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Capítulo 1 Ensayos, aprendizajes y configuración de los feminismos en Chile: mediados del siglo XIX y primera mitad del XX

Karelia Cerda*, Ana Gálvez Comandini** y María Stella Toro C.***¹²³

1. Introducción. ¿De qué feminismos estamos hablando en el período de 1850 a 1949?

Desde las primeras organizaciones de mujeres en la década de 1850, hasta la creación del Movimiento pro Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH) en 1935, existió una multiplicidad de organizaciones e instituciones femeninas que se identificaron de manera diversa, y algunas veces contradictoria, con el feminismo.

Estas organizaciones de mujeres fueron principalmente de carácter urbano, lideradas y constituidas por mujeres que habitaban las ciudades como damas de la élite, como profesionales universitarias o como obreras y trabajadoras de los sectores medios y populares. Considerando que la sociedad chilena fue eminentemente rural hasta fines del siglo XIX, podemos decir que un amplio sector de la sociedad, especialmente la rural, compuesta por mujeres campesinas, de pueblos originarios o de la diáspora africana, no participaron formalmente en la política por no saber leer ni escribir, o por no saber hablar y leer en castellano, quedando en los márgenes de los nuevos sistemas políticos modernos vinculados a los partidos políticos y a los movimientos obreros y feministas. Es por ello que estos grupos tuvieron una participación menor en organizaciones femeninas y feministas a las que haremos referencia en este capítulo, como también en los partidos políticos y los sindicatos; y, por lo mismo, han sido mucho más difíciles de rastrear en los archivos.

Se deben tomar en cuenta, además, las estructuras extremadamente violentas y represivas del campo chileno, expresadas en el poder absoluto del «patrón de fundo». Como se señala en el estudio pionero de Sonia Montecino (1991) sobre «madres y huachos», este fue un contexto marcado por la violencia sexual y dentro del cual, desde muy temprano, las mujeres populares y campesinas tuvieron que reaccionar, creando redes de subsistencia y resistencias cotidianas.

Por todo lo anterior, es necesario hacer hincapié en que la definición de «ciudadanía» durante este período fue discriminatoria y excluyente, en especial en cuanto a lo étnico y racial. Estudios realizados por parte de historiadoras de la esclavitud en Chile, como Carolina González (2014), nos demuestran cómo las mujeres esclavizadas concebían la libertad y la ciudadanía durante la colonia y las primeras décadas de la República. Por cierto, es relevante que desde la primera Constitución de 1823 el Estado chileno sólo extendió el derecho a sufragio pleno a aquellos hombres que tuvieran más de 20 años y que fueran casados, propietarios, y católicos. Hasta 1958, con la invención de la cédula única de votación, no hubo un voto verdaderamente «secreto» en Chile, y hasta 1970 no pudieron votar lxs analfabetxs. Esto a pesar de los avances en cuanto al sufragio femenino que veremos en este capítulo.

En este sentido, este capítulo se centrará en revisar la adscripción al feminismo por parte de organizaciones urbanas de mujeres, exponiendo cómo esta adhesión fue en ocasiones explícita y en otras difusa, situación que en parte se relacionaba con la necesidad de marcar una diferencia con el feminismo sufragista surgido en Europa, particularmente con las sufragistas inglesas. Se señalaba, frecuentemente, que el feminismo de las chilenas era distinto, pues sus reivindicaciones buscaban la armonía y no la guerra entre los sexos.

¿Cuánto de convencimiento y cuánto de estrategia política hubo en estos argumentos? No lo sabemos, pero es posible suponer que construyeron retóricas que les serían útiles en un ambiente adverso, que les demandaba de manera permanente tener que justificarse y legitimarse a través de la moderación y de la promesa de que no dejarían de lado el cuidado del hogar. Además, se encontraban atravesadas por miradas tradicionales en torno a la maternidad, siendo parte de una época en que el ideal de la familia burguesa se instalaba desde el Estado como una aspiración para el conjunto de la sociedad, independientemente de la compleja configuración de la mayoría de las familias.

En general, los escritos, las organizaciones y las demandas que se vinculaban con el reconocimiento de las capacidades intelectuales de las mujeres, la mejora de las condiciones de vida, la visibilización de las problemáticas y precariedades que les afectaban en el trabajo asalariado, el acceso a la educación y la obtención de derechos civiles y políticos, eran considerados como feministas, en una conjugación que a veces hacía parecer como sinónimos los términos femenino y feminismo. Si bien muchas de estas organizaciones no se catalogaron como feministas, sí han sido consideradas así por estudios posteriores, en los cuales se ha hablado de feminismo compensatorio, moderado, maternalista, obrero y social, entre otros, y de la existencia de corrientes vinculadas a referentes como el liberalismo, el socialismo, el anarquismo y el catolicismo.

En un breve recorrido por estas categorizaciones es importante mencionar el estudio pionero de la historiadora Asunción Lavrín (2005), quien ha señalado que, desde principios del siglo XX, ya se hablaba de feminismo en América Latina, enfatizando la acogida de algunas de estas ideas y demandas: «… en 1920 formaba parte del vocabulario político de socialistas, mujeres liberales de clase media, reformadores sociales, diputados nacionales y, aun, escritores católicos conservadores» (p. 30). Lavrín habla de un «feminismo compensatorio» en la medida que se buscaba la igualdad de derechos con los hombres, pero, a la vez, la protección de las mujeres; en especial, como madres.

La socióloga Julieta Kirkwood, en los años ochenta, catalogó al feminismo de esta primera etapa como un «feminismo moderado», que buscaba que las mujeres se mantuvieran en los cánones otorgados a lo femenino y en la eliminación de los «vicios sociales» (Kirkwood 1986, 25), asumiendo, entre sus luchas, la defensa de la familia y de la moral. La filósofa Alejandra Castillo (2005) señala que en este periodo se configuró un «feminismo maternalista» de raigambre liberal, igualitario en materia de derechos políticos, pero que relevaba y apelaba de manera permanente a la maternidad.

Las historiadoras Diana Veneros y Paulina Ayala (1997) visibilizaron dos vertientes específicas y dicotómicas, refiriéndose a la existencia de un «feminismo laico» y otro de carácter católico. Ana María Stuven también se refiere a la existencia de un «feminismo católico», aunque reconoce que estaba configurado por mujeres que no se consideraban a sí mismas como feministas; en particular en el caso de la Liga de Damas Chilenas (Stuven 2017, 347).

Desde otros sectores sociales, a principios del siglo XX hubo mujeres trabajadoras que se posicionaron a través de las páginas de los periódicos La Alborada y La Palanca como «feministas obreras». La historiadora María Angélica Illanes habla de un «feminismo social», encarnado en organizaciones como el MEMCH y en la extensa trama desarrollada por aquellas mujeres que se preocuparon de distintas maneras por el bienestar y la salud del pueblo, extendiendo la emancipación de las mujeres a la lucha por la «transformación general de la sociedad política y económica» (Illanes 2012, 31).

Los discursos y las acciones desarrolladas por las organizaciones de mujeres de principios del siglo XX estuvieron marcadas por la generación de prácticas políticas de tipo representativo que tenían como horizonte final la inclusión de las mujeres a través de la extensión progresiva de sus derechos, bajo el cuidado de que esta integración no afectara los roles tradicionales, sino que les permitiera contar con mejores herramientas para insertarse en la modernidad. La entrada formal de las mujeres en la arena política fue vista como algo que ayudaría a regenerar y purificar la política, pero desde un papel secundario.

