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Pascual Serrano
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© Helena Villar, 2021
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Helena Villar
Esclavos Unidos
La otra cara del American Dream
Estados Unidos como potencia económica es objeto de deseo mundial. Tanto entre las elites, que lo ven como lo más cercano a la utopía del libre mercado, la competencia y la privatización, como entre los más pobres, embebidos por un incesante imperialismo cultural que les graba a fuego el American Dream de la tierra de las oportunidades. Sin embargo, la realidad difiere bastante de la imagen que Washington proyecta ante el mundo, especialmente en el caso de la clase media y trabajadora, encadenada a producir beneficios sin descanso en un contexto de práctica ausencia de Estado del bienestar.
Así, el llamado «excepcionalismo americano», enarbolado hasta la saciedad para presumir de una construcción nacional superior al resto, podría ser utilizado de forma válida si se le dota de un significado de singularidad que, en este caso, dista de ser positivo. Porque Estados Unidos es el país con más habitantes encarcelados del planeta, es el país con más armas per cápita de todo el mundo, tiene el mayor ejército, la esperanza de vida es similar a naciones latinoamericanas en desarrollo, tiene el porcentaje de pobreza juvenil más alto de la OCDE, registra la mayor deuda pública del planeta, sus ciudadanos tienen veinte veces más probabilidades de morir por violencia armada que el resto de países industrializados, compite en los primeros puestos de desigualdad, es el país con mayor número de fallecidos por consumo de drogas y registra una alta tasa de analfabetismo. ¿Alguien da más?
Helena Villar es licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene un máster en Televisión por la Universidad Rey Juan Carlos. Su primer contacto profesional en medios de comunicación fue en el diario El País, donde trabajó como becaria en la sección de Política. Posteriormente, también estuvo en la Agencia EFE en Barcelona.
Tras cursar el máster, la periodista entró a formar parte de Televisión Española. Allí pasó por el Canal 24 Horas, informativos, TVE Catalunya o por programas como España Directo hasta noviembre de 2014. Desde esa fecha, pasa a formar parte de la plantilla del canal ruso de noticias RT en Español como corresponsal de la cadena en España, hasta que en junio de 2017 fue nombrada corresponsal en Washington DC, con movilidad por todo Estados Unidos.
A mi hija. Por un mundo en el que la libertad
no esté secuestrada por el privilegio.
PRESENTACIÓN
Es tanta la presencia de Estados Unidos en nuestros medios de comunicación, que todos tenemos la sensación de viajar allí constantemente. Nos resultan familiares las calles de Nueva York, la fachada del Capitolio, los rascacielos de Manhattan, las casas de Nueva Orleans, el desierto de Arizona o las mansiones de Los Ángeles. Vemos la cara del presidente de Estados Unidos más veces que la de nuestros familiares del pueblo de al lado. Todos tenemos la sensación de haber estado en el interior de la casa de un estadounidense: su fachada con césped, su soportal con porche de madera y endeble puerta, su escalera hacia las habitaciones, su amplia cocina. Conocemos el uniforme de sus policías y de sus camareras de bares de carretera, y hasta los gestos de sus adolescentes y afroamericanos sin haber hablado nunca con ninguno de ellos.
Es verdad que no todo lo que nos cuentan es bueno, hay noticias de tiroteos, imágenes de indigentes y alguna vez hasta disturbios, pero toda esa gente no tiene cara, son impersonales. En cambio, los protagonistas de películas y series y los famosos sí que son humanos, sonrientes, amables y felices. Hasta han conseguido que nos caiga bien un gañán, egoísta y reaccionario como Homer Simpson, que en España votaría a Vox.
Pues ahora olviden todo eso y vengan a conocer la realidad de Estados Unidos a través de este nuevo libro de la colección A Fondo, Esclavos Unidos. La otra cara del American Dream. Su autora, la periodista Helena Villar, tiene las dos condiciones necesarias para contarnos cómo es ese país: primero, lo conoce bien porque vive allí y todos los días explica lo que sucede como corresponsal de la televisión Russia Today en Español, y, segundo, es española, lo que le permite interpretar los contrastes y desmontar nuestros estereotipos.
El estilo de Villar aúna el rigor del periodista que maneja datos y fuentes con otra característica más específica de los periodistas de televisión: los testimonios de los protagonistas. Esos estadounidenses que nunca aparecen en sus series de televisión ni en sus películas los escucharemos en este libro.
Ir avanzando por sus páginas es ir superando en cada capítulo el impacto y la convulsión que produjo el anterior. Después de descubrir que cuatro millones de niños no tienen cobertura sanitaria, encontrará que en ese país se debe pagar 140 dólares por un vial de insulina que cuesta cinco dólares fabricar, que la gente se medica con antibióticos para peces porque son los únicos que pueden pagar y que muchas personas sobreviven gracias al dinero que les pagan por vender su sangre. De ahí que las empresas que la compran se instalen en los barrios pobres o cerca de la frontera donde se nutren de inmigrantes.
En el capítulo sobre educación encontrará un país donde los maestros deben completar su sueldo trabajando de conductores de Uber para poder sobrevivir. Que, como los colegios se financian con dinero municipal, cuanto más pobre es el barrio menos dinero hay para su funcionamiento. Que 45 millones de universitarios deben 1,6 billones por los préstamos que pidieron para poder estudiar y que algunos llegan a la jubilación todavía pagando esos préstamos: la deuda estudiantil de estadounidenses que tienen entre sesenta y sesenta y nueve años es de 85.000 millones de dólares.
Y, por supuesto, veremos pobreza y hambre. El 43% de los hogares estadounidenses no pueden pagar lo básico para vivir, incluso con algún adulto trabajando. La ONU contabiliza 40 millones de personas pobres, con la tasa de pobreza juvenil más alta de la OCDE.
Eso mientras el 41% de los trabajadores no disfrutan de vacaciones ni de días festivos en todo el año, porque la ley no obliga a las empresas. De hecho, Estados Unidos es uno de los tres únicos países del mundo que no ofrece baja maternal remunerada.
La autora nos trae informes que muestran que la desigualdad en Estados Unidos ha llegado a tal punto que, en los últimos años, el 1% de los estadounidenses más ricos ha arrebatado 50 billones al 90% más pobre. Un estudio histórico ha revelado que, en ese faro del mundo libre y democrático que es Estados Unidos, la sociedad es más desigual que en el antiguo Imperio romano. Sí, sí, como lo oyen, en la Antigua Roma el coeficiente de desigualdad de Gini establecía que el 1% de la gente acumulaba el 16% de la riqueza, mientras que en Estados Unidos se lleva el 40%. Se calcula que los tres individuos más ricos tienen el mismo patrimonio que la mitad más humilde del país, es decir, que 160 millones de personas.
Otro valor que tiene este libro para los europeos es que podemos apreciar tendencias que nos vienen. La más espectacular, la de las empresas colaborativas que surgieron en California; la autora nos explica cómo allí lograron doblegar al poder político para poder imponer su modelo laboral, que no es otro que el de trabajadores sin ningún derecho. Ya están también en Europa y su intención es dejar de ceñirse a sectores concretos (reparto o transporte de pasajeros) para ir fagocitando otros ámbitos y arrasar los derechos laborales.
Helena Villar también nos cuenta de qué se mueren los norteamericanos: 38 mil estadounidenses fallecen por violencia armada al año, 100 al día. En el caso de sus mujeres, cada mes 52 son asesinadas a tiros por su marido o novio (aparte están las agresiones sexuales, una cada 73 segundos). Puedes tener suerte y no llegar a morirte, sólo a enfermar por las malas condiciones del agua de los sistemas públicos de distribución, como a 19,5 millones de estadounidenses cada año. Los militares tienen su sistema propio de muerte, que, por cierto, no tiene que ver directamente con la guerra. Seis mil exmilitares o militares se suicidan cada año (más de los que caen en combate). El enemigo que mata a los soldados estadounidenses son ellos mismos, o, mejor dicho, el Gobierno que te hace militar, te lleva a la guerra, te abandona y te proporciona la pistola para que te pegues un tiro. Eso cuando no los expulsa del país después de volver del frente si son emigrantes.
Pero eso debe ser así para mantener la industria de la guerra del país con casi 800 mil trabajadores haciendo ricos a los directivos de las grandes empresas de armamento. Como dice Villar, «hay más señores de la guerra en Washington DC y en las mansiones de Maryland y Virginia que en Afganistán». El choriceo de dinero público de la industria de la guerra es tal que los auditores contratados por 400 millones para aclarar las cuentas abandonaron su objetivo un año después. El Pentágono no pudo explicar el destino de 21 billones de dólares gastados entre 1998 y 2015. Y ahí siguen, gastándose el 61% del presupuesto federal frente al 5% para sanidad o educación.
Los métodos por los que grandes empresas drenan el dinero público son numerosos y cada cual más miserable. Algunos datos que nos ofrece Helena Villar: desde siete mil millones para las que encarcelan a emigrantes sin papeles, pasando por un sueldo de 816 mil dólares anuales para el directivo de un albergue privado contratado para acoger indigentes en condiciones infrahumanas, hasta empresas que contratan presos a 23 centavos la hora.
Una de las cosas que menos se cuentan es que Estados Unidos es el país del mundo con mayor número de ciudadanos encarcelados, niños incluidos, porque en 29 estados es legal procesar a niños a partir de cinco años. El 20% de presos del planeta están en ese país, aunque sólo viva el 5% de los habitantes mundiales. Una de las razones del bajo nivel de desempleo de Estados Unidos es que los pobres allí no están parados, están en la cárcel porque no pudieron pagar una fianza tras cometer un delito menor como sentarse en una acera o acampar por no tener vivienda.
Pero, eso sí, los políticos son todos muy religiosos, sólo un miembro del Congreso se declaró aconfesional en enero de 2021.
Helena también nos desmonta el mito de un país económicamente poderoso. En 2021 tenía una deuda de 27 billones de dólares, es decir, 84 mil euros por cada ciudadano. Con esa deuda ya hubiera sido intervenido con los criterios económicos de la Comisión Europea como sucedió con Grecia.
Y con ese panorama, el «modelo americano» ha conseguido que el 100% de los estadounidenses pobres se consideren muy o bastante orgullosos de su nación. Y eso que, a la deuda nacional anteriormente señalada, hay que añadir la que tiene cada norteamericano con las financieras, concretamente 90.460 dólares.
Después de leer este libro llegaremos a la conclusión de que el balance del ciudadano medio estadounidense es este: con trabajo, uno o varios; sin derecho a vacaciones, pero sin poder llegar a fin de mes; sin una cobertura sanitaria, lo que le obliga, por ejemplo, como hemos dicho, a pagar 140 dólares por un vial de insulina y recurrir a antibióticos para peces; siempre esquivando la muerte para no ser una de las 100 víctimas diarias por arma de fuego, y con una deuda de 90.460 dólares con los bancos (más otros 84 mil en tu nombre que debe el Gobierno estadounidense a otros países o financieras). Pero siempre orgulloso de su nación.
Pero tenga en cuenta que los datos e información que le acabo de ofrecer son una parte nimia de todo lo que conocerá y aprenderá leyendo Esclavos Unidos. La otra cara del American Dream, porque no siempre se tiene a nuestra disposición a una periodista ajena a Estados Unidos recogiendo los números y los testimonios de lo que nunca nos cuentan de ese país.
Pascual Serrano
IntroduccióN
Como deja claro Helena Villar en este libro, el sadismo define casi todas las experiencias culturales, sociales y políticas en los Estados Unidos. Tiene su expresión en la codicia de una elite oligárquica que ha visto cómo, durante la pandemia, su riqueza se incrementaba en 1,1 billones de dólares, mientras el país sufría el aumento más pronunciado de su tasa de pobreza en más de 50 años. Tiene su expresión en homicidios extrajudiciales por parte de la policía en ciudades como Minneapolis. Tiene su expresión en nuestra complicidad en el asesinato indiscriminado de palestinos desarmados por Israel, en la crisis humanitaria generada por la guerra en Yemen y en nuestros regímenes de terror en Afganistán, Iraq y Siria. Tiene su expresión en la tortura en nuestras cárceles y en prisiones clandestinas. Tiene su expresión en la separación de los niños de sus padres indocumentados, retenidos como si se tratara de perros en una perrera.
El historiador Johan Huizinga, cuando escribía sobre el otoño de la Edad Media, sostenía que, a medida que las cosas se desmoronan, se abraza el sadismo como una forma de afrontar la hostilidad de un universo indiferente. Una vez roto el vínculo con un objetivo común, una sociedad fracturada se refugia en el culto al yo. Se celebra, tal como hacen las empresas y corporaciones en Wall Street o la cultura de masas a través de los programas de telerrealidad, los rasgos clásicos de los psicópatas: encanto superficial, pomposidad y arrogancia; necesidad de un estímulo y una excitación constantes; inclinación a la mentira, el engaño y la manipulación, e incapacidad para el remordimiento o la culpa. Consigue lo que puedas, tan rápido como puedas, antes de que algún otro lo haga. Este es el estado natural de la «guerra del todos contra todos»; como consecuencia del colapso social, Thomas Hobbes veía un mundo en el que la vida se torna «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta». Y este sadismo, como vislumbró Friedrich Nietzsche, alimenta un placer perverso, sádico.
Para la mayoría de los estadounidenses, la única salida es servir, como hace Biden, a la máquina sádica. El empobrecimiento de la clase trabajadora ha condicionado a decenas de millones de estadounidenses a que acepten ponerse al servicio de una policía militarizada que funciona como un ejército letal de ocupación interna; de un ejército que lleva a cabo regímenes de terror en el transcurso de ocupaciones en el extranjero; de agencias de inteligencia que torturan en prisiones clandestinas globales; de la vasta red gubernamental de espionaje a la ciudadanía; del robo de información personal por parte de agencias de crédito y medios digitales; del sistema penitenciario más grande del mundo; de un servicio de inmigración que persigue a personas que nunca han cometido un delito y separa a los niños de sus padres para «almacenarlos» en depósitos; de un sistema judicial que condena a los pobres a décadas de prisión, a menudo por delitos no violentos, y les niega la posibilidad de un juicio con jurado; de las empresas que llevan a cabo el trabajo sucio de los desahucios, el corte de servicios públicos (entre ellos el agua), el cobro de deudas abusivas que abocan a la gente a la bancarrota y la denegación de servicios médicos a quienes no pueden pagar; de bancos y prestamistas que gravan a las personas sin recursos con créditos abusivos y con elevados intereses, y de un sistema financiero diseñado para mantener a la mayor parte del país presa de una deuda agobiante mientras la riqueza de la elite oligárquica aumenta hasta niveles nunca vistos en la historia de Estados Unidos.
Estos son algunos de los pocos trabajos que están bien remunerados. Traen consigo sentimientos de omnipotencia, ya que las víctimas están en gran medida indefensas. Al servicio del Estado o de las corporaciones, los empleados pueden abusar, humillar e incluso matar con impunidad, como pone de manifiesto el asesinato casi diario de civiles desarmados por parte de la policía. Este servicio a los monolíticos centros de poder exonera a las personas de tener que hacer una elección moral. Confiere una omnipotencia casi divina.
Sabemos qué aspecto adquiere este sadismo. El de un Derek Chauvin indiferente asfixiando hasta la muerte a George Floyd mientras sus compañeros policías miran impasibles. El de Andrew Brown Jr. recibiendo cinco disparos de la policía en Carolina del Norte, entre ellos uno en la parte posterior de la cabeza. El de Abner Louima, a quien la policía introdujo un palo de escoba por el recto en un baño en la comisaría número 70 de Brooklyn, lo que requirió tres operaciones de importancia para reparar las lesiones internas. El de Edward Gallagher, jefe de operaciones especiales de los Navy Seal, disparando y matando al azar a civiles desarmados y usando un cuchillo de caza para apuñalar repetidamente hasta la muerte a un prisionero iraquí herido y sedado, de diecisiete años de edad, y luego fotografiarse con el cadáver. El de civiles iraquíes, la mayoría sin relación alguna con la insurgencia, desnudos, atados, golpeados, humillados sexualmente y violados, y a veces asesinados, por soldados y contratistas privados en Abu Ghraib. Los detenidos en Abu Ghraib eran sistemáticamente arrastrados por el suelo de la prisión con una cuerda atada a sus penes, se usaban luces químicas para sodomizarlos o para que el líquido fosfórico pudiera verterse sobre sus cuerpos desnudos. El de las mujeres que son torturadas, golpeadas, degradadas y violadas, a menudo por un grupo numeroso de hombres, en películas porno, y de las que, al cabo de unas pocas semanas o meses, se prescinde con traumatismos severos, además de enfermedades de transmisión sexual y de desgarros vaginales y anales cuya curación requiere de intervención quirúrgica.
Las sociedades sádicas rechazan y condenan a ciertos sectores de la población –en Estados Unidos son los negros pobres, los musulmanes, los indocumentados, la comunidad LGBTQ, los anticapitalistas radicales, los intelectuales– al considerarlos desechos humanos. Se los ve como contaminantes sociales. Leyes, instituciones y estructuras burocráticas forman parte de esas sociedades sádicas que funcionan, en palabras de Max Weber, como una «máquina inanimada». La máquina empuja a la mayoría de la gente a la masa, pero permite que quienes quieran hacerse cargo de su trabajo sucio estén por encima de la multitud. Quienes ejecutan ese sadismo en nombre de la elite en el poder sienten miedo de que los devuelvan a la masa. Por esta razón, cumplen enérgicamente con la degradación, la crueldad y el sadismo que la máquina exige. Cuanto más insultan, persiguen, torturan, humillan y matan, más parecen ampliar mágicamente la brecha entre ellos y sus víctimas. Por eso, policías y funcionarios de prisiones negros pueden ser tan crueles, y a veces más, que sus homólogos blancos.
