Читать книгу: «Nuestro desafío ambiental»

Catalogación en la publicación – Biblioteca Nacional de Colombia

Wild Botero, Nicolás

Nuestro desafío ambiental : diecinueve expertos hablan sobre el impacto del cambio climático en Colombia y sus retos socioeconómicos con el Proceso de Paz y la pandemia del covid-19 / Nicolás Wild Botero ; [prólogo, Manuel Rodríguez Becerra]. -- 1a. ed. -- Bogotá : Taller de Edición Rocca, 2021.

364 p. -- (Investigación)

Incluye referencias bibliográficas.

ISBN 978-958-5445-67-3

1. Cambio climático - Colombia - Entrevistas 2. Protección del medio ambiente - Colombia - Entrevistas I. Rodríguez Becerra, Manuel II. Título III. Serie

CDD: 333.72 ed. 23 CO-BoBN– a1078639

© Nicolás Wild Botero

© Manuel Rodríguez Becerra (prólogo)

© Taller de Edición Rocca® SAS

Todos los derechos reservados.

ISBN: 978-958-5445-67-3

Bogotá, D. C., Colombia

Primera edición, agosto de 2021

Edición, diseño
y producción editorial:	TALLER DE EDICIÓN ROCCA® SAS
	Carrera 4A No. 26A-91, oficina 203 Teléfonos: (57-1) 243 2862 - 284 8328 correotallerdeedicionrocca@gmail.com taller@tallerdeedicion.com www.tallerdeedicion.com
Editor:	Luis Daniel Rocca Lynn
Coordinación editorial:	Juanita Rocca Toro
Diseño y diagramación:	Juan Pablo Rocca Barrenechea
Imagen de cubierta:	© Carmen Villegas
Archivo fotográfico:	© Carmen Villegas. © David Schwarz. ©Fernando Trujillo
Impresión y acabados:	Editorial Nomos SA www.nomos.co

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Diseño epub: Hipertexto – Netizen Digital Solutions

Contenido

La Selva

Agradecimientos

Prólogo

De la vulnerabilidad de la protección ambiental a lo político

Introducción

Capítulo 1

La deforestación

~ Doctor Martín von Hildebrand

~ Rodrigo Botero

~ Gabriela Eslava

Capítulo 2

La pérdida de biodiversidad

~ Germán Andrade

~ Doctora Brigitte Baptiste

Capítulo 3

El daño colateral de la minería ilegal

~ María Fernanda Suárez

Capítulo 4

El acceso al agua potable y su escasez

~ Gustavo Wilches-Chaux

~ José Saulo Usma

Capítulo 5

El descuido de los mares y océanos

~ Sandra Bessudo

~ María Claudia Díazgranados

Capítulo 6

La contaminación en los centros urbanos

~ Daniel Bernal

Capítulo 7

Las ciudades y la economía circular

~ Doctor Bart van Hoof

~ María Mercedes Maldonado

Capítulo 8

Las iniciativas del desarrollo sostenible

~ Paula Caballero

~ Julio Carrizosa Umaña

~ Margarita Marino de Botero

Capítulo 9

La masacre de los líderes ambientales y los indígenas

~ Manuel José Cepeda

~ Juan Manuel Santos Calderón

~ Patricia Tobón Yagarí

Epílogo

Siglas

Referencias

Notas al pie

Para mis padres, Lina y Alfred

La Selva

«Gotas de estrellas bañaban su cara mientras navegaba entre un río de flores silvestres y fauna. Me acerqué, y en medio de un mar de canciones de aves la encontré acariciando el agua. No me atreví a saludarla, mi voz hubiese interrumpido su ritual y mi presencia perturbado su paz. Fue así como me enamore de la selva, de sus peces y sus pájaros coloridos que reciben la noche con una melodía forestal».

NICOLÁS WILD BOTERO

Agradecimientos

Este libro no hubiese sido posible sin el apoyo de varios familiares, amigos y expertos quienes me acompañaron a lo largo de este trayecto. Por eso tengo hoy una enorme deuda de agradecimiento sobre todo con mi tío Fernando Botero Zea por su orientación constante, sus valiosos consejos, y su ayuda en la edición de este libro. Quiero agradecerle también a mi mamá, Lina Botero Zea, por su apoyo económico y moral durante este proceso, a Manuel Rodríguez Becerra por redactar un gran prólogo y por ayudarme a crear una lista de expertos que luego entrevisté, a Esteban Morales por ponerme en contacto con Patricia Tobón Yagarí, a Mariana Moscoso por presentarme a José Saulo Usma, a Cristina Gutiérrez por ayudarme con las transcripciones, y a Daniel Nieto por ayudarme a divulgar este libro entre los medios de comunicación. Me gustaría también agradecerle a la editorial Taller de Edición Rocca por haber corregido el estilo y por guiarme durante el proceso de corrección y creación del libro. Por último, quiero darle las gracias a los numerosos expertos que formaron parte de este libro y quienes confiaron en mí.

Prólogo
De la vulnerabilidad de la protección ambiental a lo político

MANUEL RODRÍGUEZ BECERRA

Hace aproximadamente cinco décadas se reconoció que nuestro país enfrentaba diversos problemas ambientales, lo que dio origen a que el tema entrara a hacer parte de la agenda de la política pública y se creara una institucionalidad ambiental, a similitud de lo que ocurrió entonces en la mayor parte de países del mundo. Pero esos problemas se agravaron en tal forma, que hoy constituyen lo que muchos denominamos como «la tragedia ambiental de Colombia», que se enmarca en una crisis ambiental global sin precedentes en la historia, y que está representada en el cambio climático y la pérdida de integridad de la biósfera como los dos fenómenos de mayor jerarquía.

Nicolás Wild Botero explica las causas de la crisis en Colombia y los desafíos que tenemos para superarla a través de las voces de diecinueve entrevistados, los cuales han sido protagonistas en la búsqueda de la construcción de un mejor futuro ambiental para el país. La voz de Nicolás se escucha en las preguntas que teje e hila con acierto y sutileza a lo largo de las entrevistas, en las conclusiones y el epílogo del libro.

Entre los entrevistados se cuentan quince ambientalistas, es decir, personas unidas por la ética de la protección de la naturaleza como un denominador común, quienes exhiben sustantivos logros en la construcción de la gestión ambiental en Colombia, ya sea desde el sector público, las organizaciones de la sociedad civil, la academia o desde el conjunto de los tres sectores: Germán Andrade, Brigitte Baptiste, Daniel Bernal, Sandra Bessudo, Rodrigo Botero, Paula Caballero, Julio Carrizosa Umaña, María Claudia Díazgranados, Gabriela Eslava, Margarita Marino de Botero, María Mercedes Maldonado, Martín von Hildebrand, José Saulo Usma, Bart van Hoof y Gustavo Wilches-Chaux. Los otros cuatro entrevistados son personas que, a partir de sus carreras, experiencia y realizaciones particulares, tienen una valiosa mirada de la protección ambiental y que, en todos los casos, han contribuido en su avance: la indígena emberá y defensora de los derechos humanos, Patricia Tobón Yagarí, que hace parte de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; el expresidente de la República, Juan Manuel Santos; el expresidente de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda, y la exministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.

Avances en la protección de la naturaleza en un escenario de destrucción ambiental e inseguridad para los líderes ambientales

La tragedia ambiental de Colombia, como lo atestiguan y evidencian los entrevistados, se da en un contexto de luces y sombras en la protección ambiental. Se registran avances y logros durante las últimas seis décadas –las luces– que se han dado en el contexto de un creciente deterioro y destrucción del medio ambiente son las sombras que desbordan las luces. Esta visión, en últimas, se encuentra dicha de diferentes formas en todas las entrevistas. Y es una visión que se encuentra también en diversos textos (libros y artículos académicos, documentos oficiales) sobre el pasado, el presente y el futuro del medio ambiente en Colombia. Pero lo que hace diferente este libro de aquellos textos es que, como sugerido, es la suma de unas visiones expresadas en forma directa y espontánea como reacción a las preguntas formuladas.

De la lectura de este libro, parece claro que Nicolás Wild, al estructurarlo en nueve capítulos, buscó que las entrevistas que los componen se enfocaran en el tema central de cada uno de ellos, los cuales sintetizan parte de los principales problemas ambientales del país: la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, los impactos de la minería ilegal, el acceso al agua potable y su escasez, el deterioro de los océanos, la contaminación y el deterioro ambiental en los centros urbanos y en sus alrededores. Y Nicolás, como es obvio, conversa con cada uno de los entrevistados sobre otros campos y temas ambientales en los cuales estos han concentrado parte de sus esfuerzos y de su trabajo. En el caso de los quince ambientalistas, explora las razones por las cuales cada uno de ellos entró a trabajar en la protección de la naturaleza, cómo han ido adquiriendo sus conocimientos y competencias, y cómo fueron construyendo sus campos de interés, que en todos los casos se convirtieron en pasiones de vida y, por qué no decirlo, en obsesiones. Como ocurre con frecuencia, las voces interiores que obran en cada uno de nosotros, combinadas con el azar, llevaron a muchos a dedicar buena parte de sus vidas a la causa ambiental.

Nuevamente, se evidencia por qué Margarita Marino y Julio Carrizosa son considerados como dos de los pioneros del ambientalismo en Colombia, lo que encuentra su fundamento en su pasión por la naturaleza, su permanente búsqueda del mejor conocimiento científico y de las buenas prácticas para la gestión ambiental, por su compromiso sin límites con el trabajo y, sobre todo, por una ética que reconoce el valor de la vida en todas sus formas y los límites impuestos por la naturaleza. Hoy, Margarita y Julio, con más de ochenta años, continúan tan activos como cuando trabajaban en el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente (INDERENA) hace cinco décadas. La diferencia es que desde hace rato nadie les paga por hacerlo.

El último capítulo del libro nos confronta con una de las más trágicas realidades de Colombia: el asesinato de los líderes ambientales. América Latina es la región del mundo en la que más líderes mueren asesinados, un hecho que acontece en el contexto de que sea, también, la región con mayor número de conflictos socioambientales y Colombia se sitúa en el primer lugar en ambos ranking. Patricia Tobón Yagarí se refiere al tema para el caso de las comunidades indígenas, señalando cómo la expresión del racismo y la segregación sigue existiendo, a pesar de que la Constitución de 1991 estableciera al Estado colombiano como pluriétnico y pluricultural. El tema es uno de los focos centrales de las entrevistas con Manuel José Cepeda y Juan Manuel Santos. Como lo señalan los tres entrevistados, es una situación que hace parte del conflicto armado y de la violencia común que caracteriza a Colombia, así como de las amplias zonas del territorio nacional en donde el Estado no está presente. Pero, a mi juicio, también es reflejo de las fallas existentes en la incorporación de la protección ambiental en el sistema político, un tema en el que se centra este prólogo.

La crisis ambiental mundial

La tragedia ambiental de Colombia hace parte de la crisis ambiental mundial, un aspecto que se trata marginalmente en las entrevistas dada la clara orientación del libro de ofrecer una visión colectiva –la de los entrevistados– sobre la génesis de la situación ambiental del país y sus perspectivas. Por eso parece pertinente hacer algunas anotaciones sobre el tema.

Como se señaló, la profunda crisis ambiental enfrentada por el mundo está representada por el cambio climático y la alarmante pérdida de integridad de la biósfera como los dos fenómenos de mayor jerarquía y que han sido producto de la acción humana. Los dos tienen como característica común el hecho de que se han transgredido los límites impuestos por la naturaleza al desarrollo económico y social en forma tal que, de no detenerse y reversarse estos procesos, la humanidad estaría en la vía de enfrentar impactos que podrían afectar en forma profunda la civilización contemporánea. En efecto, si se mantienen las actuales tendencias en las emisiones de los gases de efecto invernadero, la temperatura promedio de la superficie de la Tierra podría llegar a incrementarse más allá de 3ºC en el curso del siglo, en comparación con la era preindustrial, cuando la ciencia fija el límite en 1.5ºC. El Centro de Resiliencia de Estocolmo ha puesto una señal de alarma al indicar que ello conllevaría a que el planeta entre a un camino de fenómenos extremos («the hot house path») que podrían llegar a ser catastróficos y estar fuera del control humano (Steffens et al., 2018).

El declive de la biodiversidad oceánica y terrestre se sintetiza en el hecho de que el planeta se enfrenta hoy a la sexta extinción masiva de especies de flora y fauna desde la aparición de la vida hace 3.800 millones de años. En la evaluación más completa sobre el estado de la naturaleza, realizada hasta el momento y publicada a mediados de 2019, se determinó que alrededor de un millón de especies de fauna y flora están ahora en peligro de extinción (IPBES, 2019).

Tan grave como la crisis climática y de biodiversidad es la crisis de los suelos, un tema al que recientemente no se había puesto la debida atención. Así se evidencia en dos informes recientes de la ONU, uno sobre la biodiversidad y otro sobre la contaminación del suelo (FAO et al., 2020; FAO y UNEP, 2021). Los suelos del mundo proporcionan el noventa y cinco por ciento de los alimentos de la humanidad, una cuarta parte de todas las especies animales de la Tierra viven en ellos y proporcionan los nutrientes para todos los cultivos. Los suelos también almacenan el carbono equivalente a toda la flora y, por lo tanto, son fundamentales para abordar la emergencia climática. Un tercio del suelo del planeta está severamente degradado y se está perdiendo suelo fértil a un ritmo de 24.000 millones de toneladas al año. Además, el empobrecimiento de los suelos se encuentra profundamente relacionado con la desestabilización del ciclo de nitrógeno, causada principalmente por el uso de fertilizantes sintéticos, que ha conducido a la eutrificación de extensos cuerpos de agua y, en muchos casos, a la desaparición de la flora y fauna en grandes lagos y zonas costeras.

La transgresión de estos cuatro límites ecológicos del planeta –integridad de la biodiversidad, cambio climático, uso del suelo, y el ciclo de nitrógeno y fósforo– están profundamente interrelacionados y constituyen el corazón de la crisis ambiental por la que atravesamos. A nivel global todavía nos encontramos en una zona segura en relación con el uso del agua dulce, la acidificación de los océanos y el agotamiento de la capa de ozono. Sin embargo, en el caso del agua dulce se presentan problemas de escasez en diferentes regiones y rincones del mundo en donde antes el recurso era asequible a lo largo del año. Y es que estos problemas globales son la suma de lo que ocurre en el conjunto de países, los cuales tienen sus propias expresiones locales, como son, entre muchas otras, la contaminación del aire y del agua, la falta de acceso a agua potable, o el empobrecimiento de los suelos.

