Читать книгу: «La paz sin engaños»
Ramírez-Orozco, Mario
La paz sin engaños: estrategias de solución para el conflicto
colombiano / Mario Ramírez-Orozco; prologuista Raúl Benítez
Manaut. -- 2a. ed. -- Bogotá: Ediciones Unisalle, 2013.
288 p.; 14 X 21 cm
ISBN 978-958-8844-01-5 1.
1 Conflicto armado - Colombia 2. Solución de conflictos –
Colombia 3. Proceso de paz - Colombia I. Benítez Manaut, Raúl,
pról. II. Tít.
303.66 cd 21 ed.
A1423176
CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango
ISBN: 978-607-02-3418-7
Primera edición, julio de 2012
Centro de Investigaciones sobre América Latina
Universidad Nacional Autónoma de México, México
ISBN: 978-958-8844-01-5
Segunda edición: Bogotá D.C., septiembre de 2013
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PSR Partido Socialista Revolucionario
RN Renovación Nacional
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Serpaj Servicio de Paz y Justicia
SIMCI Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos
Sintradi Sindicato de Trabajadores de Incora Nacional
UDI Unión Democrática Independiente
UIAF Unidad de Información y Análisis Financiero
UP Unión Patriótica
UPAC Unidades de Poder Adquisitivo Constante
UPTC Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
URNG Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
Agradecimientos
Es mi obligación agradecer a los siguientes centros académicos, que de manera indirecta facilitaron la preparación del presente estudio, al permitir mi participación en sus cursos, seminarios o encuentros. A la UNAM, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC); Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CIICH), Instituto de Investigaciones Económicas (IEE); a la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe (AMEC); a la Cátedra UNESCO; a la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México; al Det Norske Nobelinstitutt (Instituto Nobel de Noruega); al Nobels Fredssenter (Centro de Paz del Nobel, Oslo); a Telemark University College de Noruega; a la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC); a la Universidad de Osaka; a la Universidad de Sofía, Tokio; al Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine (IHEA), París; y en Noruega, a la Universidad de Bergen; a la Universidad de Oslo y a Telemark University College. Y por haberme facilitado sus bibliotecas y base de datos agradezco al CIALC y a su Biblioteca “Simón Bolívar”, UNAM, Ciudad Universitaria, México D. F.; al Nobelinstituttets bibliotek, en Oslo, y al IHEAL, y su biblioteca “Pierre-Monbeig”, en París. Así mismo, ha sido muy importante el apoyo de la DGEP, Dirección General de Estudios de Posgrado de la UNAM, por concederme la beca de excelencia OF.DGEP/SPIAP/PB-/2648/2002.
Prólogo
El largo conflicto colombiano ha generado muchos debates en América Latina. Desde su gestación a mediados del siglo pasado, cuando en 1948 sucedió el llamado “Bogotazo”, tras el asesinato del líder político Jorge Eliécer Gaitán, derivando este acontecimiento en la aparición de gran cantidad de movimientos armados de todo tipo, donde se confrontaban los liberales y conservadores, y posteriormente lo propio de la Guerra Fría, donde todas las variables del mosaico de ideologías de la izquierda armada hicieron su ingreso al escenario colombiano, se desprendieron grandes polémicas: ¿es una guerra civil prolongada o no?, ¿es una guerra contra una clase dominante bipartidista y excluyente?, ¿o se fue conformando una guerra cuyos actores principales que no se acogieron a los procesos de paz de los años ochenta y noventa, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se convirtieron en un grupo que derivó en actividades de narcotráfico y otras modalidades como el secuestro prolongado de líderes políticos, empresariales, policíacos y militares?
Al contrario de lo sucedido en América Central durante los años noventa, donde todos los grupos armados existentes, tanto de izquierda como de derecha, se desmovilizaron en procesos de paz que fueron negociados con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se insertaron a los procesos políticos de sus países, en Colombia no se logró encauzar la reinserción de los grupos armados en la misma dirección. Por el contrario, en el país andino los que no se desmovilizaron crecieron en poder de fuego, se construyeron nuevos ejércitos de paramilitares vinculados a los grandes propietarios de tierras y también realizando actividades de producción y comercio de drogas, y las fuerzas armadas y policíacas aumentaron su poder de fuego, se fortalecieron sus procesos de profesionalización y Estados Unidos entró en escena mediante el Plan Colombia.
En Colombia, tanto su gobierno como el de Estados Unidos, se habla constantemente de que existe un fenómeno terrorista y que este se vincula a las actividades de narcotráfico. En este contexto se abren las puertas a programas de respaldo a su combate y a los gobernantes la población les otorga legitimidad para luchar contra el “mal”. Esta sería una diferencia notable respecto al combate al narcotráfico en otras partes de América Latina, pues los gobiernos evaden el empleo de las palabras “terrorismo” o “narcoterrorismo”, dadas sus consecuencias en el ámbito de lo político y lo que implica en materia de resguardo —o violación— de garantías individuales.
Todo este proceso se analiza a detalle en el libro de Mario Ramírez-Orozco, profesor de la Telemark University College de Noruega. La paz sin engaños. Estrategias de solución para el conflicto colombiano, se vuelve un texto necesario para la comprensión de la gran crisis que envuelve a ese país. Su autor, desde las ventajas que ofrece la distancia para analizar la realidad de su país, tomando como base el concepto de paz estructural, hace una rigurosa revisión de la gran cantidad de intentos de pacificación desde 1949, culminando el análisis en el 2010. Para su autor, la paz y la violencia están conviviendo como fenómenos contrapuestos. Si no hay paz estructural se desarrolla en gran escala la violencia en Colombia. El concepto de paz estructural significa que paz no solo es ausencia de guerra, sino que es la presencia de una gran cantidad de variables que permiten a un grupo social o a la población entera de un país estar satisfecho en sus necesidades de salud, educación, vivienda, libertades, justicia, etcétera. Mientras más ausencia exista de estas condiciones mínimas que le den satisfacción a las necesidades de un pueblo, más potencialidad existe para la explosividad social. Si esto se convierte en una condición permanente de ausencia de los condicionantes mínimos, entonces crece y se despliega la “violencia estructural”.
En su análisis de los “procesos de paz” existentes en Colombia desde 1949, Mario Ramírez-Orozco los cataloga en la parte segunda del libro por periodos gubernamentales, señalando que han sido procesos de corta vida, incompletos, que buscan el desarme de los grupos alzados en armas sin ofrecer garantías y sin tener la voluntad de construir mejores condiciones de vida para la población. El autor desglosa los componentes específicos de cada periodo y destaca las limitaciones de cada propuesta gubernamental, siendo una constante que las ofertas de paz se asimilan a las ofertas que se dan cuando hay competencias por la presidencia de los países: se ofrece “todo” sin tener una estrategia real para implementarlo, sin hacer las alianzas que son mínimas para su viabilidad y sustentabilidad, y finalmente la “paz” es componente más de cualquier programa o discurso de gobierno sin ser una política deseada por el gobernante en turno. Simplemente la paz es uno más de los discursos gubernamentales.
Una de las partes que sobresale en el libro por su rigurosidad es la que analiza la estructura económica y social de Colombia, destacando el poder de los señores de la tierra. Este capítulo hace hincapié en una gran contradicción: un país muy rico por la provisión que la naturaleza le dio, con una concentración de la riqueza extremadamente alta. De allí se desprende el poder de las élites agrarias, por ejemplo, las cafetaleras. Ese poder llevó a que el Estado no pudiera ejercer su presencia en todo el territorio nacional y provocó que los terratenientes fueran los que impusieran su propia ley. Por ello, los movimientos de protesta campesina muy rápidamente se transformaron en la mayoría de los casos en grupos que ejercían la violencia armada, y la configuración de ejércitos privados financiados por los terratenientes fue una condición que se dio desde el siglo XIX. En otras palabras, había una especie de feudalismo, y las fuerzas de la “modernidad” no pudieron contener y acotar a los dueños de la tierra. Por eso los enfrentamientos entre guerrillas, grupos paramilitares y ahora también grupos vinculados al narcotráfico se da básicamente en las zonas rurales.
Otro factor analizado a profundidad por el autor es el cambio de élites en Colombia a medida que avanzó la “modernización obligada”, la industrialización y se creó una clase moderna que se apropió del Estado en un pacto ente los liberales y los conservadores después del Bogotazo y la crisis de 1948. Este pacto construyó una coalición de gobierno tan sólida que, a pesar de darse la existencia de condiciones para que hubiera un golpe de Estado, como sucedió en la gran mayoría de los países de América del Sur para contener movimientos rebeldes de izquierda, en Colombia esta “oligarquía democrática” fue funcional a la estrategia de contrainsurgencia y a la construcción incluso legal de un Estado de Seguridad Nacional. Así, a la oligarquía tradicional agrícola se le agregaron las élites urbanas y las fuerzas militares.
En la parte cuarta del libro, donde se analizan las estrategias estructurales de paz, se comparan los procesos de paz colombianos con los de otras partes del mundo. Ese es uno de los aspectos más valiosos de este capítulo. Además, el autor enfatiza en el rol potencial que podría tener la comunidad internacional ante una eventual negociación con los actores armados. Se hace énfasis en que Estados Unidos tiene un rol fundamental, por lo que su participación sería como “actor” del conflicto. Esta propuesta, con muy distintas variables, ha sido formulada por la Unión Europea en diversos momentos. Para el autor, una ventaja de las condiciones políticas colombianas es que se han sucedido procesos electorales sin interrupción; sin embargo, a pesar de ellos, la población no vive en condiciones de democracia, sino lo contrario: en condiciones de violencia estructural. Se enfatiza que los grupos oligárquicos han sabido emplear a los partidos políticos y la condición de democracia electoral para sostener sus intereses. Ello a pesar de que la Constitución de 1991 abrió las puertas a gran cantidad de partidos minoritarios y sectores sociales antes excluidos.
En el análisis que hace Mario Ramírez-Orozco de la primera década del siglo XXI, los grupos que auspician el paramilitarismo (oligarquía rural), organizado principalmente en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y los narcotraficantes están sobrerrepresentados en las instituciones políticas colombianas. El autor señala que la mayoría de los representantes en el Congreso colombiano en los últimos procesos electorales de 2002, 2006 y 2010 son miembros de las principales élites económicas del país, y solo marginalmente hay presencia de otros grupos sociales y políticos. En este marco ubica la presencia de la llamada “izquierda legal”. En el siglo XXI, producto de una gravísima crisis política en el campo, se han producido fenómenos masivos de desplazados de sus lugares de origen, situación que fue aprovechada por los propietarios de tierras para, mediante el empleo de paramilitares, apropiarse de la tierra, reconcentrando la propiedad de ella. Incluso estos desplazados se han convertido en un problema internacional, por ejemplo, con Ecuador.
Una de las grandes polémicas que se ha abierto en torno a la realidad de Colombia es el poder real que ha acumulado el narcotráfico. Después de diez años de implementación del Plan Colombia entre los gobiernos de Estados Unidos y el colombiano, se abre una duda de si en realidad ese plan no fue un plan de contrainsurgencia, en concreto para emprender una ofensiva contra las FARC, revestido de un plan antinarcóticos y antiterrorista.
El autor señala que, por ejemplo, los programas de fumigación de plantíos de coca durante el gobierno de Álvaro Uribe se centraron solo en territorios donde operaban las FARC, sin afectar las zonas donde se asentaron los grupos paramilitares. Lo que es un hecho es que la exportación de cocaína de Colombia no ha disminuido sustancialmente. Sin embargo, el gran éxito mediático de las políticas implementadas por Álvaro Uribe se centran no en la reducción del narcotráfico, sino en la baja de las estadísticas de la violencia criminal en el país, hecho que se debe en parte a la desmovilización de los grupos paramilitares, más que a la política antinarcóticos.
En las conclusiones del libro se hace un recuento de los proyectos de acuerdos de paz y se concluye que estos no estaban centrados en resolver el problema de la violencia estructural. Los acuerdos de paz implementados en otras partes del mundo entre fuerzas alzadas en armas y gubernamentales, se restringieron a la desmovilización de combatientes y reinserción de fuerzas opositoras a los procesos políticos. Los elementos estructurales económicos y sociales casi no son afectados y no modifican las estructuras prexistentes. Por ello, la violencia estructural solo se resolvería con fórmulas integrales de paz estructural que van más allá de los acuerdos de paz clásicos. Por ello, las propuestas formuladas durante los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana no prosperaron. Además, las propuestas ofrecidas a la parte contraria no tomaron en cuenta sus planteamientos, por lo que los acuerdos de paz nunca llegaron a una verdadera negociación de paz con grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las FARC. A lo anterior también se le agrega la falta de voluntad de los grupos alzados en armas, pues al condicionar su desarme a grandes reformas estructurales, en la práctica imposibilitaban la viabilidad de acuerdos concretos.
La paz sin engaños. Estrategias de solución para el conflicto colombiano se vuelve una lectura alternativa a la literatura existente sobre la crisis colombiana y los planteamientos para su resolución. Claramente el autor adopta una postura no convencional, centrada en la inclusión de fórmulas que den pie a una gran reforma estructural de las estructuras económicas, sociales y políticas vigentes en Colombia. Para el autor, la sustentabilidad de la paz es más importante que la fórmula específica que se implemente para lograrla. Es lo que llaman los teóricos del conflicto pensar en el posconflicto y no en el corto plazo.
En Colombia y en algunos países de América Latina, fenómenos como el narcotráfico y la violencia asociada a este se ven como factores coyunturales, sujetos de políticas de contención donde las fórmulas militares sobresalen sobre medidas preventivas, de cohesión social o de solución de problemas estructurales. La violencia estructural derivada de la marginalidad y la pobreza de amplios sectores de la población, necesita de la paz estructural para superarse. Esta es quizás la contribución académica que Mario Ramírez-Orozco ofrece a los lectores al desarrollar todos los detalles de la que podríamos llamar una larga trayectoria de “paz frustrada” que hace al país andino como uno de los más violentos de la región y el mundo. Por ello, estamos seguros de que la lectura de La paz sin engaños va a generar polémica y agregar elementos al debate no solo colombiano sino latinoamericano.
