Cómo vivir bien 100 años

Figura 3: Diferencias entre los ponderadores en la canasta de consumo de hogares de adultos mayores y el resto de la población

Fuente: elaboración propia.

A continuación queremos introducir otra dimensión en nuestro análisis: la pobreza en los adultos mayores. Queremos entender cómo cambian los patrones de consumo entre los adultos mayores si estos últimos están en una condición de vulnerabilidad económica. Para hacerlo ordenamos los hogares de adultos mayores por su ingreso y tomamos el 20% de ingresos más bajos o vulnerables. Con estos hogares, volvemos a calcular los patrones de consumo y obtenemos diferencias con los patrones de consumo del resto de la población como se observa en la Figura 4.

Figura 4: Diferencias entre los ponderadores en la canasta de consumo de hogares de adultos mayores vulnerables y el resto de la población

Fuente: elaboración propia.

La Figura 4 nos muestra que más allá de las diferencias mostradas en las divisiones de Educación y Salud, para el grupo de mayor vulnerabilidad en los hogares de adultos mayores, las divisiones de Alimentos y Bebidas no alcohólicas, y de Vivienda y Servicios básicos son las que tienen mayor diferencia, reflejando la importancia del consumo de estos bienes de primera necesidad para los adultos mayores vulnerables.

A diferencia del promedio de hogares que gasta un 19,1% de su presupuesto en alimentación, los adultos mayores vulnerables destinan un 35,1% de sus gasto a esta necesidad básica. Mientras que el gasto en Vivienda y servicios básicos pasa de 13,8% a 23,1% para los ancianos vulnerables.

De igual forma, se puede observar que hay una suerte de enclaustramiento en la tercera edad con bajos ingresos, dado que el gasto de Transporte llega a solo un 6%, bastante por debajo del 14,5% de los hogares en general. A esto se suma una reducción en el gasto de Educación que pasa de 8% a prácticamente 0% en los adultos mayores vulnerables.

La Tabla 2 muestra el gasto estimado para un hogar de adultos mayores vulnerables (bajos ingresos) en los principales 20 productos que ellos consumen. Como puede observarse, en mayo de 2015, el gasto total promedio era de $218.140. Los productos de mayor gasto eran electricidad ($16.811), carne de vacuno ($9.966), papa ($7.925) y pan ($3.020); productos de primera necesidad para el diario vivir. Esto ilustra la fragilidad del consumo de estos hogares, y que cualquier fluctuación de ingresos de estos hogares de adultos mayores vulnerables puede afectar el consumo de bienes de primera necesidad. El gasto promedio en mayo de 2014 fue de $196.793, mientras que en mayo de 2016 el gasto ascendió a $218.140, donde el aumento se explica principalmente por el alza del gasto en electricidad que en un año experimentó un incremento de un 32% y las frutas de estación en 22,7%. Esto fue contrarrestado por la caída del arriendo (0,9%), los servicios de conservación y reparación de la vivienda (6,2%) y las cecinas (7%).

Es importante notar que el ejercicio de la Tabla 2 ejercicio nos da cuenta de cómo debería repartirse el presupuesto de un Adulto Mayor Vulnerable si tuviera que mantener el consumo de todos los productos de la canasta del IPC-AMV. Sin embargo, la realidad nos muestra que se priorizan el consumo de los hogares de los Adultos Vulnerables y se sacrifican muchos otros productos como se mostró en la Figura 4 y 3

Tabla 2: Gasto estimado de los 20 productos con mayor ponderación para hogares de adultos vulnerables en función de la variación del IPC-AMV

Fuente: elaboración propia.

Hasta ahora la metodología nos permitió responder dos de las preguntas iniciales que habíamos planteado. En primer lugar, pudimos constatar la diferencia en el consumo de los hogares de adultos mayores con respecto al total de la población, gracias a la identificación de los hogares que están conformados exclusivamente por adultos mayores. En segundo lugar, encontramos que los adultos mayores vulnerables gastan parte importante de su ingreso en alimentación y servicios básicos.

