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Entender la Unión

Estado y Unión

En medio de una guerra, el 1 de mayo de 1807 se celebró el centenario del Tratado de la Unión Anglo-Escocesa con un gran baile en Edimburgo, en una sala decorada con elegantes imágenes que representaban a San Jorge, San Andrés y San Patricio. Una agrupación de gaiteros interpretó Rule Britannia, Hearts of Oak, Britons Strike Home y God Save the King (Scotsman, 1 de mayo de 1907). La britanidad, cuando se libraba la larga lucha contra la Francia napoleónica, estaba en un momento de efervescencia. Cien años más tarde, hubo más circunspección. La propuesta para que la Convención de Aldeas Reales organizara un festejo se encontró con la oposición de algunos, que consideraban que los intereses escoceses no se habían tenido en cuenta, pero aún contó con el apoyo mayoritario, para quienes la Unión, en lugar de erosionar la identidad escocesa, había permitido conservarla (Times, 31 de enero de 1907). A medida que se acercaba la fecha señalada, el alcalde de Edimburgo declaró que «los doscientos años que han pasado desde la Unión han sido testigos de cambios fabulosos en la condición social, económica y política de Escocia. Ni el más agresivo oponente a la Unión querría volver a las condiciones de antes» (Scotsman, 3 de abril 1907). En 2007, la víspera de las elecciones que supondrían el regreso del gobierno nacionalista al reconstitutido parlamento escocés, el aniversario pasó prácticamente desapercibido. Los nacionalistas no tenían mucho que celebrar, mientras que los unionistas no tenían ningún mensaje que transmitir. Ni la britanidad triunfante de 1807 ni la argumentación más matizada de 1907 parecían apropiados bajo las nuevas condiciones.

El argumento que desarrollamos aquí es que la nación británica se construyó después de la Unión, junto al Estado británico, pero que el proceso fue largo e incompleto, si se compara con otras naciones europeas integradas, como Francia, aunque no con casos como los de España o Bélgica. Las visiones contradictorias del Estado y la Nación han coexistido pero generalmente se gestionaban mediante el ajuste incremental o la renegociación de sus términos en fases alternativas de asimilación y diferenciación, sin elaborar una doctrina clara o un diseño institucional consistente. En parte, es una cuestión de tiempos. Como señala Bulpitt (1983), la Unión británica llegó demasiado tarde a los territorios «célticos» para que pudieran considerarse socios naturales e inevitables de Inglaterra, pero demasiado pronto para el proceso de asimilación social y política que podría haber creado un Estado unitario, demasiado pronto para que existieran las ideas federales, y demasiado pronto para la formación de una ideología nacionalista burguesa. Elementos clave de la Unión han sido la integración funcional; la conservación de la antigua constitución inglesa, lo que explica la tendencia del pensamiento inglés a negar la ruptura de 1707 y pensar el Estado como unitario; el encaje de Escocia en el Estado unitario, ayudado en parte por la naturaleza informal de la constitución; un volumen limitado de socialización y construcción nacional que ha tenido altibajos a lo largo del tiempo; la reconstrucción periódica de la nación escocesa como rival o como parte de la identidad británica; las prácticas de gestión territorial; y una ponderación de las ventajas económicas, que condujeron a un apoyo instrumental. Todos estos factores han sido recogidos por la ideología unionista, que se diferencia de sus homólogas continentales por la aceptación de la naturaleza plurinacional del Estado, mantiene un sentido de la especificidad escocesa al tiempo que la canaliza a través de las instituciones del Estado central.

No es mi intención presentar una historia de la Unión y su proceso de construcción, una cuestión que se ha tratado repetidamente a lo largo de los años según el ciclo habitual de la interpretación y la reinterpretación revisionista (Ferguson, 1977; Riley, 1978; Scott, 1992; Fry, 2006; Whatley, 2006; Maciness, 2007). Estos debates han moldeado los argumentos políticos sobre el lugar de Escocia en el Reino Unido hasta la actualidad. Los unionistas y los nacionalistas realizan llamadas recurrentes al verdadero significado de la Unión, ya sea como una anexión por parte de Inglaterra, una negociación corrupta por parte de élites escocesas traidoras (el «lote de granujas» de Burns), la creación de un ideal británico común, o una unión de iguales. Formalmente tomó la forma de un tratado entre los parlamentos de Inglaterra y Escocia, aunque había un alto grado de coerción implícita y no constituyó un pacto voluntario entre iguales; aunque no había encuestas de opinión en el siglo xviii, los observadores coinciden en la hostilidad de la población. Pero la forma de la Unión es fundamental para su comprensión, porque sostiene la doctrina escocesa de que siempre puede ser renegociada. Formalmente abolió ambos parlamentos, pero en la práctica dejó el inglés intacto, en el que se incluyeron algunos integrantes escoceses. Se describió como una unión incorporadora (que no asimiladora), muchas instituciones escocesas se mantuvieron, incluyendo la Iglesia, el gobierno local y el sistema legal. Las estipulaciones referntes a la Monarquía y la religión se mantuvieron. No tenía nada que ver con una constitución moderna, no había ninguna referencia a la soberanía. Una cláusula ambigua indicaba que los las cuestiones de «derecho público» debían tramitarse en el Parlamento central mientras que las cuestiones de «derecho privado» se resolverían solamente «para la utilidad evidente de los súbditos dentro de Escocia». Las demandas de una unión federal, porque podía haber adoptado esta forma institucional, fueron rechazadas. El resultado fue una constitución que podía interpretarse de dos formas diferentes. Para los ingleses, se trataba de una mera expansión del Estado existente y su constitución, como muestra el uso continuado que hacen de las palabras «Inglaterra» e «inglés» para referirse a estos. Para los escoceses, implicaba una unión de naciones, que algunos vieron como el núcleo de una nueva nación británica, mientras que otros vieron en ella una protección de su propio estatus nacional en un mundo peligroso.

El acuerdo de 1707 puede parecer descuidado para la mirada moderna, pero era lo propio de su tiempo. El Estado nación integrado aún no existía y muchas partes de Europa se encontraban bajo regímenes imperiales, que solían consistir en mosaicos de territorios con diferentes relaciones con el centro. España era una Monarquía, pero no una nación o un Estado (Artola, 1999), a pesar de que en 1714 Cataluña y el resto de territorios de la Corona de Aragón perdieron su autogobierno. Incluso Francia estaba compuesta por un complejo de jurisdicciones, privilegios y excepciones que, a pesar de los esfuerzos centralizadores de la Monarquía, se mantuvieron hasta la Revolución (Braudel, 1986). Alemania e Italia no se unificaron hasta el último tercio del siglo xix.

Aunque hay que evitar los peligros del excepcionalismo, también es necesario reconocer el camino distintivo que siguió el proceso de construcción nacional y estatal en el Reino Unido. En algunos casos europeos, generalmente durante el siglo xix, la nación precedió al Estado y lo construyó. En otros casos, el Estado vino primero y luego, durante un largo periodo de tiempo, forjó la nación, siendo ésta la explicación general del caso francés. De forma más general, al menos en Europa occidental, la nación y el Estado se construyeron al mismo tiempo, y uno sostenía al otro. Los territorios se integraron institucionalmente, el Estado penetró en la sociedad, las lenguas y las culturas se unificaron, y la identidad nacional tomó forma (Deutsch, 1966). Después de la Revolución francesa, la doctrina de la soberanía popular reforzó tanto a la nación (porque ésta definía quien era el pueblo) como al Estado (vehículo de dicha soberanía). El Estado-nación vino así a representar la coincidencia dentro de los mismos límites territoriales de una identidad, una cultura compartida, un sistema político, un sistema de representación, una economía y una sociedad civil. Por su parte, esto proporcionó el marco de la democracia basado en la confianza y los valores compartidos, y después la solidaridad social y el Estado del bienestar.

Extrañamente, la literatura comparativa sobre la construcción estatal y nacional suele situar a Inglaterra/Gran Bretaña junto con Francia como uno de los primeros Estados-nación, que contrastarían con los que llegaron más tarde, como Italia y Alemania, y los Estado-nación incompletos, como España y Bélgica. Stein Rokkan (1980), en su mapa conceptual europeo, identifica la periferia atlántica como la primera región europea que se lanzó hacia la construcción estatal y ve en Inglaterra uno de los ejemplos más tempranos. Sin embargo, aunque apunta correctamente que Inglaterra nunca asimiló realmente los territorios periféricos de Irlanda, Escocia y Gales, incluye al Reino Unido entre los Estados unitarios formados en la Edad Media (Rokkan, 1980: 1970). Anthony Smith (1999), quien entiende que las naciones están basadas en «núcleos étnicos», identifica una de ellas en el Sur de Inglaterra, que después se expandió por el resto de Gran Bretaña. Liah Greenfeld (1992) considera Inglaterra la primera nación de la modernidad y, aunque cuidadosamente evita confundirla con Gran Bretaña, sugiere que se convirtió en Estado y se mantuvo como tal. El problema de estas perspectivas es que tratan de explicar dos cosas diferentes –la formación de Inglaterra y del Reino Unido– con el mismo aparato teórico. Además de ser una posición inconsistente, también es contradictoria, porque si se formó una nación inglesa fuerte y unitaria en los tiempos medievales y principios de la era moderna, esta realidad tendría que rebatir la idea de su absorción en un Estado multinacional. Una disonancia cognitiva similar parece afectar a los europeos domiciliados en Inglaterra (como Blondel y Finer, citados en el capítulo 1), quienes tratan de reconciliar su visión del Reino Unido como un Estado homogéneo y unitario con su percepción de que existen naciones más allá de Inglaterra. Ralf Dahrendorf (1982), en su obra On Britain, hizo alguna pequeña referencia a las partes no-inglesas y a la devolución, pero insistiendo en que Gran Bretaña había evitado una «cuestión nacional».¹

Por otra parte, los historiadores escoceses (y algunos no-escoceses) que han estudiado la Unión están de acuerdo en que no creó británicos, de manera automática, a partir de ingleses y escoceses. Sobre lo que pasa después ya hay menos acuerdo. Hasta los años 60 los académicos solían argumentar, explícita o implícitamente, que se había forjado una nación británica. Sin embargo, para otros, especialmente aquellos que escribían siguiendo los avances de las últimas décadas, la contrucción nacional nunca tuvo lugar, y la Unión no fue más que un matrimonio de conveniencia, de valor puramente instrumental, con distintas implicaciones para los escoceses y los ingleses (Haseler, 1996).² Desde los años 90 el debate está dominado por la obra de Linda Colley (1992), quien asegura que durante el siglo xviii y principios del xix se formó un sentimiento británico común que procedía del protestantismo y la guerra con Francia. A su vez, la desaparición de estos factores explicaría el aflojamiento de los lazos (Weight, 2002). Los críticos han cuestionado el análisis, al hacer notar que el protestantismo generaba divisiones dentro de las islas británicas (Aughey, 2001), mientras que la guerra con los vecinos fue una experiencia europea común desde el final del Imperio Romano. Más importante aún, la explicación de Colley sobre la decadencia de la britanidad es indeterminada, porque, en muchos aspectos, las identidades nacionales parecen autosuficientes, supervivientes de las condiciones en que fueron creadas. Tanto la identidad francesa como la española surgieron del catolicismo, pero resistieron a la secularización. La tesis de Colley parace asumir también que, si la britanidad se debilita, las identidades de Inglaterra y Escocia se reafirmarán de manera automática. Sin embargo, esta idea niega la proposición original de la integración al sugerir que el mecanismo no es tanto de socialización («forjar la nación») como de provecho instrumental. Necesitamos saber, al menos, por qué la identidad nacional escocesa sobrevivió y floreció dentro de la Unión.

