Pero, si bien cada uno reconoce su importancia, se limitan generalmente a señalar el espíritu general del texto, sin entrar en detalles y sin aventurarse en valoraciones. Se limitan, generalmente, a indicar que el funcionamiento fue progresivo entre 1977 —es decir, antes de la aprobación de la Constitución— y la promulgación de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), el 23 de septiembre de 1983, y que el régimen autonómico no es el mismo para todas las regiones, siendo especial o general. La cautela de los autores me parece que se debe a dos razones. Por una parte, la España «de las autonomías» es un modelo tan alejado del centralismo francés que hace cuestionar a muchos observadores la eficacia de su funcionamiento. Por otra, las diferencias de régimen, de tamaño, de población, de recursos, etc., sorprenden e inquietan. Se habla de un sistema ambiguo. No obstante, Bartolomé Bennassar, en 1985, después de haber enumerado los posibles inconvenientes, atomización del Estado y elevado coste, concluye que la instauración de comunidades autónomas provoca el desarrollo de la conciencia regional y permite reaccionar contra los abandonos que sufren varias regiones.⁸³

Los juristas franceses que han estudiado la Constitución, principalmente Pierre Bon y Franck Moderne, autores de un libro sobre las autonomías regionales, son evidentemente más precisos. Insisten en la diferencia entre estatutos que rigen las regiones y una constitución que rige el Estado unitario.⁸⁴ Pierre Bon ha vuelto varias veces en sus análisis del régimen autonómico español, primero en 1994 y después en 2008, en la introducción de un coloquio que él organizó en Pau para celebrar el 30 aniversario del texto —titulado la Constitution espagnole face à ses défis—, en la cual participaron doce juristas españoles.⁸⁵ Cuatro temas habían sido elegidos: derechos fundamentales, categorías de normas, instituciones nacionales e instituciones autonómicas. El estudio de estas últimas estuvo confiado a Juan Luis Requeno Pagès, que examinó la evolución general del Estado de las autonomías, y a Enoch Alberti, que lo hizo sobre los nuevos estatutos de autonomía. Los trabajos de Pierre Bon han nutrido para el caso español la reflexión de Gérard Marcou, autor en 1999 de un informe sobre la regionalización en Europa destinado al Parlamento Europeo. Estableciendo una tipología de las modalidades europeas de la regionalización, desde la descentralización regional francesa hasta el régimen de las unidades directivas de Bélgica, pasando por la regionalización por las colectividades existentes y la regionalización administrativa, destaca la originalidad del modelo español, calificado de regionalización política.⁸⁶ En 2013, Benoît Pellistrandi llega a la misma conclusión. Escribe que definir el Estado español es una apuesta intelectual. «No es un Estado federal ni un Estado regional», sino un «Estado de autonomías». Politólogos e historiadores no vacilan en hablar sin embargo de Estado semifederal. Otros evocan una «nación de naciones» o un «Estado plurinacional». Esta noción de autonomías como entidad regional dotada de competencias propias es pues una invención española.⁸⁷

Si bien el modelo está considerado como original e inventivo, suscita a la vez inquietudes entre los expertos franceses. «El dispositivo», dice Marcou en 1999, «ha conducido a una muy grande heterogeneidad de situaciones, además acentuada en evoluciones posteriores, sobre todo por las opciones en materia de competencias y de financiamiento de las comunidades autónomas». Y termina apuntando el riesgo representado por las reivindicaciones de tipo étnico u identitario que conducen a estructuras asimétricas.⁸⁸ Y es significativo que el blog DDJ Doc du Juriste, muy consultado, haya afirmado en febrero de 2012 que el título VIII de la Constitución, el refererido a la organización del territorio y a las comunidades autónomas, parece a menudo poco satisfactorio. «Imprecisión», «ambigüedad», «heterogeneidad» son las palabras que una y otra vez utilizan los observadores franceses.⁸⁹

Hacer estas reservas, presentar estas preguntas conduce a interrogarse sobre los limites del consenso que precedieron a la redacción de la Constitución de 1978. De ahí a cuestionar lo que fue la realidad de la Transición hay un paso que ha sido efectuado por varios investigadores. En 2002, Bénédicte André-Bazzana presentó una tesis dirigida por Guy Hermet y publicada en 2006 en español con el título de Mitos y mentiras de la Transición.⁹⁰ En ella considera el discurso sobre la reconciliación entre vencedores y vencidos de la Guerra Civil como el establecimiento de una memoria oficial construida para y por el poder. La autora examina los mecanismos de selección de esta construcción que ha sido instrumentalizada durante tres décadas.

Otros expertos, como Matthieu Trouvé, politólogos, como Bénédicte André-Bazzana, e historiadores, como Sophie Baby, han seguido esta vía. El título del libro —sacado también de una tesis— de esta última está claro, se trata de analizar «el mito de la transición pacífica». La memoria promocionada omite totalmente la existencia de una violencia de muchos movimientos —y no solamente de ETA— y también del Estado de transición a través, por ejemplo, de la acción de los grupos antiterroristas de la liberación (GAL). Sophie Baby cuenta hasta 3.200 actos de violencia y 714 individuos muertos por razones políticas entre noviembre 1975 y octubre 1982. Para estos autores la ley de amnistía del 15 de octubre de 1977 tenía valor de ley de impunidad.⁹¹

Todos estos datos son ciertos. Y la interpretación también. De hecho, muchas heridas sufridas por los vencidos no fueron cicatrizadas. Sus descendientes han sido los principales artífices de la Ley de Memoria Histórica. Pero la pregunta fundamental se puede formular sencillamente. En 1978, ¿era una necesidad histórica el consenso? Con varias décadas de diferencia, se puede inferir la respuesta. Los «padres de la Constitución», de tendencias políticas distintas, lo tenían muy claro. Hicieron concesiones y sacrificios, dejando a sus sucesores el arreglo de problemas coyunturalmente insuperables. La puesta en cuestión del consenso es, como lo apunta Benoît Pellistrandi, «un efecto de moda consecuencia del olvido de las condiciones concretas del contexto del momento».⁹² Llama la atención el diferencial de percepción entre las generaciones, en Francia como en España. Los autores que enfatizan el mito del consenso no han vivido el período de la Transición.

Como historiador, querría terminar insistiendo sobre la importancia de tomar en cuenta el contexto. A los fundamentales elementos de política interna de la España de los años 1975-1982, es necesario añadir los de la política internacional. Insistiré aquí sobre las múltiples dificultadas afrontadas por la joven democracia y, más particularmente, en el de las relaciones hispano-francesas. El gran objetivo de la joven democracia española era ser miembro de la Comunidad Económica Europea. Pero el camino fue largo hasta su consecución, el 1 de enero de 1986. Se expresaron pronto reticencias, sobre todo en los Países Bajos, en Italia y en Francia, provocando muchas quejas españolas. La actitud francesa procedía de tres elementos. Primero, la existencia de los prejuicios tradicionales: la España que salía de más de 35 años de dictadura no podía convertirse de la noche a la mañana en una democracia adulta. La arrogancia francesa estaba personificada, por ejemplo, en el presidente Valéry Giscard D’Estaing, que pretendía ser el protector del nuevo régimen y dar consejos, o por el muy mediatizado Bernard Henry Levy, que vino a Madrid para dar una lección de prácticas democráticas. Luego, si las policías española y francesa cooperaban para combatir las acciones de ETA, Francia justificaba su negativa de extradición de terroristas invocando, hasta mediados de 1984, el estatuto de refugiado político. Y la posible adhesión de España a la Comunidad Económica Europea provocaba la ira de campesinos de distintos países, entre ellos de los agricultores del sur de Francia, amenazados por la competencia de los productos españoles. El 25 de abril de 1976, el presidente de la federación nacional de los productores de legumbres declaraba: «Sí a Europa, no a España y a Grecia». A ellos se sumaban los pescadores, preocupados por la potencia pesquera española. Los años de la década de 1980 fueron marcados por un sinfín de incidentes, como quemas de camiones —nueve tan solo el mes de mayo de 1983— o el tiroteo contra un barco pesquero de Ondarroa en 1984. El partido comunista francés era muy hostil a la entrada de España en la CEE; Jacques Chirac, líder del Rassemblement pour la République (RPR), fue muy ambiguo en sus declaraciones; el partido socialista se mostró favorable, con bastantes matices.⁹³ La tensión entre gobiernos alimentaba una violenta campaña de la prensa española denunciando lo que parecía ser una traición francesa. Cambio 16 llegó a publicar un número con una portada en la cual estaba escrito en diagonal en letras mayúsculas «MERDE». En la primavera de 1980 circuló en España un libelo anónimo, impreso en Valencia, titulado Contra los franceses, donde se dice. por ejemplo: «No fueron por desgracia los Pirineos barrera infranqueable ni cordón sanitario tan eficaz para los españoles como lo fue el Canal para los ingleses».⁹⁴ Los viajes oficiales de Valéry Giscard d’Estaing en 1978 y de François Mitterrand en 1982 se desarrollaron en un clima singularmente frío. Sin embargo, a consecuencia del segundo y de la llegada de Felipe González al poder, las relaciones mejoraron progresivamente. Cambio 16 publicó en julio de 1984 un dosier cuyo título, España-Francia, la guerra ha terminado, figuraba debajo de una foto de Felipe González y François Mitterrand, muy sonrientes.

A principios de 1985, los reparos franceses se habían desvanecido. El 12 de febrero, François Mitterrand podía confesar «que la decisión de la entrada de España había sido una responsabilidad difícil de tomar». El acuerdo de entrada en la CEE fue obtenido durante el verano de 1985. Se ha podido escribir que esta entrada en la CEE significaba una integración plena y entera de España en el concierto internacional después de un aislamiento casi secular.

El 1 de enero de 1986 comenzó una nueva era. La relevancia de este hecho me parece que no ha sido suficientemente subrayada. Es una de las mayores consecuencias del espíritu que ha reinado en la redacción y la promulgación de la Constitución. Por eso tengo, desde una perspectiva francesa, una visión peculiar del tiempo de la Transición. Unos consideran que ocurrió entre el verano de 1976 —desmantelamiento de las instituciones franquistas— y la adopción de la Constitución en diciembre de 1978; otros, entre el 17 de noviembre de 1975 —muerte de Franco— y octubre de 1982 —llegada al poder de Felipe González—. Propondría para definir la Transición abarcar un período más largo, del 17 de noviembre de 1975 al 1de enero de 1986, porque permite reunir los desafíos internacionales y los desafíos internos y medir mejor tanto el camino hecho desde el aislamiento hasta la participación en la construcción europea como la complejidad de la labor realizada en aquellos diez años.

NOTAS

71 ^{Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla la Mancha, Ciudad Real, fondo Maravall.}

72 ^{Gerald Brenan, Le labyrinthe espagnol. Origines sociales et politiques de la Guerre Civile, París, Ruedo Ibérico, 1962. La versión en inglés, The Spanish Labyrinth: An Account of the Social and Political Background of the Civil War, fue publicada por Cambridge University Press en 1943.}

73 ^{Emile Témime, Albert Broder y Gérard Chastagnaret, Histoire de l’Espagne contemporaine, Aubier, París, 1979; Guy Hermet, L’Espagne au XXe siècle, París, PUF, 1986; Aline Angoustures, Histoire de l’Espagne au XXe siècle, Editions Complexe, Bruselas, 1993; María Teresa Perez Picazo y Guy Lemeunier, L’Espagne au XXe siècle, Armand Colin, París, 1994; Benoit Pellistrandi, Histoire de l’Espagne, des guerres napoléoniennes à nos jours, Perrin, París, 2013; Jordi Canal, Stéphane Michonneau, Sophie Baby, Jean-Philippe Luis y Mercedes Yusta, Histoire de l’Espagne contemporaine, Armand Colin, París, 2014; Marie-Claude Chaput y Julio Pérez Serrano, Civilisation espagnole contemporaine (1868-2018), París, PUF, 2018.}

74 ^{Bartolomé Bennassar (dir.), Histoire des Espagnols, VIe-XXe siècle, Armand Colin, París, 1985; Joseph Pérez, Histoire de l’Espagne, París, Fayard, 1997.}

75 ^{Emile Témime, Albert Broder y Gérard Chastagnaret, op. cit., pág. 12.}

76 ^{Ibid., pág. 305.}

77 ^{Ibid., pág. 303.}

78 ^{Guy Hermet, op. cit. pág. 281.}

79 ^{Bartolomé Bennassar (dir.), op. cit., pág. 975, París, Robert Laffont, 1992, 2.ª ed.}

80 ^{Guy Hermet, op. cit., pág. 281; María Teresa Pérez Picazo, Guy Lemeunier, op. cit., pág. 119; Emile Témime, Albert Broder, Gérard Chastagnaret, op. cit., pág. 303.}

81 ^{Claude Proeschel, «Les relations Eglise-Etat dans la Constitution espagnole de 1978», Pôle Sud, 18, mayo de 2003, pág. 133-149.}

82 ^{Claude Proeschel, L’idée de la laïcité. Une comparaison franco-espagnole, París, L’Harmattan, 2005.}

83 ^{Bartolomé Bennassar, op.cit., pág. 966, Robert Laffont, 1992, 2.ª ed.}

84 ^{Pierre Bon y Franck Moderne, Les autonomies régionales dans la Constitution espagnole, París, Economica, 1981.}

85 ^{Pierre Bon, Espagne, «L’Etat des autonomies», en Christian Bidégaray (dir.), L’Etat autonomique: forme nouvelle ou transition en Europe, París, Economica, 1994. El coloquio ha sido publicado: Pierre Bon ed., Trente ans d’application de la Constitution espagnole, Dalloz, Ginebra, 2009. La introducción escrita por Pierre Bon tiene por título «La Constitution espagnole face à ses défis».}

86 ^{Gérard Marcou, La régionalisation en Europe, informe para el Parlamento Europeo, Bruselas, 1999, pág. 29.}

87 ^{Benoît Pellistrandi, op. cit., pág. 504.}

88 ^{Gérard Marcou, op. cit., pág. 57.}

89 ^{El termino ambigüedad aparece también en un texto de otra jurista, Annie Garissou, «Démocratie et régime local ou les hypothèses d’une transition», Mélanges de la Casa de Velázquez, 1982, tome 18/1, págs. 381-417.}

90 ^{Bénédicte André-Bazzana Mitos y mentiras de la Transición, El viejo topo, Madrid, 2006. La tesis francesa tenía por título «Le modèle espagnol de transition à la démocratie».}

91 ^{Sophie Baby, Le mythe de la transition pacifique : violence et politique en Espagne (1975-1982), Madrid, Casa de Velázquez, 2012}

92 ^{Benoît Pellistrandi, op.cit, pág. 498}

93 ^{Matthieu Trouvé, «Une querelle agricole, le Midi de la France et l’adhésion de l’Espagne à la CEE «, Annales du Midi, 2005, pág. 203-227}

94 ^{Contra los Franceses. Sobre la nefasta influencia que la cultura francesa ha ejercido en los países que le son vecinos y especialmente en España.}

LA CONSTITUCIÓN DE 1978 EN PERSPECTIVA HISTÓRICA. VISIONES DESDE ESPAÑA

SIGNIFICADO, IMPACTO Y BALANCE DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978 EN NUESTRA HISTORIA. UNA VISIÓN DESDE ESPAÑA

CÉSAR LUENA

Doctor en Historia

INTRODUCCIÓN

El significado, impacto y balance de la Constitución de 1978 en nuestra historia, en la explicación del pasado reciente y en la configuración del presente son, a pesar de los aspectos negativos y de los problemas todavía existentes, extraordinariamente positivos. La historiografía que abarca este período así lo atestigua.

Es por eso por lo que incorporamos las reflexiones de varios de los grandes historiadores españoles que nos aportan su visión desde España al esquema teórico que aportamos en el presente trabajo.

Precisamente, uno de los principales historiadores de la España contemporánea, Juan Pablo Fusi, fija en el texto constitucional los siguientes avances: las libertades democráticas, los partidos políticos y los sindicatos, la abolición de la pena de muerte, la mayoría de edad en dieciocho años, el estado aconfesional, la legalización del divorcio, la libertad de empresa y la economía de mercado. «España se redefinía, en suma, como un estado social y democrático de derecho, como una democracia plena y avanzada».⁹⁵

En efecto, España ha alcanzado el grado de democracia plena durante este período histórico. Nunca antes lo había conseguido. Y lo más importante, según los principales indicadores de análisis sobre el estado de las democracias, como The Economist, todavía lo sigue siendo hoy en día.

