Читать книгу: «El lenguaje político de la república»

Name: El lenguaje político de la república
Author: Gilberto Loaiza Cano
ISBN: 9789587942330

Gilberto Loaiza Cano

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El lenguaje político de la república. Aproximación

a una historia comparada de la prensa y la opinión

pública en la América española, 1767-1830

Colección Folios

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas

Centro Editorial

ISBN: 978-958-794-233-0 (digital)

Primera edición

Medellín, septiembre de 2020

Preparación editorial

Centro Editorial

Facultad Ciencias Humanas y Económicas

Sede Medellín

Corrección de texto: Daniel Pajón Toro

Diseño de la Colección Folios: Melissa Gaviria Henao

Diagramación: Melissa Gaviria Henao

Conversión a ePub

Mákina Editorial

https://makinaeditorial.com

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medio sin autorización escrita de la Facultad de Ciencias Humanas y

Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín

980.01

L61 Loaiza Cano, Gilberto

El lenguaje político de la república : aproximación a una historia comparada de la prensa y la opinión pública en la América española, 1767-1830 / Gilberto Loaiza Cano. -- Primera edición -- Medellín : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, 2020. 1 recurso en línea (236 páginas) : ilustraciones. -- (Colección Folios)

ISBN: 978-958-794-233-0 (ePub)

1. OPINIÓN PÚBLICA – HISTORIA. 2. COMUNICACIÓN EN LA POLÍTICAHISTORIA. 3. PRENSA – HISTORIA. 4. IMPRESORES. 5. LIBERTAD DE PRENSA. 5. AMÉRICA LATINA – HISTORIA – 1767-1830. I. Título. Serie

Contenido

Fijar la opinión, construir el orden

Prólogo

Realizar el prólogo al libro de un autor que acumula una trayectoria importante en el desarrollo del tema resulta una labor de enorme responsabilidad. Nosotras abordamos esta tarea desde un lugar de enunciación que se inauguró en el marco del curso de posgrado “Historia intelectual, historia conceptual, derroteros teóricos, propuestas metodológicas y temas historiográficos”, que organizó la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, en el segundo semestre del 2017. En esta oportunidad pudimos estudiar más de cerca los aportes del autor al campo de la Nueva Historia Intelectual, entre ellos una primera versión del libro que ahora se publica. Este prólogo es una continuación de ese encuentro y su propósito es delinear el panorama general de la obra para, a continuación, establecer unas claves conceptuales que pueden ser útiles para su lectura.

En este libro, Gilberto Loaiza ofrece un ejercicio comparativo que pone en relación la historia de la emergencia de la esfera pública en la América española desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la década de los años treinta del siglo XIX, con énfasis en los casos de Nueva España, Nueva Granada y Río de la Plata. El trabajo se organiza alrededor de un eje constituido por dos tesis. La primera, considera que la opinión pública, que aparece como novedad a partir de 1808-1810, ya presentó rasgos de un régimen publicitario nuevo en el contexto del absolutismo reformista borbón, cuando un periodismo incipiente emergió de la mano de un grupo de escritores vasallos y de la puesta en marcha de talleres de imprenta. La segunda, muestra que, en Hispanoamérica, durante el período de estudio, existieron unas condiciones comunes de enunciación del concepto de opinión pública, “atemperadas” por tres circunstancias: la consolidación del taller de imprenta; la expansión del consumo de los periódicos; y la formación de un personal letrado con atributos retóricos suficientes como para dominar un modelo de deliberación cotidiana.1 En una de sus conclusiones más importantes, Loaiza muestra que en el período 1810 - 1830 el campo de lo político se fracciona por la intervención de los intereses particulares y el dominio del disenso en la discusión, lo que produce una mutación en el concepto de opinión pública y en la figura y funciones del escritor.

Mediante una lectura comparada de fuentes primarias, en diálogo con historiadores que las han estudiado previamente, el autor da cuenta de la importancia del taller de imprenta y del papel social del impresor, lo que le permite establecer los contornos, tanto de una cronología para el desarrollo del concepto de opinión pública en Hispanoamérica, como de una tipología de los periódicos en los que sus mutaciones se expresan. Resulta interesante el trabajo de análisis de la prensa que aquí se desarrolla, pues le permite al autor hacer patente que son dos situaciones interrelacionadas las responsables de la mutación del concepto de opinión pública, por un lado, la expansión del disenso y del enfrentamiento faccioso, y, por otro, la imposición de mecanismos de censura por parte del poder oficial, que buscaba frenar los efectos desestabilizadores que la “libertad para examinar los actos públicos” estaba produciendo en la república.

Los hilos que el autor ha ido tejiendo a lo largo de los cuatro capítulos que forman el cuerpo del libro, se anudan en el quinto y último capítulo en el que se recogen una serie de conclusiones pertinentes al ejercicio comparativo. Una primera conclusión, que se ha venido repitiendo a lo largo de todo el texto, tiene que ver con lo que Loaiza identifica como la existencia, en las fuentes que estudia para la región y el periodo, de regularidades discursivas y la prevalencia de un “lenguaje institucionalizado” que depende de una cultura impresa que tiene como novedad el periódico; de la existencia de agentes políticos letrados; de la consolidación del taller de imprenta; y de la difusión del periódico, factores que ya enuncia desde el primer capítulo. Por otro lado, propone que la pluralidad de periódicos produjo dos efectos interrelacionados, uno diacrónico y otro sincrónico. La diacronía le permite constatar varios hechos; primero, que el origen de la opinión pública moderna se encuentra en el despotismo ilustrado; segundo, estudiar el desarrollo de la libertad de imprenta, más exactamente la relación entre libertad, modernidad política y censura; y, tercero, seguir los esfuerzos de la opinión oficial en su intento de escribir la revolución, asegurar el orden y enfrentar la opinión libre e insurgente. Como se dijo, es en el último capítulo que estas reflexiones convergen en su pregunta por “el lenguaje político de la república” en donde da cuenta de su desarrollo desde el ámbito de la retórica ilustrada unívoca hasta el de la opinión pública en plural, marcada por el lenguaje de las pasiones y el espacio del disenso. El aspecto sincrónico, por su parte, Loaiza lo asocia, remitiéndose a la obra de Mijail Bajtin, con un cúmulo dialógico de múltiples voces. Esto sería más evidente en 1810, un momento que el autor denomina como de “densidad discursiva polifónica”,2 un tejido discursivo en el que ningún individuo o grupo de individuos, en este caso, los agentes letrados, tuvieron control de la conversación. Dice Loaiza: “ningún agente enunciativo fue auto-suficiente”.3 En este punto, que define el final del libro, la reflexión parece volver al punto de partida, cuando el autor nos ha anunciado que entenderá el discurso político como una estructura sin sujeto.

Estas conclusiones remiten a cuestiones teóricas complejas a las que el autor suscribe de forma explícita en varios momentos de su estudio, pero que, en su mayor parte, no desarrolla. En lo que sigue queremos intentar establecer algunas claves de lectura para acercarnos a algunas de estas referencias, en particular en relación con tres discusiones: la que tiene que ver con la condición aporética del concepto de opinión pública; la de los antecedentes ilustrados y la influencia de la retórica en el concepto; y finalmente, al concepto de república.

La condición aporética del concepto de opinión pública

El autor insistirá a lo largo del volumen que el lenguaje político fue producto de una elaboración colectiva, en este sentido, lo concibe como la expresión de una matriz ideológica compartida por el grupo de escritores de las elites políticas; una matriz que se manifestó en las publicaciones periódicas del momento y cuyo estudio informa al historiador sobre las condiciones y el funcionamiento del régimen político que en este período intenta consolidarse. La apuesta teórica del autor es entender los lenguajes políticos como estructuras independientes de autores o de obras, por lo que en un primer momento parecería que los concibe como condicionados por estructuras discursivas y del habla que no dependen de las capacidades, ni de la voluntad de los individuos que los emiten; en este sentido, ubica su ejercicio en línea con autores como el Michel Foucault de La Arqueología del Saber, o como Quentin Skinner y John Pocock. Al delinear este horizonte teórico, el análisis se ubica en el campo de estudio de la Nueva Historia Política y de la Historia Conceptual que, en América Latina, ha tenido en los últimos años, un desarrollo significativo, en particular en la historiografía argentina, mexicana y recientemente en la colombiana; a ésta última, el autor ha hecho varias contribuciones previas, parte de las cuales se recogen en este volumen.4 Para los propósitos y las intenciones teóricas que anuncia Loaiza es relevante la obra que sobre el tema ha publicado el historiador argentino Elías Palti, no solamente porque es con quien de forma más explícita discute, sino también porque coinciden en las fuentes históricas que les convocan para el estudio del concepto de opinión pública.5

En La invención de una legitimidad, el historiador argentino argumenta que, entre 1810 y 1836, el régimen discursivo de la opinión pública en América Latina estuvo definido por un estilo forense en el que surge lo que denomina un “concepto jurídico de la opinión pública”. Al igual que Loaiza, identifica un primer momento en el que la opinión pública estuvo controlada por publicistas individuales que gestionaban la opinión dentro de límites bien definidos, en los que la verdad última estaba contenida en las leyes fundamentales que debían respetarse.6 Un segundo momento sería, según Palti, el que corresponde a la expansión del disenso que se toma la arena pública como consecuencia de la emergencia de facciones que transforman la verdad hasta ese momento trascendente, en un hecho subjetivo y expuesto a debate. Coincidiendo con la tesis de Palti, Loaiza opina que la producción del publicista mexicano José María Luis Mora ejemplifica este momento aporético en el que se buscó contrarrestar el lenguaje de las pasiones individuales, con el lenguaje de la razón. Así, identifica dos retóricas enfrentadas: por un lado, la que denomina como “dispositivo del orden” que coincide con la razón ilustrada, y la que denomina “facciosa” que habría dado voz a las rivalidades políticas. Este enfrentamiento —que a la vez que constituye la razón de la libertad de opinión como la fuerza que amenaza la misma existencia de la república— habría ampliado el campo de acción de los lenguajes políticos produciendo lo que Loaiza llama una “retórica popular”.7

Ahora bien, el concepto de opinión pública que aparece en el mundo hispánico revolucionario, tal como lo maneja Palti, y que Loaiza parece también suscribir, cimenta sus raíces en las aspiraciones retóricas del mundo clásico; en el Antiguo Régimen, estas formas retóricas habrían adoptado características de la Ilustración, para explotar finalmente en un ambiente republicano que no soportó las prerrogativas de la unanimidad o la obligatoriedad del consenso. Resulta entonces sugerente hacer una valoración del precedente ilustrado y de la idea de opinión política en las primeras décadas del siglo XIX. En particular, nos parece importante ese tránsito del discurso político de la prevalencia de la opinión del personal letrado, al dominio de una multiplicidad de opiniones.

Antecedentes ilustrados

Al partir del despotismo ilustrado español, como clave para descifrar las concepciones de una sociedad cuya fe en el progreso y en el pensamiento racional no fueron suficientes para trascender la organización estamental, el autor intenta reconstruir el contexto social y político desde el cual unas élites, acostumbradas a desplazarse entre sus asuntos particulares y el interés público, se concibieron como las únicas con la legitimidad suficiente para deliberar sobre el interés público. Como ha demostrado Elías Palti, este modelo de opinión pública que denomina “forense”, está muy influenciado por la práctica de la retórica clásica y sus enseñanzas sobre los presupuestos esenciales de la contextualización de los discursos, la confrontación entre argumentos válidos según la disciplina o la utilización de entimemas e indicios para lograr la persuasión.8 En la actualidad, los historiadores de lo político han mostrado la importancia de la retórica clásica en el estudio de la acción política. John Pocock, al analizar la retórica que fue practicada por los humanistas del Renacimiento, sostiene que:

Era una inteligencia emergente en la acción y en la sociedad y presuponía siempre la presencia de otros hombres a los que el propio intelecto pudiera dirigirse. Política por naturaleza, la retórica se encontraba invariable y necesariamente inmersa en situaciones particulares, en decisiones particulares y en relaciones particulares”.9

Valorar las enseñanzas de Aristóteles y de Pocock fue el propósito que se trazó Palti para enfatizar la necesidad de contextualizar los discursos. Para este autor, la opinión pública está asociada a la retórica en la medida que remite “al tema de la naturaleza, el sentido y el lugar de la deliberación pública en la formación de un sistema republicano de gobierno”.10 Establece, igualmente, que la opinión pública, en tanto concepto jurídico de orígenes subjetivos, es decir, voluntariamente asumidos, no permite la discusión de los valores y normas fundamentales de la comunidad.11 Es así que los principios sobre los que se asienta la idea de opinión pública, todavía anclada a sus raíces ilustradas, soportan sobre principios políticos trascedentes la existencia de la comunidad. Pese a la diferencia de escuelas, tanto Pocock como Palti coinciden en resaltar el carácter particular, contingente y temporal de los conceptos. Pocock admite que el historiador debe conocer el vocabulario y los conceptos de los que dispone una sociedad para comprender su régimen político tanto en su particularidad como en sus implicaciones y limitaciones. También propone “analizar cómo operaban en la práctica y examinar los procesos a través de los cuales esos sistemas conceptuales, sus usos e implicaciones, fueron cambiando en el tiempo”.12

Se entiende entonces que Loaiza sitúe su reflexión en el campo de estudio en el que estos dos historiadores han realizado sus aportes. Sin embargo, un autor que resulta relevante para la lectura de este volumen es Francois-Xavier Guerra, cuya obra ha inspirado a la corriente actual de la nueva historia política hispanoamericana, en particular a Elias Palti.