Integración funcional

Una larga tradición dentro de la teoría de la modernización afirma que los Estados-nación se forjaron como resultado de una integración funcional, con la creación de mercados nacionales, la difusión de una lengua y valores comunes, y la sustitución del territorio por la función como principio fundamental de diferenciación social. Los datos muestran que esto no ocurrió en Bretaña. La industrialización y la urbanización tuvieron un impacto sumilar en Inglaterra, Gales y Escocia, creándose una de las primeras sociedades modernas. McCrone (2001b) ha mostrado que hacia mediados del siglo xix Escocia tenía una estructura industrial y ocupacional similar a la media británica, una posición que se ha mantenido desde entonces. La clase social, que tomó también formas similares en las tres naciones de Gran Bretaña, se convirtió en el elemento definitorio de las relaciones sociales. Escocia e Inglaterra estaban conectadas por las comunicaciones de la era del ferrocarril (Birch, 1977), y el libre movimiento de personas estaba permitido, que tomaría sobre todo la forma de escoceses trasladándose a Londres, y no al revés. Por tanto, los esfuerzos para explicar la supervivencia de Escocia como nación por su estructura de producción o de clase no acaban de funcionar. Dickson y otros (1980), igual que otros autores, aseguran que, desde finales del siglo xix, la estructura industrial de Escocia estuvo dominada por la industria pesada, aunque esto supone generalizar la experiencia de la región del centro-oeste. La idea de Hechter (1975) de que se trataba de una colonia interior en el Estado británico, que tenía asignada una posición subordinada en la división del trabajo, ha quedado desacreditada (Page, 1978). Su revisión posterior en la que afirma que Escocia formaba parte de una periferia sobre-desarrollada trató de salvar la teoría cambiando su significado, pero tampoco tuvo éxito (McCrone, 2001b).

La asimilación lingüística había comenzado bastante antes de la Unión de 1707. La Corona escocesa no favoreció el gaélico, que se había retirado a las Highlands (las zonas montañosas) y las islas. El escocés, que era la lengua de la Corte y las leyes, entró en decadencia cuando la Corte se trasladó a Londres en 1603, un fracaso que supondría que la primera Biblia en escocés no se editara hasta 1983. Sobrevivió como un puñado de dialectos locales, en la poesía y algo de prosa, pero nunca alcanzó el nivel de estandarización que logró, por ejemplo, el catalán, y no consiguó proporcionar las bases de una educación vernácula. Los efectos de esta realidad en el desarrollo de la consciencia nacional escocesa fueron importantes, y más tarde, también influyeron en el nacionalismo, debilitando sus cimientos culturales pero ampliando su atracción potencial. La lengua sigue siendo un factor diferenciador en el aspecto más blando del acento, porque Escocia, a diferencia de la mayor parte de Inglaterra, ha mantenido un amplio abanico de acentos vernáculos en las diferentes clases; pero no se ha consolidado como objeto de movilización política como en otras naciones pequeñas.

Los cambios en la población relativa ayudaron a la homogeneización, y así mientras la población de Inglaterra aumento nueve veces su volumen entre 1701 y el 2001 la de Escocia solamente se incrementó cinco veces, para estabilizarse a partir de mediados del siglo xx (Lee, 2005). La población inglesa pasó de ser cinco veces superior a la de Escocia en 1707, a diez veces superior en el 2001. Su participación en la población total del Reino Unido fue siempre dominante: un 82% en 1707, un 80% después de la Unión con Irlanda en 1800, y un 86% en el 2001. El predominio inglés ha configurado la organización política, las percepciones internas y externas de la Unión como una Gran Inglaterra. Sin embargo, la integración funcional no eliminó el sentimiento escocés de identidad, sino que la nación, la clase y el sector, interactuaron como principios de movilización política, mediándose mutuamente en sus efectos. Lo escocés se mantuvo como un recurso que los actores políticos podían utilizar en momentos críticos, recreándose a través de las instituciones y las prácticas internas de la Unión, logrando mantener un espacio distintivo escocés y aseguramdo que la política continuaría teniendo una dimersión escocesa.

Construir la organización política

Muchas veces se ha apuntado que Gran Bretaña no tiene una concepción coherente del Estado como la que podemos encontrar en los países de la Europa continental (Dyson, 1980). Dicha afirmación no quiere decir que el Estado no exista o no actúe, sino que está infra-teorizado y no se ve como algo por encima o distinto de la sociedad. De hecho, los ingleses y los americanos prefieren hablar del «gobierno», excepto en determinados contextos. En Gran Bretaña se ha permitido una cierta ambivalencia en la relación entre el Estado y la Nación, y una utilización muy laxa del concepto de Estado-nación. Por el contrario, en Francia, el Estado y la nación se entienden como una realidad co-extensiva, mientras en la España plurinacional el hecho de que no lo sean ha causado infinidad de problemas y conflictos. Pero también podemos encontrar una implicación más sustantiva, porque en Gran Bretaña el alcance del gobierno ha sido históricamente menos extensivo que en otros lugares, ha dejado muchas cuestiones organizativas y regulatorias en manos de la sociedad civil o la common law. Bajo la Unión estas cuestiones podían diferenciarse territorialmente, por lo que se permitía a las profesiones escocesas, las universidades o las asociaciones deportivas gestionar sus propios asuntos. La religión no estaba separada del Estado, pero Escocia mantuvo su propia Iglesia, cuya relación con el Estado era diferente a su homóloga inglesa. Hasta la Primera Guerra Mundial no hubo ejército permanente ni servicio militar obligatorio. A diferencia de otros países europeos, Gran Bretaña nunca creó una gran burocracia centralizada o una administración territorial, por lo que la gestión de los asuntos públicos estaba en las manos de las élites locales. En el caso de Escocia tomó la forma de consejos o juntas (boards), que poco a poco, a partir de finales del siglo xix, dieron lugar a gobiernos locales elegidos y a un servicio público profesional. Jim Bulpitt (1983) describió el régimen resultante como un «gobierno dual», en el que el centro se ocupaba de las altas esferas de la política, como las relaciones internacionales o las finanzas, mientras que la gestión de las ciudades y naciones quedaba en manos de colaboradores locales. A pesar de la ausencia de auto-gobierno federal, Lindsay Paterson (1994) encuentra en el caso escocés una autonomía efectiva al compararlo con otras periferias y regiones europeas.

En algunas ocasiones, este sistema de gobierno informal fue desafiado por la expansión estatal, cuando el centro aumentó el número de tareas y abrazó la modernización. A partir de los años 70 del siglo xix, la ampliación del gobierno se encontró con la oposición local, sobre todo en el caso del control de la educación, que se resolvió con la creación del Scotch (después Scottish) Education Department en 1870. En 1885, se nombró un Secretario de Estado para Escocia que se hizo cargo gradualmente de la administración interna en Escocia y representaría a Escocia ante el gobierno central y al gobierno central en Escocia. A principios del siglo xx, y después al acabar la Segunda Guerra Mundial, el Estado expandió su dominio, el gobierno incrementó su penetración en la sociedad y la relación entre la sociedad escocesa y el gobierno británico volvió a crisparse. Los choques entre el centro y la periferia (que también se producían en otros países europeos) se resolvieron, en ciertas ocasiones, con mayor centralización y asimilación, pero más a menudo mediante el reajuste de la Unión y la descentralización administrativa. De esta manera, la periferia se incorporó sin recurrir al Estado federal o modificar la constitución central. La política territorial quedó fuera de Westminster, excepto en el periodo comprendido entre la década de 1870 y la Primera Guerra Mundial, cuando el Partido Irlandés ocupó un gran número de escaños y ejerció presiones sobre los gobiernos de minoría liberal y, en diversas ocasiones, obstaculizó el funcionamiento parlamentario en beneficio de la reforma agraria y el autogobierno. El ejemplo del Partido Irlandés no fue imitado por escoceses y galeses, aunque hubo algunos intentos (Morgan, 1980).

La democratización, basada en la extensión progresiva del voto, ayudó a crear una ciudadanía común. En 1884, las leyes del voto se homogeneizaron en todo el Reino Unido, aunque esto no significaba que los votos tuvieran el mismo peso en todo el Estado. La participación escocesa en el Parlamento había sido inferior a su población hasta 1885, pero después aumentó mientras su población relativa declinaba. Durante la mayor parte del siglo xx, Escocia estuvo sobre-representada en el Parlamento (McLean, 1995; Rossiter y otros, 1997) y cuando, en 1948, se encomendó a una comisión independiente trazar las fronteras electorales, se establecieron comisiones diferentes para las naciones constituyentes. La comisión escocesa trabajó con un mínimo de 71 asientos, aunque, curiosamente, se le permitió tener aún más (añadió uno adicional en 1983). En definitiva, un derecho a voto formalmente igualitario permitió mantener un elemento de diferenciación y representación territorial.

Imperio y monarquía

En el Reino Unido la construcción estatal estaba ligada intrinsecamente a la creación del Imperio. Después de fracasar los intentos del Plan Darien, Escocia fue invitada a formar parte del Imperio Británico en 1707 y, después de la pérdida de las colonias americanas, los escoceses tuvieron un protagonismo importante en el «segundo imperio» en Asia y África. Curiosamente, el papel de Escocia en el Imperio ha sido borrado de las narrativas nacionales durante la segunda mitad del siglo xx, el punto más alto de la conciencia nacional británica. Devine (2008b) apunta que entre 1937 y 2001 no se publicó ningún estudio importante sobre el papel de Escocia en el Imperio. A lo mejor los escoceses más inclinados hacia el nacionalismo y/o la izquierda prefirieron obviar el imperialismo y centrarse en las narrativas más progresistas de la britanidad. Es cierto que unos pocos presentaron a Escocia como una víctima colonial de Inglaterra, un tema que fue especialmente prominente durante el momento álgido de los movimientos de liberación anti-colonial en los años 50 y 60, cuyos ecos también resuenan en otras naciones sin Estado europeas, como Bretaña y Languedoc (Lafont, 1967), Galicia, Cataluña y el País Vasco (de Pablo y Mees, 2005) e Irlanda (Howe, 2000). El aval de Hechter (1975) a esta idea ya se ha mencionado y Haseler (1996) llega a conclusiones similares, al ver el Reino Unido como una gran Inglaterra.³ Sin embargo, estos análisis no sobrevivieron a la descolonización y la aparición del Tercer Mundo, al que claramente las partes periféricas europeas no pertenecían. Desde la «devolución», el tema del Imperio ha surgido en una serie de estudios que muestran cómo, lejos de ser colonizados, los escoceses hicieron una contribución desproporcionada al Imperio –aunque el análisis difiere entre el énfasis de Fry (2001) sobre el comercio pacífico y la documentación que aporta Devine (2003) sobre la complicidad escocesa en los aspectos más oscuros del imperialismo.