Raúl Benítez Manaut
CISAN-UNAM
Ciudad Universitaria, octubre de 2011
Introducción
Sin la muerte, Colombia no daría señales de vida.
R. H. Moreno-Durán
Cuando uno está mal informado, está de acuerdo con todo.
Proverbio chino
La intención central de este libro es la elaboración de principios generales para la solución pacífica de los conflictos originados por problemas estructurales. Al abordar en específico el caso Colombia se pretende mostrar la eficacia de los postulados teóricos aplicados a una situación concreta. Así mismo, es conveniente dar un giro a una visión equívoca sobre las causas de los levantamientos armados. Es preciso demostrar que habrá mayores posibilidades de formación de grupos insurgentes en la historia de Latinoamérica mientras persista la violencia estructural y no, como se afirma de forma contundente, que la principal causa de violencia es la existencia de dichos grupos.
Aunque la presencia de organizaciones armadas responde en gran medida a la desigualdad social, influyen también otros factores como los altos índices de corrupción, la falta de oportunidades para la mayoría de la población y el grado de desarrollo de los movimientos sociales y partidos políticos. Los graves problemas sociales son un llamado para la revisión de su situación estructural, como la fórmula más eficaz contra los brotes de violencia o sucesos de carácter terrorista.
Al proponer como parte central el caso de Colombia, basado en el estudio comparativo de los diversos procesos de paz llevados durante el último medio siglo en Latinoamérica, se procura sacar este conflicto político nacional del confinamiento en el cual se ha mantenido, como si la especificidad de Colombia, violencia prolongada y narcotráfico, volviera inútil toda aproximación a otras experiencias. El estudio comparativo permitirá sobre todo mostrar cómo, más allá de las diferencias contextuales evidentes, es posible encontrar ciertos elementos parecidos en las estrategias de paz aplicables en Colombia y en las propuestas elaboradas para otros países de la región o del aún llamado Tercer Mundo.
El presente estudio tiene el reto de proponer estrategias que sirvan como modelos de trabajo para futuros acuerdos de paz en la región. De forma paralela, será útil presentar alternativas y pautas de trabajo que ayuden a resolver las causas originales de los conflictos políticos y exponer también sus graves consecuencias económicas y sociales para toda la región.
Además, su finalidad principal es alcanzar implicaciones prácticas en futuras negociaciones de paz, entre fuerzas políticas enfrentadas al interior de países de la región, al demostrar la importancia de propuestas que planteen la solución real y duradera de las causas que originan los conflictos. Incluso en aquellos países en los que no existe un enfrentamiento armado abierto, pero hay inestabilidad política y donde la mayoría de la población padece la extrema pobreza.
Este proyecto adquiere una dimensión latinoamericanista al contextualizar el problema concreto de un país con los países de su entorno. Lo que sucede en Colombia tiene grandes repercusiones en toda la región. Ni la violencia política ni las causas que la originan son un fenómeno exclusivo de Colombia. Las consecuencias de la grave situación política de Colombia traspasan sus fronteras, tanto por sus repercusiones políticas: con la reanudación de diferendos limítrofes, como por que los frecuentes desencuentros entre los presidentes de la región. En lo económico, la presencia latente de organizaciones y dineros del narcotráfico. En el plano militar, con choques armados en las fronteras o en las alianzas entre grupos insurgentes de varios países. Y, en lo social, con grandes desplazamientos de población entre países, afectando, en distinto grado, a casi todos los países de la región.
Los hechos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington confirmaron la necesidad de indagar en las causas que generan los actos de violencia no solo en otras partes del mundo, sino también en Latinoamérica. Luego de la declaración de guerra del presidente George W Bush contra el terrorismo, un amplio espectro de académicos e intelectuales de todas las tendencias políticas y religiosas, y de diversos países, insistieron en la búsqueda de soluciones negociadas e invitaron a reflexionar sobre las causantes del terrorismo.
Con respecto a Latinoamérica, vale recordar que en la relación de organizaciones terroristas internacionales, redactada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, aparecen tres de los principales actores de la violencia en Colombia: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP); el Ejército de Liberación de Colombia (ELN), ambos de orientación izquierdista, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de derecha. Lo que convierte a Colombia en un país de alto riesgo en la política de Estados Unidos de guerra total al terrorismo.{1} Además, sin olvidar los todavía en marcha, aunque en menor grado, Plan Colombia, ampliado en lo interno con el Plan Patriota y con la inclusión de los países fronterizos en el Plan Andino de Seguridad, los que enfrentan de manera indirecta a Estados Unidos con los narcotraficantes de la región y de manera directa con los grupos insurgentes de izquierda.{2}
Desde una perspectiva regional es necesario observar que años después de la firma de acuerdos de paz en América Central, entre gobiernos y grupos guerrilleros alzados en armas, hay una gran frustración. En El Salvador, Guatemala, Nicaragua y, parcialmente en la misma Colombia, donde se firmaron acuerdos de paz durante la década de los noventa, se quedaron sin solución los problemas estructurales que causaron el levantamiento de grupos armados.
Pasadas casi dos décadas no hay coincidencia entre una parte importante de los acuerdos firmados y la realidad imperante. La deficiente redistribución de la riqueza, la tenencia de la tierra en pocos propietarios, la inexistencia de una justicia eficaz, la falta de servicios básicos para la mayoría de la población, etc. siguen siendo en la actualidad fuente importante de la inestabilidad política y social en Centroamérica.{3}
También es primordial, en el caso colombiano, realizar un estudio sistemático que analice los procesos y acuerdos de paz llevados en la región y elabore propuestas de estrategias de paz; y que al término de la guerra formule alternativas para la reubicación y reeducación de grandes masas de desplazados y miles de desmovilizados de los grupos armados insurgentes, los paramilitares y las bandas criminales. Colombia exige una reforma a fondo de las estructuras socioeconómicas que abonaron la guerra y de las instituciones de gobierno y justicia que no lograron solucionar a tiempo las tensiones.
El conflicto más grave de Latinoamérica en el comienzo del siglo XXI es el de Colombia. No es de extrañar, entonces, la proliferación de ensayos y testimonios sobre la violencia colombiana, referidos casi en su totalidad a describir la barbarie de la guerra y las anécdotas de los actores principales del conflicto armado. Aunque ya parece superado lo que afirmaba Jesús A. Bejarano, unos meses antes de su asesinato: “la ‘violentología' pareciera agotar la utilidad de su estudio tan pronto se entra en el esquivo terreno de las propuestas de solución”.{4} Además de la proliferación de publicaciones sobre el tema, un giro importante ha sido la creación de estudios universitarios especializados en la resolución de conflictos y la realización de investigaciones de paz independientes, complementarias a los estudios de la violencia, que han profundizado en las negociaciones y las vías de resolución del conflicto colombiano, son un buen síntoma de la nueva dirección en los estudios sobre el conflicto armado en Colombia.{5}
La experiencia mundial en la resolución de conflictos internos muestra dos modelos principales. Uno, el pragmático, donde el fin capital es el desmonte y reinserción de los grupos rebeldes armados dentro de un orden establecido. Se busca con ello un efecto a corto plazo a través del reconocimiento de ciertos derechos políticos y de algunas prebendas económicas, casi siempre beneficiosas solo para los jefes de la insurgencia.
En estos casos la agenda negociadora se concentra con exclusividad en asuntos operativos: en cómo realizar la desmovilización y la reinserción, los procedimientos para la entrega de los auxilios económicos y un cronograma con plazos definidos para toda la acción pacificadora.{6} Los temas referentes a las reformas políticas, económicas y sociales se dejan por fuera de los acuerdos y deberán ser alcanzados con la transformación lenta del orden político y social.{7}
La principal crítica a este modelo de resolución son las difíciles condiciones posconflicto. Más que una solución del conflicto este modelo es una respuesta evasiva a las causas principales del mismo. Además de la posible reanudación de la lucha armada por grupos o facciones que se sienten marginadas de los beneficios de la paz; la frecuente situación de caos institucional posguerra y la frustración de las bases insurgentes, que sienten que han luchado “por nada”, acrecientan al extremo los indicadores de delincuencia común y el crimen organizado.{8}
Este modelo de resolución fue impulsado por las Naciones Unidas a través de sus distintas misiones de paz en Centroamérica, Angola, Somalia y Congo, para citar algunos ejemplos.{9} De igual modo las misiones de paz o facilitación de la Unión Europea y países como Noruega se han guiado bajo las mismas premisas del pactar “lo posible” para luego, en el camino de construcción democrática, conquistar los anhelos de paz y justicia que motivaron los levantamientos armados.{10}
La tendencia contraria es aquella que aboga por un modelo estructural. Su premisa fundamental es la superación de las causas principales que originan los conflictos.{11} Además de los compromisos políticos acordados, que son importantes, considera fundamental el impulso de políticas de desarrollo social que tengan como prioridad la superación gradual de la desigualdad y la pobreza.{12}
La crítica mayor a este modelo es la dificultad para que grupos o fuerzas interesados en mantener el statu quo realicen con prontitud y eficacia las metas pactadas, lo que afectaría sus privilegios. Si se agrega, además, la lentitud propia de la concreción de reformas profundas en un orden social que prevaleció, como en el caso de África o Asia, por varios siglos bajo un sistema colonial y su caótica descolonización, es normal que se produzca impaciencia e incomprensión de la población por la casi nula visibilidad de los resultados.
Aunque es cierto que una nueva sociedad amerita un proceso de largo plazo, no se puede ignorar que la paz requiere una promoción inmediata a la que se sumen instancias nacionales e internacionales; por lo menos, mientras se mantiene la euforia de la firma de los acuerdos. Pero la mayor inconsistencia del modelo es, según sus críticos, la de intentar una “revolución por decreto”. Nadie querrá ceder “por las buenas” lo que considera unos bienes o privilegios adquiridos de manera legal o legitimada por herencia o por logros militares.
Otro cuestionamiento es la insuficiente representatividad de alguna de las partes. En particular, cuando se trata de gobiernos que alcanzaron el poder en elecciones fraudulentas o bajo un sistema político excluyente, casi siempre dentro de una legalidad ilegítima, donde la participación política de amplios sectores sociales fue restringida o reprimida. Respecto a la parte insurgente se critica que asuma, dado su carácter casi siempre de dominio parcial, la representatividad total de los inconformes del país, y sobre población o zonas bajo las que no tienen ningún tipo de control político ni militar.
Además de académicos como Johan Galtung o John Burton, apoyan esta tendencia los partidos y movimientos socialdemócratas y de la izquierda legal, los grupos insurgentes de izquierda y las ONG comprometidas con los problemas de pobreza y marginación extrema.{13}
Se puede reconocer también un tercer modelo, al que se podría denominar mixto. Y sería aquél en el que, a pesar de tomar en consideración los problemas estructurales e incluirlos en la agenda negociadora, los deja en un segundo plano. El principal ejemplo práctico de este modelo fueron las negociaciones de paz adelantadas bajo el gobierno de Andrés Pastrana.{14}
Y, por supuesto, el análisis comparativo, sistemático, y crítico de los últimos procesos de paz entre el gobierno colombiano y los movimientos armados; lo mismo que de su situación económica y social, con especial énfasis en el problema de la tenencia de la tierra, se utilizará para elaborar estrategias estructurales posconflicto que sirvan para la reconstrucción nacional. Los aspectos políticos de desmovilización y reconciliación, reformas institucionales y reparación de destrozos económicos, sociales y educativos, presentados intentan superar de manera realista y concreta las causas originales del conflicto e impedir su reactivación.
A partir de esa revisión crítica quiero demostrar la insuficiencia del logro político de los acuerdos de paz, por lo que es necesario formular estrategias de paz que modifiquen las causas estructurales que dieron origen y alimentan hasta hoy el conflicto armado. En ese orden, es necesario un plan estratégico de índole social y económica, con prioridad en las zonas rurales; con la participación activa de una comunidad internacional respetuosa de los intereses de las partes y de la idiosincrasia del país y, como es tradicional, sin fórmulas impuestas desde los centros de poder; así como es obligatorio que el posconflicto obligue a un cambio sustancial de la doctrina imperante por décadas en las Fuerzas Armadas y de una reducción sustancial de sus efectivos.
Además, una pregunta que el lector se hará a través de las páginas de este libro es si el presidente Juan Manuel Santos, al sancionar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (junio 2011), responde a los principales cambios estructurales aquí propuestos. Hay que decir que no. En primer lugar, porque todo indica que salvo el estilo altanero y peleador de su predecesor y los necesarios ajustes a su nefasta política internacional, el presidente Santos ha reiterado la continuidad del modelo económico y político de Álvaro Uribe; lo mismo que de su plan de Seguridad Democrática, por supuesto que con un nuevo nombre: “Seguridad para la prosperidad”.{15} Y, en segundo lugar, porque aunque siendo un gran avance, la llamada Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras es insuficiente para resolver el grave problema estructural de Colombia. Pues, hay que señalarlo, la sanción de la ley no es la panacea para resolver el conflicto social y político que sufre Colombia por décadas, a pesar de la euforia gubernamental de que con ella: “hoy estamos dando pasos audaces para superar este conflicto y llegar a una etapa de reconciliación y paz”.{16} Además, hay que tener en cuenta que durante el marco temporal de su realización 2011-2020 y, presumiendo que tuviera un éxito completo, algo difícil, retornaría al estado de cosas vigente al 1 de enero de 1985, en el caso de las víctimas y sus familiares, y al 1 de enero de 1991, respecto a la restitución de tierras; momentos en los que la situación social y política era de por sí muy grave en materia de conflicto armado y violencia social. Sin olvidar que en la mayoría de regiones de desplazamiento forzado el conflicto armado continua latente.
En definitiva, Colombia, que ha probado muchos tipos de paz a medias y con engaños, como se detalla en el capítulo 2 de este estudio, enfocadas en su totalidad resolver de manera coyuntural la gobernabilidad en crisis; lo que necesita son modelos estructurales como los sugeridos en el capítulo 4 y en las consideraciones finales. En palabras claras, una paz sin trampas, con metas posibles, que cambien de una vez por todas las estructuras del violento y desigual statu quo de la realidad social colombiana.