El homo sapiens, a similitud de todos los seres vivientes, ha incidido en el medio natural desde su surgimiento, pero su impacto comenzó a hacerse más significativo con la agricultura que, aparecida hace cerca de diez mil años, habría de cambiar la relación de los seres humanos con la naturaleza para siempre. La agricultura generó una vida sedentaria, que daría lugar a la aparición de los centros urbanos, y demandó la necesidad de la apertura de suelos para los cultivos y la ganadería, a partir de la deforestación. Un nuevo punto de quiebre en la historia de la relación sociedad-naturaleza lo constituyó la Revolución Industrial con la invención de la máquina de vapor y detrás de ella otras tecnologías basadas en los combustibles fósiles que incrementaron la capacidad para extraer materiales biológicos y no renovables y procesarlos y distribuirlos, y que, al mismo tiempo, generaron la incesante emisión de gases de efecto invernadero de origen humano, cuna del cambio climático. Y doscientos años más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, se detonó el período que ha sido denominado como la «Gran Aceleración» por Steffens y sus colaboradores (2015), caracterizado por un crecimiento poblacional y económico sin precedentes, tanto en los países desarrollados como en desarrollo. El crecimiento poblacional comenzó a acelerarse lentamente en la segunda mitad del siglo XIX y de cerca de mil millones de habitantes en 1800 se pasó a 2.525 millones en 1950, y desde ese año a 2017 se triplicó para llegar a 7.550 millones (Roser y Ortiz, 2017). La «Gran Aceleración» de la economía se evidencia en el crecimiento del PIB mundial que entre 1900 y 1950 se multiplicó aproximadamente por tres, y de este último año a 2015 se multiplicó por diez (Roser, 2021).

La transformación tecnológica, producto de la Revolución Industrial y los saltos tecnológicos en los siglos posteriores, que tienen una nueva expresión con la «Gran Aceleración» por la que hoy atravesamos, están asociadas a lo que el Premio Nobel Angus Deaton ha denominado como el «Gran Escape». Según Deaton, desde principios del siglo XIX se inició un proceso de erradicación de la miseria, y de mejoramiento de las condiciones de salud y, en general, del nivel de vida de la población que no tiene par en la génesis del homo sapiens en el planeta, cuyo resultado lo sintentiza así: «Mi historia de el Gran Escape es positiva, de millones de personas salvadas de la muerte y la miseria, y de un mundo que, a pesar de sus desigualdades y de los millones que aún quedan atrás, es un lugar mejor que en cualquier otro momento de la historia» (Deaton, 2013, p. 325).

El «Gran Escape» y la «Gran Aceleración», profundamente interrelacionadas, han tenido como contraparte la aceleración de la producción de desechos y contaminantes y la destrucción y deterioro de diversos ecosistemas terrestres y marinos. Mientras que la concentración de gases de Dióxido de carbono en la atmósfera creció de 293,03 ppm en 1900 a 311,24 en 1950, desde este último año a mayo de 2021 creció a 419 ppm, con lo que ha alcanzado el peligroso punto de ser un cincuenta por ciento más alto que cuando comenzó la era industrial, siendo la tasa promedio de aumento más rápida que nunca. El deterioro y la destrucción de la vida marina como consecuencia de la contaminación y la sobre explotación se ilustra, entre otras, en el hecho de que en 2016 se reportó en crisis a 4.713 pesquerías, equivalentes al setenta y ocho por ciento de la pesca reportada en el mundo; en el período 1950-1990 la pesca de captura en los mares pasó de veinte millones de toneladas a aproximadamente ochenta millones, permaneciendo desde entonces en el rango de 80-84.5 millones de toneladas anuales, en una situación de sobre-explotación (FAO, 2020). A su vez, los océanos pasaron de contener una cantidad insignificante de partículas de microplástico (partículas con un diámetro menor a 5 milímetros) en el fondo marino en 1950, a contener catorce millones de toneladas en 2020; cada segundo se arrojan más de 200 kilos de plástico a mares y océanos de los cuales el setenta por ciento se va al fondo marino y el quince por ciento se queda flotando.

Así mismo, los ecosistemas terrestres han sufrido enormes transformaciones. A partir de 1950 la deforestación de los bosques tropicales se incrementó alcanzado 650 millones de hectáreas entre esa fecha y 2010 (FAO, 2012).

La poca prioridad de la crisis ambiental en los centros de poder global

Son muchos los dirigentes políticos y empresariales de Colombia que ignoran o le dan una mínima importancia al tema ambiental, no obstante, con frecuencia, en sus discursos, afirman su compromiso con la sostenibilidad, los Objetivos del Desarrollo Sostenible(ODS), etcétera. Son artilugios retóricos que acaban siendo muy dañinos, pues no pocos ciudadanos ven seguramente en ellos la evidencia de que algo se está haciendo, de que hay esperanzas.

Lo cierto es que, en Colombia, el medio ambiente no es un sujeto que tenga una alta prioridad en la política y en las políticas como lo afirman los entrevistados. La baja prioridad política que se otorga al medio ambiente en la política y en las políticas de Colombia no es un asunto doméstico y se registra, en diferentes grados, en la totalidad de los países del mundo, y por consiguiente, en las organizaciones intergubernamentales, como la ONU o la Organización Mundial del Comercio. Así se evidenció en la «Cumbre de los Premio Nobel, Nuestro Planeta, Nuestro Futuro» que tuvo lugar en abril de 2021. Y así se refleja para América Latina y el Caribe en dos informes, publicados recientemente, en cuya construcción tuve el privilegio de participar: «Esto no da para más. Hacia la transformación social-ecológica de América Latina y el Caribe» (Fes Transformación, 2020) y «La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe» (Gligo et al., 2020).

El hecho de que algunos líderes mundiales minimicen la importancia de la crisis ambiental es una de las expresiones de la baja prioridad que los sistemas políticos le otorgan a la protección de la naturaleza. Así se ilustra con las políticas tomadas por el presidente Trump durante su mandato: el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, el debilitamiento de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la derogación de diversas regulaciones ambientales, y el debilitamiento de la protección ambiental de tierras públicas. El retiro del Acuerdo de París estuvo siempre acompañado por diversas afirmaciones por parte de Trump de negación de la existencia de un cambio climático de origen humano, amenizadas por ridiculizaciones del problema («el cambio climático es un cuento chino»). Pero esta posición de Trump no es un asunto coyuntural de su presidencia ni un producto de su peculiar personalidad, ya que tiene una larga historia en la política norteamericana, como se evidencia en que una mayoría del Partido Republicano, así como un amplio grupo del sector empresarial haya negado y continúe negando el cambio climático. La fascinante y perturbadora historia de esa negación está consignada en el excelente libro Mercaderes de la duda de los historiadores de la ciencia Naomi Oreskes y Erik Conway (2010).

En América Latina también contamos con un presidente que adelanta políticas que agravan la crisis climática y de la biodiversidad: Jair Bolsonaro, Brasil. Desde el inicio de su mandato ha fomentado la deforestación de la Amazonía, con miras a establecer actividades extractivistas (agrícolas, mineras, etcétera), posición que ha complementado con su intención de disminuir el área ocupada por los resguardos indígenas. Si bien, la última propuesta sobre los pueblos indígenas aún no se ha concretado, el discurso de Bolsonaro se asocia con el pavoroso incremento de la deforestación y los incendios forestales de la Amazonía brasileña durante su mandato.

Avances en las normas y en las políticas en medio de la baja prioridad política de lo ambiental

Pero al reconocer que lo ambiental tiene baja prioridad política, los entrevistados señalan diversos avances que se han hecho en los últimos cincuenta años, los que se detonaron con la creación de las primeras corporaciones autónomas regionales, en los años sesenta, la creación del INDERENA, en 1968, y la expedición del Código de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, en 1974, siendo estos dos últimos unos claros hitos en la historia de la gestión ambiental de Colombia. Sobre estas reformas contamos en este libro con las visiones de Julio Carrizosa, bajo cuyo liderazgo se elaboró el código, y de Margarita Marino que también participó en el mismo.

La expedición de la Constitución de 1991 y la creación del Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, en 1993, fueron dos nuevos hitos en la construcción de la institucionalidad para la protección ambiental y el desarrollo sostenible. Como lo subraya Manuel José Cepeda la Corte Constitucional, desde mediados de los años noventa, señaló que la Constitución Política de 1991 es una constitución ecológica.

¿Cómo se explican estos hechos cuando he afirmado que el tema tiene una baja prioridad política? Tanto los grandes avances como los grandes retrocesos de las políticas nacionales en Colombia y, en general en el mundo, han tenido en muchos casos una dependencia singular de la voluntad de los jefes de Estado. Ello se explica principalmente por la debilidad política de los grupos de interés ambiental, si se comparan con la relativa fortaleza de los grupos de interés económicos que, en balance y mirados en una retrospectiva de varias décadas, han sido contrarios al fortalecimiento de las políticas y de la institucionalidad ambiental.

En otras palabras, las políticas para la protección ambiental son más vulnerables a lo político que otras políticas públicas, un fenómeno común en los países desarrollados y en desarrollo, como lo han demostrado diversos estudios (Janicke et al., 1996; Mance, 2015). Así se ilustra en Estados Unidos en el período 2009-2021: sustantivos avances durante los dos períodos de Barack Obama (2009-2017), sustantivos retrocesos durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021), y desde enero de 2021, con el gobierno de Joseph Biden, se habría iniciado un período de fortalecimiento de las políticas ambientales como, por ejemplo, se manifiesta a la fecha en los casos de cambio climático –que incluye el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París y el anuncio de ambiciosas metas de reducción de gases de efecto invernadero–, y la cancelación de las actividades de exploración petrolera en Alaska, que habían sido autorizadas por el gobierno de Trump. El regreso de Trump, o del trumpismo, dentro de cuatro años es un escenario posible, lo que expresaría las dificultades que pueden enfrentarse para establecer políticas de Estado en materia ambiental justamente en un campo en el que la implementación de las mismas y la producción de resultados requieren compromisos de largo plazo.

En Colombia las dos grandes reformas ambientales realizadas hasta la fecha –la primera durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Alfonso López Michelsen, y la segunda durante el gobierno de César Gaviria, se explican fundamentalmente por la decidida intervención de estos presidentes–; fueron reformas que encontraron una fuerte oposición en el sector privado (en los dos casos por parte de la ANDI), y un fuerte apoyo del movimiento ambiental, con mucha pasión, entusiasmo y poco poder, y que fueron beneficiadas por un clima internacional muy favorable para lo ambiental, determinado por las conferencias de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (1972) y la Conferencia de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992).

Esta vulnerabilidad se expresa también en procesos de debilitamiento o de congelamiento de la gestión ambiental de estado. Así ocurrió en Colombia con el paulatino debilitamiento del INDERENA y, por consiguiente de la implementación del Código, en los años ochenta. Y así ocurrió también con el Ministerio del Ambiente y el SINA, según lo evidencia Harry Mance (2009) que muestra cómo desde su creación en 1993, durante el gobierno del presidente Gaviria, y hasta 2002 estos tuvieron un período de relativo fortalecimiento, durante los gobiernos de Ernesto Samper y Andrés Pastrana, para entrar en un proceso de declive durante los gobiernos de Álvaro Uribe. Justamente, Mance adopta y expone con amplitud la concepción de la vulnerabilidad a lo político en relación con la política ambiental para explicar el caso de Colombia. El título del libro de Mance es muy expresivo: The Politics of Sustainability: The Rise and Decline of the Colombian Ministry of Environment.

¿Qué consecuencias han tenido en la práctica los avances normativos?

Las dos grandes reformas a las que se ha hecho referencia, significaron un gran avance en la normatividad ambiental, en comparación con otros países de la región, como se evidencia en el Código de los Recursos Naturales no Renovables y del Medio Ambiente, que fue el primer código en existir en el mundo, y en los más de setenta artículos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible consagrados en la Constitución de 1991. Manuel José Cepeda en su entrevista señala cómo la Corte Constitucional, desde mediados de los años noventa, señaló que la Constitución Política de 1991 es una constitución ecológica, y cómo los jueces han encontrado en ella las bases jurídicas para proferir diversas sentencias que resuelvan casos de violación de la Constitución y de la ley por parte del poder ejecutivo, sentencias que, además, han hecho avanzar todavía más la normatividad.

A través de los fallos de diferentes organismos de la rama judicial se han declarado inexequibles leyes aprobadas por el Congreso y sancionadas por el presidente, como la Ley General Forestal (2006), la Ley del Estatuto de Desarrollo Rural (2009) y la Ley de Reforma al Código de Minas (2011); se han suspendido obras que habrían generado impactos socioambientales inaceptables; se ha ordenado a las autoridades públicas la adopción de medidas para compensar daños ya ocurridos, como lo ilustra el fallo contra la Dow Chemical por un derrame de tóxicos en la bahía de Cartagena (2015); se ha impuesto a las autoridades ambientales la obligación de realizar planes de manejo para determinadas zonas, como lo ilustra la sentencia del Consejo de Estado sobre los cerros orientales de Bogotá (2013); ha ordenado a diversas autoridades públicas la realización de obras para restaurar y descontaminar ecosistemas, como lo ilustra la sentencia del Consejo de Estado para la descontaminación del río Bogotá, y se han resuelto conflictos territoriales y de aprovechamiento de recursos naturales en los territorios de las minorías étnicas, como lo ilustran los fallos de la Corte Suprema de Justicia que ordenan la restitución a las comunidades negras de las tierras invadidas por grupos paramilitares y empresarios criminales que implementaron un agresivo proyecto agroindustrial de cultivo de palma de aceite africana y ganadería extensiva, principalmente (Rodríguez 2019, pp. 273-75).