El sadismo erradica en el sádico, al menos momentáneamente, los sentimientos de inferioridad, vulnerabilidad y de verse afectado por el dolor y la muerte. Le proporciona placer. Fui golpeado por la policía militar saudí y más tarde por la policía secreta de Sadam Huseín cuando me hicieron prisionero tras la primera Guerra del Golfo. Se veía claramente que los matones encargados de las palizas disfrutaban con ello. El abuso que lleva a cabo Israel sobre los palestinos, los ataques a musulmanes, niñas y mujeres en India y la estigmatización de los musulmanes en los países que ocupamos son parte de una degradación global que se extiende más allá de Estados Unidos. Wilhelm Reich en The Mass Psychology of Fascism (La psicología de masas del fascismo) y Klaus Theweleit en Male Fantasies (Fantasías masculinas) sostienen que, más que cualquier sistema de ideas coherente, el núcleo del fascismo lo constituye el sadismo, junto con una hipermasculinidad grotesca.
Jean Amery, que estuvo en la resistencia belga en la Segunda Guerra Mundial y que fue capturado y torturado por la Gestapo en 1943, define el sadismo «como la negación radical del otro, la impugnación simultánea tanto del principio social como del principio de realidad. En el mundo del sádico triunfan la tortura, la destrucción y la muerte, y está claro que un mundo así no tiene esperanzas de sobrevivir. Por el contrario, el sádico desea trascender el mundo, alcanzar una soberanía total negando y anulando a sus semejantes, a los que ve como representantes de un tipo particular de “infierno”».
La observación de Amery es importante. Una sociedad sádica tiene que ver con la autodestrucción colectiva. Es la apoteosis de una sociedad deformada por experiencias abrumadoras de pérdida, alienación y éxtasis. La única manera que queda de afirmarse en sociedades fracasadas es destruir. Johan Huizinga en su libro El otoño de la Edad Media señaló que la disolución de la sociedad medieval provocó «el tono violento de la vida». Hoy día, este «tono violento de la vida» lleva a la gente a llevar a cabo asesinatos policiales, desahucios de familias, bancarrotas decretadas por órdenes judiciales, la denegación de atención médica a los enfermos, atentados suicidas y tiroteos masivos. Como vio el sociólogo Emil Durkheim, quienes buscan la aniquilación de los otros se ven impulsados por deseos de auto-aniquilación. El sadismo hace que suba la adrenalina y da placer, a menudo con fuertes matices sexuales, lo que nos lleva a ser atraídos por lo que Sigmund Freud llamó la pulsión de muerte, la pulsión de destruir todas las formas de vida, incluida la nuestra. Y en un mundo en el que la muerte lo impregna todo, se la acaba considerando irónicamente como el remedio.
El capitalismo corporativo, que ha pervertido los valores de la sociedad estadounidense para mercantilizar todas y cada una de sus facetas, incluidos los seres humanos y el mundo de la naturaleza, insiste en que son los dictados del mercado los que deben regir nuestra existencia, una convicción imbuida de sadismo. Se trata de ese placer derivado de la explotación de los demás del que escribió Fredrich Nietzsche en La genealogía de la moral:
Formémonos una clara idea de la lógica que subyace a toda esta manera de obtener una compensación: es harto extraña. La equivalencia se da cuando en lugar de una ventaja que compense directamente el daño (por tanto, en lugar de una compensación en dinero, tierra o posesiones del tipo que sea) se concede al acreedor como reembolso y compensación una especie de sensación de bienestar, la sensación de bienestar que experimenta cuando ve que le es lícito descargar su poder sin reparo alguno sobre alguien impotente, la voluptuosidad «de fair le mal pour le plaisir de le faire» [hacer el mal por el placer de hacerlo], el disfrute en la violación: un disfrute que se tiene en tanto más estima cuanto más abajo esté el acreedor en el orden de la sociedad y más fácil sea que le parezca el más exquisito de los bocados, e incluso una forma de pregustar un rango superior. Mediante el «castigo» del deudor, el acreedor participa de un derecho reservado a los señores: finalmente llega a experimentar también él la exaltante sensación de poder lícitamente despreciar y maltratar a otro ser como a un «inferior», o al menos –en el caso de que el poder mismo de castigar, de ejecutar la pena, ya se haya puesto en manos de las «autoridades»– de verle despreciado y maltratado. La compensación consiste, por tanto, en una licencia y derecho a la crueldad[1].
Unos ejecutivos de la compañía energética Enron, en un diálogo que podría proceder de cualquier gran corporación, fueron grabados en el año 2000 mientras discutían «robar» en California, refiriéndose a la «abuela Millie». Los dos operadores, identificados como Kevin y Bob, rechazaban las demandas de reembolso por parte de los reguladores californianos ante la constante especulación con los precios llevada a cabo por la compañía.
Kevin: ¿Así que el rumor es cierto? ¿Están jodiendo para que devolváis todo el dinero? ¿Todo ese dinero que robasteis a esas pobres abuelas en California?
Bob: Sí, a la abuela Millie, tío. La única que no sabría cómo coño usar una papeleta para votar.
Kevin: Sí, ahora quiere que le devolvamos su puto dinero por toda la electricidad que le cobrasteis a unos jodidos 250$/megavatio hora.
Bob: Ya sabes, la abuela Millie, por la que está luchando Al Gore, ¿sabes?
En un momento posterior de la misma conversación, Kevin y Bob denigran a los californianos.
Kevin: Oh, lo mejor que podría pasar es que viniese un puto terremoto, dejar esa cosa flotando por el Pacífico y ponerles unas putas velas.
Bob: Lo sé. Esos tipos… hay que acabar con ellos.
Kevin: Están tan jodidos y están completamente…
Bob: Están tan jodidos.
No nos libraremos del capitalismo depredador y de su cultura sádica con unas míseras migajas concedidas por el Gobierno. No nos libraremos porque las astutas personas que escriben los discursos a Biden y los especialistas en relaciones públicas, que utilizan encuestas y grupos de debate para decirnos lo que queremos oír, pueden hacer que sintamos que la Administración está de nuestro lado. No hay buena voluntad en la Casa Blanca de Biden, en el Congreso, los tribunales, los medios de comunicación –que se han convertido en una caja de resonancia de las clases privilegiadas– o las juntas directivas de las corporaciones. Ellos son el enemigo.
Nos libraremos de esta cultura sádica de la misma manera que los desheredados se sacudieron el yugo del capitalismo clientelista durante la Gran Depresión, organizándose, protestando y disturbando el sistema hasta que las elites gobernantes se vean obligadas a conceder algún tipo de justicia social y económica. El Bonus Army, veteranos de la Primera Guerra Mundial a los que se había denegado el pago de pensiones, estableció en Washington inmensos campamentos que fueron violentamente desmantelados por el ejército. En la década de 1930, grupos de vecinos, muchos de ellos miembros de los Wobblies o del Partido Comunista, impidieron físicamente que la policía del condado desahuciase a familias. En 1936 y 1937, el sindicato United Auto Workers llevó a cabo una huelga de brazos caídos en las fábricas que paralizó General Motors, obligando a la compañía a reconocer el sindicato, aumentar los salarios y satisfacer las demandas sindicales de protección y condiciones de trabajo dignas y seguras. Fue una de las conquistas laborales más importantes en la historia estadounidense y llevó a la sindicación de toda la industria automovilística del país. Los agricultores, a los que los grandes bancos y Wall Street habían llevado a la bancarrota y a embargos, fundaron la Farmer’s Holiday Association para protestar por la incautación de granjas familiares, una de las razones por las que ladrones de bancos como John Dillinger, Bonnie y Clyde, y la Banda Barker eran auténticos héroes populares. Los agricultores cortaron carreteras y destruyeron montañas de productos agrícolas, lo que redujo el abastecimiento y provocó una subida de los precios. Los agricultores, al igual que los trabajadores del automóvil sindicados, fueron objeto de una amplia vigilancia gubernamental y de ataques violentos por parte del FBI, matones a sueldo de las compañías, bandas de delincuentes contratadas, elementos paramilitares y policías del condado. Pero la militancia dio sus frutos. Los agricultores obligaron al Estado a aceptar una moratoria de facto sobre los embargos de granjas. Al mismo tiempo, las manifestaciones masivas fuera de las capitales estatales presionaron a los órganos legislativos para que impidiesen el cobro de los pagos hipotecarios vencidos. En el sur, arrendatarios y aparceros formaron sindicatos. El Departamento de Trabajo calificó su acción colectiva de «guerra civil en miniatura».
Las personas desempleadas y hambrientas de todo el país ocuparon tierras y casas vacías, formando barrios de chabolas conocidos con el nombre de Hoovervilles. Los indigentes se adueñaron de edificios y empresas públicos. Esta presión constante, y no la buena voluntad de Franklin Delano Roosevelt, es lo que dio lugar al New Deal. Él y sus colegas oligarcas acabaron comprendiendo que, si no se llevaba a cabo una reforma, habría una revolución, algo que Roosevelt reconocía en su correspondencia privada.
Hasta que no se reintegre a la gente en la sociedad, hasta que no se elimine el control corporativo y oligárquico de nuestros sistemas educativo, político y mediático, hasta que no recuperemos la ética del bien común, no habrá esperanza de restablecer los vínculos sociales positivos que fomentan una sociedad sana. En la Historia, son numerosos los ejemplos que ilustran cómo funciona este proceso. Hay que jugar con el miedo. Y hasta que no hagamos que sientan temor, hasta que un aterrorizado Joe Biden y los oligarcas a los que sirve no vean ante ellos un mar de horcas y tridentes, no lograremos poner freno a la cultura del sadismo que han urdido.
Chris Hedges
Periodista, escritor y presentador de televisión, ganador del Premio Pulitzer
[1] Traducción tomada de [https://biblioteca.org.ar/libros/211756.pdf], p. 37.
PREFACIO
La tormenta perfecta.
Cómo la COVID-19 desnudó la crueldad del sistema
El contador se acercaba peligrosamente a las 10 mil muertes y, siendo domingo, todo el mundo daba por hecho que la nueva semana, la segunda de abril del año 2020, empezaría con un macabro ascenso hacia el nuevo millar. Hacía tiempo que se desistía de recibir respuestas sobre un fin o incluso un descenso, por lo que las dudas más recurrentes eran con cuánta rapidez se registrarían nuevos casos o qué estados seguirían en cabeza. En tiempos de una debacle semejante, sin embargo, el panorama seguía segregado, sin una narrativa trágica nacional. Tuvo que ser alguien con solapas ornamentadas de medallas y estrellas, el cirujano general de Estados Unidos Jerome Adams, quien lo expresara de manera sumamente gráfica en la cadena Fox News –privada y/o gubernamental, dependiendo de quien esté al frente de la Casa Blanca–: «Esto va a ser como Pearl Harbor, como los ataques del 11 de Septiembre, sólo que no estará localizado, ocurrirá en todo el país. Quiero que Estados Unidos entienda esto». Sólo el día 8 murieron 1.973. Ese viernes, más de dos mil. Siguiendo con los símiles históricos, alguien recordaba en Twitter que fueron 2.500 los fallecidos estadounidenses el Día D, durante el desembarco de Normandía.
Una cosa es estar acostumbrado a los cementerios Cypress Hills o Mount Lebanon y otra es ver cadáveres envueltos en plásticos frente a tu apartamento. Es lo que muchos de los residentes de inmuebles en Bushwick, Brooklyn, pensaron cuando se dieron cuenta de que no sólo iban a permanecer encerrados en sus minúsculos apartamentos, sino que además habían resultado agraciados con una morgue temporal para víctimas de la covid-19. Multitud de carpas gigantes y grandes camiones refrigerados ocuparon esos días lugares insospechados en una de las ciudades más turísticas del mundo. Pocos habrían podido imaginar, tan sólo algunas semanas antes, que los aledaños del Hospital Bellevue en Manhattan, apenas a 20 minutos a pie del infinitamente visitado Empire State, se convertirían en el mayor BCP de Nueva York, siglas creadas por las autoridades para dulcificar lo que básicamente era un punto de recogida de cuerpos. A unos kilómetros de allí, cadáveres en fila apilándose en una gran fosa común impactaban en las retinas de medio mundo. Un vídeo grabado con un dron sacaba del anonimato a la isla Hart, al este del Bronx, un enclave que lleva sirviendo desde mediados del siglo xix como destino de los cuerpos de aquellos que no son reclamados por nadie o cuyos familiares no pueden sufragar el sepelio. Los ataúdes llegan en un ferry y se apilan en excavaciones tan largas como campos de fútbol. Los encargados, presos transportados desde la cárcel de Rikers Island. Pobres diablos a cargo de los desheredados. Esos días, sin embargo, los reos también ocupaban los titulares que habitualmente ignoraban su situación, al registrar una de las tasas de contagio más altas del país, con motines incluidos debido a las condiciones de hacinamiento. «Es una bomba de tiempo, la única forma sensata de detener las muertes y proteger a los vulnerables es liberar a la mayor cantidad de personas posible», escribía en un artículo de opinión una de las médicas de la prisión. La situación se replicaba en centros penitenciarios por todo el país, en la nación con un mayor número de ciudadanos encarcelados del planeta, al margen de una presunción de inocencia marcada por fianzas indecentes.
Mientras, la ciudad que nunca duerme seguía siendo foco planetario de fallecimientos. Lunes: 731. Martes: 779. Miércoles 799. Cada día un récord de decesos nuevo confirmado por un gobernador que llevaba semanas luchando dialécticamente contra la Casa Blanca. Contrariamente a lo que Donald Trump aseguraba en sus ruedas de prensa diarias, Andrew Cuomo se encargaba de reforzar la idea de que no se podía reactivar la economía sin ni siquiera haber abordado el daño social causado hasta la fecha, o pedía ayuda federal para equipamiento sanitario, confesando que la ausencia de material y de una fuerte política unitaria suponía abocar a los estados a una insólita competencia por conseguir aquello que necesitaban. Esto, a la vez que el estado de Nueva York aprobaba unos presupuestos en pro de la austeridad y los recortes, hospitales incluidos, sin demasiado ruido mediático. Algo que sí circuló durante aquellos días vía redes sociales fueron las denuncias del personal sanitario afectado, quienes, para llamar la atención de la ciudadanía, no dudaban en posar con envases de comida preparada para explicar que era precisamente lo que estaban utilizando como protección a falta de mascarillas protectoras. Para cuando las direcciones de cada vez más hospitales de todo el país quisieron censurar las voces críticas a base de despidos o suspensiones, la precaria realidad del estado de la sanidad de la nación más influyente y poderosa era vox populi internacional. ¿Qué les estaba pasando? No podía ser sólo cosa de Trump. No lo era. No lo es.
Más allá de los números y el discurso, el retrato de las víctimas comenzaba a conformarse. Sin salir de Nueva York, el 34% de quienes fallecían eran hispanos, pese a representar el 29% de la población. Una desproporción también significativa en el caso de los afroamericanos. Así, los pacientes en el Bronx registraban el doble de probabilidades de morir por coronavirus que el resto de la ciudad. En Chicago, donde el 30% de sus habitantes son afroamericanos, 70% era la tasa de fallecimiento por la covid-19, y Nueva Orleans, con un 65% de ciudadanos pertenecientes a esa minoría, era una de las que encabezaba las tasas de mortalidad del país. Puede que un virus no entienda de clases o razas pero sí de la vulnerabilidad ante el mismo. Viviendas deficientes, falta de acceso a la sanidad, enfermedades previas desconocidas por quienes no pueden costearse un seguro médico, o una mayor exposición debido a la precariedad laboral. Dichas minorías son mayorías en empleos base de multinacionales como McDonalds, Walmart, Subway, Burger King, Pizza Hut o Target, es decir, aquellos comercios que debían mantenerse abiertos, pese a que ninguno de ellos ofreciese bajas pagadas por enfermedad. Una oleada tímida de reivindicaciones se vislumbró cuando algunos trabajadores del servicio de compras a domicilio Instacart o del de Amazon fueron a la huelga durante una jornada. A los primeros se les dio un kit de seguridad: guantes, desinfectante y termómetro. Los segundos, empleados de la compañía del hombre más rico del planeta y cuyos beneficios subían como la espuma debido a la fuerte demanda de servicio online desencadenada por la crisis, obtuvieron la promesa de dos semanas pagadas por cuarentena o positivo por coronavirus. Más de una decena de almacenes registraban casos, los trabajadores exigían mayores medidas de higiene y equipamientos como mascarillas, y cada vez se hacían públicos más testimonios de infectados que no recibían el total de sus sueldos. Para los contratistas, la empresa ideaba un fondo de auxilio al que poder acogerse, para el que pedían, no obstante, donaciones a particulares. Caridad como primera opción para los trabajadores de segunda del multimillonario Jeff Bezos. Al mismo tiempo, el gigante del comercio online enviaba masivamente anuncios publicitarios de búsqueda de empleados sin necesidad de curriculum vitae o entrevista para cubrir puestos pagando 22,25 dólares la hora. Mano de obra de usar y tirar mediante atractivo publicitario. En el caso de la cadena de supermercados Whole Foods, también propiedad de Amazon y de primera necesidad en la crisis, se sugería a los empleados sanos donar su tiempo de vacaciones a aquellos que estaban enfermos. Reducir las pérdidas de ellos a costa de los demás esclavos. Un negocio perfecto para alguien que, sólo en esa semana, vio aumentar su riqueza en 6.800 millones de dólares y que, de haber donado sus ganancias de tan sólo un mes, hubiese sido capaz de proporcionar más de 200 mil respiradores. Los hospitales de todo Estados Unidos no llegaban a esa cifra.
