Cómo vivir bien 100 años

Países donde coexisten múltiples planes de pensiones

El conjunto de planes de pensiones que opera en un país puede ser caracterizado también por dos dimensiones adicionales:

a. Si el Estado obliga a los trabajadores a participar simultáneamente en dos o más planes contributivos paralelos, aportando a ambos a la vez, versus si solo los obliga a participar en un plan contributivo a la vez. Imponer la participación simultánea en dos planes contributivos obligatorios tiene efectos similares a fusionar esos planes en uno solo, y elegir de nuevo la fórmula de beneficio, el grado de capitalización y las fórmulas previstas de ajuste a los riesgos agregados, con el fin de recoger el funcionamiento combinado de ambos planes.

b. Fragmentación versus unificación de los distintos planes de pensiones que sirven a distintos grupos de partícipes. Por ejemplo, si muchos empleadores o ramas de la producción cuentan con planes de pensión con diseños y parámetros diferentes, y no hay acuerdos de “totalización” eficientes, aquellos trabajadores que cambien de empleador o rama de producción sufrirán de una escasa portabilidad de los derechos a pensión. Eso impondría grandes daños a la seguridad en la vejez y a la eficiencia de la asignación del factor trabajo entre empleadores y entre ramas de producción. La unificación de planes evita ese daño. Debe aclararse que la unificación no requiere crear un monopolio en la prestación de servicios a los afiliados, pues los servicios pueden ser provistos por una multiplicidad de instituciones especializadas en pensiones, con portabilidad entre sí de acuerdo a fórmulas previstas por la ley.

Ampliar el reparto: ¿Es solidario entre generaciones?

Crear o ampliar un plan de pensiones financiado por reparto puede ser una política pública solidaria entre generaciones solo si se cumplen dos condiciones: (1) que exista una generación comprobadamente desafortunada en comparación a las generaciones contiguas; y (2) que el plan de pensiones ampliado o nuevo cumpla estándares mínimos de diseño, en particular que sea “no contributivo”, y evite el diseño contributivo.

Sin embargo, una cosa es lograr cierta solidaridad, y otra es lograr la solidaridad óptima. La política fiscal directa y explícita es otra herramienta capaz de lograr solidaridad entre generaciones. Una alternativa capaz de ayudar a la generación desafortunada consiste en emitir deuda pública explícita y usar esos recursos para financiar subsidios explícitos y directos a la generación desafortunada. Esta alternativa también es solidaria, pues las generaciones futuras financian esa ayuda por medio de un Estado que paga intereses mayores en su deuda pública y por medio de asumir un mayor riesgo de crisis fiscal futura. Y es importante consignar que en muchos casos la política fiscal puede ser más solidaria y más eficiente para ayudar, que ampliar un plan de pensiones de reparto no contributivo.

En qué consiste el reparto y el impuesto que este aplica a los jóvenes

Uno de los modos de financiar pensiones de vejez (y otros gastos) es el método piramidal. Cconsiste en que las cotizaciones obligatorias de este mes o año se destinan íntegramente a pagar las pensiones de quienes ya están pensionados en este mismo mes o año. Por eso también se lo llama “financiamiento sobre la marcha” y “pensiones pagadas con contribuciones corrientes – PPCC” (OCDE), ambas traducciones de pay as you go. En los países latinos se lo llama “reparto”¹³.

Al gastarse de inmediato la recaudación, no hay fondo de pensiones en el reparto, es decir su monto es cero. La ausencia de un fondo de pensiones implica que el reparto no tiene ingresos por intereses.

El reparto es 100% compatible con cuentas individuales no redistributivas, es decir, con una fórmula “actuarial” de beneficios. Así lo atestiguan los planes contributivos obligatorios de Italia, Polonia y de Suecia. Por eso, el financiamiento –de reparto, capitalización o intermedios– es una dimensión independiente del diseño de cualquier plan de pensiones, que no tiene relación con la presencia de cuentas individuales no redistributivas¹⁴.

Desde luego esos tres países tienen políticas públicas redistributivas fuertes, pero usan herramientas diferentes de las pensiones: los impuestos personales progresivos que gravan a las pensiones contributivas, y las transferencias hacia los sectores vulnerables (pensiones no contributivas).