Entre la muerte de Franco y la elaboración, aprobación y votación en referéndum de la Constitución, en España se dieron las condiciones para que se pudiera llevar a cabo con éxito lo que en este texto denominamos como una reforma constituyente pragmática y moderada.

A ello se llegaba gracias a la concepción que había en España entre los opositores a la dictadura acerca de la reconciliación desde los años cuarenta y cincuenta.⁹⁶ Porque «la transición no era nueva, sino vieja de treinta años, en su exigencia básica: fin del discurso de la guerra, reconciliación, amnistía y renuncia a la revancha: eso estaba dicho y repetido desde los años cuarenta».⁹⁷

No en vano, Javier Tusell ya dijo que «lo que llama la atención en el proceso de transición español es, al mismo tiempo, lo claro que estuvo el objetivo final y lo imaginativo que resultó el proceso hasta llegar a él», porque, seguiría diciendo, «como ha escrito uno de los ponentes de la Constitución —Miquel Roca— esta fue redactada no solo “desde el consenso, sino también para el consenso”, en el sentido de que necesita para funcionar una voluntad coincidente superior a la de la mayoría parlamentaria». Para el gran historiador barcelonés, «el modo de llegar a este consenso final fue la consecuencia de un proceso diario en el que no quedaba más remedio que imaginar soluciones, por la sencilla razón de que no existían las referencias históricas o políticas en las que basarse. Es, simplemente, falso que alguno de los grandes protagonistas tuviera un plan detallado al margen de sus buenos deseos. Fue necesario, por tanto, recurrir a la innovación, y esta dio resultado y convirtió al caso español en modélico».⁹⁸

Es, por tanto, evidente que en su construcción o proceso de elaboración imperó un espíritu netamente constituyente y consciente de que se debía construir algo nuevo en el marco de una oportunidad única e irrepetible que no se podía desaprovechar.

Esa democracia comenzó a andar con la mejor aportación que podía recibir por parte de los ciudadanos, de los partidos políticos y de los medios de comunicación: moderación y pragmatismo, que fueron los grandes factores conductuales estabilizadores de la etapa de redacción y negociación del texto. Ni ruptura, ni revolución, ni reacción. Una reforma constituyente pragmática y moderada.⁹⁹

La Constitución, como explica Santos Juliá, fue el «resultado de una transacción entre diferentes proyectos, no de la imposición de una mayoría sobre la minoría, el texto promulgado constituye una novedad en la historia constitucional de España. Basado en los principios de igualdad, libertad y pluralismo político, el Estado se define como democrático y social de derecho, se organiza como monarquía parlamentaria y “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” dentro de “la indivisible unidad de la patria”».

Por otro lado, sigue Juliá, «con los llamados «poderes fácticos», la Constitución mantiene una relación no carente de ambigüedad: no reconoce religión oficial alguna, pero menciona expresamente a la Iglesia católica; la primera referencia a las Fuerzas Armadas, a las que se asigna la misión de «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional», se encuentran en el título preliminar que, en contrapartida, constitucionaliza también la existencia de partidos políticos, sindicatos y agrupaciones patronales. En la larga relación de derechos y deberes que ocupa el título I se abre la vía al divorcio y se constitucionaliza el derecho de huelga, aunque no el de objeción de conciencia. El Estado debe promover el bienestar en un orden de economía mixta y reconocimiento de la propiedad privada y del mercado libre, aunque con un sector público y con la intervención por medio de la planificación económica y hasta de la incautación de la propiedad en caso necesario. En fin, la Constitución limita los poderes de la Corona, consagra el bicameralismo, con criterios de representación proporcional para el Congreso, mientras opta para el Senado por un sistema mayoritario y por una representación igual por provincia. Como muestra de una arraigada desconfianza al parlamentarismo y con objeto de garantizar la estabilidad de Gobierno, introduce el voto de censura constructiva, con presentación de un candidato a la presidencia y la imposibilidad de volver a plantearlo en el mismo período de sesiones».¹⁰⁰

Es precisamente por toda esta relación de características, que tan bien recoge en su trabajo Santos Juliá, por lo que estamos ante una constitución mayoritaria y de consenso; un nuevo consenso histórico, que, según Fusi, «se configuró como una monarquía democrática y como un estado autonómico que confería un alto grado de autogobierno a regiones y nacionalidades —esto es: Cataluña, País Vasco y Galicia—; y, a pesar del terrorismo de la organización vasca ETA —unos ochocientos muertos entre 1975 y 2000—, la democracia española cristalizó en un régimen estable y plural y en una de las economías más dinámicas de Europa».¹⁰¹

Una democracia que se instauró sobre una forma política del Estado pactada entre las distintas fuerzas políticas y asumida después por una gran mayoría de los ciudadanos: la monarquía democrática, parlamentaria y constitucional. En este punto, se hace obligado destacar que el papel de la institución monárquica y de la Corona ha sido, de manera constante, una clave de bóveda para que el proyecto democrático se desarrollase. Cuestión que de por sí sola ya constituye toda una «novedad» a la hora de hacer balance. Esto es así porque en los dos últimos siglos la forma política del Estado ha sido motivo no solo de disputa política, sino de abiertos enfrentamientos. Primero, monarquía absolutista contra monarquía liberal y, después, monarquía liberal contra democracia, reflejada esta en la República. La monarquía parlamentaria y democrática es así una especie de síntesis eficaz en su funcionamiento, útil en su misión y legítima en su apoyo social.

Para Tusell, «la monarquía española, surgida en aquellos años, está íntimamente vinculada a la democracia. Ello no quiere decir, en sentido estricto, que la institución monárquica legitimara la transición. Lo correcto sería afirmar lo contrario: fue la democracia la que finalmente legitimaría a la monarquía». Para, acto seguido, reconocer —sigue Tusell— que «la transición española tuvo precisamente en la monarquía un instrumento para evitar la quiebra de la legitimidad».¹⁰²

Resuelta la voluntad mayoritaria de alcanzar una democracia plena y siendo firme el consenso en torno a la forma política del Estado, la política puso en marcha el que podemos denominar como sistema del 78 a través de un desarrollo legal e institucional en cuatro grandes bloques.

Un sistema institucional que se basa en la preponderancia del Estado de derecho y la separación de poderes, un sistema de cohesión social integrador y garantista como el Estado del bienestar, un sistema territorial que ha permitido la mayor descentralización de poder político conocida en cualquier país occidental y un sistema político estable, con una ley electoral adecuada y un sistema de partidos fuerte y flexible a un tiempo.

1. EL SISTEMA DEL 78

Toda democracia necesita un sistema institucional estable y garantista. El balance también es positivo en ese sentido. El sistema, tanto el electoral como el institucional, funcionan de acuerdo a los parámetros de una democracia occidental y liberal. Para llegar a la democracia se necesitaba espíritu, el llamado consenso, y también cierto sentido de la historia para no repetir los errores del siglo XIX y de buena parte del XX.

En su última obra, Santos Juliá lo ha referido de la siguiente forma: «la historia de la transición a la democracia y de su consolidación pudo narrarse como un logro, bien lejos del fracaso que habían heredado como una fatal herencia los españoles nacidos poco antes o poco después de la Guerra Civil, los hijos de la guerra, como fueron llamados: no más retrocesos, no más pronunciamientos, no más golpes de Estado, no más rebeliones ni cruzadas, no más caudillos, en nombre de la patria o de la religión. No más España como excepción».¹⁰³

Para desarrollar la democracia y que funcionase, había que alcanzar pactos concretos, y que fueran fuertes y, por tanto, duraderos. Y se hizo. Tras la Constitución, llegó la ubicación de los militares a las órdenes del poder civil, por fin, una política exterior exitosa —la OTAN, la UE, el euro—, el despegue del Estado del bienestar —zaherido hoy con la gran recesión, pero imposible de eliminar—, el Estado de las Autonomías o la lucha antiterrorista.

En torno al ejército, la primera reforma militar para ajustar su dimensión y funciones a la realidad del momento hace cuarenta años abrió el camino a la posterior incorporación a los cuerpos militares europeos e internacionales y a su profesionalización más adelante.

Contar con un ejército democrático a las órdenes del poder político y lejos de las conspiraciones contra la democracia, ha sido una conquista que no se obtuvo de buenas a primeras, sino que costó conseguir varios años, y que solo se asentó ya con la Constitución en pleno desarrollo y con un Gobierno socialista elegido en las urnas y por mayoría absoluta.

Pero antes, con la legalización del PCE, los militares resistentes al cambio democrático habían recibido el primer mensaje, pues, como bien señala Santos Juliá, la legalización del PCE «fue la primera decisión política de importancia tomada en España desde la Guerra Civil sin contar con la aprobación del ejército y contra su parecer mayoritario».¹⁰⁴

Javier Tusell lo ha dicho con bastante claridad: «la reforma militar se llevó a cabo a través de un número muy elevado de disposiciones, a las que no es necesario hacer referencia detallada. Lo principal fue que establecieron, de forma decidida e irreversible, la primacía del poder civil sobre el militar».¹⁰⁵

A esta rápida transformación, Fusi la ha llamado «transición militar», que se compone de «la unificación de los ministerios militares del franquismo —Aire, Marina y Ejército— en un único Ministerio de Defensa», la institucionalización de «la figura de los jefes de estado mayor de las distintas armas», la primera ley de bases de la defensa nacional, la reforma de las plantillas de los tres ejércitos, la reforma del código penal militar, el nuevo Plan Estratégico Conjunto, la reforma de las leyes del régimen del personal militar y del servicio militar y la nueva Directiva de Defensa Nacional.¹⁰⁶

En todo caso, lo relevante en esta materia, también, era que las propuestas reformistas coincidían en que el ejército estaba mal e ineficazmente organizado. Por ello, la necesidad de construir un nuevo modelo estaba ligado a otra necesidad, la de «apartar a los militares del intervencionismo político». De esta forma, su cometido quedaría limitado a «funciones estrictamente defensivas, y la universalización del servicio militar, para terminar con la redención a cambio de una cantidad de dinero, e incluso la profesionalización de la tropa y consiguiente supresión del servicio obligatorio».¹⁰⁷

Los resultados no tardaron en llegar. Se redujeron las plantillas de oficiales, la profesionalización se alcanzó con bastante celeridad y se produjo una renovación profunda del material bélico. En 1992, el número de oficiales y suboficiales ascendía a 58.000, y el de soldados a 200.000.¹⁰⁸

El caso de la política exterior¹⁰⁹ quizá sea el más paradigmático de la etapa de los grandes pactos y acuerdos que, por ser una materia tradicionalmente de Estado, más se benefició del espíritu de consenso, truncado en la década de los noventa, y que suministró una serie de éxitos a la democracia española, éxitos que todavía son celebrados, pues forman parte de nuestra integración en la comunidad de naciones por un lado, y que también han permitido que tengamos un papel en el mundo adecuado a nuestro tamaño, población y riqueza.

Como bien han señalado los profesores Lemus y Pereira, «al tratar de la política exterior en la etapa de la Transición, debemos ser plenamente conscientes del doble valor que encierra ese período: se trata tanto de la construcción de una política exterior democrática, definidora de un Estado democrático, como de mirar al exterior en la búsqueda de la homologación de la joven democracia española».¹¹⁰

Lo que los autores llaman «cierre formal del cambio en política exterior» supuso la superación de «los obstáculos iniciales. España conseguía una homologación exterior, una legitimidad internacional, un prestigio y el logro de unos objetivos precisos y en su mayor parte consensuados, que ayudaron, sin ninguna duda, a hacer de la transición española hacia la democracia un modelo, un referente, también de la política exterior».¹¹¹

Por tanto, la participación en la política de seguridad y defensa de la OTAN, nuestra pertenencia a la UE y a la zona común de la moneda única, el euro, y nuestra constante proyección en América Latina y en la comunidad iberoamericana de naciones como principal referencia constituyen el sistema de política exterior, que, como bien señala Fusi, se benefició del impulso recibido durante los gobiernos de Felipe González, cuando «se trataron de definir los principios permanentes de la política exterior española, fijar el «sitio» internacional de España, materializar el nuevo sistema exterior español. La política exterior global española definida a partir de 1982 supuso, de esa forma, la integración en Europa y en la OTAN, la universalización de las relaciones exteriores del país, relaciones especiales con Marruecos y Portugal, cooperación también especial y privilegiada con América Latina, atención particular al área mediterránea, relación equilibrada de ayuda económica y defensa mutua con los Estados Unidos, y replanteamiento del tema de Gibraltar negociando con Gran Bretaña».¹¹²

Por último, debemos mencionar en este apartado a la política de cooperación internacional para el desarrollo, que se ha convertido en una de las principales líneas de acción exterior de los distintos Gobiernos. Nuestra presencia y protagonismo en los organismos multilaterales de desarrollo, así como la contribución presupuestaria a los principales fondos internacionales de ayuda al desarrollo ha convertido a nuestro país, con altibajos, en uno de los principales actores y donantes en una política global que persigue trabajar en la lucha contra la pobreza.

El Estado del bienestar es, con rotundidad lo afirmamos, el gran despliegue institucional de estos cuarenta años. Y aun siendo todavía insuficiente el nivel de desarrollo y articulación del sistema, en perspectiva nos ofrece una de las mayores empresas conseguidas por la democracia española.

Paradójicamente, el pacto entre la socialdemocracia y el capitalismo moderado de los conservadores llegó a España justo cuando comenzaba su desmontaje en buena parte de países avanzados, después de que el consenso de Washington inspirado por Margaret Thatcher y Ronald Reagan sustituyera al pacto social europeo de posguerra como paradigma conformador del orden mundial en el terreno de lo social.

Con todo, el sistema de prestaciones sociales y de bienestar, sostenido a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre la Renta de las Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) conocería un aumento muy alto de los gastos destinados a transportes, educación, vivienda e industria. Según señala Matés Barco, «en 1958 el Estado del Bienestar suponía el 4,3 por ciento de la Renta Nacional, mientras que en 1986 representaba el 37,4 por ciento».¹¹³

Fusi lo explica en términos clásicos de redistribución de la riqueza, porque «la ola de prosperidad permitió, además, extender considerablemente las prestaciones sociales. Entre 1982 y 1992, el gasto público en pensiones, sanidad y educación aumentó en 4,1 puntos del PIB y, asimismo, aumentaron notablemente el subsidio de desempleo y las pensiones de jubilación».¹¹⁴

Por su parte, el Estado de las Autonomías como tal ha sido muy útil para esta parte del camino, pero es obvio que debe someterse a evaluación y reforma. En todo caso, no sería justo dejar de señalar que la descentralización del poder político fue una decisión imprescindible para completar el mapa de grandes decisiones pendientes en una España en la que desde fines del siglo XIX había proliferado un sentimiento regional, particular, nacional que, en el fondo, demandaba poder de decisión, intervención decisiva y autónoma en el Gobierno propio e influencia en el Gobierno del conjunto.

Muchos autores han defendido que el Estado de las Autonomías, en cuanto a nueva fórmula de vertebración territorial del Estado era el aspecto más original del texto constitucional. Javier Paredes recuerda que «dada la disparidad de criterios que se mantuvieron en torno a la cuestión autonómica, hubo de llegarse a un frágil equilibrio de consenso por el que todas las partes, tanto los sectores más nacionalistas como los reacios a estos, hubieron de ceder algo».¹¹⁵

Fue durante la etapa socialista cuando el título VIII de la Constitución se convirtió en una realidad. Este proceso de descentralización y de igualación de competencias es el momento en el que, como recoge Javier Tusell, «los dos partidos más importantes acabaron por no mostrar inconveniente en establecer acuerdos destinados a elevar el techo competencial de las comunidades autónomas a niveles semejantes para todas ellas».¹¹⁶

El giro hacia lo local, regional o nacional, como ya advirtió Santos Juliá, estaba servido. A ese proceso se le llamó «recuperación de las señas de identidad», y a través del mismo «las instituciones culturales propias de cada región y nacionalidad recibieron sustanciales apoyos oficiales, y las lenguas catalana, gallega y vasca se consolidaron y extendieron gracias a la ayuda de sus respectivos gobiernos autónomos. Fruto también de la aparición de élites de poder local y regional fue la multiplicación de universidades, museos, auditorios, televisiones y demás equipamientos culturales», según Juliá.