2. Primeros antecedentes de acción y organización: mujeres de la élite, sectores medios y feminismo obrero, 1850-1920

Al hablar de las mujeres del siglo XIX, se les suele representar confinadas al hogar como único ámbito de desenvolvimiento, en donde cumplían funciones de madre, esposa y dueña de casa. Si bien el ordenamiento social en este periodo así lo definía, hay que destacar el creciente dinamismo y participación de las mujeres en otras esferas. Las primeras asociaciones surgieron en un clima de profundas transformaciones, marcado por la disputa entre conservadores y liberales en torno a la separación de la Iglesia y el Estado, además de la Cuestión Social que aquejaba a los sectores populares. En este proceso, se tensionaron las estructuras sociales y los roles de género tradicionales, emergiendo nuevas posturas respecto de la condición de las mujeres.

El siglo XIX e inicios del XX significó para las mujeres en Chile su progresiva irrupción en el espacio público, lo cual no implicó necesariamente una ruptura con la feminidad tradicional. Las primeras referencias de mujeres hablando con voz propia corresponden a la producción de prensa de y para mujeres en la segunda mitad de dicho siglo, como señala la historiadora Claudia Montero (2018, 27-30) en un contexto que posibilitó la generación de opinión, especialmente entre las mujeres de la élite y sectores medios emergentes, en razón de su grado de instrucción. Por otra parte, las mujeres obreras también ocuparon el espacio público, a partir del cruce entre las problemáticas de género y de clase.

2.1. Mujeres católicas y activismo desde la caridad

Ante las transformaciones del Estado y la paulatina pérdida de influencia de la Iglesia Católica sobre la sociedad, las mujeres conservadoras desplegaron acciones –tanto individuales como colectivas– en defensa de la moral cristiana y la estructura social tradicional, cuyo eje primordial era la familia. Así, encontraron en la beneficencia y la caridad la posibilidad tanto de ayudar a las personas desvalidas como también hacer frente al avance de las ideas liberales que socavaban los fundamentos del orden establecido.

Las asociaciones de señoras católicas que surgieron a mediados del siglo XIX permitieron la articulación de mujeres con intereses y objetivos comunes a partir de su pertenencia de clase y su religión. Las primeras organizaciones fueron la Sociedad de Beneficencia de Señoras en 1851 y el Círculo de Mujeres del Instituto de Caridad Evangélica - Hermandad de Dolores en 1864 (Olivares 2019, 87), ambas fundadas en Santiago. En las décadas posteriores, se fundó gran cantidad de asociaciones en distintas ciudades del país.

En estas instancias, las mujeres extendieron labores consideradas femeninas, tales como el servicio y cuidado de lxs demás, desde la privacidad de sus hogares hacia la vida social. Sus acciones estuvieron enfocadas en prestar asistencia a familias pobres e instituciones que albergaban a personas enfermas y vulnerables. Según Valeria Olivares (2019), estas agrupaciones se dedicaron también a orientar a mujeres pobres en el correcto cuidado y educación de sus hijxs, a modo de tutelaje desde la función materna. En ese sentido, se puede establecer que la caridad católica permitió reforzar roles de género tradicionales, apuntando a perpetuar el modelo societal propendido por los sectores conservadores y la propia Iglesia.

A partir de las acciones de caridad y beneficencia, se produjo un contacto permanente con la dura realidad social de los sectores populares, generando un posicionamiento respecto de la Cuestión Social. Ello se tradujo en la búsqueda de formas de incidir en la política nacional para mejorar las condiciones de vida de lxs pobres. A lo largo de las primeras décadas del siglo XX, las organizaciones católicas desarrollaron una praxis política en defensa de los valores cristianos y la familia, especialmente frente a los riesgos implícitos del ingreso de las mujeres al mundo laboral: la decadencia moral y abandono de la función materna (Olivares 2019, 92).

Las labores de caridad dieron paso al fomento de la educación de las trabajadoras en oficios considerados apropiados para las mujeres y al impulso de crear sindicatos de inspiración católica, destacando el rol de la Liga de Damas Chilenas fundada en 1912 (Robles 2013) y la publicación de periódicos como El eco de la Liga de las Damas Chilenas y La Sindicada Católica, este último perteneciente al Sindicato de Empleadas de Comercio de Santiago (Montero 2018, 10). En ese sentido, el activismo católico se traducía en una misión moralizadora, como también política, proponiendo una alternativa para enfrentar el avance del socialismo y anarquismo en el movimiento obrero, en consonancia con las disposiciones de la Encíclica Rerum Novarum sobre la justicia social (Robles 2013, 93). Así, el activismo de las mujeres católicas se desenvolvió en el espacio público en dos sentidos: en la misión moralizante y en la acción política.

2.2. Mujeres ilustradas: el acceso a la educación superior

Un importante sector de mujeres de la élite y sectores medios ilustrados desarrollaron su participación en el espacio público a partir del interés por equiparar el nivel cultural de las mujeres al de los hombres, recalcando la igualdad de sus capacidades intelectuales y criticando la posición de inferioridad y exclusión a que se veían sometidas. La difusión de ideas positivistas y laicas, además del vínculo con el mundo intelectual liberal, fueron factores que incidieron en la asociación de estas mujeres y el despliegue de su participación política.

El creciente interés por la cultura llevó a las mujeres a generar sus propios espacios de encuentro, puesto que los salones y clubes estaban reservados exclusivamente para los hombres. A partir de mediados del siglo XIX, las mujeres ilustradas organizaron tertulias y veladas literarias, en donde compartían lecturas y debatían respecto de sus inquietudes. Estos espacios propiciaron la formación intelectual y el análisis en torno al status de la mujer en la sociedad, destacando la necesidad de suprimir la influencia de la Iglesia y las trabas que ésta suponía para el desarrollo pleno de sus facultades, generando así una postura anticlerical. Cabe destacar que ello no implicaba una ruptura con el ideal de feminidad de la época, sino una ampliación del horizonte de posibilidades y funciones a cumplir.

Un hecho significativo fue la circulación de textos que problematizaban la condición de la mujer, como el libro La Esclavitud de la Mujer, de John Stuart Mill, traducido en 1872 por Martina Barros, quien fue una destacada intelectual y precursora del feminismo en nuestro país. En el prólogo, Barros reflexionó sobre el destino impuesto por el catolicismo a la vida de las mujeres: el matrimonio o la vida conventual. Así mismo, destacó la importancia de la educación como pilar fundamental para la ampliación de los derechos de las mujeres.

A lo largo del siglo XIX, la educación formal de las mujeres se forja fundamentalmente al alero de la Iglesia Católica, orientada a la formación práctica y moral de las futuras madres y esposas. En 1872, Antonia Tarragó –fundadora del Colegio Santa Teresa, cuya orientación era la ilustración de la mujer– solicitó que sus alumnas pudiesen rendir exámenes para el ingreso a la universidad, iniciativa replicada por Isabel Le Brun en 1876. Con ello se encendió el debate político sobre el tipo de educación adecuada para las mujeres y sus capacidades intelectuales para ejercer profesiones (Sánchez 2006).

Siguiendo a Karin Sánchez (2006), la presión desde las propias mujeres por el ingreso a la universidad fue un factor importante que permite explicar la firma del Decreto Nº547 por el ministro Miguel Luis Amunátegui en 1877, es decir que no fue una mera concesión desde arriba, sino una lucha emprendida desde abajo. Este decreto reconocía la necesidad de entregar una educación sólida a las mujeres y sus capacidades para ejercer profesiones, por tanto, permitió la rendición de exámenes de admisión a la universidad. Gracias a lo anterior, se concretó el ingreso de mujeres a la educación superior, siendo las primeras egresadas Eloísa Díaz y Ernestina Pérez (médicas), y Matilde Throup (abogada).

Las mujeres liberales ilustradas utilizaron mecanismos para incidir en la toma de decisiones políticas, apuntando a equiparar las condiciones de hombres y mujeres en el plano de la educación y la cultura, lo cual representaba un vehículo para la modernización del país y el progreso de las mujeres. Por tanto, desde su exclusión de la política formal y de manera indirecta, lograron ser artífices de la construcción del Estado republicano en el siglo XIX.