La influencia del Imperio en la historia británica del siglo xix y xx es tan vasta que es fácil atribuir casi todo a su aparición y caida. Por ello es importante ser cuidadoso al identificar los efectos y evitar las tentaciones del excepcionalismo. Francia, España, Holanda y Bélgica también tuvieron imperios marítimos y su experiencia a veces se parece, y en otras se diferencia, a la británica. La construcción del Imperio desvió la atención de la construcción del Estado y nación británico, de manera similar a la española pero diferente a la francesa, la cual consiguió, a lo largo del siglo XIX, forjar una nación unitaria y, más tarde, incluso, trató de aplicar los mismos principios (convirtiéndose en un fracaso absoluto) al resto de su imperio. El Reino Unido reunió las piezas de su imperio de forma gradual y poco sistemática, muchas veces prefería el gobierno indirecto a través de las élites locales, igual que hacía en casa. La práctica constitucional se aplicaba ad hoc y nunca estaba muy claro, especialmente en el caso de Irlanda, dónde terminaba el Imperio y dónde empezaba el territorio metropolitano.⁴ A medida que, de 1867 en adelante, los dominios empezaron a ganar autogobierno, emergieron como entidades que no eran ni partes del Estado ni entidades foráneas. El estatus constitucional no se resolvió hasta el Estatuto de Westminster en 1931, e incluso entonces hubo encendidas polémicas, muchas veces instigadas por el Estado Libre Irlandés, que trataba de ampliar los límites de los acuerdos de 1922. A principios del siglo xx, la idea de la federación imperial se puso de moda, aunque se restringiera a los dominios blancos (con la posible participación de la India en un futuro más o menos distante). Esta tendencia proporcionó el marco tanto a los unionistas, para quienes Gran Bretaña seguiría siendo la madre patria, como para los gobernantes locales escoceses, que podían postular a Escocia como un miembro autónomo dentro de la Federación. Incluso después de la desaparición de la idea de la Federación imperial, algunos nacionalistas escoceses vieron el Imperio como un sistema externo de apoyo para el autogobierno de la nación, de forma similar a como se utiliza Europa actualmente (Finlay, 1992).

A finales del siglo xix, el Imperio proporcionó, posiblemente, el elemento más destacado de identidad común para los británicos, aunque ante la ausencia de datos de encuesta realmente no podemos saberlo. El culto al imperialismo era común en todo el Reino Unido y también tenía una gran capacidad de atracción en Escocia. El Imperio era una de las instituciones universalmente descritas como británica, incluso en el caso de comentaristas poco interesados en lo inglés. Se asociaba a la Monarquía, al ejército, a los ceremoniales cívicos y a los fervores patrióticos, al culto a la superioridad y el honor, elementos que normalmente se asocian a la aparición de las identidades nacionales y que tuvieron su expresión más completa en el periodo de las guerras contra los Boers. La Monarquía era al mismo tiempo doméstica e imperial, representaba lo común y la soberanía, hasta tal punto que se convirtió en un elemento central en las negociaciones anglo-irlandesas de 1921-22 y en la causa de la guerra civil irlandesa. Sin embargo, bajo esta realidad, como en la mayor parte de los imperios, había espacio para la diversidad y las identidades múltiples. De hecho, posiblemente la Monarquía es el instrumento más ingenioso del unionismo, una institución que sirve para unir simbólica y constitucionalmente al Reino Unido al tiempo que reconoce su diversidad interna. La Familia Real, al menos de la Reina Victoria en adelante, se ha mostrado muy cuidadosa a la hora de cultivar su dimensión escocesa, aunque el esfuerzo esté moldeado por los acentos cada vez más anticuados de la vieja clase gobernante. La estancia anual en Balmoral es obligatoria, y se espera que el Primer Ministro acuda allí para reunirse con los miembros de la Familia Real. La Monarquía ha logrado, incluso, resolver las diferencias religiosas a ambos lados de la fronteras, acudiendo a las ceremonias de la Iglesia de Escocia, aunque tome una visión anglicana permisiva a la hora de dar su conformidad doctrinal.

En el Imperio británico la ciudadanía era un embrollo y su legado aún se refleja en los derechos diferenciados que se observan entre los que poseen pasaporte británico (Heater, 2006). No podía restringirse a un Estado con un territorio delimitado y, hasta la segunda mitad del siglo xx, los gobiernos británicos no vieron ninguna necesidad para restringir la libertad de movimiento y asentamiento; hacerlo hubiera implicado dañar la propia idea imperial. Las repercusiones fueron que, a pesar de la igualdad de los derechos de ciudadanía en todo el Reino Unido desde el siglo xix, estos no se basaban en una concepción fuerte del demos común. La soberanía popular no podía funcionar en un imperio donde unos pueblos tenían unos privilegios manifiestamente superiores a otros,⁵ pero el asunto pudo esquivarse con la vieja fórmula del Monarca-en-el-Parlamento, con lo que se obstaculizó la creación de un Estado-nación británico homogéneo.

El Imperio también moldeó la economía política de la Unión, al menos desde mediados del siglo xviii. Escocia entró a formar parte de una área de libre comercio global, en donde encontró un nicho lucrativo, que duró al menos hasta la Primera Guerra Mundial (ver el texto siguiente). Su economía se adaptó a los mercados imperiales y, especialmente en la costa Oeste, fue capaz de hacer la transición desde el comercio del tabaco al algodón, ingeniería y construcción de barcos, como respuesta a los cambios de las condiciones imperiales y globales. Además el Imperio ofreció una válvula de escape para los jóvenes cualificados y ambiciosos, que, en otras entidades políticas multinacionales, formaban núcleos de exclusión y frustración prestos a la agitación nacionalista y revolucionaria.

Forjar la nación

Los constructores nacionales de los siglo xix y xx dieron una gran importancia a los símbolos, entre otros, las banderas, los himnos y las celebraciones. Mientras que en otros Estados favorecían proyectos de identidad unitaria, en Gran Bretaña también celebraban la diversidad; la misma bandera de la Unión era una combinación de los emblemas de las naciones constituyentes. Los monarcas han tendido a presentarse al mismo tiempo como ingleses y escoceses, pero el hábito de numerarlos solo como sucesores de los monarcas ingleses causaba disgustos periódicos, sobre todo en 1903 y 1953 (Finlay, 1997). El ejército es una de las únicas instituciones que invariablemente se define como británica, incluso en Inglaterra; aunque los unionistas son los más fervientes defensores de los regimientos propios de los escoceses.

Hubo esfuerzos recurrentes para la asimilación. Durante el siglo XVIII, se acuñó el término «North Britain» mientras algunos intelectuales (incluyendo a David Hume) trataban de disimular su acento escocés. Pero, aunque a finales del siglo xix algunos escoceses seguían dando su dirección postal refiriéndose a «North Britain»,⁶ los ingleses nunca adoptaron el término «británico» (y mucho menos «South Britain») y siguieron utilizando el término «Inglaterra» para todos. Hacia finales del siglo xix, empezó a emerger la conciencia escocesa y esta terminología se hizo políticamente inaceptable. Al Primer Ministro Lord Salisbury se le criticaba regularmente por utilizar «Inglaterra» en lugar de «Gran Bretaña» (Finlay, 1997), y durante la Primera Guerra Mundial este tipo de avisos fueron frecuentes (Weight, 2002); pero no fue hasta los años 60 cuando los políticos aprendieron a evitar esa ofensa.⁷ Como resultado, los escoceses desarrollaron una doble identidad como escoceses y británicos, mientras los ingleses confundían ambos términos. Como escribió Bryce (1887), «el inglés solo tiene un patriotismo porque Inglaterra y el Reino Unido son para él prácticamente la misma cosa». La insensibilidad inglesa con la terminología continúa hasta hoy, pero, aunque pueda enfurecer a los escoceses, también nos puede dar algunas claves para comprender la Unión. Algunas veces, para los ingleses Gran Bretaña es la Gran Inglaterra y no existe ninguna tensión entre ambas. Otras veces, Escocia es una parte prescindible del aparato, cuya secesión dejaría la esencia del Estado intacta. Raramente tratan de resolver las contradicciones que se plantean. Por otra parte, para los escoceses, Gran Bretaña permite una identidad doble que protege su propia identidad nacional y además permite alcanzar los beneficios de una entidad política más amplia. La diferencia radical de interpretaciones solo ha sido un problema en momentos de tensión política.

Sería un error considerar que la britanidad no es más que imperialismo, destinada a desaparecer con el Imperio. La guerra de masas del siglo xx tuvo efectos movilizadores al igual que hizo en otros Estados europeos. El reclutamiento obligatorio captó a gran parte de la población masculina, mientras que las mujeres participaron también, en gran número, en actividades relacionadas con la guerra. La Primera Guerra Mundial exaltó el patriotismo, aunque el punto de referencia era aún muchas veces el Imperio. Durante la Segunda Guerra Mundial, la tierra natal era el foco principal de la lealtad, y el patriotismo se reforzó con la idea de que la guerra era por una causa justa. El gobierno y la BBC hicieron esfuerzos conscientes para designar la nación como «Gran Bretaña» y se evitó utilizar «Inglaterra» como sinónimo (Nicholas, 1998; Webster, 2005), aunque Haggith (1998) asegura que las películas de propaganda restringían las imágenes a la campiña inglesa. Después, los monumentos conmemorativos de ambas guerras proliferaron en pueblos y aldeas de todo el país, y se organizaron ceremonias anuales para conmemorar a los muertos. El gobierno laborista de posguerra recurrió a estas corrientes de patriotismo y colectivismo para impulsar el Festival de Gran Bretaña, el Estado del Bienestar y la nacionalización de la industria (donde la nación se refería claramente a Gran Bretaña).

La educación como instrumento de construcción nacional fue menos importante que en otros países europeos. Nunca ha habido un Ministerio de Educación británico, los sistemas escoceses e ingleses han mantenido su autonomía y, hasta finales del siglo xix, existía una autonomía considerable en los niveles locales y escolares. Un momento crítico lo encontramos en la década de 1870, en las vísperas de la educación universal, cuando la propuesta de una ley británica de educación fue rechazada, introduciéndose una ley específicamente escocesa. Más tarde, la Ley Butler de 1944, que abrió el camino a un sistema de educación más democrático sobre la base de la movilización popular para la guerra, se aplicó solamente a Inglaterra, mientras Escocia seguía su propio camino. El patriotismo moldeaba el contenido de las enseñanzas, pero a medida que la educación se extendió desde finales del siglo xix, ésta se enfocó más hacia la identidad imperial. Entrados los años 50, algunas aulas aún mostraban mapas con grandes proporciones del planeta coloreadas en rosa, y el dia del Imperio (después de la Commonwealth) seguía constituyendo una ocasión para la celebración patriótica. La idea de la educación como medio para promover una ciudadanía no-imperial y una identidad nacional emergió solo en las últimas décadas del siglo XX, y sobre todo en Inglaterra (ver capítulo 3).