Frente a este panorama, el presidente Santos se enfrenta ante dos únicas opciones: una cargada de retórica y buenas intenciones, con cambios aparentes y para que todo siga igual. Y otra más exigente y comprometida con las mayorías empobrecidas, que lo coloca frente a un choque de intereses con las estructuras del poder tradicional, de las que él es uno de su más altos representantes por razones económicas, ideológicas y familiares. En consecuencia, inclusive al considerar el recalcitrante presidencialismo colombiano, las soluciones no están determinadas por la sola “buena voluntad” presidencial. Es importante, tanto para presionar como para impulsar nuevas políticas, el necesario concurso de otros poderes del Estado y de organizaciones políticas, gremiales y sociales.
La tarea es compleja porque enfrenta un problema difícil, no hacerlo volvería a una frustración que se expresará como lo ha hecho siempre: con violencia. Solo que esta vez será una violencia todavía más cruda, pues frente a ella no quedará ni la más pequeña esperanza de que algo pueda cambiar. El abismo sin fin.
Capítulo 1
Historia y delimitación del término paz estructural
En un brevísimo repaso de la evolución histórica de lo que se entiende por paz se encuentran, como es de esperar, distintas nociones de este concepto, muchas de ellas contradictorias. La más general es la noción de paz colectiva, que prevaleció largos siglos, la de una simple ausencia de guerra o de confrontación notoria.{17} Una paz forzada por el reconocimiento explícito o tácito de la imposibilidad de dominar o exterminar al otro. Hecho común en las relaciones entre tribus, pueblos, ciudades-Estados y, mucho más tarde, entre Estados nacionales, quienes por compartir un propio territorio o unos mismos recursos decidían en un momento conciliar y convivir sin enfrentamientos, casi con seguridad, como una única forma de sobrevivencia. La muerte o las intrigas de un cacique, un rey o señor feudal, eran suficiente motivo para romper el equilibrio y reiniciar la guerra.
Sin embargo, la historia se encarga de recordar las vicisitudes para lograr un estadio transitorio de convivencia pacífica entre los pueblos. Lo común era la aniquilación o sumisión del otro. Lo más extraño era, y sigue siendo, el camino de la reconciliación.
Primero eran las luchas por recursos vitales como el agua, los animales silvestres o el acceso a las tierras cultivables. Ya con la producción de riqueza elaborada, las guerras se desatan por la conquista de estas creaciones y de sus depósitos. Llegaran luego las guerras de saqueos y otras, en apariencia con un simple afán destructor, que se cumplen dentro de un plan estratégico de dominación y conquista de los recursos del otro y de su autonomía.
Después de varios siglos, y dentro de un marco de agresiones continuas, al evolucionar las costumbres se pasa de la venganza privada a la venganza pública. Aparece el derecho, lo que permite la creación de diversos mecanismos de respeto concertado para la convivencia. Con él se crean pactos y acuerdos firmados, en sus comienzos bajo una palabra de honor, que sostienen tenues equilibrios de poder a conveniencia de las partes. Pero es solo hasta la llegada de la modernidad cuando se establecen diversas reglas escritas para la solución de conflictos individuales o colectivos, muchas de ellas codificadas y con garante de una autoridad suprema.
Es entonces cuando se establece que la solución de discrepancias no puede ser apenas retórica o simbólica, se requiere acciones por una solución activa y concreta que permita la transformación de la violencia o agresividad causante del conflicto. Un método muy efectivo para lograr acciones eficaces de resolución del mismo es el diálogo entre las partes. Para alcanzarlo se requiere de un proceso que tenga como objetivo central la disminución de los roces y desconfianzas entre sus actores.
En consecuencia, toda construcción de paz requiere espacios de diálogo, dentro de un clima o fase de distensión en el que las partes del conflicto reduzcan su operatividad ofensiva de forma que se pueda plantear una posibilidad de diálogo, primero; para después al negociar instauraren de forma positiva los resultados de lo acordado.{18}
En la actualidad la obtención de una sociedad en paz requiere, según Fisas, de la implementación de varios factores, siendo los más importantes: la democracia, el desarrollo para todos, los Derechos Humanos y el desarme; complementados por factores de seguridad, identidad y dignidad. La falta de alguno de ellos llevaría a las sociedades a una tensión insostenible y al desequilibrio en sus relaciones pacíficas. Para él, es hasta casi el final de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX, cuando al hablar de paz entre países o naciones se alcanza esta con el equilibrio dinámico entre las fuerzas políticas, sociales, culturales y tecnológicas en el sistema internacional. {19}
En ámbitos más específicos, en los años noventa, los movimientos ecologistas, a través de los partidos verdes, introdujeron la noción de paz ecológica, donde se considera vital para la especie humana y el planeta las relaciones no agresivas de los humanos con el sistema bioambiental. La paz para los ambientalistas no es otra cosa que la sumatoria de factores que permiten la realización personal o de una sociedad en un ambiente de tranquilidad física, económica y cultural.{20} En otros planos están las múltiples interpretaciones de paz desde la perspectiva de las distintas religiones o grupos de carácter espiritual en todo el mundo.
El auge del feminismo desde los años setenta impulsó un amplio debate mundial sobre la necesidad de diferenciar la paz en dos niveles: uno macro y otro micro. Así como es crucial la ausencia global de la violencia generada por las guerras; se debería dar igual importancia a la violencia que se desarrolla en los espacios pequeños como la casa o la comunidad.{21} Estos movimientos también hicieron hincapié en el carácter casi masculino de todos los actores directos de la violencia y en que la guerra ha sido una forma cultural masculina de afrontar los conflictos.
Ideario que sigue vigente con la creación, en el 2005, del proyecto Mujeres de Paz en el Mundo en el que critican la definición, que ellas llaman convencional, de paz:
[…] que se basa en el opuesto de las fuerzas militares, en los ceses al fuego y los tratados de paz —acuerdos por los jefes de estado— no era suficiente. Sabemos [...] que cuando la firma de un tratado de paz resulta en el retiro de las fuerzas militares y el cese de las disputas, todo lo que queda es la devastación. Niños traumatizados, destrucción de la infraestructura, inestabilidad del gobierno, muerte y enfermedad. Muy a menudo no se tratan las razones originales de los conflictos y por tanto la violencia resurge una y otra vez.{22}
Por ello son contundentes al declarar que “el final de la guerra no significa, automáticamente, la paz” y por lo tanto lo que se debe implementar es una paz con “seguridad humana”; realidad que va más allá que la tradicional seguridad del Estado.{23}
Dicha seguridad humana, impulsada por las féminas, se compone de una serie de seguridades alternas que fomentarían un clima de paz verdadero. Entre ellas citan: “seguridad económica, contar con un ingreso básico seguro; seguridad alimentaria, acceso físico y económico a la alimentación; seguridad médica, acceso a los servicios médicos de base; seguridad ambiental, acceso al agua y aire puro, integridad ecológica; seguridad física, sentirse libre de violencia física y de amenazas, derecho a la dignidad humana y libertad de la persona; seguridad comunitaria, integridad cultural; y seguridad política, protección de los derechos civiles, las libertades y las responsabilidades”.{24} Como se ve un todo alcanzado en muy pocos lugares, pero que las mujeres están dispuestas a promover en todo el planeta.
En el caso concreto de Colombia, como evidencia en varios artículos Eduardo Posada Carbó, de la Universidad de Oxford e investigador de la Fundación Ideas de Paz, pareciera obligatorio pronunciarse sobre el significado de paz, por parte de los más variados protagonistas de la vida pública colombiana, lo que indica una urgencia por saber qué es lo que se necesita para finiquitar la tragedia crónica que es la guerra entre colombianos. Pues como bien señala Posada Carbó: “[de] La definición que se acoja determinará en buena medida la forma como se enfrente el problema”.{25} Por ello, debido a su gran importancia, y con la licencia de citar en extenso, es útil presentar una serie de definiciones de paz que Posada Carbó recogió en los últimos años y que muestran las distintas visiones sobre lo que se entiende por paz en Colombia. En orden cronológico:
“La paz no es solo el silencio el cese de los fusiles entre ejército-guerrilla. Paz es justicia social y no atentar contra la vida aún desde la misma concepción”: (Monseñor Pedro Rubiano en entrevista a El Tiempo, febrero 12 de 1995).
“La iglesia siempre ha estado presente en todo lo que tiene que ver con ese concepto que tenemos de paz: bienestar, justicia, respeto a los derechos humanos. Tenemos una concepción de paz integral”. (Monseñor Nel Beltrán en entrevista a El Tiempo, febrero 12 de 1995).
“El Conservatismo considera que la búsqueda de una paz permanente en Colombia debe ser más ambiciosa que el deseo limitado, aunque legítimo, de superar el conflicto armado o de eliminar el narcotráfico; debe ser, ante todo, un gran proyecto de construcción de la identidad nacional y de la cohesión social”. (Documento del Partido Conservador, Paz de verdad. Propuesta marco para un proyecto de paz permanente, Bogotá, abril de 1997).
“El problema de la paz no puede reducirse de manera simplista al silencio de los fusiles porque está de por medio el modelo de país que queremos los Colombianos para nuestra convivencia durante el próximo siglo”. (Palabras del entonces Presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, al inaugurar las sesiones del Congreso en julio de 1998).
“No habrá paz sin una reforma política... He dicho que con hambre no hay paz [...] La acción del Estado se concentrará en las llamadas causas objetivas de la violencia: la pobreza y la inequitativa distribución de los ingresos.” (Programa del entonces candidato presidencial Andrés Pastrana Arango, “Una política de paz para el Cambio”, junio 8 de 1998).
“La paz que he propuesto es la que va más allá de la solución del enfrentamiento armado. Es la paz con la que podremos construir una nueva Colombia, más justa, más democrática, más desarrollada y más equitativa”. (Discurso del Presidente Andrés Pastrana en Puerto Wilches, diciembre 19 de 1998).
“Lo que pasa es que a la gente no se le puede vender la idea de 39 que se logra la paz sin eliminar las causas objetivas que generan la violencia […] Cuando solucionemos los problemas empezamos a hablar de paz ”. (Palabras de Joaquín Gómez, vocero de las FARC, publicadas en El Espectador, enero 8 de 1999).
“Solo en una sociedad con justicia social, equidad económica, digna, libre, independiente y soberana florecerá con toda su integridad la verdadera paz […] La paz no es solo el silencio de las armas, tampoco es el fin de los enfrentamientos militares. Es la forma como se construye dicha sociedad ”. (Palabras Raúl Reyes, vocero de las FARC, en El Tiempo, enero 11 de 1999).
“La paz […] no es solo el resultado de la negociación del conflicto. Es algo integral que no puede ser ajeno a la justicia social ”. (Palabras de Monseñor Alberto Giraldo al concluir la Asamblea Episcopal reunida en Bogotá, publicada en El Tiempo, julio 10 de 1999).
“[…] La pobreza, la desigualdad de ingreso, propiedad y oportunidades, la marginación de amplios sectores de la población de los beneficios de la vida moderna y, entre otros, la ausencia de un verdadero régimen democrático político y social, constituyen factores objetivos determinantes para la consolidación y profundización del ambiente propicio a la reproducción de los diferentes frentes de guerra en Colombia[…] Una eventual resolución de apenas alguno de los frentes de guerra, y no de todos, resulta insuficiente para alcanzar la verdadera paz, que no es sino la construcción de una sociedad regida por una democracia política y social ”. (Luis Jorge Garay en el libro editado por Hernando Gómez Buendía, ¿Para dónde va Colombia?, Bogotá, febrero de 1999).
“Me parece y habría que decirlo, que la solución del conflicto armado no es ya el camino de paz para Colombia. Si nosotros pensamos en nuestra cultura de violencia y de muerte y todos estos otros factores, tendríamos que decir, el trabajo no sería solamente un diálogo, sino toda una educación para la paz ”. (Palabras de Monseñor Alberto Giraldo, en la Conferencia sobre Paz, en el marco del LVII Congreso Nacional de Cafeteros, diciembre 2 de 1999).
“La iglesia ha sido abanderada de esa idea de que la paz es no solamente arreglar el conflicto político […] Paralelo al acuerdo político tiene que haber un acuerdo sobre las reformas estructurales. Colombia no puede seguir siendo manejada de forma tan injusta […] El país tiene que entender que el proceso de paz no es simplemente hacer un acuerdo político con la insurgencia”. (Palabras de Fabio Valencia Cossio, entonces negociador del gobierno en el proceso de paz, publicadas en El Espectador, enero 31 de 2001).
“[…] La concepción nuestra de la paz no es tan simplista como pensar que la paz es solamente una firma de la paz con la guerrilla. Hay que hacer la paz con los desempleados, con el subdesarrollo, con la ignorancia”. (Palabras de Noemí Sanín, candidata a la presidencia de la república, publicadas en El Espectador, febrero 15 de 2001).
“Quisiera que pensáramos […] que el problema de la paz o de la guerra pudiéramos concebirlo como la oportunidad de cambio para todos y todas, y no como la oportunidad para la guerrilla y el gobierno […] Yo creo en la paz[…] Pero no es solamente la reconciliación con la insurgencia, no es solamente la reconciliación de la insurgencia con el Estado, es la reconciliación de todos los Colombianos y Colombianas”. (Intervención de Ana Teresa Bernal, Directora de Redepaz en el seminario Haciendo Paz, reunido en Cartagena, 9-11 de marzo de 2001).
“[…] Qué es la paz […] La paz no es firmar unos papeles […] La firma del papel no quiere decir nada si no hay un espíritu de paz y un espíritu de convivencia y una educación cívica y una preparación para el respeto al derecho ajeno y para cambiar el sistema sobre el cual está montada la sociedad Colombiana […]”. (Palabras de clausura de Carlos Lleras de la Fuente, entonces Director-Presidente de El Espectador en el seminario Haciendo Paz, Cartagena, 9-11 marzo de 2001).
“El sector privado comienza a apostarle a la paz[…] La negociación debe ser un proceso de refundación nacional, sin que se circunscriba meramente a la solución del conflicto armado”. (Eugenio Marulanda Gómez, Presidente de Confecámaras, “Los empresarios y la paz: hora de actuar”, El Espectador, marzo 21 de 2001).