Los avances en la normatividad se ilustran con la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar la Amazonía colombiana como sujeto de derechos. Y esa decisión simboliza dos positivas tendencias que se han dado en las tres últimas décadas: la intervención de las cortes, mediante diversas sentencias, en la protección ambiental a partir de la Constitución de 1991, y la creciente participación de los jóvenes, haciendo, entre otras, uso de los mecanismos que, para su defensa, se consagran en la Carta.

En efecto, esta declaratoria de la Corte partió de una acción de tutela interpuesta por un grupo de veinticinco jóvenes de diversas regiones del país, con mentoría de la Fundación Dejusticia. La tutela estuvo dirigida a la defensa del derecho de todo ciudadano a disfrutar de un medio ambiente, consagrado en la Constitución, en virtud de que la destrucción de la Amazonía atenta contra el mismo no solamente para los habitantes de la región, sino también para todos los habitantes del país; fue una tutela que se basó en la mejor ciencia disponible sobre los servicios ecosistémicos de esta gran selva, al que se hizo referencia al inicio de esta sección, y tal como lo ilustra en su entrevista la abogada Gabriela Eslava, una de las protagonistas de esta acción jurídica. En esta sentencia la Corte parte de una nueva concepción de la relación entre la sociedad-naturaleza y el reconocimiento del valor de todas las formas de vida.

Otras organizaciones compuestas por jóvenes también han jugado un papel central en diversas declaratorias que las cortes han hecho sobre la naturaleza como sujeto de derechos. Entre ellas sobresale la declaratoria del río Atrato (2017), por parte de la Corte Constitucional, a la que siguieron la mencionada de la Amazonía (2018) de la Corte Suprema de Justicia, y la del río Cauca, por el Tribunal Superior de Medellín (2019).

El sentido de estas sentencias de las cortes sobre los ríos Atrato y Cauca, nos lo explica Gustavo Wilches en su entrevista al señalar por qué el agua debe tener unos derechos fundamentales, cuáles son esos derechos, y cuál es su relación con los derechos humanos. Gustavo representa como pocos la continua defensa por el agua, para lo cual ha desarrollado una intensa labor pedagógica y en pro de la participación ciudadana.

La participación ciudadana

La creciente y efectiva participación de los jóvenes, representada en los impresionantes logros antes reseñados, confirma una vez más la visión de Margarita Marino para quien no es posible superar la crisis ambiental sin una activa participación ciudadana. Como lo recuerda, esa concepción fundamentó la creación de los Concejos Verdes como organismos mixtos municipales con participación de representantes del sector público y de la sociedad civil, que promovió con tanto éxito como directora del INDERENA a mediados de los años ochenta del siglo pasado. Su creación tan temprana llamó no sólo la atención nacional, sino también la internacional. Fue tan activo e intenso el papel que jugaron estos concejos en los años ochenta y noventa, que Belisario Betancourt, bajo cuya presidencia Margarita dirigió el INDERENA, llamaba con humor a este instituto como la ONG ambiental más grande de Colombia. Infortunadamente, los concejos fueron languideciendo, en parte como consecuencia de la poca importancia que les dio el nuevo Ministerio del Medio Ambiente. Se perdió una experiencia y un potencial único. No es la primera vez que ocurre en la historia de las instituciones públicas en Colombia tan afines a la discontinuidad y a la procrastinación.

Evidentemente, como cientos de analistas y activistas lo afirman hoy, la crisis ambiental solamente se podrá superar en la medida en que no sólo se incremente sustancialmente la acción de las organizaciones de la sociedad civil en proyectos concretos para proteger la naturaleza, sino también a través de la participación política que incluye, entre otras, las movilizaciones masivas para buscar una transformación del status quo político que, en Colombia, y en la mayor parte de los países del mundo, ha significado mantener lo ambiental en un lugar menor en la agenda pública. Parecería la única forma de derrotar a los Bolsonaros y Trumps de este mundo y los fatídicos grupos de interés que representan.

La Constitución de 1991 tiene a la democracia participativa como uno de sus fundamentos, y la legislación, incluyendo la que se refiere específicamente a lo ambiental, prevé diversos mecanismos para garantizar la participación ciudadana. Sin embargo, se necesita recorrer un largo trecho para realizar todo su potencial y también llenar vacíos. Infortunadamente, en la actualidad se atraviesa por un período no muy favorable en pro de la participación como lo evidencia el hecho de que Colombia no haya ratificado el Acuerdo de Escazú, un tratado visionario y sin precedentes negociado por los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe, a partir del Artículo 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que regula los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en los ámbitos del desarrollo sostenible y la protección ambiental. Entre otras, el Acuerdo de Escazú contempla normas que obligan a Colombia a implementar en mejor forma su normatividad y que, además, servirían para proteger mejor a los líderes ambientales. Esta sería una de las posibles salidas a una de las principales preocupaciones de Nicolás Wild, expresada a través de sus entrevistas: explorar cursos de acción para detener el asesinato de los líderes ambientales.

La efectiva oposición a su ratificación por parte de los gremios del sector privado y su débil defensa por parte del Gobierno son una nueva evidencia de lo lejos que se está de convertir a la protección ambiental en sujeto político de alta prioridad.

La Amazonía como símbolo de la crisis ambiental

Las grandes amenazas sobre la integridad de la selva amazónica y de las culturas milenarias que la habitan, es un tema que, por su importancia, tratan muchos de los entrevistados. Es necesario señalar que el caso de la Amazonía simboliza la crisis ambiental de Colombia más que cualquier otro problema. Así se reconoce en el primer capítulo del libro, tema sobre el cual haré algunas reflexiones. El hacerlo no significa que los temas tratados en los otros capítulos no tengan una enorme relevancia para el futuro de nuestro país tal como los lectores podrán apreciarlo en las entrevistas.

Sólo es posible entender la deforestación de la Amazonía colombiana a cabalidad en el marco de la gran cuenca, en la cual la Amazonía colombiana representa el seis por ciento del área total. De hecho, el mayor problema ambiental de los otros países que comparten esta cuenca es la deforestación de la misma. Las observaciones efectuadas en las entrevistas por Martín von Hildebrand, Rodrigo Botero, y Gabriela Eslava sobre nuestra Amazonía tienen, en mucho, validez para entender tanto las causas, como las posibles soluciones a la crisis de la mayor selva tropical del mundo en cada uno de los ocho países amazónicos. Y para entenderlas se debe partir del reconocimiento de nuestro destino común. Por eso viene al caso hacer algunas consideraciones a las certeras visiones y observaciones que nos presentan estos tres entrevistados.

Se estima que si la deforestación llegare a superar el veinte por ciento del área de la gran cuenca, este ecosistema traspasará el umbral, el tipping point, a partir del cual se detonaría una catástrofe ambiental: se produciría un proceso gradual de sabanización, en particular en la Amazonía del Este, como resultado de la pérdida de humedad de la selva (Lovejoy et al., 2028). Una de las consecuencias más graves sería la desestabilización de los ríos voladores, esos grandes ríos de vapor de agua que procedentes de la evapotranspiración de la selva fluyen por la atmósfera del continente, determinando una buena parte del ciclo del agua de sus más diversos rincones. Así, por ejemplo, las lluvias en la Sabana de Bogotá y en los páramos que la circundan dependen en mucho de estos ríos voladores que, al disminuir en su volumen de vapor de agua, como consecuencia de que se transgrediera el tipping point mencionado, alterarían la precipitación media anual con los impactos asociados para la disponibilidad de agua dulce. Con la reducción de humedad de la Amazonía los caudales de los ríos superficiales de la región también se verían afectados.

Además, como lo afirman los entrevistados del primer capítulo del libro, y como también lo hace Germán Andrade y Brigitte Baptiste, entrevistados en el segundo capítulo, la destrucción y deterioro de la selva amazónica conduce al menoscabo de biodiversidad, representado tanto en la disminución del tamaño de las poblaciones de las especies de flora y fauna, como en la extinción de especies, es decir, contribuye en forma sustantiva al deterioro de la integridad de la biosfera que, conjuntamente con el cambio climático, son los dos fenómenos de mayor jerarquía en la crisis del planeta.

La deforestación representa aproximadamente el veintinueve por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países de Latinoamérica. Y con el incremento de la deforestación de la selva amazónica, desde mediados de los años sesenta, esta tiene el mayor peso como fuente de emisiones de GEI, de estos países, conjuntamente con la actividad agropecuaria. En síntesis, detener la deforestación en la gran cuenca Amazónica es una política crítica en la lucha contra la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático, así como en la estabilidad del ciclo del agua. Pero no es posible que cada país se salve de las consecuencias de la deforestación de la Amazonía deteniendo la deforestación en el área geográfica de sus límites político-administrativos. Es imperativo que desde cada país se desarrollen e implementen políticas con una eficacia similar y en forma armónica y coordinada.

Si bien en los ocho países amazónicos la deforestación de esta selva ha incrementado en los últimos cinco años, en ellos se observan políticas diferenciadas, como es el caso de Colombia, en donde más del sesenta y cinco por ciento de este territorio está representado en parques nacionales y resguardos indígenas; además, la legislación de nuestro país en materia indígena y amazónica es la más avanzada de la región, como lo enfatiza von Hildebrand. El futuro de la selva amazónica, tanto en Colombia como en los otros países de la cuenca, dependerá en mucho del fortalecimiento de los resguardos indígenas, es decir, de la protección de los derechos culturales y territoriales de estos pueblos que han demostrado con creces cómo son los guardianes de la mayor selva tropical del mundo, y dependerá también del fortalecimiento de los parques nacionales; la suma de unos y otros representa hoy más del cincuenta por ciento de la extensión de la Gran Cuenca. Pero, de nuevo, este escenario será solamente posible si se logra transformar lo ambiental en un sujeto de alta prioridad política.

La vulnerabilidad de la protección ambiental frente al modelo económico

En los párrafos anteriores se ha contrastado cómo, en una historia de más de cincuenta años, en Colombia se ha hecho un significativo avance en la normatividad ambiental pero que, al mismo tiempo, su implementación está lejos de ser satisfactoria, como lo evidencia la crisis ambiental, un fenómeno que se repite en todos los países del mundo. Como se ha dicho, hay suficientes normas y lo que falta es aplicarlas a cabalidad. Justamente, la distancia entre lo que establecen las normas y su aplicación se explica en mucho por la gran vulnerabilidad que tiene la gestión ambiental a los vaivenes políticos.

La situación de la proliferación de normas que no se cumplen o se cumplen muy poco tiene también su equivalente en el ámbito internacional. A inicios de este siglo, se estimó que existían más de mil instrumentos jurídicos ambientales internacionales diferentes, tanto jurídicamente vinculantes como de cumplimiento voluntario, y ciento treinta y nueve tratados ambientales internacionales de alcance global o regional (Anton, 2013). Pero, como lo ha subrayado John Vidal, reconocido periodista ambiental: «Nunca hemos tenido tantos acuerdos, objetivos y metas ambientales en el ámbito global, pero el deterioro de los ecosistemas sigue aumentando, el cambio climático se está acelerando, la degradación del suelo y los océanos continúa, la contaminación del aire y el agua está creciendo, la basura y los residuos están aumentando, y todavía estamos realizando un desarrollo sostenible desastrosamente fallido».

La principal razón de la falta de cumplimiento de estos tratados radica en el hecho de que cumplirlos implicaría para los grupos económicos más poderosos renunciar a parte del lucro económico de corto plazo. Es un fenómeno que se reproduce a nivel nacional. Así que la vulnerabilidad de la protección ambiental a lo político está, en últimas, explicada por su vulnerabilidad al modelo económico. La historia del fracaso de la Convención de Cambio Climático firmada en 1992 es la historia de la obstaculización de las multinacionales del petróleo, de la producción de automóviles, etcétera, a que se hiciera algo para cumplirla. Hoy estamos ante una crisis climática y sólo contamos con diez años para solucionarla. Así que son por lo menos treinta años dilapidados, pues no debe olvidarse que del problema se tenía muy buen conocimiento desde 1979, cuando la Academia de Ciencias de los Estados Unidos presentó el «Informe Charney» sobre cambio climático al presidente Carter (1977-1981), en el cual se diagnostica el fenómeno y su gravedad –diagnóstico muy semejante al que conocemos actualmente–.

Los problemas ambientales se aceleraron, en los últimos cuarenta años, con el lugar que adquirió la ganancia financiera como valor máximo a partir del modelo económico neoliberal adoptado a principios de los años ochenta bajo el liderazgo de la primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, y del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Es un modelo que, a su vez, ha generado una concentración de la riqueza sin precedentes en los últimos cien años, y una mayor desigualdad, como lo ha evidenciado Thomas Piketty en su libro El capital en el siglo XXI. Este modelo ha generado un comportamiento empresarial y ha reforzado unos patrones de consumo y producción disfuncionales con la protección ambiental que incluyen el despilfarro y mal uso de la energía y de los materiales bióticos y abióticos y el deterioro y destrucción de los ecosistemas. En adición al comportamiento de los productores de combustibles fósiles –que obstaculizaron la lucha contra el cambio climático lo que incluyó el práctico congelamiento de la innovación en materia de energías renovables no convencionales y de transporte– mencionemos otros tres ejemplos: el surgimiento de la moda rápida (usar y tirar) con formas de producción y consumo de alta insostenibilidad ambiental y una gran injusticia laboral; el incremento del consumo de comida insana (comida rápida y comida chatarra) que implica además el despilfarro de los productos agropecuarios (De Vogli, et al., 2014); el incremento de la masiva y trágica deforestación de la región Amazónica en marcha, con miras a abrir tierras para la agricultura, y la ganadería que está asociada, simultáneamente, con el incremento de la concentración de la propiedad de la tierra y con la lucha por la supervivencia de colonizadores en la pobreza, como se arguye en el capítulo primero de este libro. En otras palabras, el modelo neoliberal dominante en las últimas cuatro décadas ha generado, a un mismo tiempo, mayor inequidad y ha favorecido al no cumplimiento de tratados multilaterales como las convenciones de cambio climático y de biodiversidad, esenciales para resolver la crisis ambiental.

