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Inmigración y diversocracia

Hasta ahora hemos visto tres dogmas que la ideología de la corrección política sostiene, todos los cuales tienen que ver con la agenda feminista. No cabe duda de que la lista de dogmas es más larga, pero no podemos dejar fuera de este capítulo, dos adicionales que resultan fundamentales en el debate público mundial. El primero tiene que ver con la idea de que la inmigración y la diversidad son siempre buenas, y el segundo, relacionado con el anterior, la tesis según la cual todos los imperios occidentales fueron inherentemente inmorales y devastadores para las colonias. Partamos con el primero.

Ningún documento en tiempos recientes ha dejado más en evidencia el carácter dogmático de muchas de las ideas sobre inmigración que el famoso Pacto Global de Migraciones de la ONU. Según este, «la migración […] es una fuente de prosperidad, innovación y desarrollo sostenible en nuestro mundo globalizado, y estos impactos positivos pueden optimizarse mejorando la gobernanza de la migración»633. En otras palabras, para la ONU, la inmigración solo tiene efectos positivos y se debe combatir toda forma de racismo y discriminación, los que, en su visión, solo pueden ser hechos contra inmigrantes, pero nunca de inmigrantes en contra de locales. Para lograrlo el documento propuso medidas concretas, entre las que se encuentran la censura y el castigo de opiniones que se consideren contrarias a la migración, aun cuando el mismo pacto dice que respetará la libertad de expresión en el debate: «Nos comprometemos a promover un discurso público abierto y basado en la evidencia sobre la migración y los migrantes en asociación con todas las partes de la sociedad, que genere una percepción más realista, humana y constructiva», dice el objetivo 17 del pacto. Pero una discusión abierta y basada en la evidencia no tiene por qué llevar necesariamente a una visión más constructiva de la migración ni a la idea de que esta solo causa progreso, a menos de que se asuma a priori y antes de la evidencia que esta es siempre beneficiosa, como efectivamente hace la ONU en el documento. Este sesgo políticamente correcto queda aún más en evidencia cuando los signatarios del pacto afirman que se comprometen a «promulgar, implementar o mantener una legislación que penalice los crímenes de odio y los crímenes de odio agravados dirigidos a los migrantes» y que capacite a las autoridades policiales y otros funcionarios públicos para «identificar, prevenir y responder a tales crímenes y otros actos de violencia dirigidos a los migrantes, así como para brindar atención médica, asistencia legal y psicosocial para víctimas». Ahora bien, como es obvio, si el documento pretendiera ser mínimamente imparcial no buscaría proteger solo a los migrantes de los ataques de locales, sino también a estos de los ataques de migrantes, lo que en muchas partes ocurre con mayor frecuencia, como veremos. Bajo la ideología que idealiza al otro, sin duda alineada con el antioccidentalismo de Lévi-Strauss, figura de enorme influencia en la ONU, se entiende que esta organización proponga «empoderar a los migrantes y las comunidades para que denuncien cualquier acto de incitación a la violencia dirigida a los migrantes informándoles sobre los mecanismos disponibles para la reparación, y garantizar que quienes participan activamente en la comisión de un delito de odio dirigido a los migrantes rindan cuentas, de conformidad con la legislación nacional».

Aquí se refuerza la cultura de denuncia que impone la corrección política en contra de aquellos considerados victimarios por la mera razón de pertenecer a un determinado grupo. Sin duda debe procurarse el buen trato de los inmigrantes, pero de formas que no impliquen atacar la libertad de expresión y fomentar una cultura del victimismo. La ONU, en cambio, prefiere el camino de la censura. De ahí que proponga una masiva intervención en medios de comunicación que no se ajusten a la narrativa oficial diciendo que se debe: «Sensibilizar y educar a los profesionales de los medios sobre cuestiones y terminología relacionadas con la migración, invirtiendo en estándares y publicidad éticos y deteniendo la asignación de fondos públicos o apoyo material para medios de comunicación que promueven sistemáticamente la intolerancia, la xenofobia, el racismo y otras formas de discriminación hacia los migrantes, en pleno respeto de la libertad de los medios». Ahora bien, ¿quién define lo que es xenofobia y racismo? y ¿cómo se logra esa censura e intervención respetando la libertad de los medios? La respuesta no es evidente en ninguno de estos casos; de ahí que muchos países de diversos continentes con horribles antecedentes en materia de derechos humanos y libertad de prensa, tales como Egipto, Congo, Burkina Fasso, China, Venezuela, Emiratos Árabes, Irán, Rusia y Cuba, hayan firmado gustosos el pacto de la ONU, el que podría darles aún mayor discrecionalidad para perseguir a la prensa bajo el disfraz de buenas intenciones.