Los problemas vendrían después, como anticipo claro de la situación que se vive en la actualidad. Jordi Pujol comenzó a hablar del «encaje de los hechos diferenciales en el Estado español». En este punto, Santos Juliá advirtió ya en su momento de la enorme deslealtad que se estaba fraguando contra el pacto de 1978. Según él, «la consolidación de la democracia no ha ido acompañada de una mayor lealtad a la Constitución de los partidos nacionalistas que han ejercido responsabilidades de Gobierno en sus Comunidades Autónomas o han influido en el Gobierno del Estado por medio de pactos de legislatura con el Partido Socialista en 1993 y con el Partido Popular en 1996. Contrariamente a lo que podía esperarse, ni la aprobación de los Estatutos de Autonomía, que ha permitido a los partidos nacionalistas gobernar ininterrumpidamente en sus respectivas Comunidades Autónomas, ni los pactos de legislatura alcanzados con los partidos de ámbito estatal han servido para incrementar su lealtad al sistema creado en 1978».¹¹⁷

En relación con el sistema de partidos, hay que señalar, en primer lugar, que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), de 1985, ha dotado de estabilidad y garantías a los procesos electorales, y lo que es más importante, ha conseguido llegar a ser la menos mala de las normas a la hora de configurar un espacio lo suficientemente flexible como para que la evolución y la representatividad de los distintos proyectos políticos hayan encontrado cabida y encaje en las instituciones.

Para Santos Juliá, «el derrumbe de viejas legitimidades e instituciones redundó en el florecimiento de decenas de grupos políticos con aspiraciones a ocupar un lugar en el nuevo sistema que habría de sustituir al régimen en trance de desaparecer. La sopa de siglas revelaba la naturaleza y los límites de la oposición a la dictadura y daba pábulo a quienes auguraban un período de confusión y caos».¹¹⁸

Sin embargo, esos temores, que venían fundados principalmente por la experiencia vivida durante la Segunda República, pronto se disiparon, y «quedaba así configurado un primer sistema de partidos que en nada recordaba al surgido de las elecciones de 1931. Si entonces el Gobierno provisional obtuvo una aplastante mayoría parlamentaria que dejó en posición marginal a un considerable sector de la sociedad, ahora la divisoria izquierda/derecha resultó muy equilibrada. Lo importante, sin embargo, fue que tanto en la derecha como en la izquierda aparecieran, en la zona más cercana al centro, sendos partidos hegemónicos y, hacia los extremos, otros minoritarios, lo que permitió definir el modelo resultante como de bipartidismo imperfecto».¹¹⁹

Para terminar este breve repaso de los temas referidos como claves para el desarrollo sistémico del proyecto democrático señalamos una materia tan sensible como relevante en la conformación del acervo democrático de España: la lucha antiterrorista contra ETA.

Una tarea en la que el Estado y la sociedad española han aportado mucho sacrificio en forma de vidas humanas, pero que, al fin, ha posibilitado que un problema heredado de los últimos años del franquismo, no hiciese sucumbir a la democracia, como pretende siempre todo terrorismo.

CONCLUSIONES

Cuarenta años después de promulgada la Constitución española, el balance es enormemente positivo. España es una democracia plena, con un sistema institucional sólido y estable y una sociedad moderna, cohesionada y próspera. Pero con aspectos amenazantes para la estabilidad del sistema del 78 provenientes de esta vertiente institucional: el ser de las Españas o el encaje de las otras formas de ser español siendo también andaluz, vasco, catalán o gallego por un lado,¹²⁰ el ineficiente funcionamiento administrativo de la justicia y también en lo que se refiere a su organización y gobierno como poder independiente, sin olvidarnos de los problemas que encuentra el tribunal de garantías —Tribunal Constitucional— para renovarse de forma lógica y racional. Por último, señalamos que la corrupción es en verdad el gran problema que acecha al normal funcionamiento de las instituciones.

Si la democracia es el gran punto del balance, impacto y significación de estas cuatro décadas de hegemonía del sistema del 78, y la estabilidad institucional, con amenazas severas como las señaladas, su desarrollo más inmediato, el progreso económico y social colectivo es el gran avance de este período.

En concreto fue en el período 1985-1991 cuando España «pareció convertirse en una de las economías y de las sociedades más dinámicas de Europa». El PIB crecía a una media del 4,5 por ciento anual, llegaron hasta sesenta billones de dólares en inversión extranjera, «la red de autopistas y autovías cuadruplicó su extensión en siete años; el parque de automóviles pasó de 9,2 millones en 1985 a casi catorce millones en 1994». En 1992 se inauguraba el AVE entre Madrid y Sevilla, y de los 43 millones de turistas de 1985 se pasó a 52 millones en 1990.¹²¹

Las libertades, los derechos, la cohesión social, la secularización de la sociedad española a través de la fórmula de la aconfesionalidad, la extensión de los valores del respeto, la tolerancia, la sintonía, en algunas momentos, entre sociedad y clase política o el avance realmente con alcance histórico de la mujer y del feminismo nos dan la idea del gran salto social en términos de nivelación y de modernidad que ha alcanzado España cuarenta años después de ponerse en marcha la Constitución de 1978.

Ese avance histórico de la mujer en términos de igualdad real pudo verse en España desde los primeros años de la democracia, cuando en los años ochenta eran más mujeres las matriculadas en las universidades del país, mientras la tasa de ocupación femenina se duplicaba —en 2008 las mujeres ya eran la mitad de la fuerza laboral— y el número de empresarias crecía un 37 por ciento entre 2000 y 2007, y en el año 2000 el 64 por ciento de la judicatura eran mujeres juezas, y ya había en el ejército 12.205 mujeres de un total de 119.698 efectivos.¹²²

Al amparo de la Constitución de 1978, España ha conquistado grandes logros y avances en el seno de esa dinámica de cambio del pragmatismo reformista y moderado que inspiró la elaboración y el contenido de la Carta Magna.

Antonio Domínguez Ortiz lo dejó dicho con las siguientes palabras: «la Transición, una de las más originales e interesantes etapas de nuestra historia, ha suscitado estudios numerosos, muchos testimonios de admiración y se la ha considerado como modelo a imitar por los países que quieren realizar de modo pacífico el difícil paso de una situación dictatorial a otra de normalidad democrática. No todas la imitaciones han sido felices; España se benefició de unas circunstancias internacionales favorables y de un deseo muy extendido de evitar los errores y tragedias del pasado, porque “de los escarmentados salen los avisados”».¹²³

Por su parte, Juan Pablo Fusi afirma que el cambio es «profundo, una transformación radical, una ruptura histórica […] nada menos que una refundación de España como nación».¹²⁴

Un pragmatismo que no hemos de olvidar, que fue capaz de incluir y desarrollar en el texto los cuatro grandes valores constitucionales —la democracia como sistema de valores además de como sistema de Gobierno, como gustaba decir a José Luis López Aranguren— que deberán preservarse en cualquier reforma parcial o global que se aborde en el futuro más próximo. Estamos hablando de la libertad¹²⁵ (artículo 9), la justicia (título VI), la igualdad (de todos los españoles ante la ley, la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo o religión, etc.) y el pluralismo político, que, como bien recuerda Javier Paredes, se introdujo a propuesta de los comunistas, y que, a la postre, «reseña una peculiaridad de este texto, como es que la Constitución de 1978, a la que se ha llamado Constitución del consenso, ordena la convivencia como posibilidad de disentir».¹²⁶

Consenso, dicho sea de paso, que fue una fórmula utilizada gracias a la ambivalencia por la que se optó desde el primer momento. Santos Juliá lo recalca de la siguiente forma: «el consenso fue posible gracias a una buscada ambigüedad en las fórmulas aprobadas para evitar el triunfo de una posición y la derrota de la contraria: una Constitución abierta se llamó al resultado».¹²⁷

Buenos ejemplos de ello son la aconfesionalidad del Estado, la exitosa política exterior, la lucha antiterrorista o la convergencia social que ha alcanzado España en estas cuatro décadas.

Pero persisten grandes problemas y amenazas también, tales como el separatismo, la corrupción, el deficiente funcionamiento de la justicia y del poder judicial, la desigualdad social generada durante la reciente crisis económica o la incapacidad de renovar las estructuras del sistema institucional a través de grandes acuerdos sociales y políticos.

En todo caso, nuestro país hoy es una potencia media que debe renovar pactos y estructuras y afrontar amenazas como las señaladas anteriormente para contribuir al impulso que demanda la gran democracia y el gran sistema institucional operativo hoy en el mundo occidental: la UE.

En suma, las condiciones en las que se encuentra España hoy para continuar su historia son, en comparación con el pasado más reciente, las necesarias para afrontar el futuro con optimismo y confianza.

BIBLIOGRAFÍA

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., España. Tres milenios de historia, Barcelona, Marcial Pons, 2009.

FUSI, J. P. Historia mínima de España, Madrid, Turner, 2012.

JULIÁ, S. Un siglo de España. Política y sociedad. Madrid, Marcial Pons, 1999.

— Transición. Historia de una política española (1937-2017), Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2017.

— Demasiados retrocesos. España 1898-2018, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2019.

PAREDES, J. (dir.) Historia de España Contemporánea, Barcelona, Sello Editorial, 2009.

PEREIRA, J. C. La política exterior de España. De 1800 hasta hoy, Barcelona, Ariel, 2010.

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, J. L., «El Ejército español en la edad contemporánea», Mundos de ayer: investigaciones históricas contemporáneas del IX Congreso de la AHC, núm. 0, 2009, pág. 82, 75-98.

TUSELL, J. Juan Carlos I, Madrid, Arlanza ediciones, 2002.

— Dictadura franquista y democracia. 1939-2004, Barcelona, Crítica, 2010.

VALDEÓN, J., PÉREZ, J. y JULIÁ, S. Historia de España, Madrid, Espasa, 2003.

NOTAS

95 ^{Juan Pablo Fusi, Historia mínima de España, Madrid, Turner, 2012, pág. 242.}

96 ^{Para el concepto de reconciliación y los orígenes de la Transición ver Santos Juliá, Transición. Historia de una política española (1937-2017), Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2017.}

97 ^{Santos Juliá, Un siglo de España. Política y sociedad, Madrid, Marcial Pons, 1999, pág. 235.}

98 ^{Javier Tusell, Juan Carlos I, Madrid, Arlanza Ediciones, 2002, pág. 131.}

99 ^{«La Transición fue menos excitante que una revolución o que una fiesta, pero fue mucho más eficaz y duradera en su capacidad de integración y en la solidez de sus resultados». Santos Juliá, Un siglo de España. Política y sociedad, Madrid, Marcial Pons, 1999, pág. 236.}

100 ^{Santos Juliá, Un siglo de España. Política y sociedad, Madrid, Marcial Pons, 1999, pág. 244.}

101 ^{Juan Pablo Fusi, Historia mínima de España, Madrid, Turner, 2012, pág. 239.}

102 ^{Javier Tusell, Juan Carlos I, Madrid, Arlanza Ediciones, 2002, pág. 134.}

103 ^{Santos Juliá, Demasiados retrocesos. España 1898-2018, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2019, pág. 351.}

104 ^{Santos Juliá, Un siglo de España. Política y sociedad, Madrid, Marcial Pons, 1999, pág. 225.}

105 ^{Javier Tusell, Dictadura franquista y democracia. 1939-2004, Barcelona, Crítica, 2010, pág. 344.}

106 ^{Juan Pablo Fusi, Historia mínima de España, Madrid, Turner, 2012, págs. 248-249.}

107 ^{José Luis Rodríguez Jiménez, «El Ejército español en la edad contemporánea», Mundos de ayer: investigaciones históricas contemporáneas del IX Congreso de la AHC, núm. 0, 2009, pág. 82.}

108 ^{Juan Pablo Fusi, Historia mínima de España, Madrid, Turner, 2012, pág. 249.}

109 ^{Ver Juan Carlos Pereira, La política exterior de España. De 1800 hasta hoy, Barcelona, Ariel, 2010.}

110 ^{E. Lemus y J. C. Pereira, «Transición y política exterior (1975-1986)». En Juan Carlos Pereira, La política exterior de España. De 1800 hasta hoy, Barcelona, Ariel, 2010, pág. 663.}

111 ^{Juan Carlos Pereira, La política exterior de España. De 1800 hasta hoy, Barcelona, Ariel, 2010, pág. 683.}

112 ^{Juan Pablo Fusi, Historia mínima de España, Madrid, Turner, 2012, pág. 248.}

113 ^{Javier Paredes (dir.) Historia de España Contemporánea, Barcelona, Sello Editorial, 2009, pág. 1059.}

114 ^{Juan Pablo Fusi, Historia mínima de España, Madrid, Turner, 2012, pág. 250.}

115 ^{Javier Paredes (dir.) Historia de España Contemporánea, Barcelona, Sello Editorial, 2009, pág. 954.}

116 ^{Javier Tusell, Dictadura franquista y democracia. 1939-2004, Barcelona, Crítica, 2010, pág. 367.}

117 ^{Santos Juliá en Julio Valdeón, Joseph Pérez y Santos Juliá, Historia de España, Madrid, Espasa, 2003, págs. 539-541.}

118 ^{Santos Juliá, Un siglo de España. Política y sociedad, Madrid, Marcial Pons, 1999, pág. 225.}

119 ^{Santos Juliá, Un siglo de España. Política y sociedad, Madrid, Marcial Pons, 1999, pág. 231.}

120 ^{En este punto nos encontramos con textos históricos que ya eran en su momento bastante pesimistas. «Al punto a que ha llegado este proceso, las regiones se encuentran a gusto reconocidas como Comunidades Autónomas, pero los partidos nacionalistas muestran abiertamente su rechazo por no ver reconocidas las nacionalidades como naciones políticas, es decir, como Estados. Estos son los hechos y bajo las sombras proyectadas por la confrontación en torno a la vigencia de la Constitución y del modelo de Estado construido a partir de su título VIII se cierra por el momento esta historia». Santos Juliá en Julio Valdeón, Joseph Pérez y Santos Juliá, Historia de España, Madrid, Espasa, 2003, págs. 543-544.}

121 ^{Juan Pablo Fusi, Historia mínima de España, Madrid, Turner, 2012, pág. 250.}

122 ^{Juan Pablo Fusi, Historia mínima de España, Madrid, Turner, 2012, pág. 258.}

123 ^{Antonio Domínguez Ortiz, España. Tres milenios de historia, Marcial Pons, Barcelona, 2009, pág. 364.}

124 ^{Juan Pablo Fusi, Historia mínima de España, Madrid, Turner, 2012, pág. 267.}

125 ^{«La Constitución ordena al legislador que remueva todos aquellos obstáculos para que esa libertad pueda ser efectiva». En Javier Paredes (dir.), Historia de España Contemporánea, Barcelona, Sello Editorial, 2009, págs. 939-941.}

126 ^Ibid.

127 ^{Santos Juliá, Un siglo de España. Política y sociedad, Madrid, Marcial Pons, 1999, pág. 243.}

UNA REFORMA CONSTITUCIONAL FRUSTRADA: LA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1876

MERCEDES CABRERA

Catedrática de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de Madrid

1. UN CONTINUO TEJER Y DESTEJER

En su libro Luz tras las tinieblas, Roberto Blanco Valdés celebraba el cuarenta aniversario de la Constitución con una vindicación de la España constitucional, tal como subtituló el libro. Decidió hacerlo, según explica, en respuesta a la «lluvia fina» que venía cayendo sobre lo que algunos daban en llamar «régimen del 78», poniendo en cuestión las virtudes de la transición a la democracia y apelando a la necesidad de abrir no ya una reforma de la Constitución, sino un verdadero proceso constituyente.¹²⁸

En sus conclusiones, Blanco Valdés afirma que la larga experiencia democrática de los últimos decenios ha permitido un aprendizaje muy profundo de los problemas constitucionales, así como del grado en que una reforma de la Constitución permitiría hacer frente a los problemas políticos planteados. Sostiene que las constituciones no se reforman para ponerlas al día, sino para resolver problemas que, en caso de no hacerlo, sería difícil o imposible afrontar; que no debería abrirse el proceso sin precisar de antemano los cambios concretos, y que antes de ponerse a ello habría que alcanzar los acuerdos políticos necesarios. Una reforma constitucional debería ser siempre política de Estado y nunca política de partido.