A partir de los datos anteriores trataremos de responder la tercera pregunta relacionada con la medición del costo de vida para los adultos mayores, por medio de un indicador que refleje las presiones en los precios de los bienes y servicios más importantes para este grupo de la población. Estos son los indicadores de IPC-AM (IPC del adulto mayor) e IPC-AMV (IPC del adulto mayor vulnerable).

A continuación explicamos cómo calculamos el IPC-AM y el IPC-AMV. Dada las ponderaciones estimadas con la metodología presentada antes, y con los precios que mensualmente recolecta el INE, es posible construir la evolución de IPC-AM y el IPC-AMV desde su año base hasta el último dato disponible a junio² de 2016.

Figura 5: Evolución del IPC, IPC-AM y el IPC-AMV y evolución de la inflación anual de cada serie

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar, la inflación acumulada desde principios de la muestra desde 2014 a la fecha ha estado en torno a 12,4% para el IPC-AMV y 11,0% el IPC-AM. Este último muestra movimientos similares al IPC publicado por el INE, pero el IPC-AMV tiene tasas de inflación mayores desde principios de 2015, lo que nos muestra que los costos de vida son efectivamente distintos. Desde ese punto de vista tanto el IPC-AM como el IPC-AMV pueden ser herramientas muy útiles para la medición del costo de vida de los adultos mayores en Chile. Las características de oportunidad en su publicación y alta frecuencia y fácil comprensión son algunas de las cualidades que hacen sencilla su implementación. Más importante aún, la mayor inflación en el IPC-AM e IPC-AMV versus el IPC indica que las pensiones posiblemente debieron haberse reajustado más que lo que efectivamente se hizo, si se hubiese ocupado una medida adecuada de costo de vida para los adultos mayores.

Conclusiones y comentarios finales

En el Chile de 1990, según datos de CASEN, la población de más de 60 años representaba el 10% del total, pero actualmente según los últimos datos disponibles este grupo bordea el 20% de la población total. En 2030 este porcentaje estaría en torno a un cuarto del total. Esto obviamente nos invita a estudiar con más detalle las necesidades de este grupo tan relevante. En este capítulo nos centramos en el estudio de los hábitos de consumo y de las presiones del aumento de precios que enfrenta este grupo de personas. Como se explica, es determinante conocer el costo de vida de este segmento de la población para poder mejorar las políticas públicas orientadas hacia el adulto mayor.

Existe una diferencia significativa entre el gasto total por hogar cuando se compara hogares con personas que se encuentran en plena actividad laboral con aquellos con personas en jubiladas (cerca de 30%). Sin embargo, cuando se analiza el gasto (equivalente) por persona la diferencia se reduce a solo un 5%.

Más allá del nivel de gasto por adulto, que puede no diferir considerablemente, lo que sí difiere es el tipo de consumo. Por ejemplo, la división de Educación representa en promedio para el total de la población un 8% de su presupuesto, motivado por el gasto que los hogares realizan desde la sala cuna hasta la educación universitaria. En tanto, en el presupuesto de los adultos mayores la educación representa menos del 1% (solo 0,4%).

Por otro lado, la importancia en el cuidado de la salud se incrementa por el desgaste natural del ciclo de vida. Los datos reflejan que se pasa de otorgarle un 6,4% del total de presupuesto a un 12,1% cuando se llega a la vejez.

También se encontró evidencia de la vulnerabilidad de algunos adultos mayores. En esos casos, sus bajos ingresos los obligan a sacrificar otros bienes y servicios por alimentación y servicios básicos.

Más allá de las diferencias mostradas en las divisiones de Educación y Salud, para el grupo de adultos mayores vulnerables, las divisiones de Alimentos y Bebidas no alcohólicas y Vivienda y Servicios básicos representan una mayor importancia en la vejez. El promedio de los hogares de nuestro país gasta un 19,1% de su presupuesto en alimentación, mientras que los adultos mayores vulnerables destinan un 35,1% de sus presupuesto. De forma similar, el gasto en Vivienda y servicios básicos pasa de 13,8% a un 23,1% en los ancianos vulnerables.

Finalmente, el ejercicio de estimación de los gastos en los 20 productos con mayor ponderación nos muestra cómo se ve afectado el poder de compra de los adultos mayores vulnerables ante variaciones de precios. Claramente los incrementos de precios en electricidad, pan y agua potable son los principales ítems que afectan el costo de vida de los más vulnerables.