Además de todo lo anterior, el pacto deliberadamente no diferencia con claridad la inmigración irregular de la regular en su tratativa proponiendo toda suerte de derechos sociales para los inmigrantes, sean cuantos sean y lleguen como lleguen. No es extraño que países como Australia, Israel, Suiza, Italia, Austria, República Checa, Chile y otros perfectamente democráticos prefirieran no firmarlo, en tanto que algunos que sí firmaron, como Dinamarca, le pusieron reservas y aclaraciones para acomodarlo a su visión del asunto.

Y es que la verdad sobre el debate migratorio se encuentra lejos de lo que la agenda políticamente correcta pretende imponer, y el mejor ejemplo fue la noche de Año Nuevo en la ciudad de Colonia, Alemania, el año 2015/2016. Solo esa noche miles de mujeres fueron atacadas sexualmente por más de mil inmigrantes de origen norafricano y árabe en diversas ciudades de Alemania —y Europa—, siendo Colonia el lugar con el mayor número de ataques. Como era esperable, la primera reacción de las autoridades políticas y policiales fue mentirle a la ciudadanía declarando que no tenían la menor idea de quiénes habían sido los atacantes. Los canales de televisión pública también censuraron la información por no cuadrar con la narrativa oficial sobre el tema migratorio. Así se manejó el asunto hasta que la verdad fue filtrada por la policía de Colonia desatando un escándalo nacional, pues se descubrió que las autoridades políticas se encontraban ya en conocimiento de los hechos mientras negaban saber quiénes eran los agresores. La deliberada desinformación orquestada por la prensa llegó a tal punto que, para contener el impacto político beneficioso a círculos de derecha, el Consejo Europeo se vio obligado emitir la resolución 2093 titulada «Ataques recientes contra mujeres: la necesidad de informes honestos y una respuesta integral». Esta resolución, emitida por quienes han estado siempre del lado globalista, constituye el mejor reconocimiento de cómo el debate sobre migraciones se encuentra infectado de ideología políticamente correcta: «Los recientes ataques contra mujeres en varias ciudades europeas han puesto de manifiesto la urgente necesidad de proteger a las mujeres de la violencia sexual. Su ocurrencia simultánea, su escala, los informes tardíos de los medios y la lenta respuesta de las autoridades son motivo de gran preocupación», afirmó el consejo634. Más aún, en el mismo texto, el consejo añadió que los medios «tienen la importante responsabilidad de informar objetiva y verazmente sobre los hechos» y «no deberían, para garantizar la corrección política, ocultar la verdad al público general», pues ello solo aumenta «la desconfianza de las autoridades y los medios de comunicación» facilitando una reacción nacionalista. Por supuesto, tampoco el Consejo Europeo podía quedar del todo exento de la ideología de las políticas identitarias, por lo que no dudó en incorporar la clásica retórica sobre las relaciones de poder entre hombres y mujeres en su análisis. Más aún, a pesar de reconocer en el texto que los atacantes eran inmigrantes, la resolución dio a entender que este es un problema general entre hombres y mujeres y no lo atribuyó mayormente a una cultura específica, a pesar de la evidencia. Por eso es que entre todas las propuestas que formuló el consejo para protegerlas, ni siquiera una contempla la posibilidad de restringir la migración precisamente de aquellas culturas donde los hombres tratan a las mujeres como seres inferiores, lo que convierte todo su esfuerzo en una declaración inútil. De todos modos, es interesante notar que, al reconocer que los ataques masivos a mujeres fueron realizados por ciertos grupos de inmigrantes, la resolución 2093 del Consejo Europeo contradice abiertamente la supuesta bondad inherente a la inmigración que postula el Pacto Global de Migraciones de la ONU y deja en evidencia la falsa retórica de que solo los inmigrantes pueden ser víctimas de agresiones.

