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Capítulo I
La administración pública en el territorio
¿Cómo hacer un municipio inteligente?

Los municipios de América Latina y el Caribe se encuentran en uno de los procesos demográficos más significativos que ha vivido el continente, ello con grandes consecuencias para la sostenibilidad, la calidad de vida y la competitividad de la región. Hacer frente a este reto supone una evolución en el ámbito de la gobernanza y la toma de decisiones, así como el uso cada vez más eficiente de los recursos de los municipios mediante una gestión inteligente.

Un municipio inteligente es aquel que pone a las personas en el centro del desarrollo, incorpora tecnologías de la información y comunicación en la gestión urbana y rural y usa estos elementos como herramientas para estimular la formación de un gobierno eficiente que incluya procesos de planificación colaborativa y participación ciudadana. Al promover un desarrollo integrado y sostenible, los municipios inteligentes se tornan más innovadores, competitivos, atractivos y capaces de adaptarse a los retos de su desarrollo y crecimiento por más difíciles que aparenten.

La transformación y modernización de la gestión del municipio genera una serie de resultados concretos y positivos, aumentando la eficiencia al integrar diferentes elementos en la actuación: movilidad, tráfico, seguridad, vigilancia, servicios públicos, gestión de riesgos e información, entre otros. Al trabajar de forma colaborativa los gestores municipales comparten información de calidad para ofrecer mejores servicios a la población. Ubicar todas las discusiones por encima de la mesa.

Para lograr transformar un municipio se necesita un cambio de mentalidad, sólo con ello se disminuye la corrupción, además de identificar claramente una visión de futuro que se materializa con la ayuda de una figura con suficiente sensibilidad para llevarla adelante y movilizar a los agentes necesarios para concretarla. En este sentido, el rol del líder es esencial para orientar al municipio en la dirección correcta acorde con la visión definida.

Se necesita un gestor, una persona dedicada de tiempo completo, que tenga las habilidades y la autoridad para hacer que todas las actividades se lleven a cabo; habilidades relacionadas con el conocimiento de tecnologías de la información y de métodos que serán implementados para solución de problemas urbanos y rurales definidos como prioritarios.

El gestor debe tener la capacidad de influir e interactuar con una variedad de personas, entre ellos, los equipos de desarrollo y operación, así como los proponentes de la iniciativa, lo que significa saber comunicarse con los diferentes actores. Del mismo modo, el gestor debe tener habilidad para coordinar acciones durante y después de la implementación de los diferentes proyectos, las áreas y las personas involucradas, así como entender exactamente cuáles son las tareas individuales y colectivas.

Se necesita un equipo multidisciplinario, por lo que se exige la combinación de esfuerzos y conocimientos diversos. La integración y cohesión está en el corazón del municipio inteligente. Los equipos de trabajo deben tener competencias complementarias y trabajar en conjunto.

La capacitación debe ser permanente tanto para la ciudadanía como para los servidores públicos. Un municipio inteligente implica una verdadera revolución cultural que obliga a realizar modificaciones de hábitos y comportamientos de los agentes públicos y ciudadanos, para el caso del gobierno de turno implica un proceso de aprendizaje continuo.

Un municipio inteligente genera integración, que a su vez suministra a la administración pública información necesaria y transparente para una mejor toma de decisiones y gestión presupuestaria. Permite prestar mejor atención a los usuarios de servicio y mejora la imagen de los órganos públicos, de esta manera eleva el grado de satisfacción de los habitantes.

Optimiza la asignación de recursos y ayuda a reducir gastos innecesarios, genera procedimientos comunes que aumentan la eficiencia del gobierno, produce indicadores de desempeño que son útiles para medir, comparar y mejorar las políticas públicas, permite una mayor participación de la sociedad civil organizada y de los ciudadanos en la administración por medio del uso de herramientas tecnológicas que ayudan a monitorear los servicios públicos, identificando problemas, informando e interactuando con la administración municipal.

El proyecto de municipio inteligente no es de una sola administración, es preciso tener una visión de largo plazo y elaborar estrategias que no sufran discontinuidad. Debe ser un proyecto pensado y construido por etapas que se suceden y se superponen, pero sin atropellar los procesos ni perder los logros adquiridos. Es un proyecto que siempre tiene un foco: atender al ciudadano.

La estupidez y el profesionalismo de un servidor público

Según Bertrand Russell, filósofo y matemático inglés, Nobel de literatura: “el problema del mundo es que los estúpidos tienen una seguridad pasmosa y los inteligentes rebosan de dudas”.

De acuerdo con la fuente consultada, la estupidez es un estado mental de las personas torpes, sin lógica en su decir y en su accionar. El término se constituye en un adjetivo para calificar despectivamente a una persona que puede tener una deficiencia mental, o bien, su comportamiento es torpe.

La estupidez tiene la particularidad de parecer un proceso normal, pero la persona que la padece tiene un aprendizaje disfuncional y se comporta con conductas excesivas o mal adaptadas.

Según las ciencias médicas, no se trata de una patología, de una debilidad ni de una enfermedad, sino de una incoherencia del comportamiento normal que refleja, por un lado, que la psique humana no tiene la habilidad de adquirir y procesar el conocimiento, y por el otro, de adaptarlo a las circunstancias.

Desde la epistemología, la estupidez puede concebirse como un fallo para percibir la realidad y convertirla eficientemente en información, por lo que la persona se vale del autoengaño, es decir, de una actitud engañosa para sí misma, por lo que rechaza estúpidamente información nueva.

La estupidez no permite distinguir la idea principal de la secundaria, lo esencial de lo superficial, lo importante de lo accesorio, lo urgente de lo que puede esperar. La estupidez al igual que la inteligencia, está conectada con la comunicación, la información y el conocimiento.

El profesionalismo de una persona debe estar siempre enmarcado en tres razonamientos básicos: el criterio, fundamentado en conocimiento y experticia; la ética, fundada en valores y principios; y la vocación, fundada en el deseo y amor con el que se hacen todas las actividades, objeto de su ejercicio profesional.

A manera de ilustración, por estos días en las sesiones ordinarias del concejo en una territorialidad, se presentó un proyecto de acuerdo para su estudio y su posible posterior aprobación. La idea está definida como el proyecto xx del 1 de febrero de 2018, firmada por el alcalde encargado quien, de paso, exhibe el título de “Administrador”.