“Ahora el nombre de la paz es el empleo[…] La paz no solo se logra derrotando a la violencia. El otro brazo desarmado pero igualmente nocivo contra la paz es la corrupción”. (Discurso de Juan Camilo Restrepo al aceptar su proclamación como candidato del Partido Conservador a la presidencia, enero de 2002).”
Antonio Navarro Wolf, por ejemplo, señaló recientemente que “la paz no es más que cambiar de métodos para la acción política, o sea cambiar balas por votos en busca del único objetivo de la política: el poder”.
Marco Palacios sugería una definición similar de paz “a la anglosajona”: “la ausencia de conflicto armado en la lucha por el poder”.
El expresidente César Gaviria ofreció también otra definición identificada con criterios mínimos: “la paz es la reincorporación de la guerrilla a un sistema político democrático y la dejación de las armas”. {26} [todas las cursivas son del original].
Si se observa con atención, encontramos que a pesar del origen diverso de las opiniones: políticos, académicos, curas y guerrilleros coinciden en reconocer que el cese al fuego o el fin de la confrontación armada no son suficientes para alcanzar la paz en Colombia. Mientras los prelados hablan de una paz con adjetivo, sea “integral”, con “justicia social” o hasta “espiritual”; llama la atención que los otros, quienes representan al llamado establecimiento, plantean la necesidad de “un modelo de país que queremos”, “construir una nueva Colombia”, “construcción de una sociedad”, “cambiar el sistema” y “un proceso de refundación nacional”, como clara demostración de la inconformidad que ellos mismos tienen ante el actual estado de cosas. Sobresale su aceptación de la falta de garantías sociales y políticas, expresión de un modelo débil de democracia, de la cual son sus principales beneficiarios. Lo que en líneas generales confirma el grado de conciencia al que se ha llegado, con el reconocimiento explícito de que mientras no se aborden las causas generadoras del conflicto, su persistencia o reactivación es cuestión de poco tiempo.
Sin embargo, estas opiniones no se plasman en un acuerdo duradero de paz. La razón es que hay un doble lenguaje. Todos quieren la paz, en todos “sobra” voluntad de paz y buenas intenciones. Pero en el seguimiento histórico de quienes opinan, no es difícil reconocer, como lo repetía en una conferencia en la UNAM, en 2002, el exguerrillero, excandidato presidencial y exministro Antonio Navarro Wolf, que lo que les falta es voluntad de cambio. Un cambio que se paga, que no es gratis, porque están en juego los intereses económicos y políticos que representan. Es decir, que cuando estos voceros hablan de paz lo hacen desde una perspectiva ideal, no pragmática, para conmover al auditorio. Pero es un discurso vacío, muerto. De ahí, las dificultades en las mesas de diálogo o negociación. Un grave problema cuando la retórica supera a la realidad objetiva de la violencia.
Otro hecho para resaltar, las definiciones enumeradas reflejan una particularidad y es que Raúl Reyes, Joaquín Gómez y en su pasado Navarro Wolf, a quienes se les puede tipificar como “autores materiales” del conflicto, son de origen rural o marginados de las estructuras del poder central. Los demás son expresidentes del país, jerarcas de la Iglesia católica o políticos profesionales, todos de origen urbano y de una clase alta que los distancia de los lugares más conflictivos en Colombia. Para estos últimos, el conflicto armado es distante, marginal y no afecta de forma sensible su vida diaria.{27} Su influencia en el conflicto semanifiesta en diverso grado en la organización estratégica, como una especie de “autores intelectuales” de este.
Dos perspectivas de la percepción del conflicto: por un lado, los involucrados de manera directa saben que está en juego su propia vida y el margen de espera es mínimo, sus condiciones de vida actuales son precarias y la paz que exigen es inmediata. Por el otro, para los otros, la paz pueda esperar. Además de que su vida no está en peligro latente, sus condiciones de vida no solo son aceptables sino confortables y, por sobre todo, las vidas que están en juego son ajenas.{28}
En general existe una dicotomía entre la opinión que considera que hay que terminar con la confrontación armada y luego hacer las transformaciones que necesita el país y la que considera que antes de superar el conflicto armado se deben implementar cambios de fondo en las estructuras arcaicas de dominación económica y política. Sin llegar a antagonismo extremos, el único camino posible es la combinación de una reducción gradual y paralela de la confrontación armada, con la implementación de medidas que lleguen al fondo de las causas generadoras del conflicto. Es decir, una sumatoria entre el fin de la lucha armada, reduciendo al mínimo su secuela de violencia, y el comienzo de las profundas transformaciones, casi todas de carácter estructural, que demanda Colombia.
Relación de la paz estructural con la violencia estructural
Al ampliar el marco de referencia de la lucha armada, a varios de sus principales síntomas, no solo al combate militar, se reconoce que esta responde a diversas causas. Por eso al problematizar el concepto de violencia, como lo corrobora el estudio: “El estado de la paz y la evolución de las violencias”, encontramos que la hostilidad armada abierta es solo uno de los tantos matices de la violencia.{29} En consecuencia, es importante que en su análisis se introduzcan otros fenómenos como “la pobreza, las carencias democráticas, el desarrollo de las capacidades humanas, las desigualdades estructurales, el deterioro del medio ambiente, las tensiones y los conflictos étnicos, el respeto a los derechos humanos”.{30}
En el mismo estudio se recoge el aporte del investigador de paz noruego Johan Galtung, ya citado, quien además de subrayar la importancia de definir la paz como la ausencia de violencia, sugiere que para su construcción es imprescindible distinguir entre realización y potencialidad. Galtung señala que “la violencia está presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales, están por debajo de sus realizaciones potenciales”.{31}
Esta definición de violencia coloca al individuo en interacción con la sociedad en la que habita. De manera que los obstáculos que impongan para su realización personal impiden su integración plena en la sociedad. Este tipo de exclusión erosiona el principio de pertenencia y hace que los individuos busquen formas de protesta no siempre pacíficas. La coincidencia con otros excluidos hace que de manera espontánea u organizada se generen mecanismos colectivos de malestar hasta lograr la conformación de disidentes organizados. Es entonces cuando el uso de la violencia oficial se enfrenta a otro tipo de violencia, la no oficial. La sociedad se encuentra entonces polarizada entre incluidos y excluidos.
El problema pasa por una fase radical de choque, cuyo único objetivo es la desaparición del contrario. Otra etapa es el reconocimiento de la imposibilidad real de exterminar al otro, hasta aceptar la posibilidad de compartir el poder (el espacio) con el opositor. La siguiente fase sería la de facilitar el acercamiento para la convivencia de las partes, no tanto para fusionarse sino para aceptar las posibilidades de una sociedad diversa. La última sería, como lo sugiere Galtung, la construcción de una sociedad con oportunidades para todos.{32}
Lo interesante es que el anterior esquema no tiene nada de ideal. Para llegar a la fase última es preciso un diagnóstico acertado de las causas que limitan el desarrollo de las potencialidades de los integrantes de una sociedad. Además, para la construcción de una nueva sociedad es importante comprender que la dinámica vital de toda comunidad es la diversidad. Inclusive, hay que superar la noción de alcanzar un ideal de paz como una meta condicionada al tiempo. De modo que no hay que procurar una “sociedad pacífica” per se; lo importante es “la identificación de los espacios de la violencia construidos históricamente por las sociedades”,{33} con la finalidad de superarlos.
Así, de manera tentativa, y teniendo en cuenta las realizaciones y potencialidades del individuo, el estudio del CIIIP de Uruguay entiende por paz a “la identificación y resolución favorable de fenómenos caracterizados por algún tipo de violencia”.{34} Esta definición aporta el llamado a la creación de estrategias que resuelvan de manera efectiva los obstáculos para la realización plena, tanto de un ser humano en particular como de una sociedad en su conjunto.
Johan Galtung también consideró importante separar la paz en dos nociones: una negativa, que consiste en la no guerra, y una positiva, donde lo fundamental será la ausencia de violencia estructural, en la que habrá que considerar todas las muertes evitables causadas por estructuras sociales y económicas perversas.
Así, el objetivo central para la consecución de la paz es el descenso de las expresiones violentas de cualquier índole no solo las producidas por la lucha armada.
Desde entonces los estudios de paz exigen reconocer la evolución del concepto en relación con las diversas tipologías de violencia. Ya vimos que no basta considerar a la violencia directa la única que necesita ser superada. El descubrimiento de otras violencias siempre existentes, pero encubiertas, ha de promover la consecución de caminos de paz de índole más duradera. Ya no es factible aceptar que la paz es el armisticio y que la solución de las causas de un conflicto debe esperar escondida ante la exaltación de una paz efímera. La paz es un proceso complejo, una construcción.
La detección de los diferentes tipos de violencia es una tarea que requiere agudeza en los análisis de paz. Los investigadores del CIIIP proponen por ello el concepto de visibilidad de la violencia. Una práctica que permite a toda sociedad el reconocimiento de las violencias que padece y la búsqueda de soluciones. Un diagnóstico acertado de los tipos de violencias permitirá una evaluación objetiva que lleve a soluciones posibles, pues esa parece una de las limitantes comunes a los procesos de paz en África y Centroamérica, donde si bien era cierta la influencia de la Guerra Fría entre las grandes potencias, la causa principal de sus conflictos era, y es, la gran desigualdad social, las carencias democráticas y el uso indiscriminado de la violencia.
Ver la violencia posibilita la comprensión del fenómeno por superar. La visibilidad es una ventaja relativa de toda violencia directa, como los combates o la agresión del delincuente. Esta característica permite un consenso inmediato sobre la necesidad de intervenir para frenarla. No ocurre lo mismo con los tipos de violencia cuya percepción requiere un esfuerzo. Su acción es tan soterrada que incluso llega al extremo de ser consentida por las propias víctimas.
Estas formas de violencia, a las que llamaré de violencia sutil, no siempre son actos o hechos conscientes, e implican la gravedad de que no siempre los actores violentos adquieren conciencia de su agresión. En esta categoría incluiría, entre otras muchas, la violencia por imposición del Estado de modelos económicos que producen mayor desigualdad y la privatización de los derechos públicos básicos.
Otra ventaja de visualizar la violencia es la posibilidad de establecer la historia violenta de cada sociedad. Conocer las transformaciones en la ejecución de la violencia nos dirá las causas que llevaron a esos cambios. El paso de la violencia directa a la violencia sutil no es gratuito, sino la adecuación necesaria para que la violencia llegue a ser, si no aceptada, por lo menos permitida.
La identificación de todo tipo de violencia facilita, del mismo modo, el debate para realizar las transformaciones necesarias. Tal como lo afirma el profesor Villaveces, la labor de “producir cosas que visibilicen la violencia, que miren los lados que no se han visto”{35} propicia el desenmascaramiento de las causas reales de un conflicto para un mejor diagnóstico. No es casual que las sociedades más violentas se distingan porque parte de su violencia se refugia en el ocultamiento, y es en ellas donde los académicos y periodistas son blancos de ataques.
La cada vez más frecuente identificación de la violencia sutil, ejercida de manera colectiva o individual, ha permitido la conformación de organizaciones por parte de las víctimas o de actores solidarios con las mismas. En los casos más afortunados se ha logrado la tipificación jurídica de los actos violentos sutiles y la persecución de los agresores.
El CIIIP propone, en razón del grado de visibilidad, el estudio de las violencias visibles y las encubiertas. Siendo relativa su percepción de acuerdo a una sociedad específica. Para ellos, “una sociedad sería más o menos pacífica [...] en la medida que reconozca y resuelva favorablemente los tipos de la violencia presentes en ella”.{36} Otro factor que no hay que pasar por alto es la dinámica de las formas violentas, las que se trasforman o permiten el nacimiento de nuevas formas de violencia.
Entre las violencias visibles, el CIIIP distingue la violencia colectiva que sería aquélla en la que participan de manera activa la sociedad en general o grupos importantes de ella. El caso típico es la guerra abierta. Otro caso de violencia visible es la violencia institucional o estatal: referida a los abusos cometidos por aquéllas entidades que tienen concesión legitima del uso de la fuerza. Aquí no está muy claro si se incluye el terrorismo de Estado o si esta violencia se refiere apenas a los excesos y atropellos cometidos por militares de manera ocasional y no como una política sistemática del Estado.
En otro nivel, los investigadores del CIIIP destacan las violencias encubiertas del tipo estructural y cultural. Entendiendo por violencia estructural aquella en la que el ejercicio del poder es desigual en extremo. La toma de decisiones respecto a la distribución de los recursos e ingresos está limitada a unos pocos privilegiados. De forma más general, y gracias a Galtung, asocian este tipo de violencia con toda clase de sistemas de gobierno y con grandes grupos financieros y productivos multinacionales que canalizan los bienes sociales para el beneficio exclusivo de una élite y sus servidores más fieles.{37}
En cuanto a la violencia cultural, se entendería como aquella en la que el agresor es un sujeto social o individual, reconocido, que abusa de otros al inferiorizarlos o desconocer su identidad. Un ejemplo de esta violencia son todas las formas de discriminación contra individuos o grupos.
En un nivel intermedio han clasificado la violencia semiencubierta o parcialmente visible como la violencia individual, que es una forma de manifestación interpersonal, originada por la misma sociedad. Casos de este tipo de violencia son todas las relacionadas con la seguridad ciudadana, entre ellas la de violencia doméstica y la agresión a menores. Así mismo consideran dentro de este tipo la violencia desorganizada, y otra más visible en los últimos tiempos, de la que se hará referencia más adelante, como la violencia organizada del narcotráfico.
Hay que advertir que la presencia de diversos tipos de violencia en una sociedad determinada son el síntoma y no la causa de una situación que beneficia al agresor. Viceng Fisas es claro al respecto: “La violencia es siempre un ejercicio de poder”.{38} La violencia nunca es gratuita, se ejerce para lograr dominar, intimidar o aniquilar tanto al enemigo como a un otro en condición de inferioridad. Por ello hay que liberar los análisis de paz de los criterios maniqueos de buenos y malos. El ejercicio de la violencia siempre ha buscado obtener dividendos. Allí radica la importancia de reconocer cuáles son los intereses reales que sirven de móviles para el acto o situación violenta.{39}
La violencia, en toda su historia, ha servido para conquistar o mantener el poder. El desarrollo económico y social ha sido tan desigual que no es sinónimo de mayores libertades. La brecha entre pobres y ricos ha aumentado y su confrontación se expresa en cientos de conflictos que tienen en vilo a la mayoría de la población mundial.