Pero los casos de corrección política, es decir, de engaño por razones ideológicas se han dado reiteradamente durante muchos años. Uno de los más dramáticos se produjo en Inglaterra, donde la policía dejó actuar impunemente a bandas de inmigrantes que abusaban sexualmente de menores inglesas vulnerables entregadas a los servicios sociales. Violaciones en grupo, consumo de drogas forzado y golpes eran algunas de las atrocidades a las que estas menores —algunas niñas— eran sometidas semana a semana por grupos de hombres de origen paquistaní. Cuando una de ellas,de catorce años, denunció el caso a servicios sociales, fue inmediatamente rechazada por tratarse de hombres inmigrantes. Lo mismo ocurrió con la policía, que ignoró por completo lo ocurrido para no ser acusada de racista. Y así, durante quince años más de mil cuatrocientas niñas inglesas fueron violadas y abusadas por depredadores sexuales sin que una sola autoridad del pueblo de Rotherham hiciera algo635. Roger Scruton explicó que ha sido la acusación por parte de intelectuales de izquierda de que la policía inglesa adolece de racismo institucionalizado lo que avaló los crímenes cometidos en contra de las niñas inglesas: «Por muy bien que se haya comportado, por más escrupulosamente que haya tratado a personas de diferentes colores de piel, será culpable de ‘racismo institucionalizado’ simplemente por la institución a la que pertenece y en nombre de quienes está actuando»636, dijo Scruton en una columna analizando el caso. Esta es la forma en que intelectuales de izquierda conciben la clase media, explica el filósofo, como una racista y xenófoba de la cual estos, al denunciarla, pretenden lavarse las manos para dejar clara su superioridad moral. Como consecuencia, dijo Scruton, los trabajadores sociales y las policías deben estar locas para intervenir en casos en que los agresores son inmigrantes y las víctimas blancas, pues ahí siempre serán acusados de discriminación. Por ello, agregó, es mejor acusar a las víctimas de ser racistas y dedicarse a perseguir el tráfico de drogas de las clases medias. Y es que, en sus palabras, solo insinuar el simple hecho de que «los musulmanes paquistaníes tienen más probabilidades que los ingleses nativos de cometer crímenes sexuales» traerá el ser calificado como «racista e islamófobo, ser excluido en el lugar de trabajo y poner el futuro bajo observación».

Así, dice Scruton, haciendo al lector pensar en el clima orwelliano de Salem, la corrección política no solo obliga a ocultar lo que se piensa, sino a actuar en contra de sus creencias, permitiendo que grupos minoritarios impongan su agenda a todos los demás. La intención de estos activistas, agrega, «es interrumpir y desmantelar las viejas formas de orden social», pues están convencidos de que nuestras sociedades occidentales no solo son racistas, sino demasiado «desiguales, opresivas y degradantes». De ahí que «propaguen con entusiasmo las doctrinas de la corrección política como una forma de venganza social», sentenció Scruton antes de proceder con la conclusión final:

La gente en Gran Bretaña ha aceptado sin resistencia las enormes transformaciones que se les han infligido en los últimos treinta años, en gran parte por activistas que trabajan a través del Partido Laborista. Han aceptado políticas de inmigración que han llenado nuestras ciudades con musulmanes alienados, muchos de los cuales han ido a luchar contra nosotros en Siria e Irak. Han aceptado el crecimiento de escuelas islámicas en que se prepara a niños para la Jihad contra el orden social circundante. Han aceptado la constante denigración de su país, de sus instituciones y su religión heredada, por la simple razón de que estas cosas son suyas y, por lo tanto, están contaminadas con lealtades prohibidas.