Una encuesta de Axios-Ipsos de unas semanas previas era sumamente reveladora: sólo el 3% de los ciudadanos con bajo nivel de ingresos tenían la posibilidad de trabajar de forma remota o desde casa. El porcentaje aumentaba significativamente en función de los ingresos, con casi la mitad de aquellos ciudadanos de clase media-alta y casi cuatro de cada 10 de la categoría superior. «Los ricos se han vuelto virtuales y han mantenido sus trabajos. Los pobres y la clase trabajadora están más expuestos. Es una historia de dos Américas», comentó sobre los resultados el presidente de Ipsos. Al mismo tiempo, el 45% de los trabajadores del grupo inferior dijeron estar muy inquietos por su seguridad laboral ante el coronavirus. En el grupo superior, sólo el 13%. En cuanto a las facturas, alrededor de un tercio de aquellos más desfavorecidos y precarios aseguraron estar extremadamente preocupados sobre su capacidad para hacer frente a los pagos, números significativamente superiores al resto de los grupos.
Así, un vídeo de la cadena NBC se hacía viral durante esa misma segunda semana de abril mostrando colas kilométricas ante los bancos de alimentos de diferentes ciudades. Días más tarde, otro, grabado por un empleado de una de las despensas caritativas en San Antonio, Texas, recorría a cámara rápida una larga hilera de vehículos. Había para repartir lo justo para seis mil familias, algunas de ellas agolpadas en coches de alta gama. En la sociedad del crédito todo es posible, incluso poder desplazarte para obtener paquetes de arroz o pasta con los que alimentar a los tuyos en una carrocería que jamás será tuya salvo que te dejes el sueldo y la vida en pagar intereses; si todo va bien.
La bancarrota esos días llamaba a la puerta de millones de estadounidenses. Estados Unidos había pasado de la tasa de desempleo más baja en el último medio siglo a que en tan sólo tres semanas de semiparo debido al coronavirus casi 17 millones de ciudadanos se inscribieran como desempleados. La oleada de solicitudes de algún tipo de prestación fue tan masiva que, un mes después de la declaración oficial de la pandemia, los departamentos de trabajo estatales estaban desbordados y muchos estadounidenses tenían que revisar a diario su buzón, todavía a la espera de un cheque de desempleo, con el agravante de que, en este país, perder el trabajo significa en la mayoría de casos perder el seguro médico.
15 días antes, el Congreso de Estados Unidos había aprobado el mayor paquete de ayuda económica de la historia hasta esa fecha: dos billones de dólares contra la crisis. Una mirada minuciosa al mismo revelaba, sin embargo, la enorme diferencia de presupuesto destinado para los trabajadores y las empresas. Para los primeros, 1.200 dólares por adulto, 400 por hijo, algún complemento a prestaciones por desempleo y tímidas líneas de crédito para el pequeño comercio. Para industrias consideradas con dificultades debido al coronavirus, sin distinción de beneficios previos o futuros como las aerolíneas, el Tesoro repartiría hasta quinientos mil millones. Los hospitales obtendrían 100 mil del total billonario. Un año después, el gasto de las hospitalizaciones por coronavirus se estimaría en 30 mil, según citaría The New York Times en un artículo titulado: «La covid mató a su padre. Después le llegaron facturas médicas por valor de un millón de dólares». En el interior se denunciaría que el coste promedio de cada estadía fue de más de 20 mil y no existían datos suficientes para saber cuánto del total tuvo que ser asumido por los propios pacientes. Mientras en The Washington Post Helaine Olen describía la ayuda como «no sólo una oportunidad perdida de brindar permanentemente a los trabajadores estadounidenses los beneficios de los que disfrutan los de otros países ricos», The New York Times se hacía eco de la siguiente afirmación de Erik Gordon, un profesor en la Escuela de Negocios Ross de la Universidad de Míchigan: «Nos fuimos a la cama como Estados Unidos y nos levantamos la mañana siguiente pareciéndonos a la Europa socialdemócrata». Nada más lejos de la realidad. Gracias a una disposición introducida por los republicanos en la ley de ayudas, el Comité Conjunto de Impuestos del Congreso denunció días después que 43 mil contribuyentes millonarios recibirían por cabeza una compensación de 1,6 millones de dólares.
De este modo, a pocos extrañó que, cuando el 8 de abril el precandidato Bernie Sanders anunció su retirada de la carrera presidencial, los principales índices de la Bolsa estadounidense registraran un ascenso. Sanders suspendía una de las campañas más prometedoras de los últimos tiempos, alimentada por los sectores de la ciudadanía estadounidense más castigados, prohibida para millonarios y Wall Street, sostenida por un movimiento político comunitario que había ilusionado a la clase trabajadora de buena parte del país y cuyos estandartes, entre otros, habían sido la sanidad universal, educación para todos, vivienda accesible o el fin del lucro privado a costa del encarcelamiento masivo de inmigrantes y ciudadanos pobres. En un momento de crisis sanitaria, económica y social como la que se estaba viviendo; con numerosas encuestas dándole la victoria ante un hipotético duelo frente a Donald Trump, y con Joe Biden, su contrincante demócrata más directo, acusado de agresión sexual en la era del Metoo, cualquier observador externo y superficial acabaría por no entender el porqué de la retirada de Sanders. Detrás, el senador por Vermont dejaba una lucha de enorme desgaste contra el establishment; lo que supuso no sólo enfrentarse a los más poderosos, sino también a los republicanos, al Gobierno, al resto de precandidatos, a los principales medios de comunicación –sostenidos por el mercado– y, sobre todo, a su propio partido. Una organización política cuyos líderes centristas, en un clima de «ansiedad generalizada», según describía The New York Times, aseguraban abiertamente estar dispuestos a dañar la imagen del partido para detener a Bernie Sanders cuando este registraba sus mejores resultados durante las primarias. Sea como sea, Sanders no sólo no se sobrepuso a las acometidas, sino que prácticamente declinó contraatacar. Esta ausencia de respuesta clara supuso que un sector de la izquierda estadounidense políticamente más escéptica directamente se preguntara si Sanders había sido sólo el último producto de la repetitiva estrategia electoral demócrata del perro pastor de ovejas, expuesta así ya en 2015 por el periodista Bruce A. Dixon:
El senador de Vermont y ostensible socialista Bernie Sanders se está convirtiendo en el candidato del perro pastor para Hillary Clinton este año. El trabajo de Bernie es calentar a la multitud para Hillary, reuniendo las energías de los activistas y la izquierda descontenta en el redil demócrata una vez más. Bernie tiene como objetivo vincular las energías y los recursos de los activistas hasta el verano de 2016, cuando la única opción restante será el menor de los dos males habituales. El perro pastor de ovejas es una carta que el partido demócrata juega cada vez que hay unas primarias y no están en el Gobierno o su presidente no puede presentarse a la reelección.
Es decir, cada vez que el descontento social se traduce en grandes movilizaciones y sed de cambio, una figura canaliza dicha ilusión para el partido demócrata con el único fin de contenerla. Sólo una nación acostumbrada al espectáculo y la amnesia propagandística es incapaz de verlo. Una nación que se mantiene gracias al mito y se alimenta de una falsa esperanza colectiva de manera permanente. Esta vez tocó el movimiento Sanders; la próxima vez, quién sabe.
La semana que nos ocupa acababa con Estados Unidos situado como primer país en número de muertes: America First. El sábado, Donald Trump cedía ante sus propias reticencias y el Departamento de Defensa invocaba ante la escasez la Ley de Producción de Defensa para fabricar unos 39 millones de mascarillas en 90 días, una ley de la era de la guerra contra Corea. Lo militar como medida de salvación patriótica en un país que, ante cualquier incertidumbre social masiva, tiene como reacción primigenia armarse hasta los dientes. En marzo, el FBI había procesado un récord de 3,7 millones de verificaciones de antecedentes para compra de armas, más que en cualquier mes desde 1989, cuando se iniciaron los registros. La única vez que los estadounidenses adquirieron más armas de fuego fue en enero de 2013, tras el tiroteo masivo en la Escuela de Primaria Sandy Hook. Un vídeo de la Asociación Nacional del Rifle advertía: «Puede que usted esté acumulando alimentos en este momento», pero «si no se prepara para defender su propiedad, cuando todo salga mal, en realidad sólo estará almacenándolos para otra persona».
Estados Unidos es inabarcable y a la vez tremendamente simple. Este libro, breve retrato socioeconómico, es un humilde análisis del porqué del fácil naufragio expuesto. Una muestra mediante el relato de aquellos que viajan en él y que, sin pandemia mediante, ya sufrían y sufren la fragilidad de un sistema con un mascarón brillante y atractivo; cuyo armazón está, sin embargo, amenazado por la podredumbre.
I
LOS PILARES DE LA DESIGUALDAD
Cualquiera que haya luchado alguna vez contra la pobreza sabe lo extremadamente caro que es ser pobre.
James A. Baldwin, «Quinta Avenida, Uptown: una carta desde Harlem»
Salud o billetera
Clínicas itinerantes frente a la escasez
Son las 12 de la medianoche de un viernes en Warsaw, Virginia. Aunque todavía es otoño, hiela afuera. Un fenómeno nada inusual para los apenas mil quinientos habitantes de la localidad, acostumbrados a la fría humedad de la cercana bahía. Sin embargo, un acontecimiento extensamente anunciado durante la semana agita a la población, llena los pocos hostales cercanos y concentra un extraño movimiento en el aparcamiento de la Escuela Secundaria Rappahannock. En uno de los vehículos, Shakira Vargas, universitaria, espera pacientemente con su amiga de la universidad. Saben que dormirán ahí dentro. Apenas tres horas más tarde se produce el primer movimiento, un voluntario les entrega el boleto por el cual podrán, a partir de las seis, hacer lo que han venido a hacer desde lejos: ir al médico.
En Estados Unidos no existe el acceso universal gratuito a la sanidad. Según la oficina del censo, en 2018, 27,5 millones de personas, entre ellas más de cuatro millones niños, vivieron sin seguro médico. Fueron dos millones más que el año anterior. Un aumento que se produjo pese a la caída general en la tasa de desempleo. Paradójicamente, la industria de los seguros de salud ni lo notó. Los beneficios continuaron creciendo a buen ritmo, registrando un aumento significativo de ganancias netas de 23,5 mil millones de dólares, prácticamente un punto porcentual mayor que en el año anterior.
Dentro de la escuela secundaria la actividad ya es frenética a las cinco de la mañana. Falta una hora para abrir y, de los 400 voluntarios desplazados, la inmensa mayoría ya saben cuál es su cometido y posición. No es la primera vez que trabajan gratuitamente en la RAM –área remota médica–, por lo que se sirven generosas tazas de café y comen galletas. El día será largo. La energía de los muchos estudiantes y recién licenciados en diversas especialidades médicas con ganas de adquirir práctica se mezcla con la serenidad y confianza de los más veteranos, muchos de ellos médicos y enfermeras jubilados que creen que su experiencia es más necesaria aquí que en un despacho a 50 dólares mínimo la consulta. Al abrir las puertas, pacientes de todas las edades y razas hacen fila según el orden de los boletos previamente repartidos. Primera parada, revisión general. Toma de tensión, azúcar y análisis de enfermedades previas. Allí me encuentro con Celia Martínez, quien resume así su porqué: «Vine para un chequeo médico general, así como para el dentista y el oculista. Me enteré de esto por la escuela porque mis hijos estudian aquí y somos muchos los que no tenemos seguro médico. A veces vamos y cobran muy caro cualquier cosa o a veces directamente no podemos pagar la consulta».
La American Journal of Public Health calcula que, cada año, 530 mil familias se declaran en quiebra económica en Estados Unidos por no poder hacer frente a gastos médicos, una causa presente en el 66,5% del total de las bancarrotas, por delante de ejecuciones hipotecarias, préstamos universitarios o divorcios. Aunque existen programas públicos como Medicare o Medicaid, estos están diseñados para grupos de población limitados, como mayores de sesenta y cinco años y personas discapacitadas en el primer caso o con muy bajos ingresos en el segundo. No se aplica por igual en todos los estados ni cubren la asistencia sanitaria completa. «El copago puede ser muy alto. Sobre todo para algunas de las especialidades que cubrimos gratuitamente en esta clínica, en realidad les costaría de 200 a 500 dólares ver a ese médico», resume la doctora voluntaria Colleen Madigan.
Sigue el movimiento en la escuela. En una clase en penumbra se ha instalado una consulta oftalmológica; en la de al lado, un expositor de lentes gratuitas. Más adelante, cortinas negras otorgan cierta intimidad entre improvisadas camillas para exploraciones especiales. En otra aula, alumnos adultos ocupan pupitres, les están enseñando cómo aplicar Naxolone, un antagonista de los opioides, en caso de sobredosis. Es la última novedad de la clínica, consciente de la crisis de opiáceos que asuela la nación. No obstante, el flujo humano se dirige, sobre todo, hacia una dirección: el gimnasio. Dentro, dos filas formadas por una veintena de sillones odontológicos enfrentadas entre sí ocupan el espacio central. En uno de los lados se ha habilitado un espacio de esterilización de herramientas. Hay bombonas y voluntarios cubiertos de los pies a la cabeza junto a canastas de baloncesto. Es un espectáculo, se mire por donde se mire. Sin embargo, en las gradas, quienes esperan son pacientes; uno de ellos es Shakira, la joven del aparcamiento: «Estoy aquí porque en el médico me pusieron unos aparatos correctivos pero llegó un momento en que ya no pude pagarlos. La respuesta que recibí es que sin desembolso no podían quitármelos y que mi única opción es dejar que se me cayeran solos».
«Existe la creencia de que llevamos estas clínicas sólo a áreas rurales donde hay que conducir durante horas hasta ver a un médico. La realidad es que también vamos a lugares muy poblados y urbanos, donde hay sanitarios por todas partes, pero nadie puede pagarlos.» Habla Kim Faulkinbury, coordinadora de la clínica RAM. Fundada en 1985, la idea inicial de sus creadores fue brindar asistencia sanitaria en países en desarrollo. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no hacía falta salir de Estados Unidos. Desde entonces, han atendido a prácticamente un millón de personas y la cifra aumenta anualmente. Sólo van allí donde se les pide y su financiación depende exclusivamente de donaciones privadas, es decir, se sostienen gracias a la caridad. Volvemos a encontrarnos con la doctora Madigan:
Creo que lo que hizo darme cuenta de lo importante que esto era fue la historia de un hombre que tenía abscesos dentales y había estado esperando durante seis semanas a que llegara una clínica RAM a su ciudad tomando antibióticos. Poco antes de la fecha perdió su trabajo. Cuando estaba hablando con él sobre que teníamos que cambiar la receta y tendría que pagar cuatro dólares más, el hombre me miró y me dijo: esos cuatro dólares son para ponerlos en la mesa a mi familia, no puedo quitarles comida, así que me iré sin la prescripción.
La doctora Madigan fuerza una sonrisa honesta para ocultar su frustración y, antes de despedirse y seguir atendiendo a pacientes, finaliza así: «No queremos ser una tirita, sino tratarlos y conectarlos con alguien que se encargue de su problema de salud, porque darles sólo la insulina de hoy para reducir su azúcar en sangre sin obtener un tratamiento no les ayudará a largo plazo».
El macabro negocio de la industria farmacéutica
En noviembre de 2017 Donald Trump nominó como secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos a Alex Azar. «¡Será una estrella para obtener una mejor atención médica y precios más bajos de medicamentos!», tuiteó el mandatario. Por aquel entonces, Azar era presidente de una de las grandes farmacéuticas del país, Eli Lilly. Durante su gestión, la insulina Humalog aumentó su precio en un 585%. No fue la única compañía. Según el Comité de Finanzas del Senado, el medicamento de insulina NovoLog costó un 87% más en 2019 en comparación con 2013, mientras que Lantus de Sanofi aumentó un 77%. «No sé cómo son capaces de dormir por la noche», fue una de las frases que uno de los legisladores de esa cámara pronunció en una acalorada audiencia para investigar lo sucedido. Meses después, dos de las compañías citadas anunciaron una versión de la insulina a mitad de precio, a 140 dólares el vial. El coste de producción es de cinco.
Más de 30 millones de personas son diabéticas en Estados Unidos, de las cuales 1,2 millones están diagnosticadas con el tipo 1, es decir, sus vidas dependen completamente del suministro de insulina:
Meaghan Carter, cuarenta y siete años, Ohio – Tuvo diabetes tipo 1 durante 18 años. Cuando perdió su trabajo y su seguro, luchó por poder pagar su insulina, que costaba más de 800 dólares al mes. Recurrió a comprar NPH (insulina de acción intermedia) en Walmart, que es más barata pero mucho más impredecible que la insulina que usaba normalmente. El día de Navidad de 2018, Meaghan murió de cetoacidosis diabética.
Jesimya David Scherer, veintiún años, Minnesota – Además de controlar su diabetes desde que tenía diez años, Jesi tenía dos trabajos para mantenerse y se convirtió en electricista. Sin embargo, resultó ser insuficiente y comenzó a racionar la insulina, al no poder comprar la medicación necesaria hasta que ingresaba algún pago. Fue hospitalizado en abril con cetoacidosis diabética. En junio de 2019, dos días después de haber visto por última vez a su familia, llamó al trabajo diciendo que estaba enfermo. Fue encontrado muerto al día siguiente.
Antavia Lee Worsham, veintidós años, Ohio – Tuvo problemas para pagar la insulina cuando cumplió dieciocho años y ya no era elegible para una cobertura de seguro estatal. Recurrió a tomar prestada la insulina de otros, cambiar su dieta y racionar la medicación. La insulina y derivados que necesitaba para vivir costaban mil euros al mes. Su hermano la encontró muerta por cetoacidosis diabética el 26 de abril de 2017.