El proyecto presenta toda clase de incoherencias, falta de razonamiento, lógica, no hay vínculo entre la idea principal y los motivos de su implementación. Por todo esto, la idea se observa como una estupidez mayúscula, toda vez que se torna inconveniente, es abiertamente contraria a la Constitución y la ley, falta de unidad de materia y fue radicado en un escenario que no tiene competencia para crear un tributo, sin un marco jurídico previo.

El proyecto “siniestro” desde su título, pasando por el desarrollo, exposición de motivos, hasta llegar al escenario donde debe discutirse y generar alguna clase de debate, por lo menos por la profundidad de la iniciativa y no por la cantidad de errores y la falta de racionalidad del encargado mandatario.

La iniciativa en su título manifiesta que se quiere “establecer una sobretasa para el fomento del turismo”, pero en la exposición de motivos se sostiene que se va a “establecer una tasa para el fomento del turismo”. Dos conceptos totalmente diferentes en su aplicabilidad y efectos.

En el articulado del proyecto, numeral segundo, define el hecho generador así: “el hecho generador lo constituye el ser contribuyente de cada una de las rentas percibidas por el municipio de…”. El universo de contribuyentes se extiende a todo el que paga una renta al municipio.

Una incoherencia más se encuentra en el artículo quinto. En la definición de la base gravable se lee: “la base gravable la constituye el valor a pagar por el contribuyente por concepto de impuesto predial e industria y comercio ante la tesorería de rentas municipales”. Este es el despropósito mayor, ningún Congreso de la República, Asamblea y mucho menos el Concejo municipal de un territorio, puede ponerle una sobretasa a un impuesto, en razón a que son conceptos muy diferentes. La sobretasa es precisamente un valor adicional a una tasa, mas no a un impuesto, éste tiene otras características.

El desatino se le chorreó por el cuerpo al precursor de la propuesta en la exposición de motivos para establecer la tasa. Se esperaba que el encargado burgomaestre haría uso de la masa gris para dar justificaciones de lo pretendido en el proyecto de acuerdo, pero solamente le alcanzó para lo mínimo y lo que hizo fue un copie y pegue de la ley 1558 del año 2012, que por ningún lado hace referencia a conformar el marco jurídico para la creación de un tributo por parte de las corporaciones Concejos Municipales.

La ley 1558 de 2012 hace referencia al “fomento, el desarrollo, la promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, a través de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado en la actividad”. No crea ningún marco jurídico para establecer sobretasa o tasa alguna.

Si los concejales proceden y aprueban la iniciativa, pueden estar incurriendo en la comisión del delito de prevaricato. ¡Debería existir la posibilidad de anular el acta de grado a este tipo de profesionales!

Competencias laborales que debe tener un administrador público territorial – APT

En la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP no se forman políticos para ganar elecciones. Se forman expertos y técnicos en implementar políticas públicas territoriales para gestionar el desarrollo desde el territorio, lo que exige competencias laborales diferenciales.

La primera competencia laboral que debe exhibir un profesional universitario graduado de la carrera de Administración Pública Territorial – APT, es demostrar habilidades profesionales fundamentadas en tres elementos principales; 1) Criterio, basado en el conocimiento y la experiencia; 2) Ética, cimentada en valores con lo cual fortalecerá el carácter; 3) La vocación, en tanto ésta lo inspira, concuerda con sus gustos, sus intereses y aptitudes.

La ESAP, como entidad Pública de carácter universitario tiene dieciséis sedes territoriales diseminadas en todo el territorio colombiano. Su propósito superior es impactar positivamente las comunidades mediante la mayor cualificación del ejercicio propio de la administración pública. Una respuesta de la entidad es el pregrado de Administración Pública Territorial – APT, cuyo currículo incluye siete núcleos temáticos y ciento cincuenta y seis créditos a cumplirse en diez semestres o más, dependiendo de la disponibilidad del estudiante. El registro calificado del Ministerio de Educación Nacional – MEN consta en la resolución 24269 del 8 de noviembre de 2017.

Es vital revisar de manera permanente la pertinencia del programa de APT con lo que pasa y se requiere en los territorios. Las ordenaciones públicas con presencia en los territorios exigen competencias laborales y comportamentales relacionadas con el saber hacer, implementación de políticas públicas territoriales, definir e implementar territorialidades y municipalidades inteligentes, es decir, programas para ciudadanos con cultura digital para la toma y aprovechamiento de la información oportuna.

Los núcleos temáticos de gestión del desarrollo, problemática pública y economía de lo público, exigen un relacionamiento convocante y concluyente entre la sociedad, el poder ejercido por el gobierno local, la economía, el tiempo y el territorio. Ello implica gestionar el desarrollo de una forma diferente. El profesional en APT debe tener competencias para organizar, liderar, gestionar organizaciones público–privadas, involucrar a los sectores demandantes de los servicios públicos, no solo para entregar las concesiones en condiciones de explotación sino para gestionar relaciones profundas, económicas y sostenibles en el tiempo, generando una especie de gobernanza especial, avalada por la población.

Deben concurrir en el Administrador Público Territorial competencias para la gestión y accionar del talento humano, implementar un modelo referencial inagotable, sistémico y sistemático útil para guiar a los servidores públicos en el ejercicio de la institucionalidad, implementar modelos de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sistemas de gestión ambiental, preparar para gestionar la institución de la ventanilla hacia dentro para ganar confianza de la ventanilla hacia afuera, ejecutar la gestión de cada organización a partir del diseño de un marco propio para planear, dirigir, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar las tareas, el fin último es lograr resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de las comunidades, garantizando la eficacia, la eficiencia y la calidad de todos los productos y servicios objeto de la misión territorial.

Se trata de competencias laborales del saber hacer, de la experticia y experiencia con un fin ético superior, más allá de la legalidad constitucional, el bienestar básico asociado a las grandes variables de vivienda, mínimo vital alimenticio, salud, educación para la productividad. Ello implica trabajo en equipo, organización, capacidad de análisis de datos y reportes, habilidades para tomar decisiones, creatividad, comunicación oral y escrita de forma efectiva, implicarse en principios y postulados de objetividad, apertura al debate y audacia para atreverse a gestionar los retos emergentes.