Blanco Valdés no es solo un excelente conocedor de la Constitución de 1978, sino también de nuestra historia constitucional y, más allá, de la historia comparada del constitucionalismo y de lo complejo de los procesos históricos de la construcción de la libertad a lo largo de los siglos XIX y XX, tal como tituló uno de su libros anteriores.¹²⁹ En su libro Luz tras las tinieblas, las conclusiones llegan después de un rápido recorrido por la historia constitucional española, que considera un péndulo, un constante avanzar y recular, un tejer y destejer de Constituciones que se crearon y destruyeron, pero que jamás se transformaron. Quienes alcanzaban el poder, habitualmente tras un pronunciamiento militar acompañado de un levantamiento popular, en lugar de reformar la constitución vigente, la derogaban. Se sucedieron así en nuestra historia seis constituciones —nueve si añadimos el Estatuto Real de 1834, y las que no llegaron a aplicarse, como las de 1856 y 1873—; 62 años de negación radical del constitucionalismo —el reinado de Fernando VII, la dictadura de Primo de Rivera y de Franco—, y 68 de «constitucionalismo excluyente y oligárquico» —los de vigencia de las constituciones de 1845 y de 1876—. Apenas hubo tres décadas de «constitucionalismo progresista y democrático», las de vigencia de las constituciones de 1812, 1837, 1868 y 1931. Como colofón de semejante balance, Blanco Valdés admite, sin embargo, que entre 1834 y 1923 el país vivió ininterrumpidamente noventa años de régimen liberal, y que aquella centuria pendular, conflictiva y oligárquica no fue a la postre tan distinta de la de muchos de los países de nuestro entorno. La del siglo XX resultó, por el contrario, completamente diferente.

No es poca cosa reconocer que, pese a la agitada vida política del siglo XIX, España tuvo un régimen liberal desde muy temprano, como tituló hace ya tiempo uno de sus artículos Santos Juliá, y que, pese al continuo tejer y destejer, existió una cultura liberal constitucional arraigada, que voló por lo aires en 1923: en lugar de encaminarse hacia un proceso de parlamentarización y democratización de la monarquía, que estaba abierto incluso con propuestas de reforma constitucional, un golpe de Estado militar aceptado por el rey Alfonso XIII desvió la trayectoria y condujo a España por derroteros que acabaron rompiendo definitivamente con aquella larga experiencia constitucional. Hace ya muchos años que Raymond Carr llamó la atención sobre las consecuencias de aquella quiebra, la de 1923, sobre cuya trascendencia no siempre se ha insistido lo suficiente, quizás porque, en contraste con la que vendría más tarde, en 1936, aquella primera no suscitó apenas oposición ni desencadenó ningún proceso violento. Nadie parecía muy dispuesto a romper una lanza por aquel régimen liberal constitucional, que había acumulado críticas casi unánimes por su carácter oligárquico y caciquil, tal como lo había calificada Joaquín Costa. Apenas algunos de los políticos monárquicos se permitieron advertir al rey de las previsibles consecuencias para la monarquía de su «aceptación» del golpe y de su convivencia con un régimen dictatorial.¹³⁰

Dado que la Constitución de 1876 fue la de más larga vigencia hasta la de 1978, dado también que hubo propuestas de reformarla para hacer frente a los problemas políticos del momento, y dado que dichos intentos fracasaron, me ha parecido oportuno recordarlo en estos encuentros sobre el cuarenta aniversario de la Constitución de 1978, consciente, por supuesto, de las profundas diferencias entre aquella monarquía —doctrinaria— y la actual —democrática—, entre aquel momento histórico y el actual.

2. LA CONSTITUCIÓN DE 1876

La llamada monarquía de la Restauración y su constitución fueron la desembocadura de más de medio siglo de guerras civiles y de pugna entre las dos corrientes del liberalismo español, moderados y progresistas; de «exclusivismo» de la Corona, la reina Isabel II, y de la persistente presencia de los «espadones»; y, por último, del fracaso de la experiencia democrática del Sexenio, primero con la monarquía de Amadeo de Saboya, y después con una Primera República, proclamada por unas Cortes de mayoría monárquica.

Con dos guerras abiertas, una nueva carlista y otra en Cuba, un pronunciamiento militar restauró la monarquía, no en la figura de Isabel II, sino de su hijo, el joven Alfonso XII, que se había educado en Inglaterra. En mayo de 1875, Antonio Cánovas del Castillo, principal valedor del nuevo rey, se impuso frente a quienes querían restablecer la Constitución de 1845 y quienes defendían la de 1869. De la Asamblea de Notables convocada por Cánovas en mayo de 1876, que reunió a parlamentarios de los treinta años anteriores que estuvieran dispuestos a sentar las bases de una «legalidad común», surgió la comisión encargada de redactar una nueva constitución, que llevó el sello de Manuel Alonso Martínez y que fue debatida y sancionada por unas Cortes elegidas por sufragio universal, aunque una nueva ley electoral volvió pronto al sufragio censitario.

En concordancia con la convergencia de las dos grandes corrientes doctrinales, la Constitución de 1876 quiso ser una síntesis de las de 1845 y 1869. De la primera tomó el principio de la soberanía compartida de las Cortes con el rey; de la de 1869 se incorporó una amplia declaración de derechos individuales y la «tolerancia» —que no la libertad— religiosa, cuestión esta, la del artículo 11, que suscitó grandes discusiones. Los derechos incluidos en la declaración inicial, como otros aspectos del ordenamiento jurídico, quedaron pendientes de su regulación por futuras leyes. La llegada al poder del partido liberal entre 1885 y 1890 permitió la regulación de algunos de aquellos derechos, que culminó con el restablecimiento del sufragio universal. A diferencia de la Constitución de 1869, sin embargo, el Gobierno podía suspender las garantías constitucionales sin sanción parlamentaria. Era un retroceso, aunque también es cierto que durante el Sexenio Revolucionario, en 1870, una orden autorizó al Gobierno a declarar el estado de guerra sin aprobación parlamentaria. En la práctica, fue esa indeterminación inicial de la Constitución de 1876 lo que permitió que cada uno de los partidos pudiera gobernar según sus principios, sin necesidad de alterarla. Historiadores como Carlos Dardé han visto en ello una de las razones de su «extraordinaria longevidad en la historia constitucional española».¹³¹

La estabilidad del sistema se sustentaba en el consenso entre las fuerzas monárquico-constitucionales, conseguido no sin dificultades. Para evitar desencuentros y bloqueos entre los partidos y líderes políticos como los que habían ocurrido en los reinados de Isabel II y Amadeo de Saboya y para evitar también la intervención recurrente de los militares en la escena política eran necesarios dos requisitos: que las dos grandes fuerzas políticas se comprometieran a turnarse pacíficamente en el poder, respetando el partido gobernante una presencia importante en el Parlamento del partido de la oposición, así como reservando un espacio a otras fuerzas políticas menores —tradicionalismo, republicanismo—, y que la Corona, en tanto que poder moderador y árbitro en el turno, debía ocupar una posición central que había que salvaguardar. De ahí que, en el debate de la Constitución, los títulos correspondientes al rey y a la sucesión de la Corona se incluyeran en un dictamen especial que se sustrajo a la discusión, y que fue aprobado en bloque por conservadores y liberales, con el único voto en contra del republicano Castelar. En adelante, las referencias a la monarquía quedaron fuera de la discusión parlamentaria, como se encargaron de asegurar los sucesivos presidentes de las dos cámaras, Congreso y Senado, aunque en algunos momentos, sobre todo en los años finales, resultó imposible evitarlo.

La Constitución de 1876 no desentonaba con la realidad constitucional de la época, marcada por las reacciones conservadoras tras la Comuna de París. Portugal, Italia y Prusia eran monarquías constitucionales en las que la soberanía recaía sobre la Corona y el Parlamento, y el rey elegía libremente a su Gobierno, que no era responsable ante el Parlamento. Sus parlamentos, como el español, eran bicamerales y, también como en España, la cámara alta, el Senado, contaba con un número determinado de senadores no elegidos. La Constitución del recientemente constituido Imperio alemán, otorgaba mayores atribuciones al Parlamento, que era elegido por sufragio universal, pero el canciller, elegido por el emperador, no era responsable ante él. Además, el peso del Estado prusiano marcaba el devenir político. La Tercera República francesa, tras la accidentada vida política del país vecino en el siglo XIX, sí consiguió poner en pie un sistema parlamentario y democrático, no exento de crisis e inestabilidad, mientras la monarquía inglesa, por su parte, asentaba también un régimen parlamentario, mucho más estable en relación con la duración de los gobiernos, aunque todavía alejado del sufragio universal.¹³²

La monarquía española de la Restauración fue un delicado juego de pesos y contrapesos que sobrevivió durante décadas, pero que, entrado el siglo XX, tuvo que hacer frente a complejos procesos de cambio político, marcados por algunas fechas clave. La primera fue la crisis del 98 y sus secuelas: la crítica regeneracionista que lo denunció, con gran éxito, como un régimen de «oligarquía y caciquismo»; la llegada al trono en 1902 de un nuevo monarca, Alfonso XIII, de talante muy diferente al de su padre; el relevo en la dirección de los dos partidos turnantes y la pugna por dotarlos de proyectos reformadores —la «revolución desde arriba» de Antonio Maura, primero, y el «nuevo liberalismo» de José Canalejas, después—, que suscitaron disensiones y rupturas internas, así como el mayor protagonismo de algunas fuerzas de la oposición —el nuevo republicanismo radical de Alejandro Lerroux y más tarde el Partido reformista de Melquíades Álvarez, el socialismo de Pablo Iglesias, el regionalismo catalán de Francesc Cambó, etc.— y la voz amplificada de los intelectuales —de la generación del 98, primero, y la del 14, más tarde— fueron todos ellos factores que pusieron a prueba los mimbres constitucionales y abrieron la espita a la demanda de una reforma de la Constitución.

Aunque habría que detenerse con detalle en todo ello, vamos a irnos al segundo momento relevante en esta historia, el que desencadenó la Gran Guerra que, pese a la neutralidad española, alimentó los movimientos que venían anunciándose desde antes.¹³³

3. LA GRAN GUERRA Y LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Ninguna fuerza política se opuso a la declaración de neutralidad que declaró el Gobierno conservador español, en aquel momento presidido por Eduardo Dato. Esa neutralidad se mantuvo a lo largo de todo el conflicto, si bien hubo momentos en los que muchas voces exigieron actitudes más firmes, proclives al acercamiento a Francia e Inglaterra. La neutralidad, sin embargo, no impidió que la opinión pública, y también las fuerzas políticas e instituciones poderosas como el Ejército o la Iglesia, se decantaran por unos u otros contendientes. La polémica entre «aliadófilos» y «germanófilos» saltó a la prensa, en la que no ya los políticos sino muchos intelectuales marcaron el debate. En mayo de 1914, meses antes del comienzo de la Gran Guerra, el joven filósofo José Ortega y Gasset había pronunciado en el teatro de la Comedia de Madrid su conferencia «Vieja y nueva política» en nombre de la Liga de Educación Política, una asociación, dijo Ortega, que representaba a toda una generación a medio camino de su vida, que contemplaba el creciente alejamiento de la «España oficial» y la «España vital». El Parlamento y los partidos políticos se habían situado «fuera y aparte de las corrientes centrales del alma española actual». La Restauración había «detenido», según Ortega, la vida nacional, frente al despliegue de «coraje, esfuerzo y dinamismo» de la primera mitad del siglo XIX. La estabilidad que había traído la Restauración palidecía frente a la efervescencia anterior. No había procurado sino «un panorama de fantasmas», con Cánovas como «el gran empresario de la fantasmagoría», por su renuncia a la lucha. Las virtudes de consenso inicial que pudieran atribuirse a la Constitución de 1876 se habían convertido en su mayor defecto, al lastrar cualquier posible evolución.

El discurso de Ortega, su condena sin paliativos de aquel sistema político tuvo un gran eco. La agitación que poco más tarde acompañó al inicio de la Gran Guerra y la conmoción que más allá de la tragedia parecía alumbrar una nueva época, se coló también en España. La neutralidad propició, además, una coyuntura excepcionalmente favorable para la economía española, que vio multiplicarse el número de empresas y de puestos de trabajo, acumuló beneficios extraordinarios para los empresarios y fortaleció la presencia de los dos grandes sindicatos, la UGT y la CNT. Pero también produjo inflación y crisis de subsistencias. La sociedad española se modernizaba, la población crecía y también los flujos del campo a unas ciudades que mudaban su estructuras, se pavimentaban, instalaban la iluminación eléctrica, abrían grandes vías, inauguraban hoteles de lujo, teatros y cafés de tertulianos, marcando cada vez con más claridad la distancia con un mundo rural estancado.

En aquel choque entre lo viejo y lo nuevo, en el año 1917 se desencadenó una triple crisis, buen reflejo de aquel contraste. Por un lado, los militares volvieron a escena, aunque en realidad no la habían abandonado nunca. Lo hicieron esta vez mediante las Juntas de Defensa, un trasunto de «sindicato» de oficiales afectados por la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios y la pugna con los militares africanistas por el sistema de ascenso, y lanzaron una proclama con grandes críticas a los partidos turnantes. El intento de disolver las Juntas se llevó por delante al Gobierno liberal que presidía entonces García Prieto, y a finales del mes de junio, entre regionalistas, republicanos y socialistas cundió la idea de que quizás los militares, como había ocurrido repetidamente en el siglo anterior, podían facilitar un cambio político.

Detrás de los militares llegaron los diputados, exasperados por el prolongado cierre del Parlamento. Fueron los regionalistas catalanes quienes tomaron la iniciativa, como parte de su estrategia para poner fin al control del Gobierno por parte de conservadores y liberales, y, al mismo tiempo, abrir paso a su reivindicación de autonomía, al calor de los vientos favorables al autogobierno que soplaban en los países aliados. Habían ejercido una obstrucción parlamentaria, muy fácil en aquel parlamento con un reglamento tan abierto, para demostrar, como dijo Francesc Cambó, que sin contar con ellos en España no se podía gobernar. Con las Cortes ahora cerradas, optaron por promover la reunión en Barcelona de una Asamblea de Parlamentarios para exigir un régimen de autonomía para Cataluña y, además, la convocatoria de Cortes constituyentes. Pese a la advertencia del Gobierno de que según la Constitución le correspondía al rey, es decir al Gobierno, convocar, suspender y disolver las Cortes, y que por tanto aquella reunión era ilegal, el 19 de julio se reunieron en la capital condal parlamentarios regionalistas y republicanos, pero también un puñado de liberales a los que el partido había dejado libertad de acción. Creían contar con el apoyo, o al menos la neutralidad, de las Juntas de Defensa. Enseguida volveremos sobre el contenido y las consecuencias de esta asamblea, que fue disuelta sin violencia.