Referencias

Centro Latinoamericano de Políticas sociales y Económicas (CLAPES UC), Informes mensuales del IPC-AM y el IPC-AMV. www.clapesuc.cl

Instituto Nacional de Estadística (2013), Manual Metodológico, Índice de Precios al Consumidor Base anual 2013. http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_precios/ipc/base_2013/antecedentes_metodologicos/manual_metodologico_IPC_base_2013.pdf

Instituto Nacional de Estadística (2013), Metodología, Séptima Encuesta de Presupuestos Familiares 2013. http://www.ine.cl/epf/

Valdés, Gonzales y Kutscher (2016), When does redistribution to the elderly increases inequality? Documento de trabajo Clapes UC.

1 Se optó por utilizar la escala de equivalencia uniparamétrica que emplea el Ministerio de Desarrollo Social igual a 0.7 para todos los miembros del hogar. El valor de este coeficiente puede variar entre 0 y 1. Si la elasticidad de equivalencia toma el valor 0, se supone que las economías de escala son absolutas, por lo que el indicador de bienestar utilizado es el gasto total. En cambio, cuando no existen economías de escala en el hogar, este coeficiente toma el valor 1, y el indicador de bienestar es el gasto per cápita.

2 Fecha de cierre de este capítulo.

CAPÍTULO 2

El rol del Estado y del reparto en la solidaridad entre generaciones

SALVADOR VALDÉS PRIETO

La solidaridad intergeneracional

Este trabajo analiza diversas instituciones sociales que ayudan a cubrir las necesidades de la tercera edad, partiendo por la familia y el esfuerzo personal de ahorro; y pasando luego al Estado y sus múltiples roles. Varias de estas instituciones contribuyen a materializar la solidaridad entre generaciones.

La solidaridad “intergeneracional” se refiere a los apoyos mutuos entre personas de generaciones diferentes. Este concepto tiene dos dimensiones que conviene distinguir: el apoyo dado a personas en aquellas fases de la vida donde se tiene mayor debilidad, y el apoyo dado a cohortes que en su vida completa fueron infortunados, en comparación con otras cohortes.

Solidaridad entre personas en distintas fases de la vida

La primera dimensión incluye el apoyo que los adultos dan a sus padres o familiares en la tercera edad (Fernández y Herrera, 2015, este volumen). La cultura de muchos países con costa en el mar Mediterráneo, de la cual es heredera la cultura latinoamericana y la chilena, prescribe que la tercera edad acceda a una red de apoyo integrada en su mayor parte por sus descendientes adultos, como hijos, yernos y sobrinos (Tsani et al., 2012). Esa red proveerá tiempo, apoyo psicológico y recursos económicos a la tercera edad.

En un ciclo de vida con tres fases –infancia, adultez y vejez– las personas primero reciben apoyo en su infancia; luego entregan apoyo a sus propios hijos infantes y, al mismo tiempo, a sus padres mayores; y por último reciben apoyo en la vejez. Según algunos autores, los padres “invierten” en criar hijos con el fin de que estos los ayuden en su vejez. Un atributo de esta perspectiva es que la unidad de análisis es una sola fase de la vida, tomada por separado, no la vida completa.

Esta dimensión de la solidaridad encuentra un sustituto parcial en los esfuerzos personales por cubrir los gastos en la tercera edad, por medio del ahorro y los seguros: para aliviar a nuestros hijos de la obligación futura de sostenernos cuando lleguemos a la tercera edad, podemos sacrificar parte de nuestro consumo durante nuestra adultez con el objetivo de acumular ahorros y seguros que cubran una parte sustancial de nuestras necesidades en la vejez.