Competencias que buscan la creación de valor público a partir de la ruta de la felicidad, toda vez que de acuerdo con las investigaciones de talento humano se cree que seres humanos más felices potencializan la productividad y la creatividad, y por supuesto su desarrollo. Personas gestionando su propio entorno.

Es oportuno y pertinente revisar la forma como se desarrolla el programa de APT, porque éste debe apuntar al desarrollo del saber hacer, y preparar al profesional para la ejecución de actividades propias de la administración pública territorial, en tanto el municipio es la célula principal del desarrollo y de atención al ciudadano. Competencias en asuntos como formulación y ejecución de proyectos, adecuación de planes o esquemas básicos de ordenamiento territorial, diseño e implementación de estatutos tributarios, reestructuraciones administrativas autónomas, gestión de finanzas públicas y ejecución de presupuestos públicos, implementación de modelos de gestión, implementación de modelos de gestión de riesgos y controles internos, desarrollo de sistemas o software para la comunicación oportuna y efectiva.

El currículum y la ejecución del plan de estudios del programa de APT se debe plantear de tal manera que la malla curricular hasta el sexto semestre desarrolle el conocimiento y basamento teórico; del séptimo al décimo en escenarios y proyectos prácticos. Ello definirá las competencias de expertos y perfiles diferentes, lo que caracterizaría al profesional en APT.

El régimen “militar” de la policía no tiene sentido

La Policía es un cuerpo armado de naturaleza civil, diseñado para garantizar el orden interno de la patria “convivencia y paz”. Desde su nacimiento en Francia comenzando el siglo XV, ha tenido varios significados, sobre todo “buen orden”, en los cuales siempre se encuentra inmersa la sociedad y por extensión “vías y medios” que permitan lograrlo, ya en el siglo XVI, en relación con el fortalecimiento del poder real en Europa, se encarga de otras actividades del Estado, encaminadas a garantizar el “buen orden y el bien general del país”.

A finales del siglo XVIII, en algunos países de lengua alemana, la policía ya está claramente definida como parte de la administración del Estado, en tanto solamente se dedica al mantenimiento de la seguridad interior de los países. Lo que quiere decir que las fuerzas de policía nunca han tenido “consideración, régimen y entrenamiento militar”, porque realmente no lo necesitan, históricamente se entienden como una parte de la Administración Pública, pero no de la Fuerza Pública Militar.

La Policía Nacional de Colombia, en su condición de institución de hombres y mujeres armados de naturaleza civil, a cargo de la seguridad pública, no tiene por qué tener en su arquitectura la formación “militar”, en tanto se considera una fuerza propia de trámite, no tienen condición sancionatoria a pesar de que están armados, no están autorizados para disparar en condiciones normales, su única condición es garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas en el favorecimiento de aspectos que tengan que ver con la convivencia de la ciudadanía en el territorio.

No tiene ningún sentido que el ministro de la Defensa Nacional de Colombia salga por los medios de comunicación, radio y televisión, a pedir perdón a todos sus compatriotas por unos excesos de aplicación de la fuerza de la policía para reducir y posteriormente conducir a un ciudadano que se encontraba en presunta violación de una medida que restringe el orden público. Quien tiene que salir a ofrecer las excusas es el señor presidente de la república en su condición de máxima autoridad suprema de la administración pública.

La fuerza pública que comanda la policía tiene cerca de ciento treinta años en Colombia. Creo que su “fuero y condición de militar” no es inherente a ello, es un asunto más político que de Estado, en mi concepto tiene su origen en el impulso de “alcanzar el orden” de la descomposición del precepto social y público, que históricamente hemos vivido como sociedad.

Las luchas históricas que la sociedad colombiana ha vivido por más de sesenta años con todas las diferentes guerrillas, de un lado y otro, alimentadas por el narcotráfico, el contrabando y la corrupción política, nos ha llevado a desembocar en una sociedad de componendas, mismas que involucran a todo el establecimiento institucional que debe garantizar el orden público interno, ello condujo al famoso “régimen militar”, que no tiene por qué tenerlo la policía.

La Policía Nacional no ha estado exenta de cambios para tratar de corregir lo que a nosotros nos atropella como sociedad, “falta de educación y civismo para garantizar la convivencia”. En este orden de ideas, “el régimen militar” que se le endilga a la Policía no le pertenece, porque en Colombia, es un cuerpo armado de naturaleza civil, que se encarga de la seguridad interna en los territorios de la república, la que nunca ha podido garantizar la institucionalidad administrativa. En Colombia se gobierna con normas y reglamentos que no son suficientes por sí solos, ello indica que hace falta educación cívica como estructurante de la sociedad.

La profesionalización de los servicios de la policía en Colombia ha sido una mofa. Nunca se les ha brindado la educación pertinente para su ejercicio, un año en la escuela de policía para salir como patrullero no es suficiente para garantizar ninguna actividad profesional, este ejercicio de expertos en la policía solo está en el papel, porque gran parte de la sociedad colombiana le carga a la policía un alto grado de difidencia, precisamente por su falta de ejercicio profesional.

La misma mofa con la que se ha tenido a los alcaldes del país, haciéndoles creer que son “jefes” de la Policía en su territorio, es una farsa. No tiene sentido ser “jefe” de alguien que, en condiciones burocráticas, por manual de funciones no está obligado a acatar las órdenes de su supuesto superior.

Es muy pertinente que como Estado propongamos hacer una profunda reforma y darle la orientación profesional adecuada a los servicios de policía como parte de la burocracia estatal.

La ley de la oposición es impracticable en los territorios

“Los derechos consagrados para la oposición política por medio de la ley 1909 de 2018, en las asambleas y concejos se limitan a ofrecer una curul al segundo en votos en la aspiración para el ejecutivo y a la participación insignificante en la mesa directiva”.

La ley trata de garantizar unos derechos dentro de los cuales está el de la vida, que es el más importante, por lo demás, la oposición política no es practicable en los territorios a pesar de que es una deuda histórica. Nunca se ha tratado con objetividad por lo difícil de delimitar su alcance y su instrumentalización en los municipios pequeños.

De conformidad con el politólogo y profesor universitario, Yann Basset, Colombia tiene un patrón histórico de escasa o nula oposición, incluso desde antes del acuerdo entre liberales y conservadores para repartirse el poder entre 1958 y 1974 y darle fin a la violencia interpartidista del siglo XX, porque los presidentes en su ejercicio siempre han gobernado con grandes coaliciones.