Aunque Scruton se refiere a Inglaterra, es evidente que lo mismo puede aplicarse al resto de Europa occidental, donde destaca, nuevamente el caso alemán. Cuando en el 2015 Angela Merkel, unilateralmente, tomó la decisión de dejar entrar a millones de inmigrantes, la mayoría musulmanes de algunas de las regiones más peligrosas y pobres del mundo, demostró el punto al que las élites, llevadas por agendas ideológicas, son capaces de ignorar a sus ciudadanos e imponerles realidades con las que esas mismas élites no deben convivir. El filósofo marxista Slavoj Žižek tuvo toda la razón cuando dijo que la decisión de Merkel, quien sin mediar siquiera autorización del Parlamento expuso a la sociedad alemana a una transformación cultural sin precedentes en el último medio siglo, fue claramente antidemocrática637. Y aunque los políticos e intelectuales del establishment políticamente correcto lo negaron, los efectos de la política migratoria de Merkel se comenzaron a ver en la forma de creciente criminalidad y violencia. Por supuesto sería injusto y falso atribuir estos problemas de manera general a la población migrante sin distinciones. Pero tampoco se pueden ignorar hechos como los que consignó un restudio encargado por el gobierno alemán —Bundesfamilienministerium— que determinó un alza sustancial de criminalidad en el estado de Niedersachsen, el que vio incrementados los delitos violentos en un 10,4 por ciento entre 2014 y 2016. El estudio mostró que el alza fue exclusivamente de manos de inmigrantes, —92,1 por ciento de refugiados— mientras los delitos violentos cometidos por alemanes cayeron. Los refugiados fueron, según el informe, presumiblemente responsables de un 13,3 por ciento del total de delitos violentos en Niedersachsen a pesar de representar menos del 1 por ciento de la población. Para el resto de Alemania las estadísticas agregadas de la policía alemana (Polizeilichen Kriminalstatistik) mostraron también un alza sustancial de delitos violentos. De los denunciados, los inmigrantes constituyeron el 30,5 por ciento, siendo tan solo un 10 por ciento de la población. Entre ellos el grupo más sobrerrepresentado es el de quienes llegaron luego de la política de fronteras abiertas de Merkel638. Esto explica que entre 2016 y 2017 las violaciones y ataques sexuales a mujeres por parte de inmigrantes aumentaran un 91 por ciento solo en el estado de Bavaria639.

Los ataques de xenofobia, racismo y extremismo por parte del establishment a quienes denunciaron esta situación se intensificaron produciendo exactamente el efecto contrario al deseado: muchas personas que veían con preocupación la masiva inmigración se alejaron de los partidos tradicionales que parecían totalmente ciegos a sus inquietudes y abrazaron a la AFD, el partido a la derecha de la derecha. Esta ha sido, en muchas partes, la reacción natural de quienes se sienten traicionados por la ideología de la corrección política que caracteriza a las élites globalistas. Como ha explicado el psicólogo social y profesor de la Universidad de Nueva York Jonathan Haidt refiriéndose al tema migratorio:

Tan pronto como hable para expresar esas preocupaciones, los globalistas lo despreciarán como racista y como corrupto. Cuando los globalistas, incluso los que dirigen los partidos de centroderecha en su país, caen sobre usted de esa manera, ¿a dónde puede recurrir? La respuesta, cada vez más, es a los partidos nacionalistas de extrema derecha en Europa, y a Donald Trump, que acaba de diseñar una toma hostil del Partido Republicano en Estados Unidos640.

Pero Haidt explica además por qué es un error de parte de las élites políticamente correctas calificar todo tipo de preocupación por lo nacional como racismo o xenofobia:

Los nacionalistas ven el patriotismo como una virtud; ellos piensan que su país y su cultura son únicos y vale la pena preservarlos. Este es un verdadero compromiso moral, no una pose para encubrir la intolerancia racista […] No hay nada necesariamente racista sobre este arreglo o contrato social. Tener un sentido compartido de identidad, normas e historia generalmente promueve la confianza. Las sociedades con alta confianza, o alto capital social, producen muchos resultados beneficiosos para sus ciudadanos: tasas de delincuencia más bajas, menores costos de transacción para las empresas, mayores niveles de prosperidad y una propensión a la generosidad, entre otros641.