Estas son algunas de las historias reales que pueden encontrarse en la página web de Right Care Alliance, una coalición de médicos, pacientes y ciudadanos cuyo objetivo es colocar a los enfermos, no el beneficio, en el centro de la atención médica. El caso de la insulina es extremadamente doloroso, teniendo en cuenta que sus descubridores vendieron la patente en el año 1921 por tres dólares a la Universidad de Toronto, renunciando así al lucro individual. Ahora, compañías privadas no sólo se hacen de oro gracias a esa decisión altruista, sino que utilizan los beneficios para comprar silencios. Lo cuenta Elizabeth Pfiester desde el Reino Unido, fundadora de la organización T1 Internacional.
Muchas de las grandes organizaciones en defensa de los diabéticos en Estados Unidos aceptan una gran cantidad de fondos de las empresas fabricantes de insulina, lo que significa que creemos que no pueden hablar tan libremente sobre la crisis de precios porque no quieren enfadar a la gente que les da dinero. Nosotros nos hemos esforzado por no aceptar ningún financiamiento de estas compañías, precisamente para poder hacer nuestro trabajo de manera independiente.
Las voluntades también son moldeables a nivel político. Según documentos federales, el mayor grupo de cabildeo de la industria farmacéutica en el Congreso gastó en 2018 la cifra récord de 27,5 millones de dólares. Dicha cifra sólo comprende a Pharmaceutical Research & Manufacturers of America (PhRMA), que representa a la mayoría de las compañías de investigación farmacéutica, incluidas Pfizer, Sanofi, Merck, Johnson & Johnson y Gilead Sciences. Sin embargo, según OpenSecrets, un grupo de investigación independiente y no partidista que rastrea el dinero en la política estadounidense, las empresas de ese sector gastaron individualmente un total de 194,3 millones de dólares en cabildeo a fecha de 24 de octubre de 2018, más allá de la cantidad revelada por PhRMA. La connivencia es tal, que el propio Donald Trump optó por ordenar a Azar dar luz verde a la importación de medicamentos del exterior mucho más baratos que los producidos en Estados Unidos. Antes confirmar públicamente el fracaso del libre mercado que someterlo profundamente a revisión, no vaya a ser que pongamos en riesgo alguna que otra financiación política. En cuanto a carreras electorales, las farmacéuticas untan prácticamente por igual a demócratas y republicanos. Todo es perfectamente legal, el sistema lo ampara. De hecho, poco más de la mitad de los precandidatos por el partido azul mostraron en su campaña la intención de luchar por garantizar de alguna manera el acceso a la sanidad para todos los ciudadanos. De ellos, sólo dos manifestaron públicamente su oposición a la existencia de seguros privados: Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Esto, en tiempos de promesas y sin nada que perder. Así, no es de extrañar que más de la mitad de los lobistas de la industria sanitaria y farmacéutica sean exmiembros del Congreso o extrabajadores, convirtiéndose en una de las mayores puertas giratorias del sistema. No es, por tanto, sólo cosa de los secretarios de Trump. Según cálculos de los economistas Anne Case y Angus Deaton, esta industria en su conjunto es mayor incluso que la financiera y gasta 10 veces más que el total de organizaciones laborales y en defensa de los trabajadores de Estados Unidos.
Como resultado, las páginas con el top 10 de los mejores cirujanos y especialistas médicos del país son un clásico en las revistas de las aerolíneas. También los anuncios en televisión de medicamentos que requieren de receta, un fenómeno que sólo se da en Nueva Zelanda y Estados Unidos y que supone un gasto anual publicitario de miles de millones de dólares por parte de las compañías farmacéuticas. Compare, compre, elija lo mejor, viva más tiempo. A la vez, el estadounidense medio tiene interiorizado el preguntar cuánto le van a costar sus prescripciones en la farmacia antes de comprarlas o el tratamiento sanitario que necesita al entrar en las urgencias de un hospital. Incontables ciudadanos mueren por creer que quizá no necesiten una ambulancia que, saben, no podrán pagar y millones rechazan tomar las medicinas que precisan, según un estudio de Harvard. Es el caso de uno de cada ocho enfermos del corazón, la principal causa de muerte en el país. En general, casi una cuarta parte de los pacientes estadounidenses tiene problemas para pagar sus recetas.
Actualmente se estima que en Estados Unidos más de 25 mil personas mueren cada año por problemas de resistencia microbiana. O sea, que tienen una infección y ya no tienen modo de curarse. Hay cálculos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades estadounidenses que predicen que, para el año 2050, se registrarán globalmente hasta 10 millones de decesos cada año por ese motivo. Es decir, la mortalidad producto de la resistencia a los antibióticos será superior a la del cáncer.
Andrés Lugo Morán, médico toxicológico en Miami, hace referencia a una cifra que ha sido validada por la propia OMS. En el caso de Estados Unidos, dicho aumento está relacionado con el creciente uso de antibióticos para animales, sobre todo para peces, por parte de enfermos. Un informe de septiembre de 2020, que tomó como referencia más de dos mil comentarios online, concluyó que la práctica está más que extendida en el país y que el principal motivo es puramente económico. Christopher Payne muestra a cámara los tarros de medicamentos para peces que emplea cotidianamente desde hace más de cuatro años mientras me cuenta que su madre y algunas de sus amigas también han empezado a tomar las pastillas tras su recomendación: «No tengo seguro, así que sólo ir al médico me cuesta 120 dólares la visita y además ya gasto 77 dólares en mis medicamentos con descuentos en las prescripciones. Si tuviera que gastar otros 150 dólares en cada tarro de antibióticos, no llegaría a final de mes». Teri es enfermera residente en Nueva York y confirma que lleva haciéndolo desde hace 13 años. Sabe que tanto médicos como autoridades sanitarias tildan la práctica de peligrosa porque, entre otras cosas, los medicamentos para animales suelen tener una composición química o una pureza de producto diferente a aquellos comercializados y regulados para humanos:
Entiendo que haya preocupación por la seguridad de estos medicamentos, yo también la tengo, pero, sinceramente, creo que deberían estar más preocupados por el hecho de que el mismo antibiótico para un animal cueste 20 dólares y para el dueño cientos de ellos. Es algo que me vuelve loca. Yo entiendo y hasta me parece bien que las farmacéuticas obtengan beneficios porque además tienen que invertir en investigación, pero ¿de verdad tienen que obtener tanto lucro como para que la gente no pueda permitirse comprar sus productos en el país comúnmente conocido como el mejor del mundo?
Sólo en 2018, los estadounidenses gastaron 535 mil millones de dólares en medicamentos recetados. Un aumento del 50% desde el año 2010, muy por delante de la inflación y debido a los precios impuestos por las farmacéuticas, cuyos beneficios también se han disparado. La no asequibilidad se extiende incluso al uso de vacunas. Pongamos como ejemplo la de la gripe, pese a tener un coste bastante bajo. En el invierno de 2017-2018 murieron por ese motivo en Estados Unidos unas 80 mil personas, una cifra nunca vista en décadas. Mientras, la cobertura general de vacunación se mantuvo igual, en menos de la mitad de la población. Lo más preocupante para los funcionarios fue una caída en la cobertura entre los niños más pequeños. La incoherencia además reside en lo siguiente: las vacunas, junto con la sangre, son dos de las exportaciones estadounidenses más preciadas.
Todo está en venta, hasta la sangre
Es el mes de enero, estamos a mediodía en un polígono industrial cercano a la ciudad de Baltimore. Michelle Williams sale tambaleándose de un centro de donación de sangre, para ella algo habitual. Lleva vendiendo su plasma desde los noventa y, desde hace un año, a un ritmo de dos veces por semana. «Tengo dos hermanas que también vienen aquí y, aunque ellas ya no lo hacen tanto como antes, en general este lugar está siempre bastante concurrido. Básicamente la gente lo hace porque es dinero rápido y extra. Cuando tienes problemas económicos, donar sangre es algo muy común en esta zona». Michelle cuenta que el mecanismo de pago es a través de una tarjeta de crédito facilitada por la empresa de extracción de sangre. Aunque confiesa que en ocasiones se siente demasiado débil y le preocupa su salud, no interrumpe el ritmo en sus donaciones porque mediante la fidelidad se obtienen premios: «Las primeras cinco son a 15 dólares cada una, luego pagan hasta 20 dólares y después, 35». También hay ofertas especiales, las empresas de plasma ofrecen dinero extra a cambio de sangre en fechas donde suele haber más necesidad, como la semana previa a los descuentos del Black Friday o antes de Navidades. Además, saben dónde encontrar nicho de mercado. Se calcula que cuatro de cada cinco centros de donación remunerada están situados en barrios con un bajo nivel económico; otros muchos de ellos, en la frontera sur. Cuando se trata de recoger beneficios, no importa si el oro rojo proviene de sangre mexicana.
En Estados Unidos existe evidencia que sugiere que estos centros de donación están establecidos en lugares con mucha mayor pobreza y uso de drogas. Por lo tanto, las personas que donan sangre son potencialmente más vulnerables a la coerción. La cantidad de sangre que una persona puede donar depende de su peso, las personas que pesan más pueden dar más a menudo, por lo que puede fomentar comportamientos poco saludables sólo para donar más sangre y es posible que estos centros no estén bien regulados para proteger la salud de los donantes.
Son palabras de Brendant Parent, director de Salud Aplicada en la Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad de Nueva York. Aunque técnicamente la Agencia de Alimentos y Medicamentos, la FDA, regula la industria estableciendo estándares sobre qué tipo de personas pueden donar o cómo se recolecta la sangre, Parent es claro: «La FDA tiene unas regulaciones muy laxas y su capacidad para monitorear e inspeccionar las instalaciones es muy limitada. Es posible que sólo verifiquen una vez cada dos años, por lo que los centros funcionan en gran medida de manera independiente».
Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo cada año se recogen alrededor de 112,5 millones de unidades de sangre y su objetivo es que todos los países obtengan sus suministros de donantes voluntarios no remunerados. En la mayor parte de Europa, por ejemplo, está prohibido el cobro. No así en el caso de Estados Unidos. Sin embargo, es el mayor proveedor de plasma sanguíneo del mundo y entre sus principales socios comerciales se encuentran Holanda, Italia, Alemania, Bélgica, Japón o España. Todos participamos de la legalización del neovampirismo capitalista a costa de chuparle la sangre a los más pobres, aunque de puertas adentro pretendamos engañarnos y pensar que somos más civilizados. Todavía.
Es imposible calcular cuántas muertes que podían ser evitadas con un mayor y mejor acceso sanitario deja a su paso el enriquecimiento de algunos a costa de la salud de todos en una de las principales potencias económicas mundiales. Un informe de la American Journal of Public Health las cifró en 45 mil anualmente, fue en 2009 y se utiliza como referencia tanto por defensores como por detractores. En la actualidad, ningún organismo o institución pública se atreve a cuantificar la catástrofe, como si, al negar las cifras, desapareciera la realidad. Lo más cercano son los índices que elaboran The Peterson Center on Healthcare y Kaiser Family Foundation, quienes concluyen que Estados Unidos registra el número más alto de muertes evitables por servicios médicos entre países homologables –aquellos igualmente grandes y ricos en función de su PIB per cápita– de la OCDE. Tomando como referencia el Índice de Acceso y Calidad de la Atención Médica, los países comparables registraron un aumento del 15% entre 1990 y 2016, mientras que en el caso de Estados Unidos fue del 10%.
La macabra paradoja es la siguiente: no hay nación en el planeta que gaste más dinero en atención médica. El gasto en salud por persona en Estados Unidos fue de 10.224 dólares en 2017, un 28% más alto que Suiza, el siguiente de la lista, una diferencia que se ha agrandado a lo largo de las últimas cuatro décadas. Estados Unidos estuvo relativamente al mismo nivel que otros países similares hasta la década de 1980. Sin embargo, en 2017 el gasto en salud ya supuso el 17% de su PIB. Esto sucede en un contexto en el que, pese a que el gasto público estuvo en línea con el resto del planeta, el coste total sanitario fue mucho más alto debido a que el gasto privado estadounidense fue mucho mayor que el de cualquier país homologable; hasta el 8,8% del PIB, mientras que la media de otras naciones fue del 2,7%. Es decir, estamos ante un sistema completamente disfuncional que a la vez es perfecto para algunos, concretamente para quienes están en el negocio. Una auténtica burbuja de precios en un sector verdaderamente rentable para las compañías y aquellos que viven de él, tan lucrativa como para seguir invirtiendo políticamente en garantizar el ritmo. Esto pese a que los consumidores, que no son otra cosa que enfermos, se queden atrás.
Sin educación, sin oportunidad
Cada vez menos para la escuela pública
Una marea de camisetas, gorras y pancartas rojas inundó las calles de Los Ángeles con eslóganes en enero de 2019 durante seis días. Un acontecimiento histórico, no se veía algo igual desde el año 1989, fecha de la última huelga de profesores de educación pública en esa ciudad. Más de medio millón de estudiantes afectados, cientos de miles de personas manifestándose en las calles, al menos 125 millones de dólares federales en pérdidas y un sentimiento de reivindicación difícil de imaginar hasta para quienes la convocaron, acostumbrados a la miseria diaria de un sector que ni siquiera recordaba ya promesas vacías. Juan Ramírez es profesor y vicepresidente del sindicato de maestros de la ciudad, el segundo distrito más grande de Estados Unidos. Llegó con quince años a la tierra prometida desde México sin hablar una gota de inglés. Es quien es, asegura sin dudarlo, gracias a la educación pública, un sistema que ya no es ni la sombra de lo que fue. «La gente se cansa de que le digan no hay dinero, eso no se puede hacer, vamos a recortar clases, vamos a recortar servicios. Cuando yo iba a la escuela había cursos de música, canto, arte, bandas, grupos de coro… todo esto, que era muy común entonces, ya no existe. ¿Por qué entonces sí y ahora no?». Mientras el maestro sigue relatando carencias, yo pienso en toda esa filmografía hollywoodense sobre historias de colegios e institutos. Ese topicazo exportado y consumido hasta la saciedad, donde nunca faltan arquetipos como la animadora, el deportista, el empollón, el problemático, la músico, el artista. Puede que muchos de ellos acaben convirtiéndose en personajes de cine clásico.
El pulso angelino consiguió algunas mejoras, tan mínimas y a la vez con tanto sabor a triunfo, que dicen mucho de cuán dramática es la situación: limitación de clases sobrepobladas, contratación de enfermeras en cada escuela –esencial en un país sin sanidad pública–, al menos un bibliotecario por instituto y un aumento salarial para los profesores de un 6%, básicamente la subida demandada para ese mismo año antes de ir a la huelga. Su caso no es excepcional. La llamada ola Red for Ed, que empezó en 2018 en Virginia Occidental, levantó a profesorado, estudiantes y padres de estados y ciudades tan diferentes entre sí como Denver, Oakland, Kentucky, Sacramento, Arizona, Carolina del Norte u Oklahoma al grito de «la educación pública vive una crisis nacional».
Quizá la arista más llamativa a priori sea la situación de los propios maestros. Aunque el pago varía dependiendo del estado en el que ejerzan, según la National Education Association de media los sueldos han aumentado un 11,5% en la última década. Si se toma en cuenta la inflación, esto ha supuesto una caída de la remuneración de un 4,5% y en comparación supone cobrar un 21% menos que otros profesionales de otros sectores con formación similar. Un agravio que, según el Economic Policy Institute, se ha ido gestando durante más de medio siglo. El resultado es el siguiente: uno de cada seis profesores en Estados Unidos debe buscar un segundo trabajo para poder vivir.
Aunque hace horas que sonó el timbre de clase, un nutrido grupo de docentes y auxiliares continúa frente a la puerta de un instituto esperando el inicio de una asamblea a la que han convocado a políticos locales, miembros de la comunidad y otros profesionales del área para exponerles sus dificultades e intentar encontrar soluciones. Estamos en Fairfax, Virginia, el tercer condado más rico de Estados Unidos, y Tina Williams, presidenta del comité de profesores, resume de este modo la situación:
Cuando hablas con cualquiera de ellos, te dice que es importante, tanto si es a nivel nacional como federal, todo el mundo parece coincidir en que la educación debe de ser una prioridad. Sin embargo, luego lo que hacen supone una realidad radicalmente diferente. Para 2020 la financiación en nuestra zona, una de las más solventes del país, será menor a la que obtuvimos en 2009. Sinceramente, no podemos aguantar más.
Todos y cada uno de los testimonios de los profesores que participan en la reunión dan cuenta de las dificultades personales que atraviesan debido al mal pago de su trabajo. Una situación que se replica por todo el país. En las marchas reivindicativas en Arizona, por ejemplo, era muy fácil encontrar maestros que tras la jornada se habían reconvertido en conductores de Uber, profesores de clases particulares diarias, camareros o vendedores de grandes superficies para poder sobrevivir. No obstante, todos coinciden en destacar que, al final, sus sueldos son lo de menos. Les preocupa el impacto real que los recortes tienen sobre sus alumnos. En algunos lugares de Estados Unidos, las autoridades locales han decidido incluso reducir los días de clase a cuatro con el único objetivo de ahorrar costes. Uno de los principales puntos que debemos tener en cuenta es el hecho de que las escuelas públicas están financiadas en buena parte por dinero local, es decir, por impuestos a la propiedad, por lo que los barrios con bajas rentas obtienen menos dinero para educación. De media, se calcula que los estudiantes estadounidenses de distritos pobres reciben una financiación anual de mil dólares menos por alumno que el resto y se registran diferencias abismales incluso dentro del mismo estado. En Illinois, por ejemplo, el barrio en el que vivas puede suponer que tu escuela obtenga para tu educación hasta un 22% más o menos y es inversamente proporcional a la necesidad. Cuanto más ricos, más recaudación y, por lo tanto, más flujo que puede destinarse a la educación, aunque en este caso las familias puedan elegir sufragar una escuela privada. Cuanto más humildes, menos ingresos y menor financiación de la única salida al aprendizaje y al ansiado ascensor social: la escuela pública. Una espiral marcada por el poder adquisitivo silenciada en los cuentos de meritocracia.