Desde la Constitución de 1991 (artículo 112) con el convencimiento de fortalecer el ejercicio de la democracia y vigorizar la división de poderes se viene hablando de garantizar las acciones de la oposición política. Con ocasión de la firma del acuerdo de paz se sancionó la ley 1909 de 2018, por medio de la cual se trata de regular dichas actividades.

El llamado “Estatuto de la oposición” garantiza unos derechos a los partidos políticos que tengan curules y que se declaren como tal en las diferentes corporaciones públicas (congreso, asamblea, concejo), los cuales están asociados a: financiación adicional para el ejercicio de la oposición, acceso a los medios de comunicación social del Estado o que hacen usos del espectro electromagnético, acceso a la información y al documentación oficial, derecho de réplica, participación de mesas directivas de plenarias de corporaciones públicas de elección popular, participación en la agenda de las corporaciones públicas, garantía del libre ejercicio de los derechos políticos, participación en la comisión de relaciones exteriores, derecho a participar en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas de elección popular, derecho a la sesión exclusiva sobre el plan de desarrollo y presupuesto.

Como se puede observar, hacer efectivos cada uno de los diez derechos asociados requiere hacer uso de instrumentos que no están disponibles en los territorios ni son prácticos, lo que hace una ilusión los derechos de la oposición. Las actividades requeridas son impracticables porque en los territorios no existen los elementos fácticos para desarrollar los derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial es limitado, no se practica el derecho de réplica del primer ejecutivo, la participación de mesas directivas y de plenarias es exigua y no tiene sentido práctico de oposición sino burocrático, la garantía del libre ejercicio de los derechos políticos no se limita a ser miembro de la asamblea o concejo (es un derecho propio para el ejercicio de la ciudadanía), la participación en la comisión de relaciones exteriores no es viable, no se puede hacer uso del espectro electromagnético.

Sumado a esto, las bancadas que se declaran en oposición, en la práctica, se anulan porque no tienen medios de comunicación disponibles, no se cuenta con financiación para el ejercicio de la oposición, no se participa de la comisión asesora de las relaciones exteriores y se ve abocado a quedar por fuera del sistema que le sirve a la política. En este sentido, la democracia sigue en deuda con las regiones y territorios, ello induce fatalmente a que no haya oposición como tal y a que no se den las condiciones de verdadera inclusión en el sistema político desde los territorios.

Las bancadas políticas en los territorios pequeños que se declaren en oposición política corren el riesgo de que desaparezcan en el espectro político local, por lo insignificante del ejercicio de la oposición política. En algunos municipios de Antioquia, la práctica de la oposición se ejecuta con desconfianza entre sus miembros, porque el presidente del concejo, declarado en oposición, pide pista para hacerse aliado de la administración e intimida para firmar los actos que le corresponden buscando beneficio personal. El excandidato, hoy concejal, se siente utilizado porque para los cargos en el escenario regional que se ofrecen por sus votos, no cumple los requisitos y está en una presión constante con sus seguidores. El otro concejal del liberalismo les da palo a las bancadas por sus redes, pero quiere dádivas por debajo de la mesa. Los otros miembros de la oposición, la mayoría del sector rural, están aburridos porque sus comunidades no entienden de oposiciones, tienen temor con la administración, ellos lo que quieren es que les lleven soluciones, sostienen que no votaron para hacer oposición, pero sienten vergüenza con el ejecutivo y no se acercan con sus solicitudes. Se sienten en un ambiente que no es claro para ellos.

Atrevámonos a ser libres

A lo largo de su vida, conforme la persona va creciendo e incrementando su conocimiento y experiencias, adquiere cada vez más responsabilidades y el número de decisiones que se le permite tomar va siendo cada vez mayor. Así, cuando comenzamos nuestra andadura en este mundo en el seno materno, únicamente podemos tomar decisiones básicas como dormir o estirar nuestras extremidades. Tras nuestro nacimiento podemos empezar a explorar poco a poco nuestro entorno, aunque siempre bajo supervisión paterna.

Paulatinamente, nuestros padres van dejándonos tomar cada vez más decisiones por nuestra cuenta y riesgo al haber aumentado nuestra madurez y nuestros conocimientos, considerándonos más capacitados para incurrir en riesgos mayores. Finalmente, llega el momento en que dejamos de depender de nuestros progenitores y estamos capacitados para tomar nuestras decisiones en libertad, incluso aunque éstas vayan en contra de su opinión.

Este proceso de abandono de la tutela paterna puede causar numerosas fricciones familiares. Suelen ser frecuentes las discusiones paterno–filiales sobre la hora de llegada a casa, los viajes, la ropa o el aseo personal, entre otras. Aunque, miradas en perspectiva, nuestras primeras decisiones pueden no haber sido siempre las más correctas, esta mayor libertad nos preparó para encarar mejor el futuro.

Esta evolución en la vida personal va unida a un deseo de autorrealización. Conforme vamos creciendo nos sentimos más seguros de nosotros mismos y más felices al ser cada vez más capaces de tomar decisiones por nuestra cuenta y riesgo, interpretando esto como un signo de evolución personal.

Visto lo anterior, cabría suponer que el mismo fenómeno debería ocurrir en otros ámbitos de la vida personal, como así sucede. Un claro ejemplo lo podemos encontrar en el ámbito laboral. Cuando entramos en una empresa nuestra capacidad de decisión suele ser mínima. Conforme se van demostrando nuestras dotes en los distintos aspectos que componen el trabajo, el grado de libertad del que gozamos para la toma de decisiones se va incrementando. Incluso en el caso de que no sea así, muchos empleados abandonan sus empresas buscando, entre otras cosas, gozar de mayor libertad para desempeñarse profesionalmente.

Sin embargo, cuando se examina la relación entre el Estado y el individuo, muchas veces nos encontramos con la sorpresa de que nos hemos acostumbrado a estar subordinados al primero, sin ni siquiera esperar que nos concedan un mayor grado de libertad. La intromisión del Estado en ámbitos personales se ha convertido en una costumbre tan arraigada que muchas personas llegan a contemplar, incluso con temor, la posibilidad de que éste les conceda un mayor grado de libertad para desarrollarse. Las discusiones que se daban en el ámbito familiar entre padres e hijos, o entre jefes y subordinados buscando los segundos una mayor libertad para desarrollarse se invierten, y muchas veces el ciudadano se llega a manifestar pidiendo una mayor intervención y por tanto menor libertad en sus relaciones con los demás.

Cabría preguntarse el motivo de esta contradicción. No tiene ningún sentido creernos que estamos más capacitados que nuestros padres para regir nuestro destino, o más que nuestros jefes para organizar el trabajo, y que sin embargo nos sintamos inferiores a la administración estatal. El motivo de esta contradicción no es otro sino la propaganda de las propias instituciones públicas. Mientras que nuestros padres intentan prepararnos para que en el día de mañana seamos capaces de desenvolvernos por nosotros mismos, determinados organismos estatales han establecido como uno de sus objetivos fundamentales su auto-perpetuación. Así, mientras que nuestros progenitores nos prepararon para la libertad, determinados organismos públicos nos han educado en la servidumbre, haciéndonos creer que no es posible la civilización tal y como la conocemos sin la existencia de estas administraciones. Por tanto, mientras que nos sentimos confiados en nosotros mismos por la educación recibida por nuestros padres, no ocurre lo mismo con respecto al Estado, ya que éste nos ha adoctrinado como desvalidos dependientes del mismo.

No obstante, si llegados a determinada edad hemos sido capaces de desenvolvernos fuera de la tutela paterna, también deberíamos ser capaces de desarrollarnos fuera de la tutela estatal sin ningún tipo de miedo, ya que las recompensas recibidas por la libertad siempre compensan el mayor trabajo que ésta conlleva.

Las peticiones que desde determinados ámbitos se efectúan pidiendo una menor intromisión del Estado en nuestras decisiones no deben ser contempladas con temor y desconfianza; al contrario, debe ser con esperanza. Si hemos sido capaces de salir del ámbito familiar para desarrollarnos nosotros mismos, también somos competentes para progresar sin la tutela estatal en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida.

Arquitectura de un informe de auditoría interna

Un informe de auditoría interna es un escrito concluyente que, razonablemente, da cuenta de la gestión de los controles sobre los riesgos definidos, en un proceso que tiene como propósito entregar unos productos de la administración pública, entendida ésta, como una articulación entre gobierno y gerencia pública.

La arquitectura del informe de auditoría interna incluye una secuencia de partes que, documentadas con lógica, narran la forma como los responsables de hacer entrega del producto final, gestionan con autonomía sus propias tareas, esto es, la descripción e identificación del proceso, actores, objetivos, alcance, documentos de referencia, fecha de inicio y finalización del ejercicio auditor.

Esta primera parte es relevante e informativa, de orientación para el auditor por cuanto se extrae de la planificación y del entendimiento del negocio auditable, lo hermoso de la narración es cuando el profesional y experto en auditoria, documenta sus conclusiones dentro de sus aspectos apreciables y relata el resultado de la aplicación de las pruebas que, por supuesto, evidencian el nivel de cumplimiento y control de una manera objetiva y sustantiva.

La elegancia en la arquitectura de la leyenda por la que atraviesa el auditor en ese valle extenso e intenso de recorrido, por la trazabilidad y huellas del proceso enaltece la virtud del auditor, pero mucho más de quien tiene la oportunidad de leer una obra de literatura inteligente contenida en un informe de auditoría interna.

El resultado de las pruebas debe ser narrado refinadamente, de tal manera que se entienda como un cuento bien estructurado que ayude e indique, al responsable de la tarea de la gestión del proceso auditado, a encontrar la solución en la medida que entiende el yerro en la gestión del control correspondiente. Ello implica dar claridad al gestor del proceso en su objetivo, alcance y productos, lo que se constituye en el deber ser, así como la evidencia del resultado de la aplicación de la prueba, lo cual formaliza el ser como un hecho muy posiblemente irrevocable pero subsanable.

Y así sucesivamente cada uno de los resultados descritos de manera sustantiva de las diferentes pruebas de cumplimiento y control, de diseño y operatividad entre otras, condicionadas por el alcance determinado en la auditoría. El cumplimiento del cronograma es determinante en tanto se trata de la presentación oportuna del resultado del informe de auditoría. Oportuno es cumplir con profundidad y pertinencia de cada tarea planteada en el cronograma; ello da cuenta de la sincronización y experticia del auditor.

El escrito en su arquitectura deja entrever el profesionalismo el auditor, porque también describe el grado de relacionamiento y aseguramiento, conformidad y atributos con que se ejecutan algunas actividades, es decir, no sólo evidencia lo débil de la aplicación de los controles, sino que reconoce cuando se aplican con efectividad y aseguran la gestión operativa, garantizando así la eficacia y eficiencia de la Administración Pública.

La evaluación del diseño, ejecución de controles de manera individual y la solidez del conjunto de los mismos, es indispensable para observar el grado de aseguramiento del proceso evaluado, así como el grado de vulnerabilidad a que está expuesto, frente los riesgos definidos en el mismo.

Imperativo es aplicar un instrumento que confirme el resultado basado en riesgo del sistema de control interno del área auditable, teniendo como marco de referencia los componentes definidos en el modelo COSO, recomendado por el Instituto de Auditores Internos y la Práctica de Auditoría en Normas Internacionales, o lo que es lo mismo, observar en qué nivel de implementación y operatividad se encuentran los elementos del ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicaciones y actividades de monitoreo.

En la retórica del escrito debe haber profundidad y rigurosidad en las descripciones de los aspectos a mejorar, conclusiones del equipo auditor y por supuesto las recomendaciones para auditorías posteriores, para darle postura concluyente al contenido del informe; en manera alguna puede ser un relleno.

Hoy, Colombia como integrante del club de los países con “mejores prácticas para garantizar una vida mejor” – Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico OCDE– es muy pertinente que el informe considere la institucionalidad, operación y articulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, obligado para todas las organizaciones del Estado colombiano.

En la parte concluyente del informe se redactan las observaciones o hallazgos, los cuales son objeto de acciones de mejoras para la institución. La estructura de los mismos debe reflejar la autenticidad y comprensión del proceso auditado por parte del auditor, de tal manera que se hagan comprensibles para cualquier servidor que los lea e interprete, en donde se reflejan los hechos descritos, la exigente condición de mejora que amerita, los criterios vencidos, la evidencia y el impacto que puede causar de seguir en las actuales condiciones que se refleja. La inteligente redacción es determinante para comprender la oportunidad de la mejora.