Hacia el desarrollo sostenible

Es urgente una transformación del modelo económico como lo han señalado reconocidos líderes políticos y espirituales y connotados economistas (Papa Francisco, 2015; Sachs, 2015; Ocampo, 2014; Stern, 2010). Como lo afirma la experta en economía y ecología, Jennifer Hinton: «No podemos seguir suponiendo que la economía se alinee en forma automática con la sostenibilidad social y ambiental. Se requiere una transición de nuestras instituciones económicas para que se alejen de la ganancia financiera como foco central y se enfoquen directa y prioritariamente en propósitos sociales y ecológicos» (Hinton, 2021).

En otras palabras, es urgente que el mundo se dirija hacia el desarrollo sostenible, el modelo que ha sido propuesto para superar la crisis, y cuya característica que lo diferencia de los otros modelos de desarrollo es el reconocimiento de los límites impuestos por la naturaleza. Ese es justamente el tema del penúltimo capítulo del libro. La noción del desarrollo sostenible se instaló con una rapidez inusitada como uno de los ideales de la humanidad, desde que lo lanzó la Comisión Bruntland en 1987, una de cuyos veinticuatro miembros fue Margarita Marino. Es un ideal que, como la democracia, los derechos humanos y la libertad, tiene las más diversas versiones e interpretaciones. Incluso algunas de ellas se alejan tanto que acaban desconociendo sus principios orientadores fundamentales. Aquí nos estamos refiriendo a lo que ha denominado Eduardo Gudynas como la concepción dura del desarrollo sostenible, de la cual hace parte la visión antes señalada por Hinton.

De lo que se trata es de asegurar un tipo de desarrollo que tenga como objetivos vivir dentro de los límites impuestos por la naturaleza y asegurar el bienestar social. La economía, la ciencia y la tecnología, y la política y las políticas son medios para alcanzar esos dos objetivos. Esa es la concepción dura del desarrollo sostenible. En forma explícita o implícita, los diversos entrevistados parecerían partir de esta concepción. En su aplicación cabal reside el futuro ambiental de nuestros dos hogares: del planeta Tierra y de Colombia el país en que habitamos.

Post-scriptum

Después de leer las entrevistas que conforman este libro, los dirigentes políticos y empresariales del país que aún omiten, ignoran o simplifican la tragedia ambiental que enfrentamos deberían abandonar esas posiciones tan dañinas acerca de uno de los mayores problemas del país –para muchos el mayor–. Pero algunos de estos dirigentes preferirán no leerlo. Otros, después de hacerlo, murmurarán que son exageraciones de las mentes obnubiladas de unos fundamentalistas y, seguramente, muchos cambien su visión y, con ella, su acción en relación con el papel que debe ocupar el medio ambiente en la agenda política y empresarial del país. Estoy seguro de que el variado cúmulo de testimonios, puntos de vista, evidencias científicas, experiencias, obsesiones y pasiones que revelan los entrevistados será de gran utilidad y significado para quienes deseen avanzar en el entendimiento de la complejidad de la crisis ambiental de nuestro país, así como para aquellos que se acerquen a este libro en un intento de entenderla. Para unos y otros será inspirador. Gracias Nicolás Wild, por esta admirable contribución.

Referencias

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Introducción

Cuando regresé a Bogotá, en agosto de 2019, venía de terminar mi maestría en Administración de Empresas en la Universidad Grenoble École de Management (Francia), y quería trabajar en una compañía que aportara al medio ambiente. Pese a ser un administrador de empresas, siempre quise ayudar a conservar las especies de nuestro país y a generar conciencia sobre la importancia de desarrollar nuestra economía de una manera sostenible. Los paseos que hacía en mi infancia al campo con mis padres, y luego a las Islas de San Andrés, despertaron en mí una gran pasión por los animales y por la naturaleza en general. Pero no fue sino hasta que cumplí treinta años que realmente empecé a darme cuenta de lo importante que era trabajar en el campo de la conservación ambiental. Cuando comencé a indagar por la historia de los ambientalistas colombianos, y empecé a leer la vasta bibliografía sobre la problemática ambiental de nuestro país, comprendí que no existía un libro que tratara el impacto del cambio climático y la crisis ambiental en Colombia de una manera fácil de entender y asequible para el grueso público. Lo que había en abundancia eran ensayos académicos especializados y estudios científicos sectoriales. En contraste, no encontré en mi revisión de la literatura disponible un libro que ofreciera una visión panorámica sobre la crisis ambiental colombiana ni una obra que fuera dirigida a la mayoría de los colombianos. Fue así como tomé la decisión de aventurarme en este terreno con la intención de crear un libro que se acercara a la problemática ambiental de nuestro país desde una perspectiva general, en lugar de específica, escrito en un lenguaje llano y sencillo, en lugar de científico. Para bien o para mal, la obra que usted está leyendo es el resultado de ese esfuerzo y de esa intención.

Después de una larga reflexión, llegué a la conclusión de que la mejor forma de lograr mi objetivo era entrevistar a los más grandes científicos y expertos del país para poder entender sus puntos de vista sobre la crisis ambiental. Es así como tuve ocasión de tener conversaciones profundas con quienes mejor conocen las diferentes facetas de la crisis ambiental en campos tan disímiles como la deforestación, el acceso al agua potable y su escasez, la contaminación de los centros urbanos, los daños colaterales de la minería, el descuido de los mares y la proliferación del plástico, la pérdida de biodiversidad, las ciudades y la economía circular, el desarrollo sostenible y la masacre de los líderes ambientales e indígenas.

Las entrevistas que hice fueron las siguientes: Sandra Bessudo (octubre 2019), Germán Andrade (octubre 2019), Paula Caballero (diciembre 2019), Martín von Hildebrand (diciembre 2019), María Fernanda Suárez (marzo 2020), María Claudia Díazgranados (abril 2020), Rodrigo Botero (junio 2020), Gustavo Wilches-Chaux (julio 2020), Julio Carrizosa Umaña (julio 2020), Daniel Bernal (julio 2020), Manuel José Cepeda (julio 2020), Gabriela Eslava (agosto 2020), Juan Manuel Santos (octubre 2020), Margarita Marino de Botero (octubre 2020), Patricia Tobón Yagarí (octubre 2020), Brigitte Baptiste (noviembre 2020), José Saulo Usma (noviembre 2020), Bart van Hoof (mayo 2021), y María Mercedes Maldonado (mayo 2021).

Nueve grandes conclusiones
PRIMERA
Colombia es un país muy rico en recursos naturales y tiene una naturaleza exuberante. Dicho lo anterior, el país avanza rápidamente hacia una crisis ambiental gracias al cambio climático

Germán Andrade, exsubdirector del Instituto Alexander von Humboldt, biólogo, y profesor de la Universidad de los Andes, argumenta que las regiones de la alta montaña de Colombia son las más vulnerables al cambio climático. Las especies, como los anfibios y los reptiles que viven en estas zonas también son de los más vulnerables a estas variaciones del clima; los bruscos cambios de temperaturas las obligan a desplazarse latitudinalmente hacia las tierras más altas con el riesgo de que muchos mueran de enfermedades que pueden adquirir en esos nuevos ambientes¹.

Pero la fauna no es la única que corre el riesgo de desaparecer. La doctora Brigitte Baptiste estima que el treinta por ciento de las plantas están amenazadas de extinguirse por los procesos de deforestación. Baptiste opina que debería haber una política muy concreta de manejo forestal. Según la exdirectora del Instituto Alexander von Humboldt y experta en biodiversidad, el problema es que no existe una política para la siembra de maderas ni tampoco una política de concesiones forestales para las comunidades que tienen la capacidad de manejarla. «Toda la estrategia de restauración del país debería estar asociada a espacios de renovación productiva», afirma la reconocida bióloga.

SEGUNDA
La biodiversidad la estamos destruyendo con la minería ilegal, la deforestación y la basura

El cambio climático se ha acelerado en el último siglo, exacerbando los cambios en el medio ambiente, pero uno de los peores impactos se ha visto reflejado en la pérdida de biodiversidad por causa directa e indirecta del ser humano. Sin embargo, el mayor impacto sobre la pérdida de biodiversidad se ha visto reflejado de una manera directa por los humanos. Colombia es el segundo país con la mayor cantidad de biodiversidad en el mundo, y entre estas ocupa el segundo puesto con mayor variación de especies de peces, según varios artículos académicos y de prensa.

El coordinador del programa Conservación de Ecosistemas de Agua Dulce para la World Wide Fund for Nature (WWF), José Saulo Usma, le atribuye esa gran diversidad de peces al hecho de que Colombia tiene una gran variedad de ríos, algunos que no comparte con ningún otro país. Esa gran diversidad de peces es exportada de forma ornamental y tienen el potencial de atraer turistas que vienen a hacer pesca deportiva, lo que generaría empleo a las comunidades locales. Sin embargo, la minería ilegal está amenazando con acabar con los peces que habitan en estos humedales y está dejando serias secuelas en las comunidades que dependen de las riquezas de estos ríos. Según Usma, la minería ilegal está dejando paisajes irreparables llenos de grava, roca, y arena, y está creando una economía ilegal con prostitución en municipios como el de Inírida, capital del departamento de Guainía. La prostitución que ha nacido en este municipio está transmitiendo enfermedades sexuales, dejando así secuelas en la comunidad que son irreparables. «Eso es una amenaza cultural que deja unos impactos sociales y económicos muy profundos en las comunidades que los pueden llevar a su extinción», puntualiza Usma.

La minería ilegal ha dejado grandes cantidades de mercurio en los ríos, contaminando a los delfines rosados, peces y comunidades que dependen de estos humedales. El cien por ciento de los peces capturados en los ríos del Orinoco y Amazonía, para un estudio científico, demostraron tener altos niveles de mercurio y, como resultado, muchas comunidades indígenas que viven a las orillas de estos humedales tienen problemas de salud².

En Colombia, a diferencia de otras naciones latinoamericanas, tenemos una abundancia de agua que nos permite vivir sin la nieve que se derrite de los nevados, pero eso no quiere decir que hay que sobrevalorar este recurso. «Esa abundancia de agua fue muy nociva para Colombia porque generó una falsa conciencia de que eso era infinito, y nos hemos dado cuenta de que no es así», argumenta Gustavo Wilches-Chaux. El experto en desastres naturales dice que ya hay partes del país como en el municipio de Timbiquí, que está ubicado dentro del Chocó biogeográfico (una de las regiones más lluviosas del mundo), donde el agua tiene que ser importada en botellas desde el interior del país debido a que se están secando los ríos y se han ido contaminando los humedales con el mercurio de la minería ilegal.

La minería ilegal viene muchas veces acompañada de la deforestación, pero no es su causa principal. La expansión de la frontera agrícola ha sido alguno de los motivos por los cuales hay tanta tala ilegal de árboles. En una columna titulada «Alarmas prendidas por la deforestación», el director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Rodrigo Botero, explica cómo en los últimos cinco años se han deforestado 300.000 hectáreas donde se han instalado 650.000 cabezas de ganado y se han construido 1.500 kilómetros de carretera para consolidar nuevas zonas ganaderas. De enero a marzo de 2020, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) registró la pérdida de 64.000 hectáreas de la Amazonía, ochenta y tres por ciento más que el año pasado³. La pandemia del COVID-19 ha sido uno de los factores que explica por qué, alrededor del mundo, se ha descuidado la protección de los parques nacionales naturales, abriendo la puerta para que los acaparadores de tierras y las mafias talen árboles ilegalmente⁴. Mientras que el Estado se mueve lentamente para frenar la deforestación, la ganadería y grupos armados se mueven a un paso voraz para convertir la selva en pastorales.

La minería y la falta de educación a nivel nacional también han sido unos de los principales motivos por los cuales hoy en día nuestros ríos se han contaminado. Los ríos que desembocan al mar muchas veces traen con ellos desechos de la minería, pero también plástico y otro tipo de basura que la gente arroja. «La gran mayoría de gente bota las cosas al piso y no a la caneca, y eso sucede en gran medida, en los estratos donde no hay educación. La gente bota la basura a los ríos y eso obviamente termina en el mar», argumenta Sandra Bessudo. El plástico, como otro tipo de basura, puede durar cientos de años en desintegrarse siendo consumido por peces, aves, tortugas, y otro tipo de animales. La bióloga marina y directora de la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos argumenta que hay que educar a la gente para que no arroje basura al medio ambiente, y hay que reducir nuestro consumo de plástico de un solo uso. A Bessudo le preocupa que los residuos del plástico puedan hacer que el plancton desaparezca, cuyo propósito es el de generar oxígeno: «si el plancton desaparece estaremos contribuyendo a aumentar los niveles de CO₂ en la atmósfera y, por ende, el cambio climático».

TERCERA
El modelo de la extracción de los recursos naturales que viene de la colonización es uno de los principales responsables de nuestro deterioro ambiental

Para poder entender de dónde nació la minería ilegal y la expansión agrícola ilegal en Colombia sólo hay que mirar nuestra historia y nuestra economía extractiva que inició en la colonización. La colonización y la Conquista de Colombia creó la forma de pensar que podemos ganarnos la vida de una manera rápida y al azar utilizando los recursos renovables y no renovables que ofrece la geografía. Posiblemente uno de los grandes ejemplos de este comportamiento se vio cuando el conquistador y abogado Gonzalo Jiménez de Quesada se aventuró, con quinientos hombres, hacía el interior de Colombia en busca de «El Dorado», su objetivo era descubrir ese lugar mítico donde podría encontrar la bonanza de oro⁵. Jiménez de Quesada derrotó a Tisquesusa en Bogotá, y conquistó a los muiscas en Tunja apoderándose de grandes cantidades de oro⁶. Insatisfechos con sus conquistas, los españoles se dedicaron a perseguir al zipa de los Tisquesusa, a quien mataron accidentalmente en una batalla, toda vez que lo querían torturar para saber dónde estaba el resto del oro; su remplazo sufrió ese mismo destino⁷.

Esta fiebre por el oro sigue presente en la sociedad colombiana. «El extractivismo se nos quedó en la cabeza, sobre todo el extractivismo destructivo porque podemos extraer minerales del suelo y recursos de distinto tipo, siempre y cuando implementemos medidas compensatorias y de manejo», argumenta la doctora Brigitte Baptiste. La bióloga explica que tenemos una mentalidad muy asociada al mito de El Dorado en donde creemos que podemos hacernos ricos por obra del azar.