De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas Educativas, el 94% de los maestros estadounidenses utiliza su propio dinero para comprar útiles escolares. Así, cada vez más acuden a páginas en internet de petición de donaciones como Gofundme o la especializada en escuelas DonorsChoose. Navegar por cualquiera de ellas es tremendamente desolador, los profesores mendigan herramientas esenciales como calculadoras, librerías o incluso una alfombra y mobiliario escolar para sus alumnos. Uno de los proyectos más populares fue la solicitud de un maestro con fecha de boda que, en lugar de regalos, pidió mediante una de esas webs abrigos y zapatos para estudiantes sin hogar. Chioma Oruh, especialista en apoyo a padres de menores con necesidades especiales y pocos recursos en Abogados por la Justicia y la Educación, advierte que, en el caso de niños con discapacidades, la falta de fondos tiene un impacto determinante en su futuro:
Se supone que estamos amparados por una ley federal, que es la ley de educación para personas y discapacidades y que sobre el papel es buena, pero nunca se ha financiado por completo. En el caso de los menores con necesidades especiales de áreas humildes, esto supone una educación inadecuada, lo que conlleva graduarse sin una preparación que les garantice un empleo remunerado. Pasarán toda su vida 50 pasos por detrás del resto.
Oruh tiene dos hijos autistas. Madre soltera y con estudios superiores, llegó a vivir en la calle tras perderlo todo debido a los gastos médicos que conllevaron sendos diagnósticos. Ella, más que nadie, es consciente de la maratón a la que una educación pública maltratada aboca a menores marcados por nacer sin recursos, aunque la meta, teóricamente, debiera ser la misma para todos. Por si fuera poco, las escuelas públicas tienen una nueva competencia desde los años noventa, las chárteres.
El caballo de Troya de las escuelas chárteres
Similares a las escuelas concertadas en países como España, este tipo de colegios en Estados Unidos reciben fondos gubernamentales, pero operan independientemente del sistema escolar estatal establecido en los lugares donde se encuentran. Es decir, están exentos de muchas de las regulaciones a las que las públicas están sometidas: no tienen por qué seguir los planes de estudios, las formas de enseñanza ni los estándares aprobados por sus estados, ni están reguladas o supervisadas por la junta de educación estatal, por ejemplo. Además, establecen su propio cupo estudiantil, mientras que las públicas deben aceptar a todos los estudiantes que pertenezcan al correspondiente distrito. El concepto en un principio estaba destinado a ofrecer una alternativa a niños que no avanzaban lo suficiente o necesitaban algo diferente al método tradicional, por lo que fue acogido incluso con el beneplácito de los sindicatos. Pronto se convirtió, sin embargo, en un instrumento más de menoscabo de lo público y de transferencia de recursos estatales para beneficio de unos pocos, no precisamente alumnos.
Se calcula que durante el curso 2016-2017 ya había casi siete mil escuelas chárteres en Estados Unidos educando a más de tres millones de estudiantes, seis veces más que 15 años antes. El rápido crecimiento del fenómeno se explica en parte por el apoyo tradicionalmente bipartidista de demócratas y republicanos. Así, se cifran en cuatro mil millones de dólares los fondos destinados por el Gobierno de Estados Unidos a su programa de escuelas chárteres, una cantidad nada menospreciable teniendo en cuenta la situación de la pública anteriormente expuesta. Los defensores de esta opción, como la ONG de derechas Center for Education Reform, recalcan que, de media, la financiación nacional de la chárter supone tan sólo un 61% de lo que se destina a la pública. Además, ponen de relieve que, hasta la fecha, no se ha demostrado que los resultados académicos de las chárteres sean peores. Uno de los más recientes estudios sobre este tema, el del Centro Nacional de Estadísticas Educativas del Departamento de Educación de 2019, reveló entre otras cosas que los estudiantes de las escuelas chárteres y las escuelas públicas obtuvieron el mismo rendimiento académico en pruebas realizadas en niveles de cuarto y octavo grado. Entonces, si a menos inversión el resultado es similar, ¿por qué habría de generar susceptibilidades?
Una de las respuestas es la falta de control de los fondos. Un informe de un grupo de defensa de la educación expuso en 2019 que una cuarta parte de lo que esos colegios recibieron del Estado, hasta mil millones, fue malgastada en escuelas chárteres que nunca abrieron, o abrieron y luego cerraron debido a la mala gestión o por otros diversos motivos como falta de inscripciones o fraude. Los autores de la investigación detectaron que numerosos beneficiarios de los subsidios participaron «en prácticas que expulsan a los estudiantes de bajo rendimiento, violan los derechos de los estudiantes con discapacidades y escogen su masa estudiantil en función de políticas y programas particulares, así como peticiones de donaciones a los padres», pese a haber explícitamente asegurado en su solicitud como receptores del programa o sus páginas webs escolares ser propensos a inscribir a estudiantes de minorías o sectores desfavorecidos. Es decir, en Estados Unidos se han estado desviando millones de fondos públicos a instituciones educativas con prácticas discriminatorias con la connivencia de representantes de ambos lados del espectro político con total impunidad. La pregunta es la siguiente: ¿a quiénes está beneficiando?
Multimillonarios y Wall Street siempre se han interesado por la chárter. Uno de los motivos, utilizarla como instrumento recaudador de incentivos fiscales en zonas económicamente deprimidas. Bancos, inversores y fondos de capital han destinado dinero a construir o desarrollar chárteres con el único objetivo de obtener exenciones de impuestos, cobrando a la vez intereses por los préstamos otorgados o los alquileres de explotación. Pero no todo es pura especulación. La Fundación de la Familia Walton, dirigida por los herederos de la fortuna de Walmart, Bill y Melinda Gates o el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, o las empresas JP Morgan Chase y Exxon Mobil, por ejemplo, han destinado millones a impulsar grupos de presión que avancen en la aprobación de leyes prochárter o candidatos y políticos favorables al sistema. La mayoría de ellos argumentan que su objetivo es meramente filantrópico, es decir, dotar de una mejor educación a estudiantes que no pueden acceder a la privada.
En la práctica, lo que supone es alentar un sistema educativo donde las condiciones laborales de los docentes están a merced de las directivas de dichos centros; que la disparidad de contenido y métodos educativos sin control dilapide uno de los instrumentos más efectivos para lograr la igualdad social –que cualquier alumno, con independencia de su origen económico, está recibiendo la misma educación–; que la rendición de cuentas sea prácticamente imposible debido a la ausencia de control de los centros, y, lo que es más importante, que el estado de la pública empeore debido al drenaje continuo de sus recursos por parte de la escuela chárter. Cada vez que uno de estos colegios abre, los públicos que están alrededor pierden estudiantes y, por lo tanto, dinero. En principio, la caída en la financiación puede corregirse reduciendo, por ejemplo, el número de maestros, pero existen costes que seguirán estando ahí, como el sueldo del director o el mantenimiento del centro, los cuales seguirán necesitando el mismo dinero independientemente de la pérdida de algunos alumnos. Al recorte de profesores normalmente le siguen la eliminación de programas de música o arte, o incluso el aumento de la ratio de estudiantes por clase. Un análisis de la publicación especializada Chalkbeat sobre el asunto hizo un compendio de los estudios sobre este fenómeno y concluyó lo siguiente: «Los investigadores que analizan el problema en Carolina del Norte, Nueva York, Pensilvania y, en dos casos, California, han llegado a conclusiones similares: a medida que crecen las escuelas chárteres, los costes fijos de educar a los estudiantes del distrito no se han ido a ninguna parte, aunque los estudiantes sí». Para ilustrarlo, destacaban en concreto un estudio de Pensilvania, donde los investigadores estimaron que los distritos escolares no podrían recuperar más del 20% del dinero perdido por la chárter en el primer año ni siquiera reduciendo gastos. En cinco años, no recuperaron más de dos tercios.
Un cielo cubierto de nubes transforma en un extraño gris el prácticamente permanente azul de Tucson, Arizona. Karissa Rosenfield sabe que, no siendo época de monzón, es difícil que en el desierto asome la lluvia, así que lanza desde su jardín cohetes construidos con botellas. Hoy toca clase de ciencia. Arquitecta, dejó un trabajo que le apasionaba al dar a luz al primero de sus dos hijos y desde entonces no sólo se dedica a su crianza sino a su completa educación. «Comenzamos oficialmente el proceso en octubre de 2019, después de sacar a nuestro hijo del colegio del vecindario tan sólo unos meses después de empezar el año escolar.» Karissa cuenta cómo un plan de estudios sólo centrado en pasar las pruebas de nivel estatales, un aula sobrepoblada y la incapacidad de los maestros para en esas circunstancias manejar el acoso escolar ya en niños tan pequeños les empujaron a tomar esa decisión. Consideraron las escuelas chárteres, pero en este caso se dieron cuenta de que ella misma podía proporcionar a sus hijos el mismo o mejor nivel académico y de que en el caso de las privadas se les iba la mayoría de los ingresos familiares. «Mi situación es un lujo, puedo escoger educar a mis hijos en casa porque el hecho de que yo haya renunciado a mi carrera no nos supone estrés financiero, aunque sí sacrificio profesional por mi parte.»
El ejemplo de los Rosenfield es ilustrativo sobre cómo el dar rienda suelta sin control al modelo actual educativo en Estados Unidos directamente supone que los padres con cierto nivel adquisitivo se planteen seriamente hacerse ellos también cargo del desarrollo académico de sus hijos. Algo impensable entre las familias pobres, condenadas a una pública con menos recursos, y solventado sin problemas por aquellas más pudientes, centros privados mediante. Es decir, supone acentuar aún más las diferencias entre clases sociales. Arizona es uno de los estados más abiertos al homeschooling y no es casualidad que, a su vez, sea el territorio con las escuelas chárteres más desreguladas de todo el país. Los fondos públicos que reciben no están sujetos a auditorías, pueden construirse en cualquier lugar (incluso justo al lado de una escuela pública) y prácticamente ninguna tiene programas de almuerzo gratis para estudiantes pobres. Una reconfiguración económica de la educación en función de la libertad de mercado que, tal y como la plataforma «Arizonianos por la responsabilidad escolar de las escuelas chárteres» explica, socialmente tiene un efecto muy real: pura segregación. Sólo poniendo como ejemplo la ciudad de Phoenix en el periodo 2008-2016, las escuelas públicas únicamente añadieron cuatro mil estudiantes más. Sin embargo, los alumnos blancos y asiáticos se redujeron en 39 mil, mientras que los estudiantes hispanos y de otras razas aumentaron en 47 mil y los escolares con educación especial se incrementaron en 28.500. Al mismo tiempo, mientras la financiación estatal para los distritos públicos disminuía en casi mil dólares por alumno, en el caso de las chárteres aumentaba en más de 700.
«La conclusión es que extraen dinero que sería para nuestras escuelas públicas y estas ya están en suficientes problemas», dijo el propio Joe Biden como candidato presidencial sobre el asunto, mostrando una posición completamente opuesta a la de la era Obama, de la que fue vicepresidente. Si estas declaraciones van a venir acompañadas de un cambio general o simplemente suponían regalar los oídos de cara a los comicios al electorado pro Bernie Sanders, muy crítico con la chárter, sólo el tiempo lo dirá.
Analfabetismo
Brittani Bellamy ha vivido toda su vida en Orlando, Florida. Nacida en Estados Unidos, hasta el año 2013 ella fue una de los 43 millones de ciudadanos estadounidenses que se calcula tienen serias dificultades para leer y escribir. Es decir, fue prácticamente analfabeta hasta los veintitrés años de edad.
En teoría mis padres iban a educarme en casa, pero las cosas no fueron bien. Básicamente quedaron atrapados en conseguir cada día lo necesario para sobrevivir. Los amo mucho, hicieron lo que pudieron y no creo que fuera su intención criarme sin una educación básica, pero lo cierto es que a los quince años me di cuenta de que no sabía leer. A partir de ahí, por vergüenza, escondí mi situación hasta que el pastor de mi iglesia se enteró y me animó a ir a una escuela para adultos. Desde la primera vez que llamé hasta el día en que pisé la organización pasó un año, no me atrevía a ir, temía que la gente me juzgase.
De acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos, uno de cada cinco estadounidenses tiene habilidades de «baja alfabetización» y se estima que hasta 8,4 millones pueden ser analfabetos funcionales. Según la OCDE, la proporción de adultos en esa situación es la mayor en comparación con otros países desarrollados. Así, el contexto socioeconómico tiene en este país un mayor impacto en las habilidades de alfabetización que en otras naciones. Mientras los nacidos de padres con una buena educación en Estados Unidos tienden a tener habilidades de alfabetización más fuertes, las probabilidades de ser un adulto con escasa cualificación son 10 veces mayores en el caso de crecer en el seno de una familia de bajo nivel educativo. La OCDE no sólo pone el foco en que esta tendencia es superior a la de cualquier otra nación similar, sino que remarca lo siguiente: dichas habilidades están relacionadas con los resultados de empleo y con otros aspectos esenciales de la vida del ciudadano. En Estados Unidos, las probabilidades de tener mala salud son cuatro veces mayores para los adultos poco cualificados, el doble del promedio de los países analizados. Otro ejemplo: se calcula que el 75% de los reclusos estadounidenses no completaron la escuela secundaria o pueden clasificarse como poco alfabetizados.
La mayoría de casos que tratamos de adultos nacidos en Estados Unidos con analfabetismo vienen de comunidades afroamericanas muy pobres. Aquí, en el condado de Orange, las hay, pese a estar rodeados de vecinos ricos. Familias monoparentales, padres con múltiples trabajos… durante años fui profesora de inglés en Kurdistán. Mi escuela estaba en un pequeño pueblo, pero aun así tenían Física, Química y Cálculo pese a vivir en la pobreza extrema. No sé qué deberíamos hacer aquí, pero deberíamos hacer algo.
Es parte del análisis de Gina Solomon, directora ejecutiva de la ONG que dio clases a Brittani Bellamy, la Adult Literacy League, en activo desde el año 1968 y que sobrevive principalmente gracias a donaciones privadas. Solomon enfatiza el estigma social que estas personas afrontan, asegurando que, de entrada, jamás reconocen que no saben leer o escribir. Me cuenta la siguiente historia:
Tenemos un estudiante que tiene unos ochenta años. Llegó aquí porque la trabajadora de una biblioteca me llamó una noche llorando y pidiéndonos ayuda. El hombre acababa de abordarla a la salida del trabajo, diciéndole que estaba muy asustado. Su mujer, quien sí sabía leer, acababa de sufrir un ataque al corazón y tenía miedo de que muriese y, con ello, que sus hijos, que habían ido a la universidad, descubriesen que su padre era analfabeto. Él, que había trabajado duro para darle un futuro a su familia, no quería defraudarlos.
Brittany Bellamy aborda así su cuestión familiar:
Nadie contactó nunca con mis padres. Creo que las autoridades deberían controlar de alguna manera a los niños porque las familias pueden pasar por diversas situaciones y, en mi caso, nadie nunca se aseguró de que estuviésemos recibiendo una educación. Creo que la gente no se da cuenta de que esta es una realidad en nuestro país porque somos Estados Unidos, se supone que somos poderosos y libres, y tenemos acceso a todo. No es cierto. No todo el mundo tiene las mismas oportunidades y eso incluye la educación.
Bellamy consiguió su primer trabajo tan sólo dos años después de empezar a recibir clases, en 2016 pudo alquilar un apartamento y, en 2019, sacarse el carné de conducir. Ahora sueña con ir a la universidad. Sabe que no lo tiene fácil.
Deuda estudiantil
Si el nivel económico marca, salvo en contadas excepciones, el desarrollo educativo de niños y jóvenes, en el caso de la enseñanza superior en Estados Unidos puede, además, suponer una losa que acarrear de por vida. En 2020, la deuda total de préstamos estudiantiles alcanzó la cifra récord de 1,56 billones de dólares. Para hacernos una idea de lo que esto supone, sólo 45 millones de universitarios o exestudiantes deben en conjunto casi 1,6 billones. Es una de las categorías de deuda de consumo más altas del país. Aunque la mayoría de los individuos debe entre 20 mil y 40 mil dólares, casi un millón de personas debe más de 200 mil. La carga afecta sobre todo a estadounidenses entre los veinticinco y los cincuenta años de edad, pero la situación es tan extrema y la imposibilidad de hacer frente a los pagos es tal, que cada vez son más las personas jubiladas que siguen pagando sus estudios superiores. Según un análisis de Forbes basado en datos de la Reserva Federal, la deuda estudiantil de estadounidenses con edades entre los sesenta y los sesenta y nueve años asciende a los 85,4 mil millones de dólares. Otro estudio de Moody’s publicado en enero de 2020 reveló que prácticamente nadie podía hacer frente a los planes de pago que habían establecido en un principio, abocando a la mayoría a la refinanciación continua.