Los medios de comunicación reflejan el mismo equilibrio entre asimilación y diferencia. Escocia siempre ha tenido su propia prensa de referencia, que en el siglo xix estuvo profundamente comprometida con la Unión y el Imperio. Dentro de esta lealtad, mantuvieron una cierta reivindicación de la cultura escocesa y atención hacia los asuntos escoceses, lo que limitó la influencia de los periódicos londinenses. La prensa popular siguió el mismo ejemplo y presentaba unas características escocesas estereotípicas que servían para adaptarse al mensaje unionista (el ejemplo más extremo era el Sunday Post). Otras veces han sido oportunistas, jugando la carta escocesa cuando era rentable. En el siglo xx, se fundó la BBC, una institución conscientemente británica, bajo la dirección del Director General John Reith, de origen escocés, que estaba comprometida con la Unión y la ilustración del público. La BBC hizo la transición del Imperio a la nación más fácilmente que otras instituciones. A partir de los años 50, la televisión comercial se regionalizó (Escocia estaba formada por dos regiones y parte de una tercera) pero los contenidos de las noticias procedían de fuentes comunes, complementadas con boletines locales especializados.

Una visión convencional de la política británica (objeto de múltiples preguntas de examen en los cursos universitarios) era el aforismo de Peter Pulzer que indicaba que la clase era el único elemento de la política electoral, una perspectiva que el propio Pulzer (1972) modificó en la segunda edición de su libro. De hecho, la relación entre clase y opción electoral ha estado siempre fuertemente mediada por las ofertas de los partidos políticos y el contexto institucional de las elecciones, la construcción territorial de los asuntos políticos y sus divisiones.

En Escocia, el primer movimiento obrero surgió en el ámbito local, estaba imbuido de una identidad cultural escocesa, y se inclinó hacia la política nacionalista, especialmente hacia la Primera Guerra Mundial (Keating y Bleiman, 1979). Sin embargo, después de la guerra, los líderes del laborismo escocés se acercaron a sus homónimos ingleses, al reconocer la debilidad de la economía escocesa, la dependencia de los mercados británicos y, en tiempos de recesión, del Estado británico. Los sindicatos escoceses se fundieron con los ingleses y el movimiento en su conjunto trató de convertirse en interlocutor con el centro, en alianza con el Partido Laborista que también se había entregado a la conexión británica. Hubo malestar rural en las Highlands pero, dada la escasez de población, no dio lugar como en Irlanda a una política independiente.⁸ Sabemos poco sobre cómo fueron socializadas las masas de clase obrera en una identidad británica común durante la era industrial. El movimiento obrero mantuvo un acento escocés, que impulsó la petición de un arreglo especial para Escocia dentro de la Unión, la atención a las necesidades escocesas y, periódicamente, peticiones de un auto-gobierno escocés.

Las clases altas del Reino Unido también mantuvieron las identidades locales y otras más amplias. Después de la Unión, los aristócratas escoceses decidieron llevar a sus hijos a los public schools (colegios privados de élites) ingleses o a colegios escoceses fundados sobre los mismos principios, donde aprendían el acento y las maneras inglesas. Para Haseler (1996) y Clark (1995) representa una anglización, mientras que Colley (1992) lo ve como una evidencia de britanidad; ella insiste, incluso, en que su tendencia a hablar de «Inglaterra» reflejaba el hábito de utilizar éste término para referirse a toda la isla. De hecho, parece que sirvieron para anglizar sus costumbres y su forma de pensar, y así adaptarse a los moldes de la clase dominante, al tiempo que no se alejaban excesivamente de su gente, como pasaba en Irlanda y Gales, donde existía una marcada fractura religiosa. Por tanto, fueron un factor importante de integración en la Unión hasta bien entrado el siglo xx. A partir de los años 50, estaban incluso reforzando su presencia con el Partido Conservador (Keating, 1975), aunque los cambios económicos y sociales, y también la decadencia de la deferencia, redujo su influencia en el conjunto de la sociedad.

Hasta el siglo xx, la burguesía industrial y comercial fue más escocesa en cuanto a costumbres y acento, momento en que, igual que otras burguesías no metropolitanas, trataron de formar parte de las clases terratenientes y enviar a sus hijos a las public schools. Morton (1999) y McCrone (2001a) han subrayado su papel en el mantenimiento de la identidad escocesa, a su vez adaptable a una identidad británica más amplia, y en la promoción de una determinada visión de la Unión. Se trataba de un interés material que encontró su expresión ideológica en el equilibrio entre la asimilación y la diferencia. Este dilema surgió en otras burguesías no-centrales europeas, como en Cataluña, donde una clase de negocios autóctona y dinámica quedó escindida entre el Estado español, al que necesitaban pero en el que no se integraban, y un nacionalismo catalán que les prometía autonomía pero bajo el riesgo de perder el mercado español; durante la guerra civil se escindieron en ambos sentidos. En Escocia el conflicto se resolvió con la decadencia de la burguesía indígena, cuando, después de la Primera Guerra Mundial, las empresas industriales empezaron a cerrar o fueron compradas por ingleses y empresas extranjeras; después de la Segunda Guerra Mundial la clase industrial prácticamente había desaparecido con la nacionalización y el declive de la industria pesada (Scott y Hughes, 1980; Harvie, 1995; McCrone, 2001b).

En ciertos momentos se pensó que el desarrollo de la política de partido seguía la misma trayectoria homogeneizadora que la integración de clase. El duopolio entre los tories/conservadores y whigs/liberales fue deslizándose suavemente hacia la oposición conservadores/laboristas, sin cambiar las reglas básicas del juego. La Escocia del siglo xix era un bastión del liberalismo, pero en el siglo xx las diferencias empezaron a contraerse y lo que quedó no podía atribuirse más que a la distribución diferencial de las clases. Sin embargo, la convergencia en el comportamiento del voto no es necesariamente evidencia de una convergencia en las actitudes políticas. También pudiera ser que los partidos aprendieron a hacer diferentes llamadas en diferentes partes de la Bretaña, con el fin de construir las mayorías parlamentarias que necesitaban para gobernar.

El conservadurismo escocés era muy distinto a su homólogo inglés, creció a lo largo del siglo xx mediante la absorción de los liberales unionistas, y prefirió incluso el nombre de Unionista⁹ hasta 1965, al tiempo que presentaba candidatos bajo distintas etiquetas (conservador, unionista liberal, liberal nacional o incluso conservador y liberal). Recurría a dos tradiciones: la tradición urbana basada en las clases medias industriales y comerciales, así como la clase obrera protestante, y la tradición rural que se sustentaba en las clases terratenientes y la deferencia social. Esta coalición estaba a favor de la Unión anglo-escocesa y siguió siendo una fuerza poderosa en la política escocesa hasta los años 60 (Fry, 1987; Mitchell, 1990). En el Reino Unido el laborismo se apoyó en la clase obrera pero solo captó el voto de la clase obrera católica escocesa después del acuerdo irlandés en 1922; después, en el periodo de los años 30, hizo grandes avances en la clase media católica irlandesa. Hacia finales del siglo xx, podía utilizar la retórica de la solidaridad de clase contra la competencia nacionalista en Escocia, manteniendo un fuerte tono británico ante el resto del mundo. Ambos partidos incorporaron la llamada escocesa, especialmente a partir de mediados del siglo xx, prometiendo traer más beneficios de Londres como recompensa al apoyo político. Los partidos servían a intereses escoceses distintos, y ayudaron a integrarlos en la política británica, combinando el interés por la clase y la ideología con el reconocimiento del mercado político diferenciado en Escocia –más diferenciado en unos periodos que en otros.

El siglo xx trajo el factor integrador adicional del Estado del bienestar, basado en la identidad común británica y en la solidaridad social. T.H. Marshall (1992), quien escribió durante el gobierno laborista de posguerra, entendió este periodo como una tercera fase que seguía a la conquista de los derechos legales y políticos. La «ciudadanía social» resultante ayudaría a la integración nacional mediante la inclusión de la clase obrera en la nación política y reconciliándola con el sistema capitalista. El término «nacional» se utilizó ampliamente para iniciativas como el servicio de salud y la seguridad social, con un claro sello británico. Curiosamente, Marshall ignoró el carácter multinacional del Estado británico, como si Inglaterra y Gran Bretaña fueran lo mismo y constituyeran una nación homogénea y unitaria. En ciertas ocasiones, los políticos laboristas y los líderes sindicales sugirieron que la solidaridad social dependía de la clase y atacaron retóricamente al nacionalismo por dividir a la clase obrera o por constituir una forma de falsa conciencia. Sin embargo, el hecho de que esta visión se completara solo en ciertos sectores de la izquierda con un genuino cosmopolitismo, que reconocería los mismos derechos para todos los trabajadores del mundo, evidenciaba el componente de nacionalismo británico en el que se basaban sus presupuestos. Como veremos, estos presupuestos se transformarán en el momento en que la solidaridad social se ha asociado con la identidad nacional escocesa (McEwen, 2006; Keating, 2009a).

La economía de la Unión

La economía no fue el factor determinante de la Unión en 1707 y, desde la perspectiva de los intereses escoceses, la participación fue a la defensiva, para evitar las represalias inglesas y la exclusión de los mercados, más que para buscar nuevas oportunidades. En los primeros años parece que Escocia lo hizo bastante mal en la Unión, pero después de 1760 hubo un despegue económico (Devine, 2005) y durante el siglo xix el comercio y la industria escoceses se beneficiaron ampliamente del acceso a los mercados imperiales y el régimen de libre comercio británico. Al final de siglo, Clydeside era el centro neurálgico de la industria mundial, dedicado a la exportación de productos de la industria pesada (Campbell, 1980), y la Unión se defendía como si fuera una bendición económica.

Es difícil calcular exactamente cómo ha rendido Escocia en el largo plazo, porque hasta los años 60 es difícil recopilar la información necesaria para realizar estimaciones. Dividir en intervalos temporales es aún más complicado porque los diversos indicadores del rendimiento como la Renta Nacional, el Producto Interior Bruto o el Valor Añadido Bruto, no son exactamente equivalentes. Estas diferencias crean dificultades a la hora de establecer comparaciones entre distintos periodos, pero pueden servirnos para comparar dentro de un mismo periodo. No existe ninguna razón para pensar que estas medidas distorsionen la comparativa Escocia/Inglaterra, por lo que podemos observar la producción relativa de Escocia y el Reino Unido desde principios del siglo xx. Algunos de los cálculos más tempranos se encuentran en Crammond (1912), que se basan solo en aproximaciones, y muestran cómo Escocia mantenía el equilibrio en su participación, con la población, la renta y el gasto oscilando en torno al 10%. Lee (2005) ha mostrado que los ingresos escoceses eran entre un 10% y un 25% más bajos que los de Inglaterra y Gales (los de Irlanda eran más bajos). A lo mejor por la mayor proporción de rentas en la Renta Nacional escocesa.¹⁰ A este respecto se hicieron sugerencias de que Escocia era competitiva porque mantenía salarios bajos, una estrategia que ya no fue posible con la aparición de las negociaciones salariales a nivel del Reino Unido (Campbell, 1980). Calcular el balance fiscal también es difícil. Mackinnon (1907) se quejaba de que Escocia contribuía de forma desproporcionada al Reino Unido, pero esto parece más bien una queja por la baja contribución de Irlanda, y no de Inglaterra. Separando el gasto «imperial» del gasto «doméstico»,¹¹ Crammond (1912) calculó que Escocia, en 1899-1900, contribuía con un 10,84% al primero, con una población del 10,7%, por lo que existía un equilibrio casi perfecto. Hacia 1909-1910, sin embargo, Escocia entró en déficit aportando solo un 9,67% al gasto imperial. Las factores principales de este cambio parecen encontrarse en el declive de la economía escocesa, junto a un mayor gasto en educación y el plan de pensiones Lloyd George, y fueron los primeros indicios de que Escocia no podía satisfacer las demandas del Estado del bienestar en desarrollo con sus propios recursos. Por otro lado, su déficit palidecía en comparación con el de Irlanda.