Este último punto que hace Haidt es esencial. En un mundo en que la idea de diversidad se ha convertido en un dogma, no está de más repasar lo que la psicología social y la sociología enseñan sobre los efectos que esta puede tener en el capital social de una comunidad. Haidt define el capital social como aquellos «lazos sociales entre los individuos y las normas de reciprocidad y confiabilidad que surgen de esos lazos», que permiten un mejor funcionamiento de la sociedad entera, incluyendo la economía642. Concediendo el punto a los conservadores, Haidt señala que para tener altos niveles de capital social es necesario un entorno de valores, instituciones, naciones, religiones y tradiciones que unen a las personas. Estas son las llamadas «comunidades morales», que en palabras de Haidt son «difíciles de construir y fáciles de destruir», lo cual consigue la ideología liberal de izquierda643. La idea radical de la inclusión que la izquierda promueve, explica Haidt citando a Edmund Burke, puede destruir todos los grupos disolviendo su estructura interna y eliminando como consecuencia su capital moral. El profesor de Harvard Robert Putnam, en quien Haidt se apoya al formular su crítica a esta visión, concluyó hace tiempo que altos niveles de diversidad étnica e inmigración reducen el capital social. En uno de sus trabajos más conocidos, Putnam sostuvo:

A corto y mediano plazo, la inmigración y la diversidad étnica tienden a reducir la solidaridad social y el capital social. Nueva evidencia de los Estados Unidos sugiere que, en vecindarios étnicamente diversos, los residentes de todas las razas tienden a ‘agacharse’. La confianza (incluso en la propia raza) es menor, el altruismo y la cooperación comunitaria son más raros y hay menos amigos. A la larga, sin embargo, las sociedades inmigrantes exitosas han superado esa fragmentación creando nuevas formas transversales de solidaridad social e identidades más amplias644.

Según Putnam entonces, los efectos negativos de la diversidad y la inmigración solo pueden ser superados con una integración efectiva de los migrantes en las sociedades receptoras, pero esto se encentra lejos de ocurrir con todos los grupos de inmigrantes en todos los países. Fue la misma Angela Merkel la que en un arranque de honestidad en 2010 diría que «el enfoque del multiculturalismo ha fracasado completamente» en Europa, agregando que a los inmigrantes no solo había que apoyarlos, sino también exigirles645. Nada de ello ha ocurrido, desde luego, lo que ha conducido a una mayor fragmentación cultural y pérdida de capital social. Un año después de que Merkel declarara el fracaso de la sociedad multicultural, el Ministerio de la Familia alemán publicó un estudio según el cual en apenas un año más de tres mil niñas y mujeres jóvenes en Alemania, todas de familias inmigrantes, en un 83,4 por ciento musulmanas, eran forzadas bajo violencia a contraer matrimonio con hombres que sus padres elegían para ellas. En más de un 30 por ciento de los casos las mujeres debían hacerlo bajo amenaza de muerte, el 50 por ciento sufría violencia física en el acto de matrimonio y un tercio de ellas eran menores de diecisiete años646. La cifra es similar en el Reino Unido, donde en 2008 estudios calcularon que más de tres mil mujeres al año eran forzadas a contraer matrimonio647.

Tanto los datos de Alemania como del Reino Unido se refieren solo a matrimonios en que las mujeres son obligadas por la fuerza a casarse y no incluyen los matrimonios arreglados por los padres en que no se ha aplicado violencia o amenaza de violencia física. La misma realidad se vive en prácticamente todos los países con grupos migrantes que importan esas tradiciones de sus culturas originarias. Hoy, en Europa, la costumbre de matrimonios forzados es tan extendida que los países se han visto obligados a aprobar sucesivas legislaciones penalizándola y el Consejo Europeo se ha visto en la necesidad de emitir resoluciones condenatorias. En la resolución 2233 de 2018 la Unión Europea afirmó que «todos los países de Europa se ven afectados por estas prácticas nocivas, en forma de matrimonios forzados celebrados en Europa, matrimonios forzados de ciudadanos o residentes europeos celebrados en otros lugares, o personas obligadas a casarse antes de llegar a Europa. Estas violaciones de derechos humanos afectan a todas las mujeres y niñas, pero también afectan a hombres y niños»648.