Los avances de la civilización presagiaban una sociedad ideal donde el acto disuasorio fuera suficiente para mantener un equilibrio de poderes entre los hombres, y entre estos y las relaciones con el Estado. Sin embargo, lo que ha ocurrido es la reafirmación de poderes establecidos con el uso indistinto de varias formas de violencia.
Luego de 1989, y salvo los ataques a la ex-Yugoslavia, Afganistán, Irak y Libia la mayoría de conflictos que azotan hoy el mundo son del orden intraestatal. En el caso de Latinoamérica, en particular Colombia, la noción del enemigo interior, que no es nueva, se ha incrementado hasta la división maniquea de “amigos y enemigos de la paz”. Un eufemismo que legitima la represión y exclusión de gran parte de la población. La respuesta en no pocos casos ha sido el uso del terrorismo, tan condenable como terrible, pero que tiene como caldo de cultivo la violencia consuetudinaria que han sufrido los pueblos o grupos que la ejercen. Agregar la violencia terrorista en los estudios actuales sobre paz es imprescindible. Separando las expresiones individuales y desesperadas de las ejercidas de manera sistemática desde el Estado.
El acto terrorista cometido con toda seguridad por víctimas de otras violencias, sin merecer su justificación, se explica en la impotencia y la desesperanza. Dichos actos son transitorios en la medida en que buscan un efecto inmediato, el reconocimiento del otro. Por el contrario, la situación terrorista producida por un Estado se puede caracterizar como un fenómeno estructural que pretende la consolidación del poder. La magnitud del aparato represor de un Estado debilita la posibilidad de una oposición abierta. No estudiar estos factores, en especial en casos como los latinoamericanos debe corregirse. Enmarcar el terrorismo de Estado como un simple exceso institucional deja de lado su carácter estratégico para el sostenimiento de las desigualdades extremas.{40}
Tipología de los conflictos
En la historia de las sociedades ha existido siempre una serie de conflictos. Es un fenómeno presente en los grupos sociales como creación humana que puede ser conducido, transformado y superado de forma positiva o negativa.{41} Los diferentes intereses ante una determinada cosa u objetivo producen discrepancias. En la primera fase de todo conflicto hay un enfrentamiento positivo entre las partes, el diálogo. La incapacidad de lograr un acuerdo, lleva a la ruptura y luego a una confrontación. Es importante comprender que todo conflicto, de la magnitud que sea, es susceptible de ser negociado.
Un miembro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, México, ha expuesto un enfoque interesante respecto a los conflictos, presentándolos de forma positiva, al afirmar que “el conflicto constituye un fenómeno continuo y constante de la interacción humana”.{42} En ese orden, el inconveniente con los conflictos no es que existan, sino la manera como se procura su solución.
Silvia Muñoz, siguiendo a Galtung, aboga por un tipo de paz activa, a la que denomina positiva, que pretende la resolución de conflictos de forma no violenta; en oposición a una paz negativa, ausente de violencia directa, a la que denomina pasiva. Esa paz negativa, sin violencia directa y sin conflicto aparente, además de falsa, supone “un aparato militar que garantice el orden, disuada al enemigo y asegure la perpetuación del orden establecido por quienes detentan el poder”.{43}
Por su parte, Luc Reychler reconoce varios factores a considerar en todo conflicto. En primer lugar es central determinar los actores involucrados en el mismo. De igual importancia es la definición clara de lo que está en litigio. Hay que considerar así mismo el papel y características de los líderes lo mismo que la estrategia que impulsan. Un factor determinante es el conocimiento de la dinámica del conflicto para plantear los pasos oportunos a seguir.{44}
El CIIIP, usando la clasificación del proyecto Ploughshares del Conrad College, señala las tres clases de conflictos que se originan en el interior de los Estados. Los primeros serían aquellos donde se lucha por el control del Estado. Expresan el enfrentamiento armado entre la élite del poder, con su ejército, y los movimientos de carácter insurgente. Es el tipo de conflicto más frecuente en la historia de América Latina.
Los segundos son los conflictos por la formación del Estado y se refieren a situaciones en las cuales una parte de un país o entidad territorial plantea la autonomía total, la secesión o la anexión a otro Estado. Desde lo ocurrido en Panamá hace un siglo y los casos latentes de Belice, Surinam o Las Malvinas, no es un hecho frecuente en el continente. De todas maneras es posible la balcanización de algunos países debido al descuido estatal de extensas zonas, por lo general con grandes recursos naturales.
Los terceros, el fracaso del Estado genera conflictos entre las fuerzas que buscan imponer un nuevo orden. El vacío de poder, fue la razón aludida con justificación o no por las dictaduras militares en el Cono Sur y en los reiterados golpes de Estado en Centroamérica en el siglo XX.
De manera complementaria, el estudio del CIIIP incluye otros conflictos y toma en consideración sus causas, como los identificados por Doom y Vlasenroot. En primer lugar reconocen los conflictos de legitimidad que se originan por la escasa participación política o por la falta de presencia estatal en términos de servicios públicos básicos. O cuando las crisis de los partidos políticos y la corrupción de la clase política han desvirtuado en los electores la confianza en mejoras o cambios importantes.
En segunda instancia estos autores reconocen los conflictos de desarrollo, generadores de una amplia brecha social que marginaliza a sectores mayoritarios de la población. Por desgracia, en la totalidad de los grandes núcleos poblacionales de América Latina la existencia de un mundo, con niveles de vida del primer mundo, rodeado de grandes bolsas de miseria es una bomba de tiempo. Es indudable que a pesar del incremento de la seguridad privada y el cerramiento en ghettos, la pauperización de sus habitantes aumenta en el continente el riesgo de graves conflictos de desarrollo.
Los denominados conflictos de identidad son los originados por causas étnicas, tribales o lingüísticas que se han visibilizado hasta conformar una verdadera fuerza política, y en no pocos casos armada. En la medida que estos grupos, mayoritarios en algunos países, politizan su marginación aumenta el grado de confrontación con las autoridades centrales o los poderes locales que los niegan. Este tipo de conflictos no se limitan a los países con grandes poblaciones indígenas como México, Brasil, Perú o Guatemala. También se presentan en Colombia o Chile, donde gracias al grado de conciencia organizativo se han logrado reivindicaciones importantes.
La terminación de la mayoría de dictaduras y gobiernos de facto en América Latina, más por agotamiento del modelo que por una derrota contundente, causó los conflictos de transición. En estos se presenta una dura confrontación entre las fuerzas reprimidas durante el anterior régimen y las fuerzas, ahora “democratizadas” de las agrupaciones que dieron total apoyo a los gobiernos militares o autoritarios.{45} En esta categoría hay que considerar las consecuencias de una revisión de las leyes de amnistía o de Punto Final y su derogación, lo que llevaría una profunda crisis en las transiciones.
Hay muchas otras clasificaciones, pero en líneas generales son variantes de las anteriores. A manera de ejemplo, se observa la propuesta por Mohamed Sahnoun en la que junto, a los conflictos de carácter socio económico, que serían los de desarrollo y de legitimidad, incluye los conflictos de identidad; divididos en conflictos religiosos o los conflictos causados por “el fracaso de procesos en los intentos de creación de Estados-Nación”, y los originados al fin de la Guerra Fría, a los que denomina de transición.{46}
Al visualizar, en el contexto de Colombia, la existencia de los conflictos descritos encontramos que de alguna manera o grados todos han estado presentes en su historia. En primer lugar es evidente, si nos atenemos al medio siglo de este estudio, que los grupos guerrilleros de izquierda han planteado como estrategia central la toma del poder, es decir, el control total del Estado para la implantación de un nuevo modelo político. Otra cosa es determinar el grado en el que han cuestionado o puesto en aprietos su control. Y, por supuesto, uno de los argumentos de su ataque es el fracaso del Estado argumentando su incapacidad de gobernar, el incumplimiento de brindar bienestar y las garantías constitucionales para la mayoría de su población.
La presencia de un grave conflicto de legitimidad se corrobora con baja participación electoral; producto de varios factores, entre ellos la escandalosa corrupción o la reiterada la violencia ejercida contra los representantes de las principales fuerzas de oposición legal, mientras los llamados conflictos de desarrollo se expresan en los índices extremos de pobreza y en la exagerada concentración de la riqueza colombiana.
Y, aunque en menor escala que en países con mayor componente aborigen o de población negra, Colombia no está exenta a los conflictos de carácter étnico. La violencia contra estos grupos humanos es muy alta en razón que habitan las zonas donde es más intenso el conflicto armado directo. Por último, y si se observa la tipificación de los conflictos de transición, se notará que con la apertura de canales políticos por fuerzas desmovilizadas, como las de década de los noventa, son mayores sus cuestionamientos a quienes mantienen incólume el statu quo. En definitiva, no es difícil constatar el carácter pluriconflictivo de la sociedad colombiana.
Hacia una definición propia de paz estructural
Vistos grosso modo aspectos como la paz y sus definiciones, la paz y las violencias, así como los distintos tipos de conflictos, hay la necesidad operativa de proponer una definición propia de la paz que necesitan países como Colombia. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el concepto de paz ha entrado en ese grupo de palabras en los que su utilización es tan indiscriminada que hay que precisar muy bien el contexto. En un proceso de paz como el colombiano, ya sea en las negociaciones, en las agendas o en los acuerdos firmados, es preciso agregarle, al acoger el llamado común de las definiciones recogidas por Posada Carbó, un adjetivo. El de paz estructural acoge el consenso en torno a la necesidad de resolver los graves desequilibrios sociales y políticos llegando hasta sus raíces. Así en este estudio se entenderá por paz estructural.
Al tipo de paz que supere las secuelas producidas tanto por la violencia directa como por los efectos inherentes a la violencia indirecta y/o encubierta. De manera que la ausencia de guerra o conflicto armado sea concomitante a la superación de las desigualdades extremas, la integración de las poblaciones excluidas y el goce efectivo de los derechos ciudadanos para toda la población.
Un definición que se ajusta no solo al sentir de la mayoría de definiciones “necesarias” para abordar la paz en Colombia; sino que además se acerca a la elaborada por elaborada por el CIIIP, que además, recoge el elemento central de la formulación en la que Johan Galtung ha trabajado durante los últimos años. la desigualdad.{47}
Es decir que al evidenciar el papel de las relaciones de poder, con su determinismo violento y su sistema de desigualdad, se facilita la comprensión de las causas de la mayoría de los conflictos armados. La desigualdad no está limitada al orden estricto de lo económico y su imposición pasa por todas las relaciones humanas, individuales o colectivas, en donde el objetivo central es la dominación o el aniquilamiento del otro. Aunque en América Latina, por los bajos índices de participación ciudadana, educación y conciencia política, no siempre el grado de desigualdad ha sido proporcional al grado de confrontación.
Capítulo 2
Procesos de paz en Colombia
Al hacer una breve arqueología de la paz colombiana durante el siglo XX se descubre que, sin excepción, las principales causas del conflicto social nunca fueron modificadas por ninguno de los distintos acuerdos de paz. Lo que se impuso fue un sistema de pacificación, ya fuera por imposición, engaño o a cambio de algunas prebendas para los líderes de los levantamientos. Esta forma de hacer la paz evadió de forma transitoria las razones de los insurgentes y dio apenas un respiro mientras se recomponían o formaban nuevas fuerzas de oposición armada.
Más de un siglo después de la firma de los tratados de Wisconsin, Neerlandia y Chinácota, en 1902, los colombianos siguen buscando las fórmulas efectivas que culminen en una paz real y duradera. Para este estudio interesa detallar las negociaciones y acuerdos de paz realizados en Colombia durante más de medio siglo (1949-2002); y se pueden periodizar conforme al hecho más relevante durante cada una las distintas etapas de la historia del país. Además, por considerar su importancia pedagógica y su éxito relativo, se incluye en este capítulo un análisis comparativo entre el periodo más relevante de negociaciones directas entre gobierno y grupos insurgentes en Colombia (1998-2002) con las agendas y acuerdos que facilitaron el fin de la guerra en El Salvador (1992) y Guatemala (1996).
La paz extraviada (1949-1953)
Este periodo comprende el fin de la hegemonía liberal en 1946, iniciada en 1930 y promotora de importantes reformas que modernizaron al Estado y establecieron las bases de la promoción social de amplios sectores, y la asunción de la dictadura militar en 1953. El hecho crucial durante este periodo fue el asesinato del líder disidente liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, que marcó el reconocimiento abierto de una confrontación armada ya existente y significó la generalización de los choques armados en vastas regiones del país.
Desde 1946 a 1950, bajo el gobierno del conservador Mariano Ospina Pérez, se incrementó una profunda crisis institucional con la intensificación de la violencia armada en zonas rurales del centro del país y la división interna del liberalismo. En la elección presidencial de 1950, en las que no se presentó ninguna candidatura opositora por la falta total de garantías debido a la violencia generalizada, quedó como presidente Laureano Gómez, de ideología cercana al falangismo español. Una de sus tareas fue la continuidad de un plan estratégico para la desaparición física de opositores que resultó en la muerte de miles de colombianos, periodo conocido como el de La Violencia.{48}
Tanto Ospina como Gómez impusieron un régimen de terror encubierto a “sangre y fuego”, con la implantación del estado de emergencia nacional, la disolución del parlamento y la suspensión de las ya precarias libertades democráticas.{49} El clima de confrontación violenta predominante en este periodo impidió cualquier posibilidad de diálogo entre las partes enfrentadas. La paz se extravió con la proliferación de masacres y la violencia extrema generada por venganzas interpartidarias fuera del control de las dirigencias liberales y conservadoras. Las relaciones entre las bases liberales y conservadoras que llevaron el peso de la guerra civil no declarada y sus direcciones propiciaron la existencia de un lenguaje ambivalente. conciliador en la cúspide, residente sobre todo en las ciudades, y el lenguaje sangriento de las bases, ubicadas la mayoría en la periferia rural y separadas muchas veces más por cuestiones religiosas que por la ideología del partido por el que mataban o morían.{50}
La paz de la dictadura (1953-1957)
En 1953, cuando las bandas armadas auspiciadas por el gobierno conservador extendían su terror por todo el país, asumió el poder una dictadura militar, apoyada en principio por la jerarquía del Partido Liberal, como una manera de contención del revuelo social creado por los abusos cometidos contra la población opositora. Una de las primeras medidas del gobierno militar fue la promulgación de un plan de pacificación. Se buscó así la desmovilización de los grupos armados insurgentes de tendencia liberal y comunista.