El extremo opuesto al reparto /PPCC es la “capitalización”. En este caso existen fondos de pensiones que ganan intereses. Esos intereses suplementan las pensiones y las hacen mayores. Porque el reparto no gana intereses, sus pensiones tienden a ser inferiores a las que paga la capitalización, para una misma cotización.

Al igual que Australia, Dinamarca, Holanda, Hong Kong y Suiza, entre otros, el Estado chileno ordena que las contribuciones obligatorias sean destinadas a fondos de pensiones, cuyas funciones son resguardar los recursos (el capital) y ganar intereses. Tanto los recursos como los intereses han sido y son de propiedad exclusiva de quienes cotizaron (no son propiedad “de las AFP”, que sólo son entes prestadores de servicio).

¿En qué casos ampliar el reparto es solidario entre generaciones?

Cuando un infortunio empobrece a la tercera edad, en relación con los trabajadores activos y los jóvenes, es justo ayudarla. Uno de los medios para ello es crear o ampliar pensiones de reparto, porque extraen recursos de modos indirectos, pero reales y efectivos, a los trabajadores activos y a los jóvenes de ahí en adelante, y los canalizan hacia la generación que ya estaba en tercera edad al ocurrir esa creación o ampliación de un plan de reparto. Explicamos esto.

Ya se indicó que al gastarse de inmediato la recaudación, el reparto no presenta un fondo de pensiones de propiedad de los trabajadores. La ausencia de un fondo de pensiones implica que el reparto no tiene ingresos por intereses.

Justamente porque no se planea tener un fondo de pensiones, es que al “inicio” de la ampliación o creación del plan de reparto, es factible gastar la recaudación recién aportada por trabajadores activos que no requerirán de pensiones por varias décadas, en cualquier cosa. Esa primera recaudación puede ser “repartida” por si sistema político. Por ejemplo, puede usarse para conceder bonos marzo, abril y mayo de modo casi permanente, es decir, durante esas décadas iniciales, o también para eliminar la cotización a los seguros de salud de modo casi permanente. Un uso muy popular en distintos países ha sido usar una parte para suplementos de pensión a quienes estén en tercera edad durante las primeras décadas contadas desde la ampliación o creación del plan de reparto.

Sin embargo, esta fase de abundancia de recursos termina. Ello ocurre cuando los trabajadores activos que aportaron esos recursos empiezan a jubilar, y empiezan a exigir su propio incremento de pensiones. Al “madurar” el plan de pensiones de reparto, el excedente va disminuyendo hasta desaparecer.

Incidencia de las cotizaciones: ¿sobre los empleadores o sobre los trabajadores?

Una concepción de este tema ve a los empleadores como una fuente externa de recursos, que puede ser ordeñada sin costo, en este caso para financiar una mayor pensión para todas las generaciones en tercera edad: las actuales y las futuras. Comete un error grave, porque la evidencia empírica de los países pequeños y abiertos muestra que los empleadores marginales diversifican más sus inversiones hacia el exterior cuando un país sube los impuestos al trabajo local, en especial cuando ese país eleva las cotizaciones obligatorias de cargo del empleador. Técnicamente, la elasticidad de la demanda por trabajo cubierto por seguridad social al costo empresa es alta para una parte significativa del empleo cubierto¹⁵. Por otro lado, es bastante inelástica a salarios la oferta de servicios laborales de parte de los trabajadores educados, a empleadores del sector cubierto por la obligación de cotizar para la seguridad social, aunque dicha elasticidad varía entre sectores. Por eso, cuando se crean nuevas cotizaciones obligatorias para empleadores formales, ellos logran defenderse y trasladar la mayor parte de esta nueva cotización a menores reajustes de salarios para sus trabajadores, y a mayores precios finales de los productos que adquieren los trabajadores de otros empleadores.

El estudio empírico para Chile de Gruber (1997) avala lo dicho: encuentra que el 100% de las cotizaciones de los empleadores se traslada a reducciones del salario líquido real de los trabajadores¹⁶. Otra evidencia pertinente está en los estudios de Feldstein (1995) y también de Packard (2001) para América Latina, que confirman las altas elasticidades de la demanda por trabajo cubierto por seguridad social, al costo empresa, y la modesta elasticidad de la oferta laboral a los sectores cubiertos. Ello es confirmado por Gill, Packard y Yermo (2005)¹⁷.

En resumen, los recursos necesarios para pagar la cotización de los empleadores son extraídos a los trabajadores activos y a los jóvenes. Es decir, al crear pensiones de reparto, la generación inicial en tercera edad recibe subsidios desde los trabajadores activos y jóvenes, pues ellos accederán a menores salarios líquidos y a menos empleos con seguridad social apenas se complete la fase inicial de dos o tres años de ajuste.

Aunque la incidencia de la cotización de los empleadores sea sobre los trabajadores activos y jóvenes, si dicha cotización se acreditara a las cuentas individuales de los mismos trabajadores en el plan de reparto, ellos también recibirían un aumento en pensiones de vejez a cambio de su menor salario líquido (después del ajuste). La presencia de una mayor pensión podría llevar a creer que al destinarse de este modo la cotización de los empleadores, los trabajadores no serán dañados. Eso sería un error cuando la pensión es de reparto, porque los derechos a pensión que los trabajadores activos y jóvenes acumulan en el plan de reparto están sujetos a un fuerte gravamen: no ganan intereses, porque no hay fondo de pensiones. La ausencia de intereses reduce las pensiones de las generaciones siguientes. Este gravamen se extiende para siempre a todas las generaciones futuras de trabajadores.

En resumen, la creación o ampliación de un plan de reparto siempre redistribuye recursos desde los trabajadores activos y jóvenes, hacia la generación que inicialmente estaba en tercera edad, y hacia los demás usos que los políticos den al excedente inicial.

Razones benevolentes para crear un plan de reparto

Los eventos que han justificado de modo benevolente la creación de un plan de reparto han sido aquellos que apelan a la equidad intergeneracional, ya presentados en la sección 2:

• Migración masiva del campo a la ciudad, que deja a los migrantes sin la red comunal de apoyo a la vejez desarrollada en siglos anteriores. Esto explica la creación del primer plan contributivo obligatorio por la Alemania de Bismarck en 1889 y la creación del primer plan no contributivo en Dinamarca en 1891, ambos en beneficio de los trabajadores urbanos que estaban en peligro inminente de llegar a la vejez sin apoyo.

• Guerras, que destruyen el capital productivo y de vivienda acumulado por la generación madura y en tercera edad. Las guerras dejan a la clase media que ya llegó a la vejez o está cerca, en la miseria. Por esto en Japón y Europa expandieron sus planes de pensiones de reparto después de la Segunda Guerra Mundial.

• Depresiones económicas o crisis financieras, que destruyen los ahorros financieros y de vivienda (cuando el crédito no ha sido pagado por completo, el no pago de dividendos conduce al remate por el acreedor), empujando a la clase media a la miseria en su vejez. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la tasa de pobreza en la tercera edad subió a 50% en los años 1930 por efecto de la Gran Depresión, y todavía alcanzaba a 35% en 1960 (Engelhardt y Gruber, 2004). Estas cifras fueron muy superiores a la tasa de pobreza que regía para las edades entre 30 y 59 años de edad, en esas fechas.

De estos ejemplos surge una conclusión clave: una condición mínima para que la creación (o ampliación) de pensiones de reparto sea benevolente o justa es que exista equidad intergeneracional. Es decir, que una gran proporción de las personas en tercera edad sufra, o se proyecte que sufrirá, pobreza generalizada en relación con el nivel de vida de quienes son trabajadores activos y jóvenes.

Motivaciones no benevolentes para instalar planes de reparto

Otra condición para que el reparto sea solidario es que el plan de pensiones ampliado o nuevo cumpla estándares mínimos de diseño, en particular, que sea no contributivo. Esta sección justifica esta condición con la evidencia histórica de América Latina durante el siglo XX, que muestra que este requisito técnico fue violado una y otra vez en prácticamente todos los países de América Latina, generando un aumento de la desigualdad, es decir, la antisolidaridad.