Esa mentalidad de extraer los recursos sin importar el costo socioecológico fue reforzado con la industrialización. Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX el desarrollo era asociado a la destrucción de la naturaleza y la occidentalización de los indígenas y de comunidades afrocolombianas. En 1928 el expresidente Laureano Gómez en su conferencia, «Interrogantes sobre el progreso de Colombia», ilustró este pensamiento:

La tragedia de nuestros recursos naturales se revela del hecho de que, en este país abrumado por la selva, cubierto de millones de millones de árboles primitivos, cuando se necesitan millares de traviesas de ferrocarril o unos pilotes para una modesta estacada, hay que importarlos de Norteamérica o substituirlos por hierro, también importadas⁸.

El líder conservador así describía un paisaje salvaje cuyo único propósito era el de convertirse en una nación industrial domada por el ser humano y libre de vegetación. Gómez en ese mismo texto describe a la selva y a las vastas praderas como un lugar «inútil, hueco» poblado por «salvajes vagabundos atormentados por el terror»⁹. Desde el imaginario de Gómez, Colombia, con la excepción de la Sabana de Bogotá, tenía una densa vegetación y condiciones climatológicas que han servido como «obstáculo» para el desarrollo de la República.

Está visión retrógrada del desarrollo y del imaginario de los indígenas no es única de Laureano Gómez. Margarita Serje en su texto, El revés de la nación: territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie, describe cómo historiadores españoles, políticos criollos e intelectuales explicaron que los males de la patria, particularmente la violencia, derivaban del supuesto hecho de que «nuestros ancestros aborígenes eran sanguinarios y atroces»¹⁰.

CUARTA
La colonización prevalece y sigue debilitando la conservación del medio ambiente

Este maltrato y violencia hacia las comunidades indígenas siguen prevaleciendo con la guerrilla y los paramilitares. Los grupos étnicos suelen ser víctimas de la guerra de guerrillas y de la expansión agrícola. Donde están ubicadas las comunidades indígenas y afrocolombianas, suele haber una ausencia estatal permitiendo que los grupos armados aprovechen esa ausencia para asesinarlos y quedarse con sus tierras. La justicia, al igual que el Estado, está poco presente en estas zonas y hay muy pocos abogados que entiendan el idioma local o que estén dispuestos a meterse dentro de las regiones donde habitan muchos de estos grupos étnicos. Las reservas indígenas tienen vastas extensiones de tierra con muchas riquezas incentivando así a los grupos armados a entrar en estas zonas para explotar sus recursos y sus comunidades. «Hay una economía ilícita de la guerra que es muy rentable, que se ha instaurado en esos territorios, que no tiene esa protección estatal y que los grupos armados se encuentran en esos sitios propicios para controlar y vivir de una renta», señala la comisionada Patricia Tobón.

Tobón, la comisionada más joven de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV)¹¹ y una de las pocas abogadas indígenas reconocidas en el país, cuenta que el colonialismo de las comunidades indígenas sigue muy presente, incluso cuando el Estado sí está presente en esas zonas. «Se sigue pensando que los territorios indígenas son la mina del país y es así que se repite la historia de la Conquista española», exclama Tobón. «Se les quita a esas comunidades indígenas su territorio argumentando que ahora es del Estado, y se las dan a las empresas para que extraigan lo que tengan que extraer sin importar si esa comunidad está de acuerdo o no, porque esas tierras no les pertenecen», detalla.

El doctor Martín von Hildebrand, antropólogo y etnólogo, quien lleva más de cincuenta años trabajando con las comunidades indígenas de la Amazonía, relata cómo las caucheras explotaban a los indígenas cuando él llegó a la selva en 1972. «Se llevaban al líder amarrado al internado durante seis años para que negara su cultura, sus ancestros, sus abuelos, su religión, su comida, su cotidianidad. ¡Todo! Esto lo hicieron para reemplazar su cultura por una visión muy floja y diluida de los occidentales», relata.

Es por este motivo que hoy en día los indígenas son los que más sufren el conflicto armado y cuyos grupos étnicos corren el mayor riesgo de sufrir un exterminio físico y cultural¹². von Hildebrand, Tobón y Usma coinciden en que los indígenas son los mejores en conservar el medio ambiente, razón por lo cual hay que ayudar a protegerlos junto a sus resguardos. Sólo así se podrán conservar efectivamente las selvas y la biodiversidad.

QUINTA
En las zonas donde hay un deterioro ambiental hay casi una total ausencia del Estado

La Constitución de 1991 se creó, en parte, para cambiar esta mentalidad extractiva y colonial con artículos que protegen al medio ambiente, promueven el desarrollo sostenible y declaran que los indígenas tienen derecho a tener sus tierras, mantener sus idiomas y educación; pero la ausencia del Estado impide que estos mismos sean protegidos. Al no haber hospitales, escuelas y Fuerza Pública en varias regiones del país, los acaparadores de tierras se aprovechan de esta situación para quemar y talar los bosques. Rodrigo Botero, argumenta que para frenar la deforestación hay que revisar quiénes son los grandes tomadores de decisiones y no enfocarnos en ver ejercicios innocuos donde no están los tomadores de decisiones sobre los procesos de deforestación en la región Amazónica. Si el Estado se enfoca en atrapar a los que están deforestando y no a los autores intelectuales del crimen entonces nunca van a dar con la raíz del problema, sólo el síntoma.

Los grupos armados también se aprovechan del ausentismo estatal extrayendo oro y otras piedras preciosas por medio de minas ilegales. Las estadísticas dadas por un estudio apoyado por el Banco de la República, estiman que el área cubierta por títulos mineros aumentó setecientos por ciento desde 2001-2014¹³. Esta bonanza se le debe al alto crecimiento de los precios internacionales del oro. A pesar del alto crecimiento en los títulos de oro, el sector minero sigue siendo dominado por la minería ilegal y artesanal. Desde 2010-2017 un censo de minas demostró que el ochenta y siete por ciento de las minas de oro eran ilegales y sólo el tres por ciento tenían licencias ambientales.

Para entender qué está haciendo el Gobierno para combatir la minería ilegal entrevisté a la exministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez. La ministra explica que el Gobierno creó el Plan Nacional de Desarrollo que acompaña a los pequeños mineros para formalizar su trabajo. El Ministerio de Minas y Energía así tiene previsto a partir de 2020 tener 27.000 mineros en proceso de formalización. El mercurio es ilegal y es utilizado por los mineros al margen de la ley para extraer el oro, por lo cual formalizar a estos mismos es esencial para prevenir que este químico termine en los humedales. Una de las alternativas que el Gobierno les está dando a los mineros son los programas de beneficiaderos o entables para que ellos aprendan a utilizar esta tecnología para extraer el oro. Sin embargo, cuando el oro ilegal que ahora llega al mercado ya no encuentra clientes legales, el único cliente que les queda son los grupos armados que lo utilizan para financiar sus estructuras ilegales.

Por eso el Gobierno quiere pasar un proyecto de ley para fortalecer las medidas y herramientas que tienen las autoridades para combatir la extracción ilícita de minerales. Así mismo, el presidente Iván Duque estableció la campaña Artemisa como una estrategia ambiental, en donde el Ejército, la Policía, la Fiscalía y la Procuraduría se coordinan para combatir la deforestación y la minería ilegal.

No obstante, el profesor Germán Andrade discrepa del argumento de que sólo las minas ilegales contaminan:

Las mafias y mercados internacionales de productos mineros como el oro entran y destruyen el territorio sin ninguna contemplación. Esas minerías se mezclan. No es que aquí esté una y allá esta la otra. Eso es parte del error. Eso es una mezcla complicada porque el oro es un producto legal que se produce en todo tipo de minerías en Colombia: en la empresarial legal, en la informal y en la criminal. Pero una vez que el granito de oro llega a la Avenida Jiménez de Bogotá entonces ya es legal y no hay trazabilidad.

Tal vez por eso es que debe existir un mayor control sobre la manera en la que se extrae el oro. Siempre y cuando haya una demanda por el oro y no exista la presencia estatal sobre grandes porciones del país, habrá poco control sobre la extracción de este recurso, lo que generará graves consecuencias socioeconómicas y ambientales.

SEXTA
El deterioro ambiental sigue ocurriendo porque a los líderes ambientales los asesinan

El manejo y la conservación del medio ambiente es demasiado grande y complejo para que el Gobierno actué solo. Tiene que haber una cooperación por parte de la ciudadanía para frenar la deforestación y la minería ilegal. Cuando el Estado es incapaz de frenar los crímenes ecológicos los defensores que quedan son los líderes ambientales. El problema es que, en Colombia, como en muchos países, a los líderes ambientales los asesinan. La expansión agrícola es uno de los principales motores detrás de este tipo de violencia. «Esa expansión está acompañada de armas, no estoy diciendo de guerrilla o de paramilitares, sino de armas de mafia. Cualquier ambientalista que esté tratando de proteger la naturaleza afectada por esa causa, estará en peligro porque el Estado no ha logrado superar el narcotráfico», argumenta el exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda.

El jurista admite que parte del problema proviene de que el alcance de la justicia para llegar a las zonas más remotas del país y hacer una investigación autónoma es «precaria» y que el crimen organizado suele estar detrás de los asesinatos. «Estas organizaciones contratan a un sicario, a quien después de cometer la trasgresión, lo protegen, bloqueando, perturbando o impidiendo la actividad de la justicia», aclara Cepeda. El exmagistrado señala que el problema más grande es estructural y este tiene que ver con la falta de presencia del Estado colombiano en todo el territorio nacional, con la capacidad de reacción oportuna, y con poder superar las causas múltiples de violencia que subsisten en varias zonas del país.

SÉPTIMA
El Acuerdo de Paz tiene unos resultados mixtos en cuanto a la conservación del medio ambiente

La solución en ese sentido aparenta ser obvia: el Estado tiene que hacer presencia en las zonas donde antes las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) se encontraban, pero al haber una ausencia estatal ya hay grupos armados que se han aprovechado de la situación para llenar ese vacío, como lo explica el expresidente Juan Manuel Santos:

En muchas zonas del país, por ejemplo, en el Chocó, toda la dinámica de reparar a las víctimas, de devolverle a los campesinos la tierra que les fue quitada con las armas, ese proceso de restitución de tierras ha generado la reacción de quienes se apoderaron ilegalmente de esas tierras. Estos terratenientes, con vínculos muy cercanos a los paramilitares les quedó muy fácil volver a reagrupar a algunos de ellos para poder defenderse de ese proceso de restitución de tierras. Es decir, los terratenientes están defendiendo una tierra que adquirieron ilegalmente.

Para frenar el asesinato de las víctimas del conflicto armado el mandatario explica que el Estado debe ocupar esos territorios no sólo con la Fuerza Pública, sino con desarrollo social e infraestructura. El exmandatario exclama que el gobierno de Iván Duque ha sido incapaz de llenar el vacío que dejó las FARC-EP, permitiendo que los grupos armados entren a estas zonas y asesinen a aquellos que buscan recuperar sus tierras, porque muchos de esos territorios son corredores del narcotráfico. Esa falla en el sistema está permitiendo que el narcotráfico asesine a las víctimas del conflicto armado, construyan minas ilegales y talen la selva con impunidad.

Otro de los grandes retos a los que se enfrenta el Estado con el Proceso de Paz es cómo puede darle un substituto al campesino que antes cultivaba la coca y que ahora tiene que cultivar productos alimenticios. «Los campesinos, en múltiples zonas de Colombia, no tienen un producto agrícola que sea tan rentable como la coca. Por lo tanto, si la coca es más rentable y los otros productos no, no hay manera de compensar las ganancias y se continúan desarrollando las actividades del narcotráfico», declara Manuel José Cepeda. Según el jurista, los esfuerzos por crear una sustitución de cultivos ilicitos «han avanzado a sus ritmos, algunos relacionados con la implementación del Acuerdo Final de Paz, pero siguen siendo insuficientes, porque no van al ritmo necesario para que muchos campesinos opten de manera sostenible por un cultivo distinto o por una actividad diferente».

Sin embargo, el problema del deterioro ambiental no se frena con ponerle fin al narcotrafico o a la cultivación de coca, el mismo fin de la guerra permitió que las víctimas del conflicto armado regresaran a sus tierras, talando la selva que había crecido ahí. La doctora Brigitte Baptiste cuenta la historia de cómo las áreas montañosas de Santander donde la naturaleza había florecido en las tierras de los desplazados, cinco años después los campesinos habían talado esa selva.

El expresidente Santos no obstante defiende el manejo ambiental que le dio su gobierno:

(I) Incrementamos las áreas protegidas de cerca de doce o trece millones de hectáreas a cuarenta y tres millones de hectáreas; (II) delimitamos los treinta y siete páramos para protegerlos de la minería y de la explotación porque estos son unos ecosistemas demasiado importantes en la producción de agua y tenemos que protegerlos a toda costa; (III) hicimos una labor que duró como cinco años con muchos de los gremios para delimitar la frontera agrícola para evitar que se siguiera deforestando nuestra selva amazónica y nuestros bosques naturales.

Con base en esas explicaciones se podría decir que no hay una clara conclusión que determine qué se puede o no hacer para identificar los beneficios o el daño que el Acuerdo de Paz le ha generado al medio ambiente. No obstante, está claro que debe haber una mayor presencia estatal sobre el territorio para prevenir los asesinatos de las víctimas del conflicto armado, los líderes ambientales y los indígenas.