Luego del acuerdo entre la cúpula militar y la Dirección Nacional Liberal (DNL), se decidió que esta última pidiera a sus jefes guerrilleros la rendición y la entrega de las armas. La DNL optó por buscar la división entre los jefes guerrilleros al privilegiar a parte de ellos y, como contraprestación, los obligó a enfrentar con apoyo de tropas de la dictadura a sus antiguos compañeros de rebeldía.{51} Así, en julio de 1953, estos núcleos guerrilleros liberales, además de su entrega, pactaron con la dictadura un compromiso para “capturar y entregar a los guerrilleros que no querían presentarse bajo la promesa de que por cada guerrillero que entreguen recibirán una suma de dinero y por la respectiva arma una bonificación especial”.{52}
Mientras tanto, los liberales no desmovilizados y los comunistas actuaron como aliados ante la represión conservadora que los acosaba sin distingo. Las fuerzas insurgentes que optaron por la continuación de la lucha armada presentaron como argumento principal que: “La estrategia de los liberales no llegaba más allá del derrocamiento del gobierno conservador, la restitución del poder al liberalismo y la defensa de la Constitución avasallada por el Estado de Sitio”.{53} Las guerrillas de tendencia izquierdista, tanto liberales como comunistas, optaron entonces por diferenciarse de las liberales oficialistas con la difusión de un programa agrario aprobado en su Primera Conferencia Nacional de Movimientos Populares de Liberación Nacional, en 1952. Como resultado de este plan pacificador acordado por la dictadura y la jerarquía del Partido Liberal e implementado en cada región por las fuerzas liberales desmovilizadas, el movimiento guerrillero de izquierda se adentró en zonas selváticas mientras reponía sus diezmadas cuadrillas.{54}
Ante el incumplimiento de la dictadura y la extinción de las guerrillas liberales, los grupos de disidentes armados de Antioquia y Tolima exigieron, por medio de una circular, los puntos centrales para su desmovilización y el acotamiento al plan nacional de paz de la dictadura.{55} El 8 de septiembre de 1953, en Monterrey, pequeña población de los llanos orientales de Colombia, se firmó el documento de entrega de armas y, el 15 del mismo mes, 3500 guerrilleros liberales de esa zona hicieron entrega de su armamento. En total, en todo el país, la desmovilización insurgente alcanzó a 6500 insurrectos. Como se dijo con anterioridad, las guerrillas que no se desmovilizaron se vieron abocadas a dos opciones: el bandolerismo social para su sobrevivencia económica o su internación como colonos en las selvas del oriente y sur del país, rumbo definitivo de todas las guerrillas de tendencia izquierdista.{56}
La paz excluyente (1958-1974)
Al caer la dictadura en 1957, al agotar su papel asignado por el bipartidismo de pacificar el país, es reemplazada por una Junta Militar que inició un proceso de transición hacia una democracia formal. Los jefes de los partidos Liberal y Conservador reunidos en Benidorm, España, firman un pacto político al que denominan “Frente Nacional”. La cláusula principal del mismo fue la alternancia cada cuatro años, por un periodo de dieciséis (1958-1974), de la presidencia de la República solo entre candidatos de estas dos formaciones políticas.{57} Además, se acordó que toda la carga burocrática del Estado fuera repartida equitativamente entre sus militancias, cerrando la posibilidad a fuerzas no tradicionales de participar, no solo en la contienda política sino también en cualquier actividad de la administración pública.{58}
En 1964, durante el gobierno de Guillermo León Valencia, se implementó la política de exterminio total de la guerrilla, respondiendo a un plan quinquenal contrainsurgente (1960-1965), denominado Plan LASO (Latin American Security Operation), creado por Estados Unidos con la finalidad de contener las re percusiones de la Revolución Cubana en la región.{59} Así se realizan los ataques a los reductos guerrilleros que según el gobierno habían conformado “Repúblicas Independientes” en el territorio selvático al sur del país. Los insurgentes no fueron aniquilados y su resistencia sirve desde entonces como referencia para el nacimiento de las FARC-EP.{60}
En la parte nororiental del país, casi de forma simultánea, nacía otro movimiento insurgente, el ELN, conformado en su mayoría por jóvenes universitarios que seguían el ejemplo de la Revolución Cubana y las teorías de focos guerrilleros de Che Guevara y con una marcada representación de religiosos seguidores de la Teología de la Liberación.{61} A finales de la misma década del sesenta se conformó el EPL, que seguía orientaciones maoístas acordes con su origen agrario, en los departamentos de Antioquia y Córdoba, al noroeste del país.
En general, durante los últimos gobiernos del Frente Nacional (Carlos Lleras, 1966-1970; Misael Pastrana, 1970-1974) fue implementada una política de represión constante a los reductos guerrilleros, bajo la tesis de que el ejército oficial controlaba e impedía su acercamiento a las principales ciudades del país. Durante este periodo se completan los grandes flujos migratorios que transforman a Colombia en un país más urbano que rural. Comienza así un continuo ajuste poblacional a la vida urbana que, al coincidir con un relativo crecimiento económico, da cierto bienestar social y calma el ambiente de confrontación política armada.
Desde la mitad del Frente Nacional el grueso de la población, ahora más urbana, se desatendió de la situación de la violencia rural y, salvo la noticia de la muerte del cura guerrillero Camilo Torres en 1966 y las esporádicas protestas de índole salarial, el clima político estuvo centrado en los debates parlamentarios por corrupción de las familias López, Peñalosa y Vives, figuras notorias del bipartidismo. En ese ambiente fue imposible plantear cualquier acercamiento de paz con los débiles núcleos guerrilleros de los que solo se esperaba su desaparición; fuera por el agotamiento producto de sus difíciles condiciones de subsistencia o de su aniquilación total por parte de las Fuerzas Armadas.
La paz represiva (1974-1982)
A pesar del término formal del Frente Nacional, en 1974 se dio continuidad al sistema de paridad electoral y burocrática durante los gobiernos de Alfonso López Michelsen (1974-1978) y Julio César Turbay (1978-1982), que recurrieron a la criminalización de la protesta cívica. El primero con la cruenta represión del paro cívico de 1977 y el segundo con la promulgación de un represivo Estatuto de Seguridad que llevó a las cárceles a cientos de opositores políticos. Estatuto que sirve de referente para el comienzo del uso sistemático de la tortura en los interrogatorios y la desaparición física en las cárceles estatales.{62}
La excepción a la represión generalizada fue el reconocimiento del status político de un grupo armado (M-19), al resolver de forma negociada un acto violento como la “toma” de la embajada de República Dominicana por un comando del M-19.{63} Fuera de esto no se percibe durante este periodo mayor interés por parte de los dos gobiernos de realizar ningún acercamiento de paz y, más bien, ya sea por la corrupción imperante o la baja participación electoral, se observa el debilitamiento del Estado y el crecimiento de los grupos alzados en armas.{64}
Tal situación tiene como resultado más llamativo el avance en las propuestas de abrir espacios políticos de forma que la guerrilla, luego de su desmovilización, se integre al debate nacional; en consecuencia la oposición armada “se va articulando paulatinamente como un proyecto político alternativo que empieza a ser percibido ya como una amenaza para el sistema político”, en particular por la presencia de las FARC-EP.{65} Ante el auge insurgente, Turbay propone en marzo de 1981 una ley de amnistía con la condición de que los grupos armados entregaran las armas y se acogieran a un modelo de democracia restringida, sostenido con leyes excepcionales emanadas del estado de sitio, el cual imperaba casi de manera ininterrumpida por más de treinta años. Al final ningún movimiento armado se acogió a la amnistía por considerarla insuficiente.
La paz objetiva (1982-1986)
El lapso comprendido entre 1982 y 1986, denominado aquí la paz objetiva, coincide con el gobierno del presidente Belisario Betancur y se caracteriza por ser el primero en reconocer las llamadas “causas objetivas” de la violencia como caldo de cultivo para la gestación de la oposición armada. En noviembre de 1982, Betancur dictó una ley de amnistía que fue bien acogida, aunque con reservas, por los grupos insurgentes al facilitar que cientos de sus miembros salieran de las cárceles de todo el país. Las FARC-EP se acogieron de inmediato a la ley “para convertirla en un instrumento de movilización de masas”.{66} Durante este lapso aparece un sinnúmero de comisiones, oficiales o de los gremios, involucradas en un amplio debate sobre la paz. Es durante el gobierno Belisario Betancur cuando el Estado colombiano comienza a reconocer la imposibilidad de un aniquilamiento rápido y definitivo de las guerrillas.
En otro paso adelante en la búsqueda de la paz, el 28 de mayo de 1984, se firmaron los acuerdos de la Uribe, población donde las FARC-EP tenían instalado su Secretariado Nacional. Se firmó el cese bilateral del fuego, sin la entrega de armas ni la desmovilización de las guerrillas.{67} El gobierno se comprometió a promover en el parlamento una serie de reformas en materia política, económica y social; al tiempo que implementaría un Plan Nacional de Rehabilitación en las zonas más afectadas por el conflicto armado, mientras las FARC-EP adquirieron el compromiso de respetar el cese al fuego, fin al secuestro y al terrorismo; así como la espera de la concreción de las promesas gubernamentales para una posible desmovilización.
Se presenta entonces la paradoja que a medida que se abría una oportunidad real de participación de los alzados en armas, producto de unos acuerdos de paz, fuerzas dentro del mismo gobierno y de los estamentos militares impedían esta apertura.
Fueron los llamados, tiempo después, por el propio presidente Belisario Betancur como “enemigos de la paz”, debido a que en su gobierno “no logro unir al establecimiento alrededor de su política de paz. Ni el Ejército ni la clase política ni los gremios apoyaron sus proyectos de reforma”.{68}
Este periodo se caracteriza como importante en la medida en que introduce una pedagogía de paz, pues por primera vez hay conciencia nacional sobre la necesidad urgente de resolver los conflictos por canales pacíficos. Era de lamentar, al decir de Alfredo Rangel, que “Las fuerzas militares estuvieron permanentemente divorciadas de la política gubernamental y al final retomaron, por la vía de los hechos, el control”.{69} Para otros analistas un logro importante de Belisario Betancur fue el posible comienzo de deslegitimación del recurso de las armas como única vía para lograr las transformaciones políticas que requiere el país.{70}
Aunque este periodo se recuerda como uno de los más prolíficos en materia de paz, fue empañado por los cruentos sucesos de la toma guerrillera (M-19) del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985; así como el inicio de una serie de asesinatos selectivos de cientos de militantes de agrupaciones civiles y políticas, igual que de varios dirigentes guerrilleros en fase de negociación con el gobierno o en tregua.{71}
En un hecho histórico, apenas posterior unos meses a la crisis del Palacio de Justicia, las FARC-EP se proclamaron partícipes activos del proyecto político legal, la Unión Patriótica (UP) del que formarían parte también amplios sectores progresistas e incluso, en algunas regiones del país, con la participación activa de liberales y conservadores.{72} La UP participó en las elecciones de 1986 y gracias a alianzas estratégicas con sectores independientes obtuvo resultados muy favorables: 350 concejales, 23 diputados, 9 representantes a la Cámara y 6 senadores en el Congreso. En las elecciones presidenciales consiguió la mayor votación lograda hasta ese momento por alguna fuerza política distinta del bipartidismo tradicional.{73}
Sin embargo, el freno contra este proyecto político comenzó el 11 octubre de 1987, con el asesinato de su excandidato presidencial Jaime Pardo Leal. En las tres campañas electorales siguientes cayeron también asesinados, otro candidato presidencial de la UP, Bernardo Jaramillo, el 22 de marzo de 1990; dos senadores, varios representantes a la Cámara y más de 4000 dirigentes de la Unión Patriótica y de sus aliados políticos. Ante el temor de la continuidad de los éxitos logrados por la UP, se desató un periodo de “Guerra sucia”, bajo la más completa impunidad y después de varios gobiernos no se han aclarado casi ninguno de estos magnicidios.{74}
La paz sin tregua (1986-1990)
Con la llegada al poder de Virgilio Barco (1986-1900) se produjo un importante avance en la política de paz, haciéndola institucional, con la creación de la Consejería Presidencial para la paz y, además, con un impulso mayor al Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), el cual tenía como premisa superar las causas estructurales de la violencia en las regiones de fuerte presencia guerrillera y tratar por esa vía de conquistar el apoyo del campesinado. Se continuó entonces con una política de diálogos intermitentes entre gobierno y guerrillas, con la presión a estas últimas de dar muestras unilaterales de voluntad de paz. Sin embargo, un hecho grave alteró las posibilidades reales para que el movimiento armado intensificara sus gestos de paz: el auge y crecimiento de los grupos paramilitares que, con total impunidad y probado apoyo del ejército oficial, realizó varias masacres en las poblaciones civiles de las zonas de influencia guerrillera.{75}
Aunque en la presidencia de Barco se consolidaron los procesos de desmovilización que se habían pactado con Belisario Betancur; al mismo tiempo se reafirmó el espíritu de clase de los gobernantes colombianos con el impedimento, no formal, pero sí real de la renovación de cuadros dirigentes de extracción popular. El 22 de junio 1987, el presidente Virgilio Barco declaró rota la tregua con las FARC-EP y la justificó por los incidentes en los que la guerrilla atacó una patrulla militar. Para la guerrilla la medida fue solo un pretexto, pues ya se habían presentado hechos más graves provocados por las fuerzas militares y grupos paramilitares, sin que eso fuera utilizado para allanar el camino hacia la pacificación del país.