Francois-Xavier Guerra insiste en la importancia de poner en relación dos fenómenos para entender la emergencia de la opinión pública: la “proliferación de los impresos” y la “expansión de nuevas formas de sociabilidad”. Para este autor, en el Antiguo Régimen las publicaciones eran atributos de control empleados por las autoridades monárquicas, una situación que cambiaría a partir del bienio de 1808 a 1810. En ese período, fenómenos como la ausencia de censura, que tomó fuerza desde la crisis monárquica, transformaron el concepto de la opinión pública. Establece este autor que en los primeros escritos revolucionarios tres propósitos fueron explícitos: legitimar la resistencia al invasor galo, constituir los nuevos poderes (las juntas) y, finalmente, servir como medio de difusión de manifestaciones de patriotismo.13 Pero las mutaciones que empezaron como expresiones de control de la opinión por parte de las autoridades, se convirtieron en el triunfo de la opinión del cuerpo político que estuvo acompañado de una mayor demanda de información. La prensa se erigió en la fuente para la diversidad de opiniones y de referentes políticos,14 así como en una apuesta por una pedagogía política que fue introduciendo de forma “subrepticia” y mediante deslizamientos de sentido hacia significados modernos, términos considerados tabú. De esta manera, la prensa utilizó la historia como instrumento pedagógico para legitimar los nuevos principios, explicar las circunstancias de ese presente revolucionario y proyectar el futuro.15

Una vez sentado el precedente ilustrado en la emergencia de la opinión pública moderna, la historiografía ha identificado varias tensiones como, por ejemplo, la contraposición entre el tribunal de censura, que funcionaba con gran eficacia en el siglo XVIII, y el tribunal de la opinión pública como expresión de las reglas dictadas por la razón; la independencia del hombre de letras frente al poder político, lo que facilitó su labor crítica; la distancia que se produjo entre la irracionalidad del elemento popular, “dominado por el prejuicio, la fuerza irracional de las pasiones y la ignorancia”, y el interés por lo público liderado por un selecto grupo de intelectuales que sirvió de mediador entre el Estado y el pueblo y se erigió en árbitro del interés público.16

El concepto de república

Cualquier reflexión sobre la emergencia de la república y de la opinión pública republicana se inscribe en un campo de estudio que, a nivel internacional, ha producido importantes derroteros teóricos que han tenido un impacto importante en la historiografía hispanoamericana y colombiana en particular. Si partimos de los atributos de la república señalados por Pocock,17 debemos coincidir en que buena parte de nuestra historiografía ha formulado estos referentes para estudiar a la república o, por lo menos, para entenderla en una periodicidad que confirma su carácter problemático.18 Varios historiadores colombianos, estudiando las publicaciones periódicas y los textos constitucionales han identificado como “república”, democracia o sistema de representación política, entre otros apelativos, al tipo de régimen que se instauró a comienzos de siglo XIX.19

Para Gilberto Loaiza este concepto también ha resultado fundamental en su obra, pues defiende la tesis de que a comienzos del siglo XIX coinciden las aspiraciones por mantener una hegemonía religiosa católica, un proyecto de democracia representativa y el predominio de la cultura letrada en el espacio público. En una gran parte de su producción historiográfica establece que dicho predominio se extendió hasta bien entrado el siglo XIX. En este punto, no sobra citar la réplica de Aristides Ramos a la historiografía por su excesivo énfasis en el criollismo ilustrado dispuesto a defender sus lugares de privilegio. De su reflexión, aunque detenida en el período colonial, se desprende que los criollos no desarrollaron discursos y prácticas políticas de oposición al imperio español; antes bien, trataron de conservar intactas sus aspiraciones burocráticas y, en esa medida, defendieron siempre su condición de “españoles americanos” y no de “criollos”, como solían identificarlos los peninsulares. Dice Ramos: “esta condición particular de los criollos en América fue lo que les restó inventiva en sus procesos de afirmación política, por el profundo “iberocentrismo” en que enmarcaron sus acciones”.20 Margarita Garrido, por su parte, entiende que las contiendas por el sentido en una república son permanentes, ellas hacen parte de un marco discursivo común, hegemónico y en constante recomposición. Admite también la autora, la importancia de los momentos de crisis para que ese marco discursivo termine dislocándose, de ahí que se produzcan cambios de significado, combinaciones de lenguajes y experiencias. En las repúblicas decimonónicas, las combinaciones de lenguaje enunciadas por la autora fueron: privilegios y derechos; cabildos abiertos y soberanía popular; Dios, rey y pueblo; pueblo y ejército; honor, vecindad y ciudadanía; justicia, igualdad y clasificaciones sociales.21

En este volumen, Loaiza se integra a este debate en el contexto de la historiografía colombiana, aunque no presenta discusiones explícitas que le ayuden al lector a establecer los contornos de sus divergencias y convergencias con las obras y autores pertinentes. De allí que la lectura del libro deje interrogantes como el carácter del faccionalismo que en este libro resulta central porque se define como el detonante de la transformación en el concepto de opinión pública. Loaiza enfatiza en el tránsito de una retórica centrada en la palabra de los hombres de letras a una retórica facciosa que atestigua las rivalidades políticas. También explica los esfuerzos de cada gobierno de turno por asegurar el orden. Pero en este período, el faccionalismo presenta fracturas profundas que combaten en una u otra orilla por la primacía de la constitución o por el lugar de la guerra en la definición de la república. En el caso de la Nueva Granada, la oposición entre bolivarianos y santanderistas o entre santanderistas y ministeriales después, remite a una realidad más compleja que es necesario estudiar. Queda la pregunta de cómo funciona esta complejidad en relación a Hispanoamérica en general en un marco comparativo como el que despliega este libro.

En su conjunto, el esfuerzo de análisis que ofrece este volumen deja planteadas una serie de rutas de reflexión que, presentadas en el marco de una lectura comparativa a nivel de los procesos hispanoamericanos de la primera parte del siglo XIX, aportan indicios importantes para expandir la reflexión tanto teórica como metodológica en el campo de la nueva historia de los lenguajes políticos. Con seguridad, sus reflexiones alimentarán el debate en el ámbito historiográfico nacional, pero también, en tanto compilan una serie de ideas y conclusiones que el autor ha publicado ya en diferentes artículos, constituye una herramienta útil en la docencia universitaria.

María Eugenia Chaves Maldonado

Profesora titular en dedicación exclusiva del

Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias

Humanas y Económicas de la Universidad Nacional

de Colombia, Sede Medellín

Ph.D. en Historia

Marta Cecilia Ospina Echeverri

Profesora titular del Departamento de Historia de

la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la

Universidad de Antioquia

Dra. en Historia

1. Su lectura, en este punto, parece cercana a la discusión ya clásica de Benedict Anderson sobre las condiciones bajo las cuales la nación pudo ser imaginada en el tránsito del siglo XVIII al XIX; es interesante constatar que otro de los intereses del autor en este campo ha sido justamente, reconocer la importancia de la novela como una condición que permite la emergencia de la nación. Véase Gilberto Loaiza, “La nación en novelas (Ensayo histórico sobre las novelas Manuela y María. Colombia, segunda mitad del siglo XIX)” en La nación imaginada. Ensayos sobre los proyectos de nación en Colombia y América Latina en el siglo XIX, comp. Humberto Quiceno (Cali: Universidad del Valle, 2015), 131-175.

2. Gilberto Loaiza Cano, El lenguaje político de la república. Aproximación a una historia comparada de la prensa y la opinión pública en la América española, 1767-1830 (Medellín: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, 2020), 200.

3. Loaiza, El lenguaje político de la república, 198.

4. Véase, entre otros, Noemi Goldman, ed., Lenguaje y revolución. Conceptos políticos clave en el Río de la Plata, 1780-1850 (Buenos Aires: Prometeo Libros, 2008); Javier Fernández Sebastián, dir., Diccionario político y social del mundo iberoamericano, 11 vols. (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009 y 2014); Francisco Ortega y Alexander Chaparro, eds., Disfraz y pluma de todos. Opinión pública y cultura política, siglos XVIII y XIX (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales-CES, University of Helsinki, 2012); Gilberto Loaiza, Sociabilidad, religión y política en la definición de la nación. Colombia, 1820-1886 (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011).

5. Cfr. Elías Palti, La invención de una legitimidad. Razón y retórica en el pensamiento mexicano del siglo XIX (Un estudio sobre las formas del discurso político) (México: Fondo de Cultura Económica, 2005) y Elías Palti, El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2007). Palti ha retomado su reflexión en el tercer capítulo de su último libro, véase Elías Palti, Una Arqueología de lo político. Regímenes de poder desde el siglo XVII (México: Fondo de Cultura Económica, 2018).

6. Palti estudia en este sentido a Fernández de Lizardi como el ejemplo de este publicista individual en México; Loaiza opina que en la Nueva Granada fue Antonio Nariño.

7. Ver sobre esta idea: Gilberto Loaiza, Poder Letrado. Ensayos sobre historia intelectual de Colombia. Siglos XIX y XX (Cali: Universidad del Valle, 2014), 65-70.

8. Aristóteles, Retórica, traducción y notas de Alberto Bernabé (Madrid: Alianza, 2007), 194-195.

9. John Pocock, El momento maquiavélico (Madrid: Tecnos, 2008), 147.

10. Palti, La invención de una legitimidad, 51.

11. Palti. La invención de una legitimidad, 56.

12. Pocock, El momento maquiavélico, 146.

13. François-Xavier Guerra, “Voces del pueblo. Redes de comunicación y orígenes de la opinión en el mundo hispano (1808-1814)”, en Figuras de la modernidad: Hispanoamérica, siglo XIX-XX, François-Xavier Guerra (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012), 158.

14. Guerra, “Voces del pueblo”, 162.

15. François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias (México: Fondo de Cultura Económica, 1997), 228, 236.

16. Ana Cristina Araújo, “Opinión pública. Portugal”, en Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850, dir. Javier Fernández Sebastián (Madrid: Fundación Carolina, 2009), 1092. Algo similar argumenta Rosanvallon en su estudio sobre la Revolución Francesa. Pero en este caso, lo que se concibe como opinión pública debe ser tomado como una fuerza de presión sobre el gobierno. Ver: Pierre Rosanvallon, La democracia inconclusa. Historia de la soberanía del pueblo en Francia (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2006), 318.

17. Estas características serían: a) su carácter temporal, que la distingue de un sistema o una ideología, y que la hacen dependiente de las circunstancias que la condenan a la inestabilidad; b) su particularidad en establecer la elegibilidad periódica del gobernante y la división y especialización de poderes, lo que la diferencia de otros regímenes; c) su apuesta por la separación entre lo político y el orden natural y d) la reafirmación de la soberanía y, por ende, de su autonomía. Pocock, El momento maquiavélico, 141, 142.

18. Valga citar a algunos historiadores que han abordado la república neogranadina de comienzos del siglo XIX. Jorge Conde Calderón, Buscando la nación: Ciudadanía, clase y tensión social en el Caribe colombiano, 1821-1855 (Medellín: La Carreta histórica, 2009); Franz Henzel, “La República y sus formas: la República apostólica, católica y romana de principios de siglo (1821-1862)”, en El Nuevo Reino de Granada y sus provincias: Crisis de la Independencia y experiencias republicanas, eds. Aristides Ramos, Óscar Saldarriaga y Radamiro Gaviria (Bogotá: Universidad del Rosario, 2009), 206-230; Hans-Joachim König, En el camino de la nación. Nacionalismo en el proceso de formación del Estado y de la Nación de la Nueva Granada, 1750-1856 (Bogotá: Banco de la República, 1994); Annick Lempérière, “De la república corporativa a la nación moderna”, en Inventando la nación, coords. François-Xavier Guerra y Antonio Annino (México: Fondo de Cultura Económica, 2003), 316-346; Annick Lempérière, Entre Dios y el Rey: la república (México: Fondo de Cultura Económica, 2013); Georges Lomné, “De la ‘República’ y otras repúblicas: la regeneración de un concepto”, en Diccionario político y social del mundo iberoamericano, dir. Javier Fernández Sebastián (Madrid: Iberconceptos, 2009), 1253-1269.

19. En este punto es necesario mencionar la discusión que propone Isidro Vanegas frente a las apreciaciones que los neogranadinos tenían sobre las formas de gobierno, incluida la república, y sobre el régimen que se impuso. Pues, si bien antes de 1808 estas fueron expuestas en los periódicos de la época para ilustrar sobre sus diferencias, después de la crisis monárquica, como lo expresa el autor, lo que se registra es el triunfo de una “democracia representativa”. Ver Isidro Vanegas, La revolución neogranadina (Bogotá: Plural editores, 2013), 221-224.

20. Aristides Ramos Peñuela, “Criollos: configuración de una mentalidad”, en El Nuevo Reino de Granada y sus provincias: crisis de independencia y experiencias republicanas, eds. Aristides Ramos et al. (Bogotá: Universidad del Rosario, 2009), 19. Ver también, Oscar Almario, “Los negros en la independencia de la Nueva Granada”, en Indios, negros y mestizos en la independencia, ed. Heraclio Bonilla (Bogotá: Planeta, 2010), 23.

21. Margarita Garrido, “Nueva Granada entre el orden colonial y el republicano”, en Las independencias hispanoamericanas: Interpretaciones 200 años después, coord. Marco Palacios (Bogotá: Norma, 2009), 94. Una tesis similar, relacionada con derechos y privilegios, fue expuesta por Beatriz Rojas en su investigación sobre la Nueva España. Ver: Beatriz Rojas, Cuerpo político y pluralidad de derechos (México: Instituto Mora, 2007), 16-17.

Agradecimientos

Este libro es el resultado de una investigación que se desarrolló entre el 2014 y el 2017 y que contó con algunos apoyos sustanciales como la beca concedida por el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que me permitió una estadía en la Ciudad de México durante más de tres meses. La Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa fue la institución que me acogió con el apoyo decisivo del historiador Mario Barbosa, jefe del Departamento de Humanidades. Uno de los gestores de mi presencia en aquella ciudad fue el colega colombiano Aymer Granados, también vinculado a la UAM. Allí pude visitar varios archivos y dictar varias conferencias en distintas instituciones, gracias al profesor Barbosa y a la acogida que me brindaron los colegas del Instituto José María Luis Mora, de la UAM-Iztapalapa y del Cinvestav. Destaco especialmente la hospitalidad de Verónica Zárate Toscano y Eugenia Roldán Vera. También agradezco el encuentro con la profesora Flora Elena Sánchez Arreola del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.

Aunque visité varios archivos, destaco la acogedora sala de lectura de la biblioteca del Instituto Mora. Además, conté con muy diversos apoyos documentales, algunos excepcionales, como los de Juan David Murillo y Ana María Stuven, en Chile; Fabio Wasserman, en Argentina; Cecilia Noriega Elío, en México; y aprecio la asistencia de investigación de Jeimy Paola Prieto, en archivos y bibliotecas de Bogotá.

Fue un hecho muy afortunado haber conocido a Guadalupe Noriega Elío y su familia esparcida por la delegación de Coyoacán.

Algunas modificaciones importantes de esta versión provienen de diálogos fructíferos con los estudiantes del “Seminario permanente en historia intelectual”, que imparto en la Universidad del Valle.

Introducción

C’est un axiome de la science politique aux Etats-Unis que les seuls moyens de neutraliser les effets des journaux est d’en multiplier le nombre. Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1835.1

La formación del lenguaje político de la república

El título de este libro delata, casi de inmediato, un vínculo con ciertos autores y obras que remiten a eso que hoy, muy de moda, llamamos la nueva historia intelectual; admitamos que, en parte, así es. La nueva historia intelectual, para ser nueva, es una tentativa de superación de la muy vieja y tradicional historia de las ideas; también intenta superar la exaltación de determinados individuos letrados y sus obras, lo cual es hoy un arcaísmo difícil de arrinconar. La nueva historia intelectual busca otros paradigmas para hacer otros hallazgos; se apoya, principalmente, en ciertas propuestas que contienen una perspectiva hermenéutica que algunos historiadores latinoamericanos han tratado de aclimatar y explicar entre nuestras comunidades científicas.2

¿De qué se trata la muy relativa novedad que nos interesa acoger? Una de las vertientes de esa nueva historia intelectual propone el estudio de los textos, de los discursos y sus condiciones de enunciación, lo que va más allá de la mirada embelesada sobre ciertos autores y ciertas obras. Entre los historiadores de la llamada Escuela de Cambridge y determinados aportes de Michel Foucault, ha ido desbrozándose una perspectiva de análisis que permite pensar en conjuntos de textos (Foucault hablará de enunciados) en los que buscamos regularidades discursivas significativas que nos permitan hablar de tendencias y permanencias en las formas y contenidos de un variado espectro de géneros discursivos.