OCTAVA
Somos un país con grandes propuestas internacionales para el desarrollo sostenible, pero todavía nos falta ponerlas en práctica

Aparte de aportarle protección a estos defensores del medio ambiente también hay que reconocer que Colombia, en muchos sentidos, ha sido uno de los mayores contribuidores de la agenda internacional para el desarrollo sostenible. Si se analizan los principios del desarrollo sostenible, habría que identificar quiénes fueron los miembros que formaron parte de la Comisión Brundtland que reunió a algunos de los ambientalistas más reconocidos de la década de los ochenta entre esos está Margarita Marino de Botero¹⁴. Las ideas y el trabajo de la exdirectora del Instituto Nacional de Recursos Naturales y del Ambiente fueron un gran aporte para el reporte Nuestro Futuro Común (1987), sobre el cual surgió el concepto de «Desarrollo Sostenible». Marino, junto con la exprimera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland y la exministra de Relaciones Exteriores de Italia Susanna Agnelli se aseguraron de que se reflejaran los intereses de todas las mujeres que han liderado el pensamiento y la acción ambiental. Ese reporte construyó las bases sobre las cuales se crearon los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

La delegación de Colombia ante las Naciones Unidas durante la administración del expresidente Santos fue la que impulsó los ODS. Paula Caballero¹⁵, junto con un equipo de diplomáticos, lograron redactar esos objetivos y luego consiguieron que la resolución fuera votada por la mayoría de la Asamblea General. Hoy compañías como Grupo Nutresa están implementando los ODS; cambiando sus cadenas de trabajo para reducir las emisiones de sus operaciones y productos; contribuyendo a disminuir la pobreza al invertir en las comunidades; mejorando la producción y consumo; disminuyendo su energía y uso de agua; reduciendo el hambre a nivel nacional creando bancos de alimentos para personas con pocos recursos y apoyando a la educación a través de varios programas¹⁶. Gracias a los esfuerzos de dichos diplomáticos, por primera vez un país tercermundista dirigió la agenda internacional, y hay empresas como Grupo Nutresa que están implementando actividades para ayudar a forjar un futuro más ecológico y socialmente consciente.

NOVENA
En Colombia sufrimos de un cortoplacismo que nos impide desarrollar nuestra economía de una manera sostenible y darle continuidad a las políticas que existen para combatir la minería ilegal, la deforestación y el narcotráfico

Para que haya un desarrollo sostenible hay que dejar atrás el cortoplacismo que tiene a nuestras políticas estancadas y a nuestras inversiones enfocadas en un desarrollo tradicional. Paula Caballero argumenta que sufrimos de una miopía que nace a raíz de ciclos políticos de cuatro a cinco años y de proyectos donde buscamos tener resultados inmediatos. Esta falta de visión impide que miremos hacia nuestro futuro y pensemos en las generaciones que van a heredar nuestras riquezas y falencias.

Yo siempre hablo del tema 2050 es ahora, el cual proyecta de manera negativa el futuro. Porque el futuro es este instante. Ahorita es donde vamos a decidir lo que queremos hacer para el futuro. La crisis ambiental refleja, de hecho, el cortoplacismo. Estamos mirando unas ganancias y dividendos inmediatos sin pensar en la seguridad hídrica a largo plazo.

La directora de Rare hace énfasis en el hecho de que las inversiones que hoy hacemos afectaran nuestro futuro. Caballero utiliza el término lock-in para refiriese a que las decisiones que hoy tomamos, en cuanto a la creación de puertos como el de Tribuga y a la creación de carreteras que luego asfaltamos, no tienen en cuenta la deforestación ni los ecosistemas que las rodean. Toda inversión que hoy decidamos hacer nos compromete a tener que continuarlas por los siguientes quince años.

Las inversiones además de ser cortoplacistas sufren de una miopía al igual que las políticas de nuestros gobiernos. Cuando se tala un bosque en nombre del desarrollo se nos olvida que esos árboles servían como guardianes de la comunidad. Son guardianes porque impiden que haya deslizamientos y sequías. Es por eso que los mitos son importantes para que las comunidades protejan esos recursos naturales. Gustavo Wilches dice que el problema comienza cuando una cultura impone su educación sobre las demás y se arrasa con sus mitos; creando unas vulnerabilidades culturales y sociales muy graves que generan crisis, como suele suceder cuando se impone una cultura blanca sobre comunidades indígenas y afrocolombianas.

Ese es un problema que uno ve todos los días en otras partes del mundo y en Colombia, es muy grave. Llega una nueva administración a una entidad pública y borra todo. Se borra todo lo que hay en los computadores e incluso se borran cosas que son prohibidas para arrancar de cero. Eso es generar amnesia de una manera planificada. Se borra la memoria y la base de eso que se llama resiliencia, que es la existencia de la memoria.

El problema en Colombia nace del hecho de que no le damos continuidad a nuestras políticas y las inversiones que hacemos no están pensadas para desarrollarse de una manera sostenible y ecológicamente consciente. Los nuevos gobiernos suelen darles poca o ninguna continuidad a las políticas de los gobiernos anteriores y eso impide que se luche efectivamente en contra de la minería ilegal, la deforestación y el narcotráfico.

En cuanto a la minería, Manuel José Cepeda argumenta que no hemos podido estructurar una política estable que se sostenga al menos dos años y que se pueda evaluar si funcionó o no porque se le invirtieron todos los recursos, la capacidad administrativa y hubo apoyo político. «No hemos sido capaces de diseñar políticas eficaces y sostenibles por al menos diez años», establece el exmagistrado. Si pensamos en nuestras decisiones e inversiones como algo que va a tener consecuencias a un largo plazo, podremos construir un país con una economía basada en los ODS.

Reflexión sobre las conclusiones

Nuestro desafío ambiental es enorme, y este no puede caer en la tentación de ser simplista porque Colombia es compleja como lo es su geografía y su población multicultural. No obstante, el hecho de que seamos una nación tan compleja no implica que no podamos contribuir aportándole al medio ambiente cambios pequeños en nuestras vidas. Todos podemos intentar reciclar y comprometernos a no arrojar la basura en los ríos y campos para que este no termine en los estómagos de los peces y aves. Cada uno de nosotros puede reducir su consumo de carne para que se disminuya la deforestación y se reduzcan los gases de efecto invernadero, como el metano, que son emitidos por el ganado. Hay que empezar a crear una economía circular donde se eliminen los residuos y la contaminación desde el diseño, se mantengan los productos en uso y se restaure la naturaleza. Tenemos que aprender de los mitos que nos dejaron nuestros abuelos para salvaguardar los lugares que tienen una importancia ecológica para la comunidad. No hay que olvidar nuestra historia ni despreciar nuestro pasado, ya que este nos dejó valiosas enseñanzas que debemos tener en cuenta cuando vayamos a tomar decisiones que perjudiquen nuestro entorno ambiental.

No hay que olvidarnos de que los grupos indígenas fueron los primeros ambientalistas y que su conocimiento sobre el manejo de los ecosistemas sigue siendo, hasta la fecha, muy relevante. En vez de colonizar imponiendo nuestro sistema educativo occidental, hay que entrar en diálogo con estas comunidades que son los más grandes conocedores de la naturaleza.

Tenemos que ser más exigentes con nuestro gobierno y elegir a gobernantes que protejan a los líderes ambientales, a la Amazonía, a los santuarios marinos y parques naturales. Las promesas de los mandatarios tienen que convertirse en acciones concretas, que ayuden a conservar a la biodiversidad y brindarles seguridad a los grupos étnicos y a los líderes ambientales. No se pueden quedar las políticas en papel, como suele ser el caso, deben ser reforzadas por la Fuerza Pública y los recursos estatales. Si todos ponemos nuestro granito de arena podremos construir un futuro prometedor para las siguientes generaciones.

Capítulo 1
La deforestación
Doctor Martín von Hildebrand

Diciembre de 2019

La conversación que sostuve con el doctor Martín von Hildebrand sucedió pocos meses después de los incendios que quemaron millones de hectáreas de la Amazonía. En medio de este desastre natural había que recurrir a un experto que llevara años ayudando a conservar esta selva tropical. Von Hildebrand, antropólogo, doctor en etnología, fundador y director de la Fundación Gaia Amazonas lleva desde 1972 promoviendo los derechos de los indígenas. Desde su punto de vista, la manera más efectiva de lograr salvar este pulmón tropical es promoviendo los derechos de las tribus sobre sus tierras. Gracias a su esfuerzo por frenar la colonización occidental y lograr el reconocimiento del derecho a sus tierras, el Gobierno colombiano ha reconocido veintiséis millones de hectáreas como territorio indígena.

Hablemos de su carrera como antropólogo: ¿qué despertó su interés en proteger las comunidades indígenas de la Amazonía?

Es muy difícil saber qué despierta en uno el interés. Uno simplemente tiene interés. Al mirar atrás, después de tantos años, puedo decir que lo que a mí me interesó es que los indígenas tuvieran su espacio para ser ellos mismos, que hubiera diversidad cultural, que se ejerciera el derecho de la gente a tener su cultura, y que pudieran ser reconocidos de manera diferente y ser ellos mismos.

¿Pesó en esta visión algún tema ancestral o familiar?

Mi madre es irlandesa, y los irlandeses pelearon durante quinientos años contra la colonización inglesa. Lograron su independencia plena en 1945, como sucedió en la posguerra con los países africanos. Fue un país que durante quinientos años fue laboratorio del colonialismo inglés. Allí experimentaron todo el sistema colonialista en el siglo XIX para luego extenderlo a todo el planeta. El espíritu irlandés estaba muy marcado por todas las guerras y revoluciones que tuvieron contra los ingleses. Mi abuelo, el papá de mi mamá, estuvo dos veces en la cárcel durante más de un año por estar comprometido con esta causa, y finalmente fue liberado porque hizo huelgas de hambre. En la familia había este sentimiento, había un espíritu muy anticolonialista. Mi abuelo, por el lado de mi papá, se opuso al nazismo, peleó y fue condenado a muerte, aunque nunca lo cogieron. Poseía un espíritu luchador en defensa de los derechos de los judíos y contra el fascismo.

Entonces el factor de la familia si jugó evidentemente un papel fundamental.

Es cierto y, sin embargo, este no era un tema recurrente en la familia, al menos en mi generación. Nosotros somos nueve hermanos y sólo dos terminamos en la selva, mi hermano Patricio y yo; aunque yo tenía más inclinación hacia los indígenas. A pesar de ello, ese espíritu estaba en el aire, en la cotidianidad y, sin hablarlo, esos silencios terminaron siendo contagiosos. A mí me fue naciendo un sentido de aventura que recogí de mi mamá y mi papá que viajaban a conocer otros países. Yo quería pasear por las montañas para ver la vista al otro lado; yo quise ir a la selva a conocer sus culturas. De joven íbamos a la finca y nos encontrábamos con los wayúu y me gustaba ir a sus casas para ver cómo vivían y qué comían.

¿Cómo fueron los primeros pasos en esta aventura?

Cuando volvimos a Europa, me ofrecieron unos puestos interesantes en compañías petroleras en Inglaterra, pero yo no quise. Yo quería volver a Colombia. Quería ir a la selva. Eso estaba en mi espíritu. Efectivamente fui a la selva y me encontré a los indígenas. ¡Magníficos! Tenían su idioma, su cultura y estaban totalmente aislados. Me fui remando por los ríos durante seis meses, solo, con indígenas que me acompañaban, pero ellos hablaban en su idioma y yo en castellano. Me di cuenta de que estaban siendo explotados por las caucheras. Se llevaban al líder amarrado al internado durante seis años para que negara su cultura, sus ancestros, sus abuelos, su religión, su comida, su cotidianidad. ¡Todo!

¿Con que propósito?

Esto lo hicieron para reemplazar su cultura por una visión muy floja y diluida de los occidentales. Entre unas oraciones y unos cantos les enseñaron a leer y escribir, pero nunca les enseñaron a entender lo que leían, ni qué sentido tenía el escribir. Les enseñaron la técnica, pero jamás les dijeron para qué servía o para qué se utilizaba. La mera técnica no era suficiente. Decidí entonces quedarme y durante dos años me involucré con el reclamo de sus territorios, sus resguardos, sus gobiernos, su educación y su salud. Los fui acompañando. Primero entre los años setenta y ochenta fui aprendiendo con ellos y de ellos. Luego en el Gobierno fui promoviendo leyes para lograr que se reconocieran sus tierras. De los años noventa para acá monté una fundación que ha hecho posible que hoy en día tengan veintiséis millones de hectáreas y más de trece gobiernos. Todo esto para que tuvieran una conciencia muy clara de lo que son. Todo lo hicieron ellos. Yo no hice más sino acompañarlos, abrir el espacio para que ellos pudieran avanzar.

¿Qué lo animaba en esa lucha de décadas en favor de los indígenas?

A mí lo que me interesaba era que hubiera un espacio para que ellos pudieran ser ellos mismos y ejercer su cultura, evitando que el mundo occidental se impusiera. Era más bien plantear que los occidentales se mantuvieran afuera y que entraran al territorio indígena solamente cuando fueran invitados de acuerdo con sus condiciones y sus prioridades.

En este contexto, me gustaría preguntarle sobre la ley de educación.

La ley de educación no es tanto para decir cómo se pueden educar los indígenas, sino para permitir que ellos lo hagan según sus modelos y tradiciones sin que les impongamos modelos traídos de afuera. Todas estas leyes y los derechos de los pueblos indígenas son para restringir el abuso de la gente de afuera, para que no los vengan a molestar, porque los mismos indígenas dicen «somos dueños de la tierra en el sentido tradicional», es decir, «nosotros somos hijos de la tierra».

En cierta forma, ¿podríamos decir que esa ley y esos esfuerzos ayudaron a frenar la colonización moderna de la Amazonía?

Exactamente. Frenar la colonización era el objetivo fundamental. Lo que nos preocupaba era que nos colonizaran, que nos impusieran otra cultura, lo cual no quería decir que nos aisláramos en la nuestra. Los irlandeses pelearon quinientos años, se independizaron y a la vuelta de cincuenta años ya estaban vestidos de saco y corbata, negociando en todas partes de Europa como los ingleses, utilizando sus propios términos, ritmos y pensamientos.

¿Cómo consiguió que el presidente Virgilio Barco les reconociera los territorios a los indígenas?

Virgilio Barco llevaba eso en su espíritu. Unos podrían decir que él conoció a los indígenas motilones de niño, pero él vivió un gobierno muy complicado. Era la guerra contra el narcotráfico y Pablo Escobar. Él decía que jamás negociaría con unos corruptos. Era un hombre de mucha integridad. El hecho es que él me llamó para construir un documento sobre la Amazonía cuando me nombraron Director Nacional de Asuntos Indígenas. Durante ese gobierno nos reuníamos todas las semanas a hablar de ellos, de los indígenas. En la medida en que el presidente Barco entendía el contexto del territorio, la función climática y lo que todo el proyecto representaba. Él le halló sentido, se entusiasmó y me dijo: «Mire Martín, ¡hagámoslo! ¡Vamos para adelante!». Inclusive yo pensé que nunca iba a alcanzar a esas dimensiones.