Las instituciones y empresas que ofrecen medios de ahorro y seguros operan de modo impersonal; no parecen estar guiadas por la solidaridad entre generaciones. Sin embargo, los mercados de ahorro y seguros permiten a personas de otras generaciones contribuir a sostener a la tercera edad. Por ejemplo, cuando una persona de 75 años liquida parte de sus ahorros, con el fin de financiar su consumo de ese año, está apoyándose en la voluntad de otras personas, en la práctica más jóvenes, de adquirir ese activo. Esa presencia y voluntad de los jóvenes es esencial para que el ahorro personal sea efectivo. Por eso, detrás del intercambio voluntario en los mercados, en este caso un mercado de activos, existe una disposición a cooperar comerciando de buena fe y con honestidad. Así, las instituciones que sostienen el intercambio voluntario son necesarias para que este modo indirecto de solidaridad entre generaciones se materialice con éxito.

Sin embargo, esa sustitución es parcial, y por varias razones. Primero, porque muchos apoyos en tiempo y atención no pueden ser adquiridos en un mercado impersonal, menos aún en la calidad requerida. Segundo, por la capacidad limitada de muchos de nosotros para idear, identificar e implementar un plan óptimo de ahorro personal para la vejez. La revisión bibliográfica de Valdés (2002, Cap. 3) muestra que la “imprevisión” es un fenómeno psicológico masivo: una proporción significativa de personas adultas sufre dificultades para incorporar su futura vejez a sus planes, en parte porque pensar en esa fase de la vida no es placentero para los jóvenes. Tercero, porque hay muchos casos en que el apoyo familiar falla.

Solidaridad de vida completa en personas no contemporáneas

La segunda dimensión de la solidaridad intergeneracional se refiere a apoyos mutuos entre personas que nunca se conocieron, y que incluso nunca fueron contemporáneas. Aunque no se conozcan, estas cohortes pueden sentirse parte de una comunidad más amplia, de duración indefinida en el tiempo. Se trata, por ejemplo de una familia o clan, o del gremio integrado por quienes trabajan en cierta rama de la actividad económica, agrupados por medio de los empleadores o de los sindicatos. A nivel más agregado, pueden sentirse parte de una misma nación, definida por compartir elementos como cultura, idioma, religión y la ocupación de un cierto territorio. Aquí la unidad de análisis es la vida completa, y el bienestar en la vida completa suman los bienestares parciales alcanzados en las tres fases del ciclo de vida (infancia, adultez y vejez)³.

Desde esta perspectiva, se pregunta si una cohorte es desafortunada en comparación a cohortes anteriores y posteriores. En esta dimensión, la solidaridad con una cohorte desafortunada se manifestaría en ayudas de parte de otras cohortes menos desafortunadas. No es necesario que todas las generaciones que participan en la ayuda sean contiguas en el tiempo ni contemporáneas. Por ejemplo, para ayudar a una cohorte de la familia que resultó especialmente desafortunada, la familia puede acordar vender parte de algún activo común heredado desde antiguo (tierra, derechos de pesca), sabiendo que ello implica reducir su consumo desde ahí en adelante, y que ese sacrificio incluirá a las generaciones no nacidas de la familia. Estas últimas generaciones nunca conocieron a la generación beneficiada, pero su menor consumo también es producto de la venta del activo familiar, que ayudó a la generación desafortunada.

Roles del Estado en la solidaridad intergeneracional

En los ejemplos dados hasta aquí, la institución clave es la familia. A esto se suma el esfuerzo personal apoyado por intercambios voluntarios realizados en mercados de ahorro y de seguros, otras instituciones. ¿Qué rol queda al Estado en la solidaridad intergeneracional?

Respecto a la solidaridad entre fases de la vida, la respuesta depende de la cultura imperante. La Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez UC-Caja Los Andes 2013 da una respuesta parcial: muestra que la mayoría de los chilenos estima que la familia tiene el deber principal, por sobre el gobierno, de ayudar a los mayores que lo necesitan en las tareas de la casa así como en las tareas de cuidado (Fernández y Herrera 2015, este volumen). Así, existen ámbitos de la solidaridad intergeneracional donde el Estado no tiene un rol preponderante.

Sin embargo, las familias son frágiles ante muchos cambios de carácter macrosocial, por extensas y poderosas que parezcan, mientras que el Estado puede resistir y atenuar los impactos de algunos de esos cambios. De aquí surge un rol para el Estado.