Muchos países instalaron planes de reparto en el siglo XX, en ausencia de guerras y depresiones. En América Latina, los mandatos para aportar a planes contributivos fueron iniciados por Cuba, Uruguay y Chile en la década de 1920, en ausencia de guerras y depresiones.

Inicialmente estos fueron de capitalización parcial. Después de la Segunda Guerra Mundial, esos planes fueron reformados por las autoridades hacia el reparto puro (en 1952 en el caso chileno) porque otras políticas castigaron los retornos financieros de los fondos de pensiones, lo cual redujo las pensiones financiables a niveles muy inferiores a lo esperado.

En el caso de Chile, la represión financiera (imponer una tasa de interés máxima inferior a la tasa de inflación) y la prohibición de diversificar las inversiones hacia el exterior condujeron a los principales planes de pensión, especialmente a la Caja del Seguro Obrero, a obtener rentabilidades muy deficientes. Al mismo tiempo, las autoridades forzaron a los planes de pensiones de vejez a pagar subsidios de salud, de asignación familiar, a conceder créditos a tasas de interés subsidiadas, y a emplear personal en exceso, todo a costa de los fondos de pensiones (Wagner et al., 1983).

Mientras tanto, Brasil y México instalaron sus primeros mandatos generales en los años 1940, e incluso Colombia lo hizo en 1967. Esto también ocurrió en ausencia de guerras y depresiones, hecho muy revelador.

¿Habrá sido la migración campo-ciudad, la justificación para proliferar planes de pensiones de reparto en América Latina durante el siglo XX? No. Como demostró C. Mesa-Lago en su libro Grupos de Presión, Estratificación y Desigualdad (1978), el proceso de instalación de estos planes públicos de pensiones extrajo recursos a los trabajadores de niveles socioeconómicos más bajos, que pertenecían a familias que recién migraban desde el campo a la ciudad para tomar empleos con seguridad social (donde cotizaban), y destinó grandes bloques de esos mismos recursos a quienes estuvieran en tercera edad y además hubieran cotizado en su vida activa durante un cierto número mínimo de años, generalmente superior a 15, llegando en algunos casos hasta 30 años.

Este requisito fue tremendamente regresivo. En efecto, el requisito de haber cotizado muchos años en la vida activa solo era cumplido por personas que habían accedido a empleadores formales. En las zonas rurales no se cotizaba. Solo cotizaban los empleados del sector moderno (bancos, minas, petroleras, ingenios azucareros, manufacturas de gran escala, y sector formal en general), cuya remuneración real era muy superior a la de los migrantes recientes a la ciudad, quienes tomaban empleos informales en las micro y pequeñas empresas y en sectores de baja remuneración promedio, como lo fue el comercio durante ese siglo, y desarrollaban actividades por cuenta propia en la calle u otras condiciones precarias.

Como explicó la sección 3, condicionar la pensión al hecho de haber completado cierto número mínimo de años de cotización define la diferencia entre pensiones no contributivas y contributivas. Y aquí hemos explicado por qué un plan de pensiones de reparto contributivo, es decir uno que exige 15 o 20 años de cotización, es altamente regresivo. De aquí nace el segundo requisito para que la ampliación de un plan de pensiones de reparto sea solidaria: que el plan sea “no contributivo”. Este requisito fue violado una y otra vez por prácticamente todos los países de América Latina durante el siglo XX, generando antisolidaridad.

Es inevitable preguntarse por qué tantos gobiernos sostuvieron por décadas reglas tan regresivas. Una explicación sería el desconocimiento, alentado por la opacidad de los planes de reparto, que se caracterizan por esconder el impuesto oculto en el reparto maduro, explicado más adelante. Sin embargo, los coetáneos observaron la regresividad con que se destinaban los recursos extraídos a los jóvenes, y lo hicieron notar. Por ejemplo en Chile, el Informe Prat, publicado en varios volúmenes entre 1959 y 1963, documentó con gran detalle las injusticias cometidas al redestinar los recursos de los jóvenes pobres hacia personas de ingresos medios y altos en tercera edad, y a otros destinos. Sin embargo, los gobiernos de la antigua democracia chilena no hicieron casi nada para cambiar esas políticas durante los siguientes 10 años. Los gobiernos habrían aplicado cambios a esas políticas si sus motivaciones hubieran sido benevolentes y solo sufrieran de información insuficiente.