El tercer episodio de aquella crisis fue la convocatoria de una huelga general por parte de los dos sindicatos, UGT y CNT, que ya habían hecho, con éxito, un ensayo de huelga conjunta en el mes de diciembre anterior en protesta por la carestía y la escasez de productos de primera necesidad. Ahora apuntaron más alto, y por eso mismo hubo más voces disconformes: esta vez sería una huelga indefinida, revolucionaria, que no cesaría, según se decía en la proclama, «hasta no haber obtenido las garantías suficientes de iniciación del cambio de régimen». Los firmantes de la convocatoria mencionaban a las Juntas Militares, en cuyo apoyo confiaban, y a la Asamblea de Parlamentarios, como precedentes de un objetivo común: «Pedimos un Gobierno provisional que asuma los poderes ejecutivo y moderador y prepare, previas las modificaciones imprescindibles en una legislación viciada, la celebración de elecciones sinceras de unas Cortes constituyentes». El inicio de la huelga se adelantó, según algunos, por maniobras del propio Gobierno para frustrarla, el seguimiento fue muy desigual y finalmente fue un fracaso. El Gobierno declaró el estado de guerra y los militares acudieron a reprimirla. El comité de huelga fue detenido y encarcelado.¹³⁴

La crisis de 1917 puso sobre la mesa la reforma de la Constitución en la Asamblea de Parlamentarios, pero también apostó por un cambio más radical: un Gobierno provisional y Cortes constituyentes. El Gobierno logró evitar la crisis, pero la herencia iba a ser de digestión difícil. No era la primera vez que se hablaba de una posible reforma de la Constitución. De hecho, en 1902, cuando se anunciaba la llegada al trono del nuevo rey, Alfonso XIII, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas hubo un cierto debate sobre el papel de la Corona, tan central en aquel sistema, y cuyo desempeño por quien llegaba al trono abría cierta incertidumbre. Adolfo Posada, parafraseando a Bagehot, afirmó que un «rey prudente y cuerdo» no debería desear otros derechos que los de opinar, animar y advertir; que debía consumar felizmente la sustitución progresiva de sus funciones eficientes por las dignificadas. En tiempos de normalidad, el rey debía actuar como quien no hace nada, con tacto y prudencia, respetando la autonomía de los ministros, que no eran secretarios de despacho, sino miembros de un Gobierno que era el que hacía la política.¹³⁵

En 1917 habían pasado quince años desde que Posada señalara el camino hacia la parlamentarización de la monarquía. Alfonso XIII se había mantenido fiel a su convicción de que sus deberes constitucionales iban más allá, y la evolución y creciente fragmentación de los dos partidos turnantes había ensanchado su margen de actuación. El ejercicio de la prerrogativa regia de nombrar y separar libremente a sus ministros y de conceder el decreto de disolución del parlamento eran piezas decisivas del funcionamiento de aquel régimen constitucional. El propio partido liberal, bajo el liderazgo de Canalejas, había confiado en que el rey pilotara la renovación política, y en los años previos a la Gran Guerra Alfonso XIII pareció convertirse en la clave de una evolución política posible. Así lo creyeron incluso los miembros del Partido Reformista, un partido republicano moderado fundado en 1912 por Melquíades Álvarez y muy vinculado al liberalismo institucionista. Tras la comentada visita al rey de tres de sus miembros más destacados, Gumersindo de Azcárate, Manuel Bartolome Cossío y Santiago Ramón y Cajal, se creyeron salvados los «obstáculos tradicionales», y el Partido Reformista se declaró «accidentalista», ofreciendo a la Corona un proyecto reformador y democratizador.¹³⁶

La Asamblea de Parlamentarios celebrada en Barcelona, a la que acudieron los reformistas junto a destacados miembros del partido liberal, los regionalistas catalanes de la Lliga y el único diputado socialista, Pablo Iglesias, pretendía poner fin al carácter doctrinario de la Constitución afirmando la plena soberanía nacional, la autentificación de la representación parlamentaria mediante la reforma del Senado, el establecimiento de garantías para que los derechos y libertades recogidos en la Constitución no fueran suspendidos reiteradamente y la apertura de un proceso para el reconocimiento de la autonomía catalana. Tras ser disuelta en Barcelona, y pasada ya la huelga general, los parlamentarios se reunieron en Madrid el 30 de octubre. De cómo funcionaba aquella monarquía fue muestra el hecho de que Francesc Cambó, que pronunció un discurso en medio de gran expectación, salió de allí para ser recibido por Alfonso XIII al que, según declaró después el líder regionalista catalán, explicó que había quebrado definitivamente el sistema de alternancia entre los dos grandes partidos y que urgía encaminar la política por otros derroteros, hacia un ministerio de «amplísima y sincera concentración», que convocara elecciones con todas las garantías.

Efectivamente, se formó un Gobierno presidido por el liberal García Prieto, del que formaban parte las distintas corrientes y líderes del partido conservador y del partido liberal, y también de la Lliga regionalista, que contó con dos ministros. Aquel Gobierno, que fue llamado el «monstruo de Horacio» por romper la tradición de gobiernos de un solo partido, anunció la voluntad de convocar unas elecciones en las que el Ministerio de la Gobernación se abstendría de intervenir, mientras los dos ministros catalanes hacían pública su intención de defender en el Gobierno los objetivos de la Asamblea de Parlamentarios.

Las llamadas elecciones de la «renovación» se celebraron en febrero de 1918 y arrojaron como resultado una cámara tan fragmentada que se hizo imposible formar Gobierno, hasta que el rey, aconsejado al parecer por el conde de Romanones, decidió convocar en palacio a los diferentes líderes de los partidos conservador, liberal y regionalista y, tras amenazar con abandonar su puesto, les conminó a que hallaran una salida. De madrugada se anunció la formación de un Gobierno nacional presidido por el viejo líder conservador, Antonio Maura. La noticia fue recibida con alivio por la opinión pública, y el 22 de marzo, miles de curiosos se agolparon en la Puerta del Sol y en la Plaza de Oriente para ver a los ministros acudiendo a la jura de sus cargos. El más aplaudido fue Alfonso XIII. La expectación se repitió cuando el Gobierno se presentó primero ante el Senado y después ante el Congreso de los Diputados, ante el cual Maura anunció un programa de mínimos que había recibido el apoyo unánime. Entre ellos no estaba la reforma de la Constitución, aunque sí la del reglamento del Congreso y del Senado.

4. FRAGMENTACIÓN DEL PARLAMENTO Y GOBIERNOS QUE NO DURAN

No cabe hacer aquí un relato detallado de lo que ocurrió a partir de entonces. La posguerra fue, salvando las distancias, tan difícil en España como lo fue en los países que habían protagonizado el conflicto. Conservadores y liberales podían seguir sumando mayorías, pero estaban profundamente divididos en distintas facciones con sus respectivos líderes al frente, y la elaboración del «encasillado» resultaba cada vez más complicada, con más participantes en el reparto de escaños: republicanos y reformistas; regionalistas catalanes y nacionalistas vascos, que se incorporaron en 1918; socialistas que consiguieron superar su único escaño para colocar seis o siete diputados en las elecciones que siguieron. No sumaban más de una cuarta parte de la cámara, pero el funcionamiento del turno se dislocó y se repitieron elecciones en 1919, 1920 y 1923.

Los gobiernos no duraban: el «nacional» de Maura, al que se había incorporado Cambó como ministro de Fomento junto con todos los jefes de las facciones dinásticas, cayó al intentar aprobar unos presupuestos que venían prorrogándose desde hacía cuatro años. Cambó y la Lliga reemprendieron la batalla de un proyecto de estatuto de autonomía, que provocó la caída del Gobierno del liberal García Prieto y su sustitución por otro liberal, presidido esta vez por el conde de Romanones, que trató de encauzar el problema mientras se sucedían las reacciones anticatalanas en tierras castellanas. La intervención de Maura en el debate parlamentario provocó la retirada de los representantes catalanes en el Congreso, anunciada por Cambó en una carta al rey. Fue entonces cuando Cambó dijo aquello de «¿Monarquía? ¿República? ¡Catalunya!». A pesar de ello, Romanones formó una comisión extraparlamentaria que elaboró otro proyecto de estatuto, redactado por Maura e inaceptable para Cambó, que pidió la celebración de un plebiscito.

Aquel conflicto solo se disolvió como consecuencia de la radicalización del conflicto social en Cataluña, con el estallido de la violencia del pistolerismo sindical y patronal, que llevó a la Lliga a renunciar de momento a sus reclamaciones autonómicas. La guerra social en Cataluña, a la que se sumó el «trienio bolchevique» en Andalucía, se llevó por delante al Gobierno de Romanones y, tras aquellos gobiernos liberales, se produjo un giro hacia la opción conservadora, que, sin embargo, tampoco fue capaz de afianzar un Gobierno. Primero le tocó a Antonio Maura, que recibió el decreto de disolución de las Cortes, pero no consiguió en las elecciones la mayoría suficiente para mantenerse. Se sucedieron otros breves gobiernos conservadores, presididos por Joaquín Sánchez de Toca y Manuel Allendesalazar, para terminar en un tercero presidido por Eduardo Dato, que volvió a disolver las Cortes y a convocar elecciones. El líder conservador fue asesinado por tres pistoleros anarquistas el 8 de marzo de 1921.

El nuevo Gobierno conservador, presidido otra vez por Manuel Allendesalazar, tuvo que hacer frente al discurso del rey en el Casino de la Amistad de Córdoba el 23 de mayo, en el que, tras criticar las «maquinaciones y mezquindades políticas» y la sucesión de crisis que hacían imposible sacar adelante ningún proyecto, apeló a las «provincias» para un movimiento de apoyo a su rey, y afirmó: «Algunos dirán que me estoy saliendo de mis deberes constitucionales, pero llevo diecinueve años de rey constitucional y me he jugado la vida muchas veces para que me vengan ahora a coger en una falta constitucional». ¹³⁷

Cuatro días más tarde, en el Congreso, los socialistas Julián Besteiro e Indalecio Prieto criticaron el «desprecio» hacia el Parlamento en boca del rey. Pocas semanas más tarde llegaba la noticia del desastre militar en Annual, que llevó a la formación de un nuevo Gobierno de concentración, presidido con Maura, y se abrió el llamado expediente Picasso para dirimir las responsabilidades por lo sucedido. Las noticias que se desprendían de la posible exigencia de dichas responsabilidades terminaron con el Gobierno en ocho meses, siendo sustituido por un nuevo Gobierno conservador, presidido esta vez por José Sánchez Guerra.

Alfonso XIII volvió a hablar en público, esta vez en Barcelona, aunque ahora lo hizo en respuesta al desafío de las Juntas de Defensa, convertidas en «comisiones informativas». El rey las llamó a la disciplina militar, recordándoles el juramento que habían hecho ante su rey, al igual que él había jurado ante las Cortes el cumplimiento de las leyes y de la Constitución. A su vuelta a Madrid, fue recibido multitudinariamente con gritos de «¡Viva el rey valiente!», lo que no impidió un nuevo debate en el Congreso, donde diputados independientes, como Augusto Barcia o el propio Melquiades Álvarez, criticaron la intervención del rey que, en su opinión, excedía de sus atribuciones constitucionales, invadiendo competencias del Gobierno. El republicano Alejandro Lerroux aprovechó para señalar que la intromisión del poder moderador abundaba en el descrédito de los políticos. Sin embargo, el presidente del Gobierno, el conservador Sánchez Guerra, zanjó la discusión afirmando que el Gobierno coincidía con el rey, y que también lo había demostrado la opinión pública; de no haber sido así, él habría dimitido. Lo cierto es que Sánchez Guerra, además de conseguir un reagrupamiento de las distintas facciones conservadoras, había puesto todo su empeño en la afirmación del poder civil frente a las juntas militares, que, finalmente, consiguió disolver. Fueron sus dos grandes empeños.¹³⁸

El desastre de Annual y el debate sobre el llamado expediente Picasso tensaron las relaciones entre las distintas fuerzas políticas, y entre el poder militar y el poder civil. El 5 de diciembre de 1922 tuvo lugar una de las escenas más escandalosas de la historia parlamentaria, con diputados de uno y otro signo puestos en pie, amenazantes. El fondo de la discusión giraba en torno a las atribuciones del Congreso y del Senado en la exigencia de unas responsabilidades que apuntaban a algunos militares, pero también a ministros y Gobiernos en aquella fecha y, tal y como se traslucía en intervenciones del diputado socialista, Indalecio Prieto, al propio rey. Hubo que apagar la luz para desalojar el hemiciclo, y provocó la dimisión de Sánchez Guerra, que aconsejó a Alfonso XIII el nombramiento de un Gobierno liberal, que resultó ser de concentración, presidido por García Prieto y con la incorporación del partido reformista, que desde 1918 había incorporado la reforma de la Constitución a su programa. También en el lado liberal se adivinaba un reagrupamiento de facciones, a las que se sumaban ahora los reformistas.

Aquel parlamento era otra cosa desde el final de la Gran Guerra. Aunque los graves conflictos y la fragmentación del sistema de partidos parecían haberlo sumido en el caos y la ineficiencia, lo cierto es que también debe señalarse su protagonismo creciente. En 1918 se había llevado a cabo una reforma del reglamento que, en respuesta a la nueva realidad política y a la creciente complejidad de los asuntos públicos, reguló la formación de las comisiones permanentes, amén de introducir la «guillotina» para evitar las obstrucciones. Quizás una reforma de ese tipo sonaba a poco, frente a la «autentificación» de la soberanía nacional de la que se había hablado en la Asamblea de Parlamentarios, pero no dejaba de tener su relevancia. También hubo propuestas de reforma electoral. La fiebre de la proporcionalidad en las nuevas leyes electorales de posguerra en distintos países tuvo su eco en España en 1919 con una proposición de liberales, reformistas, radicales y socialistas, acogida favorablemente por el ministro de Gobernación, el conservador Burgos y Mazo, paralizada por la crisis de aquel Gobierno. Volvió a ocurrir lo mismo cuando volvió a plantearse en 1921.

5. EL DESENLACE

La Constitución de 1876 era muy flexible y no imponía obstáculos a su modificación. Los dos grandes partidos no habían propuesto nunca su reforma, aunque tampoco se cerraron a modificaciones que pudieran hacerse por ley. En una reunión en noviembre de 1918, varios ex ministros conservadores sostuvieron que la Constitución no requería un cambio porque había sido consecuencia de la transacción entre «los hombres de la Revolución y de la República con las figuras más prestigiosas de la Restauración». La Constitución no era obstáculo para que tuvieran cabida en ella cuantos avances impusieran las exigencias del tiempo.

Los liberales, salvo la izquierda liberal en algún momento, tampoco lo habían considerado un asunto prioritario. La asumieron con el Gobierno de concentración liberal que llegó al poder en 1922, como consecuencia de la presencia del partido reformista, con Manuel Pedregal en el Ministerio de Hacienda, que exigió la inclusión de la reforma constitucional en el programa. Sin embargo, presionado por la movilización católica, García Prieto abandonó en su discurso programático la mención a la libertad religiosa y la reforma del artículo 11 de la Constitución. Eso fue suficiente para que Pedregal presentara su dimisión, pese a que el presidente del Gobierno mantuvo otros aspectos sustanciales de la reforma de la Constitución, como la regulación de la suspensión de garantías constitucionales, la reforma del Senado, la obligatoriedad de la reunión anual de las Cortes, y la introducción del criterio de proporcionalidad en la ley electoral.

Ni conservadores ni liberales, cuyo acuerdo había hecho posible la Constitución de 1876, consideraban prioritaria la reforma. Pesaba, sin duda, el temor a perder el monopolio del poder que habían venido ejerciendo, pero también el miedo a volver a la inestabilidad política anterior a aquel gran pacto. Hacía mucho tiempo que habían muerto quienes lo protagonizaron, y las circunstancias políticas, dentro y fuera de España, eran muy distintas. Lo que algunos veían peligrar ahora no era solo el pacto fundacional del régimen, sino la misma supervivencia del parlamentarismo liberal. Aquellos políticos miraban hacia el pasado, pero no dejaban de reconocer lo que estaba pasando en otros países, en los que la democracia triunfante en la Gran Guerra se veía amenazada por nuevos enemigos, situados tanto a la derecha como a la izquierda. España no había participado en la guerra y no sufría las consecuencias de su impacto con la misma intensidad, pero los años de la posguerra vieron acumularse una serie de conflictos, como hemos visto, que dificultaron cualquier posible evolución, y el contexto europeo no ayudaba.¹³⁹

Si volviéramos a la cita inicial acerca de los requisitos que Blanco Valdés considera necesarios para una reforma constitucional, faltarían algunos fundamentales. Quizás existía un acuerdo amplio sobre la necesidad de abordar cambios sustanciales en el funcionamiento del sistema, que procuraran encaje a los que se habían producido en la realidad, pero no lo había sobre cómo hacerlo, ni si esos cambios exigían una reforma constitucional que podía hacer peligrar la continuidad del régimen constitucional. La Constitución de 1876 permitía la incorporación por ley de reformas democratizadoras, como las condiciones para la elección de senadores, según se encargó de apuntar el conde de Romanones cuando tomó posesión de la presidencia de la Cámara Alta en junio de 1923. El núcleo de la duda giraba en torno a la sustitución del poder moderador del monarca como elemento clave, y el tránsito hacia una monarquía efectivamente parlamentaria. Eso solo podía hacerse confiando en la existencia de un cuerpo electoral que los sustentara. La presencia de regionalistas, reformistas, republicanos y socialistas en el parlamento había crecido, y sus voces tenían un eco importante. Algunos de ellos habían llegado a formar parte de los gobiernos de la monarquía, como los regionalistas y los reformistas. Pero no contaban con la capacidad movilizadora y el apoyo electoral suficiente, una limitación que gran parte de la historiografía ha atribuido al control asfixiante del clientelismo de conservadores y liberales, aunque ese control se había roto, sobre todo en las circunscripciones urbanas. Tampoco el Partido Socialista español había conseguido formar un grupo parlamentario numeroso, aunque en esos años se rompiera la soledad de Pablo Iglesias y se llegara a obtener seis diputados en 1918 y 1919 y siete en las últimas elecciones de 1923. Alguno de ellos, por ejemplo el escaño de Indalecio Prieto, llegó en aplicación del denigrado artículo 29. La debilidad parlamentaria del PSOE era consecuencia de las dificultades derivadas del clientelismo, pero también de la persistencia entre los socialistas de su desconfianza hacia la política, demostrada en su permanente polémica sobre la alianza con los republicanos.¹⁴⁰

Por el hueco de esas desavenencias, dudas e incapacidades se coló de nuevo la prerrogativa regia. Ante el temor público y manifiesto por parte de Alfonso XIII de que sus políticos fueran capaces de defender la monarquía y de que la Corona cayera, como había ocurrido en otros países, el rey optó en septiembre de 1923 por aceptar el golpe del general Primo de Rivera. La Constitución se lo permitía, dada su atribución constitucional de nombrar y separar libremente al presidente de Gobierno, pero su comportamiento rompió abiertamente con la Constitución cuando no cumplió con el precepto de que en un plazo máximo de tres meses a partir de la disolución de la Cortes debían convocarse otras nuevas y, de no hacerse así, la disolución quedaría sin efecto jurídico y debían restablecerse la anteriores. Los presidentes de ambas cámaras, el conde de Romanones, del Senado, y Melquíades Álvarez, del Congreso, que conocían bien la Constitución, advirtieron personalmente de ello al rey, que los despachó sin mayores contemplaciones. El presidente del Directorio Militar, el general Primo de Rivera, contestó a la advertencia con un decreto en el que declaraba que no existía el «propósito de convocar nuevas elecciones mientras no se saneen y purifiquen las costumbres políticas y electorales».