¿Alguna anécdota que recuerde de esos momentos?

Me acuerdo de una anécdota cuando hablábamos del predio del Putumayo. Los indígenas allí fueron explotados por las caucheras. Ese predio estaba bajo la tutela de la Caja Agraria y luego lo pasaron al Ministerio de Agricultura. Me acuerdo de que cuando llegó el momento, el presidente Barco me dijo: «Vamos a cumplir». Y luego me preguntó: «Martín, ¿cuánta tierra le vamos a entregar a los indígenas del Putumayo?». Yo nunca le había dicho cuánto. Los indígenas pedían un millón de hectáreas. Le contesté, con dudas, que les diéramos tres millones de hectáreas en el Putumayo. Me hizo otra pregunta: «¿Cuántas hectáreas tiene el predio del Putumayo?», le dije: «En total son seis millones de hectáreas, señor presidente». Todavía recuerdo su respuesta: «¿Usted por qué les va a quitar a los indígenas tres millones de hectáreas?». Al final del día, el presidente accedió a que se les dieran seis millones de hectáreas a los indígenas. Eso demuestra que el hombre estaba dispuesto a lanzarse, el hombre iba a fondo, el hombre se comprometió totalmente. Muy admirable lo que hizo el presidente Barco.

Está muy buena la anécdota. ¿Alguna otra anécdota que recuerde?

Me acuerdo cuando estaban en juego otras seis millones de hectáreas para el Guainía. La decisión dependía de la Comisión de la Comunidad Europea. Cuando hablé con los miembros de la comisión, hubo dos personas que no estaban de acuerdo. Cuando me reuní con el presidente Barco le informé sobre el impasse que se había presentado. En ese momento me dijo: «Martín, basta con que uno quiera hacer las cosas correctas para que haya un par de hijos de putas que no estén de acuerdo. Vaya arregle esa vaina y si no, me llama que yo voy personalmente y saco eso adelante».

Muy importante el aporte del presidente Barco.

Totalmente de acuerdo. ¡El tipo estaba decidido! Cuando yo fui a la comisión ya nadie se opuso porque ya sabían que yo iba por orden del presidente y era claro que no se podían oponer. De esta manera se lograron las seis millones de hectáreas para las comunidades del Guanía.

¿Qué se ha hecho para proteger a las comunidades indígenas de la Amazonía de los daños colaterales de la minería?

Tenemos dos partes de la Amazonía. Una parte es una Amazonía deforestada, colonizada, con ganado, con carreteras, con bastante minería en el piedemonte, construcción y petróleo. Y tenemos una segunda parte que es el gran pedazo de la Amazonía. Este pedazo es el ochenta por ciento de la Amazonía colombiana; contiene bosques y selvas, de los cuales el cincuenta y cinco por ciento es territorio indígena o resguardos entre el Vaupés, Amazonas y Guainía. Luego tenemos el Parque Chiribiquete, hacia el Caquetá, que es un parque muy grande como La Paya. También tenemos parques como el Yaigojé, Puré y Puinawi. En ese territorio, por fortuna, hay muy poca minería, aunque hay minerales como el oro y el coltán. Por tanto, el riesgo de la minería es grande.

En épocas más recientes, ¿se ha hecho algo para proteger esta vasta parte de la Amazonía que sigue siendo virgen?

Por fortuna, en el gobierno de Santos se lograron archivar todas las solicitudes de minería, que fueron alrededor de dos mil. El presidente Santos sacó una norma que fue muy cuestionada y fue malinterpretada, desde mi punto de vista, al sacar las zonas estratégicas mineras en Guainía y Vaupés. En ese momento los ambientalistas salieron a dar un grito al cielo: «¡Como que están haciendo zonas estratégicas en Guainía y Vaupés!». Pero la realidad es que las normas que expidió el Gobierno en ese entonces buscaban más bien defender esas tierras de la minería ilegal.

En este campo, ¿qué otras acciones de la administración Santos podría resaltar?

En algún momento hablé con el ministro de Hacienda del gobierno de ese entonces, Mauricio Cárdenas. Él estuvo de acuerdo con una iniciativa fundamental en el sentido de expedir una ley prohibiendo la minería en la Amazonía por razones de seguridad. Como eje central de esa iniciativa argumentamos que había una seguridad ambiental, económica y social que se lograría con la protección de la minería. Fue un proceso muy difícil, pero a fin de cuentas se logró redactar la ley a tiempo para la cumbre de «Río+20».

¿Usted haría un buen balance del gobierno del presidente Santos en esta materia?

Yo diría en forma muy breve que Santos y su gobierno terminaron archivando todos los títulos de minería en el Amazonas y no se entregó ninguna licencia de minería hasta el sol de hoy. Entonces sí, efectivamente, lo que hizo Santos fue una protección. Y eso no deja de tener enorme importancia. Efectivamente la minería no ha progresado en ese sentido legal.

Pero existe también una actividad minera de los propios indígenas.

Eso es cierto. Hay como ocho casos mineros en Vaupés y Guainía, hay una zona minera indígena en Cubeo, y otras más. Las zonas mineras indígenas son un talón de Aquiles porque establece que los indígenas tienen prioridad para explotar la minería en su territorio y, por lo tanto, pueden tramitar un permiso.

Pero la minería para los indígenas es muy diferente a la minería que existe en la civilización occidental.

Sí claro. Los indígenas, en su forma tradicional de pensar y arreglar el mundo, tienen todo un sistema de sitios sagrados. Es importante recalcar, cuando uno habla de sitios sagrados, que los indígenas viven al interior de su «sistema», un sistema donde corre la energía vital del pensamiento y la energía de la vida, y eso va alimentando a la naturaleza y a los animales. Eso está presente en su chamanismo y es parte de su visión del mundo. Los sitios sagrados son para ellos como los puntos neurálgicos por donde la energía fluye. Fuera de eso, los indígenas tienen una economía que se sustenta en el flujo de la energía, y no en el intercambio individualista como la nuestra, porque eso bloquea al sistema y genera enfermedad, bien sea social, física o ambiental, pero genera un malestar.

¿Para los indígenas existe la preocupación de que esta energía, de la cual habla, se estanque o se bloquee?

Así es. A través de estos sistemas ellos tienen sus formas de curación para los momentos en que la energía no fluye. Por ejemplo, un sistema de ellos que inicia en el río Apaporis va hasta el Araracuara, vuelve a bajar y sube por el río Apaporis hasta el Casabe y termina en el río Popeyacá, ellos lo van curando y atendiendo energéticamente. Ellos han dicho que, si un grupo indígena quiere hacer una zona minera en el Araracuara, no es suficiente hacer la consulta previa a la comunidad indígena presente en el territorio, sino que toca hacerla con todos los chamanes del sistema energético, así estén a muchos kilómetros de distancia porque afecta el sistema. Y este es un argumento que nos parece difícil de comprender a los occidentales en términos prácticos, pero es la realidad de las comunidades.

¿Cuál ha sido el impacto de la Corte Constitucional sobre este tema de la minería indígena?

En algún momento se quería hacer una zona minera y los indígenas pusieron una tutela para frenarla. La Corte Constitucional aceptó esa tutela y dijo, palabras más palabras menos: «Paren todo, no les den el permiso hasta que estas situaciones no se aclaren, porque si esta es la forma de pensar de los indígenas en sus territorios, tenemos que atenderlos en ese contexto y no en el contexto occidental».

Se trata de una sentencia de la Corte Constitucional de gran trascendencia.

Estoy de acuerdo. La Corte Constitucional ha salvado a los indígenas, a sus culturas, a la Sierra Nevada de Santa Marta, porque ha sido independiente y ha hecho un esfuerzo por entender que los seres humanos tienen otras formas de ver el mundo. La Constitución dice que las culturas indígenas son oficiales y son plenamente reconocidas. Desde mi punto de vista, lo que la Constitución dice, desde la concepción indígena a los occidentales, es lo siguiente: «Ustedes ya llegaron, y lo aceptamos. Ya ustedes tienen su gobierno, tienen su territorio, ya dejamos que nos invadieran, pero ustedes también tienen que entender que aquí estamos nosotros y juntos vamos a construir este país».

Son ideas muy claras pero que no son reconocidas y aceptadas necesariamente por muchos segmentos de la población.

A nuestros gobiernos les ha costado mucho entender que los otros seres humanos tienen otras formas de vivir, otras expresiones de la economía y otras formas de relacionarse con la naturaleza. Seguimos creyendo, como todo Europa, que nuestra religión, nuestra economía y nuestra visión del mundo es universal. Esa ha sido una dinámica europea de decir que su pensamiento es universal y esa ha sido la base de todo colonialismo: «aquí tenemos la solución y todos los demás son primitivos». Colombia en su Constitución lo supera, pero para que la gente lo supere es difícil, la gente no lo entiende así.

¿Cómo se relaciona la conservación de los idiomas de los indígenas y la conservación de la Amazonía y su biodiversidad?

Los indígenas para comenzar te dirían: «El idioma no es de la gente, el idioma es del medio ambiente» ¿Qué quieren decir exactamente con eso? No sé. Lo que ellos dicen es que en verdad los animales nos hablan, los árboles nos hablan, los espíritus nos hablan. Mucha gente habla del conocimiento indígena y la verdad es que ellos tienen un conocimiento extraordinario del medio ambiente. Lo que sabe un indígena es mucho más de lo que sabe cualquier biólogo. Eso es clarísimo.

¿Cuál es la esencia de este gran conocimiento de los indígenas?

La esencia es la intimidad. Me refiero a intimidad con la naturaleza. ¿Qué intimidad tienes con un árbol? No es tan importante clasificarlo. Es la intimidad de compenetración, de unirse. Un indígena que está estudiando chamanismo dice «yo sólo entiendo al árbol hasta que me vuelva árbol, yo soy la naturaleza». Y cuando yo hablaba con los indígenas y les decía «vamos a buscar un papel para demostrar que esto es su tierra» ellos me decían: «Martín, la tierra no es nuestra, es de los árboles, de los animales, de los espíritus. Nosotros somos de la tierra, la tierra no es nuestra, la tierra es nuestra madre». Es esta la relación de compenetrarse íntimamente con el entorno y entender que no es sólo compenetrarme con él, sino con todo el sistema del que soy parte, del rol que tengo en él y tengo una responsabilidad en ello.

Tenemos tanto por aprender de los indígenas en lo que se refiere a la conservación de la naturaleza.

De eso no tengo la menor duda. Tenemos unos conceptos tenaces y problemáticos que nos llevan a que devaluemos los recursos naturales. Concebimos a los recursos humanos como si fueran desechables. Para nosotros los recursos naturales no tienen un valor absoluto; tienen un valor en la medida en que me sirvan y los puedan utilizar. Lo que no me sirve lo voy eliminando. ¡Fuera! Tumbamos a la naturaleza. Muchas veces pensamos que hay plantas que no sirven para nada y las eliminamos cuando su valor para la vida es indispensable; destruimos, quemamos y cortamos todo lo que creemos que no sirve y no lo reparamos. Y hacemos lo mismo con los humanos, cuando hablamos de recursos humanos. El contraste con la forma en que los indígenas conciben la naturaleza y los recursos de la naturaleza es apabullante.

Por fortuna nos estamos dando cuenta de eso poco a poco.

Eso es cierto y es positivo desde luego. Yo pienso que ese modelo lo estamos superando desde que la Corte Suprema de Justicia declaró al río Amazonas y al río Atrato como sujetos de derechos, reconociéndolos como sujetos de derechos como los humanos. Lo interesante es que son los indígenas los que entienden eso. Nosotros no. Esto se reconoce en varios lugares del mundo. De hecho, está en la Constitución de Bolivia y en la de Ecuador. Nosotros no lo hemos sabido aplicar, pero sí vamos para allá. Quiero decir que los indígenas, que saben qué es eso y que entienden eso, son el futuro. ¡Vamos caminando hacia los indígenas que son el futuro! ¡No son el pasado! Ellos nos pueden dar ideas y nos pueden dar ejemplo.

Lo que usted está diciendo tiene mucho fondo.

Es que así concibo el futuro. Colombia tiene treinta millones de hectáreas. En casi la tercera parte del país, con ochenta pueblos indígenas, está este conocimiento de los indígenas. En ellos tenemos nuestro futuro. No lo dañemos, no los destruyamos porque el día en que los necesitemos, no los vamos a encontrar. Colombia tiene algo extraordinario: la selva y un conocimiento diferente, una forma de entenderla y de convivir con ella. Así que cuidemos nuestro futuro porque ese es nuestro futuro. Así de simple.

¿Cuáles han sido las estrategias más exitosas para proteger los derechos de los indígenas y proteger sus territorios?

Hoy puedo decir que viví unas estrategias sin saber que lo estaba haciendo y es la combinación de cuatro cosas.

¿Cuáles serían?

La primera es el cuento. Yo creo mucho en la poesía y sé que las historias son más poderosas que la explicación. El cuento siempre llega al alma de la gente y la persona se puede imaginar todo. En cambio, las explicaciones, por lo general y cuando son muy pragmáticas, no inspiran y sólo dan información. ¿Cómo quieres que la gente las reciba? El cuento te abre el espíritu para que la respuesta sea tuya. Si yo no le hubiera echado el cuento a Virgilio Barco sobre los indígenas de la Amazonía, él no me hubiera dicho: «¡démosles la tierra!». Yo creo que con los indígenas ha sido lo mismo. Es escucharlos. La vida es de ellos y son ellos que tienen que buscar la respuesta, y es suya.

¿Lo segundo?

Lo otro que me parece muy importante es el compromiso. El hecho de haberme ido a la selva, de haber vivido con la gente, de haber pasado tanto tiempo con ellos. Eso llevó a que el indígena, al verme dijera o pensara: «Martín se quedó», «Martín acompañó», «Martín le apostó». Además, vivir con ellos me evolucionó el pensamiento hacia esa realidad, hacia ese mundo, hacia esa sensibilidad. Esa experiencia generó confianza en la gente porque lo que yo hablaba lo hablaba con certeza porque lo viví.