Los gobiernos de turno no hicieron esos cambios. Incluso agravaron la regresividad en varios aspectos. Por ejemplo, esos gobiernos chilenos nunca destinaron recursos a pensiones no contributivas: por ejemplo, solo concedieron –desde 1952– subsidios de pensión mínima a quienes hubieran cotizado al menos 15,4 años (hombres: 800 semanas) o al menos 10 años (mujeres). Y se sabía que esos requisitos excluían a casi todo el 50% más pobre de la tercera edad.

Una explicación más sólida de esta masiva regresividad es que la repartición que se otorgó, y la promesa (incumplible) de más reparticiones similares en las siguientes décadas, ayudaron a las coaliciones de turno a ganar elecciones. Esto fue demostrado magistralmente E. K. Browning en su artículo seminal “¿Por qué las pensiones de reparto son demasiado grandes en una democracia?” (1975). La mayor parte de esas reparticiones ocurren a costa de los jóvenes, quienes no son defendidos por sus familiares por desconocimiento y opacidad. Y los grupos de presión que se beneficiaban de esas reparticiones preservaban la confusión por medio de la retórica falsa de solidaridad intergeneracional.

Los resultados empíricos de C. Mesa-Lago (1978) confirman la preponderancia de los grupos de presión en casi todos los planes de pensiones de reparto en América Latina. Aunque cada país tiene su propia historia, hay una fuerza en común: con los recursos obtenidos al privar a los jóvenes de los intereses que generaría su ahorro, los gobiernos de turno accedieron a un excedente fiscal durante cerca de 40 años, que les ayudó a mantenerse en el poder ganando elecciones¹⁸.

Chile en 2013-14: La tercera edad no está empobrecida en relación con los trabajadores

Esta sección evalúa empíricamente la situación económica relativa de dos grupos sociales en el Chile de 2013-14: la actual generación chilena en tercera edad, y las generaciones activas, definida como adultos entre 25 y 59 años de edad. Esta situación relativa es clave para determinar si sería solidario entre generaciones que se creara o ampliara un plan de pensiones de reparto no contributivo, ahora o en los próximos años.

Resultados de la EPF 2013: los trabajadores activos y jóvenes son 5% más pobres que la tercera edad

La encuesta de mejor calidad en Chile para medir el “ingreso permanente” de las personas es la Encuesta de Presupuestos Familiares, que es tomada por el INE y utilizada para construir la canasta del IPC. En efecto, esta permite determinar con gran precisión el consumo real por hogar, de una muestra representativa nacional. Es sabido que uno de los mejores indicadores del ingreso permanente es el consumo. En efecto, el consumo incluye los ingresos laborales que no pagan cotización a la seguridad social, el consumo de capital (“comerse los ahorros en la vejez”), las rentas del capital (como arriendos de pequeñas propiedades), las transferencias intercónyuges (como las pensiones de sobrevivencia), y otras transferencias intrafamiliares. Por eso, la información de consumo es muy superior a los ingresos reportados a otros sondeos, como CASEN, pues esos reportes no cuentan con verificación alguna.

En la cultura chilena, heredera de la de los países mediterráneos, las transferencias de recursos dentro de la familia se manifiestan en compartir la vivienda y también los ingresos laborales con las pensiones para financiar alimentación y entretención en común. En la cultura chilena, donde parece existir solidaridad en la familia que vive junta, es posible aproximar estas transferencias promediando el consumo de todos los miembros de cada hogar.

Para determinar la situación económica relativa de las distintas generaciones proponemos ordenarlas según la edad del miembro del hogar que tiene más años. El resultado que se obtiene (Valdés, 2014a) al procesar los datos de la encuesta EPF de 2013 está en la Tabla 1.