No hubo en los primeros tiempos de la dictadura ninguna oposición a Primo de Rivera, que llegó, según él decía, para sacar a España de la anarquía en que se hallaba y librarla de los «profesionales de la política», causantes de ello. Quizás por esto último, muchos permanecieron a la espera de ver qué pasaba. La dictadura se anunció provisional, pero después quiso convertirse en definitiva, incluso proponiendo una nueva Constitución de corte corporativo y antiparlamentario, con un partido único creado desde el poder. Que Alfonso XIII terminara retirando su apoyo a Primo de Rivera fue causa última de la dimisión de este, pero no redimió la culpa de su convivencia con la dictadura durante siete años. El retorno a la «normalidad» constitucional anterior, como algunos pretendieron, o la posibilidad de una reforma constitucional, resultaban ya, a todas luces, imposibles.

«¿Quién puede imaginarse cómo habría evolucionado el régimen político en los últimos quince o veinte años si al “desaparecer los obstáculos tradicionales” se hubiera reformado parcialmente, y con oportunidad, la Constitución de 1876?», se preguntaba Adolfo Posada en su libro El régimen Constitucional. Esencia y forma. Principios y técnica, publicado en 1930. No hubo lugar y, en opinión de Posada, la dictadura había abierto de modo irremediable el período constituyente, al romper el pacto político fundamental que había servido de argumento histórico para dar legitimidad al régimen de la Restauración.¹⁴¹

NOTAS

128 ^{Roberto L. Blanco Valdés, Luz tras las tinieblas. Vindicación de la España constitucional, Madrid, Alianza Editorial, 2018.}

129 ^{Roberto L. Blanco Valdés, La construcción de la libertad, Madrid, Alianza Editorial, 2010.}

130 ^{Santos Juliá, «Liberalismo temprano, democracia tardía», en John Dunn (ed.), Democracia: el viaje inacabado (508 a.C-1993), Barcelona, Tusquets, 1995, págs. 253-291. Raymon Carr, España 1808-1975, Barcelona, Ariel 1979.}

131 ^{Carlos Dardé Morales, Alfonso XII, Madrid, Arlanza Ediciones, 2001 pág. 148.}

132 ^{Mercedes Cabrera y Miguel Martorell, «EL Parlamento en el orden constitucional de la Restauración», en Mercedes Cabrera (dir,.), Con luz y taquígrafos. El Parlamento en la Restauración (1913-1923), Madrid, Taurus, 2017, 2.ª ed., pág. 23 y sigs.}

133 ^{Para las relaciones del rey Alfonso XIII con los partidos turnantes, véase María Jesús González, «El rey de los conservadores» y Javier Moreno Luzón, «El rey de los liberales», en Javier Moreno Luzón (ed.), Alfonso XIII. Un político en el Trono, Madrid, Marcial Pons, 2003, págs. 113-149 y 153-186.}

134 ^{El libro clásico sobre la triple crisis de 1917 es el de José Antonio Lacomba, La crisis española de 1917, Madrid, Ciencia Nueva, 1970. Véase el resumen de Miguel Martorell y Santos Juliá, Manual de historia política y social de España (1808-2011), Barcelona, RBA, 2012, págs. 217-225.}

135 ^{Mercedes Cabrera, «El rey constitucional», en Javier Moreno (ed.), Alfonso XIII. Un político en el trono, op. cit., págs. 83-110.}

136 ^{La trayectoria de Melquíades Álvarez y del Partido reformista puede seguirse en las obras de Manuel Suárez Cortina, «Melquíades Álvarez y la democracia liberal en España» y en Javier moreno Luzón (ed.), Progresistas, Madrid, Taurus, 2005, págs. 237-270}

137 ^{Mercedes Cabrera, «El rey constitucional», op. cit., págs. 102ss.}

138 ^{Miguel Martorell Linares, José Sánchez Guerra. Un hombre de honor (1859-1935), Madrid, Marcial Pons, 2011, págs. 279-302.}

139 ^{Mirar más al pasado que al futuro como explicación de la crisis final de la Restauración, en Santos Juliá, Demasiados retrocesos. España 1898-2018, págs. 271-73.}

140 ^{José Varela Ortega (dir.), El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España (1875-1923), Madrid, Marcial Pons-Centro de Estudios Constitucionales, 2001.}

141 ^{Adolfo Posada, El Régimen Constitucional. La Reforma Constitucional, Madrid, 1930.}

TRANSICIÓN Y CONSTITUCIÓN: SEIS PROPOSICIONES HISTORIOGRÁFICAS PARA EL DEBATE

ENRIQUE MORADIELLOS

Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura

La pretensión básica de este texto es ofrecer unas consideraciones generales de orden historiográfico, a modo de elementos de juicio y debate, sobre esos dos términos del sintagma que conforman el título del texto: «Transición» y «Constitución». Y tomará por eso mismo el formato de cinco propuestas de tesis o, si se quiere, de hipótesis o proposiciones debatibles, en la medida en que sus enunciados están abiertos a discusión razonada y comprobación académica, aunque muchos de ellos parecen estar debidamente fundamentados por la investigación histórica y social especializada.

En esencia, el texto escrito aquí presentado refleja de manera sustancial, con los debidos ajustes formales y apoyaturas bibliográficas y documentales, el contenido de la intervención oral de su autor en las jornadas Balance y Perspectivas de la Constitución Española de 1978, celebradas en Madrid del 13 al 16 de marzo de 2019 bajo el patrocinio de la Fundación Sistema. Vaya por delante la reiteración de nuestra doble gratitud a los organizadores de aquel magno evento por su amabilidad al permitirnos participar en el mismo, entonces, y por asumir, ahora, la publicación y difusión impresa de estas proposiciones historiográficas. Y procede también reiterar algo ya dicho entonces y nunca suficientemente repetido: todas esas proposiciones historiográficas se articulan y cobran sentido en un espacio público siempre dialógico, de contraste y cotejo de ideas, conceptos y razonamientos, sencillamente porque, como dijo bien Benedetto Croce hace mucho tiempo, para los seres humanos «pensar es pensar contra alguien» o contra algo.

En el caso que nos ocupa, el estudio y comprensión del proceso de la transición política desde la dictadura franquista hasta el actual sistema democrático-parlamentario plantea sustanciales interrogantes y no pocos problemas correlativos, cuyas alternativas de resolución han dado origen a buen número de polémicas y desacuerdos entre los analistas interesados en la cuestión, ya sean historiadores, sociólogos, juristas, politólogos o filósofos, por ejemplo. En cierta medida, muchos de esos debates y desencuentros son resultado de las propias dificultades de la investigación histórica en general —y de la científico-social por extensión—: falta de fuentes documentales informativas suficientes y solventes para establecer los «hechos» irrefutables —datos precisos, fechas exactas, nombres propios responsables, magnitudes depuradas—; carácter contradictorio de los testimonios disponibles sobre determinados aspectos del proceso —sean de procedencia individual, oral o escrita, o de extracción periodística o institucional—; naturaleza indeterminada o inconmensurable de algunos factores operantes en la coyuntura —influencia de la memoria histórica personal o colectiva, peso de los condicionantes macroeconómicos o diplomáticos—, etc.

A estas limitaciones habituales en toda investigación académica habría que añadir, en el caso del análisis de la transición política española, su condición de pretérito imperfecto, casi inmediato y reciente, por ser la coyuntura histórica de génesis de nuestra propia dimensión temporal presente. No en vano, ese período histórico es el tiempo biográfico de referencia principal para muchas de las generaciones activas que todavía hoy dominan la vida política, económica, social y cultural de España. Esas generaciones —declinadas en plural, necesariamente— vivieron esa época de cambio decisivo como una auténtica escuela formativa, como punto nodal de sus biografías personales, que afectó irremisiblemente a sus experiencias prácticas, ideas, concepciones, valores, principios y pautas de conducta pública y privada en casi todos los órdenes de su vida individual y societaria —al modo como la Guerra Civil afectó irrevocablemente a los contemporáneos de las generaciones activas españolas de los años treinta del siglo XX, por ejemplo—. Dicho de otro modo: no es lo mismo abordar el período de la transición política que tratar de la Guerra de Independencia de 1808-1814, aun cuando solo fuera porque está por ver su resultado histórico final en una perspectiva de «larga duración» o meramente secular —razón por la que sigue hablándose recurrentemente, a veces sin sentido alguno, de «cerrar la transición» o, incluso, de proceder a una «segunda transición», con mayor o menor propiedad.

1. PRIMERA PROPOSICIÓN

La llamada «transición política española a la democracia» comienza con la muerte, por fallecimiento natural, del más que octogenario general Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975 y tiene su conclusión efectiva, su cierre categorial como fenómeno y proceso histórico, con la aprobación hace ahora ya más de cuarenta años de la vigente Constitución española, que fue sometida a referéndum el 6 de diciembre de 1978 y entró en vigor el 29 de diciembre de 1978, con su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Por supuesto, como ya hemos advertido, las implicaciones conceptuales de esta primera proposición son bastante claras y en absoluto compartidas por todos los analistas del fenómeno. Y las facetas de impugnación del contenido de esa afirmación son igualmente variadas y no siempre concordantes entre sí. Como suele suceder en las disciplinas socio-humanísticas. Por eso procede justificar mínimamente el perfil y contenido de la proposición avanzada para responder a las críticas existentes.

Ante todo, cabe señalar algo tan simple como lo siguiente: si el sintagma «transición política» tiene algún valor semántico preciso y definido, como corresponde a los conceptos —y no a las metáforas poético-literarias o a la ficción mitológica—, hay que entender su sentido como un proceso histórico de cambio gradual, de tiempo de tránsito y mudanza, predicado sobre la estructura política y régimen institucional vigente en el período ante quem y transformado en la fase post quem. Dicho en otras palabras, quizá más certeras: quien dice «transición política» no está hablando de un fenómeno similar a la «transición del Antiguo Régimen a la sociedad liberal» o de la «transición del feudalismo al capitalismo», mutaciones históricas de largo alcance, medidas en una escala temporal mucho más amplia, que se predican sobre el conjunto de un modelo de sociedad —en sentido lato— y no solo sobre su estructura política e institucional —en sentido estricto— integrada en ese modelo envolvente.

Cabe sostener que en España hubo una «transición política»: un proceso de reemplazo y sustitución de una legalidad y un sistema de dominación institucional. Y el correspondiente tiempo de cambio en el que se operó esa metamorfosis se llevó a cabo desde el mes de noviembre de 1975 —tras la muerte de un Caudillo con poderes soberanos virtualmente ilimitados y no heredables en su totalidad— y concluyó con la aprobación del nuevo marco constitucional generatriz de un nuevo modelo de sistema político e institucional no ya diferente del anterior, sino plenamente contradistinto y antagónico. En consecuencia, si aplicamos el necesario arte de la distinción conceptual que nos evita naufragar en la estéril confusión terminológica, concluiremos que la llamada transición política española denota el lapso cronológico existente entre la vigencia de una y otra legalidad y sistema institucional. Parafraseando a Aristóteles, cabría decir que la transición es precisamente ese proceso de movimiento temporal desde un término a quo hasta un término ad quem: el cambio que brota de un punto del espacio-tiempo y termina en otro punto del espacio-tiempo —que será distinto siempre, a menos que se trate de un movimiento circular.

Bajo estas coordenadas, por tanto, sería inexacto, por mera incoherencia conceptual, afirmar que los términos temporales de arranque y final del proceso transitorio son otros distintos a los ya apuntados: 1975 y 1978. En consecuencia, yerran quienes tienden a situar el inicio de la transición política en vida «útil» del propio general Franco, sea aludiendo al año 1969 —cuando don Juan Carlos de Borbón fue nombrado sucesor del Jefe del Estado a título de rey—, sea mencionando al año 1973 —cuando el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno, eliminó al previsto guardián de la ortodoxia franquista tras la muerte de Franco—. Esa ampliación cronológica inicial del proceso es claramente abusiva y carece de justificación histórica, puesto que no hubo cambio ni inicio de cambio (ni mucho menos transición) en la legalidad y sistema político-institucional vigente con anterioridad a noviembre de 1975. Además, esa significativa alteración temporal apenas oculta la pretensión política de hacer al propio Caudillo, o a sus más acreditados consejeros y asesores, responsables clarividentes y más o menos conscientes de todo lo que habría de venir después. Tal es el caso, a título de mera muestra notable, de las sustanciosas memorias de Laureano López Rodó, que conciben la sucesión monárquica de Franco —«la operación política más delicada, más intrincada, y más laboriosa»— como una pacífica «transición» política previa de la homóloga posterior y su condición necesaria y casi suficiente:

La sucesión se produjo sin traumas ni convulsiones. El mecanismo sucesorio funcionó como un aparato de relojería y la transición del régimen de Franco a la monarquía de don Juan Carlos I ha sido pacífica.¹⁴²

Por lo que respecta al término final, es patente que muchos analistas consideran que interpretar la aprobación mediante referéndum de la Constitución en 1978 como cierre temporal de la transición política es el producto de una miopía excesivamente jurídico-legalista y ofrecen como alternativa otros referentes de supuesto mayor calado histórico. Por ejemplo, hay quienes prefieren señalar la segunda consulta electoral de marzo de 1979, en la medida en que dichas elecciones fueron ya realizadas bajo un Gobierno surgido de las urnas, con indiscutible legitimidad democrática y con plena vigencia del marco constitucional. Otros se inclinan a considerar que el final de la transición se produjo a raíz del fracaso de la intentona militar golpista protagonizada por el teniente coronel Tejero el 23 de febrero de 1981, habida cuenta de que con ese fracaso quedó enterrada la alternativa de una involución violenta del proceso transitorio por iniciativa de las Fuerzas Armadas. Finalmente, también se ha apuntado como término de la transición la victoria electoral del PSOE en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, dado que ese triunfo demostraba la plena consolidación del sistema democrático al consagrar la pacífica alternancia en el Gobierno entre fuerzas políticas de signo distinto.¹⁴³

No cabe desconocer la fuerza respectiva de los argumentos a favor de esos límites cronológicos terminales alternativos: las elecciones de 1979 sí fueron las primeras celebradas bajo el nuevo marco constitucional y presididas por un Gobierno cuya legitimidad derivaba de una victoria electoral democrática; el fracaso de la intentona de Tejero sí supuso la desarticulación del golpismo militar como amenaza operativa y real factor involucionista; y el triunfo electoral socialista y su acceso pacífico al poder sí constituyeron una demostración de estabilidad y consolidación del nuevo sistema democrático. Sin embargo, por razones de rigor conceptual y precisión semántica, debemos seguir considerando que la transición política, stricto sensu, termina con la aprobación de la Constitución de 1978 y la vigencia plena de un nuevo sistema político-institucional democrático. Entre otras cosas, porque todas esas alternativas apuntadas aluden esencialmente a fenómenos y peligros inherentes a la plena consolidación del nuevo sistema político democrático. Y, por consiguiente, es preciso entenderlos como parte de la historia de la restablecida democracia española, más que como parte de la «transición política» hacia esa misma democracia.