2.3. El «Incidente de San Felipe» y el inicio de la lucha por el sufragio femenino

La lucha sufragista suele situarse en la década de 1930; no obstante, existen antecedentes en el siglo XIX que nos permiten pensar la consecución del voto femenino como un proceso más largo y complejo. Los inicios del debate por este derecho se sitúan precisamente en el contexto que hemos reseñado anteriormente: en las primeras formas de organización y acción de las mujeres, en medio de grandes transformaciones sociales y políticas. Los primeros indicios de esta demanda vinieron de parte de las mujeres conservadoras.

Las mujeres conservadoras, al igual que las liberales anticlericales, contaban con acceso a la educación, la cultura y vínculos con políticos e intelectuales, pero sus estrategias de participación sociopolítica se encaminaron en direcciones distintas, al menos hasta inicios del siglo XX. En relación con el nivel de organización que este sector de mujeres había desplegado, se transformaron en un foco de interés para los conservadores, quienes, conjuntamente con la Iglesia, promovieron su intervención en el espacio público y su participación política. Las católicas vieron en el sufragio un mecanismo para resguardar la moral cristiana en la vida de la nación y la incidencia de la Iglesia en la administración del Estado (Bravo 2018, 16).

La legislación electoral de 1874 no contempló restricciones ni tampoco autorización para la inscripción de las mujeres en el registro nacional de electores: no se especificó el sexo de quienes calificaban como «ciudadanos». Esta omisión pudo responder a la no consideración de las mujeres como sujetos políticos y, por tanto, a lo impensado de su participación electoral. Sin embargo, como plantea Alejandra Castillo (2014, 20), en noviembre de 1875 partidarias del candidato presidencial Benjamín Vicuña Mackenna exigieron su inscripción electoral a la junta calificadora del distrito de San Felipe, logrando algunas de ellas ser calificadas e inscritas, hecho que se habría repetido en las ciudades de La Serena, Casablanca, Rengo y Valparaíso (Bravo 2014), apelando a que el universal masculino de «ciudadano» se refería a ambos sexos. Sin embargo, no se ha podido constatar que hayan logrado sufragar. Sólo una modificación a la ley electoral en 1884 estableció de forma explícita la exclusión de las mujeres como sujetos políticos.

El sufragio femenino también tuvo eco entre las mujeres anticlericales, no como una exigencia en el corto plazo, sino que como parte de un proceso de gradual mejoramiento de la situación social de las mujeres. A este respecto, Martina Barros proponía otorgar antes el derecho a la educación en igualdad de condiciones que los hombres, para que así las mujeres pudieran ejercer a futuro de forma satisfactoria su ciudadanía. Los círculos culturales y literarios que agrupaban a estas mujeres transitaron paulatinamente desde la demanda por la incorporación a la vida pública –especialmente a la educación superior– hacia la necesidad de ampliar sus derechos, profundizando en un discurso que tensionaba el género y perfilaba un marcado ideario feminista.

Así, en 1915 se formó el Círculo de Lectura, liderado por Amanda Labarca, y el Club de Señoras, a cargo de Delia Matte. En ambas organizaciones destacaba la centralidad que fue adquiriendo el derecho a sufragio. A partir del Círculo de Lectura, surge, en 1919, el Consejo Nacional de Mujeres, en el marco de los albores de la lucha sufragista en Latinoamérica. De esta forma, hacia la década de 1920, el sufragio femenino constituía una de las demandas más importantes para las organizaciones de mujeres, de manera transversal.

2.4. Feminismo obrero y transformación radical de la sociedad

Un importante sector de las mujeres en Chile, hacia fines del siglo XIX, experimentó el fenómeno de la proletarización. Las transformaciones económicas del periodo, gracias al auge salitrero y la diversificación de la producción –especialmente industrial-, significaron para los sectores populares su conversión en clase trabajadora, con una identidad y formas de acción política propias. En dicho contexto, las mujeres ingresaron al trabajo remunerado extradoméstico, principalmente en fábricas y talleres manufactureros, vivenciando la explotación laboral y las duras condiciones de vida. Ante la «Cuestión Social», las y los trabajadores formaron organizaciones en defensa de sus derechos. En el caso de las mujeres, las sociedades de socorros mutuos fueron la primera plataforma reivindicativa.

Entre las primeras expresiones de este feminismo obrero, encontramos nuevamente la importancia de la circulación de periódicos, esta vez producidos por las propias trabajadoras. Según Claudia Montero (2018), el primer periódico de este tipo habría sido La Obrera, publicado en Valparaíso en 1897; sin embargo, sólo se tiene conocimiento de él por referencias, no habiendo actualmente ejemplares disponibles.

En 1905, la obrera tipógrafa Carmela Jeria fundó en Valparaíso el periódico La Alborada, enfocado en la defensa de la clase trabajadora. Si bien este hecho le costó la pérdida de su trabajo en la Litografía Gillet, le permitió abrir un medio de expresión para las trabajadoras, dando cuenta del grado de politización de estas mujeres (Illanes 2012, 14). Este periódico funcionó hasta 1907, año de algidez social que terminaría con la Masacre de Santa María de Iquique. Al año siguiente nace La Palanca, órgano de difusión de la Asociación de Costureras de Santiago bajo la dirección de Esther Valdés de Díaz. Dicha publicación era de carácter abiertamente feminista, denunciando no sólo los abusos laborales, sino también la violencia contra las mujeres, entablando la discusión sobre su emancipación en todos los planos de su vida.

2.5. Sociedades de Señoras y Socorros Mutuos: una escuela de aprendizaje político

El proceso de formación de la identidad de la clase obrera tuvo una dimensión específica relacionada con el género. Las mujeres proletarias comenzaron a asociarse en instancias exclusivamente femeninas, en torno a la solidaridad y apoyo mutuo frente a las carencias de la vida cotidiana y la explotación laboral, así como también se enfocaron en la educación y moral de sus afiliadas. Las Sociedades de Señoras y Socorros Mutuos proliferaron a lo largo de Chile a partir de 1887, con la fundación de la Sociedad de Obreras Nº1 de Valparaíso, la Sociedad de Socorros Mutuos Emancipación de la Mujer y la Sociedad Protección de la Mujer, ambas en Santiago (1888), y la Sociedad de Obreras de Iquique (1890), compuestas en su mayoría por obreras del rubro textil y de vestuario (Cerda 2018). Es importante destacar que, además de trabajadoras, estas sociedades agruparon también a esposas de obreros y dueñas de casa, encontrando una posibilidad de cobertura y seguridad social. Estas sociedades tuvieron una cantidad de afiliadas que oscilaba entre 50 y 500, como fue el caso de la Sociedad Protección de la Mujer de Santiago, en 1910 (Hutchison 2006, 83).

Las sociedades mutuales tuvieron como principal objetivo el ahorro colectivo para la protección de las afiliadas en casos de necesidad, como, por ejemplo, enfermedades –considerando que la salud pública no estaba cubierta por el Estado, siendo muy precaria–, entregando una cuota a quienes no pudieran trabajar por motivos de salud y financiando tratamientos médicos. Por otra parte, con los fondos algunas sociedades financiaban escuelas nocturnas, ello en relación con la importancia asignada a la cultura e ilustración de la clase trabajadora, como mecanismo de elevación moral y mejoramiento de las condiciones de vida. En este sentido, las obreras mutualistas desplegaron gran capacidad de coordinación y gestión. Entre otras acciones, podemos destacar la formación de cooperativas de trabajo y las colectas coordinadas entre varias sociedades para ayudar a personas en casos excepcionales de catástrofes naturales o incendios.

El honor y respetabilidad de las sociedades mutualistas era también un pilar fundamental, la proyección de mujeres de bien hacía frente a las críticas provenientes de distintos sectores sociales respecto de los peligros del trabajo asalariado para la moral femenina. Así, las mutuales constituyeron una atractiva y valorada instancia a la cual pertenecer, generando una sociabilidad entre mujeres trabajadoras y, además, con otras organizaciones del mundo obrero, construyendo lazos entre la clase trabajadora.