Tabla 1: ¿Era en 2013 la tercera edad más pobre que la generación joven? Consumo en 2013

Fuente: EPF 2013, elaborada por el INE y cómputos de Luis Gonzales, a quien agradezco.

Se ve que la tercera edad chilena no es más pobre que los trabajadores activos. Por el contrario, los trabajadores activos y jóvenes, que residen en hogares cuyo miembro de mayor edad tiene 59 años o menos tienen un consumo per cápita 5% menor que los hogares donde reside la tercera edad.

Con el fin de verificar la robustez de este resultado se procede a tomar en cuenta el efecto de las economías de escala en los hogares. Ellas reflejan la posibilidad de compartir componentes caros de la vivienda como el baño y la cocina, y artefactos de línea blanca o electrodomésticos, en mayor grado en hogares más grandes. En la literatura internacional, este efecto es corregido por medio de alguna “escala de equivalencia”.

También resulta útil verificar la robustez de este resultado al remover el efecto que la asimetría de la distribución de consumos tiene sobre el promedio, lo que se logra usando el consumo mediano en vez del promedio. El consumo mediano es aquel donde la mitad de la muestra tiene valores superiores y la otra mitad tiene valores inferiores.

Con el fin de reflejar ambos aspectos, se recalcularon estos resultados por medio de la escala de equivalencia que utilizó el Ministerio de Desarrollo Social en la encuesta CASEN 2013, que consiste en reemplazar el denominador en la determinación del consumo per cápita, sustituyendo el número de miembros del hogar por el número de dichos miembros elevado a la potencia 0,7. Al mismo tiempo, se determinó el valor mediano del consumo equivalente en cada grupo de hogares, en vez del valor promedio. Y para aumentar la precisión, se dividió a los mayores de 65 años en dos subgrupos: los menores de 80 años (tercera edad) y los mayores de 80 años (cuarta edad).

Tabla 2: ¿Era en 2013 la tercera edad más pobre que la generación joven? Consumo mediano, por persona equivalente en 2013

Fuente: EPF 2013, elaborada por el INE y cómputos de Luis Gonzáles, a quien agradezco.

La Tabla 2 revela que se mantiene el resultado: la tercera edad chilena no es más pobre que los trabajadores activos.

Suficiencia del consumo en la vejez en 1997 y en 2007

Ya advertimos sobre la falacia de suponer que la única fuente de ingreso en la tercera edad es la pensión monetaria que proveen los sistemas formales (contributivos y no contributivos). El nivel de vida en la tercera edad se mide por el consumo, y éste puede ser financiado de muchas otras maneras diferentes de las pensiones formales. De aquí surge el concepto de “tasa de suficiencia del consumo relativo”. Este puede aplicarse en la dimensión longitudinal, es decir, comparando los consumos de una misma persona a través del tiempo, antes y después de jubilar; y también en el corte transversal, comparando los consumos de personas distintas, de diferente edad, pero en el mismo momento del tiempo.

Definiciones:

1. Tasa de suficiencia individual, longitudinal:

2. Tasa de suficiencia del consumo relativo, transversal:

En esta definición, Ce es el consumo del jubilado a la edad e (con e ≥ 65 años). En la tasa de suficiencia individual, el denominador contiene el promedio del consumo que logró la misma persona antes de jubilar, entre las edades (J-K) y (J-1), donde K puede ser 10, 20 o 30 años.

Para efectos de la solidaridad intergeneracional, interesa la tasa de suficiencia relativa, pues informa el consumo de la tercera edad, relativo al consumo de los trabajadores activos. Este es un criterio clave para decidir la justicia de introducir o ampliar el reparto. En el numerador está el promedio del consumo para todo el grupo de tercera edad que se está analizando, que en el año t tiene una edad E (por ejemplo, E puede ser 65, 70,… 90 años). El denominador, en cambio, muestra el promedio del consumo del grupo activo de referencia, que son aquellos trabajadores cuya edad es hasta “K” años menor que la edad de jubilación J. En esta tasa, todos los consumos se miden en la misma fecha.