Los cálculos relativos a la década de 1920 realizados por Campbell (1954, 1955) aún se basaban en aproximaciones. Durante la Primera Guerra Mundial, Escocia lo hizo bastante bien y cuando acabó el conflicto tenía una renta nacional que era un 95% de la media del Reino Unido, a pesar de la recesión de 1921. Sin embargo, desde finales de los 20 entró en una depresión seria; los signos de la caida en la competitividad ya se detectaban tan pronto como en 1914, en medio del triunfalismo de los industriales escoceses (Campbell, 1980). Durante los años 30, se produjo un estancamiento continuado, a pesar de que muchas partes de Inglaterra sí lograron recuperarse, por lo que los trabajos y las inversiones se fueron hacia el sur. La renta per capita escocesa bajó al 87% de la media del Reino Unido (Campbell, 1954, 1955). Las industrias locales cerraron o se vendieron, y la economía industrial escocesa se hizo más dependiente del capital inglés y extranjero, así como de la política industrial británica, los subsidios fiscales y el proteccionismo. Lee (1995) sugiere que la contribución de Escocia a la recaudación de impuestos, que había superado la media del Reino Unido durante el boom de 1919-1922, se hundió al 60% de la media per capita en 1926. Hubo otro momento de crecimiento escocés durante y después de la Segunda Guerra Mundial, pero a continuación la posición relativa de Escocia descendió hasta mediados de los 60 (Cuadro 2.1.).

La crisis no fue el resultado de la diferenciación sectorial o funcional de la economía escocesa. De hecho, la estructura industrial escocesa, desde el siglo xix, ha sido similar a la media británica (McCrone, 2001b). Sin embargo, casi todos los sectores se caracterizaban por la baja productividad. Aunque según los estándares internacionales el diferencial entre Escocia e Inglaterra era bastante pequeño, éste condicionó la política de la Unión en las décadas siguientes y desvió la atención hacia la acción del centro y la integración en el marco británico de protección social. Desde principios de los años 60, el gobieno intervino con un amplio abanico de políticas regionales diseñadas para asociar a Escocia con los sectores más florecientes de la economía británica (véase mas adelante).

Fig. 2.1 Porcentaje del PNB escocés en relación al Reino Unido, 1924-2006 Fuentes: Lythe y Majmudar (1982), GDP Factor cost, 1954-79. Office of National Statistics, GVA 1996-2004. McCrone (1965, 1969), Regional Trends [diversos años]. Abstract of Regional Statistics [diversos años].

La participación activa del Estado en la gestión económica mejoró los resultados económicos (McCrone, 1965, 1969) y vinculó a Escocia, de forma más intensa, con la Unión, al tiempo que se reconocían sus problemas específicos. Pero mientras el unionismo se fortalecía, el carácter de sus promesas cambió: pasó de ofrecer acceso libre a mercados en expansión a convertirse en un instrumento de ayuda para una economía territorial insuficiente y dependiente.

A veces se afirma que la caída del apoyo escocés a la Unión es el resultado de las dificultades económicas (por ejemplo, Weight, 2002). Las evidencias históricas muestran, sin embargo, que cuando Escocia lo hace relativamente bien, las ideas del nacionalismo y el autogobierno florecen, mientras que cuando las cosas van peor, los escoceses tienden a agarrase a la Unión. El declive de 1921-1922 acabó con el movimiento en favor del autogobierno que se había desarrollado hacia la Primera Guerra Mundial, convenciendo al movimiento obrero de que la seguridad se encontraba en la conexión británica (Keating y Bleiman, 1979). El unionismo dominó la política escocesa de los años 30, y a pesar de la fundación del Scottish National Party, y las actividades de un puñado de nacionalistas, estas iniciativas no hacían sino poner en evidencia la indiferencia entre las corrientes dominantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgió una corriente de opinión en favor del autogobierno pero se deshizo en los tiempos más duros de los años 50, y el nacionalismo no volvió a cobrar fuerza hasta finales de los 60 y principios de los 70, cuando la economía escocesa funcionaba relativamente bien. Volvió a decaer con la recesión de los 80, para revivir en la siguiente década. Realmente, esto no es sorprendente. Si el apoyo a la Unión es instrumental, basándose en el cálculo de las ventajas que supone, podemos esperar que éste decaiga cuando los escoceses se muestren más optimistas sobre su capacidad para avanzar de forma autónoma. En tiempo de escasez, Escocia suele volver a la política de la dependencia y la gestión territorial –aunque esto podría no suceder en el futuro.

Gestionar la Unión

La Unión anglo-escocesa es un conjunto complejo de instituciones y prácticas, que deben entenderse desde la óptica del constitucionalismo británico, informal y no escrito. Se ha producido un proceso de construcción estatal y nacional, pero ha sido limitado y parcial. Aunque esto es cierto en muchos Estados multinacionales, el caso británico es inusual porque ha desarrollado una doctrina y práctica del unionismo que reconoce tanto la diversidad nacional como la unidad política. La conjugación de estos dos principios no es fácil y la Unión ha experimentado fases de integración y de diferenciación, de aceptación y de desafío. En los primeros años, en Escocia era muy impopular y, aunque sea cierto que las vidas de la mayor parte de los escoceses no se vieron afectadas, había resentimiento por las violaciones del tratado en casos como la restauración del patronazgo laico de la Iglesia o la abolición de jurisdicciones heredadas. Las rebeliones jacobitas en 1715 y 1745 desafiaron a la Unión,¹² aunque también puede ser que vincularan a buena parte de la Escocia presbiteriana a ella. A finales del siglo xviii, el apoyo a la Unión se había consolidado y en el fermento intelectual de la Ilustración escocesa no habían dudas sobre sus efectos benéficos.

Por tanto, los periodos de integración y asimilación se alternaron con otros de diferenciación. La expansión del Estado a finales del siglo xx y la insatisfacción con la administración escocesa, la agitación rural en las Highlands, y las aspiraciones del primer movimiento obrero llevaron a reforzar las demandas escocesas, que incluían una mayor consideración para Escocia y, en algunos casos, una renegociación de la Unión. El autogobierno no se logró, pero la asimilación administrativa se frenó y la identidad escocesa comenzó a recuperarse. Desde los años 60, la Unión se enfrentó a nuevos desafíos por la revigorización del movimiento nacionalista, y los cambios en el contexto exterior y el funcionamiento interno del Estado británico.

La gestión territorial del gobierno británico obtuvo un fracaso notable en Irlanda pero fue bastante exitosa en Escocia. Una de las claves del contraste se encuentra en la búsqueda de colaboradores locales en Escocia, que tuvieran credibilidad en la sociedad pero que, al mismo tiempo, se mantuvieran fieles a la Unión. En los primeros años, Escocia estaba dirigida por un Secretario de Estado, pero este cargo se abolió tras la rebelión de 1745. A partir de entonces Escocia pasó a ser gobernada por un gestor, quien, a cambio de entregar votos parlamentarios al gobierno en el poder, tenía las manos libres para manejar las redes clientelares y la supervisión de los diferentes consejos administrativos. La caída del gestor más reconocido, Henry Dundas, en 1828, produjo un vacío en la administración escocesa, que incrementó las críticas del gobierno local y el mundo de los negocios. A principios de la década de 1870, cuando se mitigó la amenaza al sistema educativo escocés, se creó el Departamento de Educación Escocés y, en 1885, la Oficina de Escocia, en la que un Secretario para Escocia tomaría bajo su supervisión los asuntos escoceses. Su papel se expandió en el siglo siguiente, y la Oficina se hizo responsable de la mayor parte de la política doméstica, con la excepción notable de los impuestos y la seguridad social (Mitchell, 2003). El Secretario de Estado desarrolló una triple función: gestionar asuntos que históricamente se habían tratado de manera diferenciada en Escocia; adaptar la política británica a las circunstancias escocesas; ejercer la presión en el Gobierno en favor de Escocia (Midwinter y otros, 1991).

La Unión dejó el sistema legal escocés intacto, y el Parlamento aprobaba las leyes escocesas de forma separada en distintos ámbitos. Los parlamentarios escoceses, aun siendo leales a los partidos británicos, desarrollaron un rol diferenciado. Muchos de ellos se centraban en los asuntos escoceses, trabajaban con la legislación escocesa y cuando eran promovidos a las tareas de gobierno, trabajaban para la Oficina de Escocia. Una minoría trató de desempeñar un rol más amplio de carácter británico, evitando las cuestiones escocesas (Keating, 1975). De esta manera se desarrolló una esfera específica escocesa de gobierno, administración, legislación y trabajo parlamentario, organizada dento del sistema británico. Kellas (1973) describió esta realidad como el sistema político escocés, que porporcionaba una cierta medida de autogobierno dentro del Estado británico. Otros estaban en desacuerdo y apuntaban que, al final, las decisiones que prevalecían eran las que tomaba el Gobierno, el Secretario de Estado era miembro del partido en el poder, y la legislación escocesa se decidía en la Cámara de los Comunes (House of Commons), donde los parlamentarios escoceses se encontraban en minoría (Mackintosh, 1973; Midwinter y otros, 1991; Keating, 2005). El resultado era el típico arreglo unionista, en el que se reconocía el aspecto distintivo escocés, y se asumían muchos temas escoceses, pero sin rendir la autoridad del Parlamento. Durante la mayor parte del siglo XX, el tratado fue bueno para los partidos hegemónicos, porque preservaba la esfera escocesa y al mismo tiempo proporcionaba acceso al centro, desde donde podían movilizarse recursos en beneficio de Escocia. Podían señalarse las ganancias que suponía la política regional y el gasto público más allá del nivel inglés. La invisibilidad de la política territorial, al nivel del Reino Unido, les ayudaba, porque permitía ejercer la presión de manera discreta e inclinar las prioridades de su lado sin llamar la atención de los parlamentarios ingleses acerca de los privilegios escoceses.¹³

En el siglo XX el aspecto más significativo de la gestión territorial fue la política regional. Los primeros movimientos se hicieron en los años 30, con la designación de las áreas problemáticas y la fundación del Consejo Económico Escocés para estudiar, planificar y actuar en ellas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Tom Johnston, que antes había sido un radical y fervoroso del autogobierno, tomó la opción de las soluciones tecnocráticas a los problemas de Escocia, en alianza con el Estado británico. Después de la Guerra, la Oficina de Escocia aumentó gradualmente sus responsabilidades económicas, y en 1965 Escocia fue designada como una de las regiones de planificación dentro del Plan Nacional del gobierno laborista. En 1974 todo el país era candidato a la ayuda regional, y al año siguiente, se estableció una Agencia Escocesa del Desarrollo (por la que mucha gente llevaba presionando desde los años 30).