Si ponemos el foco en las disparidades raciales, la brecha es la siguiente: casi el 85% de los licenciados afroamericanos tienen deudas estudiantiles, en comparación con el 69% de los beneficiarios blancos de títulos, según la organización sin ánimo de lucro Centro de Préstamos Responsables. Aunque existe un claro consenso mediático e incluso social en etiquetar la situación como «la crisis de la deuda estudiantil», sólo los demócratas Elizabeth Warren, Tulsi Gabbard y Bernie Sanders fueron lo suficientemente claros a la hora de defender la cancelación total o masiva de dicha deuda en sus campañas para la nominación a candidato presidencial de las elecciones de 2020. Tampoco hay apenas rastro de defensa política de una universidad realmente pública. Según el Institute For College Access and Success, el 66% de los graduados en ese tipo de facultades salen de las mismas sin haber conseguido pagar por completo su educación. Es decir, cuando hablamos de la crisis de deuda, no nos estamos refiriendo precisamente a préstamos para ir a Harvard o Princeton. Estados Unidos podrá año tras año ocupar los primeros puestos en ránkings elaborados por instituciones privadas sobre las mejores universidades del mundo, eso sí, omitiendo siempre el enorme precio que el acceso a las mismas supone.
La vivienda como apartheid
Construir para destruir comunidades
Al oeste de la ciudad de Baltimore hay levantado un coloso de hormigón de seis carriles que termina de forma abrupta en medio de la nada. La historia de semejante brecha urbana, claramente visible en cualquier mapa de la urbe, se remonta a los años cincuenta, cuando se iniciaron los proyectos de la mayoría de las carreteras interestatales de Estados Unidos debido al aumento del consumo de automóviles. Por aquel entonces, la planificación de dichas infraestructuras decidió que la ruta 40 le pasara por encima a un barrio de mayoría afroamericana en el que vivían 10 mil familias. «Cuando era niña, yo venía a ver a mi padre aquí, que vivía en una de estas calles. Él decía que esto no tenía sentido, que por qué levantar algo que no llevaba a ningún sitio. Dijese lo que dijese, al final él también acabó convirtiéndose en un desplazado.» Denise Johnson se ajusta el nudo del pañuelo que lleva al cuello mientras lamenta no haberse puesto la bufanda en un día de abril extremadamente frío. Estamos en medio de una explanada cuyo único atrezzo es una excavadora al fondo, vallas metálicas y pequeñas casas cuyas construcciones languidecen dispuestas a desplomarse en cualquier momento. El viento penetra hasta los huesos. Le pregunto si quiere que nos movamos e insiste en explicar las consecuencias de la carretera a ninguna parte frente a ella, poniendo el dedo en la cicatriz de la que sería la herida mortal de su barrio de la infancia.
Aquellos que estaban todavía pagando sus casas tuvieron que irse sin recibir lo suficiente como para comprar otro hogar de un valor similar en otro lugar, pero el impacto no sólo debe medirse en términos económicos. Perdimos una comunidad con líderes, con cultura. La avenida Pensilvania era conocida por aquel entonces como el lugar para los negros en la ciudad, de música, danza… perdimos el testimonio de ese tiempo, perdimos iglesias, perdimos escuelas. Es decir, se destruyó el tejido social.
El caso de la carretera a ninguna parte en Baltimore oeste es especialmente sangrante por ser teóricamente un error de proyecto, es decir, que ni siquiera tenía que haber pasado por allí. Sin embargo, es el perfecto ejemplo para ilustrar lo siguiente: uno de los métodos más eficientes y utilizados en Estados Unidos para apuntalar la desigualdad es el uso perverso de las infraestructuras o, directamente, el no dotar de ellas a una comunidad. Así, pese al tiempo transcurrido, Baltimore oeste sigue siendo en la actualidad la zona de la ciudad con un mayor número de casas por ocupar y con un menor número de servicios y comercios en una de las urbes con la tasa de homicidios más alta de todo el país. Cuando las protestas ante la muerte en custodia policial, en 2015, del joven afroamericano Freddie Gay estallaron, la prensa internacional se hizo eco de las mismas. Sin embargo, pocos analizaron cómo el caldo de cultivo estructural que arroja desigualdad racial y falta de oportunidades lo impregna todo, hasta las infraestructuras. El despropósito de la ruta 40 no fue el único, nunca les han dejado remontar. La sacudida más reciente tiene el siguiente nombre: la Línea Roja. John Bullock, concejal por el distrito 9, lo resume de este modo:
Iba a ser una conexión de tren ligero de 14 millas de distancia que iba a unir Baltimore de este a oeste. En la actualidad, no tenemos un sistema integral de transporte. Esto iba a ser parte de ese proceso, algo que permitiría a las personas ir a trabajar, llegar a la escuela, 200 mil millones de dólares iban a ser invertidos por el estado. También 900 millones de dólares del Gobierno federal. Desafortunadamente, tras las elecciones, un nuevo gobernador decidió eliminar todo el proyecto.
Prácticamente la mitad de los trabajadores en la ciudad de Baltimore no pueden acceder a sus empleos mediante transporte público. En este contexto, la llegada de dicha línea iba a suponer, de entrada, dos mil nuevos trabajos a la zona. Tras la cancelación del proyecto –cuyos fondos ya estaban aprobados– por parte del nuevo gobernador, se inició la apertura de una investigación; sin embargo, el caso fue cerrado posteriormente por la Administración Trump. Fin del espejismo. Si en la época de la construcción de las interestatales se esgrimió como causa para los diferentes atropellos el hecho de que los afroamericanos no tuvieran derecho al voto, aún hoy día siguen siendo víctimas de tretas legales y burocráticas. «Lo teníamos todo en orden, la solicitud aprobada, los dólares federales, gente que trabajó por esto por más de 12 años, así que voy a usar el término abandono, además por servidores públicos. Luego hay levantamientos y disturbios, y nadie se explica por qué», remacha Denise Johnson. Se une a nuestra conversación Samuel Jordan, presidente de la Coalición por la Equidad en el Transporte de Baltimore, quien remarca que lo perdido fue el mayor proyecto de transporte público de la historia del estado, para el que se estimaba que serviría diariamente a 50 mil personas.
Este no es un problema aislado o exclusivo de esta ciudad. Toda la nación está desarrollada en función de iniciativas racistas. Va de construir contra negros y pobres, contra las personas que dependen del transporte público, que no tienen acceso a un vehículo privado. Nosotros vamos a persistir en la construcción de la Línea Roja, porque no sólo será justo para las personas negras de esta ciudad, sino que demostrará que traer la prosperidad aquí es crear prosperidad para toda la nación.
150 millas al sur, carteles conmemorativos recién estrenados visten calles deslavazadas, con una extraña mezcla de construcciones decadentes colindando a su vez con inmuebles que parecen por estrenar. Estamos en Richmond, concretamente en Jackson Ward.
Este barrio evolucionó esencialmente después de la guerra civil y durante los siglos xix y xx, y ya en 1920 era conocido como el Harlem del sur, la Black Wall Street. La segunda calle justo detrás de nosotros era un vibrante distrito de negocios. Cada negocio y cada dirección era propiedad de hombres o mujeres afroamericanos, había organizaciones fraternas afroamericanas, conocidas como sociedades de ayuda mutua. Básicamente eran agencias de seguros que permitieron a esta población combinar sus limitados recursos para ayudarse mutuamente, creando estructuras y comunidad. En este contexto, surgen líderes como Maggie L. Walker.
Ethan Bullard recita el contexto en el que vivió la primera mujer afroamericana al frente de un banco en Estados Unidos. Ha debido hacerlo cientos de veces, como procurador del lugar histórico nacional dedicado a ella y aun así le sigue poniendo la misma pasión que un niño que repite la lección por la que acaba de obtener un sobresaliente. Walker consiguió ese hito histórico en 1903 y, para hacernos una idea de su importancia, el sufragio femenino no llegaría hasta el año 1920. Sin embargo, el poderío económico afroamericano de esa zona no serviría de nada a nivel político, cuando se decidió que la autopista interestatal 95 destrozara con su paso dicho barrio. El único elemento de la comunidad que consiguió un pequeño desvío para sobrevivir al huracán de hormigón fue una iglesia: sólo Dios en los cincuenta pudo anteponerse a unos planes de construcción federales. Benjamin C. Ross, historiador de la parroquia, lo define como una «victoria agridulce», porque la destrucción de numerosos hogares supuso la mudanza de muchos miembros de la comunidad y la congregación religiosa tardaría años en recuperarse. El distrito no tanto, pues prácticamente un siglo después sus habitantes tienen un ingreso medio por debajo del umbral de la pobreza. De milla de oro negra a milla de la miseria.
Planificación urbana como método de segregación
Las comunicaciones, sin embargo, no sólo han sido determinantes para destruir o frenar el avance de determinadas minorías. Puede que la llamada Línea Roja (sí, igual que el malogrado proyecto en Baltimore) sea la medida más segregacionista en términos de infraestructuras. Se remonta a los años treinta, cuando, a raíz de la Gran Depresión, se buscaron formas para parar las crecientes ejecuciones hipotecarias. Así, en 1935, la Corporación de Préstamos para Propietarios de Viviendas, una agencia federal ahora extinta, elaboró mapas de más de 200 ciudades estadounidenses para indicar cuál era el riesgo de préstamo hipotecario por barrios. Para ello, se utilizaron características como la antigüedad de la vivienda, la calidad o los precios. Sin embargo, posteriormente trascendió que, a la hora de elaborar dichos planos, no sólo se tuvieron en cuenta también características étnicas y raciales de los vecinos, sino que fueron determinantes a la hora de trazar dichos mapas. De este modo, los barrios «Tipo D» se delinearon en rojo, coincidiendo en casi todos los casos con vecindarios con mayoría afroamericana.
Dichos mapas fueron utilizados durante años por entidades públicas y privadas como guía para negar créditos e inversión, es decir, para neutralizar oportunidades y apuntalar la pobreza de una manera tan efectiva que aún en la actualidad siguen publicándose estudios que demuestran que dicha estructura de segregación y desigualdad económica permaneció, contraponiendo dichos planos con indicadores actuales. Por ejemplo, un trabajo de la National Community Reinvestment Coalition de 2018 afirmaba entre sus conclusiones que la mayoría de los barrios calificados como de alto riesgo hacía ocho décadas seguían siendo en la actualidad de bajos ingresos y más de la mitad están poblados por minorías. Por el contrario, las ciudades con más áreas calificadas como deseables han permanecido en su mayoría pobladas por ciudadanos blancos. Otro estudio elaborado por economistas de la Reserva Federal de Chicago viene a corroborar lo mismo: que las diferencias de tasas de propiedad de la vivienda, el valor de las mismas, el crédito y la segregación continuaban allí donde fueron marcados décadas antes. Este trabajo en concreto es importante porque va más allá, demostrando que no es que las líneas rojas fueran inocentes y tan sólo fueran capaces de prever el desarrollo, en este caso más bien el subdesarrollo de dichos barrios, sino que, en efecto, multiplicaron las desigualdades. De este modo, los economistas comprobaron que los barrios pobres que no fueron marcados con el estigma de la línea roja mejoraron hacia una menor desigualdad.
Un punto fundamental en el desarrollo de la catástrofe fue la ausencia de crédito para los habitantes de los barrios marcados y, por tanto, la enorme dificultad de acceso a una vivienda. Así, prestamistas que aplicaban enormes intereses y cometían abusos camparon a sus anchas entre una población ya de por sí abocada a la lucha diaria para mantenerse a flote. Esto no sólo supuso hundir aún más en la precariedad a las familias afroamericanas, sino transferir la poca riqueza de estas a familias blancas. ¿Cómo y hasta qué punto? Un estudio del mercado de la vivienda en Chicago analizó cómo los vecinos de aquellos barrios donde era imposible acceder a préstamos hipotecarios asegurados por el Gobierno cayeron en los llamados «contratos por escritura». Mientras ellos asumían impuestos, reparaciones y obligaciones en general, además de pagar cuotas mensuales al prestamista, este era el que figuraba como titular en la escritura de una vivienda cuyo precio de venta y tasas de interés eran enormes. Es decir, asumían todos los costes –además de manera inflada– de una casa que jamás sería suya, por lo que dichas familias afroamericanas finalmente no acumularon capital, sino que alimentaron el de otros, concretamente el de los prestamistas y agentes inmobiliarios blancos que hacían uso de esta práctica depredadora.
De este modo, tomando como base datos sobre ventas y tasas y comparando precios respecto a los préstamos convencionales de la época (entre 1950 y 1970) y trasladando dicha cifra al contexto actual, los investigadores calcularon que a las familias negras se les cobró de más entre 3,2 mil millones y cuatro mil millones de dólares. Hay a quien todo esto puede sonarle bastante actual. Exactamente, no hace falta ser poseedor de una gran inteligencia para detectar un patrón similar en los contratos de alquiler de hoy día, tras la crisis de la vivienda, grandes firmas de capital privado adquirieron inmuebles a bajo precio para posteriormente establecer alquileres a precios cada vez más abusivos a quienes no tienen suficiente capital acumulado como para ser propietarios, es decir, gran parte de la clase trabajadora. El capitalismo y su capacidad sofisticada y perversa para reinventarse.
Vivir y morir en un erial
El impacto de la línea roja y sus efectos duraderos han sido tan ampliamente estudiados y corroborados que, en tiempos de análisis del cambio climático y el aumento de la temperatura global, incluso existe un trabajo de la Universidad Estatal de Portland y el Museo de Ciencias de Virginia sobre la fuerte correlación entre exposición al calor y esta política de vivienda racista en 108 ciudades estadounidenses. Las comunidades estigmatizadas por dichos planos han sido aquellas más expuestas al calor extremo, entre otros motivos por falta de espacios verdes y árboles. Los eriales económicos son también eriales en su literalidad. No es un tema menor; como bien recuerda The Trust for Public Land, se estima que el calor extremo contribuyó fatalmente en la muerte anual de unas 5.600 personas en Estados Unidos entre 1997 y 2006. Un trabajo de dicha organización, publicado en agosto de 2020, afirmaba que los barrios con parques cercanos son mucho más frescos que aquellos que no tienen y en su análisis encontraba que los parques cercanos a poblaciones no blancas son de la mitad de tamaño que los de las poblaciones de mayoría blanca. En las comunidades de bajos ingresos, las zonas verdes son cuatro veces más pequeñas y, al mismo tiempo, cuatro veces más concurridas que aquellas situadas cerca de hogares con altos ingresos. «En Detroit, por ejemplo, donde el 78% de los residentes son negros, la ciudad dedica el 6% del suelo para parques, en comparación con la media nacional del 15%. En Memphis, Tennessee, sólo el 5% […] en Baton Rouge, Luisiana, sólo el 3% de la ciudad».
«La política de vivienda puede tener un impacto realmente duradero, ya que las estructuras permanecen durante mucho tiempo», dijo Daniel Hartley, uno de los economistas del estudio anteriormente citado de la Reserva Federal de Chicago a The New York Times. Si bien a finales de los sesenta y durante los setenta se aprobaron diversas iniciativas legislativas para intentar poner fin al delineamiento rojo de manera abierta, las prácticas discriminatorias siguieron y continúan sucediéndose, aunque en muchas ocasiones de manera más soterrada. Pongamos como ejemplo Washington DC.
Una de las estampas más conocidas de la capital estadounidense son los monumentos a presidentes históricos, muchos de ellos bañados por las aguas del río Potomac, que discurren alrededor de las construcciones o se sirven de ellas, como un ornamento natural que dota de fuerza y continuidad. Hacia el este, sin embargo, está su hermano pequeño fluvial, el más desconocido río Anacostia, que, si bien deja pequeños paraísos verdes escondidos en plena ciudad, en la práctica se utiliza como una delimitación natural para perpetuar desigualdades económicas. Mientras que los habitantes de la zona sudeste de la ciudad que se extiende un poco más allá de la parte trasera del Congreso gozan de calles limpias, tiendas y restaurantes de moda, casas reformadas y apartamentos completamente nuevos, una vez cruzado el puente de la avenida Pensilvania sus vecinos tienen las siguientes opciones comerciales y recreativas: gasolineras, iglesias, destartalados bazares, tiendas de alcohol y funerarias. Sal de aquí, reza, sobrevive, drógate o muere. No necesariamente por ese orden. Así, primas hermanas de la redlining son la retailining o la liquorlining. En el primer caso, la práctica consiste en que no sólo no haya determinados negocios y servicios en algunas zonas en función de su composición étnica y no respecto a criterios económicos, sino que además los servicios de transporte público y privado o la comida a domicilio son limitados. En el segundo caso, por el contrario, determinados proveedores se nutren de vecindarios poblados por minorías o con bajos ingresos para colocar productos conocidos por sus efectos adversos en la comunidad, como las tiendas de alcohol. Donde hay muchas licorerías hay más delincuencia y problemas de salud pública, y, por lo tanto, en otra especie de espiral de la pobreza, una mayor aversión a establecerse en la zona por parte de otros servicios y comercios esenciales, como supermercados o tiendas de ropa. Marginalidad estructural como fantasma para cualquier intento de progreso.
«Estoy feliz de informar a todos aquellos que viven su estilo de vida suburbano soñado que nunca más serán molestados ni les afectará económicamente la construcción de viviendas para personas de bajos ingresos en su vecindario.» El 29 de julio de 2020, Donald Trump tuiteaba esta declaración de intenciones para no sólo dejar patente la inquina de electorado y políticos republicanos hacia las ayudas públicas, sino también las ganas del presidente de apuntalar la segregación por vivienda e infraestructuras. En este sentido, el por aquel entonces todavía presidente tomaba como referencia principal un artículo de opinión de la política de su partido Betsy McCaughey, en el que exponía la argumentación base del asunto. En dicho escrito, McCaughey advertía de que si Joe Biden ganaba las elecciones presidenciales, el estilo de vida alejado de la aglomeración urbanita de casas unifamiliares con jardín –aquel que medio mundo y parte del otro visualizan de inmediato alentado gracias al imaginario establecido por las películas– se vería amenazado. Biden, según su campaña electoral, pretende impulsar un «plan de ingeniería social» de la era Obama que busca la construcción de viviendas asequibles de alta densidad en dichos vecindarios bajo el pretexto de la justicia social, exponía McCaughey. La política se defendía de las críticas asegurando que oponerse a esto no es racista, puesto que acceder a los suburbios es una cuestión de ingresos, no del color de piel –ocultando así todos los problemas estructurales que hemos expuesto–. Por otro lado, sacaba el comodín de la «libertad» para defender el derecho –en este caso, privilegio– de seguir viviendo en casas grandes con avenidas verdes sin pagar más impuestos por tener que ampliar alcantarillado, construir escuelas o agregar transporte público para acoger a unos vecinos con un menor poder adquisitivo. De nuevo, segregación vestida de meritocracia. Lo que el artículo y Trump callaban, sin embargo, es que, en 10 años de Gobierno, la Administración Obama no llegó a implementar dicho plan de manera efectiva.
El tuit de Trump «puede ser el llamamiento más abiertamente racista a los votantes blancos que he visto desde los días de líderes estatales segregacionistas como George Wallace de Alabama y Lester Maddox de Georgia», comentó sobre este tema el veterano periodista afroamericano Eugene Robinson. Si bien puede resultar exagerado comparar dicho mensaje con aquellos que profería el exgobernador de Alabama –«segregación ahora, segregación mañana, segregación siempre»–, lo cierto es que da cuenta de la lentitud del progreso en este sentido y cuán enraizadas siguen dichas estructuras en el imaginario colectivo. Por otro lado, las palabras de Trump no sólo resultan polémicas por su contenido, sino por el cuándo fueron pronunciadas, ofreciendo una perfecta radiografía de cómo la percepción de la realidad estadounidense se descodifica desde burbujas sociales.
Desahucios
María Jiménez no es su nombre, porque tiene miedo de que la identifiquen pero el suficiente coraje para contar su situación. Ha llegado a un punto en el que le da vergüenza seguir pidiendo ayuda, porque quienes la conocen también necesitan ayuda para sobrevivir:
Yo trabajaba en un hotel, pero perdí el empleo por esto de la covid en marzo. Es julio y sigo sin encontrar nada. Yo siempre he sido una persona que me ha gustado ahorrar y estoy viviendo de esto, pero una tiene que estar pagando la renta y sin entrar fondos no sé qué voy a hacer.
Carlos Sánchez tampoco se atreve a dar su nombre real. Hace unos días que dio positivo en un test de coronavirus y, desde entonces, intenta aislarse en un espacio sumamente pequeño. A él el virus en su cuerpo le da igual, no así en el cuerpo de su hija.
Aquí llevamos dos años viviendo ya mi mujer, mi hija, yo y una pareja más. El único apoyo que tengo ahorita es el del desempleo y es por eso que todavía hemos podido sobrevivir. Es duro porque yo tenía un trabajo muy estable, llevaba 10 años ahí y por el virus nos despidieron a todos. Tuvimos que vaciar todos los ahorros para pagar la renta, pero ya no tenemos más. La señora me dijo que teníamos que desalojar inmediatamente, pero me tocó decirle a ella que no podía, que tengo una niña pequeña que no tiene ni dos años y además el gobernador de Minnesota había dicho que no podían desalojar a nadie. Aun así, unas tres o cuatro veces ya me dijo que tenemos que dejar el apartamento inmediatamente.
Al mismo tiempo que Trump apelaba a un electorado blanco de verdes y ordenadas avenidas, millones de personas vivían asomadas al abismo de perder el techo que les estaba dando refugio ante una pandemia cuya cifra de contagios no paraba de crecer.
La gente tiene mucho miedo. Por un lado, está el hecho de que los fondos federales de los paquetes de estímulo se acaban y, con un Senado estancado [en aquellas fechas el poder legislativo estaba más centrado en sacar rédito electoral de disputas relativas a las ayudas que de aprobar nuevas medidas], nadie sabe si se extenderán. Por otro, está el miedo de que finalicen las moratorias contra los desalojos. Quiero recalcar, además, que muchas familias ni siquiera van a obtener ayudas porque no tienen permiso de trabajo. Además, estamos encontrando que muchas barreras tecnológicas y de idioma han supuesto que gente que podría haberlas recibido no haya accedido a las mismas.
Stephanie Herron Rice es abogada especialista en temas de vivienda en Massachusetts. En el momento en el que hablamos, asegura que hay cinco mil casos pendientes de desahucio congelados en su estado por la moratoria impuesta debido a la pandemia, pero que, una vez levantada, esperan alrededor de 20 mil casos nuevos. Teniendo en cuenta que la media anual es de unos 30 mil, «estamos hablando de más de la mitad de los desalojos en un año en cuestión de muy pocos meses». Desde Pensilvania, su colega Daniel Cortés dibuja un panorama similar y además pone el dedo en la llaga remarcando dos cosas. La primera, que ni siquiera es posible conocer la magnitud de la catástrofe porque no existen cifras nacionales de desalojos: «No tenemos un centro de información federal de los casos civiles estatales. Cada estado maneja su base local y cada uno de ellos tiene su propio sistema para registrarlos. Algunos tienen esa información pública y otros no, por lo que se vuelve un trabajo de investigación, de ir a las redes, a los sistemas de cada juzgado, y tratar de averiguar qué está pasando». La segunda, que la crisis del acceso a la vivienda antecedía a la pandemia:
Yo no creo que las autoridades entiendan cómo funciona esta crisis. Esto ha sido un problema antes de la covid-19, el problema de la gente que vive al día, que ve cómo los precios suben mientras los ingresos se estancan. Frente al discurso de que vivimos en un mercado libre, donde, si no te gusta o no puedes pagar, en teoría puedes ir a otro lugar, está la realidad. En la práctica, hay escasez de acceso a la vivienda.
Su colega Herron pone las cifras encima de la mesa: «Antes de la pandemia ya había más desalojos cada año que en el punto más alto y crítico de la recesión de 2008, con más de 2,3 millones de desalojos registrados en los juzgados del país anualmente. Esto sólo habla de los desalojos registrados, pero sabemos que muchos son llevados a cabo más informalmente o, mejor dicho, ilegalmente». Así, los datos más fiables sobre la epidemia de perder un techo son aquellos ofrecidos por el Laboratorio de los Desalojos de la Universidad de Princeton. Creado en 2017, la idea partió del investigador Matthew Desmond, quien en 2008 se dio cuenta de la necesidad de recopilar un estimado nacional. Con la ayuda del laboratorio, Emily A. Benfer, presidenta del Comité de Trabajo sobre Desahucios de la Asociación de Abogados de Estados Unidos, llegó en verano de 2020 a la siguiente conclusión: «Nunca habíamos visto este grado de desalojo en una cantidad de tiempo tan corta en nuestra historia. Aproximadamente 10 millones de personas, durante un periodo de años, fueron desplazadas de sus hogares tras la crisis de ejecuciones hipotecarias en 2008. Estamos viendo entre 20 y 28 millones de personas en este momento, entre julio y septiembre, afrontando desahucios». La propia Oficina del Censo de Estados Unidos publicaba una encuesta en la que revelaba que una cuarta parte de los inquilinos latinos y afroamericanos habían pospuesto el pago del alquiler en mayo de 2020 y la mitad mostró su preocupación por no poder pagar la renta del mes siguiente.
El colapso nacional durante el verano de 2020 sólo se evitó a golpe de moratorias de desalojos. En medio de esa distopía, en la que mientras millones vivían con la ansiedad permanente de perder sus casas y en la que algunos políticos se esforzaban por apelar a las familias blancas de perfectos barrios suburbanos, los legisladores decidían irse de vacaciones hasta septiembre. Sólo las elecciones presidenciales, que estaban por llegar en un par de meses, ocupaban el cronograma de sus mentes. Mucho tiempo después de los comicios, la situación relativa a los desahucios continúa sin resolverse, posponiéndose mediante aplazamientos sobre el papel que, en la realidad, ni siquiera se cumplen en muchos territorios.
II
TRABAJAR COMO UN ESCLAVO
La prueba de nuestro progreso no es si agregamos más a la abundancia de los que tienen mucho; es si proporcionamos lo suficiente a los que tienen poco.
Franklin Delano Roosevelt, «Segundo discurso inaugural»
Jobs, jobs, jobs! o el espejismo de los datos de empleo
Puede que el Memorial weekend o fin de semana de los caídos sea el más deseado en una nación con una decena de festivos federales por año. Celebrado cada final de mayo, fue elegido como fecha para honrar a los soldados estadounidenses muertos en combate. En la práctica, se ha convertido en el comienzo no oficial de la temporada de verano, por lo que miles de trabajadores aprovechan para atascar carreteras y autopistas cuajadas de banderas y letreros patrióticos en defensa de todas las ramas del ejército. Rebecca Wood, sin embargo, lo recuerda siempre como el día en el que pasó una larga y angustiosa jornada en una unidad perinatal, tras dar a luz en la semana 26 de embarazo a su hija Charlie, una bebé de apenas 790 gramos que sobrevivió contra todo pronóstico. Hablamos por teléfono ocho años después del episodio que volaría por los aires su plan de vida clasemediera. La escucho calmada y, sobre todo, riendo bastante más que cuando la conocí por primera vez en 2017.
Ya llevamos un año viviendo en Boston. Después de llevar tanto tiempo luchando por un sistema de salud justo, encontré trabajo como activista en una organización en Massachussetts. Nos mudamos porque aquí tengo algunos amigos y la verdad es que fue un acierto. Ahora ya estoy bien, ya sí me alcanza con este empleo. También porque una ya ha aprendido algunos trucos, como no decir nunca que soy madre soltera a la hora de postular para el alquiler de un apartamento.
Cuando Rebecca se quedó embarazada, ella y su marido, ambos con estudios universitarios, estaban mirando casas para comprar. A la salida del hospital, la idea de ser propietarios se esfumó durante la dura batalla que tenían por delante para hacer frente al ingente número de facturas por copago que su seguro médico les iba remitiendo a cada tratamiento, medicamento o visita de Charlie.
Ni siquiera puedo darte una cifra de todo lo que nos costó porque, sinceramente, no era sólo el dinero. Para que te hagas una idea, Charlie necesitaba alimentarse con una fórmula especial que costaba 27 dólares al día. Se suponía que nuestro seguro cubría todo o parte de ese gasto, pero, hasta que lo aceptaron, estuve dos meses día y noche luchando para conseguirlo. Toda esa energía para algo mínimo en un momento en el que tienes a una recién nacida con problemas, en terapia y que ni siquiera sabes si se desarrollará correctamente, así que imagina todo lo demás.
Ante una situación de este tipo caben dos reacciones: abrumarse o envalentonarse. Mientras su marido contenía la respiración bajo la ola, Rebecca se subía a una tabla y convertía su lucha personal en colectiva. Así, acabaron por distanciarse.
Cuando me separé, me di de bruces con la realidad. Aun trabajando a jornada completa no habría podido pagar el cuidado de mi hija. Lo único que encontré con un poco de flexibilidad fue conducir para Uber, llevar pedidos de comida a través de diferentes aplicaciones… ya sabes, todo eso. Fue muy humillante y frustrante porque me sentía una madre terrible, entrando corriendo a restaurantes para recoger la comida mientras tenía a la niña durmiendo en uno de los asientos del coche. No me derrumbé porque me decía a mí misma que era algo extraordinario y temporal. Sin embargo, una noche estaba en casa y un amigo me envió una tarjeta regalo para pedir comida. Charlie estaba durmiendo la siesta, así que salí a recoger el pedido y vi que quien lo había traído era una madre con un niño durmiendo en el asiento trasero. Dije, mierda, no soy yo sola. Hay algo muy mal en nuestra sociedad cuando esta es la única salida a la que se están viendo abocadas muchas madres.
El 6 de marzo de 2020 Donald Trump tuiteó uno de sus recurrentes lemas, «JOBS, JOBS, JOBS!», acompañado de una noticia sobre los resultados de empleo del mes de febrero, aquellos que podían considerarse los últimos antes del estallido de la pandemia. Eran espectaculares, apenas una tasa de desempleo del 3,5%. Dos meses después, 40 millones de ciudadanos habían solicitado algún tipo de prestación por pérdida de sus trabajos, una volatilidad que sólo se entiende prestando atención a lo que realmente había y hay detrás de las cifras milagro. No existe ni un solo territorio en Estados Unidos en el que un trabajador con el salario mínimo y empleado a tiempo completo pueda acceder a un alquiler de un apartamento de una habitación y llegar sin problemas a final de mes. Un análisis de Brookings de noviembre de 2019, en plena fiesta de números de ocupación laboral, estimaba que al menos 53 millones de estadounidenses entre los dieciocho y los sesenta y cuatro años, es decir, el 44% del mercado, casi la mitad de los trabajadores, estaban cobrando bajos salarios, con un ingreso anual promedio de aproximadamente 18 mil dólares. De ellos, más de la mitad eran personas de menos de cincuenta años, precisamente la edad en la que los individuos tienen y crían hijos. Además, muchos de ellos eran los únicos que registran ingresos en el seno familiar. Así, antes de la pandemia, casi un tercio de los estadounidenses vivía por debajo de la línea de pobreza federal, marcada en los 36 mil dólares anuales para una familia de cuatro miembros. Mujeres y trabajadores afroamericanos son los grupos con una mayor sobrerrepresentación en esta suerte de fuerza laboral masiva de segunda.
La neoesclavitud es además una plaga generalizada. En el análisis realizado por Brookings, donde tuvieron en cuenta los datos de casi 400 áreas metropolitanas, observaron que la proporción de trabajadores con salarios bajos[1] siempre está entre un 30 y un 60%. Aunque los lugares más afectados se sitúan sobre todo en el sur y el oeste de Estados Unidos, con una fuerte presencia de inmigrantes y, por lo tanto, mano de obra explotada, como Yuma en Arizona o McAllen en Texas, las urbes más ricas tampoco escapan a la vergüenza. Economías productivas y que por lo general registran algunos de los sueldos más altos de la potencia económica global albergan entre sus lujosos edificios de oficinas cientos de miles de sujetos que apenas llegan a fin de mes. Casi un millón de trabajadores mal pagados en la región de la capital, Washington DC, 700 mil en Boston y San Francisco o más de medio millón en Seattle. Imaginen además sobrevivir en esa situación en una jungla asfaltada de precios desorbitados. Un informe de la propia Reserva Federal da cuenta de los malabarismos y el ahogo de la clase trabajadora: tres de cada 10 adultos en Estados Unidos registran ingresos familiares que varían de mes a mes y uno de cada 10 experimentó en 2017 enormes dificultades debido a esto. Se calcula que uno de cada cuatro adultos menores de treinta años y el 10% de todos los adultos en general reciben ayuda económica de alguien que no vive con ellos.
Lo que no cuentan las estadísticas
Una larga fila de adultos cobijados bajo abrigos, gorros, bufandas y con apenas los ojos y la nariz a la intemperie esperaba ante las puertas de un lujoso establecimiento en la capital en pleno enero del año 2019. Eran funcionarios y trabajadores de empresas contratistas del estado. El motivo, recibir comidas gratuitas preparadas por la ONG del popular chef español José Andrés, quien impulsó la iniciativa después de que más de 800 mil empleados llevasen apenas un mes sin cobrar sus salarios debido al cierre del Gobierno. En total fueron 35 días en los que el Gobierno federal se quedó sin fondos debido básicamente al veto de Trump, que no quiso aprobarlos porque no contenían la financiación que el presidente exigía para la construcción del muro en la frontera con México. ¿Cómo personas con contratos fijos e ingresos estables corrían el riesgo de pasar hambre ante una falta temporal de sueldo? Siguiendo con el análisis citado anteriormente, la Reserva Federal llegó a la conclusión de que cuatro de cada 10 adultos en Estados Unidos serían incapaces de hacer frente a un gasto inesperado de 400 dólares y más de la quinta parte no podía hacer frente a todas las facturas. Unos cálculos que, para la mayoría de las ONG, se quedan cortos. Tomando como ejemplo las estimaciones de United Ways, al menos el 43% de los hogares en Estados Unidos no puede pagar lo básico para vivir, es decir, sus miembros no ganan lo suficiente para cubrir el coste combinado de vivienda, alimentos, cuidado de los niños, atención médica, transporte y al menos un teléfono móvil. Esta organización parte de la siguiente premisa: la medida oficial del Gobierno estadounidense subestima la pobreza. Creada hace más de 45 años, la fórmula estatal se basa solamente en el coste de la alimentación y se aplica de manera estándar a todo el territorio. Así, en la época actual, elementos como los que United Ways toma en cuenta marcan de igual manera las necesidades básicas y son más o menos difíciles de cubrir en función de donde se viva. Cuando esta organización estableció una nueva «medida de coste real» y la aplicó, los resultados fueron demoledores: sólo en California, en un momento en que dicho estado había superado a Reino Unido como la quinta economía más grande del mundo, casi cuatro millones de hogares no llegaban a final de mes, y de estas familias, nueve de cada 10 tenían a un adulto trabajando. Henry Gascón, director de programa y desarrollo de políticas de la organización en ese estado, desmonta así varios mitos:
Al contrario de lo que popularmente podría creerse, las familias pobres no son sólo aquellas que se benefician de ayudas públicas. Son familias trabajadoras que viven con tremendos desafíos. Por ejemplo, aquellas con dos adultos en edad de trabajar con uno de ellos en el comercio minorista, cuyas horas y el pago recibido fluctúan significativamente a lo largo del año. Volviendo al tema de las ayudas, además, una de las cosas que descubrimos es que en California no se reclaman hasta cinco mil millones de dólares en asistencia disponibles cada año porque las familias simplemente no saben que pueden optar a ello o no se les proporciona esa información.