Acciones para consolidar la paz en clave del territorio

La paz y el desarrollo territorial están estrechamente relacionados. La apuesta es la no centralización de la inversión resultante en la implementación de los mejorados acuerdos entre las FARC–EP y el Gobierno de Colombia.

Importante entender que la “Paz Negativa” está asociada a la ausencia de la guerra, no hay confrontación bélica, por el contrario, la “Paz Positiva” no significa ausencia de conflicto. Está asociada al ejercicio pleno de la institucionalidad desde el surgimiento y constitución del poder territorial, con el propósito de gobernar de manera neutral en función de resolver las demandas de la sociedad. No es dable, es sumamente violento que la administración local concurra en favor de la corrupción, crear un Estado propicio para poner las instituciones en favor personal. En concreto, llevar la corrupción a cero.

Los gobernantes tienen que ajustar sus valores a los determinantes para el ejercicio de la función administrativa pública. No hay nada más violento que se evidencie corrupción en las actuaciones del gobernante. Se tornan excluyentes, no garantiza convivencia en los espacios de neutralidad como la educación, el deporte, la salud. Es necesario el contradictor como elemento del disenso que ayuda al consenso, no se trata de ponerlo en favor de mi postura, de lo que trata es de que tenga otra mirada. El gobernante en su accionar no puede estar confundido a partir de sus valores, porque se tornan disfuncionales con lo que representan. La corrupción es un acto vergonzante.

Inevitablemente hay que entender la “Paz Positiva” en muchos aspectos y de manera multi-vectorial. Desde el territorio se tienen que transformar y potencializar las capacidades de gestionar los posibles conflictos que puedan suscitarse en el ejercicio de la implementación en lo territorial. Se debe democratizar el ingreso al trabajo, a la tenencia de la tierra, a la contratación pública, al empleo, pero sobre todo a la administración de justicia. “El derecho que concede la democracia de ejercer el poder, no subsidia el derecho para maltratar a los que no votaron por nosotros”.

Hay que repensar las relaciones del Estado – municipio concretadas en la interacción servidor – ciudadanía, hay que transformar las relaciones de poder político en lo referente al ejercicio de la administración de lo público, en razón a que las aspiraciones comunitarias se tienen que concretar.

En lo territorial debemos lograr la no-violencia desde la ejecución de los planes de desarrollo, atacando la violencia estructural mediante la solución de las necesidades básicas “supervivencia, bienestar, identidad o libertad” como resultados de los procesos de estratificación social, en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos materiales y sociales sea resuelto por mecanismo vinculantes y efectivos de la participación ciudadana.

Reducir la “violencia cultural” atacando los factores que conllevan a hechos violentos contra la mujer, la política, el género, los jóvenes y los diferentes tipos de “matoneos” que se presentan en los disímiles espacios comunes que se comparten por necesidades de la sociedad como escuelas, colegios, universidades, supermercados, transportes colectivos, lugares comunes de trabajo, entre otros.

De esta manera, con acciones muy sencillas que dependen de nosotros como ciudadanos podemos llegar a lo que denomina Francisco Adolfo Muñoz como “Paz Imperfecta”, la cual es entendida como todas aquellas situaciones en las que conseguimos el máximo de “Paz Posible”, de acuerdo con las condiciones sociales y personales de partida. En este sentido se podrían agrupar bajo esta denominación, todas aquellas experiencias y espacios en los que los conflictos se regulan pacíficamente, es decir en los que las personas y grupos humanos optan por facilitar la satisfacción de las necesidades de los otros. Es necesario entender que se llama imperfecta porque, a pesar de gestionarse pacíficamente las controversias, se convive con los conflictos y algunas formas de violencia.

La imperfección nos acerca a lo más humano de nosotros mismos, en razón a que convivimos con emociones y cultura, deseos y voluntades, egoísmos y generosidades, aspectos positivos y negativos, aciertos y errores, entre otros muchos más, pero lo importante es que permite reconocernos como actores, siempre inmersos en procesos dinámicos e inacabados ligados a la incertidumbre de la complejidad del mundo en el que habitamos. Todas las circunstancias nos humanizan, nos hacen a la vez libres y dependientes de todos aquellos con los que tenemos que convivir infaliblemente.

Si logramos pensar y actuar con vehemencia desde el territorio, podríamos atenuar la violencia directa, estructural, cultural y simbólica.

Economía criminal y poder político

La economía criminal es propia del poder político cuando surge de los “Estados en la sombra”. Éstos interpretan la relación entre la corrupción y la política, son el producto del gobierno personalista, usualmente constituido tras la fachada de la democracia formal. Este tipo de Estado se construye para servir a interés privado y sus propios intereses.

El poder del Estado en la sombra radica en administraciones internas muy débiles, en este sentido los gobernantes adoptan un horizonte estratégico más corto “voy por lo mío”, tratando de acumular recursos críticos por fuera del gobierno, para posteriormente favorecer operaciones privadas en clave de su mantenimiento.

En las sesiones del mes de mayo de 2016, llegó a un Concejo el proyecto de acuerdo 009 “Por medio del cual se crea el Fondo de Inversiones y Reactivación Agropecuaria… y se conceden unas facultades” que buscaba crear una empresa para manejar recursos públicos con destinación específica de manera discrecional, arguyendo motivaciones subjetivas convirtiendo el estamento en un asunto privado, desde el emprendimiento individual relacionado con la economía agropecuaria.

Lo curioso es que quien impulsa el proyecto solicita facultades para administrar de manera libre los recursos generados por la iniciativa, situación un tanto dudosa, aún más, cuando el Secretario de despacho que está detrás de la decisión genera muchas dudas porque en su momento, cuando salió electo concejal, renunció en un claro irrespeto por sus votantes para hacerse designar discrecionalmente y poder ejercitarse desde el interés privado, pero el colmo llegó cuando éste propuso comprar las facultades de algunos Honorables Concejales para obtener el derecho a manejar los dineros conseguidos desde su gestión.