La política regional no estaba destinada a crear una economía escocesa distinta sino a modernizar las estruturas productivas de Escocia e integrarlas en los mercados del Reino Unido, europeos y globales, como parte de un «keynesianismo espacial» que atraía tanto al centro como a la periferia. Sirvió para desarrollar las regiones, reducir la congestión en las áreas más activas y poner en funcionamiento recursos infrautilizados, aumentando la producción en el conjunto del Reino Unido. Socialmente, representaba la dimensión territorial del Estado del bienestar. Políticamente, ayudó a difuminar el descontento de las naciones y las regiones, lo que hizo que unieran sus políticas con las del centro. Estos objetivos demostraron ser difíciles de mantener cuando las condiciones económicas cambiaron. Además la integración económica a través de la política regional no llevó adosada la integración política, como habrían previsto las teorías funcionalistas. Por el contrario, la intervención selectiva sirvió para resaltar la diferencia de Escocia como un espacio para la planificación y actuación económica, creándose la noción de la «economía escocesa», a pesar de estar cada vez más integrada en el Reino Unido y en los mercados globales, un fenómeno que también es visible en otras partes de Europa (Keating, 1988, 1998). Una vez más, vemos las dos caras de la Unión, que a la vez que une a Escocia e Inglaterra mantiene sus identidades diferenciadas. Los partidos competían ahora en torno a lo que podían hacer por la economía escocesa, y cuando las condiciones cambiaron con el descubrimiento de petróleo en el mar del Norte, mientras también cambiaban las ideas sobre el desarrollo regional, el unionismo se enfrentó a un serio desafío.

La ideología y doctrina de la Unión

En todas partes, la construcción nacional utiliza materiales históricos, hasta el punto de confundirlos, como aseguró Renan (1992). Se construye una narrativa teleológica de la nación, desde sus orígenes en la antigüedad hasta su inevitable florecimiento en el presente o en el futuro, y se acompaña de un conjunto de valores, ya sean sociales, religiosos o políticos. La narrativa nacional inglesa se ha basado en gran medida en el mito de la libertad y el individualismo, en ocasiones enlazada con alusiones a los antiguos sajones, y reforzada por las revoluciones del siglo XVII. Los mitos escoceses no son muy diferentes, retratan a los héroes medievales de la independencia y rastrean la libertad en los conflictos religiosos de la primera modernidad (Ferguson, 1998). Encontrar un mito británico es más complicado, aunque hubo algunos esfuerzos efímeros para redescubrir a los antiguos bretones de los tiempos clásicos.

La historiografía británica whig presenta el desarrollo constitucional como un progreso continuo desde sus orígenes en el Parlamento inglés. Las uniones de 1536, 1707 y 1801 se consideran meros incidentes tras los cuales la historia inglesa sigue su curso. Así la obra de Erskine May The Constitutional History of England (1906) se presenta como un intento de «trazar el progreso y el desarrollo de nuestra Constitución británica» (p. iv), y argumenta que «nada es más remarcable en la historia de nuestra constitución que la permanencia de todas las instituciones que forman parte del gobierno del país» (p. 273). Trevelyan (1926) aseguró, de forma equivocada, que la Unión implicó la absorción del Parlamento escocés y el Consejo Privado por parte de las instituciones inglesas. Maitland (1908), aunque escribe sobre sobre las uniones y revoluciones de 1688-89, 1707 y 1801, insiste en que el Parlamento del Reino Unido se desarrolló a partir del inglés. De este modo, los historiadores constitucionalistas vieron el Reino Unido como el producto de la práctica constitucional inglesa, argumentando que la soberanía parlamentaria era absoluta porque se había establecido en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII (Dicey 1912; Dicey y Rait, 1920).¹⁴

Después de la Unión, muchos whigs escoceses se sumaron a esta narrativa, adoptando la historia constitucional inglesa como si fuera la suya pero despojándola de los elementos más chovinistas y particularistas (Kidd, 1993; Finlay, 1998; Pittock, 1999; Devine, 2008a). Negar la contribución de Escocia a la constitución es un elemento importante del unionismo, aunque coexiste con el reconocimiento de la diferencia social y cultural. De hecho, Gran Bretaña ha tenido una serie de historias unionistas, que se corresponden con esta estrategia mixta de asimilación y distinción que caracteriza a la práctica política e institucional. A Sir Walter Scott se le reconoce actualmente como uno de los ideólogos unionistas más eminentes. Sus novelas, que inspiraron a generaciones de escritores románticos en toda Europa, celebraban la pre-unión con Escocia, reconocen el mérito de las distintas partes en las guerras religiosas y en los debates sobre la Unión pero, en última instancia, llevan implícito un mensaje de progreso derivado de los acuerdos de 1707. Para Scott, la Unión era un acuerdo honorable que mantenía la identidad escocesa y daba sus bendiciones a una Gran Bretaña que cicatrizaría las heridas del pasado. Su posterior y muy ridiculizada extravagancia de 1882 en la que presentaba al rey Jorge IV ataviado con el traje típico de las Highlands para un desfile en Edimburgo, unía simbólicamente ambas partes de Escocia y el conjunto de Gran Bretaña. Otros ideólogos fueron aún más lejos, apropiándose de William Wallace y Robert Bruce, los héroes de las luchas medievales por la independencia, para la causa unionista, con el argumento de que la defensa de los derechos escoceses había permitido a la nación entrar en la Unión de 1707 en igualdad de condiciones (Morton, 1999).

El unionismo como ideología y práctica política se compromete con la unidad de Gran Bretaña y tradicionalmente está en contra de cualquier medida en favor del autogobierno. Incide en la soberanía absoluta del Parlamento de Westminster como principio constitucional supremo. Pero a diferencia de los nacionalistas estatales de otros países europeos, los unionistas aceptan plenamente la diversidad cultural nacional, la descentralización administrativa y las instituciones civiles propias de los escoceses (Kidd, 2008). Los retratos de Ward (2005) de unionistas prominentes proporcionan una idea de esta ideología y práctica política en todo el Reino Unido. El alcalde de Edimburgo, citado al principio de este capitulo, revistió su elogio de la Unión con una llamada a los parlamentarios escoceses para que presionaran al gobierno en las «justas reivindicaciones de Escocia». Morton (1999) ha descrito esta posición como una forma de «nacionalismo unionista», una expresión deliberadamente chocante y paradójica que trata de capturar la insistencia en la particularidad escocesa dentro de la Unión. Sin embargo, sería más adecuado considerarlo simplemente como «unionismo», porque el unionismo británico nunca ha sido asimilador y se distingue precisamente por el reconocimiento de la diversidad nacional. Por otra parte, el nacionalismo se refiere a un programa de autogobierno político, algo que los unionistas han rechazado explícitamente.

Todo el edificio está repleto de patriotismo británico, que se presenta como más ilustrado y menos agresivo que los nacionalismos con los que compite tanto en el interior como en el exterior. El unionismo conservador tiende a ser tradicionalista, basado en las nociones burkeanas del respeto del pasado y la sabiduría de la antigüedad (aunque su versión irlandesa presenta una versión más cruda). Desde el laborismo, el unionismo se relaciona con la denigración del nacionalismo por su tendencia divisoria, afirmándose la necesidad de formas más amplias de solidaridad, el énfasis en las clases (al menos en el pasado) y la necesidad de un Estado fuerte y centralizado para redistribuir los recursos (Walker, 2002). Ahora bien, desde otro ángulo podríamos ver el unionismo como una forma de nacionalismo, que afirma la primacía de la nación británica, un factor que se hace evidente cuando surgen desafíos internos (el nacionalismo escocés) o externos (la integración europea).

La doctrina central de la Unión, la soberanía absoluta del Parlamento, permite variaciones considerables en las prácticas de las naciones constitutivas, bajo el argumento de que nada de esto puede afectar al principio básico de autoridad. Además, al evitarse el concepto de la soberanía popular, no tiene necesidad de definir al «pueblo». Sin embargo, esta dotrina nunca ha estado falta de contestación en Escocia. Dicey y Rait (1920) insistían en que el Parlamento de Westminster heredó todas las prerrogativas del parlamento inglés y podía por ello legislar sobre cualquier asunto, incluyendo la propia constitución. Otros han asegurado que la Unión es una ley fundamental y no puede ser cambiada por el Parlamento, que fue una creación que surgió de ésta. Los parlamentos inglés y escocés fueron abolidos en 1707 y, dado que el escocés nunca había afirmado el principio de la soberanía absoluta, el nuevo no pudo heredarla (MacCormick, 1999, 2000; McLean y McMillan, 2005). Muchos investigadores han resaltado la tradición específica de la soberanía popular y el equilibrio de gobierno en Escocia (Kidd, 1993; Ferguson, 1998), así como las reservas concretas en el propio tratado de la Unión. En estos casos, siempre es complicado apelar a las intenciones originarias de los constituyentes, aunque en este caso concreto podría sugerirse que, entre otras cosas, estaban preocupados por proteger a la Iglesia de Escocia de las regulaciones estatales a las que estaba sujeta la Iglesia de Inglaterra. Más interesante resulta ver cómo han evolucionado estas doctrinas en la práctica y cómo se entienden a lo largo del tiempo, así como tener en cuenta el mantenimiento de una doctrina constitucional específica en Escocia incluso en la era de la hegemonía unionista.

La idea de la soberanía limitada sobrevivió el tiempo sificiente para que Lord Cooper, en el Tribunal Supremo de Escocia, afirmara en 1953 que el Parlamento no era ilimitado, aunque esto quedó durante mucho tiempo como una curiosidad legal.¹⁵ MacCormick (1999) analiza las dos interpretaciones rivales de la constitución y, aunque se inclina por la visión de que la Unión representaba la fundación de la constitución y era por tanto una ley superior, también admite que ésta no había sido la doctrina imperante. Dicey (1961) podría ser acusado, ciertamente, de sobrepasar los limites en su doctrina de la soberanía parlamentaria, porque sugirió que el Estatuto de Westminster de 1931, en el que se declaraba que el parlamento no legislaría sobre los Dominios (dándoles por tanto la independencia), podía ser reemplazado por legislación posterior, una posición que actualmente nadie comparte. También tiene la tendencia de escibir sobre Inglaterra y la constitución inglesa, que podría reflejar una insensibilidad muy extendida sobre la naturaleza del Estado, pero que no era su caso porque conocía plenamente los asuntos constitucionales de Irlanda y Escocia. Por el contrario, parecía reflejar la presuposición de que solamente la práctica constitucional inglesa es relevante para la Unión, una posición que puede rebatirse con facilidad. Politólogos y algunos juristas argumentan que el concepto de la Unión como asociación de naciones debería considerarse una de las convenciones sobre la que se basa la práctica política británica (Tierney, 2004).¹⁶ En su interpretación más blanda, el argumento es que la prudencia política debería inculcar a los políticos británicos la sensibilidad por la diferencia escocesa. Incluso Dicey, en la misma frase en la que relacionó la ley de la Unión¹⁷ con la legislación sobre los dentistas, reconocía que sería un acto de «locura política manipularlo de forma gratuita». Dicey tampoco fue coherente con sus propios argumentos cuando apoyó a los unionistas irlandeses en su desafío a la concesión parlamentaria de autogobierno antes de la Primera Guerra Mundial. Los desafíos a la Unión desde los años 60 han renovado el interés por las tradiciones constitucionales escocesas y la percepción de que éstas deberían incluirse en cualquier interpretación de la constitución británica no escrita (Keating, 2001a; MacCormick, 1999, 2000; Walker, 2000; Tierney, 2004). A finales de los 80 la Campaña por una Asamblea Escocesa (1988) recogía una Proclamación de Derecho, deliberadamente basada en la tradición pactista escocesa, en la que se insistía en que la soberanía pertenecía al pueblo escocés. El hecho de que lograra la aceptación de todo el Partido Laborista escocés, con la sola excepción de Tam Dalyell, podría interpretarse como un apoyo a la reclamación, o, con más seguridad, una indicación de que no se lo tomaron en serio.