Precisamos a continuación, por medio de ejemplos, qué entendemos por “cambios macrosociales”. La migración del campo a la ciudad, o proceso de urbanización, constituye el evento macrosocial más notorio que dañó a la tercera edad durante el siglo XIX en los actuales países de la OCDE. También lo hizo durante el siglo XX en América Latina, y actualmente en China (Banco Mundial, 2004, Cap. 3). En las migraciones campo-ciudad, la tercera edad queda sola en el campo, inaccesible al apoyo de hijos que se han ido a las ciudades.

Probablemente este problema continuará en el siglo XXI en India y en África al sur del Sahara. Si bien será atenuado por la revolución de las tecnologías de información, que ha bajado el costo de comunicarse y saber del otro, la migración pone barreras a compartir el tiempo y prestar aquella ayuda que requiere presencia física, por lo que sigue siendo importante.

Las guerras mundiales y las depresiones económicas del siglo XX también provocaron impactos macrosociales sobre la tercera edad. Esos eventos destruyeron los ahorros para la vejez que habían acumulado las personas que tenían más de 45 años de edad. A esa edad ya es demasiado tarde para recuperarse por medio de ahorrar más y trabajar más. En algunos países de europa del norte, el Estado intervino creando o ampliando pensiones estatales “no contributivas” (Anderson, 2004). En los EE.UU. de América, el Estado intervino creando el programa Social Security (Engelhardt y Gruber, 2004).

Otro proceso macrosocial con consecuencias para la tercera edad ha sido y será la transición demográfica, en cuanto reduce la fertilidad o fecundidad. A ella se suma la transición cultural que ha reducido la conyugalidad. Ambas tendencias “reducen las redes de potenciales cuidadores (en la vejez)” (Fernández y Herrera, 2015). La caída en la tasa de fecundidad reduce el número de hijos que se deben repartir la carga de ayudar a los familiares en tercera y cuarta edad. En Chile, ese número bajó desde 5,4 hijos promedio por mujer en el quinquenio 1960-1965 (quienes deberán prestar cuidado en 2010-2035) hasta 1,8 hijos por mujer nacidos en el quinquenio 2010-2015 (quienes deberán prestar cuidado en 2060- 2085). Por su parte, la menor tasa de nupcialidad, tanto legal como efectiva, elevará a lo largo del siglo XXI el número de solteros, separados y divorciados en la tercera y cuarta edad.

Igualmente importantes son aquellos eventos macrosociales que aumentan la diferencia de nivel de vida material entre distintos grupos sociales: algunos grupos se unen a la economía moderna, que es mucho más productiva, y elevan su consumo, pero quienes no logran unirse permanecen en la antigua situación de pobreza secular, a una distancia mayor en términos de consumo.

Frente a los eventos macrosociales, el Estado puede tomar algunas medidas. Una es organizar una redistribución solidaria entre quienes pagan impuestos (trabajadores activos y capitalistas), y los sectores rezagados en situaciones de pobreza, sean ellos niños, adultos o ancianos. Debido a las diferentes realidades en esas tres fases de la vida, nada impide que sea más eficaz ayudar a los niños en pobreza con programas especializados en niños, y ayudar a los ancianos en pobreza con planes especializados en ancianos.

Además, existen cambios macrosociales que, podrían no concretarse, como ocurre con las variaciones de la participación de la mujer en el mercado laboral. Si la participación laboral femenina de Chile converge a la que actualmente tiene Italia, entonces no subirá casi nada respecto del nivel actual⁴.

El rol del Estado

El Estado podría desempeñar roles valiosos en solidaridad intergeneracional, para ayudar a responder a algunos cambios macrosociales. Sin embargo, el Estado también puede fallar y empeorar situaciones de infortunio, lo cual sería antisolidario.

Un requisito para que el Estado contribuya de modo positivo y solidario es que fortalezca y complemente la solidaridad intergeneracional aplicada por instituciones anteriores a él, como son la familia y el esfuerzo personal apoyado por intercambios voluntarios realizados en mercados de ahorro y de seguros. En cambio, cuando debilita o destruye la solidaridad practicada por la familia y debilita el esfuerzo personal, el Estado incurre en una falla que puede ser seria.