La tasa de suficiencia transversal puede ser calculada a partir de las “Cuentas Nacionales de Transferencias”. Ellas distribuyen los agregados de las cuentas nacionales entre personas de distintas edades, en una fecha dada. Estas cuentas son un proyecto de recopilación de estadísticas de alcance mundial, liderado por A. Mason y R. Lee que cubre a docenas de países, entre los que se cuenta Chile.

Gráfico 1: Estabilidad de la suficiencia del consumo relativo entre 1997 y 2007

Fuente: elaboración propia a partir de datos provistos por Ronald Lee y Mauricio Holz, ambos medidos en unidades del mismo poder de compra, por medio del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El Gráfico 1 presenta datos para los años 1997 y 2007, ambos medidos en pesos de 2007 por medio de la inflación del IPC. Estos datos permiten adicionar la perspectiva de suficiencia personal de las pensiones, aportando datos longitudinales, que permiten recoger el impacto sobre los salarios y empleo del crecimiento de la producción de esos 10 años.

El Gráfico 1 revela que la tercera edad no estaba empobrecida en 1997, respecto a los trabajadores activos y jóvenes. Más importante, revela que la tercera edad lideró el fuerte aumento real en el consumo de todos los grupos de edad, ocurrido entre 1997 y 2007. Este aumento fue inducido, en parte, por el inicio de un nuevo “superciclo” en el precio internacional del cobre, a partir de 2004. En efecto, en 2007 el consumo de la tercera edad se había despegado aún más del consumo de los trabajadores activos y jóvenes. El dato concreto es que entre 1997 y 2007 el consumo real promedio del grupo de edad 26 a 54 subió en 37%, mientras que el consumo real promedio de las personas de 65 y más años subió en 55%.

Ronald Lee (2014) informa que las horas de trabajo del grupo de edad de 53 a 67 años aumentaron entre 1997 y 2007. Considerando los datos del Gráfico 1, no es plausible explicar este comportamiento por algún “empobrecimiento” de este grupo de edad. En efecto, el consumo real del grupo de 55 a 64 años aumentó en 62% según los mismos datos. Una explicación alternativa es que el salario real promedio subió casi 20% entre 1997 y 2007 (subió 19,8%: ver www.ine.cl). Este fuerte incremento puede haber atraído a una parte de los trabajadores entre 55 y 65 a trabajar más horas, por el efecto sustitución. A ese resultado también puede haber contribuido una mejor situación de salud, y que la parte femenina de ese grupo de edad registrara un fuerte aumento en los años de escolaridad entre 1997 y 2007.

Datos de la encuesta CASEN: la tercera edad ha tenido y tiene menor tasa de pobreza que los jóvenes

Hasta aquí, hemos visto resultados que se refieren a promedios de consumo. Se podría imaginar que si la desigualdad es mayor al interior de la tercera edad que al interior de los trabajadores activos y jóvenes, aquellos subgrupos de la tercera edad que están en la parte inferior de la distribución del ingreso podrían ser más numerosos, relativamente, que los subgrupos más pobres de entre los trabajadores activos y jóvenes.

Con el fin de verificar esta posibilidad, se recurre a una encuesta completamente independiente: la de Caracterización Socioeconómica (CASEN). Las encuestas CASEN se realizan cada dos o tres años desde 1987 con el fin de caracterizar a la población de la mitad inferior de la distribución del ingreso. También permite determinar cuál es la fracción de la población cuyo ingreso resulta inferior a cierto estándar llamado “línea de la pobreza”. También mide el número de miembros de la tercera edad en situación de pobreza, permitiendo una mirada diferente de los consumos promedio.

La Tabla 4 revela que la tasa de pobreza de los trabajadores activos ha sido y es al menos 60% superior a la tasa de pobreza para la tercera edad desde hace varias décadas. La tabla es lapidaria: desde el año 1990, la tercera edad chilena ha sido el grupo de menor pobreza. Esta realidad continúa su vigencia hasta el presente. Y en el periodo de rápido crecimiento económico 2010-13, la tercera edad chilena se alejó más de la pobreza que los trabajadores activos.

Tabla 3: Proporción bajo la línea de pobreza, por edad, según encuestas CASEN

(con el fin de homologar, el resultado de 2013 es el de la metodología tradicional)