Esta ambigüedad era el secreto de la eficacia de la Unión, pero también su punto débil. Como dice Colls (2002), los unionistas nunca dejaron que se conectaran los cables de la nacionalidad y el Estado. Escocia podía mantener su identidad histórica y cultural, su sociedad civil e incluso su administración, pero nunca podría lograr un parlamento elegido por el pueblo escocés, porque éste, al reposar en el principio de nacionalidad, asumiría de forma inevitable la soberanía y desafiaría uno de los principios fundamentales de la Unión. Éste era un elemento básico de la argumentación de Dicey (1912) en contra del autogobierno irlandés, que más tarde fue retomado por Wilson (1970) y Dalyell (1977) en el contexto de los debates sobre la devolución en los años 70. Posiblemente sus argumentos tengan algún sentido, pero se basan en la esperanza de que las dos dimensiones de lo escocés (y previamente lo irlandés) pueden mantenerse separadas de forma indefinida. Y éste no fue el caso.

Reconstruir Escocia

La evolución del acuerdo de la Unión además de sostener el Estado y la nación británica sirvió para mantener y desarrollar la nacionalidad escocesa, que estaba contenida en ella y suponía siempre una amenaza potencial. De forma controvertida, Davidson (2000) ha afirmado que la nación escocesa se inventó después de 1707 en el contexto de la Unión, una visión que podría entenderse como una provocación hacia los nacionalistas y un correctivo a las visiones primordiales de la nación, ya que evidentemente existía una nación escocesa antes de 1707. Sería menos controvertido apuntar que Escocia, al igual que otras naciones, no es homogénea y se ha redefinido en numerosas ocasiones a lo largo de los siglos. La Unión ha sido el contexto imperativo de todos estos cambios, así como las transformaciones del orden internacional.

Proceda o no la idea de nación de la modernidad, podemos estar seguros de que la nación, tal como la conocemos, quedó profundamente marcada por la experiencia de los cambios sociales y económicos que caracterizaron a las sociedades occidentales en los siglos xix y xx. En este periodo se forjó la nación moderna, que integró componentes diversos en un todo coherente, aunque raramente homogéneo. Como ya hemos observado, en el pasado hubo cierta tendencia a considerar que Escocia se había integrado con éxito en una nación británica. Cuando el resurgimiento del nacionalismo escocés forzó una revisión de estas ideas, éste fue presentado a menudo como un caso étnico atípico, que se resistía a la incorporación y que, por tanto, era bastante excepcional y necesitaba algún tipo de explicación especial.¹⁸ El argumento era que Escocia, para existir como tal, tenía que ser «diferente» (lo que significaba, en la práctica, ser diferente de Inglaterra).¹⁹ Desde otra perspectiva, Nairn (1977, 2000) ha defendido durante mucho tiempo que, de alguna forma, perdió la oportunidad de su destino histórico en el siglo xix, al no convertirse en un Estado-nación normal.

Las investigaciones más recientes presentan a Escocia no como una excepción histórica o un fragmento étnico sino como una nación europea que ha atravesado el proceso de modernización habitual (Keating, 2001b, McCrone, 2001b), que incluye la integración interna y la construcción nacional alrededor de símbolos e instituciones comunes. Para sorpresa de algunos observadores externos, este proceso no se basa en la lengua o en los marcadores étnicos más obvios, sino en la memoria histórica, los símbolos, los mitos y las instituciones. Es un «nacionalismo banal» (Billig, 1995) en el que los pequeños recordatorios cotidianos sirven para mantener viva la conciencia colectiva, haciéndose ostensible y estridente solo cuando se produce alguna amenaza. Escocia no se define, al estilo de Anthony Smith (1999), como un «núcleo étnico» que asimila una serie de elementos sino como una identidad cívica constituida por elementos diversos. Los espacios culturales distintos de las Highlands y las Lowlands se han integrado en una identidad escocesa común desde el siglo xix, a medida que la población se ha desplazado hacia el Sur y el imaginario de las Highlands (que incluye el tartán, la falda escocesa y la gaita) se ha difundido por toda Escocia. El influjo de los inmigrantes irlandeses de mediados del siglo xix transformó la comprensión de Escocia como un país esencialmente protestante y abrió una brecha confesional, especialmente en las áreas urbanas de la Escocia occidental, que se mantuvo hasta mediados del siglo xx. Los estudios muestran que esta población es actualmente plenamente escocesa en su identidad; incluso podría considerarse que estas familias pasaron de una identidad irlandesa católica a la escocesa sin pasar por una fase británica. Los italianos y los europeos del este también se han socializado de forma similar. Los inmigrantes más recientes, como los musulmanes, han negociado su propia adaptación a la identidad escocesa, de nuevo sin pasar por una fase británica (Hussein y Miller, 2006).

Decir que la nacionalidad tiene que tomar necesariamente la forma del Estado, sin embargo, supone invocar una ley histórica que no existe. El unionismo cultivó una identidad escocesa no politizada, en la que los símbolos de la nacionalidad fueron puestos al servicio del Estado británico. Se desplegó para cubrir el ámbito de la política escocesa práctica, enfocado hacia las políticas y la administración. A mediados del siglo XIX, la Asociación Nacional para la Reivindicación de los Derechos Escoceses se quejó de la desatención administrativa y la decadencia de las instituciones escocesas. Los comerciantes y líderes de gobiernos locales estuvieron detrás de la campaña para crear una Secretaría para Escocia, una Gran Comisión Escocesa y otorgar más tiempo a la legislación escocesa en el parlamento. A lo largo del siglo xx, las cuestiones económicas tomaron mayor importancia ante la evidencia de la decadencia industrial y la recesión. Desde los años 30, se formó un lobby territorial escocés en el que participaban los hombres de negocios, sindicatos y partidos políticos, para promover los intereses económicos comunes en el desarrollo industrial, la política regional y el gasto público. El edificio entero de la transferencia administrativa que hemos visto anteriormente sirvió para reforzar la idea del espacio público escocés, que formaba parte del espacio británico más amplio.

Durante un largo periodo de tiempo estas tendencias puedieron acomodarse dentro del manto del unionismo, aunque fuera desafiado periódicamente por la alternativa nacionalista. Como en otros casos, podemos encontrar formas de proto-nacionalismo en el pasado; de hecho, algo así ha estado siempre presente bajo la superficie de la vida escocesa. Algunos autores han detectado fuertes tonalidades nacionalistas en el programa de los rebeldes jacobitas del siglo xviii (Pittock, 1999), aunque su objetivo era restaurar a los Estuardo en los tronos de los tres reinos, el más importante de los cuales era, con diferencia, el de Inglaterra. Las demandas para la reforma administrativa en el siglo xix también se han visto como una forma de proto-nacionalismo; pero episodios como la Asociación Nacional para la Reivindicación de los Derechos Escoceses, a mediados de la década de 1850, se encontraban firmemente asentados dentro de la tradición unionista, y pedían una mayor consideración para los asuntos escoceses en Westminster y Whitehall.

El nacionalismo, en su forma moderna, con su demanda de un Parlamento elegido por los escoceses, aparece a finales del siglo xix (Powell, 2002), cuando surgió en consonancia con otros movimientos similares en Europa.²⁰ La Asociación Escocesa por la Autonomía Política (Scottish Home Rule Association) se creó en 1886, siguiendo la conversión de Gladstone al autogobierno irlandés, y otra apareció después de la Primera Guerra Mundial, con el apoyo de los liberales avanzados, el movimiento obrero y los partidarios de la reforma agraria: las demandas iniciales se centraron en la autonomía política (Home Rule), esto es, un autogobierno dentro del Reino Unido del tipo que los liberales gladstonianos habían ofrecido a Irlanda. A menudo se ha dicho que este movimiento no era realmente nacionalismo porque no era separatista (Nairn, 1977), pero esto supone asumir que el nacionalismo necesariamente debe aspirar a la construcción estatal (McCrone, 2001b; Keating, 2001a). Escocia no fue la única que creó formas de nacionalismo no separatista en el siglo XIX; Hroch (1985) ha asegurado que los brotes del nacionalismo en el siglo xix pasaron por una serie de etapas, y no todos terminaron por exigir el Estado propio. En realidad, antes de la Primera Guerra Mundial, pocos movimientos nacionales europeos, incluyendo los del imperio de los Habsburgo, reclamaban un Estado propio. Lo mismo puede decirse del nacionalismo irlandés mayoritario e, incluso, del Sinn Féin en sus comienzos. La autonomía política escocesa (el Home Rule) solía situarse en el contexto del Imperio, considerando Escocia como un dominio autogobernado como Canadá o Australia, o como un componente de una posible federación imperial, en búsqueda constante del punto intermedio entre el separatismo y el unionismo. Entre 1889 y 1927 se presentaron 20 mociones de autonomía política en el parlamento, y bajo los gobiernos liberales o laboristas generalmente se apoyaban (Mitchell, 1996). La agitación alcanzó su punto álgido después de la Primera Guerra Mundial pero rápidamentó se desinfló.

El fracaso de la última moción provocó una ruptura entre los defensores del Home Rule y los partidarios de la plena independencia, llevando a la formación del primer partido explícitamente nacionalista en 1928, que se transformó en 1932 en el Scottish National Party (SNP). Este espacio intermedio empezó a erosionarse cuando la Conferencia Imperial de 1926 acordó una nueva definición para el estatuto de los dominios, que, después del Estatuto de Westminster de 1935, significaba de forma efectiva la independencia. El acuerdo irlandés de 1922 descartaba la posibilidad de un Reino Unido federal, y el interés en un cambio constitucional por parte de la clase política británica desapareció rápidamente. Incluso entonces la división entre los separatistas y los partidarios de la autonomía política no estaba clara. Figuras como John McCormick podían moverse entre el activismo dentro del SNP y la participación en movimientos suprapartidistas en favor de la autonomía, y el significado de la propia independencia no estaba del todo claro. Posiblemente, solamente en los años 50 y 60, cuando el Imperio ya no existía y la Unión Europea aún no había llegado, existió un proyecto independentista claro, pero este fue un momento en el que el apoyo al partido nacionalista se encontraba en un punto muy bajo.