Marco conceptual general para las políticas de pensiones

Las políticas públicas modernas para las pensiones monetarias de vejez gobiernan grandes recursos, cuyos flujos llegan hasta el 15% del ingreso nacional o el PIB en algunos países. Por eso tienen fuertes consecuencias para los salarios, el empleo, la solvencia fiscal, y para el mercado de capitales. El resto de este capítulo analiza las políticas públicas de pensiones monetarias de vejez, sin referirse a otros campos⁵.

Se ha visto que los Estados modernos actúan en cuatro planos a la vez:

1. Dictando políticas públicas para la vejez.

2. Financiando algunas de esas políticas públicas.

3. Supervisando a otros actores no estatales en temas de vejez, como algunos empleadores grandes, los sindicatos y los proveedores de servicios (como las administradoras de fondos de pensiones, las compañías de seguros de vida).

4. Prestando servicios directos (el Instituto de Previsión Social, la Dirección de Previsión de Carabineros, y la Caja de Previsión de la Defensa Nacional).

Respecto a la actividad (1), dictar políticas públicas, el objetivo general es proveer seguridad de ingreso en la vejez⁶. Este consta a su vez de tres objetivos específicos:

a. aliviar la pobreza en la vejez, en relación con el nivel de vida de la población activa, cuando los programas de transferencias y apoyos generales a los sectores vulnerables (que igualan hacia arriba) no logran apoyar lo suficiente a la tercera edad. Este objetivo también puede entenderse como proveer un seguro parcial contra el riesgo de tener una carrera laboral relativamente mal remunerada.

b. ayudar a todas las personas (la mayor parte, menos vulnerable) a transferir recursos desde la fase activa de su vida a la fase pasiva (una vez retirada del mercado laboral). Es decir ayudar a todas las personas a ahorrar, con el fin de emparejar su nivel material de vida entre las distintas fases de la vida, a pesar de sufrir una posible imprevisión respecto a la vejez⁷. El nivel material de vida se mide como la suma del arriendo imputado a la vivienda propia, las transferencias familiares (desde el/la cónyuge y de los hijos), el desahorro de activos que fueron acumulados en la fase activa (vivienda, parcela), el ingreso laboral, las transferencias o subsidios del Estado diferentes de pensiones, y las pensiones monetarias.

c. ayudar a todas las personas a asegurarse frente a los gastos inusuales causados por contingencias de alta prevalencia. En especial destacan tres contingencias: una longevidad mayor que la longevidad promedio (para personas que llegaron a la misma edad de retiro en forma simultánea); una invalidez anterior a la edad normal de retiro; y una muerte anterior a la fecha en que los hijos hayan alcanzado la capacidad de autosostenerse (orfandad a edades inferiores a 18 hasta 23 años, según el país). En algunos países la pensión de viudez no corresponde si no hay hijos menores de edad.

Los instrumentos de política pública deberían estar alineados con estos objetivos específicos, sin perder de vista que un mismo instrumento puede influir sobre el logro de más de un objetivo a la vez. Por otra parte, es clave entender que estos tres objetivos pueden ser y son perseguidos de modo simultáneo. Si bien existe alguna competencia en ciertos aspectos, en otros se complementan.

Las restricciones que deben cumplir los instrumentos de política son eficacia, bajo costo operativo (eficiencia), y estabilidad financiera en el corto y en el largo plazo ante distintos tipos de choques o sorpresas.

Las pensiones contributivas

La eficacia de los objetivos específicos de ahorro y seguro (b y c) requieren que los beneficios sean proporcionales a la contribución de cada uno, y, por tanto, al sueldo. Por eso se llaman “contributivos”.

Los objetivos de ahorro y seguro (b y c) son atendidos con dos tipos de instrumentos: los mandatos, que fuerzan a las personas laboralmente activas a destinar parte de su remuneración a adquirir derechos a pensión y seguros; y los incentivos fiscales, que motivan a esas personas a destinar recursos al ahorro y los seguros sin obligarlos. Los mandatos originan las pensiones “contributivas obligatorias” y los incentivos fiscales originan las pensiones “contributivas voluntarias”.