¿Lo tercero?

Otro tipo de estrategia fue darles la voz a los indígenas para que ellos resolvieran y dijeran qué querían y cómo lo querían. Fue sintonizarnos con ellos y con sus ideales, reconocer que todo es de ellos y luego internamente ellos hacían sus divisiones por culturas y ellos mirarían cómo se organizarían. Cuando se montaron esos diferentes gobiernos entre los mismos indígenas, había distintas preocupaciones que los unían o los alejaban, dialogaban sobre el enfoque en la educación, el manejo territorial o las plantas medicinales, pero al final, todos se sintonizaban de alguna manera por sus ideales.

¿Lo cuarto?

Otra estrategia fue ayudarlos a relacionarse con el mundo blanco dentro de lo que ellos están buscando para sus territorios y comunidades. Que pudieran prepararse para sentarse a hablar con el Gobierno. Saber cuáles son las normas para poder avanzar y negociar en términos de sus ideas y en el marco de las leyes existentes. Para eso también era importante que los indígenas conocieran sus derechos, pero no desde la visión occidental, sino desde el relacionamiento y empoderamiento propio. Para eso les preguntaba yo: ¿ustedes qué están pensando?; ¿ustedes qué están viendo?; ¿cuáles son sus preocupaciones?; ¿cómo las resolverían desde su punto de vista?; ¿cómo funciona el gobierno indígena?; ¿cómo creen que funciona el gobierno blanco?; ¿cómo creen ustedes que el gobierno blanco puede funcionar? Y después de esas reflexiones, yo los orientaba sobre cuáles son las leyes que los pueden acobijar.

En resumen, se podría decir que lo que buscaba usted era empoderarlos sin imponer sus criterios y puntos de vistas.

Para mí lo importante era darles herramientas a ellos y fortalecer en los indígenas la capacidad social de decidir. Entenderlos y orientarlos a ellos como grupo y no desde la individualidad. Eso no quiere decir que ellos no tengan dificultades o funcionen perfectamente. Pero sí es importante comprender que es dentro de la maloka donde se toman decisiones en la noche cuando mambean y se conectan con los espíritus para determinar qué hacer. El chamán medita, se conecta con los espíritus y de ahí sale el conocimiento. La clave es entender cómo ellos toman decisiones, escuchando y no imponiendo.

¿Alguna anécdota que me permita entender mejor lo que me está diciendo?

Claro que sí. A finales de los años noventa yo estuve en Chicago hablando sobre el tema del crédito de carbón. Había unos ingleses interesados en apoyar unos resguardos en las tierras amazónicas. Luego de eso, yo me fui a Puerto Nuevo en la Amazonía y me reuní con unos viejos y les expliqué sobre el calentamiento global diciéndoles que si tenemos más árboles tenemos más aire y que les íbamos a pagar una plata para que no los cortaran. Cuando terminé de explicarles eso, se levanta un viejo y me dice: «Martín, ustedes los blancos son un poquito locos, ¿no? Ustedes dicen que nos van a pagar a nosotros por no tumbar la selva, pero no ve que la selva es nuestra casa. Uno no tumba su casa. ¿Usted por qué nos va a dar plata a nosotros para que no tumbemos la selva si es nuestra casa? ¿Por qué no les da esa plata a los blancos para que no la tumben? Ellos son los que tumban. Deles la plata a ellos, no a nosotros». Quedé muy impactado y le dije: «Pues sí, tiene razón».

Se erige como un gran obstáculo el tema del colonialismo.

Así es. El principio fundamental de todo colonialismo es definir al otro por lo que no es. Entonces se dice: «usted es ateo porque no tiene religión»; «usted es ignorante porque no entiende mi cultura»; «usted es pobre porque no tiene mi economía»; «usted es perverso porque no tiene mi sistema matrimonial»; «usted en verdad no es padre de sus hijos porque no tiene nuestra estructura». Eso sucedía cuando existían los orfelinatos y los indígenas no tenían ni siquiera derecho a ser papás y todos los niños eran huérfanos.

Lo peor de lo que usted está diciendo es que en muchos casos estas cosas sucedían con personas que pensaban que estaban haciendo lo correcto.

Exactamente. La justificación se basaba en argumentos como los siguientes: como «yo soy buena gente»; como «yo tengo compasión»; como «yo soy un buen cristiano»; como «yo te voy a ayudar y te voy a enseñar mi economía para que tengas plata»; como yo «te voy a enseñar mi estructura social para que te cases y tengas hijos»; como yo «te voy a enseñar mi religión para que te comuniques con Dios y ya no seas un animal»; como yo «te voy a enseñar mi historia porque no sabes dónde estás parado».

Lo mismo sucedía con el idioma de los indígenas.

Muy cierto. Hasta el idioma indígena era algo que se debía arrebatar: «te voy a enseñar mi idioma porque tú, ¿qué haces hablando yucuna, cuando todo el mundo habla inglés?». Al final del día la idea era esta: «vuélvete como yo, porque yo te ayudo y te domino».

Son los rasgos más nefastos del colonialismo.

Ese colonialismo se ha inculcado tan fuertemente en nuestras culturas que aún hoy en día te encuentras con gente que está llevada por completo por el discurso colonialista: «Hay que educar es a todo el mundo». Pero, ¿qué clase de educación? ¿Estoy colonizando o realmente estoy empoderando? Dicen: «hay que darle salud a todo el mundo». Un momento, ¿estoy considerando que ellos ya tienen un sistema de salud y de educación? En los colegios incluso dicen «todos tienen que aprender inglés», pero, ¿para qué?, ¿cómo lo estoy haciendo?, ¿hasta dónde estoy empoderando? Al final del día sacamos a los indígenas de su tierra para que estudien y los sacamos de sus malocas, donde estaban empoderados, para entrar al sistema occidental donde son unos pobres diablos. En vez de valorar su tierra, su gobierno, su manera de pensar y ayudarlos a empoderarse en su conocimiento propio, los convertimos en ciudadanos de segunda.

Lo que sucede es que todavía está muy vivo ese deseo de colonizar a los indígenas y convertirlos en lo que somos los occidentales.

Yo me acuerdo de que unas de las primeras discusiones que yo tuve con monseñor Belarmino Correa en Mitú. Yo defendía a las culturas indígenas y él defendía la evangelización. Él me decía, aunque se pierdan dos generaciones, la tercera generación ya va a estar totalmente metida en nuestra cultura. Pero la realidad es que estamos creando ciudadanos de segunda donde trabajan ocho o diez horas en una fábrica, durmiendo en un cuarto con su familia, donde terminan tan desesperados que acaban ahogados en el alcohol.

Los estamos alejando por completo de la naturaleza donde están realizados.

Desde luego. Nosotros somos primates y seres humanos que hemos evolucionado en la naturaleza, pero lo que alimenta nuestro espíritu es la naturaleza. Cuando vemos las estrellas o una puesta de sol, se alimenta nuestro espíritu y cuando nos encerramos, nos frustramos y cortamos nuestra espiritualidad. Lo mismo sucede cuando sacamos a un indígena de su territorio. Le cortamos su espiritualidad y él no se da cuenta por qué termina comprando una bicicleta o un carro.

¿Qué tan bueno ha sido Colombia para proteger a la selva Amazónica?

De todos los países en la región, Colombia es el mejor. Para llegar a donde estamos hubo leyes y dirigentes políticos que se interesaron en proteger la Amazonía como el presidente Barco, el presidente López, el presidente Lleras Restrepo y el mismo presidente Santos, además de la sociedad civil, los indígenas y los campesinos quienes fortalecieron la idea de los resguardos indígenas y las reservas campesinas, entendiéndolas como una alternativa económica social, que, a la final, le dieron a Colombia una visión un poco socialista frente a otros países latinoamericanos. Esto quiere decir que los resguardos indígenas se consolidaron sobre una tierra colectiva que es administrada por el pueblo local y este es quien toma las decisiones políticas para su manejo interno.

Como colombiano que soy es reconfortante escuchar eso.

En verdad sí. Podría decir entonces que una razón por la que Colombia ha sido el mejor país latinoamericano para proteger la Amazonía radica en que acá tuvimos la oportunidad de crear los parques y los resguardos sin que nos molestaran mucho porque hubo apoyo del Gobierno y la sociedad en general.

¿Qué otros factores han incidido en esa positiva apreciación que señala usted de Colombia?

Otro factor importante sería la consolidación de nuestra Constitución Política que tiene un enfoque muy ambientalista. Por demás, los contrastes del país en términos geográficos y culturales generaron mucha creatividad a la hora de idear nuestras leyes en comparación con otros países latinoamericanos. A pesar de que quiera entrar la minería, el petróleo y otras industrias extractivas a la Amazonía, en Colombia de cierta manera sí existe una conciencia hacia la selva Amazónica y la gente tiende a promoverla y conservarla. Dicho lo anterior, eso no excluye que no haya deforestación o que no haya oportunistas que quieran extraer sus recursos. Con todo, Colombia es un país que tanto en la teoría, como en la práctica está protegiendo a la Amazonía, consolidando resguardos, áreas protegidas y parques que protegen este territorio.

¿Qué puede hacer el gobierno de Iván Duque para disminuir el alto nivel de deforestación que sufre el país?

Lo primero es que tenemos que sentarnos entre varios a buscar soluciones y no dejarlo bajo la responsabilidad exclusiva del Gobierno central. Tienen que sentarse los entes subnacionales, municipios y departamentos, con la sociedad civil formada y académica, las ONG y, sobre todo, los campesinos locales y los que están en el frente de la deforestación.

Estoy de acuerdo con ese planteamiento. ¿Qué más hay que hacer?

Yo diría tres cosas básicas. La primera es usar el control policial como lo está haciendo el actual Gobierno. Tiene que haber mano fuerte frente a los corruptos. No frente al campesino, sino frente al que está detrás del negocio y lo financia. Segundo, fortalecer las estrategias, los proyectos y las propuestas de alternativas económicas con acceso al mercado. Es importante crear plataformas de participación en la toma de decisiones y claridad frente a lo que hay en las leyes y oportunidades económicas que tienen para realizar implementaciones colectivas. También hay que crear espacios de diálogo y compromiso de manera seria; entender que la gente local sí tiene conocimientos y puede hacer trabajos serios y puede comprometerse. La gente sí está dispuesta a dejar la coca, pero esa misma gente lo que quiere es que haya una comunidad, un puesto de salud, una escuela y que haya quién les compre sus productos, que les den una asistencia técnica y unos créditos.

Es un tema fundamental lo de los créditos. Sin esa financiación es difícil llegar a soluciones reales a los problemas del campesino y abocar la problemática de la deforestación.

Eso es cierto. Hay que modificar los sistemas de los bancos de generar préstamos que no sean sólo para ganadería, sino para otro tipo de negocios que generen ganancia. No están prestando para otras alternativas de agroindustria o para otras formas que pueden ser ecológicamente viables porque no hay garantía. Entonces sería importante que el Gobierno o la cooperación internacional dijera: «Señores banco, si el campesino presenta un plan de negocio, háganle el préstamo y si fracasa, nosotros le garantizamos el dinero». Entonces son unas alternativas que ya están inventadas, lo que pasa es que no trabajan suficiente con la gente de base, no crean los espacios de diálogo y no controlan la corrupción. Es por ahí donde tienen que actuar.

¿Qué lecciones pueden las civilizaciones occidentales aprender de las comunidades indígenas?

Yo he mencionado muchas. Los indígenas entienden que la naturaleza es un conjunto de sujetos que representa una comunidad y nosotros somos parte de ella. Si no vivimos todos juntos en el planeta, no vamos a sobrevivir. En la naturaleza existen muchas interrelaciones y conectividad entre las especies y eso genera un flujo energético y genético para que se reproduzcan. Nosotros no podemos pretender que eso se pueda reemplazar con un monocultivo de palma africana. Nosotros no podemos pretender que lo que para nosotros no es útil lo podamos destruir porque resulta que sí es útil para su ecosistema. No podemos seguir utilizando químicos y matando a los insectos porque los insectos son los que le dan vida a la tierra. No podemos matar a las abejas porque son las que polinizan. Los árboles transpiran y con sus raíces sacan mucha más agua de la tierra y eso genera todo el ciclo de la bomba biótica. Somos una comunidad y necesitamos verlo desde una visión holística para que esa comunidad viva. Todo es útil para otro ser vivo y debemos cuidar esas relaciones. Estamos destruyendo eso y ahí radica el gran problema.

¿Qué otra gran lección podemos aprender de los indígenas?

Otra lección importante que es que tenemos que ayudarnos unos a otros. Tenemos que ser solidarios. No acumular, sino ver que cualquier excedente se reparta entre todos para el bienestar de la comunidad. Tenemos que cambiar nuestra visión económica hacia la no acumulación. Debemos colaborar, aportar, contribuir y no competir; no verlo desde una visión política de izquierda o derecha, sino desde el bienestar colectivo. Los indígenas lo tienen muy claro y eso lo tienen reflejado en su organización social.

Usted menciona mucho el tema espiritual en su trabajo con los indígenas, ¿podría elaborar este concepto?

Con el ejemplo de los indígenas, podemos inspirarnos en el concepto de la espiritualidad. Es una cuestión que existe en todos los seres humanos y en el universo. Lo hablo desde una intuición, una intimidad, una energía y un acercamiento que hay entre todas las especies de la naturaleza. Ese concepto está dentro de todo ser humano y no debe definirse ante una religión. Entender que no tenemos la respuesta, sino que cada uno tiene su punto de vista y su manera de ser. Hay diferentes formas de ser un ser humano y hay diferentes formas de civilización. Las creencias religiosas no son las únicas y son igualmente válidas porque cada uno lo manifiesta de una forma u otra. Los indígenas son más abstractos mientras que nosotros tenemos una visión más antropocéntrica o antropomórfica. Creemos que hay un padre, una madre y un hijo que es Cristo, pero ellos lo ven desde los espíritus y esa es su relación con la naturaleza. Toda religión, en el fondo, es un manual de convivencia: «no matarás», «no robarás», y todo lo demás, pero para el indígena es «cuida al jaguar», «cuida al agua» y ese es su manual de convivencia con la naturaleza. Ambas son manifestaciones espirituales.