2. SEGUNDA PROPOSICIÓN

Si la transición política cubre ese período histórico —y no otro— es porque su contenido material y su sentido histórico general se presenta bajo una morfología muy precisa: fue una compleja operación política —en el sentido fuerte de la filosofía política que contempla en su campo tanto las relaciones entre agentes como las operaciones resultantes de esas relaciones— y consistió, por eso mismo, en una verdadera obra de ingeniería política para desmantelar el obsoleto régimen dictatorial franquista configurado desde 1936 a fin de reemplazarlo sin solución de continuidad —sin hiatos de vacío de poder o disolución del Estado— por un sistema democrático-parlamentario homologado internacionalmente y congruente con las demandas de participación ciudadana surgidas en la propia sociedad española.

Dicho en otras palabras: la transición política fue, en esencia, el proceso de desmantelamiento de una dictadura y su paralela sustitución por una democracia. Y tuvo su plasmación espacio-temporal en ese lapso cronológico que transcurre —transita— desde la proclamación de don Juan Carlos I como sucesor en la Jefatura del Estado a título de rey —a los dos días de la muerte de Franco— y hasta la aprobación mediante referéndum, tres años y un mes después, de una nueva Constitución previamente elaborada por unas Cortes democráticas y constituyentes —que habían sido elegidas por sufragio universal el 15 de junio de 1977—. El hito temporal decisivo, casi el justo medio crucial, en este proceso transitorio habría de ser, a su vez, el referéndum celebrado el 15 de diciembre de 1976 para la aprobación de la llamada Ley para la Reforma Política —ley previamente votada y sancionada por las últimas Cortes franquistas antes de su propia autodisolución.

Esta consideración de la Transición española como una operación política de derribo y construcción simultánea y paralela permite comprender mejor tanto la forma como el contenido del proceso transitorio. Atendiendo a su morfología externa, la Transición fue un proceso negociado y básicamente pacífico, fruto de una serie de pactos y compromisos sellados entre el Gobierno surgido de la legalidad franquista y las fuerzas de la oposición antifranquista, bajo el imperativo del «consenso» entre las fuerzas políticas enfrentadas y con el apoyo latente o expreso de la práctica totalidad de la población española. Estas características formales y materiales del proceso llevaban implícito un corolario lógico de enorme transcendencia: la Transición significó tanto una reforma pactada de la entonces vigente legalidad franquista como una ruptura pactada de la misma en beneficio de una nueva legalidad democrática plena.

No en vano, en cuanto a la forma, el proceso transitorio se llevó a cabo con notorio respeto procesal a la legalidad e instituciones de la dictadura franquista. Se hizo la reforma «de la ley a la ley», como anotaría Torcuato Fernández-Miranda, jurista y tutor del entonces príncipe de España, vicepresidente del Gobierno con el almirante Carrero Blanco, último presidente de las Cortes franquistas y supuesto «guionista» omnisciente del programa de reforma finalmente aplicado.¹⁴⁴ Y sin embargo, en cuanto al contenido material y resultado final, el proceso transitorio condujo a un régimen democrático que suponía una destrucción plena del antiguo sistema político imperante, que fue totalmente desmantelado en el tránsito y no solamente reformado o renovado. De hecho, como se lamentaría con posterioridad uno de los más distinguidos opositores franquistas a la reforma, el general Carlos Iniesta Cano —ex director general de la Guardia Civil—, los pequeños e inevitables cambios que todos esperaban tras la muerte de Franco se convirtieron «en la brutal ruptura con todo lo anterior».¹⁴⁵

Esta ambivalencia esencial del cambio político operado en España entre 1975 y 1978 permite subrayar su carácter procesal de reforma interna o enfatizar su sentido rupturista último. Y en este ámbito, las discusiones entre los diversos analistas sobre la preponderancia del carácter reformista o rupturista de la Transición son intensas y, probablemente, insolubles a la postre. También cabe señalar que, en gran medida, esos debates obedecen a un exceso de focalización de los analistas en uno u otro momento o faceta del proceso que necesariamente lo segmenta y fracciona como fenómeno histórico unitario pero complejo y dialéctico, olvidando algo bien evidente y conocido por la historiografía: las características y naturaleza de la génesis de un proceso histórico no prejuzga ni limita la estructura y naturaleza de su resultado final —el eterno problema del ser y el cambio o devenir del ser—. Y por eso puede darse un proceso reformista que concluya en un final rupturista con plena propiedad y efectividad histórica, siendo el caso de la transición política española uno más de otros fenómenos análogos registrados en el siglo XX europeo.

Sin ir más lejos o mucho después: los procesos reformistas que permitieron «transitar» desde las viejas dictaduras comunistas o soviéticas de economía colectivista hasta los posteriores regímenes democrático-parlamentarios y capitalistas del este del continente entre 1989 y 1991, sin asomo de compañía de crueles guerras civiles, insurrecciones armadas populares o ejercicios de violencia generalizada e indiscriminada, para sorpresa de casi todo el mundo, incluyendo a los protagonistas del proceso. Como ha recordado muy recientemente Ricardo Martín de la Guardia, en ese caso, el proceso transitorio fue más intenso y completo por afectar a todo el modelo social y, sin embargo, fue también negociado, pacífico y producto de una reforma intensa que acabó en ruptura completa de manera gradual y sin graves violencias —salvo parcialmente en el caso rumano—:

En todos los países de Europa central y oriental se produjo una secuencia parecida desde el inicio de la desintegración del sistema: una crisis en la gerontocracia que lo controlaba, con la destitución de los dirigentes históricos —Kadar, Honecker, Ceaucescu—; otra crisis simultánea que afectó a los respectivos partidos comunistas, cada vez más rechazados por la población; y en tercer lugar, la aceptación del pluripartidismo y la consiguiente legalización de las fuerzas opositoras, todo lo cual condujo a la celebración de elecciones libres. Como consecuencia del cambio de legitimidad y de las variaciones legales, los diferentes Estados fueron aprobando constituciones nuevas o reformando en lo sustancial las antiguas de tal forma que se generalizaron los derechos civiles. […] La transición en la Europa sovietizada afectó al sistema de organización política, económica y social, así como a sus valores y principios informantes considerados en conjunto; como alternativa global a la democracia liberal y al capitalismo, el proceso de toma de decisiones, el desarrollo institucional y la planificación económica revistieron un carácter distintivo e interrelacionado de tal forma que la aplicación de políticas de sustitución no sirvió al ser estas parciales o sectoriales. En efecto, la transición afectó al modelo en sí, a todo el modelo, y en consecuencia su reemplazo debía ser completo.¹⁴⁶

En todo caso, volviendo al proceso español, parece evidente que esta naturaleza dioscúrica no excluye, sino todo lo contrario, «la importancia del acuerdo, el consenso o el compromiso durante el momento político de sustitución de un régimen por otro».¹⁴⁷ Dicho en otras palabras: la transición pacífica tuvo como condición necesaria, si bien no única ni suficiente, el llamado «consenso» —entendido como acuerdo tácito sobre límites admisibles para la conducta política respectiva— entre los actores y sujetos, individuales y colectivos, que protagonizaron la operación política de tránsito.

3. TERCERA PROPOSICIÓN

El carácter conjugado y ambivalente de la Transición como proceso de reforma pactada que concluye en una ruptura pacífica es el resultado histórico, por tanto contingente, del propio agotamiento y crisis del modelo institucional franquista, cada vez más desfasado en su estructura política respecto del desarrollo socio-económico y cultural experimentado por España durante los años sesenta y primer lustro de la década de los setenta. Y ese transfondo contextual obliga a tener en cuenta, al menos, estos tres elementos condicionantes para entender el perfil general de todo el proceso y el papel del llamado «consenso» en su seno.

1. Antes de la muerte de Franco, la sociedad española había experimentado una profunda mutación y cambio en el orden sociográfico y cultural, al compás de la intensa modernización económica y productiva operada en el país desde la puesta en marcha del Plan de Estabilización de 1959 y a lo largo del decenio de 1960 y primera mitad de 1970.

Como resultado, en 1975 la sociedad española era ya casi plenamente homologable a las de su entorno europeo occidental en casi todos los órdenes: a) Por su grado de industrialización y terciarización económica —el sector agrícola en el PIB cayó desde el 22,6 ^{por ciento} al 11,6 ^{por ciento} entre 1960 y 1973, al tiempo que la industria y los servicios saltaron desde el 36,6 y el 40,8 ^{por ciento} hasta el 38,9 y el 49,5 ^{por ciento}, respectivamente—; b) Por sus índices de urbanización —entre 1960 y 1970 la población urbana pasó del 46 al 55 ^{por ciento} del total demográfico, con un notable aumento de las grandes ciudades de más de cien mil habitantes: pasaron de 26 a 38 en un decenio—; c) Por sus niveles de alfabetización y consumo cultural —entre 1960 y 1970 la tasa de analfabetos descendió del 13,7 al 8,8 ^{por ciento}, en tanto que la tasa de escolarización primaria saltó desde el 35,6 al 88,3 ^{por ciento} en la población infantil—; d) Por la entidad de su diversificación ocupacional —la clase obrera industrial y de servicios pasó de ser el 35 ^{por ciento} en 1950 a más del 50 ^{por ciento} en 1970, mientras que las clases medias pasaban del 14 al 33,4 ^{por ciento} en el mismo ventenio—; e) Por la expansión de las funciones estatales a cargo de una burocracia meritocrática y racionalizadora —en 1970 había más de 600.000 funcionarios públicos y el gasto social superaba ya el 50 por ciento del presupuesto del Estado—; y f) Por el creciente grado de bienestar material y secularización práctica —entre 1960 y 1971 el porcentaje de hogares españoles con televisión pasó del 1 al 56 ^{por ciento}, en tanto que el uso de anticonceptivos se duplicó en solo dos años: medio millón de unidades en 1966 y más de 1,1 millones en 1967.¹⁴⁸

2. En noviembre de 1975, cuando se produce la muerte del general Franco, la dictadura franquista estaba ya inmersa en una profunda e irreversible crisis de legitimidad, de estabilidad y de efectividad —las tres funciones que debe mantener un sistema político para preservar la eutaxia socio-política y garantizar así su continuidad dinámica—. En otras palabras: la persistencia del Franquismo sin Franco era sencillamente imposible, y esta verdad era patente para buena parte del personal político franquista —desde 1969 en alto grado y desde 1973 con práctica generalidad.

Significativamente, una de las primeras encuestas fidedignas sobre preferencias políticas de la opinión pública española, realizada en 1966, ofreció un resultado notoriamente indicativo de ese desajuste entre la España oficial y la España real: solo un 11 ^{por ciento} de los españoles que expresaron su opinión estaba de acuerdo con el principio de «Gobierno de uno solo», frente a un 35 ^{por ciento} favorable al principio de «Representación democrática».¹⁴⁹ Por consiguiente, cabe decir que la profunda mutación de la estructura social española en casi todos sus órdenes constitutivos tuvo un efecto letal en el plano político: dejó patente la disfuncional naturaleza anacrónica del régimen franquista y su creciente inadecuación con respecto a la nueva sociedad española modernizada, secularizada, alfabetizada y crecientemente consumista. A la altura de 1975 la sociedad española ya solo era muy diferente de sus homólogas europeas por la peculiar y desfasada estructura autoritaria y dictatorial de su sistema político, en el que casi todos los poderes estatales dependían de la voluntad vacilante de un anciano octogenario anclado en una mentalidad de guerra civil y primera postguerra. Y ante ese anacronismo, sencillamente, el régimen carecía de solución porque el régimen mismo era el problema.

3. Por eso mismo, antes y después de la muerte de Franco, se habían ido configurando los tres grandes proyectos para afrontar el futuro que estarían en liza y competencia en los años de transición con mayor o menor intensidad: continuismo remozado, reforma abierta pero controlada y ruptura democrática. En el primer caso, se trataba de un programa de continuidad adaptativa que ya había cobrado fuerza durante el año 1974 y que sería la opción que acabaría alentando con poca fortuna el primer Gobierno de la monarquía con Arias Navarro —noviembre de 1975 a julio de 1976—. En el segundo caso tomó la forma de una tentativa de reforma abierta pero controlada del sistema para homologarse al contexto europeo occidental sin romper todos los lazos con el pasado: sería la opción que pondría en marcha el segundo Gobierno de la monarquía con Adolfo Suárez —julio de 1976 a junio de 1977—. Y en el tercer caso consistía en la alternativa de la ruptura democrática, alentada por la oposición antifranquista y que la Junta Democrática promovida por el PCE ya en el verano de 1974 había definido en sus manifiestos como un programa para «garantizar el proceso constituyente de la democracia política en España», lo que requeriría expresamente «el desmantelamiento pacífico de la legalidad y de las instituciones franquistas y la creación de un nuevo ordenamiento democrático».¹⁵⁰

Y todos esos proyectos se conformaban en un contexto de creciente quiebra de «la paz de Franco» ante un cuádruple desafío: una conflictividad laboral intensísima que la mera represión policial no era capaz de contener; una contestación estudiantil y universitaria generalizada que demostraba la hostilidad de las nuevas generaciones procedentes de sectores de clases medias y pudientes; la defección de la Iglesia católica a tono con las directivas del Concilio Vaticano II, que apostaba por un nuevo régimen democrático respetuoso de los derechos humanos; y la aparición de una actividad terrorista recurrente, esencialmente asociada a ETA, que socavaba el mito de la invulnerabilidad de la dictadura.

4. CUARTA PROPOSICIÓN

En ese marco estructural de profunda crisis interna del franquismo, la agonía y muerte del propio Franco eliminó el último obstáculo —y el principal— para la puesta en marcha del proceso de transición política. A partir de entonces, entre noviembre de 1975 y diciembre de 1978 fue comprobándose la insuficiencia de cada una de las tres alternativas de futuro disponibles para imponerse de manera indiscutida y llevar a cabo su propio programa de manera autónoma e incondicionada.

En el caso del proyecto de continuismo remozado, representado por la figura de Arias Navarro y su equipo ministerial de la primera mitad de 1976, sus carencias se manifestarían muy pronto, porque no tenía apoyos suficientes, ni en la nueva persona que estaba a cargo de la Jefatura del Estado —el ya rey Juan Carlos I—, ni en las instituciones que quería preservar —el Movimiento Nacional y las Cortes—, al margen de su agotamiento como programa político demostrado una y otra vez.¹⁵¹ Basta recordar que la intensidad de la fuerte recesión internacional iniciada en 1973 generó tres años después una gravísima situación económica que redobló la agitación socio-laboral y acentuó el desconcierto gubernamental —oscilante entre la receta de la negociación tácita o la represión intensa—. Es significativo, al respecto, el contraste entre la conflictividad registrada en 1975 y la de 1976: de las 3.156 huelgas con 647.100 huelguistas y 14,5 millones de horas perdidas que el Ministerio de Trabajo registró en el último año de vida de Franco, se pasó un año después a la impresionante cifra de 40.179 huelgas con 2.519.000 huelguistas y más de 106 millones de horas perdidas.¹⁵²

Esa amplia movilización obrera y popular, inicialmente solo económica y sindical, pero también respaldada por la oposición política, sería la «clave del proceso de democratización», porque consagró la quiebra del Gobierno de Arias Navarro —cesado en el verano de 1976— y seguiría presente como factor condicionante para la conducta de sus sucesores.¹⁵³

En el caso del reformismo renovador, encarnado en el primer Gobierno de Adolfo Suárez —junio de 1976—, sus insuficiencias eran en gran medida el resultado de las dificultades para lograr la cuadratura del círculo: mantener en lo esencial la estructura básica heredada de la dictadura, pero reformar con mayor o menor profundidad sus formas y organismos para lograr la homologación internacional democrática mediante una fórmula de transacción —con elecciones libres, pero no necesariamente con presencia legalizada de toda la oposición política: se mantendría la prohibición del comunismo y de las fórmulas republicanas—.¹⁵⁴ El carácter reformista abierto del programa quedó bien definido con su decisión de someter a referéndum popular un proyecto de Ley para la Reforma Política, cuyo objetivo último era el «establecimiento» de un sistema democrático-parlamentario mediante elecciones libres, pero controladas por el Gobierno antes del término del verano de 1977.

Sin embargo, entre el último trimestre de 1976 y la primavera de 1977, el impacto de la crisis económica, la persistencia de la intensa movilización socio-laboral y la propia desconfianza en sus propias fuerzas fueron obligando al Gobierno de Suárez —y a su propio presidente, en singular— a traspasar las líneas rojas inicialmente planteadas en su propio programa.

En el caso del rupturismo de la oposición antifranquista, sus limitaciones fueron poniéndose de manifiesto porque su capacidad de movilización en algunas zonas —Cataluña, Madrid, Asturias y el País Vasco— y sectores sociales —empleados de industrias obreras de gran escala y mano de obra concentrada—, si bien era muy grande, tampoco revelaba la intensidad y generalidad que hubiera requerido para forzar otra crisis similar a la de abril de 1931.¹⁵⁵ Sin contar que su debilidad organizativa en términos de militancia partidista y afiliación sindical limitaba grandemente su capacidad de presión rupturista: el PCE, el más eficaz partido de la oposición clandestina, a la muerte de Franco solo encuadraba a unos quince mil militantes, en tanto que el PSOE, un año antes, apenas sumaba cuatro mil entre los del exilio y del interior; la UGT, en 1976, incorporaba a poco más de siete mil afiliados, en tanto que las CC. OO., a pesar de su gran presencia pública y poder de convocatoria, estaba lastrada por debilidades organizativas y fracturas políticas.

Esas graves limitaciones a la capacidad de acción y presión de la oposición antifranquista se apreciaron en las cartas jugadas ante la decisión de Suárez de someter a referéndum su proyecto político: si bien se negaron a oponerse frontalmente y optaron por la abstención ante la consulta, tampoco dudaron en demostrar su fuerza en la calle, con menos éxito del esperado. La huelga general del 12 de noviembre de 1976 convocada por las organizaciones sindicales opositoras —apenas siete días antes del referéndum— solo tuvo seguimiento masivo en las zonas clásicas de implantación sindical y obrera, pero no consiguió paralizar al país en su conjunto ni en sus infraestructuras básicas.¹⁵⁶ Ese limitado triunfo huelguístico fue casi de inmediato eclipsado por el paralelo éxito plebiscitario de Suárez: la Ley de Reforma Política fue aprobada por el 94 ^{por ciento} de los consultados con una participación del 77 ^{por ciento} del censo: 15,5 de los 22,6 millones de censados. Por tanto, los líderes de la oposición comprendieron que cabía presionar al Gobierno de Suárez para ir más allá de sus planteamientos iniciales, pero no había fuerza para derribarlo como en abril de 1931, sin violencia general e indiscriminada —es decir: insurrección y guerra.

5. QUINTA PROPOSICIÓN

A partir de la aprobación de la Ley de Reforma Política, el 15 de diciembre de 1976, el Gobierno de Suárez emprendió una vía de reforma del régimen postfranquista, que fue profundizándose gradualmente, en gran medida bajo el impulso de la movilización socio-laboral en la calle y de la presión política de una oposición reorganizada en torno a la Comisión Negociadora nombrada por Coordinación Democrática —el organismo creado en marzo de 1976 para fusionar la oposición aglutinada por el PCE en la Junta Democrática y la oposición vertebrada por el PSOE en la Plataforma de Convergencia Democrática.

Durante todo el primer semestre de 1977, las negociaciones entre el Gobierno de Suárez y la Comisión Negociadora —nueve integrantes, entre ellos Santiago Carrillo, Felipe González, Jordi Pujol y Julio Jáuregui— fueron desbrozando fatigosamente el camino hacia la primera consulta electoral libre en España desde hacía más de cuarenta años. Y esas negociaciones tuvieron lugar en un contexto inestable y sometido a la presión derivada de las amenazas de un golpismo militar espoleado tanto por los continuistas del llamado «búnker» como por la creciente actividad terrorista, de perfil mayormente izquierdista —básicamente ETA.¹⁵⁷

Un momento crítico de todo el proceso fue precisamente el atentado terrorista de extrema derecha del 24 de febrero de 1977, que provocó la muerte de nueve víctimas de un despacho de abogados laboralistas del PCE y las CC. OO., con sede en la calle madrileña de Atocha. La sobrecogedora y medida manifestación de repulsa contra esa violencia organizada por el PCE proporcionó a ese partido y a su discutido secretario general, Santiago Carrillo, un capital político de legitimidad democrática que acabó por socavar las reservas reformistas contra su legalización. De hecho, la opinión pública española sufrió un vuelco espectacular: si en octubre de 1976 solo se declaraba a favor de la legalización del PCE un 25 por ciento de encuestados —frente a un 35 por ciento de contrarios—, en abril de 1977 era ya un 55 por ciento el que se manifestaba a favor —contra solo un 12 por ciento refractario—. En ese contexto, el 9 de abril de 1977, en plenas vacaciones de Semana Santa, Suárez decidió la legalización del PCE y, a cambio, Carrillo rebajó sus exigencias para participar en la reforma en tres puntos cruciales: descartar la demanda de un Gobierno neutro para presidir la consulta electoral, renunciar a pedir responsabilidades políticas por el pasado dictatorial y asumir la permanencia de la monarquía al reconocer la bandera rojigualda como enseña nacional.¹⁵⁸

La legalización del PCE fue el verdadero punto de no retorno en el proceso de transición de una reforma que enfilaba hacia una ruptura gradual con la legalidad e instituciones franquistas. Prueba de ello fue la urgente y crítica reunión del Consejo Superior del Ejército del 12 de abril, que discutió la medida post factum y emitió una durísima nota crítica que no dejaba duda del desagrado militar y de su acatamiento de la decisión por mera obediencia a su máximo superior jerárquico que la avalaba —el rey, no el presidente Suárez—.¹⁵⁹ Superado el crucial obstáculo militar a la presencia legal del PCE en la oferta electoral, el Gobierno de Suárez procedió a cumplir sus contrapartidas con celeridad: ampliación de las medidas de amnistía política ya tomadas el 17 de marzo, disolución del Movimiento Nacional el 1 de abril, aprobación de la libertad sindical el 28 de abril y convocatoria de elecciones generales fijadas para el día 15 de junio de 1977.

En las previsiones del Gobierno de Suárez y de sus asesores, las elecciones de junio de 1977 debían ser el remate de su proyecto de reforma gradual y negociada para iniciar una etapa postfranquista de perfil democrático pero sin graves rupturas con el pasado previo y con estricto control del proceso de cambio. En otras palabras: no eran ni tenían el carácter de elecciones constituyentes, con plena puesta en cuestión del futuro político del país y de todas sus instituciones previas. Y por eso mismo el Gobierno de Suárez tenía preparado un proyecto de nueva constitución elaborado por un grupo técnico del Ministerio de Justicia para su aprobación en caso de previsible victoria absoluta en las urnas de las candidaturas gubernamentales encuadradas en el nuevo partido recién creado: la Unión de Centro Democrático, una gran coalición de grupos reformistas del franquismo creada el 3 de mayo con la ausencia del otro gran grupo de este perfil liderado por Manuel Fraga y constituido el 4 de mayo —Alianza Popular—.¹⁶⁰ En efecto, todas las previsiones del Gobierno de Suárez apuntaban a la revalidación del triunfo logrado en el referéndum de diciembre de 1976, con una victoria absoluta de la UCD, superior a los 200 escaños —sobre los 350 que compondría el nuevo Congreso de Diputados.

Pero no sucedió como preveían los reformistas del postfranquismo liderados por Suárez —mucho menos por los seguidores escindidos de Fraga—. Para su sorpresa —y la de otros muchos—, los resultados electorales del 15 de junio de 1977, con una participación abrumadora cercana al 79 por ciento del censo —18,3 millones de electores— forzaron la apertura de un proceso constituyente plenamente abierto, y por eso mismo incierto y nada previsible en sus resultados finales. No en vano, la UCD fue el partido ganador y junto con AP lograba una mayoría suficiente en términos de escaños en el Congreso: 165 y 16 diputados, respectivamente, sobre el total de 350, frente a 103 diputados del PSOE, 12 del PCE, 15 del PSC-PSOE, 8 del PSUC, 6 del PSP… Y consiguió una victoria todavía más marcada en el Senado, en virtud de su sistema electoral mayoritario: 106 senadores de UCD frente a 35 del PSOE. Sin embargo, en términos de votos populares las cosas estaban mucho más equilibradas: UCD y AP sumaban un 42,7 por ciento de los votos emitidos —34,4 por ciento y 8,3 por ciento respectivamente—, pero los principales partidos de la oposición de izquierda sumaban más del 43 por ciento —el PSOE un 29,3 por ciento, el PCE el 9,3 por ciento, el PSP un 4,4 por ciento…¹⁶¹

En definitiva, los resultados electorales de junio de 1977, la primera consulta electoral libre en España después de poco más de cuarenta años desde las últimas —1936—, arruinaron las expectativas del Gobierno de Suárez y configuraron un nuevo escenario político que habría de obligar a todos los actores a repensar sus programas. Por una simple razón: habida cuenta del virtual «empate» entre izquierdas y derechas y de la gran fragmentación de cada uno de esos polos, tanto la gestión de Gobierno como la configuración de un nuevo orden institucional requeriría de acuerdos negociados entre fuerzas políticas muy diversas y hasta enfrentadas en sus ideologías y proyectos. Por consiguiente, la negociación y el acuerdo fueron necesidades imperiosas por inevitables, que, una vez logrados sus resultados, parecieron posteriormente virtudes repartidas y compartidas desde el inicio. Ese contexto de forzada negociación se basaba en la realidad palmaria de que nadie tenía la fuerza suficiente para imponerse en todo y para todo y, por tanto, solo cabía una alternativa: negociar para acordar o romper la baraja e intentar el asalto por la fuerza. Pero esta última opción era imposible, por debilidad material de cada parte y por la presencia subyacente de un condicionante moral público: el peso del recuerdo histórico —para no decir la «memoria histórica»— entre la ciudadanía española de aquellos años y coyuntura. Dicho en otras palabras: el legado de la Guerra Civil y la voluntad implícita y explícita de no repetir dicha tragedia —el reiterado «Nunca más 1936»— operó como un persistente elemento moderador y disuasorio de todo radicalismo y maximalismo.¹⁶²

En ese contexto inesperado de equilibrios inestables, se procedió a elaborar una Constitución para España, en un proceso muy complejo por abierto y debidamente publicitado en los medios, anulándose así la posibilidad de que el texto constitucional fuera resultado de un diktat militar —no hubo militares en la comisión constitucional ni en el nuevo parlamento— o fruto de pactos ocultos y secretos de comités selectos y antidemocráticos. De hecho, contra la voluntad del Gobierno de constituir un comité de expertos para considerar su propuesta de Constitución previamente elaborada, la negativa de la oposición forzó la formación de una ponencia parlamentaria para elaborar un nuevo proyecto ab initio y solo con representantes de la soberanía nacional recientemente expresada en las urnas.¹⁶³ La ponencia de siete miembros —con representación de UCD, PSOE, PCE, AP y nacionalistas catalanes y vascos— comenzó su labor en agosto y concluyó en diciembre de 1977, con jornadas intensivas de trabajo que combinaron las sesiones públicas con las negociaciones entre bastidores, como era y es habitual en cualquier régimen democrático. A continuación, durante otros cuatro meses, se debatieron los más de 160 votos particulares de los ponentes y las más de tres mil enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios. Durante esos nueve meses de elaboración y revisión del anteproyecto, contra lo que muchas veces se ha dicho, todo estuvo en discusión y todo fue discutido, desde la concepción de la nación española y la denominación de sus partes integrantes —nacionalidades y regiones—, hasta la forma de Estado —monarquía o república—, el papel de la Iglesia, las funciones del Ejército y el derecho de propiedad y sus condicionantes.¹⁶⁴

En mayo de 1978 el anteproyecto finalmente aprobado pasó a debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde tuvieron lugar de nuevo los debates más importantes sobre el perfil del texto —a lo largo de 24 sesiones—.¹⁶⁵ Unos debates intensos y públicos, intensamente divulgados por los medios de comunicación, que no hurtaron temas cruciales y polémicos, como a veces parece creerse en la actualidad. Por ejemplo, fue allí donde se debatió por tres veces a mediados del mes de mayo el párrafo 3 del artículo 1 del anteproyecto que establecía «la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado español». Un primer voto particular del grupo del PSOE a favor de «la república como forma de Gobierno», que fue rechazado por 22 votos en contra —UCD, AP, PCE y minoría catalana—, 13 a favor —PSOE— y una abstención —PNV—. Y dos enmiendas en el mismo sentido: una del diputado de Esquerra Republicana de Cataluña y otra del diputado de Euskadiko Ezkerra —que también proponía el reconocimiento del derecho de autodeterminación de las nacionalidades del Estado español—. Ambas fueron rechazadas por 22 votos en contra —UCD, AP, PCE y minoría catalana—, catorce abstenciones —PSOE y PNV— y ningún voto a favor.¹⁶⁶ Ese apoyo a la democracia con corona era resultado no solo de un amplio respaldo parlamentario, sino también cívico y social, como demostraban las encuestas previas encargadas por el Gobierno y publicadas en abril de 1978: el 44 por ciento de los españoles eran «partidarios de la Monarquía», un 20 por ciento eran «partidarios de la fórmula republicana» y un 30 por ciento «no muestra preferencia por ningún sistema».¹⁶⁷ De hecho, una mera consulta a la prensa de la época y a las actas parlamentarias revela que las discusiones constitucionales más importantes se focalizaron en la nueva estructura «autonómica» del Estado, en el papel de la Iglesia en el texto y en las disposiciones económicas relativas a derechos sociales y límites del derecho de propiedad por interés público.

El debate en el Pleno del Congreso —iniciado en julio, durante doce sesiones— y posteriormente en el Senado —entre septiembre y octubre, durante diez sesiones—, acabó el 31 de octubre de 1978 con la aprobación del proyecto por una mayoría abrumadora. En el Congreso, recibió el apoyo de más del 92 por ciento de los parlamentarios: 325 diputados a favor —UCD, PSOE, PCE, minoría catalana…—, catorce abstenciones —PNV, ERC y algunos diputados de AP y UCD— y seis en contra —cinco de dieciséis diputados de AP y el diputado de Euskadiko Ezkerra—. En el Senado, su apoyo fue incluso mayor —del 94 por ciento—: 226 a favor, ocho abstenciones y cinco en contra. Pese a que ese amplísimo respaldo parlamentario ya hubiera sido suficiente para su entrada en vigor, según la tradición constitucional de las democracias occidentales, el texto fue sometido a referéndum público de la ciudadanía, algo que nunca se había hecho con otras constituciones españolas precedentes. Y el apoyo popular en el plebiscito celebrado el 6 de diciembre de 1978, con una participación superior al 67 por ciento del censo global —26 millones de personas— fue igualmente abrumador, recibiendo el apoyo del 87,7 por ciento de la ciudadanía, solo un 7,8 por ciento de votos contrarios y apenas un 4,2 votos en blanco o nulos.

Con la aprobación mediante plebiscito de la Constitución de 1978 quedó enterrado el régimen franquista porque el proceso reformista iniciado tras el agotamiento del continuismo desembocó en una ruptura neta con la etapa dictatorial. El desbordamiento del proyecto gubernamental fue posible gracias a los resultados electorales de la consulta del 15 de junio de 1977, que forzó la apertura de un proceso constituyente abierto e incierto, como declararía el representante socialista en el debate sobre el voto particular a favor de la república:

La ruptura de estas Cortes con el anterior régimen político de la dictadura se manifiesta precisamente en el hecho de proceder a elaborar una nueva Constitución para España, edificando un Estado de nueva planta bajo la inspiración de principios totalmente distintos y tomando como fuente de legitimación para ello el mandato recibido del pueblo el 15 de junio de 1977. Ahora bien, al asumir este Parlamento la expresión de la soberanía del pueblo […], asumimos la obligación de replantear todas las instituciones básicas de nuestro sistema político, sin excepción alguna. Incluso la forma política del Estado y la figura del jefe del Estado, porque sería de todo punto incompatible con la soberanía que, por delegación del pueblo, ostentan las Cortes Constituyentes, que ninguna institución se hurtara a sus facultades.¹⁶⁸

A modo de refrendo de la amplitud y entidad de ese proceso constituyente que terminaba en ruptura pactada pero inequívoca, cabe señalar un último dato revelador. La Constitución publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 29 de diciembre de 1978 incluyó una disposición final que declaraba «derogadas» todas las leyes fundamentales del régimen franquista, enumerándolas una a una sin excepción: Fuero del Trabajo de 1938, Ley de Cortes de 1942, Fuero de los Españoles de 1945, Ley de Referéndum de 1945, Ley de Sucesión de 1947, Ley de Principios del Movimiento de 1958, Ley Orgánica del Estado de 1967 y Ley de Reforma Política de 1976.