Cuando el Estado crea un mandato y luego lo fiscaliza con dedicación, reduce los costos de transacción y de marketing, y logra que personas con capacidad cognitiva modesta deleguen a profesionales decisiones complejas en cuanto a ahorro, inversión y seguros. El mandato logra mayor cobertura que un incentivo fiscal, a un menor costo fiscal, aunque también crea ciertas ineficiencias. Una pensión contributiva obligatoria combina un mandato, que es una política pública, con la propiedad privada del trabajador sobre sus derechos a pensión⁸.

Las pensiones no contributivas

Para lograr el objetivo específico (a), que es aliviar la pobreza en la vejez, se usan pensiones “no contributivas”, es decir, cuyo monto no dependen positivamente de las contribuciones de cada uno ni de los salarios que tuvo cada jubilado en el pasado.

Estas pensiones pueden ser uniformes o focalizadas. En Chile, ese rol es cumplido por los tres programas de pensiones solidarias, cuyo costo fiscal sumó un 1,2% del PIB en 2013, la cifra más alta de América Latina, aunque bastante inferior al 6% observado en algunos países nórdicos⁹.

Diseños de los planes de pensiones

Todo plan de pensiones, sea contributivo o no, obligatorio o no, debe definir diseños y parámetros en tres dimensiones principales:

1. La fórmula que determina la pensión de cada individuo a partir de su historia de contribuciones (y sueldos), y de variables como residencia. Si el vínculo con la historia de contribuciones es bajo o cero, la fórmula está habilitada para ayudar a los ancianos pobres (objetivo específico a). Por eso se utilizan fórmulas con este atributo en las pensiones “no contributivas”. En cambio, lograr los objetivos de ahorro y seguro requiere fórmulas que entreguen beneficios proporcionales a la contribución de cada uno, es decir, al salario del pasado. Las fórmulas contributivas se clasifican, a su vez, en “actuariales” y “por años de servicio”¹⁰. Los parámetros clave de la fórmula son la tasa de cotización, la tasa de reemplazo y la edad de inicio de la pensión.

2. La proporción de los pasivos del plan que está respaldada por un “fondo de pensiones”. Tal fondo consiste de activos protegidos por derechos de propiedad a favor de la institución o plan. El parámetro clave es el grado de capitalización del plan de pensiones. Si el grado de capitalización es cero, el plan es de reparto “puro”.

El financiamiento por reparto contributivo contiene solidaridad solamente a favor de la generación jubilada al momento de crearse o ampliarse el plan, pues los beneficios de esa generación provienen de recursos que se extraerán a los trabajadores activos, jóvenes y generaciones siguientes. Una vez maduro, el reparto contributivo no contiene solidaridad entre jubilados y trabajadores, porque ambos deben colaborar a servir la deuda creada al iniciar o ampliar el plan de reparto, por medio de soportar pensiones inferiores y salarios reales inferiores¹¹.

En las pensiones “no contributivas” también puede haber grados de capitalización, como prueban Bolivia y Nueva Zelandia, cuyas pensiones son financiadas (en total o en parte) por fondos de reserva o fondos de pensiones, y por lo tanto son incrementadas por los intereses que ganan dichos fondos.

La solidaridad en las pensiones no contributivas también difiere según cual sea la base de recaudación, pues algunos impuestos gravan a la tercera edad (IVA, impuestos específicos, patentes comerciales y renta), y otros no lo hacen (impuestos a la masa salarial o al trabajo).

3. Los sistemas previstos de ajuste a los distintos tipos de riesgo o incertidumbre agregada. Los principales riesgos agregados son cuatro: (i) que suba la longevidad promedio más rápido de lo previsto, (ii) que la masa salarial decrezca (por menor fecundidad, por emigración, por deterioro en la fiscalización del mandato de cotizar), (iii) que los retornos de las inversiones sean bajos, y (iv) que ocurran intervenciones políticas de corte demagógico o populista. Entre los distintos sistemas previstos de ajuste al riesgo destacan el beneficio definido por contrato, el beneficio definido por ley (modificable), la contribución definida, y varias formas de cuasicontribución definida y cuasibeneficio definido. Cada una de estas fórmulas tiene sus propios parámetros¹².