En septiembre de 1987, varios grupos insurgentes de Colombia se unieron en la denominada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), siendo su postulado central la búsqueda de los “cambios democráticos y patrióticos que requiere Colombia”.{76} El gobierno Barco, de forma paralela, como parte de una estrategia para dividir la CGSB, y necesitado de presentar resultados de paz, firmó un acuerdo de paz solo con algunos de estos grupos: el M-19, el más importante entre ellos, el EPL, el Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que necesitaban concertar la paz, en razón de su creciente declive político y su debilidad en el plano militar. La posibilidad más favorable de ganar un espacio político en la legalidad con su participación en la Constituyente preparó la rápida desmovilización de estos grupos. Así, entre finales de 1990 y comienzos de 1991 se logró la desmovilización armada de un poco más de 4000 hombres de estos movimientos. A cambio, estas guerrillas se comprometieron a una declaración unilateral de cese al fuego y la liberación de todos los retenidos en su poder.{77}
La paz constituyente (1990-1998)
Las elecciones de 1990 fueron ganadas por César Gaviria, un candidato impuesto por la familia del liberal Luis Carlos Galán, asesinado en septiembre de 1989, en plena campaña electoral. El gobierno de Gaviria facilitó el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, en la que participaron por primera vez sectores distintos al bipartidismo; pero también frustró las expectativas de diálogo con las guerrillas de mayor envergadura como las FARC-EP y el ELN, luego de la desmovilización de grupos armados de carácter intermedio como el M-19 y EPL y de otros pequeños como el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), Autodefensa Obrera (ADO) y PRT, con la declaración de una “guerra integral”, como medida complementaria a la apertura económica de su gobierno.{78}
En la contienda electoral de 1990, además del clima violento, como ya se dijo, se presentó un hecho que cobró especial trascendencia: el apoyo masivo a la propuesta universitaria de llamar a una Asamblea Constituyente, por medio de la introducción de una papeleta especial el día de las elecciones. El triunfo contundente de esta iniciativa, llamada “la séptima papeleta”, con más de diez millones de votos, obligó a César Gaviria a convocar pronto a la conformación de una Asamblea Constituyente. No obstante limitó esta convocatoria al bipartidismo y a los grupos desmovilizados; excluyendo a fuerzas insurgentes activas como la CGSB, quienes habían manifestado su interés por participar de manera pública en las reformas del sistema político.
El 9 de diciembre de 1990, el mismo día de elección de los representantes para la magna Asamblea, las fuerzas armadas lanzaron un fuerte ataque contra el Secretariado Nacional de las FARC-EP, en Casa Verde, con la clara intención de acabar con varios de sus jefes de manera que en una posible reactivación de las negociaciones este grupo insurgente llegara debilitado. Como respuesta, anota Jesús A. Bejarano, la CGSB realizó “la escalada guerrillera de comienzos 1991, la más intensa y cruenta de toda la historia de la guerrilla colombiana, como respuesta de la Casa Verde por las fuerzas armadas”.{79} De manera que la estrategia presidencia denominada de “Guerra Integral” fue para el gobierno de Gaviria un completo fracaso militar y político.
Luego de la presión guerrillera con la toma de la embajada de Venezuela en Bogotá, el 3 de junio de 1991, se dio comienzo a una ronda de diálogos en Caracas, Venezuela. El gobierno se presentó con el mismo plan impuesto a las debilitadas guerrillas que se habían desmovilizado, es decir “con pocas concesiones directas en el plano de las transformaciones políticas”, con áreas geográficas restringidas y exigiendo su desmovilización inmediata.{80} Por su parte, las FARC-EP plantearon su interés de intervenir en una plenaria de la Constituyente dando a conocer una propuesta de paz para alcanzar “una Colombia con democracia y justicia social”.{81}
Sin embargo, a pesar de la agenda común de diez puntos propuesta por las FARC-EP, el diálogo se vio frustrado por la insistencia gubernamental de no pasar del primer punto: la fórmula de un cese al fuego y hostilidades. Ni siquiera se consideró un tema crucial en ese momento como el problema del incrementó de la violencia paramilitar. Alfonso Cano, a nombre de las FARC-EP, aceptó el “cese de fuegos [sic] que pare de inmediato la confrontación, que sea punto de partida hacia la meta de la paz, acordado sin condicionamientos previos que dilaten la negociación”.{82} La opinión oficial se limitó a la propuesta de que los frentes guerrilleros se ubicaran en zonas específicas desmilitarizadas; lo mismo que al fin de los secuestros, la presión económica a ganaderos y terratenientes y ataques a la infraestructura económica del país.
Luego de cuatro rondas negociadoras realizadas en la capital venezolana, entre junio y noviembre de 1991, el balance de los aspectos más importantes de Caracas se puede resumir en como positivos, entre otros puntos, el logro de una definición compartida sobre lo que era cese al fuego; la bilateralidad que impedía ventajas para alguna de las partes; la aceptación de una veeduría internacional y la creación de comisiones que investigaran a fondo los casos de secuestro, por parte de la guerrilla, y la desaparición forzada de opositores, por parte del Estado. Entre los aspectos negativos se debe señalar el interés de ambas partes por hacer prevalecer su poderío militar en las zonas bajo su control como una forma de presión a los negociadores sentados en Caracas. Pero en definitiva el empantanamiento del diálogo recayó, una vez más, en la constante divergencia de criterios sobre lo que sería indispensable para alcanzar la paz definitiva.
Las diferencias fundamentales de lo que entendían en ese momento por paz, tanto el gobierno como las FARC-EP, es resumido así por Mauricio García: “Para algunos sectores del gobierno, la paz significa una guerrilla desmovilizada y participando en la lucha política social. Para la guerrilla, la paz significa dos cosas: a) no más paramilitares ni represión indiscriminada contra la población civil; b) resolución de los conflictos sociales y políticos que aquejan a la mayoría de la población. Pero para otros sectores, presentes en distintos ámbitos de la sociedad civil, el Estado y de la misma guerrilla, la paz se debe buscar en la paz de los sepulcros”.{83}
En marzo de 1992, al calor de los acuerdos de paz en El Salvador, las negociaciones se trasladaron a Tlaxcala, México, con la insistencia gubernamental de continuar con las mismas condiciones impuestas a guerrillas como el M-19 y el EPL, muy debilitadas en lo militar y político. A las que aprobó facilidades de inserción para sus cuadros más representativos y cedió pequeños espacios administrativos, pero sin el compromiso de realizar ningún cambio de fondo en la estructura económica y social del país.{84}
El nombramiento de Horacio Serpa como nuevo consejero de paz, una figura política de primer orden en ese momento, como expresidente de la Constituyente, exministro de gobierno y exprocurador de la Nación, crearon esperanzas por un diálogo fructífero. Su primera medida al llegar a Tlaxcala fue aceptar una agenda, presionada por la CGSB, en la que se incluían temas como la apertura económica neoliberal y sus efectos sociales, la grave corrupción administrativa, el deterioro de los Derechos Humanos, el crecimiento paramilitar y discutir algunos puntos cruciales de la nueva Constitución y sobre los cambios en el sistema político. Aunque luego de distintos hechos de guerra, como la desaparición de uno de los negociadores de la CGSB y la muerte en cautiverio de un exministro de Estado, se rompieron las negociaciones.
El 31 de octubre de 1992, cuando se esperaba la reactivación de los diálogos de paz, el presidente Gaviria prefirió reactivar de nuevo su estrategia de “guerra integral” a la subversión, aplazando una vez más las posibilidades de resolución del conflicto por la vía negociada. El gobierno de Gaviria confiaba que con la nueva Constituyente, y con la participación importante de las guerrillas desmovilizadas, la cantidad de temas a tratar en una negociación posterior con la CGSB se redujera al mínimo. Así, el balance general de las conversaciones de paz de Caracas y Tlaxcala fue de fracaso. Un diálogo de sordos en el que se reafirmaron las vías antagónicas que las FARC-EP y los distintos gobiernos, tanto liberales como conservadores, proponen para alcanzar la paz.
En 1994 fue elegido Ernesto Samper como presidente de Colombia; pero desde el mismo día de su triunfo electoral y hasta el último de su mandato en 1998, sus energías estuvieron centradas en rechazar las sólidas acusaciones de haber financiado su campaña política con dineros provenientes del narcotráfico.{85}
Este hecho hizo que la guerrilla no lo considerara como interlocutor válido y, aunque mantuvo diálogos informales con Daniel García-Peña, comisionado de paz de ese gobierno, prefirió esperar la asunción de un nuevo presidente.
En 1997, las FARC-EP y el ELN intentaron abrir un canal de acercamiento más directo con el gobierno y a través de una Comisión Nacional Conciliación, iniciativa de la Iglesia Católica, realizando la petición de la desmilitarización de algunos municipios, dentro de su zona de influencia, para facilitar unas prontas conversaciones de paz. La propuesta fue acogida por Andrés Pastrana y Horacio Serpa, los dos candidatos presidenciales con más opciones de triunfo.
La paz y el plan garrote (1998-2002)
El periodo 1998-2002, coincidente con la presidencia de Andrés Pastrana, se caracterizó por la llegada de un gobernante impuesto por la presión electoral que esperaba una salida definitiva y negociada al conflicto armado. En apariencia, la bandera principal de este gobierno era la de alcanzar la paz por una vía negociada; sin embargo, de manera paralela a la apertura del diálogo y la aceptación de una zona desmilitarizada se programó la reestructuración de las Fuerzas Armadas y se desarrolló la primera parte del “Plan Colombia”, implementado por Estados Unidos.
Andrés Pastrana, recién electo presidente, realizó un sorpresivo encuentro el 8 de junio de 1998 con el fundador de las FARC-EP, Manuel Marulanda Vélez, en el que prometió la creación de una zona desmilitarizada de cinco municipios apenas ejerciera el cargo en forma plena. Por eso declaró, el 23 de octubre del mismo año, ya como presidente en ejercicio, la entrada en vigencia de una “zona de distensión” con la desmilitarización de los municipios de San Vicente del Caguán, La Macarena, La Uribe, Mesetas y Vistahermosa, que comprenden un área total de 42.139 kilómetros cuadrados.
Sin embargo, hasta finales de diciembre, un sector importante del ejército oficial se resintió con estas medidas y no permitió, como se había acordado entre las partes de forma pública, la salida de más de doscientos soldados del Batallón Cazadores en San Vicente del Caguán, en pleno centro de la zona de distensión. Luego de fuertes presiones de parte de sectores civiles y políticos, los militares abandonaron el batallón y de forma oficial se declaró el inicio del proceso de paz, el 7 de enero de 1999.
En un hecho trascendental, el 25 de mayo de 1999, se acordó entre las partes la promulgación de una Agenda Común para el Cambio, cuya finalidad era “la construcción de un nuevo Estado fundamentado en la justicia social, conservando la unidad nacional [...] con la construcción de la paz, sin distinción de partidos, intereses económicos, sociales o religiosos”.{86} Junto a la Agenda se presentó una detallada metodología para abordar las negociaciones. Se hizo especial énfasis en las experiencias internacionales de resolución de conflictos armados, al declarar que: “se podrá revisar la experiencia de los diferentes casos internacionales que puedan servir para enriquecer el debate. Para ilustración de la mesa de negociación y diálogo, se podrá invitar a expertos y realizar las visitas que las partes consideren”.{87} También, como consecuencia de las constantes matanzas paramilitares ocurridas durante las conversaciones; y como constatación de su fortalecimiento militar y económico de amplias regiones del país, las FARC-EP exigieron que se diera prioridad al desmonte de estos grupos; de igual forma se pidió se intensificarán las investigaciones en torno a la participación directa de políticos y militares en estas acciones.
La desconfianza mutua y la utilización de las negociaciones por ambas partes desataron una crisis en enero del 2002. Un poco más de un mes, el 20 de febrero, el gobierno rompió las negociaciones de manera unilateral y cerró cualquier posibilidad de reiniciación durante los seis meses que restaban para concluir su mandato. La guerra frontal, dentro de la política del Plan Colombia, encontró así un camino expedito para su implementación.
¿La paz o las paces entre amigos? (2002-2006)
La agitada campaña electoral del 2002 sustentó su debate en torno a las bondades de la guerra total contra las guerrillas. El nuevo presidente, Álvaro Uribe Vélez, dio un giro novedoso y esta vez el acuerdo de paz o pacificación fue realizado con un actor armado no insurgente, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Un grupo que nunca se declaró como enemigo del Estado colombiano ni lo ha tenido entre sus objetivos de guerra; más bien, dicen, asumen su defensa contra las acciones armadas de los grupos subversivos.{88} Así desde el comienzo de su primer gobierno (2002-2006), Uribe dedicó sus esfuerzos pacificadores a encontrar fórmulas que permitieran la desmovilización estos grupos paramilitares o autodefensas a cambio de penas leves, nunca superiores a ocho años, por delitos atroces y violaciones contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Penas que, como señala la Corte Suprema de Justicia: “en el derecho nacional podrían llegar a ser acreedoras a una pena hasta de 60 años de cárcel y en el derecho penal internacional podrían tener, incluso, cadena perpetua.”{89} Por su parte la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), instruyó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobre la obligación del gobierno colombiano de respetar las convenciones internacionales que reconocen la proporción de las penas y los delitos.{90}
Así es como la llamada “Ley de Justicia y Paz”, Ley 975 del 25 de julio del 2005, produjo desde los debates previos a su aprobación una gran controversia nacional.{91} Antes de esta ley, el expresidente Uribe había modificado las leyes 418 de 1997 y 548 de 2002, con las que anuló la obligación del reconocimiento político para el grupo alzado en armas que quisiera realizar acuerdos de paz con el gobierno. De igual manera, amplió ventajas jurídicas para los reinsertados de las autodefensas, a través del Decreto 128 de 2003. Todo dentro de un clima de gran tensión política originado por el llamado escándalo de la “parapolítica” y de los llamados “falsos positivos”.{92} Al tiempo que el presidente, a través de su Alto Comisionado de Paz, permitió privilegios especiales para los jefes paramilitares durante su arresto, que hicieron recordar los que en su momento disfrutó el llamado “capo” del narcotráfico Pablo Escobar. Además, las continuas crisis del proceso, muchas por la ambigüedad y vacío jurídico de algunas normas, produjeron, y producen, inseguridad en los desmovilizados, en las víctimas, y en general en la sociedad. Igual sucede con el apresamiento de los principales jefes y su posterior denuncia de que siguen delinquiendo desde la cárcel, lo que ha restado confianza en los acuerdos.