Esa veta, poco explorada, implica búsquedas interpretativas, por parte del historiador, que suponen la existencia de una matriz retórica compartida por escritores en unos tiempos determinados. John G. A. Pocock, por ejemplo, habla de un contexto de comunicación dominante, de la posibilidad de hacer una historia del discurso y, en particular, del discurso político trasvasado en el lenguaje; pero, sobre todo, admite la existencia de diversos contextos lingüísticos que ayudan a determinar lo que puede ser dicho.3 En otra parte, el historiador acude a la relación entre lengua y habla, entre el sistema y la realización del sistema de la lengua en actos de habla, en enunciados particulares que son la realización de esa estructura. Para Pocock, la lengua como estructura ofrece el contexto lingüístico que constituye una coyuntura temporal, “una mediana duración”, en la que pueden situarse y entenderse ciertos conjuntos de enunciados.4

Mientras tanto, Quentin Skinner habla de un conjunto de convenciones que delimitan el rango de las afirmaciones disponibles; detrás de cada texto, dijo también el historiador inglés, hay una intencionalidad que es necesario rescatar. Eso tiene sus consecuencias para el análisis, principalmente aquella que Michel Foucault nos había advertido y que consiste en la primacía del discurso sobre los autores individuales. Lo que hay por encima de cada autor es una forma dominante de comunicación con sus recursos argumentativos conexos, unas “condiciones semánticas” propias de un tiempo que hacen posible que determinados discursos se produzcan.5 Foucault, a propósito de esto, nos dijo que hay unas condiciones históricas para la aparición de un objeto de discurso, lo que entraña que “no se puede hablar de cualquier cosa en cualquier época”; “condiciones de realidad de los enunciados”, “condiciones de posibilidad”; “espacio limitado de comunicación”.6 Todo esto nos ayuda a afirmar que hay unas prácticas discursivas inherentes a unas épocas, algo que los historiadores de la Escuela de Cambridge y la obra del pensador francés nos han dicho con insistencia.

Pues bien, hemos partido de suponer que, en la América española, entre el fin del siglo XVIII y los primeros decenios del siguiente, fueron reuniéndose unas condiciones enunciativas que saltaron con prominencia en la vida pública luego de la crisis de la monarquía española y de las tentativas de instauración de regímenes políticos republicanos en las antiguas posesiones americanas. A pesar de las disimetrías del proceso de las independencias o, quizás mejor, gracias a la pluralidad de trayectos que fueron perfilando una tendencia de solución casi definitiva en el decenio de 1820, considero que hubo unas condiciones de enunciación atemperadas por tres factores:

1) El uso cada vez más sistemático del taller de imprenta como lugar de producción y circulación de la opinión de manera cotidiana. La expansión del taller de imprenta fue imponiendo un ritmo de comunicación y forjó, además, unos vínculos de sociabilidad entre aquellos individuos que con alguna pertinacia iban a dedicarse al moldeamiento de la opinión pública y a la consolidación de comunidades de gente letrada dispuesta a escribir y a leer con alguna regularidad.

2) La expansión del periódico como medio de comunicación más o menos rápido y reiterativo. Hubo una mezcla de deslumbramiento y convicción acerca de las posibilidades expansivas tanto del periódico como de las demás hojas sueltas que podían provocar conversaciones, no siempre apacibles, a distancias insospechadas. La comunicación impresa periódica fue, sin duda, un aliciente para establecer deliberaciones que podían prolongarse en forma de coyunturas de enfrentamiento de opiniones entre un personal político letrado.

3) La presencia de un personal letrado dotado de la elocuencia, de los atributos retóricos y, sobre todo, de la urgencia de cumplir una labor tutora y persuasora, sobre todo en la encrucijada del cambio revolucionario. Estos individuos heredaron un repertorio argumentativo vinculado a viejas costumbres lectoras y a la tradición periodística europea de donde provinieron muchos de sus modelos de comunicación en el formato de los periódicos. Todo esto fue haciendo amalgama y permitió la emergencia de unas formas de hablar y de tratar de ejercer influencia en el espacio público de opinión. Así se forjó un lenguaje político propio del ritmo de existencia del sistema republicano y, quizás principalmente, así fue anunciándose un modelo de deliberación cotidiana, mediante impresos, que contribuyó a darle firmeza a ese sistema político.

1767 parece ser el año de emergencia de una relativa novedad en el Imperio español; empezar una historia de transformación del espacio público de opinión en tal fecha tiene sus implicaciones. Supone creer que un proceso se ha iniciado en aquel momento y, más importante, supone creer que el proyecto ilustrado en la América española, con todas sus limitaciones y restricciones, tuvo algún grado de expresión y que incidió en la aparición de un tipo nuevo de individuo letrado y en unas formas de comunicación cotidiana. También revela que les concedemos importancia a sucesos propios de la vida intelectual en las antiguas posesiones españolas en América y nos distanciamos de considerar que todo empezó a cambiar con la coyuntura crítica de 1808-1810. Insistamos, en un ambiente restringido y autoritario aparecieron rasgos de un régimen publicitario nuevo que involucró una nueva relación con el conocimiento científico (al menos una curiosidad de consumo y diálogo entre “sabios” y “letrados”), una nueva relación de gentes ilustradas y funcionarios con un proyecto educativo de la Corona y una necesidad de difundir en impresos los resultados de las experiencias de esos proto-científicos, situados en las coordenadas de divulgación de conocimientos útiles que contribuyesen a la “felicidad” y a la “prosperidad” del Reino.7

La expulsión de los jesuitas, en 1767, fue la señal de un cambio en la relación de la Corona española con sus colonias en América. El Estado borbónico intentó en la segunda mitad del siglo XVIII la recuperación política, administrativa y cultural de su imperio y la expulsión de la Compañía de Jesús significó, entre muchas cosas, zanjar a favor de la figura del monarca una discusión teológica y política sobre su legitimidad ante la sociedad. También significó un viraje secularizador en que ciertos valores de la racionalidad estatal intentaron expandirse como parte de una política imperial. Fue evidente en algunos lugares de la América española la movilización de funcionarios y de intelectuales súbditos alrededor de una reorganización de una élite científica, de la reforma de los planes de estudio en colegios mayores y universidades y de la difusión de autores y obras que anunciaban algunas innovaciones de la ciencia en Europa. Sin alterar las coordenadas de la fidelidad a la Corona, los intelectuales súbditos reunidos en las colonias participaron de la discusión y expansión de los derroteros del cientifismo ilustrado y optaron por una ciencia útil al servicio del control estatal sobre la población y el territorio.

En comunión con los designios de un imperio que necesitaba renovar su ciencia, aquellos intelectuales, muchos de ellos criollos, hicieron parte de las innovaciones en la sociabilidad mundana; fundaron tertulias, sociedades económicas de amigos del país y sociedades patrióticas, modelos asociativos provenientes, principalmente, de las prácticas difusoras y organizativas de las élites intelectuales en Francia y que España acogió en gran medida. En esa movilización innovadora quedó incluido el recurso publicitario de la cultura impresa que también había estado bajo la égida jesuita. El taller de imprenta comenzó a ser un artefacto al servicio de la labor publicitaria del Imperio español con el apoyo de escritores vasallos encargados de concitar una sociabilidad de súbditos notables, al menos en las capitales de los virreinatos.8 Un periodismo incipiente y cuyo pilar era un taller de imprenta confiscado a los jesuitas fue el primer sustento de una propaganda oficial que necesitaba el trabajo voluntarioso de un escritor con alguna experiencia en la comunicación cotidiana impresa y digno de confianza para la autoridad virreinal.

Lo recién dicho permite suponer, en consecuencia, que desde 1767 inició una transformación importante de la comunicación impresa, tan importante que fue premisa del florecimiento de una opinión pública basada en comunidades de letrados capacitados para la comunicación cotidiana en “papeles públicos”. Para la coyuntura crítica de 1808 a 1810, las élites instruidas de la América española ya habían acumulado experiencias de escritura, lectura, discusión y asociación en torno a periódicos controlados por el Imperio y sometidos a la censura previa. Con el advenimiento de la libertad de imprenta y con nuevos vínculos sociales surgidos de la crisis política, la eclosión de periódicos y el aumento de imprentas fueron sucesos refrendados por una élite preparada, por no decir que ansiosa, por establecer formas más regulares de comunicación con un público lector en medio de las turbulencias del proceso de ruptura con la monarquía.

Precisamente, la mutación política se pondrá en evidencia en la producción y circulación de impresos. La lucha por la legitimidad política; la necesidad de fijar los fundamentos de un nuevo orden; las novedosas condiciones para enunciar proyectos de orden político y para cuestionarlos, todo eso hará que aumente el personal letrado inmiscuido en los asuntos de reorganización de la vida de la polis (entre otras cosas, ese será uno de los elementos sustanciales de la experiencia revolucionaria de esos años).

El historiador podrá notar que nuevos vínculos entre los individuos y de ellos con el poder político propiciaron un nuevo espacio de opinión. En otras palabras, la revolución política estableció una relación indisoluble entre el sistema político republicano y el ejercicio sistemático y público de la opinión. Opinar era actuar políticamente y viceversa; organizar la república era discutir las reglas de la comunicación pública y viceversa. Quienes gobernaban o intentaban gobernar escribían regularmente sus opiniones. Legisladores, militares, sacerdotes católicos constituyeron, al tiempo, el personal letrado y el personal político.

La cultura letrada se impuso en esa transición como el paradigma de la comunicación política y, en consecuencia, permitió la emergencia del agente letrado como individuo político central; ese individuo ejerció al tiempo como político y escritor público, fungió como representante del pueblo y como representante de la opinión general. Los escritores de periódicos ocuparon un lugar prominente tanto en el campo político como en el de la opinión; eso significa que hubo una imbricación de lo político y lo publicitario o, mejor, que lo uno y lo otro fueron elementos de un mismo proceso de cambio.

El desmoronamiento del régimen monárquico, la discusión de principios de legitimidad y de paradigmas de organización política obligaron a una deliberación pública permanente que intentó sostenerse con instrumentos que garantizaran eficacia argumentativa, rapidez, intensidad y notoriedad, principalmente. El uso de mecanismos publicitarios tenía que contribuir a afirmar el proceso de legitimación de un nuevo orden y de un nuevo personal político. La deliberación misma estaba basada en un formato suficientemente exclusivo que le sirvió de presentación y de representación a un grupo de individuos poseedores de unas capacidades de comunicación expandidas por las letras de molde. Quienes poseían un capital simbólico sustentado en la cultura escrita, fueron los individuos que pudieron usufructuar el universo comunicativo ofrecido por los atributos multiplicadores de la imprenta. La revolución política de las antiguas posesiones españolas en América fue, también, una revolución de los paradigmas de la publicidad.

Hubo un acumulado de cambios nada desdeñables en el tránsito del orden monárquico a las coordenadas de un incipiente orden político republicano: el aumento de agentes políticos letrados; el uso cotidiano del periódico y de otras formas esporádicas impresas de circulación de las opiniones que se agregaron a las cotidianas y colectivas fórmulas de la comunicación oral, muchas de ellas vinculadas con un asociacionismo espontáneo y, además, demostrativas del expandido interés por los asuntos políticos.9 Lo dijo el historiador François-Xavier Guerra en un libro ya clásico; según él, las novedades que de modo restringido habían aparecido en el siglo XVIII, devinieron ostensibles cuando se fue imponiendo una nueva legitimidad.10 La escena pública se dotó de nuevos agentes, acciones e instrumentos, elementos que fueron constitutivos de un lenguaje político nutrido de las discusiones públicas cotidianas que hallaron, en el formato del periódico, un eficaz medio de transmisión de ideas.

El periódico poseía unos atributos insoslayables: su relativa rapidez para imprimir, para distribuir, para ser leído, en consecuencia, la capacidad didáctica de su formato que podía garantizar, quizás, un público más amplio que el del libro. Eso hizo del periódico el paradigma de la publicidad no solamente política, también de la comercial y social. Su repetición y expansión, su efecto multiplicador; todo eso impuso ritmos, formas retóricas, una agenda de los asuntos de la deliberación cotidiana. El periódico y un universo asociativo más amplio hicieron parte de esa pedagogía que incentivó pensar, escribir y leer lo político todos los días. Esa repetición cotidiana de la opinión impresa le fue dando consistencia a un lenguaje, a un sistema de comunicación que iba a ser sello distintivo de un régimen político que comenzaba a implantarse.

De tal manera que otro resultado evidente de la emergencia de publicaciones periódicas, de la emergencia de un discurso de constante apelación a la opinión pública, fue el surgimiento de un personal político que concibió como actividad primordial el ejercicio de la persuasión permanente mediante la escritura repartida en formatos impresos. Poseer el atributo de la escritura se volvió elemento de distinción política, de consolidación de un tipo de individuo preparado para cumplir tareas de gobierno. Un atributo cultural que designaba, con otros rasgos, una distinción social, sirvió para establecer una distancia entre el letrado y el no letrado; entre el cuerpo político activo y el resto de la sociedad; entre el representante del pueblo y el pueblo que delegaba la soberanía en individuos que adquirieron una cualidad que los hizo imprescindibles en el diseño de un orden político. La prensa fue un hecho realizado estrictamente con la escritura y por quienes poseían ese atributo diferenciador. Fue una afirmación a veces tácita, a veces explícita, de una soberanía racional, puesto que fue, por mucho tiempo, un artefacto exclusivo de quienes se auto-erigieron como ciudadanos y como representantes del pueblo, lo que Habermas ha llamado “público raciocinante”.11 La escritura en periódicos y en otros formatos impresos se consolidó como el “uso público de la razón” tanto por quienes escribían como por quienes leían. Ese público raciocinante, muy limitado en principio, lo constituían autores y destinatarios, escritores y lectores que convergían en un estrechísimo, pero indispensable, mercado de productores y consumidores de impresos.

El ejercicio permanente de la publicidad política fue una manifestación importante de la voluntad de poder; quienes escribían no solamente lo hacían por una vocación letrada, sino, además, porque sabían que los artefactos a su disposición contribuían a la expansión de ciertos ideales de organización política y porque era necesario establecer una comunicación constante con quienes podían ser un auditorio favorable para la afirmación de tal o cual proyecto político. Los gobiernos provisorios necesitaban crear rápidamente la ilusión de legitimidad mediante la publicación de sus actos y hallaron en la imprenta y en los “papeles públicos” los instrumentos de fijación de esa ilusión. Los particulares, interesados en hacer parte de alguna forma de gobierno o que buscaban la satisfacción de sus intereses, consideraron indispensable el recurso del periódico. Pero ese ejercicio permanente de la publicidad política contó con una premisa que lo hizo posible: la ruptura con un régimen de censura y vigilancia que había permanecido adherido a la dominación monárquica, con el paso de la censura previa a la censura a posteriori, un cambio marcado por vacilaciones y zigzagueos que permitió el establecimiento de talleres de imprenta y la aparición y afirmación de nuevos agentes sociales que hicieron más dinámica la vida comercial, pues incidieron, en diversos grados, en la formación de un campo político más diverso que el del Antiguo Régimen.

Partimos de suponer que los fundamentos del lenguaje de deliberación política durante los primeros decenios republicanos tuvieron que contar con elementos retóricos provenientes de las formas de argumentación enunciadas por los escritores de periódicos de buena parte del siglo XVIII. A pesar de las restricciones establecidas por el régimen monárquico, las necesidades publicitarias impusieron unas pautas de la comunicación impresa. El periódico ya era, hacia la década de 1790, un artefacto de comunicación conocido y, sobre todo, elogiado por sus ventajas con respecto al encumbrado formato del libro.

La Corona española tuvo sus propias necesidades publicitarias plasmadas en el recurso de los periódicos y en escritores vasallos que contribuyeron no solamente a difundir los ideales del Imperio, sino a preparar unas condiciones de sociabilidad letrada que hicieron posible la existencia más o menos prolongada de algunos periódicos. Por eso decimos, con algunos otros historiadores, que antes de 1800 ya había cambios ostensibles en el espacio público de opinión que habían debilitado el cerrojo censorio de las autoridades coloniales. En todo caso, a pesar de las limitaciones provenientes de la férrea censura previa, antes del umbral decisivo de 1808-1810, ya había un ethos de la discusión pública que había intentado fijar algunas premisas de la comunicación escrita. Por ejemplo, la apelación ilustrada a las virtudes de la razón; el escritor público auto-representado como portavoz de la moderación y la prudencia; la conversación con un auditorio basada, muchas veces, en recursos de ficción con tal de provocar la ilusión de un público adepto, numeroso y diverso; las máscaras, los heterónimos y los seudónimos, los títulos de los periódicos, los epígrafes y los prospectos, hicieron parte de un arsenal retórico puesto a disposición de la deliberación cotidiana mediante impresos.

El recurso impreso impuso modalidades y ritmos de comunicación que suplantaron aquellos basados en formas de sociabilidad espontáneas como la conversación en la pulpería, el chisme en la plaza principal, el rumor y el corrillo callejero. Aún más, el periódico pareció integrarse a los ritmos asociativos de aquellos lugares. La imposición de la cultura escrita como elemento regulador y legitimador de la discusión política entrañó el desahucio de formas orales tradicionales de comunicación que, por supuesto, no dejaron de existir, pero quedaron relegadas del circuito de comunicación oficial de lo político. Las gacetas ministeriales, el periódico faccioso, las hojas sueltas, las cartas remitidas por lectores, muchos de ellos notables lugareños, hablan de un universo comunicativo impreso muy activo; además, los suscriptores y lectores conformaron un círculo selecto de personal letrado inmiscuido en los asuntos públicos, partícipes cotidianos de la situación política, forjadores de la opinión pública letrada, por tanto, escogida y excluyente. Esos son los rasgos más ostensibles del lenguaje público de opinión en las coordenadas del incipiente orden republicano y concuerdan con un ambiente asociativo restrictivo, muchas veces confinado a una sociabilidad elitista, de herencia ilustrada, que privilegió la asociación de patricios dispuestos a “fijar la opinión” de un régimen político emergente y que les endilgó connotaciones amenazadoras a las movilizaciones populares.

Ese lenguaje político tuvo una elaboración colectiva y pública, a pesar de su ámbito restringido. Tuvo unos oficiantes persistentes, poseedores de un legado retórico, de conocimientos jurídicos y de ambiciones de participación política. Ese lenguaje tuvo algún grado de institucionalización en la medida en que hubo una legislación que permitió la iniciativa individual en el ejercicio cotidiano de la opinión política y, también, en la medida en que se asentó el taller de imprenta como lugar de producción sistemática de la publicidad en diversos formatos impresos. A eso se añadió la regularidad adquirida por ciertos periódicos, unos por ser la expresión oficial, como sucedió con las gacetas ministeriales y, otros, por haberse convertido en “papeles públicos” que plasmaban la capacidad política y la estabilidad económica de un notablato para sostener la emisión, a veces diaria, de una publicación periódica.

Hubo un personal escriturario que adquirió ciertos grados de especialización alrededor de funciones esporádicas o sistemáticas en la producción de opinión: redactores contratados por juntas supremas y ministerios; escritores públicos que podían poseer al tiempo su propio taller de imprenta; editores encargados de los contenidos de cada número de un periódico; artesanos impresores que tenían bajo su control a administradores del taller, correctores, cajistas, prensistas, aprendices, repartidores; fabricantes y vendedores de papel y tinta; libreros; responsables de las oficinas de correo; miembros de jurados o tribunales de imprenta. En fin, la discusión pública permanente en el incipiente régimen republicano fue adquiriendo dinamismo y una estructura compleja que hizo de la opinión cotidiana un ejercicio colectivo y público que fijó, muchas veces de modo involuntario, las premisas de la deliberación permanente.

El resto del siglo XIX le confirió aún mayor contextura institucional a este lenguaje político basado en la circulación de periódicos. Nos parece incuestionable que un buen trayecto de la historia republicana quedó consignado en la superioridad comunicativa otorgada a las publicaciones periódicas. A pesar de sus antecedentes ilustrados y sus iniciales condiciones elitistas, el periódico fue adquiriendo un aspecto más democrático y democratizador. Situados en la temporalidad que hemos examinado, es patente que la escritura pública en los periódicos adquirió regularidad y expresó unos rasgos inherentes a un sistema político basado en los principios de la representación de la soberanía popular.

Hubo una homología entre el sistema político republicano y el lenguaje de discusión pública. La república fue el contexto que hizo posible la deliberación cotidiana, propició la escritura pública, la manifestación de opiniones particulares y pretendidamente oficiales en un marco reglamentario basado en la asunción de libertades individuales. La discusión permanente mediante impresos plasmó el enfrentamiento de facciones políticas y de escritores situados de diverso modo en el campo político; unas veces hablaban en nombre de gobiernos recién establecidos y otras veces lo hacían situados en la oposición política. El lenguaje, por tanto, estaba sustentado en rivalidades, de modo que el disenso fue el elemento catalizador de esa discusión y contribuyó enormemente a forjar las características fundamentales de ese lenguaje. La invocación constante de la razón, la tolerancia o la armonía tuvo su contraparte en el influjo de “viles pasiones”, en el recurso de la invectiva, la calumnia o el insulto. Aún más, el destierro de los redactores, la clausura de periódicos, el proceso mediante jurados contra escritores, editores e impresores, aderezaron la vida pública. Los triunfos y derrotas, la tranquilidad o la agitación en el campo político tuvieron expresión en la aparición o desaparición de periódicos, en la aprobación o censura a determinados escritores, en el exilio de políticos e impresores, en las innovaciones tecnológicas o estancamientos en la producción de impresos.

La opinión pública

La segunda mitad del siglo XVIII y los primeros decenios del siglo siguiente señalan un momento seminal en los procesos de comunicación en la América española; una sociedad acostumbrada al predominio y la eficacia de formas de comunicación basadas en la tradición y sustentadas, a veces, en asociaciones esporádicas, marginales y hasta conspirativas, comenzó a conocer la relativa expansión de formas de comunicación impresa. Precisamente, las acciones colectivas del decenio 1780 y, en particular, los levantamientos comuneros que tuvieron cierto recorrido por varias regiones del sur de América, revelan que hubo un repertorio de acciones cuyo sustento fue la comunicación oral, la transmisión de intenciones y opiniones por medios clandestinos, subrepticios, que contribuyeron a dotar de cierta sincronización y expansión a la rebelión comunera. Una vida asociativa de tradición contribuyó también a fijar los momentos y lugares de esas acciones; por ejemplo, la visita dominical al templo católico y a la plaza de mercado, arraigada costumbre, fue el momento predilecto y propicio para motines y alzamientos.12

Los saraos aprobados por autoridades eclesiásticas y hacendados sirvieron de preámbulo para las fugas de esclavos negros y para organizar alzamientos; el toque a rebato de campanarios, una humareda estratégicamente situada, el sonido de unos tambores, un improvisado escuadrón de caballería y hasta esquelas repartidas por estafetas cómplices ayudaron a que esas acciones tuviesen un calendario afín y modalidades de protesta muy similares. La chispa, el chasqui, el pregonero, el chismorreo en las pulperías, el inquietante tumulto callejero, el papel sedicioso escrito en verso, las coplas populares hacen parte del inventario de formas de comunión y comunicación cotidianas que tuvieron sus crestas de intensidad en momentos álgidos de la vida pública del antiguo régimen monárquico. A estas formas predominantemente orales de comunicación se sobrepuso el ritmo de la comunicación impresa.

Para los historiadores, el testimonio impreso ha quedado como vestigio inmejorable de una vida de relación cuya riqueza no podremos restituir del todo, porque siempre hará falta restablecer la volátil comunicación oral de la cual apenas podemos mencionar hallazgos obtenidos de manera más oblicua. Aquí solo alcanzamos a registrar, casi como salvedad, que hablaremos de la dimensión impresa de la opinión y que ciertas áreas historiográficas siguen teniendo el enorme reto de contribuir a conocer más de cerca cómo pudo ser el aporte de lo oral en la construcción de la esfera pública de la opinión.

En todo caso, seguimos creyendo que el lapso de nuestro estudio muestra una transformación cualitativa y cuantitativa de la cultura impresa. La transmisión de cualquier forma de conocimiento salió de su estrecho círculo conventual para volverse asunto del “común”, del “público”, aunque prevaleciera en el limitado ámbito de la gente de letras. Hubo una relativa democratización del circuito de comunicación con la aparición de los periódicos o “papeles públicos” que le confirieron cierta regularidad a la emisión de opiniones hasta poder decir que fue el origen de una conversación cotidiana sostenida por la fuerza del dispositivo impreso; pero también hubo una lucha por el control de la palabra pública, por tener el dominio de la producción y circulación de cierta información, especialmente en aquellos lugares en que fue mayor la resistencia realista a la mutación política.

Esa lucha tuvo expresión en la multiplicación de talleres de imprenta y de fábricas de papel con los cuales aparecieron nuevos agentes sociales involucrados en el proceso de producción y circulación de impresos. Todo eso implicó la popularización de la palabra cotidiana vertida en hojas sueltas y periódicos, con la consecuente relativización del lugar del libro en los procesos de comunicación impresa. Sin embargo, la discusión de las opiniones siguió siendo una ocupación privilegiada de gentes ilustradas.

1767, año de expulsión de los jesuitas, parece ser el inicio de un régimen comunicativo auspiciado, en buena parte, por una política publicitaria estatal, lo cual involucró el empeño de determinados funcionarios, la apertura de bibliotecas, la reforma de planes de estudios, la organización de expediciones científicas, la creación de asociaciones de letrados y la organización de tertulias En eso participaron funcionarios de la monarquía, aparecieron escritores con alguna trayectoria publicitaria y con pretensiones de redactar periódicos, dictar cátedras universitarias, escribir informes científicos, expandir ciertos ideales del buen gusto literario; siempre crédulos de contribuir al bien común, al interés público, a la felicidad del reino. Al hablar de proyectos que garantizaban la prosperidad de la patria, de ciencias útiles para el progreso de la Corona, de una ciudadanía ilustrada y obediente, estos periódicos contribuyeron al despliegue publicitario de los valores de una monarquía católica que ansiaba recuperar administrativamente el control de sus posesiones americanas.13 Esa labor publicitaria la encarnaron escritores oficiales y oficiosos que quedaron instalados en un restringido y vigilado circuito de comunicación, pero, aun así, con sus posibilidades expresivas.

La palabra impresa comenzó a tener importancia comunicativa en la medida en que se afianzaron talleres de imprenta, circularon libros (algunos recomendados por reyes y virreyes) y nacieron periódicos. El ritmo de la conversación cotidiana mediante impresos produjo un circuito de comunicación o, en otros lados, afianzó costumbres publicitarias y fortaleció la figura social del impresor. En todo caso, la esfera pública encontró en la comunicación impresa un elemento productor de escritores y lectores más o menos asiduos; una relación orgánica con autoridades locales y funcionarios. De tal manera que, así como se insinúa una transformación de las relaciones entre individuos, también parece insinuarse un momento gubernativo, una etapa nueva de las relaciones del Estado monárquico con sus posesiones en América. Esta transformación, insistamos, está contenida en el ámbito, quizás muy estrecho, del mundo letrado. Hablemos, entonces, de una mutación importante de la opinión pública letrada, una transformación del espacio de comunicación escrita debido a la multiplicación de los impresos. La ilusión de fijeza que proporcionó lo impreso contribuyó a la valoración frecuente de la escritura pública como una forma de conversación cotidiana, de masificación de las ideas, de comunicación con un público.

La opinión pública impresa no emergió de la nada en la América española; en muy buena medida, fue una prolongación de los patrones discursivos de la prensa europea, y especialmente la española. Lo que era una vieja práctica comunicativa en Europa, resultaba ser una novedad fruitiva entre los escritores americanos. Los vaivenes de la censura oficial en la península no pudieron impedir la proliferación de modelos de escritura polémica; además, los escritores de periódicos se erigieron, ellos mismos, en baluartes, por no decir que guardianes, del buen decir y, en últimas, prolongaron prácticas de censura sobre las colaboraciones que consideraban perniciosas. Las juntas de censura, la Inquisición y la vigilancia propia de cada redactor responsable dieron forma a un aparato censorio que puso varias veces en entredicho la existencia de periódicos y la circulación de libros; sin embargo, entre censura y producción de impresos hubo, a lo largo del siglo XVIII, repliegues y expansiones, momentos de constreñimiento y otros de auge. La censura, por demás, llegó a ser una actividad ilustre, un ejercicio episódico de autoridad literaria. Fueron censores muchos escritores consagrados, como Nicolás Fernández de Moratín y Gaspar Melchor de Jovellanos, entre otros. Hasta puede pensarse que entre escribir y censurar hubo connivencia o, al menos, un círculo de prohibición y complacencia que ayudó, quizás sin proponérselo, a crear un código de comunicación que tuvo alguna repercusión en los escritores americanos.

La intensidad de esta tensión entre crear publicaciones impresas y el ejercicio de censura contribuyó, de algún modo, a afirmar el concepto de opinión pública que, según expertos, aparece en Europa en la segunda mitad del siglo XVIII. La emergencia del concepto está asociada con antagonismos y conflictos entre grupos organizados de individuos con alguna voluntad de poder y que han encontrado en la comunicación impresa un medio argumentativo, publicitario, muy eficaz. Lo que en Europa y, en particular, en España fue surgiendo como expresión de rivalidades políticas, en la América española fue, más bien, el ejercicio de la opinión bajo estricto control gubernamental. La pluralidad no fue un atributo evidente de la circulación de impresos por lo menos hasta la crisis monárquica de 1808, al contrario, la naciente opinión pública fue el resultado de una voluntad estatal de crear una opinión oficial sin fisuras que ayudara a darle sustento a las prioridades de la monarquía.

Todo esto nos da licencia para entender la opinión pública como una categoría que vivió su propio proceso histórico que, en las circunstancias de la América española, tiene claramente dos etapas. La primera, muestra la formación de un incipiente espacio público de opinión impresa que dota a las gentes de letras de una posibilidad de comunicación restringida y controlada; esa etapa va desde la expulsión de los jesuitas hasta el umbral de 1808 a 1810. Se trata de una opinión impresa bajo la férula de las autoridades monárquicas, de un régimen de publicidad impresa promovido y a la vez controlado por funcionarios de la Corona. Un momento que deja exhibir las posibilidades comunicativas de algunos periódicos, de un grupo de escritores que eran, a la vez, funcionarios encargados por las autoridades monárquicas para cumplir tareas publicitarias que incluyeron la apertura de formas de sociabilidad ligadas a la redacción de periódicos y a formas de institucionalización de la lectura. En este primer momento, los periódicos se vuelven el nicho formativo de una élite letrada que acoge y difunde los postulados básicos de una república de sabios que se sienten imbuidos de una misión persuasiva en función de los ideales modernizadores de la ciencia, la razón y el progreso. En esta etapa, el periódico y el libro científico hicieron parte de una agenda difusora en el formato exclusivo, excluyente y autoritario del despotismo ilustrado.14

La siguiente etapa ha debido iniciar con el anuncio de la libertad de imprenta, proveniente de las Cortes de Cádiz en el decreto inaugural del 10 de noviembre de 1810. Luego, la Constitución de Cádiz de 1812 refrendaba la abolición de la censura. Sin embargo, no podemos ser tan entusiastas en la definición cronológica de un umbral que marque claramente un antes y un después para toda la América española; nos daremos cuenta, al fijarnos en casos concretos, que el paso de un viejo a un nuevo régimen de producción y circulación de la opinión fue más autoritario y lento en unos lugares de América que en otros. La velocidad del cambio de orden político pudo impulsar la eclosión de periódicos en ciertos lugares que rápidamente adoptaron una legislación más o menos liberal que sacudía las premisas de la censura previa; incluso, veremos una mezcla quizás paradójica de una tradición impresa incompatible con el viejo molde de la censura monárquica o lugares que dieron el salto republicano con una débil tradición en la producción de impresos. En fin, hubo un desigual disfrute de una nueva libertad.

De una especie de opinión pública oficial sometida a la vigilancia de autoridades monárquicas y a la censura previa, se pasó a una opinión pública plural. La desaparición de la censura previa, la emergencia de un personal político que tuvo iniciación en el activismo parlamentario, la iniciativa de particulares para fundar periódicos y el interés por las ciencias de lo político sirvieron de cimiento a lo que hemos aprendido a conocer como la opinión pública moderna, estrictamente deliberante, conflictiva, expuesta a las tensiones del disenso cotidiano. Desde la coyuntura crítica de 1810 en adelante estamos ante procesos traumáticos, paulatinos y diarios de construcción colectiva de los principios de la opinión pública según los designios de la comunicación impresa en formatos breves y rápidos que relativizaron la importancia del libro entre las gentes letradas (especialmente el libro científico). Un régimen de publicidad marcado por la intensidad de la discusión en nombre del ejercicio de la representación de la voluntad soberana del pueblo y en que el escritor deja su condición de sabio letrado para arrogarse los atributos de la representación de la voz del pueblo. Ya no solamente hablan aquellos que se han sentido capacitados para escribir en público por reunir las facultades intelectuales para hacerlo, también hablan aquellos que se sienten lo suficientemente libres para actuar y expresar sus opiniones en nombre de lo público y para persuadir a un público. El letrado inmerso en la política considera que su voz es pública porque representa a grupos de individuos reunidos en voluntades asociadas que serán fragmentos del pueblo, de la sociedad civil, de facciones o partidos y, de adehala, es consciente de que se dirige de modo genérico al pueblo, hecho concreto en grupos organizados o espontáneos de lectores. Es un tiempo de multiplicación de impresos, de opiniones y de lectores que participan de modalidades quizás inusitadas de lectura individual y, sobre todo, de lectura colectiva que corresponden con el frenesí de un momento de mutación política que incluye la transformación de las relaciones entre los individuos.

Esa emergencia de una opinión plural, discrepante en esencia, es en buena medida el cimiento de un lenguaje de discusión pública distintivo de un régimen político nuevo. La invención colectiva de un lenguaje de discusión republicana tuvo implicaciones inmediatas en lo que iba a ser la opinión pública. Como lo han percibido varios estudiosos, hubo contradicción entre su apariencia generalizadora y la profusión de opiniones particulares.15 La opinión pública fue, más bien, una tentativa de unidad que terminó disuelta o fragmentada en la práctica cotidiana de las opiniones individuales. Eso generó una tensión constante entre quienes promovieron el consenso alrededor de una legitimidad recién establecida y aquellos que en nombre de la libertad de opinión patrocinaron el ejercicio constante del cuestionamiento de los actos de gobierno. Muchas veces la opinión pública intentó identificarse con las leyes que, provenientes de los órganos de representación popular, estaban revestidas de sacralidad según quienes promovían la oficial, pero improbable, opinión unánime. Debatir o cuestionar la ley en los periódicos fue entendido, en consecuencia, como actos perturbadores de un orden político que intentaba afirmarse. Esa tensión fue, por demás, muy productiva, hizo nacer periódicos en los que los políticos letrados de la época recurrieron a variadas estrategias persuasivas y disuasivas con tal de lograr el predominio de tal o cual opinión, algo que equivalía al triunfo de tal o cual proyecto político. El formato del periódico se volvió un espacio tipográfico en que los seudónimos, los anónimos, los diálogos a manera de breves catecismos, los supuestos remitidos de supuestos lectores, las reflexiones de todo tipo y hasta los avisos contribuyeron a enunciar discursos en pos de determinados proyectos de organización política.

Ese lenguaje tuvo elaboración colectiva e involuntaria en buena medida porque los agentes que intervinieron en el moldeamiento de ese lenguaje no lograron a plenitud imponer las reglas que sugerían. Ese lenguaje es, por tanto, una resultante de lo que esa comunicación, muy conflictiva, pudo generar. Por eso, cuando queremos responder a la pregunta ¿qué fue la opinión pública en los primeros decenios republicanos?, los historiadores tenemos que discernir entre aquello que nosotros logramos entrever en ese panorama escriturario de la época y lo que los redactores de periódicos de esos años alcanzaban a precisar. Las definiciones de la opinión pública hechas por los escritores de esa época están basadas más en la proyección subjetiva de lo deseado, de modo que la opinión pública era vista como el resultado del debate público de opiniones particulares, como la búsqueda colectiva de la verdad. Llegar a la aceptación de una verdad común era el final feliz pretendido por muchos, porque clausuraba las puertas del disenso. Para otros, la opinión pública era la concreción publicitaria de la razón del poder; la unanimidad en torno a la ley. Eso explica el desprecio por las voces disonantes que hacían oposición a los actos de gobierno. Y en otras ocasiones, la opinión pública era el tribunal supremo e inapelable que arbitraba con justicia en medio de la deliberación, era la razón ilustrada hecha concreta por el selecto mundo lector que, en la democracia representativa en ciernes, iba siendo el selecto mundo de los electores. Por eso, el tribunal de la opinión solía confundirse con los resultados de las urnas que hacían triunfante una opinión sobre otras y la elevaban a la condición de opinión pública episódicamente victoriosa.

En contraste con las definiciones provenientes de los protagonistas de aquella época, los historiadores podemos sugerir, ahora, otra noción de opinión pública basada en el examen de un paisaje documental amplio. La opinión pública fue el campo de la puesta en situación de las diversas opiniones; la opinión pública fue el campo de debate de múltiples opiniones. Un escenario cambiante según las modificaciones en las reglas de juego de ese debate, según los cambios de posición de los agentes políticos y letrados. Esa situación cambiante tiene que ver, claro, con los balbuceos e incertidumbres de un nuevo sistema político, con la emergencia de un nuevo personal político, que tuvo incidencia en las posiciones discursivas de los hablantes, en los pasos legislativos y reglamentarios que condicionaron la conversación pública mediante impresos, en los estilos de escritura que privilegiaron, a veces, las invectivas o las exaltaciones de la ley o el respeto debido a nuevas autoridades.

Todo esto nos ha permitido decir, como resultado de esta investigación, que el lenguaje político de la república, en la situación de varios países de la América española a comienzos del siglo XIX, se caracterizó por su exclusivismo letrado y, al tiempo, por su tendencia a expresar la disolución del campo político en fragmentos que expresaban intereses particulares que buscaban satisfacción. Con la república estaba emergiendo un régimen de publicidad despiadado y competitivo que obligó a los individuos comprometidos a sostener publicaciones periódicas, algunas muy efímeras y otras relativamente estables, con tal de poder ocupar un lugar decisivo, así fuese de manera coyuntural, en el proceso de definición de las condiciones de funcionamiento del sistema político. La opinión pública fue, en consecuencia, un espacio de disenso construido a pesar de los mismos oficiantes de la opinión diaria.

Por una visión de conjunto

Nuestro examen cubre la segunda mitad del siglo XVIII y los primeros decenios del siglo siguiente, aunque nos hemos concentrado mucho más en el análisis de publicaciones periódicas que existieron entre los decenios 1767 y 1830. Haber mencionado o citado publicaciones anteriores y, sobre todo, posteriores a ese lapso no altera la visión de conjunto que hemos pretendido construir. Ya hemos explicado por qué consideramos 1767 un punto de quiebre en la relación entre la Corona española y sus posesiones en América, al menos en el ámbito cultural. La expulsión de los jesuitas puede tomarse como el punto de partida de un cambio que incluyó, en varios lugares de América, innovaciones en el sistema de enseñanza universitario; realización de proyectos científicos; viajes de algunos criollos a realizar estudios en Europa; intensificación del comercio de libros; afirmación del estatuto administrativo de algunas ciudades convertidas en capitales de virreinatos y, por supuesto, un interés por la difusión de la publicidad gubernamental mediante periódicos. Pero más allá de buscar un hito que sirva de mojón histórico en un año determinado, lo que nos ha interesado es ver cómo desde la expulsión de la Compañía de Jesús puede hablarse de una situación de cambio en la producción y el consumo intelectual que generó tensiones entre las autoridades coloniales y el personal letrado criollo. Entre 1767 y 1830 puede contemplarse un proceso de transición en que el umbral de 1808-1810 sirve de punto de referencia para establecer los vínculos y contrastes entre el periodismo practicado antes y después de la dominación española. Para el decenio de 1830 estamos ante un ritmo de discusión pública más o menos consolidado, en que el desenlace favorable de la guerra de Independencia abrió el campo de disputas entre facciones políticas por el control del espacio público de opinión y por la supremacía en la construcción de un nuevo sistema de gobierno.

Es cierto, como lo han demostrado muchos historiadores, que con la crisis monárquica advino un cambio cultural que tuvo particular expresión en la producción y difusión de impresos; sin embargo, también nos parece cierto que muchos elementos enunciados en la restringida práctica periodística de fines del siglo XVIII tuvieron continuidad en los primeros decenios republicanos. Mejor aún, buena parte del esquema comunicativo que funcionó bajo el control de las autoridades coloniales tuvo un despliegue más intenso a partir de 1810. Por ejemplo, el escritor vasallo controlado por la monarquía tuvo su prolongación en los escritores por encargo que, bajo la vigilancia de funcionarios de los gobiernos republicanos, redactaron las gacetas ministeriales. El escritor como intermediario entre el Estado y la sociedad tuvo relativa continuidad, algo que informa acerca de la persistencia de un esquema de comunicación. A eso agreguemos la prolongación de ciertos recursos argumentativos, la apelación a los prospectos, epígrafes, seudónimos, máscaras; a conversaciones ficticias; a relaciones epistolares fingidas o ciertas con los lectores; a la evocación de autores y obras que refieren nociones clásicas acerca de la democracia y el buen gobierno.

No se trata de desconocer las alteraciones en el espacio público de opinión que sobrevinieron con la crisis monárquica, sino más bien de entender que las innovaciones en el ritmo de producción de impresos tuvieron que sustentarse en un legado retórico, en una tradición jurídico-teológica, en la superioridad atribuida a la República de las Letras. Además, el paso a una situación nueva estuvo plagado de aprensiones y temores; la libertad de publicar la opinión no fue un trámite expedito y hubo momentos regresivos como sucedió con el prolongado cerrojo virreinal en Ciudad de México, con las inclinaciones autoritarias de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander o con las tendencias a privilegiar la opinión obsecuente y a perseguir los conatos de oposición en el Río de la Plata. Una hirsuta exaltación de la supuesta sacralidad o infalibilidad de la ley pretendió suplantar la majestad que antes recubría el respeto a la figura del rey, de modo que el advenimiento de la república no significó un salto entusiasmado al ejercicio libre de la opinión.

Eso sí, hay cambios sustanciales en la intensidad y diversidad del campo de la opinión que hacen hablar de un nuevo régimen publicitario. La eclosión fue indudable y significativa en aquellos lugares que no habían sido centros de producción de impresos durante la dominación monárquica. La prensa insurgente mexicana fue, primordialmente, una prensa de las provincias que discutieron el tradicional predominio de Ciudad de México. En el antiguo virreinato de la Nueva Granada emergió, sobre todo en el decenio 1810, una prensa animada por patricios que representaban soberanías locales que controvertían el centralismo bogotano. También aparecieron en esa década, en varios lugares de la América española, opiniones particulares sustentadas en la libre iniciativa de individuos que aspiraban a construir una trayectoria de escritores públicos y a competir en un escenario de discusión cuyas premisas, en principio, diferían de las restricciones del Antiguo Régimen.

Este ejercicio es aproximativo y quizás superficial por lo panorámico, pero está motivado en la necesidad de adquirir una visión de conjunto que hace falta en nuestras historiografías. Incluso esfuerzos pretendidamente abarcadores, como las ya viejas reflexiones del lamentado François-Xavier Guerra, tenían el lastre de estar demasiado concentradas en unos casos particulares que, por serlo, no servían para generalizaciones gruesas.16 Aquí hay una tentativa de historia comparada o, al menos, de elaboración de una visión de conjunto que nos aleje de presuntos modelos que, por unilaterales, siguen siendo fragmentos.

Leer periódicos, en porcentaje disímil, es cierto, de Buenos Aires, Lima, Santiago de Chile, Valparaíso, Caracas, Santafé de Bogotá, Cartagena, México y otros lugares de la América española, provee una información empírica muy generosa que permite llegar a conclusiones acerca de tendencias, sincronías, singularidades, en fin.17 El diálogo entre los periódicos de esa época explica en muy buena medida las sincronías temáticas, pero también es ostensible que hubo una matriz ideológica común para todos aquellos escritores porque las élites de la inmediata post-independencia compartieron problemas muy semejantes relacionados con los desafíos de la afirmación de un nuevo sistema político, la legitimación de un personal político y la puesta en marcha de instituciones y funciones asignadas a novedosas estructuras estatales. Mencionemos algunos ejemplos: en el decenio de 1820, desde México hasta Chile, hubo preocupación por los alcances perturbadores del principio de la soberanía popular y los escritores hallaron en el pensamiento político europeo, quizás más claramente en el francés, la entronización del principio de la soberanía racional que les adjudicaba a las élites ilustradas una función tutora en la democracia representativa. También hay trayectorias diferentes del periodismo que hablan de situaciones políticas disímiles; mientras en lo que fue Nueva España persistió la censura previa garantizada por la prolongación de las autoridades virreinales, en el sur de América fue más perceptible la expansión de periódicos al amparo de legislaciones que aseguraban una censura a posteriori. Mientras en la Nueva Granada fue notorio el silencio obligado por la guerra de la Independencia, entre 1815 y 1820, en el Río de la Plata pudo afianzarse un núcleo influyente de periódicos. Y aunque en México parece haber prevalecido la tonada autoritaria en materia de impresos hasta bien entrado el siglo XIX, eso no fue obstáculo para que se afirmara política, social y económicamente la figura del impresor.

Lo más aleccionador de un ejercicio de investigación de esta índole es el contacto con tradiciones historiográficas y situaciones documentales diversas. Hay tradiciones de compilación e interpretación muy distintas, unas más adelantadas que otras, pero en términos generales siguen haciendo mucha falta esfuerzos editoriales y bibliotecológicos que pongan a disposición de los investigadores y el público en general un acervo de publicaciones periódicas representativas del proceso de transición a la vida republicana. México y Argentina parecen llevar la delantera en la organización editorial de colecciones facsimilares de periódicos. Lo hecho por la Biblioteca de Mayo, en Argentina, hacia 1960, es de enorme utilidad; a eso se agrega el cuerpo de investigaciones que aporta la Academia Nacional de Periodismo de ese país y todos aquellos investigadores afiliados, de un modo u otro, a lo que conocemos hoy como historia intelectual y que tiene difusión generosa en la revista Prismas. En México, el Instituto Mora ha asumido un liderazgo en los estudios relacionados con las historias del libro, la prensa y la lectura; al lado de eso, los archivos de la capital mexicana, aunque dispersos, conforman un conjunto de posibilidades documentales que no se agota fácilmente. Escritores paradigmáticos como José María Luis Mora y José Joaquín Fernández de Lizardi han sido objeto de compilaciones y estudios preliminares exhaustivos. Mientras tanto, los portales de internet de la Biblioteca Nacional de Chile y de la Biblioteca Nacional de Colombia han permitido la disponibilidad de algunos títulos de periódicos que son insoslayables en un estudio de esta naturaleza.

La conversación historiográfica en América Latina es hoy muy nutrida, gracias, en buena medida, al camino recorrido en los dos o tres últimos decenios por la llamada “nueva historia intelectual”. Se trata de un campo historiográfico consolidado a pesar de su vaporosa condición; una supuesta superación de la tradicional historia de las ideas que dialoga con las historias del libro y la lectura, con formas de historia cultural, con la historia de la literatura y con los estudios biográficos. Esta investigación está nutrida, precisamente, de las reflexiones de la historia conceptual de lo político, en particular lo relacionado con el concepto opinión pública; con aquellos estudios monográficos sobre determinados títulos periódicos; con algunos esfuerzos de biografías intelectuales, tan útiles para entender trayectorias de libreros, impresores y políticos letrados; con formas de análisis del discurso que contribuyen a entender los recursos retóricos y los propósitos argumentativos vertidos en el formato de los periódicos.

Es cierto que la historia intelectual propone un examen mucho más exhaustivo de formas discursivas y que su entronque con lo político es asunto privilegiado en algunas de sus definiciones;18 sin embargo, la sola revisión del componente discursivo de los periódicos constituye suficiente materia para hacer una reconstrucción muy aproximada de lo que fue un lenguaje político. Como lo han dicho algunos representantes de esa zona de estudios históricos, la historia intelectual proporciona principalmente claves de lectura que permiten descifrar las relaciones de implicación que puede haber entre lo escrito y sus autores, entre los agentes productores de discursos y los procesos de organización de los medios de enunciación de esos discursos, entre esos medios y las condiciones de poder en que esos discursos se producen. Todo eso constituye, a nuestro juicio, un momento histórico del lenguaje político en que predominan ciertos individuos, ciertos temas, ciertas formas de comunicación y ciertos recursos retóricos.

La importancia concedida al lenguaje en la comprensión de los procesos políticos es uno los aspectos esenciales de la historia intelectual. Por distintas vías y con el empleo de diferentes léxicos, autores emblemáticos como Michel Foucault o como John G.A. Pocock, han examinado el vínculo de estructuras sociales y materiales con la aparición e institucionalización de ciertos lenguajes que son, a su vez, resultados de unas condiciones discursivas que imponen determinadas reglas y posibilidades de enunciación.19 Esa sensibilidad por el lenguaje y por las condiciones o reglas que inciden en la vida de la polis ha tenido un tratamiento sistemático en la historiografía política francesa, con una derivación afortunada en las contribuciones de François-Xavier Guerra.20 En esta investigación hemos pretendido demostrar que en la prensa americana de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX hubo una elaboración colectiva de un lenguaje político que informa de las condiciones de funcionamiento del régimen político. Ese lenguaje estuvo hecho de unas prácticas predominantes de comunicación plasmadas principalmente en el periódico, concebido por los agentes políticos de la época como uno de los medios más eficaces, sino el más eficaz, para las urgencias de la conversación pública cotidiana.

La invención de ese lenguaje no fue un hecho espontáneo ni un hecho estilístico surgido de la nada. La escritura de la prensa se basó en los conocimientos acumulados de los redactores de periódicos —los “escritores públicos” o “publicistas”— que poseían unos conocimientos jurídicos, teológicos y retóricos obtenidos según los cánones ilustrados y católicos. Trataron de escribir según el orden de la razón y con base en evocaciones de elementos propios de una educación que les había permitido hacer analogías entre el momento que vivían y otros semejantes en la historia de la humanidad, de ahí el inventario de imágenes, metáforas y frases provenientes de las experiencias democráticas en la Roma y la Grecia antiguas. La recuperación de un republicanismo antiguo hizo vigentes unos conocimientos histórico-políticos que sirvieron de guía en la imaginación de un nuevo orden a partir de la crisis monárquica de 1808. Los periódicos que nacieron en esa primera mitad de siglo, y con mayor insistencia hasta la década de 1830, estuvieron fácilmente poseídos por autores y obras que evocaban ese mundo antiguo que puso a funcionar ciertas ideas de democracia.21

¿Cómo hemos llegado a esta constatación? Los historiadores leemos periódicos que suelen tener, para nuestras indagaciones, un valor referencial. Pero solemos olvidar que esos documentos son, ellos mismos, unos hechos históricos, productos de la acción y del pensamiento, expresión de las relaciones entre los individuos. Esta vez no hemos tomado los periódicos de una época como un recurso documental para indagar por algo externo a los periódicos mismos; ellos no han sido dispositivos para indagar por otros hechos históricos porque ellos han sido, esta vez, el hecho histórico que hemos querido comprender. En esta ocasión era necesario saber qué decían los periódicos, cómo lo decían y por qué. Digamos, entonces, que hemos estado próximos a un análisis textual, a un examen de contenidos y formas, de autores y estilos, de recurrencias del lenguaje y de rupturas significativas en ese lenguaje. La prensa examinada, siguiendo aquellos títulos que juzgamos lo suficientemente representativos de algún estado de evolución de la instauración del periodismo en varios países de la América española, ha constituido para nosotros un corpus textual con su propia historia. Ese largo corpus contiene una historia de fabricación colectiva de un lenguaje de deliberación pública.

También nos hemos detenido, cuando lo hemos considerado forzoso, en elaborar semblanzas biográficas que ayuden tanto a entender trayectorias individuales como tendencias generales. Hemos estado hablando de un mundo letrado compuesto de individuos provistos de legados, prolongadores y transformadores de acumulados retóricos; sus vidas fueron, en buena medida, trayectorias de comunicación, parábolas de una sociabilidad productora y reproductora de los principios de deliberación pública. También pueden verse esas vidas asociadas como resultado y expresión de las disputas por la hegemonía en el campo de la opinión pública, porque fueron las figuras centrales de la afirmación de una cultura letrada que sirvió de fundamento en la instauración de un nuevo orden político. No perdamos de vista que hemos examinado un momento de emergencia y formación de un personal que imbricó sus dotes letradas en la legitimación de un nuevo agente político. Fueron escritores de prensa impelidos por la necesidad de intervenir en el moldeamiento del nuevo orden político y, por lo tanto, escritores de lo político, deliberantes acerca de las condiciones o reglas de funcionamiento de la vida pública. Definidores de la estrechez o amplitud de la discusión pública cotidiana; en consecuencia, creadores de un lenguaje político. Esos individuos dejaron en su obra escrita, reflexiones, definiciones y auto-definiciones. Referirse a ellos en esta obra nos condujo a un ejercicio prosopográfico o, al menos, a esbozos de biografías útiles para explicar el proceso general al que pertenecieron.

El libro

El libro ha sido organizado en cinco capítulos que intentan ser un conjunto narrativo y explicativo de un proceso. Nos pareció indispensable un primer capítulo concentrado en la definición de los rasgos fundamentales de la publicidad en el Antiguo Régimen, especialmente en lo concerniente a la importancia concedida, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, a la fundación de periódicos con apoyo muy restrictivo de las autoridades coloniales. Este capítulo nos ha servido también para mostrar que algunos esquemas de comunicación utilizados en años posteriores tuvieron emergencia durante estos tiempos de censura monárquica.

La figura del escritor por encargo, sometido a los designios de las autoridades monárquicas fue, en medio de las restricciones, el esbozo de los publicistas oficiales aupados por las autoridades del Nuevo Régimen. El capítulo siguiente es un examen detallado de los procesos legislativos que vivió, en los países estudiados, la libertad de imprenta y a eso le hemos agregado el análisis del sistema de jurados de imprenta. Aquí son evidentes las diferencias sustanciales en la aplicación de la nueva libertad de imprenta, algo estrechamente relacionado con el carácter de la dirigencia política y sus actitudes con respecto al proceso de separación del dominio español. La libertad de imprenta tuvo aplicación desigual, la censura a posteriori estuvo reglamentada y movilizó de modo episódico a notables lugareños que hicieron parte de los tribunales o jurados de imprenta. El capítulo tercero está consagrado a la figura del impresor, un agente social de la política que ayuda a entender las condiciones materiales en que se desplegó un frente publicitario que tuvo relaciones directas con el personal político y, en muchos casos, con el Estado. Nuestra semblanza del impresor y su mundo inmediato es, seguramente, incompleta y ha dependido, en muy buena medida, de las condiciones documentales muy desiguales al respecto y en la que se destacan los acumulados de la historiografía y la archivística en México. Los dos últimos capítulos están concentrados en el análisis del sistema de deliberación pública entre los decenios 1810 y 1830, aunque no faltan menciones explícitas a episodios anteriores y posteriores a ese lapso. El cuarto, en particular, pretende mostrar los forcejeos entre la pretendida opinión oficial y las opiniones particulares, y en la coda de este libro, el quinto capítulo, se detiene en los elementos constitutivos de lo que podemos llamar el lenguaje político de la república.

Diario Literario de México, México, 12 de marzo de 1768.

Fuente: https://archive.org/details/1983280.0001.001.umich.edu

1. Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (París : Pléiade, 1992 [1835]), 207.

2. Me refiero especialmente a los aportes de Elías José Palti y Carlos Altamirano y, en general, al esfuerzo difusor de la revista Prismas de Buenos Aires. Carlos Altamirano, “De la historia política a la historia intelectual. Reactivaciones y renovaciones”, Prismas - Revista de Historia Intelectual, no. 9 (2005):11-18; Elías José Palti, “La nueva historia intelectual y sus repercusiones en América latina”, História Unisinos, no. 11 (2007): 297-305.

3. John G. A. Pocock, Virtue, Commerce, and History (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 2-4.

4. John G. A. Pocock, Pensamiento político e historia. Ensayos sobre teoría y método (Madrid: Akal, 2012), 101-118.

5. Quentin Skinner, Lenguaje, política e historia (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2007), 205-208.

6. Michel Foucault, L’archéologie du savoir (París: Gallimard, 1969), 61, 167-171.

7. Sobre la importancia excesiva o muy limitada que le concedamos en nuestras historiografías a la Ilustración española y su influjo en las élites americanas y, sobre todo, a la conexión con el proceso de Independencia, ver: Jonathan Israel, Democratic Enlightenment: Philosophy, Revolution, and Human Rights, 1750-1790 (Oxford: Oxford University Press, 2011), 504-534.

8. Veremos más adelante qué tan apropiada es la denominación de escritores vasallos.

9. Quizás sea necesario recordar que se trató de una “Revolución que no incumbió solamente a los notables”, como lo explica ampliamente Isidro Vanegas, La Revolución neogranadina (Bogotá: Ediciones Plural, 2013), 129.

10. “Lo radicalmente nuevo es la creación de una escena pública cuando este nuevo sistema de referencias deja los círculos privados en los que hasta entonces había estado recluido, para irrumpir en plena luz”, François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias (México: Fondo de Cultura Económica, 1993) 13. El historiador Roberto Breña acoge, grosso modo, la tesis de Guerra, sobre todo en lo que concierne al advenimiento de una modernidad que incluye novedades doctrinarias, cambios institucionales y transformaciones en la praxis política, véase Roberto Breña, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824 (México: El Colegio de México, 2006).

11. Jürgen Habermas, Historia y crítica de la opinión pública (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1981 [1962]), 125-160.

12. Aquí nos basamos en el prolijo estudio de José Benito Garzón, concentrado en el periodo 1770-1830, en que analiza casi un centenar de acciones colectivas y halla un repertorio común de comportamientos. José Benito Garzón, Cultura política y acciones colectivas contenciosas de los sectores subalternos en el suroccidente colombiano, 1770-1830 (tesis de doctorado, Universidad del Valle, 2017).

13. Clément Thibaud, examinando los principales periódicos neogranadinos de finales del siglo XVIII, habla acerca de cómo contribuyeron esas publicaciones a la difusión de ciertas virtudes políticas Véase Clément Thibaud, Libérer le Nouveau Monde. La fondation des premières républiques hispaniques, Colombie et Venezuela (1780-1820) (Nantes : Les Perséides, 2017), 56-57.

14. En el desciframiento de este primer momento comunicativo, destaco los trabajos de Mona Ozouf, “Le concept d’opinion publique au XVIIIe siècle”, Sociologie de la communication 1, no. 1 (1997): 349-365 y de Jaime Andrés Peralta, Los novatores. La cultura ilustrada y la prensa colonial en Nueva Granada (1750-1810) (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2005).

15. Noemi Goldman, “Legitimidad y deliberación: el concepto de opinión pública en Iberoamérica, 1750-1850”, en: Javier Fernández Sebastián (dir.), Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850 (Madrid: Fundación Carolina, 2009), 981-1010.

16. Me refiero a lo aportado en algunos de sus ensayos reunidos en François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas (México: Fondo de Cultura Económica, 1992).

17. Más por razones prácticas que por asuntos conceptuales de la investigación, decidimos no abordar el examen de la prensa de otros lugares de América Latina. Habría sido interesante detenernos más en lo sucedido en Lima o, también, habríamos podido tratar con mayor detalle la evolución de la prensa en Venezuela. Por ahora, nos parece suficiente la visión de conjunto y el análisis comparado que hemos logrado en este trabajo.

18. Por ejemplo, para Elías José Palti la “nueva historia intelectual” es una renovación del estudio de los lenguajes políticos. Una definición de ese campo historiográfico, se puede ver en Elías José Palti, El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado (Buenos Aires: Siglo XXI, 2007).

19. Para ello, hemos tenido en cuenta: Foucault, L’archéologie du savoir y algunos ensayos reunidos en Pocock, Pensamiento político e historia.

20. Nos referimos a François Furet, Penser la Révolution française (París: Éditions Gallimard, 1978) y a Pierre Rosanvallon, Le moment Guizot (París: Éditions Gallimard, 1985).

21. La revolución política como un retorno a los antiguos paradigmas de la organización de la vida pública es examinada en Hannah Arendt, Sobre la revolución (Madrid: Revista de Occidente, 1963) y en Reinhart Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos (Barcelona: Paidós, 1993). De este último ver especialmente el capítulo titulado “Criterios históricos del concepto moderno de revolución”.

Capítulo 1
La opinión pública en las claves del despotismo ilustrado

La utilidad de los Diarios por sí misma se manifiesta; así por el aprecio que de ella hacen las naciones sabias como también porque en todos los Reinos en que florece la literatura permanecen, aunque hayan tenido algunos contratiempos.

Joseph Antonio de Alzate y Ramírez, Nueva España, 1768.1

Mutaciones en el mundo de la opinión letrada

La historiografía latinoamericana coincide en afirmar que entre 1767 y 1810 hubo cierta homogeneidad en los espacios públicos de opinión de las posesiones españolas en América. En los lugares que nos interesa concentrar nuestro análisis hallamos más semejanzas que diferencias y, sobre todo, la tendencia a una expansión de las formas de comunicación que pasó por algunas innovaciones asociativas y periodísticas. La expulsión de la Compañía de Jesús fue un punto de inflexión en la relación de la Corona con sus posesiones; aunque tuvo un indudable sello autoritario, pareció dar inicio a una etapa propicia para la circulación de saberes y para cierta expansión asociativa en las coordenadas muy estrechas de la gente ilustrada. Unos han constatado, por ejemplo, un incremento del comercio del libro y un ambiente más propicio para su circulación;2 otros, más recientemente, constatan, además de una “renovación del periodismo”, la voluntad de aplicar una política cultural en un variado espectro que estaba ceñida, en líneas generales, a las coordenadas de la moderada ilustración española.3 Eso entrañó la múltiple tentativa peninsular de modificar los estudios universitarios, de proyectar la utilidad de ciertos avances tecnológicos y científicos, de obtener inventarios de los recursos naturales de sus posesiones y, por supuesto, de expandir los beneficios informativos de la prensa.

En los años finales del siglo XVIII, el interés por conocer “papeles públicos” españoles, ingleses, franceses y hasta de otros lugares de América, hizo parte del proceso formativo de una comunidad letrada interesada en la difusión de sus ideales ilustrados.4 Algunos autores explican una mutación en los intereses lectores en el lapso que referimos, en donde se evidencia un paulatino abandono de los libros científicos que tuvieron generoso lugar en los inventarios de las bibliotecas particulares, en los epistolarios de algunos hombres “sabios” y en las citaciones o evocaciones de algunos periódicos pretendidamente difusores de las ciencias útiles para el reino; en relación con la creciente curiosidad por una “nueva ciencia”: la política.5 Es cierto que el ejercicio de la opinión siguió controlado por las autoridades coloniales que otorgaban o no, licencias de publicación y mantuvieron una fuerte censura previa; sin embargo, en medio de ese ambiente estrecho para la comunicación, hubo un tenue pero significativo florecimiento de “papeles públicos” en los que se mezclaron la necesidad publicitaria de la Corona con el interés de algunos escritores por cumplir, a veces de modo obsequioso, una labor de agentes de comunicación de los actos de gobierno y de los propósitos ilustrados de la monarquía.

Algunos historiadores consideran que hubo en esos años una relación ambigua en la que se mezclaron las necesidades de difundir y prohibir, en la que hubo desconfianza y a la vez convicción sobre los efectos de la circulación periódica de ideas. Esa ambigüedad produjo momentos de tensión y represalias como, también, consolidó una incipiente esfera de opinión letrada, exclusiva y excluyente, pero productiva y significativa que se plasmó en la existencia de algunos periódicos que sirvieron para forjar las premisas de la opinión letrada permanente, regular, que fue más ostensible y plural después de la coyuntura decisiva de 1808 a 1810.6

Aquellos fueron años de innovaciones en el espacio público que no podemos desdeñar; marcaron el inicio de un modo de escribir y publicar que se fue volviendo sistemático; sirvieron de exposición permanente de un personal letrado que fungió unas veces de escritor, otras de respetado público lector y, más frecuentemente, fue ambas cosas al mismo tiempo; hicieron palpable, por tanto, la existencia de una república de las letras que conversaba regularmente bajo el impulso de “papeles públicos”, en los que las gentes letradas hallaban sentido a su comunión en el hecho de compartir el uso frecuente y público de la escritura, cuya utilidad en la evolución de los saberes o en la felicidad de un reino parecía indudable.

El periódico se volvió, desde entonces, fundamento de los mensajes y prácticas del pensamiento ilustrado; prolongación en la América española del racionalismo europeo, de sus propósitos civilizadores y, en el ámbito de la dominación ibérica, acicate de los proyectos político-administrativos del reformismo de los Borbones. La inmediatez del periódico relegó la tradicional importancia concedida hasta entonces al libro y contribuyó a los cambios en las modalidades de lectura, porque introdujo, al menos como ideal, un público más amplio que iba más allá del listado de suscriptores, volvió determinante la presencia social de los impresores y fue cimiento de una sociabilidad que condujo a un espacio público más activo, a pesar de las restricciones de la censura previa.

Hasta la segunda mitad del siglo XVIII, la historia de la imprenta en Hispanoamérica había sido desigual; la llegada del artefacto dependió mucho de la importancia política y administrativa de cada lugar. En el siglo XVI ya había imprenta en los virreinatos de Nueva España y del Perú, pero a la Nueva Granada y al Río de la Plata llegó en el siglo XVIII. Llegó primero adonde había más riquezas naturales, más población indígena y más urgencias de proselitismo religioso católico. La necesidad de establecer comunicación con las comunidades indígenas en sus diversas lenguas, volvió apremiante el traslado de talleres de imprenta o la elaboración de rústicos mecanismos de impresión; los primeros impresos en Nueva España fueron realizados por las congregaciones religiosas y consistieron, en lo fundamental, en obras didácticas bilingües cuyo propósito primordial fue el adoctrinamiento religioso. A eso se agregó, otra vez en el caso de Nueva España, la existencia de una universidad por Real Cédula de 1521. Necesidades semejantes hicieron posible el establecimiento de la imprenta en Lima. La primera máquina llegó a Nueva España en 1535, por el empeño de los franciscanos; los jesuitas fueron los baluartes de la instalación de una imprenta en Lima en 1581.7 Digamos que hasta bien entrado el siglo XVIII, la imprenta fue el instrumento de la publicidad religiosa católica.

En el caso del Río de la Plata suele mencionarse la probable existencia, entre fines del siglo XVII y comienzos del siguiente, y más por invención que por importación, de una primera imprenta al servicio de las labores evangelizadoras de los misioneros jesuitas en las regiones del Alto Paraná y Alto Uruguay. A este hecho remoto le siguió la instalación de un taller de imprenta donde ya había alguna tradición universitaria, también bajo patrocinio jesuítico; se trata de la imprenta que arribó a Córdoba y comenzó a funcionar en 1766, en vísperas de la expulsión de la Compañía de Jesús. La salida de los jesuitas causó su clausura temprana, casi su olvido, bajo custodia de los franciscanos hasta que a un virrey tenido por humanista se le ocurrió recuperarla y trasladarla a Buenos Aires para resolver de una vez dos problemas: proporcionarle recursos a un orfanato y publicitar las presuntas bondades de la monarquía. Así nació la Real Imprenta de Niños Expósitos en Buenos Aires, de donde salieron los primeros periódicos conocidos: El Telégrafo Mercantil (1801 y 1802) y Semanario de Agricultura, Industria y Comercio (1802-1807).8

La imprenta se estacionó relativamente tarde en el Nuevo Reino de Granada. No hay una larga historia que contar al respecto. Nada que se compare con la tradición impresa en Nueva España o en Perú. Hay una mención, difícil de verificar, de la poco probable llegada de una imprenta a Popayán en 16699 pero, ocupándonos de cosas ciertas, debió llegar por primera vez en 1737, con los jesuitas, e irse también con ellos treinta años más tarde, cuando los expulsaron de América. En 1773 pudo haber un uso marginal de alguna pequeña imprenta en Cartagena y, en definitiva, es en el decenio siguiente que se instala un taller en Bogotá, bajo el auspicio del virrey Manuel Antonio Flórez, funcionario interesado en crear un ambiente intelectual propicio para el proyecto reformista borbón en territorio americano.

La segunda mitad del siglo XVIII señala mayores afinidades en las colonias americanas. La imprenta se volvió un artefacto importante para el proyecto ilustrado, pero su uso tenía que estar moderado por las autoridades coloniales; la publicidad del Estado monárquico acudió a la multiplicación de impresos y, en su mayoría, a hombres sin vínculo con comunidades religiosas para que cumpliesen tareas publicitarias. Los responsables de los periódicos eran unos agentes solícitos —esa es la apariencia— dispuestos a administrar el taller y a redactar “papeles públicos” ceñidos a la férrea censura previa y a la vigilancia de los funcionarios delegados por la monarquía. La relación debió tener algo de conveniencia mutua: la Corona necesitaba ampliar su esfera de influencia en el nuevo continente y a unos letrados con alguna experiencia publicitaria les animaba asumir tareas tutelares en la sociedad colonial. El periódico propició la síntesis de ambiciones, lo que inauguró unos procedimientos de autorización para imprimir y fijó unas condiciones de existencia de un incipiente espacio público de opinión medido por la aparición periódica de “papeles públicos” rubricados, al final de cada entrega, con el sello de superior licencia.

Este capítulo pretende examinar ese momento de mutación del espacio público de opinión, según lo que hemos hallado en la lectura de los más destacados periódicos de la época en varios puntos de las posesiones españolas en América. Con la intención de comparar y sintetizar, hemos leído periódicos de Lima, Buenos Aires, Ciudad de México y Santafé de Bogotá, entre 1767 y 1808. Hemos puesto limen en 1808 porque suponemos, como suponen otros, que a partir de ese año inicia una etapa muy diferente en la historia de la opinión pública y, quizás más precisamente, en la historia de la cultura letrada en Hispanoamérica. Tres asuntos nos parecen dignos de examen: los periódicos, la sociabilidad y el lenguaje. A cada asunto lo acompaña un supuesto: los periódicos debieron ser un hecho publicitario y escriturario relativamente novedoso por sus ritmos de producción, por su formato, por sus destinatarios. La sociabilidad, así fuese, insistimos, en el ámbito distinguido de una élite letrada y bajo los códigos jerárquicos del despotismo ilustrado, tuvo cambios conexos en las modalidades de intercambio entre los individuos. Nuestra última conjetura es acerca de quienes administraron el lenguaje vertido en los rígidos moldes de la prensa, escritores subordinados a las autoridades coloniales, pero, de todos modos, situados en un lugar privilegiado de enunciación. Empecemos el examen.

Los periódicos del Imperio

Asoma de entrada un dato nada despreciable: para la segunda mitad del siglo XVIII, y más precisamente en el lapso que estudiamos, todas las capitales virreinales tuvieron periódicos. Periódicos en Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Santafé de Bogotá; unos más esporádicos que otros. Fueron los virreyes los que auspiciaron, en cada lugar, la existencia de un periódico y algunos fueron, además, protectores de los escritores responsables de las publicaciones. Aún más, en México y Lima, la sombra publicitaria y censora de los virreyes se prolongó hasta bien entrado el siglo siguiente, en señal de resistencia a las novedades políticas que cercaban al viejo Imperio español en América y se empecinaron en sostener gacetas pregoneras del realismo.

La publicidad ilustrada mediante el formato de los periódicos pareció imponerse como parte de la actividad de difusión de la Corona durante el siglo XVIII. Desde el siglo anterior ya había un uso frecuente de gacetas semanales al servicio informativo de las cortes europeas; muy ceñidas a la información oficial, publicaban edictos, bandos, pregones, sermones, leyes, discursos, fiestas, juicios, condenas a muerte. Todo aquello que fuesen actos de gobierno. En el siglo XVIII, el periódico en Europa se volvió un artefacto corriente de la publicidad de Estado y animó, con reticencias, a las gentes letradas que seguían encerradas en sus salones, gabinetes, cafés, bibliotecas. Su prolongación en América fue más cautelosa y tuvo que nutrirse de justificaciones que incluyeron evocar el ejemplo europeo, apelar a la necesidad informativa, la importancia de adherirse al circuito de comunicación letrada, algo que equivalía a ponerse en sintonía con los lemas de la civilización. Precisamente, en el protocolo de las solicitudes de licencia para las publicaciones periódicas se volvió forzoso acudir al ejemplo ilustrado de las cortes europeas, comenzó a decirlo, tal vez, Joseph Antonio de Alzate, cuando propuso el nacimiento del Diario Literario de México, en 1768. Conocedor de los principales “jornales” europeos, sabía cuál era el modelo temático de un periódico destinado a la “utilidad pública”.10

Como extensiones del vasto Imperio español, las colonias en América, mediante sus individuos letrados, solicitaban hacer parte de esa conversación entre impresos cotidianos, eso entrañaba unirse al molde general de la civilización y participar de los propósitos ilustrados de las monarquías. La Ilustración era entendida, en los límites de este tipo de publicaciones, como un ejercicio informativo acerca de “nuestras riquezas”; las riquezas de cada virreinato, claro, y de ese modo se participaba en el movimiento general de las ciencias de la época. Podía aportarse un dato novedoso acerca de la naturaleza, del clima, de las condiciones de la sociedad. El periódico podía ser transmisor de las actividades científicas de los “sabios” del reino distribuidos por los territorios americanos, de modo que era, a la vez, un acto de afirmación de la pertenencia al Imperio español, a los ritmos de la ciencia europea y al circuito general de la comunicación de conocimientos útiles. Conversar más cotidianamente con Europa y a la vez reproducir sus noticias daba una ilusión de continuidad entre la Corona y sus posesiones americanas. Esa ilusión de continuidad dejó de serlo, quizás, luego de los acontecimientos revolucionarios de 1789; desde entonces, la comunicación con Europa tuvo otros sentidos y cautelas relacionados con una inatajable politización y circulación de ideas que algunos estudiosos han preferido caracterizar como una especie de “campo común de experiencia política” que tuvo expresión en, por ejemplo, la difusión del hecho revolucionario francés y la eclosión de tentativas asociacionistas secretas.11

En el virreinato del Perú, el decenio 1790 fue prolífico en la circulación de periódicos. Primero nacieron el Diario de Lima (1790-1793) y el Mercurio Peruano (1790-1795), y les siguió el Semanario Crítico (1791). Por supuesto, el primero era el más ambicioso porque se propuso circular todos los días. Según el “análisis” o plan del periódico, la publicación pretendía despertar del letargo “a la mayor parte de la Nación”. Se sabe que su propósito duró 249 números, lo suficiente para esbozar el tipo de cotidiano que podía funcionar en una posesión americana bajo la vigilancia de las autoridades virreinales.12 El Mercurio Peruano, más consistente porque quizás tuvo mejor respaldo entre la élite limeña, les adjudicó de entrada a los periódicos una importancia sustancial en el moldeamiento de las sociedades ya que a partir de ellos podía fijarse “la época de la ilustración de las naciones”.

Un recuento de lo que había sido la proliferación de “papeles periódicos” en las principales ciudades de Europa hacía parte de la justificación de la existencia de periódicos más o menos similares en el sur de América. Reparar una carencia, ponerse a tono con el ritmo informativo europeo, dar noticias del “País mismo que habitamos”, ilustrar a la nación, incluso la necesidad de satisfacer la curiosidad femenina, todo eso hizo parte, entre otros propósitos, de los fundadores del Mercurio Peruano.13 El Semanario Crítico, que pretendió poco después hacerse a un lugar entre el público limeño, caracterizó con minucia a los papeles periódicos como “unos escritos asimismo públicos, dirigidos a la instrucción y enseñanza de toda clase de personas, proporcionado a todas en virtud de su agradable concisión, claridad y pureza de estilo un método fácil, suave y nada fastidioso”. El periódico podía ofrecerse como modelo de civilidad, porque podía “suavizar la aspereza de las costumbres públicas” y estaba, además, disponible para muy diversos sectores de la sociedad; su lectura era un hecho expansivo:

un papel periódico se lee con facilidad en un sarao, en un almacén, en una tienda, en un paseo, en una tertulia, en un café y en un pórtico, sin detrimento de las honestas labores en que suele ocuparse el bello sexo, sin interrumpir el despacho de los negocios públicos, sin contravenir a la necesidad del placer y del recreo, sin temor de molestar a sus amigos, sin acalorar la cabeza, agriar el estómago, ni faltar el respeto de los santuarios.14

La aparición de estos papeles breves entrañaba, al tiempo, conquistar un público y garantizar un mercado de lectores que permitiera prolongar la vida del periódico. Tanto interés por satisfacer “la variedad de gustos” contenía, sin duda, una preocupación mercantil. Los periódicos, en esos años, como lo intentó el Diario de Lima, buscaban situarse en un lugar privilegiado en la ciudad. Servir de transmisor de noticias comerciales, recordar festividades religiosas, promover ciertas costumbres colectivas, dar a conocer novedades científicas; demostrar, en fin, la utilidad del esfuerzo modelador de la gente ilustrada responsable de aquellos papeles públicos.

Francisco Cabello y Mesa, en Buenos Aires, hacia 1800, afirmaba en el prospecto del Telégrafo Mercantil que los “papeles periódicos” se habían vuelto imprescindibles para transmitir “las noticias oportunas físicas y morales”.15 Por eso, la publicación quedaba atiborrada de adjetivos que debían corresponder a funciones bien definidas en el prospecto que era, por demás, el primer esfuerzo persuasivo del escritor dispuesto a asumir la responsabilidad de la publicación. Definir las funciones del periódico significaba atribuirle unos predicados cuya concreción o no, sería, en adelante, uno de los principales motivos de vigilancia de los censores. El Telégrafo Mercantil, por ejemplo, anunció que iba a ser rural, político-económico e historiógrafo. Cada atributo contuvo una explicación; la más interesante, quizás, es aquella en que dilucida el carácter “político-económico” del periódico, lo cual entrañó, para Cabello y Mesa, revelar su concepción, que era la de mucha gente ilustrada del siglo XVIII, de “la Política humana”. Era, según sus palabras, “un sistema completo” que incluía, principalmente, “cinco capítulos generales”: “1. Sobre las costumbres del Pueblo. 2. Sobre sus leyes salutíferas. 3. La ejecución de estas Leyes por una reglada Policía. 4. Las riquezas y prosperidades de este Virreynato. 5. Su seguridad y grandeza comparativa con los Partidos confinantes y Potencias ultra-marinas”.16

Esos postulados concuerdan mucho con los de otros periódicos. Casi diez años antes, el Papel periódico de Santafé de Bogotá (1791-1797) anunciaba objetivos semejantes.17 Lograr el “conocimiento gubernativo de los pueblos” o examinar “la regularidad de nuestras costumbres” fueron, en las intenciones de la monarquía española, algunas de sus prioridades. Conocer los objetos que rodean a los hombres y conocer a los hombres fueron propósitos que hicieron parte del programa de control de la sociedad entre los gobernantes del siglo XVIII. Volviendo al caso del Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776, algunos estudiosos del periodo en aquel lugar afirman que desde la expulsión de los jesuitas hubo allí una andanada de cambios administrativos que buscaban fijarle unas funciones rentables a aquella parte del sur de América en la órbita de las reformas borbónicas18. El periódico encajaba en el proceso de racionalización administrativa de esos años; según los propósitos adjudicados bajo el control virreinal, un “papel público” era un dispositivo publicitario legalizado para cumplir funciones de sujeción de los individuos a unas premisas de reorganización del gobierno colonial, y la principal premisa, en aquellos lugares que el reformismo borbón buscaba recuperar para su control político, tenía que ver con el aprovechamiento de sus recursos naturales, con el conocimiento exhaustivo de los rasgos de aquellos territorios aún bajo su dominio.

El despliegue informativo de todos los periódicos que nacieron en América en esa época debía dar cuenta del territorio, de los seres vivos, de los seres humanos.19 El inventario permanente de todo aquello que debía estar sujeto al control de la monarquía. El Telégrafo Mercantil intentó cumplir esas funciones, dio cuenta de la actividad comercial en el puerto de Buenos Aires, se detuvo en las dificultades en el puerto de Montevideo, en las consecuencias nefastas del contrabando y publicó memorias sobre algunas provincias alejadas de la capital. Sin embargo, el periódico no encajó del todo en el proyecto gubernamental y murió relativamente pronto sin lograr consolidar un listado de suscriptores y con un débil apoyo asociativo de la élite local.

Renán Silva lo constató en su estudio del Papel periódico de Santafé de Bogotá, la economía fue el tema central que definió el carácter de las publicaciones periódicas de la segunda mitad del siglo XVIII en Hispanoamérica. Pero agreguemos que fue la economía expresada en ciertas dimensiones propias de las técnicas de gobierno de esa época: innovaciones en el conocimiento y gestión de los recursos naturales; control sobre las costumbres de los individuos, con tal de afianzar habilidades favorables para la producción; redefinición administrativa de los territorios coloniales. Un estudio reciente deja ver que ese periódico era un instrumento informativo que buscaba servir de intermediario entre los dictados de la Corona y aquello que podían relatar los notables locales.20 Para las monarquías europeas la modernización económica pasaba por el aprovechamiento riguroso de los espacios bajo su dominio —lo que hoy llamamos ecosistemas— y, en especial, para las reformas borbónicas, se trataba de la creación de una estructura racional —tanto en la burocracia como en las ideas— a favor del máximo aprovechamiento económico de sus posesiones en América. En esa tarea racionalizadora, el periódico económico encajaba en el deseo de difundir postulados generales y de arraigarlos mediante aplicaciones concretas.

La corta vida del Telégrafo Mercantil contrasta con la relativamente larga y apacible de su sucesor, el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio (1802-1807). Sus doscientos dieciocho números, casi siempre de ocho páginas y en formato de un cuarto de pliego, testimonian la vocación económica de sus promotores y también el poder de quienes se sentían representados en una publicación que, desde el primer número, hizo saber que la agricultura debía ser una actividad protegida “por la autoridad pública”. La reivindicación de la agricultura como la actividad económica y científica fundamental en una comunidad tenía que ver, sin duda, con la necesidad de hacer saber a las autoridades del virreinato que ese era el elemento central de la existencia administrativa y política de ese lugar del dominio hispánico. A partir de la importancia concedida a la agricultura se desprendía la triada que le daba sustento al título del periódico: agricultura, industria y comercio, algo definido y defendido en los tres primeros números. El periódico que anunció Hipólito Vieytes, su director, estaba estrictamente inmerso en el sistema de una economía colonial y, sobre todo, acogía las premisas del pensamiento fisiócrata. La agricultura era la actividad económica que dotaba de sentido a la industria y al comercio, pero principalmente era el motor de la actividad estatal. En el primer número fue tajante al respecto: “las verdaderas fuerzas de un Imperio crecen o disminuyen a proporción del respeto, o del desprecio que se ha hecho a la agricultura”.21

La permanencia del discurso de este semanario pareció sostenerse en la sintonía que logró con las autoridades de la Corona y en el apoyo de otros escritores que vieron en el periódico la oportunidad de transmitir con algún sistema un ideario económico. Este periódico muestra dos atributos que comparte con otras publicaciones coetáneas; primero, se ajustó al esquema de difusión de la monarquía y en ese sentido fue orgánico dentro de los propósitos organizativos del reformismo borbón; segundo, plasmó un pensamiento económico o, mejor dicho, fue una especie de periódico de autor. Es cierto que tuvo colaboradores insignes, pero fundamentalmente permitió el despliegue del pensamiento económico de Vieytes que, según los estudiosos de su obra, consistió principalmente en el acomodo de las principales tesis de los fisiócratas y del liberalismo económico de Adam Smith a las circunstancias de una colonia española en el sur de América.22

El segundo atributo no fue exclusivo de este semanario, al contrario, fue rasgo común de los “papeles periódicos” de entonces. Dos explicaciones se nos ocurren, de un lado, la importancia de la figura del autor, el escritor principal o responsable del periódico, tenía cierta preponderancia. Desde la redacción del plan o prospecto se insinuaba un responsable intelectual del periódico, no solamente por la genuina autoría de cada artículo, sino porque tomaba decisiones fundamentales en la recepción de eventuales colaboraciones. El peso de un autor o un escritor responsable ha tenido su impacto en nosotros, los historiadores; solemos hablar, quizás de modo muy inexacto, del Semanario de Francisco José de Caldas o del Telégrafo de Cabello y Mesa o del Diario de Bustamante o del Papel periódico de Manuel del Socorro Rodríguez; por supuesto, esos nombres propios fueron los principales y a veces solitarios propulsores de cada proyecto periodístico, pero en todos ellos hubo algún tipo de colaboración en que intervinieron otros nombres, así fuese de manera esporádica. Y del otro, el periódico era hermano menor del libro; los escritores y lectores tenían en el formato denso del libro el paradigma de la comunicación escrita. El periódico se sometió a ese formato e intentó reproducirlo a pesar de las dificultades inherentes. Eso lo intentó mediante la organización de tomos semestrales o anuales, con índices de materias y autores, orlado con el listado de suscriptores encabezado por las principales autoridades asentadas en la capital del virreinato. El periódico quiso ampararse en la solemnidad del libro en sus primeros pasos, antes de lograr su propio lugar en el mundo cotidiano de los impresos.23

Fueron periódicos imperiales situados en las principales ciudades de las posesiones de ultramar. El establecimiento en las capitales virreinales reprodujo las relaciones de poder; la capital transmitía noticias útiles a las provincias, y las élites lugareñas, a su vez, debían entrar en conversación con el periódico situado allá, en tal o cual ciudad principal. Por tanto, reproducía unas jerarquías y una estrategia publicitaria. La fidelidad a la Corona quedaba plasmada en el ánimo “patriótico” con que las gentes ilustradas de cada virreinato contribuían a la acumulación de información sobre la situación de la población y el territorio. Fueron, en consecuencia, periódicos subsidiarios del modelo comunicativo legado por el periodismo ilustrado español de la segunda mitad del siglo XVIII (que, a su vez, no ocultaba vínculos con el periodismo ilustrado francés); algunos escritores, como lo diremos más adelante, habían tenido alguna trayectoria previa en los talleres de imprenta de Madrid. El vínculo era tan inevitable como indiscutible en esos años, América no solamente estaba inscrita en el circuito comunicativo de la metrópoli, sino que, además, era prolongación de un ideario ilustrado y de un espíritu de reformas que tuvieron cauce publicitario en los periódicos. La fundación de los periódicos en las principales ciudades americanas significaba, por tanto, volver concreta una idea de nación española alimentada por la difusión de un mismo lenguaje en molde impreso. Los títulos contiguos de publicaciones periódicas; la condición coetánea de algunos periódicos, tanto en Madrid como en alguna capital americana; la semejanza en la organización tipográfica y hasta las alusiones directas a escritores y periódicos de la metrópoli, todo eso informa de una comunidad que compartía un lenguaje de comunicación cotidiana.24

En los periódicos que surgieron entre 1768 y 1808 se repitió la exaltación de los beneficios que podían producir los “papeles periódicos”. La gaceta o el papel periódico eran vistos como extensión de la epístola entre particulares, eran cartas públicas, “comunes”, que podían cumplir con la función de avisar lo que ha sucedido o se ha dicho en algún lugar, servían además como compiladores de cuanto “conocimiento útil” podía existir. Los responsables de esos periódicos solían sugerir un abanico de temas que, según el sello del “buen gusto”, eran las contribuciones literarias más deseables en ese proceso de comunicación entre la península ibérica, la capital del virreinato y las pequeñas realidades aldeanas que el periódico pretendía poner en sintonía. Los periódicos iban reuniendo un inventario administrativo de características, recursos, dificultades y soluciones, todo aquello que pudiese contribuir a la prosperidad y armonía política del reino. En su prospecto, el Papel Periódico de Santafé de Bogotá anunció el deseo de recibir contribuciones intelectuales provenientes de diferentes lugares del virreinato: “Así mismo se darán a luz cuantos papeles análogos a la materia se sirvan suministrarnos los buenos patriotas que se interesen en la perfección de este. Debiéndose entender no solamente los habitantes de la Capital, sino de las otras Ciudades y poblaciones del Reino”.25

Escribir en público, y para un público, poseía un atributo multiplicador: “Desde que se halló el admirable Arte de la Imprenta, se multiplican con indecible facilidad los escritos de todas las clases”.26 Los papeles periódicos podían difundir “noticias”, “asuntos interesantes”, “anécdotas literarias”; el Papel periódico de Santafé, en 1791, se situó a su modo en un ámbito “republicano” al atribuirles a los “papeles periódicos” la capacidad de contribuir “al bien de la causa pública”; el Correo Curioso, en 1801, repitió el elogio del atributo multiplicador, en su prospecto señalaba que el papel periódico “facilita la circulación en el público de muchas producciones estimables”.27

Los responsables del Diario de México, en 1805, le otorgaban a su periódico un amplio espectro de contenidos; la variedad temática era resultante de una de las funciones primordiales del periódico: “entretener el gusto de todos”, lo cual delataba el deseo de cautivar un público lector más o menos amplio.28 Francisco José de Caldas, en el primer prospecto del Semanario del Nuevo Reyno de Granada, en 1808, anunciaba un periódico “consagrado principalmente a la felicidad de esta Colonia”;29 luego, al anunciar su periódico para 1809, concebía una intensa comunicación entre todas las unidades administrativas y autoridades del virreinato, comunicación mediada por el periódico: cartas, memorias, descripciones físicas, todo aquello que hablara con “exactitud y verdad de cada Provincia, de cada Curato, de cada río, de cada montaña, de cada planta”, podía ser registrado en el semanario. Este ánimo de exhaustividad informativa hallaba, en el propósito ilustrado de su periódico, una consolidación genuina.30

Los periódicos, a pesar de la brevedad del formato y de su aspecto fragmentario e incompleto que solo tenía solución en el momento de completar un tomo, fueron adquiriendo prominencia en el espacio público de opinión. Sin embargo, lo que nos interesa subrayar es que adquirieron una función normativa cuyas proporciones quizás no hemos examinado debidamente. Fueron insinuando su capacidad reguladora de la sociedad colonial; primero, del modo más evidente, como divulgadores de propósitos de reorganización económica en el esquema de subordinación ante la monarquía española. Luego, de modo más sutil, cuando su organización tipográfica y sus secciones temáticas establecieron un ritmo de conversación cotidiana con las gentes letradas de cada lugar. Eso permitió definir los contornos de un público lector que incluía al hacendado que avisaba de la venta de algunos esclavos; a los fieles católicos que podían recordar el calendario de festividades de su credo; a las mujeres patrocinadoras de tertulias; al sacerdote católico con afanes eruditos; a las autoridades virreinales que revisaban y corregían, en lo posible, cada edición antes de imprimir. Así se fueron adhiriendo esos papeles públicos a la conversación cotidiana de los círculos letrados de cada ciudad y cumplieron un papel publicitario en la difusión de los propósitos político-administrativos de la Corona española.

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