A pesar de toda su ambivalencia, la autonomía política y los movimientos nacionalistas sirvieron para repolitizar periódicamente la identidad escocesa, desafiar el acuerdo de la Unión y forzar a los gobiernos unionistas para que se ampliara el reconocimiento de la diferencia escocesa, así como el traspaso de competencias administrativas, cuando no políticas. Expusieron la debilidad del acuerdo de la Unión, porque la opinión escocesa, ya sea a través de encuestas de opinión, elecciones en donde el tema está sobre la mesa, o referéndums, siempre se ha mostrado a favor al autogobierno, generalmente en el seno de un Reino Unido federal. Las ideas favorables a la autonomía política también han persistido entre la clase política. A lo largo de toda su existencia, salvo en el periodo comprendido entre 1958-1974, el Partido Laborista se ha comprometido con el traspaso de competencias o «devolución» a Escocia; los liberales la han apoyado desde el periodo de Gladstone; y tambien existe una tradición conservadora de autonomía que nunca se ha extinguido. Sin embargo, al enfrentarse con los problemas que supone gobernar el Reino Unido, estos partidos han acabado siempre por apoyar el unionismo según el modelo de Westminster. Morton (1999) afirma que el «nacionalismo unionista» desapareció por el avance del Estado ante la sociedad civil autónoma después de 1860; de hecho, el unionismo tuvo otros cien años de vida mientras el Estado se adaptaba al reconocimiento de la diferencia escocesa.

1 Los continuos problemas de los intelectuales ingleses para discutir el tema de Gran Bretaña quedan ilustrados en el libro de Tony Judt (2005) sobre Europa en donde suele perder la seguridad de su pulso cuando se refiere a su propio país; frecuentemente habla de Gran Bretaña, para después añadir «al menos en Inglaterra».

2 Haseler (1999) cree firmemente que fue en beneficio de los ingleses.

3 Haseler (1999, p. 33) asegura que el Reino Unido «se convirtió en un instrumento perfecto de las clases dirigentes inglesas. Era un frente útil para Inglaterra y lo inglés».

4 Esto también era cierto en el caso de las posesiones francesas en Argelia.

5 El imperio francés se enfrentó al mismo problema.

6 Incluso el conocido nacionalista R.B.Cunnighame Graham escribe su dirección, en su correspondencia, como NB, que puede consultarse en la National Library of Scotland.

7 Más recientemente, Lunn (1996) apunta que «el uso del término inglés» como sinómino de «británico» es más que una utilización desaliñada de la palabra. Representa una serie de presupuestos sobre el derecho natural de Inglaterra a hablar por Gran Bretaña» –y signifcativamente en el resto de su propio capítulo, Bretaña e Inglaterra se utilizan de forma intercambiable.

8 Los parlamentarios independientes de Crofters se eligieron en 1885, aunque pronto se desplazaron a la órbita liberal.

9 Aún se refiere a la Unión británico-irlandesa.

10 Pittock (2008) asegura que antes de la Primera Guerra Mundial la renta per capita escocesa era un 120% la del Reino Unido, aunque no se cirtan fuentes.

11 El gasto imperial se destinaba a las fuerzas armadas y la deuda nacional, y se asuimía que una Escocia autogobernada bajo el Home Rule asumiría el resto del presupuesto.

12 Aunque la idea de que los jacobitas eran nacionalistas escoceses es una invención del romanticismo victoriano.

13 Existe un intercambio revelador entre Sir Douglas Haddow, Secretario Permanente de la Oficina de Escocia, y John Mackintosh, MP, en las minutas del Select Committee on Scottish Affairs, 19 de mayo de 1969, en el que Haddow admite que el sistema beneficia a Escocia pero espera que su respuesta no llegue «a sus colegas ingleses mienbros del comité».

14 En la tardía fecha del 2007 apareció el libro Great tales from English history, subtitulado A treasury of true stories of the people who made Great Britain great, de Robert Lacey. Dado que Lacey promete en el futuro historias de escoceses, irlandeses y galeses es posible que el suntítulo fuera responsabilidad del trabajo de un editor poco cuidadoso.

15 El caso fue MacCormick v. Lord Advocate. MacCormick desafió el derecho de la Reina para utilizar el título de Isabel II de Escocia. Los tribunales desestimaron el caso sobre la base de que el asunto se situaba dentro de la prerrogativa real. El presidente Lord Cooper comentó: «el principio de la soberanía ilimitada del Parlamento es un principio distintivo inglés que no tiene equivalente en la ley constitucional escocesa. Sus orígenes se encuentran en Coke y Blackstone, y se popularizó en el siglo xix gracias a Bahegot y Dicey, y éste último fue el que estableció la doctrina clásica en su Law of the Constitution. Considerando que las leyes de la Unión extinguieron los parlamentos de Inglaterra y Escocia y los reemplazaron por un nuevo Parlamento, tengo dificultades para ver por qué el nuevo Parlamento debe heredar todas las características peculiares del Parlamento Inglés pero ninguna del Parlamento Escocés, como si lo que hubiera sucedido en 1707 es que los representatntes escoceses fueron admitidos al Parlamento Inglés. Eso no es lo que pasó. Es más, el Tratado y la legislación asociada por el que se constituyó el Parlamento de Gran Bretaña como sucesor de los Parlamentos separados de Inglaterra y Escocia, contenía algunas cláusulas que reservaban al Parlamento de Gan Bretaña poderes que podían modificarse, y otras claúsulas que no ciontienen esos poderes o excluyen enfáticamente la alteración subsecuente mediante declaraciones de que la provisión será inalterable a lo largo del tiempo, o declaraciones de tipo parecido. Nunca he podido entender cómo es posible reconciliar con los cánones elementales de la construcción la adopción que realizan los teóricos constitucionales ingleses de la misma actitud a provisiones claramente diferenciadas».

De todas formas, luego añadió que ni los tribunales ingleses ni los escoceses eran competentes para aprobar esta provisión.

16 En Canadá existe un debate similar sobre el estatus histórico de Quebec y sobre si hubo un entendimiento bi-nacional de la confederación (McRoberts, 1999; Romney, 1999; Laforest, 2004).

17 Los comentaristas ingleses tienden al singular, enfatizando el tratado inglés, que atrajo a Escocia a la constitución existente. Los escoceses tienden a usar el plural, para recalcar que fue necesario el consentimiento de ambos parlamentos, como se deriva del Tratado de la Unión.

18 En otras partes me he referido a la tendencia basada en un prejuicio a describir las naciones «sin Estado» como «étnicas» para diferenciarlas de las naciones que sí tienen Estado (Keating, 2001a, 2001b).

19 Muchas veces hay otra vuelta de tuerca en el argumento que asegura que si las naciones sin Estado no son diferentes, no tienen derecho al autogobierno; si son diferentes, tienen que ser étnicas y desviarse de los valores universales normales, y por ello tampoco tienen derecho al autogobierno.

20 En este punto, estoy de acuerdo con Morton (1999, p. 53), aunque él me cita erróneamente (Keating y Bleiman, 1979) en la afirmación de que el nacionalismo escocés no apareció hasta los años 60.

3
La extraña muerte de la Escocia unionista

La Unión cumple 300 años

En mayo de 2007, el tercer centenario de la Unión Anglo-Escocesa pasó prácticamente sin regocijo ni celebración pública. La Convención de las Autoridades Locales Escocesas (sucesora de la Convención de las Aldeas Reales) no aprobó ninguna resolución de felicitación ni hubo bailes oficiales. Las elecciones al Parlamento Escocés estaban pendientes, y el Scottish National Party (SNP) no vió ninguna razón para celebrar la Unión, mientras sus oponentes no tenían muy claro si hacerlo o no. Las encuestas daban visiones contradictorias sobre el estado de la opinión pública; aunque posiblemente lo más sorprendente es la gran cantidad de gente que podía vivir con la Unión o sin ella. Una encuesta de opinión (IC, enero de 2007) mostró que solamente algo más de un tercio de la población esperaba que la Unión (de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) durara más de 50 años, mientras que la mitad se mostraba favorable a la independencia escocesa. Los electores también parecían indiferentes a las promesas nacionalistas de la plenitud después de la independencia, y a las profecías catastrofistas de los oponentes unionistas. Un tercio pensaba que Escocia estaría peor sin Inglaterra, mientras que un número ligeramente superior pensaba que estaría mejor. Más llamativa aún fue la reacción en Inglaterra, que reflejó unas actitudes muy parecidas a las escocesas. Solamente un tercio de los votantes ingleses pensaba que la Unión sobreviviría otros 50 años, y dos quintos estaban convencidos de que, al menos, una de las partes abandonaría en un plazo de 20 años. Casi la mitad de los votantes ingleses apoyaba que Escocia se convirtiera en un país independiente.¹ La mayoría pensaba que la independencia de Escocia no tendría ninguna repercusión en la prosperidad inglesa, y solamente un quinto aseguraba que sería para peor.² Otra encuesta de ICM del mismo año preguntaba específicamente sobre la Unión entre Inglaterra y Escocia y, aunque las cifras que apoyaban la independencia escocesa eran menores, seguían siendo idénticas en ambos lados de la frontera (ICM, diciembre, 2007).³ No se trata de hallazgos aleatorios sino que siguen la tendencia de sondeos realizados en los últimos años. Si comparamos los datos en el contexto internacional, los resultados son destacables. Los conflictos nacionales en España, Canadá y Bélgica (citando solamente democracias liberales similares) remueven pasiones profundas tanto en las naciones minoritarias como en la mayoría estatal, que ve la secesión como una amenaza existencial a su identidad política y a su ser.

Está claro que ha pasado algo importante en los últimos siglos, aunque no está tan claro qué es lo que ha pasado y por qué. Los críticos de la Unión afirmaron en 2007, como han hecho siempre, que los acontecimientos de 1707 fueron el resultado de una negociación turbia entre élites corruptas en contra de los deseos y los intereses del pueblo. A su vez, los defensores dejaron de ensalzar las glorias del pueblo británico (o la raza británica, como dirían en el siglo xix) y su misión civilizadora. El primer ministro Tony Blair y su sucesor inminente Gordon Brown hablaban continuamente de los valores británicos, aunque éstos tendían hacia lo perogrullesco o hacia nociones universales como democracia y justicia, con lo que se hacía muy difícil ver su conexión con una forma específica de Estado. En su mayor parte, los unionistas se agarraron a los argumentos instrumentales sobre la economía de la independencia o la inconveniencia de las fronteras. El argumento económico podía lanzarse en ambas direcciones, dependiendo de factores como el precio del petróleo, mientras que arremeter contra las fronteras era muy poco coherente cuando, en ese mismo momento, el gobierno del Reino Unido estaba realizando grandes esfuerzos por mantener las fronteras con el resto del mundo, incluida la Unión Europea. Recurrir a los argumentos instrumentales sugiere un desplazamiento desde la adhesión afectiva a una nación británica a una forma más negociada de vinculación. Aun así, aunque el unionismo posiblemente se ha difuminado, tampoco se ha convertido en hegemónico un contra-proyecto escocés para crear un Estado-nación. La opinión pública se caracteriza por una gran ambivalencia y la dirección del cambio institucional está poco claro. Podríamos estar dirigiéndonos hacia una nueva constelación de Estados dentro del Reino Unido o hacia una renegociación de la Unión.