Otro hecho que hizo desmerecer los esfuerzos de paz gubernamentales fue la autoexclusión de importantes líderes paramilitares como Vicente Castaño y de varios jefes de los llamados bloques de milicianos “paras”, como el Metro de Medellín y otro que opera en la frontera con Panamá; alegando que mientras las reglas de la extradición a Estados Unidos no sean claras, ninguna negociación de paz con los paramilitares tendrá éxito.{93} Junto a la denuncia sobre la incierta calidad de paramilitares “puros” de la mayor parte de los jefes acogidos a los acuerdos. En razón a que diversas investigaciones demuestran que muchos de los que se acogieron a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz se dedicaban en exclusiva a las actividades del narcotráfico y nunca participaron en choques militares con grupos guerrilleros, pero compraron la franquicia de “paras” a los jefes de estas organizaciones.
Además, en el marco de los acuerdos de paz con los paramilitares, el expresidente Uribe abanderó de manera contradictoria la abolición del delito político; mientras trataba, a un mismo tiempo, de darles estatus político a los líderes de las AUC. Su fórmula, que lo llevó a chocar con la CSJ, es su insistencia en convertir en sedición, delito político por antonomasia, al delito común de asociación para delinquir, con el que la CSJ decidió deberán ser juzgados los paramilitares.{94} En caso de imponerse la moción de Uribe implicaría un reconocimiento político, con los consecuentes beneficios para que quienes se acojan a los beneficios de la llamada Ley de Justicia y Paz y, en menos de cuatro años, se reincorporen, no solo a la vida social sino a manejar los hilos de la política. Se fomenta así un clima de total impunidad y una ofensa a las víctimas y sus familiares quienes no se les repararían los daños morales y económicos causados.
Después del 2010
Para concluir esta breve historia de vicisitudes de la paz en Colombia, es importante hacer el balance sobre las enseñanzas que han dejado estos acercamientos para buscar la paz por la vía de las negociaciones y las posibilidades al futuro. Para empezar cito, de manera resumida, las juiciosas consideraciones de Alfredo Rangel, politólogo de la Fundación Seguridad y Democracia, sobre las lecciones de los procesos de paz en Colombia:
1. El agotamiento de la opción militar precipita la negociación política... 2. Para realizar una negociación exitosa es necesario cambiar la percepción que se tiene del adversario... 3. Es precisa una revisión de los objetivos estratégicos... 4. Es positivo el surgimiento de un liderazgo negociador en ambas partes... 5. Los facilitadores y los intermediarios pueden ser definitivos... 6. Los procedimientos de la negociación son factores críticos, hay que crear confianza entre las partes con agendas y reglas del juego claras desde el principio. 7. El cese de las operaciones bélicas acelera la negociación. 8. Cuando la paz es parcelada y no se firma con todos los actores del conflicto, la suerte de los combatientes desmovilizados acerca y aleja las posibilidades... 9. Acuerdos de paz limitados producen precarias condiciones de paz. 10. Frente a condiciones distintas, procedimientos distintos.{95}
En el futuro cercano, y después del agotamiento de la opción única de “guerra total” contra las FARC-EP, ELN y EPL, implementada por Álvaro Uribe durante sus dos mandatos; los hechos y los discursos de su primer año de gobernante indican que Juan Manuel Santos dará continuidad, con un estilo verbal más moderado, a la política de guerra de su antecesor, pero al tiempo hará llamados a una paz negociada bajo condiciones inaceptables para cualquier movimiento insurgente. A lo mejor, parodiando la fórmula pragmática que repite con frecuencia el presidente Santos, extraída de su libro con Tony Blair, sobre la Tercera Vía: “el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario”{96} se podrá afirmar que, a menos que haya un giro en las circunstancias de degradación y agotamiento del conflicto, en los hechos la estrategia de paz durante el gobierno Santos será de: la guerra hasta donde sea posible, la paz hasta donde sea necesaria.
Las experiencias vividas
En los procesos de paz centroamericanos, como en el de Colombia, hubo modificaciones a las agendas principales o se subscribieron otras agendas o acuerdos; en los que hay coincidencia en los temas básicos, algo que no es de extrañar, al saber la importancia que han jugado para el caso guatemalteco y colombiano las referencias salvadoreñas. Con independencia de la particularidad de cada conflicto y país, los negociadores colombianos de ambas partes viajaron varias veces a Centroamérica donde se nutrieron de experiencias e incluso llevaron a trabajar, como consejeros especiales de sus gobiernos o grupos armados, a quienes habían firmado los acuerdos de paz en Nueva York. Valga de ejemplo la asesoría que prestó Joaquín Villalobos al gobierno del presidente Pastrana.{97}
Para lograr una visión más específica de las temáticas de paz en su conjunto, a continuación se tratan algunas cuestiones cruciales como las reformas políticas, la situación de los Derechos Humanos, la desmovilización guerrillera y el proceso de desmilitarización, presentes en todas las agendas y acuerdos estudiados. Su comparación permite apreciar que su inclusión se basó más en consideraciones operativas que en la búsqueda de coincidencias o compromisos ideológicos.
Las reformas políticas
La historia política de Centroamérica, salvo tal vez Costa Rica y Belice, tiene en común, no solo el vínculo histórico, sino también el incipiente desarrollo de su sistema institucional. La imagen de unas “Repúblicas bananeras”, administradas más como haciendas agrícolas que como verdaderos Estados o Repúblicas, no estaba lejos de la realidad. Se puede afirmar que sin un Estado conformado y fuerte, ni mucho menos una tradición democrática, los pueblos centroamericanos tenían la necesidad de solucionar no solo sus graves problemas de guerra sino que también estaban ante la urgencia de inaugurar, en muchos casos, o reformar el caduco aparato administrativo estatal.
Casi dos décadas después los acuerdos de paz centroamericanos tienen como logro positivo: la democratización paulatina de los Estados, sobre todo en El Salvador; muy a pesar del logro parcial en las reformas del sistema judicial y del alto grado de impunidad de los delitos. Se espera que estos avances, formales en sus comienzos, con el tiempo consoliden una cultura democrática en la región.{98} Comparado con el caso de El Salvador es evidente que la situación de las FARC-EP y el gobierno de Pastrana nunca llegó más allá de la primera fase de acercamientos que llevó a la región centroamericana a la paz. Es decir, cuando las partes apenas habían planteado de manera muy general sus posiciones y principios, bajo un ambiente de mutua desconfianza.
En Guatemala el proceso de las reformas del sistema político marcha a ritmo lento por una parte, a causa de la poca fuerza política que ejerce la guerrilla desmovilizada y, de otro lado, debido a la tradicional debilidad del Estado guatemalteco. Un Estado que nunca ha tenido capacidad efectiva de administración. Luego de la firma de la paz, por un periodo muy corto, llegaron muchos recursos del Grupo de países amigos (España, Estados Unidos Colombia, México, Noruega y Venezuela); pero los dirigentes guatemaltecos no previnieron su ausencia pasado el ímpetu de los acuerdos. Otro ejemplo es la dificultad de una integración real de la población, en su mayoría indígena, sin la creación de fuentes de empleo, créditos sin usura, así como el respeto de sus lenguas y culturas.{99}
En general hay que recordar que la salida a la llamada crisis centroamericana pagó el alto precio de acomodarse a lo posible; pues como bien lo anota Rodrigo Páez: “La desactivación de la crisis dejó intactos, sin embargo, los aspectos relativos a situaciones estructurales, hasta hacía poco consideradas como los focos sustanciales de las problemáticas sociales y políticas explosivas, origen de la misma”.{100} Una prueba de ello fue la activación en pocos años de un tipo de criminalidad asociada a bandas de jóvenes, conocidas como “maras”, producto de la marginación extrema en la que vive la mayoría de población de estos países, en particular la que no tiene acceso “al privilegio” de las remesas familiares provenientes en su mayor parte de los Estados Unidos.{101}
La brecha social aumentó, todavía más, hasta el grado de dividir a la sociedad centroamericana en ciudades y poblaciones con pequeñísimos centros, imitadores del consumo del primer mundo, temerosos de secuestros y robos frecuentes; y otras zonas miserables, la mayoría, sin ninguna capacidad real de organización critica al sistema y donde la tensión de la pobreza extrema se manifiesta en la violencia ciega y la autodestrucción rápida a través de drogas de muy baja calidad.
En el caso colombiano se reconoce que, muy a pesar de los avatares de violencia que ha padecido el país durante su historia republicana, hay una rica tradición democrática y un Estado que, sin funcionar a la perfección, administra y ejerce autoridad sobre el sistema político y económico. Desde 1991, Colombia tiene además una de las constituciones más avanzadas del mundo al reconocer derechos plenos a las minorías, la defensa cabal de los Derechos Humanos, los derechos de tutela y amparo, la defensa de la diversidad cultural y una moderna protección de la biodiversidad; sin embargo su vigencia es letra muerta en la medida que son muy pocas las posibilidades de hacer valer esos derechos.{102}
Muchas de las demandas guerrilleras fueron introducidas en esta Carta Magna por guerrilleros desmovilizados del M-19 y el EPL. Por ello hay quienes piensan que las FARC deben ceder sus presiones reformistas a la mera existencia de dicha Constitución: “se puede decir que las guerrillas (en Colombia) hoy en día combaten por la implementación de reformas que ya existen”.{103} Sin embargo hay tanta distancia entre la realidad y la institucionalidad proclamada en las leyes que algunos analistas hablan de un colapso parcial del Estado, en razón de: “la pérdida del monopolio de las armas, los altos índices de la criminalidad, los niveles de impunidad y el vacío de la presencia estatal en múltiples regiones del país”.{104}
Otra dificultad es que el sistema formal democrático colombiano carece de tantas garantías que llamarlo democracia parece in exceso. Por ello es preciso definir cuál es la democracia deseada que permita a todos los actores enfrentados por décadas vivir en paz. Las FARC-EP buscan una democratización muy distinta a la firmada por los otros grupos guerrilleros, en Colombia y Centroamérica. Propone la transición de la formalidad a la participación democrática plena, expresada en una nueva ley de partidos políticos, en una profunda reforma judicial y electoral, en la lucha frontal a la corrupción, el cese de la impunidad y el desmonte y desarme de los grupos paramilitares. La implementación de estos cambios será la única garantía de que los acuerdos firmados tengan posibilidad de ser operativos.{105}
Otro fenómeno que corroe la esencia democrática colombiana es la participación de inmensas sumas de dinero del narcotráfico en el aparato estatal, lo que por muchos años ha sostenido un modelo económico en buena parte libre de los problemas de la deuda externa y de los sobresaltos de las economías dependientes de productos legales. Casi sin excepción, toda la clase política tradicional ha sido puesta en entredicho por la financiación de sus campañas políticas con “dineros calientes”.{106} El caso más extremo lo constituyó el periodo presidencial (1994-1998), cuyo hecho más importante fue el acoso, nacional e internacional, para destituir al presidente de la República por haber financiado su campaña con auxilios económicos de los narcotraficantes.
El narcotráfico ha desempeñado un papel central como generador de violencia al crear sus propios grupos armados y aplicar acciones terroristas a todos los que impiden su expansión. A diferencia de Centroamérica, la presencia del narcotráfico en Colombia complica la solución política, en la medida en que sus recursos son parte importante en el aumento del poderío militar de los actores del conflicto. De forma directa las bandas paramilitares reciben financiación de los narcotraficantes para que protejan de la guerrilla sus dominios territoriales. Por su parte, las guerrillas: “han establecido todo un sistema tributario que les permite extraer parte del excedente económico de las regiones en donde se cultivan, procesan, producen y exportan las drogas ilícitas”.{107} Siendo así, queda claro que ninguno de los actores del conflicto colombiano ha podido excluirse de la utilización de dinero proveniente del narcotráfico, lo cual obliga a que el trato de este tema sea manejado con menos ligereza que la estigmatización mutua entre los actores y que además se comprenda, como lo decía un estudio sobre el tema de 1991, que “el narcotráfico ha penetrado hasta los últimos resquicios de sociedad de la política, de la economía e incluso de la cultura y del deporte”.{108}
Y aunque estos autores aseguren que “en muchos sentidos, los narcotraficantes también son empresarios por excelencia, solo que al desempeñarse en un mercado ilegal las reglas del juego son otras”; la manera como han llegado a intervenir en los asuntos del Estado y del conflicto en general ha sido a través de la corrupción, la violencia extrema y la desestabilización del sistema político, lo que los coloca dentro de un orden coherente de ascensión al poder.{109} Situación que se evidencia en la preocupación de las élites colombianas ante el crecimiento desmesurado de los grupos paramilitares, ya no tanto por su avance militar; sino en especial por su cada vez mayor control político de vastas regiones del Colombia.
En la semana del 26 de septiembre al 3 de octubre de 2004, los tres principales medios de comunicación escrita de Colombia (el diario El Tiempo, la revista Semana y el periódico El Espectador) dedicaron sus páginas editoriales a la publicación de diferentes estudios sobre el paramilitarismo; pero, a diferencia de investigaciones anteriores, el tema no fue tratado solo desde el aspecto militar o la cruda descripción de las masacres ejecutadas por las autodefensas, sino que esta vez propiciaron una fuerte polémica al mostrar cifras e informaciones contundentes sobre al avance político de los paramilitares.{110}
En las más altas instancias del gobierno se discutió que “El proyecto político de los paramilitares es más peligroso que su proyecto militar. La guerrilla tarde o temprano negociará porque está perdiendo base social. Los paramilitares, por el contrario, la están ganando con un proyecto político disfrazado de participación democrática”. Incluso el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, aceptó que “quizás, [el paramilitarismo es] el más grave problema de gobernabilidad que tiene el Estado colombiano”.{111} Así mismo, según la Presidencia de la República, citada en otro reporte, hay 49 frentes [paramilitares] en 26 de los 32 departamentos del país y en 382 de los 1.098 municipios. Con casi 13.500 hombres armados, distribuidos en un 35 % del territorio nacional.{112}
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