Desde este punto de vista el poder político se traduce en un hecho criminal, porque los recursos adquiridos de forma independiente a los esfuerzos de la población le dan la opción al Secretario–gobernante de generar graves demandas de recursos a la población beneficiaria que en realidad queda bajo su control, lo que reduce la productividad y riqueza social en su conjunto. En estos contextos a los gobernantes no les gusta atraer la legitimidad, por el contrario, buscan obtener la obediencia por medio de sus directrices. Desde luego, se prefiere conservar los recursos que pudiesen verse gastados en servicios y, en cambio, gastarlos para comprar la lealtad y obediencia mediante la provisión de subsidios y el acceso preferencial a activos del Estado o al ejercicio discrecional del poder, para no procesar infracciones y otras exenciones selectivas y así evitar las regulaciones.

La criminalidad se profundiza porque los usos privados de las prerrogativas y activos del Estado crean un marco de gobierno por fuera de las instituciones estatales formales, es decir, una sombra de las estructuras formales del gobierno, basados en vínculos informales. El cargo patrimonial del secretario – gobernante carece ante todo de la distinción burocrática weberiana, se planta entre la esfera “privada y la oficial”, él cree que el poder político es puramente personal y eso lo hace soberano de la posición en el ejercicio de su poder personal, que le resulta beneficioso de acuerdo con los emolumentos y contribuciones que reparte.

Este tipo de economía criminal, que se gesta desde el “Estado en la sombra”, es la inclusión de individuos que se benefician de acciones y recursos en virtud de su presencia y reconocimiento dentro del “establecimiento”, sin tener que contribuir con sus propios esfuerzos y mucho menos recursos. Finalmente, el gobernante desde el “Estado en la sombra” busca hacer que la vida de sus gobernados sea menos segura y más pobre materialmente, a menos que le demuestren que contribuyen a su poder personal. Las conexiones informales no burocráticas que resultan de éstos constituyen las redes del “Estado en la sombra”. En este tipo de Estado se carece de derechos civiles, puesto que las relaciones con las autoridades están subordinadas a la discreción de éstas.

Gobierno fallido

De manera general, el gobierno fallido se caracteriza por un fracaso social, político, económico, débil e ineficaz. La otra cara es que el Gobierno no gobierna, es un gobierno con muchos subgobiernos anarquizados, éstos imponen la agenda a partir de malas prácticas con postulaciones perversas y viciadas.

Las causas del gobierno fallido están asociadas a la falta de definición de una agenda y de planes estructurales de desarrollo que guíen las actuaciones de los servidores públicos. La corrupción que afecta a todos los estamentos de la sociedad, aflige a la comunidad, los pobladores sujetos de dicho gobierno pierden la confianza y calidad de vida.

Para contrarrestar tal situación, la comunidad debe confrontar a los corruptos y exigirles respeto por el manejo de los recursos que le son propios. Una sociedad honesta y trabajadora puede castigar sin violencia a los servidores comprometidos en actos de corrupción, especialmente a quienes han puesto el presupuesto en favor propio y de sus familias.

Cuando en un territorio al acalde lo controlan a partir de malas prácticas, entre ellas, asociadas a la descomposición de liar el hato de sus debilidades y necesidades, está cautivo en sus propias punzas.

Para neutralizar tales prácticas en los territorios, los concejales pueden hacer uso de una alternativa procedente: ejercer cogobierno a partir de cumplir con su tarea de control político de manera eficaz. No es plausible hacer transacciones a partir del ejercicio que les corresponde, porque la comunidad se siente desprotegida y se le hace mucho daño a la democracia como instrumento de constitución del poder público.

Para los secretarios de despacho, que ejercen acudiendo a la anarquía del sub-gobierno, les conviene este tipo de falta de norte del gobernante para poder hacer del presupuesto una orgía de contratos, favoreciendo el estamento que sostiene la confusión del mandatario de turno.

Los concejales comprometidos en un férreo ejercicio de control político deben exigirle a los servidores corruptos e ineptos dar un paso al costado, dejar de seguir el diseño de sus malas prácticas utilizadas para concretar actos de descomposición, con lo cual enlodan a todo el gobierno municipal, disminuyendo la confianza en la administración pública, apoyados en conductas reprochables desde el punto de vista de la responsabilidad política, administrativa, profesional y personal.

Es imperativo exigir a los corruptos su dimisión en razón a que las consecuencias serán disminución en servicios públicos, altos niveles de corrupción y mucha criminalidad. Si bien es cierto que este tipo de gobierno mantiene su personalidad jurídica, hay un colapso de la institucionalidad, no se desarrollan las relaciones intergubernamentales y se mantienen como gobiernos fantasmas. No dan la cara.

La etiqueta de gobierno fallido se justifica siempre y cuando la comunidad esté dispuesta a cambiar. Se trata de focalizar ayudas, de intentar buscar solución, porque se constituye un hervidero de inestabilidad institucional y surgen todo tipo de delincuencias, lo que supone un serio problema para el desarrollo local y por supuesto para la comunidad objeto de dicho Gobierno.

Se entiende fallido porque no expresa una fuerte institucionalidad en sus procesos y procedimientos, las malas prácticas vuelven invisibles la gestión. La perversión se concreta con entregar la contratación a organizaciones fachadas, a grupos de presión que logran resultados a partir de confrontar al gobernante con su moral y la conducta que mantiene por debajo del estándar ético.

Gobierno, administración pública, justicia y control político

En un municipio del departamento de Antioquia los responsables de ejercer el control político están advertidos de que una “bala no vale mucho”, según se lee en un mensaje que circulan en las redes sociales recibido por la secretaria de la Corporación, en el inicio de las sesiones ordinarias del presente mes. De acuerdo con el francés, Charles Jean Bonnin, pensador político y social, hay dos perspectivas que permiten caracterizar la administración pública; la primera la concibe como una forma de acción, la segunda la aborda como un fenómeno institucional. Desde estos dos puntos de vista se establece su singularidad y relaciones con el orden, la forma de gobernar y la justicia.

Progresivamente en la historia se ha deslindado e instituido la diferencia entre el gobierno, la administración pública y la justicia. Su confusión genera el desorden y la existencia de principios generadores de errores que perduran como verdaderos.

Uno de los propósitos principales del gobierno es la necesaria conservación de los individuos y su libertad natural, y es en la configuración de esta dinámica de generación de garantías en donde primero se instituye el gobierno y posteriormente la justicia.