Si bien el mutualismo no se orientó a la construcción de proyecto político, sí operó como plataforma reivindicativa. Las mutuales de mujeres participaron activamente de mítines y otras actividades de protesta. Para María Angélica Illanes (2003), éstas constituyeron la primera experiencia de uso del espacio público y bajo la autorrepresentación de las mujeres trabajadoras. En este sentido, consideramos que las sociedades de señoras y socorros mutuos sirvieron de espacio de aprendizaje político y un precedente de las formas orgánicas posteriores, y si bien no se identificaron a sí mismas como feministas, esbozaron embrionariamente una identidad en torno a la clase y el género. El mutualismo tuvo vigencia hasta la década de 1920, en donde la lucha feminista adquirió nuevas características y grados de radicalidad.

2.6. El librepensamiento y el anticlericalismo en los Centros Belén de Sárraga

Hacia la década de 1910, surgieron nuevas orgánicas entre las obreras, en las cuales se observa una profundización de la conciencia de género y de clase, especialmente tras la visita al país de la librepensadora Belén de Sárraga. En esta década, el feminismo como corriente política comenzaría a masificarse en América Latina, tejiendo redes entre organizadoras sociales, lo cual incidió en la participación sociopolítica en los distintos territorios. Así, y de la mano de ideas como el anarquismo, socialismo y el anticlericalismo, se articuló una lucha por la transformación profunda de la sociedad, que buscaba acabar con la opresión de las mujeres.

Varios factores influyeron en la radicalización de los discursos entre la clase trabajadora; por ejemplo, el impacto causado por la Masacre de Santa María de Iquique en 1907. Pero, sin duda, para las mujeres sería determinante la difusión del librepensamiento y del anticlericalismo. Belén de Sárraga se desplazó por América Latina fomentando la educación laica y realizando conferencias en las cuales se abordaban distintas temáticas, todas referidas a los problemas de la clase obrera, la nociva influencia de la Iglesia Católica y la condición social de las mujeres. Un hito importante fue la realización del Congreso Internacional Feminista de 1910, en Buenos Aires, al cual acudió como delegada chilena María Espíndola, dando cuenta, así, de la circulación de ideas antipatriarcales (Antivilo 2019).

En el norte salitrero, cuna del movimiento obrero chileno, comenzaron a destacar en la prensa algunas personalidades, como la adolescente Rebeca Barnes y Teresa Flores. Ambas destacaron por su activa participación en las veladas organizadas por el Partido Obrero Socialista (POS), interviniendo con elocuentes discursos respecto de la emancipación de la mujer, así como también por su rol en la creación de organizaciones políticas. Al igual que muchas otras mujeres que se incorporaron a las luchas sociales, tenían vínculos con líderes obreros: Rebeca Barnes era hija de David Barnes, mientras que Teresa Flores fue compañera de Luis Emilio Recabarren, miembros fundadores del POS. Si bien ello no definió su participación sociopolítica, sí contribuyó a establecer alianzas con sus organizaciones. Cabe destacar que Flores fue la única mujer presente en la fundación del POS en 1912 y años más tarde sería la primera mujer en ocupar un cargo directivo en la FOCH.

Belén de Sárraga arribó a Chile en 1913. En su estadía estuvo fuertemente vinculada con los principales organizadores obreros socialistas y anarquistas, como Recabarren. Realizó una gira por importantes centros urbanos del país, en donde realizó conferencias que generaron gran polémica, tensionando el debate respecto del rol de la Iglesia en la sociedad. Sus conferencias contaron con una alta convocatoria de mujeres de todos los estratos sociales. Así como era aclamada por su labor en la prensa obrera, los sectores conservadores la criticaron fuertemente por difundir un mensaje que atentaba contra la moral de las mujeres y de la sociedad en su conjunto.

La mayor parte de las actividades protagonizadas por Belén de Sárraga, terminaban con desfiles y manifestaciones espontáneas, algunas de las cuales concluyeron con desórdenes, como fue el caso de un ataque con piedras a la Catedral de Santiago⁴. En consonancia, en su visita a Iquique, dadas las noticias que se tenían de los acontecimientos en otras ciudades, las autoridades locales decidieron movilizar al Regimiento Carampangue ante posibles desórdenes y ataques a la Vicaría (Cerda 2018, 98).

Tras la visita de Sárraga al norte, se fundaron los «Centros Femeninos Librepensadores Belén de Sárraga» en Antofagasta –de forma pionera–, Iquique, Negreiros y Lagunas, en donde destaca el componente étnico y racial, al tratarse de una zona fronteriza y de reciente incorporación al Estado chileno. El impulso de estos centros en Tarapacá estuvo en manos de Teresa Flores y Rebeca Barnes, quienes se movilizaron por la pampa propiciando su formación, lo cual incluso le costó la expulsión del Liceo de Niñas de Iquique a Barnes, de sólo 15 años, por considerarse que la lucha anticlerical era un mal ejemplo para la juventud.

Entre 1913 y 1917, estos centros organizaron constantes conferencias, veladas culturales y participaban activamente en la sociabilidad obrera, especialmente en actos de protesta. Sus objetivos eran la ilustración de las mujeres en el pensamiento científico laico y la erradicación del fanatismo religioso, como vehículos para su emancipación. A diferencia de la década anterior, estas organizaciones tuvieron un marcado carácter reivindicativo, con un discurso feminista, adosado al proyecto político popular del movimiento obrero. Así mismo, enarbolaron una crítica estructural al sistema capitalista y al machismo. Este último lo identificaban también entre sus propios compañeros y constantemente aludían a la necesidad de que los obreros tomasen conciencia y abandonaran sus prácticas discriminatorias.

Además de los Centros Belén de Sárraga, se crearon otras instancias de mujeres librepensadoras y feministas, como el Centro Instructivo de Obreras Librepensadoras «Luisa Michel», de Antofagasta (en alusión a la lideresa anarquista francesa), y los centros El Despertar de la Mujer, en Valparaíso y Viña del Mar. También en esta década surgieron organizaciones de tipo sindical –impulsadas por anarquistas y socialistas– en aquellos rubros altamente feminizados: las trabajadoras del sector textil y de vestuario, fábricas de calzado, procesadoras de alimentos, y de servicios como los transportes y comunicaciones, fueron quienes más destacaron en la formación de organizaciones en defensa del empleo y mejores condiciones laborales.

2.7. Demandas de clase y demandas de género: organizaciones mixtas y federaciones obreras

A lo largo de este periodo, las obreras no participaron únicamente en instancias exclusivas de mujeres, sino que tuvieron presencia en organizaciones mixtas. Para los líderes del movimiento obrero, la participación de las mujeres en las luchas sociales constituyó una constante preocupación, transitando entre el apoyo e impulso a su organización y la marginación de determinados espacios ocupados por varones. En este periodo se construye una imagen de la mujer trabajadora en razón de estereotipos como la vulnerabilidad sexual, la fragilidad física y moral y el rol materno; esto, a su vez, reafirmaba la masculinidad obrera en base al rol de proveedor de la familia, es decir que el trabajo asalariado se concebía en torno a las diferencias de género.

Los organizadores socialistas veían en las mujeres aliadas estratégicas en la lucha contra la explotación, invitándolas a participar en su calidad de madres, esposas, hijas o hermanas. En ese sentido su inclusión fue desde la subordinación, las barreras para alcanzar posiciones de liderazgo y la representación de sus demandas desde el paternalismo de los obreros. Entre los militantes socialistas, existía una concepción tradicional del género y poca problematización sobre el origen de la opresión de la mujer, lo que definió que el trabajo de las mujeres, sumado al costo moral que acarreaba para el conjunto de la familia proletaria, fuera instrumentalizado como símbolo de la explotación capitalista, en donde el obrero organizado aparece como defensor de las asalariadas (Hutchison 2006). Por su parte, los anarquistas desarrollaron un discurso más radical, cuestionando la moral sexual –tanto católica como laica– y planteando nuevas formas de relaciones que cimentarían el camino de la emancipación de las mujeres, tales como el amor libre, la educación sexual y la maternidad consciente. De este modo, su apoyo a la organización de las obreras apuntaba a su autonomía en igualdad de condiciones que los varones.

La participación de las mujeres en las instancias mixtas se enmarca en lo que fue el feminismo obrero; sin embargo, es necesario reconocer la centralidad que tenía en ellas el discurso de clase. Entre las organizaciones que contaron con presencia de mujeres, destaca el grupo teatral «Arte y Revolución» de Iquique, en el cual participaban varias socias del Centro Belén de Sárraga, bajo la premisa de la regeneración moral, la lucha antialcohólica y la ilustración del pueblo. Otras orgánicas que contaron con la adhesión de trabajadoras fueron las sociedades de resistencia, como plataformas reivindicativas de derechos laborales. Ejemplo de ellas fue la inclusión de las aparadoras de calzado a los gremios de zapateros, como ocurrió al menos en Iquique (Gremio de Zapateros i Aparadoras, 1914), Valparaíso (Federación de Zapateros y Aparadoras, 1914) y Santiago (Federación de Zapateros y Aparadoras, 1917).

Durante el periodo analizado, las organizaciones autónomas de obreras convivieron con la participación en instancias mixtas. Sin embargo, hacia 1918 se evidencia un desplazamiento de la autonomía hacia la creación de secciones dentro de las federaciones obreras. El contexto de crisis económica dado el impacto de la Primera Guerra Mundial, generó un aumento de la sindicalización obrera, además de la complejización de las organizaciones, situando las demandas de clase por sobre otras, como por ejemplo las de género. De esta forma, en la década posterior, las obreras se concentraron principalmente en instancias femeninas como los Consejos Federales Femeninos de la FOCH a partir de 1917, que posteriormente dieron paso a la Gran Federación Femenina de Chile en 1920, y la Federación Unión Obrera Femenina en la IWW en 1921.

Finalmente, cabe destacar que, entre los objetivos del feminismo obrero, el sufragio no constituyó un eje central, al menos en estas primeras décadas. Pese a que se evidencia un interés por la consecución del voto en Europa mediante la prensa obrera, se le consideraba una demanda propia de las mujeres de las élites. El principal foco de interés estuvo puesto en las subsistencias, los derechos laborales y la reivindicación de la mujer en las luchas sociale. Sin embargo, en las décadas posteriores, las mujeres de sectores populares también se incorporaron a la lucha por el sufragio.

3. Organización política partidista y movimiento por el sufragio municipal: 1920-1935

El periodo histórico que transcurre entre 1920 y 1935 es relevante en la historia del feminismo en Chile, pues en él se comienza a ver una diversificación de las organizaciones de mujeres, algunas con tintes feministas y otras abiertamente feministas.

Esta diversificación tuvo que ver también con la incorporación de las mujeres de los emergentes grupos sociales medios y de la élite a la escena política, transitando desde organizaciones femeninas culturales y filantrópicas a conformar partidos políticos de mujeres. Si bien algunos de estos partidos fueron independientes, también hubo otros que tenían estrechos vínculos con los partidos políticos tradicionales, conformados por hombres.

En este periodo se comienzan a gestar, además, las demandas colectivas por el sufragio femenino, el que, junto a la demanda por más y mejor educación para las mujeres, será una de las principales banderas de lucha del periodo.

3.1. El feminismo obrero entre 1920 y 1935

En la década de 1920, el movimiento obrero y sindical se había expandido y consolidado en el territorio nacional. Las demandas obreras por la mejora de las condiciones de higiene y seguridad laboral, mejora de los salarios, pensiones de vejez e invalidez, educación, entre otras, se concentraron y aliaron en la Federación Obrera de Chile (FOCH, 1909-1936), de carácter socialista, y en la IWW sección chilena (1921) Industrial Workers of the World (Trabajadores Industriales del Mundo), de corriente anarquista.

Las organizaciones obreras fueron especialmente críticas de la desigualdad de la distribución de la riqueza y el poder en el país, riqueza y poder que se concentraba en los grupos de élite y que dejaba a la gran masa de los sectores populares hundida en la más profunda pobreza y marginalidad, bajo el fenómeno llamado «cuestión social». A esta condición se le sumó la crisis económica del sector del salitre, principal producto de exportación del país, provocada por el salitre sintético (1914), y la Primera (1914-1918) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), lo que elevó los niveles de cesantía del país.

Todo este contexto de crisis general afectó especialmente a las mujeres pobres y trabajadoras, que debían trabajar desde muy pequeñas para colaborar en la economía familiar para complementar la renta con el esposo o compañero, o las que, siendo jefas de hogar debían cuidar y proveer a su familia. Se debe considerar, además, que los salarios de las mujeres eran hasta un 40% más bajos que los de los hombres, por lo que algunas de ellas, especialmente las más jóvenes, buscaron aumentar sus ingresos dedicándose a la prostitución⁵ (Prunés 1926), que para la sociedad de la época se transformó en uno de los síntomas más graves de la «cuestión social» junto con el alcoholismo y la delincuencia.

Bajo este escenario, las organizaciones obreras femeninas tendrán un rol fundamental. Si bien la FOCH tenía en su misión defender los intereses de las y los trabajadores de ambos sexos, en 1917 las mujeres trabajadoras se organizaron y crearon el Consejo Federal Femenino, que en 1920 cambiará su nombre al de Gran Federación Femenina de Chile, ya que consideraban importante tener una representación específica dentro de la Gran Federación Obrera de Chile, puesto que sus problemas, demandas e intereses específicos como mujeres (descanso pre y postnatal, horas de amamantamiento, salas cunas, etc.), quedaban casi siempre eclipsados por los conflictos laborales masculinos, que eran presentados como prioritarios y universales. No obstante, las demandas de las obreras no estaban conectadas directamente con el movimiento feminista sufragista internacional, ya que lo veían como parte de las demandas de las mujeres de la burguesía.

Por su parte, las trabajadoras asalariadas de corriente anarquista se organizaron el año 1921 bajo la Federación Unión Obrera Femenina, que dependía de la IWW, con un marcado discurso anticapitalista. Tuvieron la meta de proteger a las trabajadoras de la explotación laboral, pero desde un sindicalismo de base, es decir, mucho más colectivo que el sindicalismo representativo de la FOCH. Entre sus fundadoras, se encontraban las feministas libertarias Isabel Morales y Soma Huerta, como secretaria general.

Siendo el periodo de 1919 hasta 1922 de mucha agitación política y huelgas a nivel nacional, estas lideresas anarquistas tuvieron roles destacados en los mítines políticos y en la defensa de los presos de las revueltas. Soma Huerta se destacó, además, por su participación protagónica en el movimiento social de arrendatarios de 1922, que luchaba para arrendar viviendas dignas a precios justos.

En el POS (que desde 1922 pasó a llamarse Partido Comunista), podemos destacar la figura de Carmen Serrano González (Ignotus 2020). Fue una reconocida feminista que, además de organizar la primera agrupación socialista en Valparaíso, participó y lideró numerosas huelgas obreras, como la Gran Huelga del Carbón en Lota en 1920, junto a Delfina González. Estas mujeres fueron perseguidas por ser consideradas subversivas y agitadoras, siendo encarceladas en varias ocasiones. Dentro de su pensamiento feminista, Carmen Serrano promovía el anticlericalismo, así como la emancipación y libertad de la mujer del yugo maternal y del matrimonio, un pensamiento altamente revolucionario en su época que le costó el aislamiento dentro del partido. En este sentido, el feminismo de las obreras libertarias fue mucho más progresista y apegado a un feminismo más revolucionario, versus el feminismo reformista de las obreras socialistas, que seguía una línea más ligada al maternalismo.

En la década de 1930, la matrona Humilde Figueroa tuvo un rol destacado en el Partido Comunista, siendo, además, una activa lideresa en la clandestinidad, durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. El periódico comunista La Chispa, publicó una artículo donde Humilde Figueroa hacía una crítica a los pseudocomunistas que estaban dispuestos a transar con la dictadura. El periódico la describía de la siguiente forma: «La compañera Figueroa, cuya heroica actitud la coloca en destacada situación ante la clase obrera, posee abundante información respecto a lo dicho en este artículo...»⁶. Este reconocimiento nos permite observar la posición de poder de Humilde Figueroa dentro de su coalición, siendo miembro del Comité Central del partido.

Tanto el movimiento de mujeres obrero socialista/comunista como el anarquista tenían un marcado interés por la defensa de derechos laborales y de justicia social, mucho más que por los derechos políticos ciudadanos de las mujeres, aunque no los excluían. Esto, porque las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres obreras distaba mucho de las condiciones de trabajo y vida de las mujeres profesionales o de la élite nacional. Su experiencia de opresión como mujeres tenía un fuerte componente de clase, además del de género. Es por ello que sus organizaciones y demandas se han considerado como parte del feminismo socialista, es decir, luchaban para vencer la explotación económica de la que eran víctimas tanto ellas como sus compañeros.

Una de las preocupaciones de las mujeres que participaban en los movimientos políticos obreros fue la regulación del trabajo femenino e infantil, ya que, por tratarse de los grupos más vulnerables socialmente, existían muchos abusos patronales sobre estos sectores. Hasta la década de 1920 no existía una regulación que se hiciera cargo de las problemáticas laborales específicas de las mujeres. Lo que había eran iniciativas aisladas que, más que proteger el trabajo, protegían a las mujeres en cuanto madres.

Además de las denuncias que hicieron las lideresas obreras en la prensa y en los mítines políticos, algunas feministas que trabajaban en el Estado, como la abogada de la Oficina del Trabajo Elena Caffarena, denunciaron la explotación asociada al trabajo a domicilio, ya que este representaba un punto de explotación específico del trabajo de las mujeres pobres, especialmente de las costureras y las lavanderas. El sweating system fue la explotación del sudor de las trabajadoras a domicilio, que bajo el falso criterio de que las mujeres que trabajaban en sus casas podrían cuidar mejor de sus hijos e hijas⁷, explotaba a destajo la mano de obra femenina (Caffarena 1924, 97-98).

Será solo en medio de huelgas y durante la crisis del régimen parlamentario que, en 1924, bajo la presidencia de Arturo Alessandri Palma, y previa intervención de los militares para presionar al Congreso Nacional, se promulgaron las anheladas Leyes Sociales; entre ellas, la creación de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio, que velaba por la cobertura de previsión social de las y los trabajadores. En 1925 se dictó el Decreto de Ley N°442, sobre protección a la maternidad obrera y salas cunas. Y en el año 1931, con el Código del Trabajo, se creará una legislación específica para trabajadoras y trabajadores, que en su título V, «Del trabajo de los menores y de las mujeres»⁸, se refería explícitamente al trabajo femenino, donde se prohibía el trabajo de menores de edad y de mujeres en horarios nocturnos, y en faenas mineras u otras que eran identificadas como superiores a sus fuerzas. Y en el título VI regulaba el trabajo a domicilio.

Las organizaciones políticas de mujeres al interior de partidos políticos, como el Partido Obrero Socialista (y luego Comunista), y en las agrupaciones políticas anarquistas, tomaron un protagonismo relevante, ya que impulsaron demandas transversales al pueblo trabajador. No obstante, las demandas específicas sobre el trabajo femenino remunerado, si bien fueron reconocidas como legítimas, fueron frecuentemente consideradas por los propios camaradas como secundarias o puestas en un segundo plano, frente a lo que se consideraba que eran las prioridades del movimiento obrero: la lucha de clases contra el sistema de opresión capitalista.

Lo que las y los obreros de la época no lograron percibir en ese momento es que tanto las opresiones de clase como las de género eran parte de un sistema continuo, es decir, precisaba tener tanto el control de la mano de obra productiva de los hombres como de las labores reproductivas y de cuidados de las mujeres para funcionar. Esta alianza entre capital y patriarcado será algo que visibilizarán las feministas de la década de los sesenta (Federici 2010, 2018).

En síntesis, las organizaciones de mujeres obreras fueron pioneras en la organización política femenina durante la primera parte del siglo XX. No obstante, en la década de 1920, fueron las mujeres de los grupos medios las principales protagonistas de las reformas políticas y jurídicas que buscaron dar mayor igualdad a las mujeres en la sociedad.

3.2. El feminismo de las mujeres profesionales y de sectores medios

Como ya se mencionó, el derecho a la educación superior llegó a las mujeres de Chile en el año 1877, mediante el Decreto Amunátegui. No obstante, y a pesar de su educación universitaria, el feminismo que promulgaron las mujeres de los grupos medios fue un feminismo de carácter más bien moderado, que intentaba compatibilizar el acceso a derechos con los roles tradicionales de madres y esposas. Es decir, fue un feminismo de carácter reformista más que revolucionario.

Sin perjuicio de lo anterior, la posibilidad de que las mujeres pudiesen recibir educación universitaria fue, como veremos, fundamental para el desarrollo del feminismo en Chile en el siglo XX. Esto, debido a que la educación superior promovió la organización de círculos culturales e intelectuales femeninos, compuestos principalmente, aunque no únicamente, por mujeres de los sectores medios.

Entre ellos, ya hemos mencionado la creación en 1915 del Círculo Femenino de Lectura, que en 1919 se dividió en el Consejo Nacional de Mujeres y en el Círculo Femenino de Estudios.

En este contexto, Amanda Labarca, profesora de castellano titulada del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en 1905, será una de las figuras más destacadas del feminismo nacional en la primera mitad del siglo XX. Ella asumió en 1919 la presidencia del Consejo Nacional de Mujeres, siendo acompañada por Delia Rouge, Martina Barros y Celinda Reyes, entre otras mujeres relevantes. El Consejo Nacional de Mujeres tuvo un tono mucho más político que el Círculo de Lectura, ya que rápidamente orientó sus objetivos a conseguir derechos políticos y civiles para las mujeres.

Con este propósito, en 1922 presentaron al gobierno de Arturo Alessandri Palma un proyecto de ley que buscaba la participación de las mujeres en las elecciones municipales; no obstante, no buscaba el voto femenino universal, sino que era para mujeres que tuviesen educación. Pero esta iniciativa no tuvo eco parlamentario. Esta ha sido considerada como la primera iniciativa política formal del feminismo sufragista en Chile.

Para el año 1925, y con el apoyo del senador José Maza Fernández (Partido Liberal), lograron la modificación del Código Civil respecto de la capacidad legal de las mujeres, consiguiendo anular la incapacidad de las solteras para administrar sus bienes, que se les entregara la patria potestad sobre sus hijos en igualdad de condiciones con los hombres, y que se les permitiera servir de testigos en causas legales⁹. Hasta ese momento, las mujeres, debido a sus incapacidades legales, eran percibidas ante la justicia como menores de edad permanentes.

En 1922 se fundó, además, el primer partido político de carácter completamente femenino, es decir, independiente de los partidos políticos tradicionales, el Partido Cívico Femenino, y que mantendrá su actividad hasta 1934. Bajo la dirección de Ester La Rivera como su primera presidenta, y acompañada de Graciela Mandujano, Elvira de Vergara, Berta Recabarren y Graciela Lacoste, entre otras, el partido se propuso como objetivo reivindicar los derechos de la mujer. Sin embargo, consideraban como requisito previo al sufragio la necesidad de educar cívicamente a las mujeres, repitiendo «primero educar, luego decidir» (Gaviola et al. 1986, 35). Es decir, tenía una visión condicional de los derechos femeninos, lo que se traducía en exclusión. Esta visión era parte del modelo de exclusión de la sociedad chilena de la época, que establecía límites tajantes entre el pueblo civilizado y el pueblo bárbaro, y el sistema educativo tuvo el rol de domesticar la barbarie y asimilarla, cada vez más, al modelo de sociedad moderna que Chile aspiraba a tener.

El principal órgano de difusión del partido fue su revista, titulada Acción Femenina. En su primer número, la dirección de la revista declaraba lo siguiente: «Vamos a luchar por el triunfo del feminismo en Chile, por ese triunfo que significa abolir las leyes lapidarias que aplastan en su derecho a las dos terceras partes de los habitantes del país»¹⁰.

El feminismo que promovía el Partido Cívico Femenino era de carácter laico. No obstante, también promovía ideas tradicionales sobre la mujer y su rol en la sociedad, al difundir un feminismo de corte maternal. Por tanto, este fue un partido político que promovía un feminismo moderado.

Este feminismo moderado fue bastante característico de las organizaciones políticas de mujeres de los grupos medios. Amanda Labarca, si bien no militaba en el Partido Cívico Femenino (era militante del Partido Radical), era colaboradora y simpatizante del mismo, y también fue promotora de un feminismo maternalista.

Ahora, si bien el Partido Cívico Femenino se conformó bajo la lógica de un partido político, en la práctica no actuó como tal, puesto que, en las elecciones municipales de 1935, cuando las mujeres pudieron votar por primera vez en Chile y ser electas, no presentó a ninguna candidata a la competencia electoral. Se cree que esto se pudo deber a la falta de definición política de la organización (Gaviola et al. 1986).

Por su parte, en 1924, se fundará el Partido Demócrata Femenino, segundo partido político de mujeres del país. Fue presidido por la profesora Celinda Arregui, quien también había sido parte del Consejo Nacional de Mujeres. El partido era de corriente Alessandrista, político con el que sentían afinidad porque, entre otros temas, había apoyado la propuesta de las mujeres para acceder al voto municipal en 1922. En plena crisis política, con Alessandri fuera del país y con una Junta de Gobierno en su lugar, las militantes del Partido Demócrata Femenino presentaron un proyecto de reforma a la Ley Electoral, solicitando que las mujeres también pudiesen sufragar. No obstante, su propuesta no tuvo éxito. El partido se disolvió bajo la dictadura de Ibáñez en 1931.

Debido a la crisis política que atravesaba el país (crisis del parlamentarismo), en 1925 se convocó a una Comisión Consultiva de la Asamblea Constituyente, para escribir una nueva constitución. Y las organizaciones feministas no estuvieron ausentes de este proceso. Éstas participaron de la Asamblea Constituyente de Trabajadores e Intelectuales, donde el Partido Demócrata Femenino, el Movimiento Cívico Femenino y el Consejo Nacional de Mujeres, entre otras organizaciones feministas, plantearon que era necesario que la nueva constitución considerara el derecho a voto femenino. Lamentablemente, una vez más este deseo no se cumplió, ya que la Comisión Consultiva que redactaría la nueva constitución, compuesta solo por hombres (122), no consideró en la redacción de la nueva Carta Magna ninguna de las propuestas de la Asamblea Constituyente de Trabajadores e Intelectuales.

De aquí en más comenzó una fuerte campaña por parte de las organizaciones feministas para la obtención del sufragio femenino.

En 1926, en Valparaíso, y bajo el liderazgo feminista de Aurora Argomedo, Graciela Lacoste, Gabriela Mandujano y Delia Ducoing (pseudónimo literario de Isabel Morel), surgió la Unión Femenina de Chile, con su periódico homónimo. De carácter feminista moderado, e integrada principalmente por profesionales universitarias y algunas mujeres de negocios, buscaba la igualdad de las mujeres ante la ley, y, especialmente, el derecho a sufragio. La organización se mantuvo activa hasta 1938. Durante la década de 1930, si bien hubo debates y desacuerdos con el MEMCH (1935), trabajaron colaborativamente en la demanda por el sufragio.

La Unión Femenina de Chile manifestó con el siguiente texto su malestar por el rechazo del voto femenino en 1926, y apelando a sus roles tradicionales de madres y cuidadoras, establecieron que las mujeres eran perfectamente capaces de votar y de ser candidatas a alcaldesas.

Delia Ducoing se separó de la Unión Femenina de Chile y fundó la sección chilena de la Legión Femenina de América (fundada en Ecuador por Rosa Borjas de Icaza) en 1933. La Legión tenía un programa feminista internacionalista, y tuvo sedes en Santiago, Rancagua, Talca y Chillán. Su orientación principal fue de apoyo a lxs desposeídxs y del centro de desarrollo femenino, impartiendo variados cursos vinculados a las labores propias del sexo femenino.

Como se aprecia, las mujeres estaban altamente movilizadas en la búsqueda de sus derechos. Es por ello que en 1931, destacadas feministas y profesionales se reunieron en la Asociación de Mujeres Universitarias, plataforma político-intelectual que buscaba el posicionamiento político y social de las mujeres. Su presidenta fue la segunda médica graduada de la Universidad de Chile, Ernestina Pérez; sus vicepresidentas, la profesora Amanda Labarca y la abogada Elena Caffarena; la secretaria fue la profesora Irma Salas Silva, y la tesorera, la visitadora social Elena Hott (Gaviola et al. 1986, 42).

Amanda Labarca, activista de ideas claras y espíritu inquieto, junto a Elena Doll Buzeta (feminista de la élite) y Felisa Vergara (escritora) fundaron en 1933 el Comité Nacional Pro Derechos de la Mujer, encargado de hacer lobby en el parlamento para que se aprobara el proyecto de Ley de Sufragio Municipal, que permitiría a las mujeres votar. Este objetivo se cumplió el 15 de enero de 1934, cuando a través del Decreto Ley N° 5.357, en su artículo 19, se reconocía que las mujeres mayores de 21 años podían inscribirse en los registros municipales para votar, y en su artículo 56 señalaba que «Las mujeres podrán también ser elegidas»¹¹.

En este sentido, la activación de la discusión sobre el voto municipal femenino movilizó también la organización de las facciones femeninas al interior de algunos partidos políticos, como la Acción de Mujeres Socialistas en 1933, la Asamblea Radical de Mujeres en 1934 y Acción Femenina PC (Partido Comunista) en 1934.

Un caso icónico de la alianza o vínculos entre los partidos políticos feministas y los partidos políticos tradicionales masculinos en la década de 1930 fue el del Partido Femenino Alessandrista (1931-1938), presidido por Adelaida del C. Lavanderos, y el Partido Nacional Femenino (1932), de tendencia Ibañista, presidido por Elvira Rogat. La filósofa feminista Alejandra Castillo (2014) ha logrado establecer en sus investigaciones que varias de las organizaciones políticas feministas de la época tenían fuertes vínculos con los partidos tradicionales o con líderes políticos de corte populista, contraviniendo la tesis de la pureza de los partidos femeninos y feministas.

Muchas de las militantes del Partido Cívico Femenino (1922) migraron hacia estos nuevos partidos de carácter conservador, dando en ellos continuidad al feminismo maternal que venían promoviendo, pero esta vez con una orientación política definida. Esto puso fin al Partido Cívico Femenino.

Esto significa que, dentro de las estrategias para conseguir los derechos políticos plenos femeninos, además de la organización en instituciones de mujeres y la creación de partidos políticos feministas, estuvo presente la generación de alianzas con los partidos de hombres. Esto, porque, evidentemente, eran ellos quienes finalmente presentaban los proyectos y los votaban en el Congreso Nacional.

3.3. Las demandas de las mujeres conservadoras: entre la caridad y el voto

Las organizaciones de mujeres de la élite fueron numerosas y variadas en el tiempo, sin embargo, tuvieron dos ejes en común que las definieron e identificaron: su carácter católico y conservador. Si bien estaban lejos del feminismo de las mujeres de izquierda, y no eran progresistas como las feministas de los sectores medios, las mujeres de la élite compartieron una aspiración común con las demás: el derecho al sufragio femenino y la posibilidad de participar activamente en política.

Las nuevas organizaciones políticas de las mujeres de la élite mantuvieron rasgos de las antiguas asociaciones femeninas de beneficencia, debido a que muchas de sus integrantes provenían de este mundo. Un ejemplo de ello fue Adela Edwards de Salas, fundadora de la «Sociedad de Protección de Presas» (1913), de «La Cruz Blanca» (1918), y varias escuelas. También fue promotora, junto a otras mujeres de la élite nacional, del sindicalismo católico femenino (como el Sindicato de costureras y bordadoras, el Sindicato de empleadas de oficina, y el Sindicato de Labores Femeninas), con el objetivo de apoyar y mejorar la moralidad y las costumbres de las clases desvalidas, especialmente de las mujeres, a las que veía como seres particularmente vulnerables.

Es así como con fines de organización política, pero también filantrópicos y de defensa de los valores tradicionales, se fundaron numerosas asociaciones y ligas de mujeres de la élite que promovían y reforzaban los roles femeninos tradicionales, como una forma de hacer frente a la crisis social que vivía el país que, además de los problemas económicos, traía aparejada la influencia de nuevas ideas políticas y sociales que se alejaban del cristianismo y se apegaban más al marxismo ateo. Así surgió en 1919 la Asociación Cristiana Femenina de Chile, en 1921 la Asociación de la Juventud Católica Femenina de Chile (que en 1931 contaba con 14.000 socias en distintos centros a lo largo de Chile), en 1923 la Liga de Madres, y en 1925 la Unión Patriótica de Mujeres de Chile.

Por ejemplo, la Unión Patriótica de Mujeres de Chile abogaba por el desarrollo profesional de las mujeres, pero sin abandonar sus labores de madre-esposa. Esto, porque en la época ya se vislumbraba la distancia educativa que existía entre las mujeres profesionales universitarias de clase media y las mujeres de la élite, que recibían una limitada educación intelectual, la que era vista como un adorno o complemento a su femineidad, pero no como un elemento necesario para la vida misma (Veneros y Ayala 1997).

Ahora, si bien las organizaciones femeninas de la élite no trabajaron activamente en el proyecto de obtención del voto municipal (con excepción de algunas de sus socias, como, por ejemplo, Elena Doll, dirigente de Acción Nacional de Mujeres de Chile), una vez obtenido, tuvieron plena conciencia de la necesidad de formar partidos y organizaciones que les permitieran tener participación y representación en el nuevo espacio político abierto a las mujeres.

Con ese objetivo surge en 1934 la Acción Nacional de Mujeres de Chile, liderada por Adela Edwards de Salas, que, en el año electoral de 1935, tenía 23 mil socias y 18 mil inscritas en los registros municipales¹². De sus filas se desprende en 1935 Acción Patriótica de Mujeres de Chile. Con fines electorales, ambas organizaciones hicieron pacto con el Partido Conservador.

El resultado en las elecciones municipales de 1935 fue un éxito: de las diez candidatas presentadas por los grupos conservadores en la Provincia de Santiago, nueve fueron electas; entre ellas, Adela Edwards de Salas fue elegida regidora de la Municipalidad de Santiago con la mayor votación de todos los candidatos conservadores (5.417 votos) (Maza 1995, 183). Además del voto femenino de las mujeres de la élite, también se cree que votaron por ellas muchas mujeres de los sindicatos católicos y de las obras de beneficencia apoyados por las damas de la élite.

En las huestes conservadoras se pensaba que las mujeres eran seres intrínsecamente más morales y menos corruptos que los hombres, lo que sumado a su condición «natural» de madres y administradoras domésticas las volvía aptas para administrar con abnegación y sacrificio los gobiernos locales como grandes casas del pueblo.

4. Feminismos: articulaciones y cambios más allá del sufragio (1935-1949)

El periodo que va entre 1935 y 1949 se encuentra marcado por dos hechos relevantes en la configuración de la historia larga de los feminismos. Estos son: la participación por primera vez de las mujeres como votantes y candidatas en la elección municipal efectuada el 7 de abril de 1935 y la promulgación del voto pleno en un acto público que se realizó el 8 de enero de 1949 en el Teatro Municipal de Santiago.

¿Por qué pasaron catorce años entre un hecho y otro? Es una de las preguntas que ronda y problematiza estos dos momentos, pues se relaciona con las maneras restringidas de entender la democracia y la ciudadanía que se han desarrollado en Chile. Por otro lado, las concepciones y formas de participación política que han sido desplegadas por parte de la institucionalidad y de los partidos políticos de distinto signo ideológico han estado marcadas por el cálculo electoral que se refleja en la dilatación de la aprobación parlamentaria del voto pleno, por la duda sobre cómo iban a votar las mujeres, además de la desidia que se refleja en la extensión innecesaria de la discusión final y en la consideración de este tipo de reivindicaciones como secundarias.

En términos generales, los hechos acontecidos desde mediados de los años treinta hasta fines de los años cuarenta pueden ser entendidos como una etapa de consolidación y como un fin de ciclo de los procesos de activismo social y político que venían protagonizando mujeres de distintas ideologías, sectores sociales y territorios desde la segunda mitad del siglo XIX y que se hicieron cada vez más amplios y visibles durante la primera mitad del siglo XX. No obstante, también muestran las dificultades y contradicciones que encarnaban, pues, una vez obtenido el voto pleno, es un movimiento que se difumina y dispersa, proceso que se relaciona con tensiones y quiebres internos y con la emergencia de formas de participación que estuvieron más vinculadas con la institucionalidad.

La entrada formal de las mujeres en la política representativa estuvo acompañada de diversas concepciones en torno a la existencia de una «naturaleza» distinta y uniforme de lo femenino, que se materializó en la construcción de diversas retóricas, algunas conservadoras y otras progresistas, las que intentaron justificar su irrupción en base a la existencia de una supuesta superioridad moral y de cierta pureza de lo femenino, pensada desde el estereotipo clásico asociado a las mujeres de sectores medios y acomodados, y que fue instalada en el cuerpo biológico de las mujeres por medio de la resignificación de la capacidad reproductiva, dando vuelta el argumento que las había excluido precisamente por la posibilidad de ser madres.

De distintos modos, la historia del país pasó y fue transformada por las mujeres que demandaron mejoras laborales, acceso equitativo a la educación y derechos civiles y políticos. Sin embargo, y como sucede hasta el día hoy, poco se conoce sobre ellas o sólo se las remite a ese momento histórico, sin abordar la complejidad de sus luchas, las diferencias entre las distintas organizaciones, y las maneras en que construyeron un modo de actuar que apelaba a lo colectivo, que utilizó la prensa escrita y la radio, que se tomó calles y teatros, que interpeló a la política y los políticos y que construyó formas propias de pensamiento que no han sido consideradas como parte de nuestro corpus intelectual.

Fueron mujeres que se situaron en la paradoja de defender y, a la vez, transgredir las normas tradicionales de género, difuminando las barreras impuestas entre lo público y lo privado, entre lo social y lo político. Se preocuparon del entorno en que vivían más allá de sus propias fronteras; sus actuaciones y percepciones estuvieron marcadas por el acontecer nacional e internacional. Venían del fuerte impacto que provocó en el país la crisis económica de los años treinta; algunas de ellas se levantaron contra la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo en 1931, se involucraron con la Guerra Civil Española (1936-1939) y con la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), apoyaron o fueron oposición al segundo gobierno de Arturo Alessaldri Palma y a los tres gobiernos del Frente Popular; vivieron los inicios de la Guerra Fría (1947) y sus profundas repercusiones en la política interna.