Los hogares más golpeados: las madres solteras, con un 72%, y los inmigrantes, con un 62%.
Lo dice la ONU
«La igualdad de oportunidades, que es tan apreciada en teoría, es en la práctica un mito, especialmente para las minorías y las mujeres.» Aunque ha nacido y crecido en Australia, Philip Alston conoce bien la realidad estadounidense. Doctorado en la Universidad de California, es de aquellas personas que, lejos de flotar en la burbuja social que le brinda su estatus, lleva toda la vida explorando lo que hay fuera de ella para contarlo a quien quiera oír. Alston es autor de uno de los textos que ha dejado más recientemente desnuda la propaganda del emperador. Enviado especial por Naciones Unidas para investigar la pobreza, a finales de 2017 concluyó, entre otras cosas, que «el sueño americano se está convirtiendo rápidamente en la ilusión estadounidense». Huyendo de equidistancias, Alston remarcó que «si bien Estados Unidos es uno de los países más ricos, poderosos y tecnológicamente innovadores del mundo, todo esto no se está aprovechando», teniendo en cuenta que hay al menos 40 millones de personas pobres y que registra la mayor tasa de pobreza infantil entre las naciones más ricas. Es decir, entre este dato y el de una tasa de pobreza juvenil más alta de la OCDE (afecta a una cuarta parte de ellos), Estados Unidos no sólo tiene secuestrado su presente, sino también su futuro.
En sus conclusiones, Alston incluso apeló al llamado excepcionalismo estadounidense, la teoría que promueve que esta nación es cualitativamente diferente a las demás y que, por lo tanto, no debe estar sujeta a las reglas que se aplican al resto (es más, esa supuesta superioridad les sirve de base a la hora de justificar la exportación de sus «valores» al resto del mundo). En este sentido, el enviado especial de Naciones Unidas concluyó que el tan aclamado excepcionalismo estadounidense, en realidad, debería más bien ser motivo de vergüenza nacional: «En lugar de darse cuenta de los admirables compromisos de sus fundadores, los Estados Unidos de hoy han demostrado ser excepcionales en formas mucho más problemáticas que chocan sorprendentemente con su inmensa riqueza y su compromiso fundacional con los derechos humanos. Como resultado, abundan los contrastes entre la riqueza privada y la miseria pública». El informe fue tan demoledor que ocupó varios días titulares entre la prensa considerada más progresista y local de los lugares que Alston visitó. Pese a ello, lo que posteriormente ocupó las cabeceras, esta vez de todos los colores, no fueron políticas destinadas a paliar lo expuesto, sino la crítica despechada de quien fuese embajadora de Washington en la ONU. «Evidentemente, es ridículo que Naciones Unidas examine la pobreza en Estados Unidos», aseveró Nikki Haley, quien calificó la osadía de documento «engañoso y políticamente motivado» sobre «el país más rico y más libre del mundo».
Pero la medida de la pobreza no es el único indicador trasnochado en Estados Unidos y para el que no parece haber ganas de ajustarlo –quizá, por miedo a obtener resultados más próximos a la realidad–. También existen imprecisiones y fallos en el análisis del cómo son los trabajos, algo que en parte explica lo primero: si no sabemos exactamente el grado de explotación, difícilmente podrá entenderse por qué en un contexto de pleno empleo la gente no vive, sino que sobrevive.
En mi caso empecé en la llamada gig economy (concepto que en Estados Unidos se emplea para referirse al trabajo por cuenta propia o ser autónomo) para poder hacerme cargo de mi hijo a la vez que trabajaba, dado que soy madre soltera; pero en nuestro grupo somos además personas que tenemos que cuidar a nuestros mayores y necesitamos a la vez un empleo. Estudiantes, inmigrantes, personas discapacitadas o gente con trabajos que, aunque son a tiempo completo, no tienen horarios definidos y necesitan un ingreso extra porque el salario no es suficiente.
Ashley Johnson describe así a la miríada de personas que, como ella, conforman la no plantilla de la aplicación informática mediante la cual ellos realizan la compra en el supermercado para quienes pagan por dicho servicio. En el momento en el que hablamos, acaban de ir a la huelga por quinta vez:
Aunque me encanta la amplia disponibilidad de horario y realmente disfruto a la hora de servir a los clientes, trabajar para Instacart, Shipt o DoorDash (empresas de aplicaciones de compra y reparto de comida) es una experiencia deshumanizante. Estamos constantemente lidiando con salarios bajos o control continuo del empleador, pese a ser falsos autónomos y, por lo tanto, los únicos responsables de nuestros impuestos, protecciones y gastos en general. Estamos controlados por algoritmos, clasificaciones y herramientas que, por ejemplo, dan a la compañía el poder de ocultar la opción de darnos propinas. Al principio la demanda era mucha y éramos pocos, pero, debido al aumento de la contratación, cada vez ingresamos menos: en mi caso he vivido cuatro recortes salariales en un solo año. Mientras la frustración crece, también las horas que debemos trabajar para compensar, hasta el punto de agotar los pocos recursos financieros de los que disponíamos, así como el tiempo para poder encontrar otro trabajo. Lo mismo les sucede a los conductores de Uber, Lyft, Uber Eats, Grubhub, Postmates, etc. (empresas de transporte de pasajeros y de reparto de comida a domicilio).
En el caso de los dos primeros servicios, además, con el agravante de que sus precios están acabando por desmantelar la competencia tradicional, como por ejemplo los taxistas, y, por tanto, cualquier opción laboral similar. Johnson continúa:
La mayoría de estas compañías empiezan pagando bien para posteriormente hacerlo muy por debajo del salario mínimo. Aunque los servicios prestados son necesarios, como lo es la necesidad de mano de obra, quienes dirigen estas empresas sólo se centran en la salida a bolsa, sus propios beneficios y la codicia. No ven a los trabajadores o los clientes como seres humanos y tomarán todas las medidas imaginables para reducir los costos laborales. Mientras, yo debo cubrir el seguro del automóvil, las reparaciones, la gasolina, el registro, cualquier tarifa de peaje o estacionamiento e impuestos. No cotizo para el desempleo o baja laboral, no tengo requisitos de descanso por hora o cualquier mínima protección laboral. Se han tomado medidas legales para tratar de abordar el problema en algunos estados como California, pero hasta ahora ninguno de ellos ha conseguido una solución perfecta.
Tan sólo un mes después de esta conversación, trasciende que la aplicación para la que trabaja estaba presionando al alcalde de Seattle para obtener el veto de un proyecto de ley, ya aprobado por unanimidad por el ayuntamiento, que exigía el pago de un plus de peligrosidad para los trabajadores de entrega de alimentos de dos dólares y medio por pedido durante la pandemia.
Volvamos al cómo es posible que haya tal abismo entre las amables cifras y la cruda realidad. En este punto, cabe destacar que ni siquiera hay acuerdo en definir la gig economy (¿quiénes son realmente trabajadores por cuenta propia?), porque existe un debate entre quienes incluyen en la misma a cualquier tipo de autónomo y quienes abogan por establecer diferencias. Sea como sea, no hay una medición oficial del impacto de la misma. Un trabajo de la Oficina Nacional de Investigación Económica llegó a la conclusión de que el Gobierno de Estados Unidos simplemente no está comprendiendo este enorme segmento de la fuerza laboral. Una de las estimaciones más fiables es la de la encuesta «Freelancing in America» de 2019, donde se concluye que son unos 57 millones de trabajadores mayores de dieciocho años, lo que supondría el 36% de la fuerza laboral y subiendo. Así, algunas proyecciones establecen que este tipo de economía, con las anteriores características descritas –sin cobertura sanitaria, sin bajas laborales, sin seguro por desempleo o por accidente laboral, entre otros aspectos–, podría suponer más de la mitad de los empleos en Estados Unidos para el año 2027. A estas alturas cabría preguntarse si el problema es que el Gobierno no está entendiendo el fenómeno o, más bien, si, al no medir su impacto real, quizá pueda hacer como si no existiera, aunque el futuro ya esté aquí. Más adelante explicaremos en qué consiste, pero antes, una vez expuesto el hecho de que buenas cifras de empleo no es sinónimo de garantía de subsistencia para los trabajadores, habría que intentar aproximarnos a la realidad de los mismos y la de aquellos que están arriba.
Las leyes de la clase trabajadora estadounidense
Estados Unidos es la única economía avanzada donde por ley no estás obligado a tener vacaciones pagadas, todo depende del criterio del empleador. En general, la media otorgada suele ser de una quincena por año, muy lejos del tiempo mínimo requerido por ley en la mayoría de países comparables. Así, se calcula que uno de cada cuatro trabajadores estadounidenses no goza ni de vacaciones ni de festivos remunerados. En contraposición, los ciudadanos de la Unión Europea tienen garantizados al menos 20 días de vacaciones pagadas por año y, de ellos, España ofrece la mayor cantidad total de días libres con remuneración. Esto supuso que, hace algunos años, un 41% de los trabajadores estadounidenses no tomaran vacaciones ni festivos. En comparación, los empleados de este país trabajaron de promedio 419 horas más que los alemanes, según datos de la OCDE.
En Estados Unidos tampoco existen requisitos legales federales que garanticen el pago de las licencias por enfermedad. Aunque una docena de estados están introduciendo sus propias políticas en este sentido, con aproximadamente 10 días de máximo de baja por enfermedad anuales remunerados, según la Oficina de Estadísticas Laborales sólo la cuarta parte de los empleadores estadounidenses ofrece más de esos 10 días pagados por enfermedad al año. Eso sí, sólo pueden pedirse tras trabajar durante un año de manera continuada en la misma empresa.
En Estados Unidos no existe ley alguna que garantice los pluses de peligrosidad en determinados trabajos. De hecho, incluso durante la pandemia, a mediados de mayo ya se registraba la primera ola de empresas que, si bien habían apostado en un primer momento por valorar económicamente la máxima exposición de trabajadores esenciales, tan sólo unos meses después y pese al mantenimiento del peligro decidían retirarla. Amazon, Walmart, Target o Kroger Co –esta última incluso llegó a llamar al bonus «Héroes»– eran algunas de las grandes en cancelar los pluses, pese a que en algunos de esos casos las compañías estaban registrando ganancias récords.
En Estados Unidos el salario mínimo federal está establecido en 7,25 dólares la hora desde el año 2009. Pese a que Barack Obama intentó aumentarlo para algunos trabajadores federales a 10,10, la iniciativa no prosperó. Posteriormente, otro proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes aún más ambicioso se estancó en el Senado. Para hacernos una idea de la pérdida de poder adquisitivo, para simplemente haber mantenido mínimamente el ritmo de la inflación, dicho salario debería haber llegado a los 10,15 dólares la hora en el año 2018 según estimaciones muy conservadoras. Si bien es cierto que, en 2020, 29 estados, la capital y algunas ciudades ya habían aprobado por sí mismos aumentos, prácticamente la mitad del país cobra una cantidad muy por debajo de lo que podría considerarse como miseria. Tanto es así, que un empleado a tiempo completo ganando el salario mínimo federal está muy por debajo de la línea de la pobreza. Si hablamos de asalariados en familias de cuatro integrantes, al final del año les faltarían más de 11 mil dólares para poder superar dicho umbral. Cabe recordar que estamos hablando de trabajos a tiempo completo y ya en 2019 se calcula que al menos 26,94 millones de trabajadores estadounidenses de los 157 millones que suponen la fuerza total de trabajo lo hacían a tiempo parcial, una cifra con tendencia al alza desde los años noventa.
«Por salario digno me refiero a más que un nivel de subsistencia. Me refiero al salario de una vida digna», dijo el presidente Franklin Delano Roosevelt en el año 1933. Cinco años después entraría en vigor el salario mínimo federal y, hasta 1968, aumentaría en función no sólo de la inflación sino del crecimiento de la productividad. Es decir, el salario mínimo en su origen no sólo tenía la intención de cubrir los gastos básicos de aquellos trabajadores con menores ingresos, sino de ir incrementando las posibilidades de estos para adquirir mayores bienes y servicios. Según cálculos publicados por Dean Baker, codirector del Centro de Investigación Económica y Política, de haber seguido con esta tendencia, el salario mínimo estadounidense debería ser de 24 dólares la hora, frente a los 7,25 actuales. Tras ganar la presidencia, Joe Biden planteó oficializar los 15, estableciendo, sin embargo, un más que sospechoso plazo de implementación de cuatro años desde el inicio de su mandato. No obstante, a la primera de cambio, los demócratas sacrificaron la medida en el Congreso. Como premio de consolación, el presidente decretó ese sueldo mínimo para aquellos trabajadores de empresas subcontratadas por el Gobierno federal, unos cinco millones (de los cuales muchos ya cobraban dicho salario). Pura propaganda con sello demócrata para el ingente movimiento activista que lleva una década abogando por un aumento salarial general.
El estado del sindicalismo
En Estados Unidos, la proporción de trabajadores afiliados a un sindicato se ha reducido a la mitad en poco más de tres décadas, siendo en 2019 de un 10,3% según la Oficina de Estadísticas Laborales. Tampoco es que históricamente haya sido para tirar cohetes, puesto que el máximo registrado en 1954 fue de casi el 35% de la fuerza laboral. Toda una paradoja –o no, como veremos– teniendo en cuenta que los miembros de sindicatos en general ganan más que aquellos que no están afiliados, según estadísticas del propio Gobierno de Estados Unidos. Una encuesta del Pew Research Center de 2018 reflejaba que más de la mitad de los estadounidenses cree que la disminución de la sindicalización ha sido mala y casi la mitad dijo en julio de 2019 que los sindicatos tienen en general un efecto positivo, frente a un 28% que describió su impacto como negativo. A nivel académico, son abundantes los estudios que muestran los beneficios de estas organizaciones; como un análisis en Economic History Review en el que demostraban cómo el auge de los sindicatos en los años treinta y cuarenta redujo la desigualdad, u otro trabajo en el que se comprobaba cómo los políticos del Congreso de Estados Unidos son más sensibles a la situación de pobreza de los distritos que registran mayores tasas de sindicalización.
Los trabajadores estadounidenses reciben a diario propaganda que les dice que los sindicatos existen para robar el dinero de sus cuotas y quitarles sus libertades. Con ataques políticos y legales que empujan a los miembros individuales a abandonar fácilmente su membresía, los sindicatos pierden rápidamente terreno si los funcionarios sindicales no involucran activamente a los miembros más allá de la renegociación del convenio colectivo cada dos años. El debilitamiento del movimiento sindical organizado se remonta al periodo McCarthy. A través de las investigaciones del Congreso, la vigilancia del FBI, los ataques legales mediante la Junta Nacional de Relaciones Laborales y el uso de la ley conocida como Taft-Hartley –que restringe las actividades y el poder de los sindicatos–, la clase dirigente purgó con éxito a los socialistas y comunistas de nuestros sindicatos y, con ellos, se fue el centro de gravedad. Esto además le costó al movimiento sindical a largo plazo su independencia política. La realidad es que todavía no nos hemos recuperado del impacto del macartismo. Mientras, los sindicalistas de hoy tienen miedo a mirar hacia la década de 1930, el punto más alto de la lucha de clases en nuestra historia laboral, porque supone comprender la necesidad de reconectarnos con nuestro legado radical para no repetir sus pérdidas. Supone reconocer que sólo podemos ganar cuando nuestros sindicatos estén arraigados en una ideología socialista, con capacidad organizativa y mediante nuestro propio partido obrero independiente. Con liderazgo, disciplina y militancia. Cuando los trabajadores de primera línea, nuestras hermanas, hermanos y trabajadores de todos los géneros, están muriendo en una pandemia por la falta de equipos y protecciones en su lugar de trabajo en el país más rico del mundo, es nuestro deber poner la mirada en una sociedad en la que no tenga que morir ni un trabajador más para enriquecer a un multimillonario.
Yasemin Zahra es presidenta de la federación nacional de sindicatos y otras organizaciones laborales, Labor Against Racism and War. Fundada en 2003, lideró una histórica campaña de base que logró que la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales se pronunciase contra la Guerra de Iraq, la primera vez que dicha federación tomó una postura en contra de la guerra. Zahra comprendió la necesidad del enfoque global y antiimperialista en la lucha sindical en un viaje a Corea del Sur:
La parte más impactante del trabajo fue experimentar los niveles extremos de propaganda estadounidense que muestra la prensa generalista y el grado en el que se miente regularmente a los trabajadores estadounidenses sobre cuestiones de asuntos internacionales para justificar más guerras. ¿Quién arriesga su vida por la guerra del rico por petróleo, recursos y codicia? La clase trabajadora, esto no ha cambiado. Son los pobres los que siempre terminan pagando estas intervenciones con sufrimiento y pérdida. Las intervenciones estadounidenses y las guerras perpetuas no benefician a los trabajadores ni en casa ni en el extranjero. Mientras que los trabajadores estadounidenses se alimentan del patriotismo y el excepcionalismo de Estados Unidos, la clase patronal de multimillonarios y millonarios no tiene lealtad a los trabajadores de ningún país. Trabajarán en cualquier rincón del mundo para obtener la mano de obra más barata posible. Terribles acuerdos comerciales como el NAFTA y el TPP lograron exactamente eso al enviar empleos estadounidenses al extranjero y cerrar fábricas en masa para que las corporaciones pudieran evitar pagar impuestos y un salario digno. Los directores ejecutivos corporativos y los políticos corruptos de ambos lados mintieron a los estadounidenses diciendo que estos acuerdos comerciales crearían más empleos. Fue exactamente lo contrario. Los trabajadores estadounidenses sólo podrán comenzar a luchar cuando entendamos que nuestra economía está interconectada globalmente y que el trabajador de la confección en el extranjero que apenas gana lo suficiente para sobrevivir no es nuestro enemigo.
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