Lo anterior no significa, sin embargo, la existencia de la administración pública como convención, porque es precisamente esta condición la que ha permitido establecer la organización del orden interno en cada territorio.

Por su naturaleza, el gobierno por sí mismo es más vigilante que activo, y ejerce una tutela sobre la administración pública, la cual no actúa más que por su impulso y conforme a su voluntad. Asimismo, el gobierno es la voluntad creada para dar movimiento al cuerpo político y una dirección común a todos los individuos, lo que implica que éste actúa como el alma del cuerpo político.

La administración pública es consecuencia del gobierno, en tanto la justicia lo es de la administración, dado que ésta representa y debe ocuparse de las necesidades y deberes sociales. En compensación, la justicia es puramente un medio coercitivo que remedia los “males de sus conciudadanos”.

La justicia está establecida para cuidar que el orden mandado por la administración pública no sea alterado por la pasión de los hombres y sus intereses particulares, de lo que se encarga es de castigar los delitos, corregir los vicios y reprimir los abusos.

Por su parte, el ejercicio del control político, propio de las corporaciones públicas (concejo, asamblea y congreso) como medida garantista dirige su accionar a vigilar la actuación de los funcionarios vinculados por una relación institucional y política, más que un control sobre su gestión, se trata es de un juicio sobre la función y capacidad de adaptación de iniciativas del gobierno.

Cuando se habla de función se hace referencia al término en sentido de inspección, fiscalización, comprobación, revisión o examen que adelantan los cuerpos colegiados sobre la actividad que realiza el ejecutivo y la administración, con la finalidad de verificar que se ajustan sus actos a las disposiciones definidas en las normas.

Los titulares del gabinete de ese municipio del departamento de Antioquia, en medio de su confusión a expensas de su propio sometimiento, de cómo se relacionan los elementos enunciados en el título de este escrito, explicitan su modus operandi, en tanto con sus acciones tratan de atemorizar a quienes por garantía les corresponde la función pública del ejercicio del control político. No les gusta que les verifiquen la autenticidad de la información que suministran desde la contratación por: obras públicas, salud pública, qué tan competente es la productividad y competitividad, el valor de los refrigerios de educación, la efectividad de la política de “cero a siempre”, el uso de la maquinaria asociada a obras públicas, entre otras.

Los concejales y el control político

El control político se entiende como un mecanismo efectivo de los cuerpos colegiados (senado, cámara de representantes, asambleas y concejos), con el objetivo de exigir y garantizar el ejercicio del poder y la gestión del gobierno de manera transparente, al tiempo, reclamar la responsabilidad política de quienes llegan a cargos de elección popular y sus equipos de gobierno.

El objeto del control político se identifica claramente mediante dos acciones. La primera consiste en la actividad de los cuerpos colegiados, dirigida a verificar la acción político – administrativa del gobierno y de la administración en todas las dependencias, poniendo de manifiesto y sancionando la responsabilidad política. La segunda es la actividad conocida comúnmente como de “garantía”. Se dirige a controlar la acción de los sujetos vinculados al gobierno, pero no por elección popular, sino por una relación institucional de responsabilidad política, más que un control sobre la gestión, se trata de un juicio sobre la función y capacidad de adaptación de iniciativas del gobierno respecto a los nuevos elementos de la realidad administrativa.

Cuando se habla de función se hace referencia al término en el sentido de inspección, fiscalización, comprobación, revisión o examen que adelantan los cuerpos colegiados sobre la actividad que realiza el ejecutivo y la administración, con la finalidad de verificar que ajustan sus actos a las disposiciones definidas en las normas.

En el escenario municipal los destinatarios del control político son los secretarios de despacho, los representantes legales de las entidades descentralizadas, los personeros y los contralores si existieren.

Con motivo del inicio de las sesiones ordinarias de la mayoría de los concejos municipales, todos los honorables concejales deberían estar disponibles para realizar y poner en práctica el ejercicio del control político. Esa es la razón de ser de su investidura, no tiene sentido que los concejales no cumplan sus tareas.

Pareciera que el obstáculo está definido por las relaciones que vinculan al ejecutivo con la llamada coalición y la coima que les repartió el alcalde días antes de la Navidad cuando los citó en su propia casa. Los concejales deberían demostrar su excelsa honorabilidad, haciendo control político a la gestión adelantada por los secretarios de despacho, los cuales ponen en tela de juicio su conducta cuando en el propio recinto del concejo, en las sesiones anteriores, confiesan la posible comisión de hechos punibles en tanto reconocen que reciben y aplican recursos provenientes del pago de tributos por parte de quienes ocupan espacios públicos con casetas en el parque principal, sin que los recursos ingresaran al fisco municipal. Disponen de manera discrecional como si se tratara de una tienda de su familia.

Asimismo, en ejercicio del control político cabe solicitar responsabilidad de los secretarios de planeación y de obras públicas, por la entrega de licencias de construcción sin tener en cuenta los paramentos y las servidumbres definidas por la normatividad, y por la obra pública que se está ejecutando en la institución educativa más representativa de la municipalidad, por cuanto la fecha de entrega de la obra estaba definida para el 16 de diciembre de 2016 y seis meses después no se ha entregado.

De la misma manera, verificar el ingreso al presupuesto y cuentas bancarias del municipio, del impuesto de espectáculos públicos provenientes de la venta de los derechos de las fiestas de Corralejas. No sea que las hayan negociado “por debajo de mesa”, lo que va en menoscabo del fisco y el deporte municipal.

Hacer control político a la administración y uso de la maquinaria de obras públicas del municipio y al vehículo campero estaca, que permaneció más de un año a la intemperie en el taller “Arango”, así como los permisos y el uso del buldócer, que permite el Secretario de Planeación en favor de los intereses de otros exalcaldes del municipio vecino.

La función de control político que hacen las corporaciones al realizar sus debates, se entiende que es para defender el patrimonio de los ciudadanos, para sancionar a los culpables de las pérdidas y detrimentos; no se hace para afectar la imagen de la entidad estatal, pero sí para buscar los responsables del manejo del dinero público, dinero de los ciudadanos que sirve entre otros, para pagar los honorarios a los honorables concejales.

El concejal que no realiza control político se hace cómplice de la corrupción y no merece recibir los honorarios, los cuales son pagados con los impuestos que pagan sus representados.