Lo mismo ocurre con la barbárica práctica de la mutilación genital femenina, reservada a países subdesarrollados de África y Asia, pero hoy extendida por toda Europa. Según cifras del European Institute for Gender Equality de la Unión Europea, cada año ciento ochenta mil niñas son sometidas a mutilación genital en Europa o se encuentran en riesgo de serlo, y se estima que incluso podrían ser más debido a que el fenómeno es poco estudiado649. Obviamente la totalidad de estas víctimas se da en familias inmigrantes, lo que ha obligado, por primera vez en la historia de Europa, a introducir legislaciones criminalizándola. El mismo Parlamento Europeo emitió una resolución en 2014 sobre la mutilación genital femenina reconociendo que esta era una práctica importada por los inmigrantes y, peor aún, admitiendo que, a pesar de que era ilegal en Europa, «la persecución judicial del crimen es rara»650.

Pero el enriquecimiento cultural que según los promotores de la corrección política y la ONU trae necesariamente la migración no termina en mayor criminalidad, matrimonios forzados y mutilación genital de niñas menores. En su bestseller, Scharia in Deutschland, la investigadora Sabatina James documentó hasta qué punto Alemania ha abierto espacios a la desintegración del estado de derecho y los valores democráticos en su territorio. James es el seudónimo que la autora de origen paquistaní debió adoptar en la década de 1980 cuando, luego de rehusarse a un matrimonio forzado, su familia le decretó la pena de muerte. Desde entonces vive con protección policial e identidad oculta, todo ello en el centro de Europa. Los multiculturalistas, dice James, pretenden salvar al mundo del maligno imperialismo blanco, pero los deja totalmente indiferentes la persecución y asesinato de cristianos en países musulmanes y se encuentran siempre dispuestos a tratar de racista al que tematiza el problema del terrorismo islámico. En su antioccidentalismo, añade, se niegan a aceptar que muchas corrientes del Islam demandan de sus seguidores la resistencia a cualquier integración651. Algunos datos interesantes de la investigación de James son, por ejemplo, que en Berlín el año 2009 el 80 por ciento de los criminales recurrentes conocidos por la policía era de origen musulmán652. Pero más dramático aún resulta la suplantación del sistema legal alemán en áreas completas de Alemania donde han emergido cortes paralelas que resuelven problemas entre musulmanes aplicando la Sharia, la ley islámica que, entre otras cosas, permite al marido pegarle a su mujer. Esto ha significado un desplazamiento de la cultura occidental y su enfoque en los derechos humanos para dejar espacio a costumbres barbáricas que se esparcen bajo la mirada impávida de las autoridades. Más aún, el estado de derecho en Alemania es violado sistemáticamente por las autoridades alemanas debido a razones de corrección política. Un alarmante libro del juez Jens Gnisa, presidente de la Asociación de Magistrados y Fiscales de Alemania, consigna cómo la clase política alemana —y europea— se ha dedicado a horadar las bases de la democracia liberal en ese país cuando se trata del tema migratorio. Gnisa afirmó que «la inmigración es un factor esencial en el aumento de la criminalidad en Alemania, pero los mismos políticos que han defendido la consigna de la cultura de los brazos abiertos intentan no hablar de ello»653. Gnisa agrega que Merkel, al haber abierto las puertas a refugiados, no solo dejó entrar criminales y antisociales, sino que abdicó del rol del Estado que no puede ya distinguir a quienes engañan al sistema para entrar a Alemania, ni identificar a quienes entran para determinar su peligrosidad para la sociedad alemana, y menos aún expulsar a aquellos que, de acuerdo al derecho alemán, no merecen asilo y por tanto deben dejar el país. De acuerdo a Gnisa, solo hacia fines de 2015 había ciento cincuenta y cinco mil personas —cuatrocientos cincuenta mil hacia 2017— a las cuales se les había negado el derecho a asilo, lo que implicaba que debían abandonar el país. Sin embargo, el Ejecutivo se negó sistemáticamente a aplicar la ley654. Gnisa resumió la situación del estado de derecho alemán afirmando que «cada vez más decisiones judiciales dejan de tomarse en serio, se critican y se ponen en duda», y que el Estado «retrocede cuando alguna institución le pone presión con argumentos morales» que describen el trabajo de los funcionarios públicos como «inhumano o discriminador» y los fallos de tribunales como «injustos o demasiado blandos»655. En una entrevista a un medio alemán en el marco del lanzamiento de su libro, Gnisa ratificó el punto señalado que «el Estado a menudo no hace cumplir la ley por temor a que sea criticada como inhumana» aun cuando «todos los argumentos humanitarios se examinan a fondo en el procedimiento de asilo y en los tribunales» por lo que «si una decisión es definitiva, debe hacerse cumplir»656.

En su libro, Gnisa añadió que tampoco las policías pueden hacer bien su trabajo de protección de los ciudadanos debido a la presión del moralismo políticamente correcto. Además, explicó cómo el Estado es abusado por sus prestaciones sociales, alertó sobre el desarrollo de áreas sin ley y adviertió que la población vive en una creciente sensación de inseguridad por el fracaso del Estado en darle protección, de lo cual citó como ejemplo el caso de Colonia para la noche de Año Nuevo 2015/2016.

Por supuesto todo esto ocurre en casi toda Europa, siendo Bélgica, Francia y Suecia casos extremos. En el caso francés, la división social con el mundo musulmán ha llegado al punto de que Emmanuel Macron anunció medidas para reformar el Islam en el país de modo de crear un Islam «francés»657. Esto en reacción a un alarmante informe entregado a Macron en el que se consignaba que los islamistas franceses tienen el monopolio intelectual sobre la comunidad musulmana del país, lo que permite fácilmente su radicalización. Pero aunque el reporte proponga medidas como cortar el financiamiento que radicales reciben de Arabia Saudita, como observó un artículo en Politico, Macron, como sus antecesores, probablemente fracasará en resolver un problema ya demasiado grande y complejo como para ser corregido658. De este modo, la disposición a la violencia y el fracaso de integración económica, laboral y escolar continuará siendo un factor distintivo de buena parte de estos grupos migrantes y de su descendencia. Así lo confirman estudios encargados por el Ministerio de Integración alemán en 2007 según los cuales casi 20 por ciento de los hijos de inmigrantes no termina el colegio y solo un 23 por ciento aprende algún oficio profesional, contra casi un 60 por ciento de los alemanes que aprenden un oficio y una ínfima minoría que no termina la escuela. Además, según el estudio, el 40 por ciento de los inmigrantes no tiene ninguna forma de estudio superior o calificación profesional, dato que, en el caso de los turcos, la primera fuerza migratoria en Alemania, se eleva a 72 por ciento. Entre alemanes, en tanto, solo un 12 por ciento no tiene alguna forma de calificación profesional. Por lo mismo, el desempleo es el doble de alto entre migrantes que entre alemanes y su ingreso un 20 por ciento menos que el promedio de la población general659. Según otro estudio encargado por el gobierno alemán, un 60 por ciento de los hijos de inmigrantes entre cero y siete años que atienden las instituciones diseñadas para apoyarlos no habla alemán660. En el caso de Suecia, en 2009, apenas un 1,6 por ciento de los empleos de alta calificación eran ocupados por extranjeros y el desempleo era también el doble entre inmigrantes que entre nativos. Lo mismo ocurría en Dinamarca, Finlandia y Francia, mientras en países como Noruega y Holanda esta cifra se eleva al triple661. Aunque sin duda buena parte de este problema es causado por el Estado Benefactor, con su política laboral proteccionista, asistencialismo, regulaciones e impuestos, las bajas calificaciones lo empeoran al punto de que en esos mismos estados los inmigrantes calificados tienen niveles de empleo normalmente del doble que los poco calificados662.

Pero el problema más grave es el que han reflejado estudios del ministerio del interior alemán, los que mostraron que un alto porcentaje de los musulmanes que viven en Alemania se encuentra inclinado hacia la violencia. Un 14 por ciento se declara de frentón en pie de guerra con el estado de derecho y la democracia, un 12 por ciento adhiere a una moral en total contradicción con occidente y un 40 por ciento del total es religioso de manera «fundamentalista»663. En la interpretación de izquierda, por supuesto, todo ello es culpa de la sociedad alemana que los discrimina, pero ciertamente el problema es más complejo. Ruud Koopmans, profesor de sociología y migraciones de la universidad Humboldt en Berlín explica: