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Name: La transición española
Author: Eduardo Valencia Hernán
ISBN: 9788418411960

Eduardo Valencia Hernán

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La transición española. Una visión desde Cataluña.

Tomo II

Eduardo Valencia Hernán

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Editado por Tregolam (España)

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1ª edición: 2021

Este libro está basado casi en su totalidad en un resumen escueto de mí Tesis Doctoral La Asamblea de Cataluña (1970-1978) realizada entre el año 2000 y el 2011.

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LA TRANSICIÓN. EL CAMBIO DEMOCRÁTICO

Con la desaparición del general Franco comienza una etapa histórica para nuestro país conocida como la Transición Española. Mucho se ha escrito sobre ese periodo tan corto en lo temporal como intenso en acontecimientos políticos y sociales; sin embargo, tal como va transcurriendo el tiempo, van surgiendo del anonimato nuevos documentos y testimonios sobre aquellos hechos que nos permiten amoldar con coherencia las diferentes interpretaciones que los historiadores han publicado a lo largo de los últimos treinta años.

El historiador Rubén Vega, en su artículo titulado: “Demócratas sobrevenidos y razón de Estado. La Transición desde el poder”, nos presenta una de estas versiones poniendo en cuestión a aquellos que afirman que la realización de las reformas que condujeron al cambio desde el régimen dictatorial a la democracia, partieron exclusivamente desde el poder, sin tener en cuenta, por un lado la madurez del pueblo español y, por otro, la presión ejercida desde abajo por las intensas movilizaciones sociales, sin poder olvidar otros factores como los de carácter internacional, pues España era la última dictadura en la Europa occidental después de la caída de los regimenes autoritarios de Grecia y Portugal.

Otros historiadores, sin embargo, han resuelto el tema mediante el protagonismo ejercido por los cuatro artífices de la Transición: el rey Juan Carlos I, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Torcuato Fernández Miranda,1 dando la sensación que los directores de la reforma desde el franquismo a la democracia fueran en el fondo unos demócratas convencidos que encontraron su oportunidad de romper con lo que ellos mismos habían apoyado durante décadas. Sea como sea, aunque esta hipótesis fuera factible, resulta poco creíble, aunque ocurriera el caso de que ellos mismos se hubieran autocalificado como demócratas.

En realidad, este cambio reformista fue un cúmulo de acciones, unas preparadas y otras forzadas, donde la presión ejercida por la oposición, aunque algunos opinen que se produjo en un ambiente de desmovilización de la sociedad civil, actuó como catalizador de estos actos.

Sin duda alguna, el recuerdo de la guerra civil y el miedo a la represión franquista todavía continuaban en lo más profundo de la sociedad, sobre todo, los que lo vivieron o padecieron una dura posguerra; sin embargo, los más jóvenes comenzaban a percibír el franquismo como un sistema caduco y no como un régimen dictatorial y policial, por lo que la actitud de esta nueva generación de españoles sería la encargada de llevar adelante el grueso del trabajo de oposición democrática diferenciada preferentemente entre el movimiento obrero y el estudiantil.2

Tras la muerte del presidente Carrero Blanco en 1973, se produjo un nuevo impulso organizativo de la oposición democrática, siendo la Asamblea la que llevó la mayor representatividad antifranquista en Cataluña, junto a la Junta Democrática que, a partir de 1974, llevó la iniciativa en el resto del Estado español. De esta forma todo parecía ir encaminado en la búsqueda del gran salto desde la dictadura a la democracia, sumándose a ello la gran conflictividad laboral provocada en parte desde dentro de las estructuras sindicales, donde las candidaturas ganadas por CC.OO en las elecciones sindicales de 1975 comenzaban a dar sus frutos.

Las fuerzas entre los dos bandos estaban preparadas para dirimir su lucha final, aunque la cuestión era el cómo se iba a realizar, ¿mediante la ruptura o la reforma?

La frase atribuida a Carlos Arias Navarro de que: “o hacemos el cambio nosotros o nos lo hacen”3 me parece de lo más acertado, aunque otros, hábilmente, utilicen ese lenguaje con el propósito de justificar su pasado en aras del objetivo cumplido, como así afirmaba el antiguo jefe nacional del SEU y posterior ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa: “La izquierda es la que enarbola la bandera de la democracia. Nosotros nos limitamos a traerla. Nada menos”.4

Lo cierto fue que los testimonios que brindan los protagonistas principales de la Transición, tal como dice Rubén Vega, a parte de ser textos filtrados y desvirtuados por el tiempo, en el fondo retratan a unos gobernantes obsesionados por los peligros de la conflictividad obrera y las manifestaciones populares, forzados a ceder más que a ser impulsores de las libertades, ciegos e insensibles ante los abusos del régimen al que pertenecían y aceptando los consejos de guerra con resultado de muerte como algo normal y no excepcional a la democracia que pretendían protagonizar. Más bien este cambio de actitud fue debido a la presión ejercida por las fuerzas de oposición y por la presión social que logran domar pero no neutralizar.5

El historiador José Mª Marín es aún más atrevido en sus conclusiones, afirmando que la Transición democrática supuso en realidad una ruptura con el régimen franquista, una especie de ruptura pactada o reforma pactada con efectos reales de ruptura, tal como señala también Javier Tusell.6 De todos modos, la balanza entre la reforma y la ruptura se estaba dirimiendo en las fábricas, universidades y en la calle, causando incontables contratiempos a los reformistas que veían esta presión como un estorbo ante el avance democrático. El propio Salvador Sanchez Terán, siguiendo esta línea, intenta en lo posible desactivar esta presión popular que inunda Barcelona y su entorno, llegando incluso a manipular el sentido de las protestas como algo negativo para la evolución democrática. En los próximos capítulos veremos como se desenvuelve esta situación. Efectivamente, tras la muerte del Caudillo, el presidente Arias tuvo de nuevo la oportunidad con el apoyo del rey de presentar y tomar la iniciativa y llevar a cabo una nueva política aperturista al recibir el encargo de presidir el primer gobierno de la Monarquía; no obstante, fue incapaz de asumir siquiera un programa de gobierno propio teniendo que aceptar el propuesto por Manuel Fraga. Asi que, en el fondo lo único que hizo bien en su corto mandato fue lo que siempre supo hacer: librar al régimen del peligro de sus adversarios. Eso fue lo esencial de su política.

Lo sorprendente del caso fue que el último presidente del franquismo no perteneciera a ninguna familia del régimen ni que tampoco fuera falangista aunque eso no le valiera para entenderse ni con Franco ni con el rey; y que, contra todo pronóstico Juan Carlos I decidiera mantenerlo en el cargo presionado seguramente por distintos sectores del bunker pues incluso el propio falangista Girón, que había sido rechazado a formar parte del anterior gabinete por el propio presidente, apoyó al rey en este asunto ya que, después de todo, era la solución menos mala. Asi, pues, Carlos Arias no dimitió ante el rey en la creencia de que todavia estaba a la mitad del mandato ejercido por Franco, sin saber que, en realidad, el rey deseaba lo contrario.

Sin duda alguna, el primer gobierno de la Monarquía estuvo abocado al fracaso desde su inicio entre otras cosas al ser un gabinete impuesto; sin embargo, en los siete meses que duró pudieron apreciarse algunos rasgos positivos comparados con el anterior ejecutivo, como la incorporación de dos nuevos reformistas: José Mª de Areilza y Joaquín Garrigues en Asuntos exteriores y Justicia, y la incorporación de dos nuevos valores, Alfonso Ossorio y Adolfo Suárez, este último propiciado por el nuevo presidente de las Cortes y asiduo consejero del rey, Torcuato Fernández Miranda.

Las reflexiones del conde de Motrico, uno de los ministros que formaban parte de este gabinete, criticando al nuevo gobierno por su falta de unidad, coherencia y propósito en sus objetivos, sumado al discurso pronunciado por el presidente Arias en las Cortes en enero de 1976, puso en evidencia definitivamente la incapacidad de éste de romper las pautas ideológicas con el franquismo. La propuesta de dos cámaras legislativas con atribuciones sin concretar, la reforma del asociacionismo y el derecho de manifestación pero, sobre todo, sus posteriores manifestaciones contrarias a las pequeñas concesiones que ofrecía, delataban su fijación por el pasado.

La creación en ese mismo mes de una comisión mixta formada por representantes del gobierno y del Consejo Nacional para negociar la reforma constitucional basada esencialmente en el texto que presentó su ministro de la Gobernación titulado “La reforma constitucional, justificación y líneas generales”, resultó de nuevo un fracaso pues carecía de ideas, se queria reformar mucho sin cambiar nada y, sobre todo, se ignoraba la posición del rey. En definitiva, lo que se pretendía era detener cualquier tipo de reforma; incluso desde la primera reunión, el propio presidente se declaró mandatario de Franco y de su testamento.

Otro aspecto en el que cabe profundizar fue la actitud y la estrategia a seguir por la oposición democrática durante el periodo final del franquismo y la reacción del gobierno frente a ésta. La aparición de la Junta Democrática (JDE) y posteriormente, la unión con otros entes unitarios de oposición provocó en el gobierno de Arias Navarro un sensible malestar al intuir éste el peligro unitario de la mayoría de la oposición aunque era evidente que la situación política no aconsejaba optar exclusivamente, como en otras ocasiones, por acciones represivas sino por una estrategia de reacción controlada. De ahí que se aceptase un pluralismo limitado desde el poder donde no se contemplaba ninguna opción ni para los comunistas ni para cualquiera que osara cuestionar el régimen. En definitiva, se trataba de implantar un sistema por el cual se iban concediendo algunas libertades relacionadas con los propios derechos humanos pero que podían ser revocadas en cualquier momento en defensa del interés nacional, o sea, utilizar la táctica de emplear ligeros cambios cosméticos y dejar lo esencial invariable. Sin embargo, el transcurso del tiempo nos ha demostrado que esta declaración de intenciones propuesta desde el poder se vió practicamente desbordada por la presión popular, la llamada “presión desde abajo”, por lo que cada logro de libertad conseguido no fue otorgado por la pura concesión gubernativa sino a través de enormes sacrificios pagados mayoritariamente por la clase trabajadora. Eso si, al menos hasta llegados los primeros comicios democráticos generales, ni con el gobierno Arias ni tampoco con el primer gobierno de Suárez se pudo traspasar la linea roja consistente en excluir a los organismos que pusieran en duda la unidad de España, el sistema capitalista, la monarquía y la forma de Estado establecido, teniendo algunos partidos como el de ERC que arrastrar por mucho más tiempo la ilegalidad de ese republicanismo inherente en sus siglas.

Fueron precisamente los trágicos sucesos de Vitoria y posteriormente los de Montejurra los que marcaron el principio del fin del gobierno Arias que caería definitivamente a finales de junio de 1976, siendo sustituido, por elección del rey, sorprendentemente por Adolfo Suarez, uno de sus ministros.

En resumen, podríamos concluir que las concesiones de libertad y de democracia en la etapa final del franquismo fueron conseguidas a través de una presión constante ejercida desde abajo contrarrestada por continuas represiones dirigidas desde el poder, generando así un arriesgado equilibrio que podría romperse en cualquier momento. Por tanto, cometeríamos un error en aceptar, pese a la insistencia de los protagonistas que inciden en ello, que estas concesiones democráticas fueron concebidas mediante un plan consciente dirigido desde el poder para así conducir la reforma del franquismo hacia una zona realmente democrática por la generosidad y gracia de aquellos que ostentaban el poder.

Junta Democrática de España, París, Enero de 1976

1. VEGA, Rubén, “Demócratas sobrevenidos y razón de Estado. La Transición desde el poder”, en Historia del presente, Madrid, Ed. Eneida, 2008. Volumen 12, II época, pp. 129-154.

2. MARIN, José Mª, “Algunas claves interpretativas de la transición española”, en WAISMAN, Carlos; RAANAN, Rein y GURRUTXAGA, Ander, Transiciones de la dictadura a la democracia: los casos de España y América Latina, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2005, pp. 87-89.

3. OSORIO, Alfonso, Trayectoria politica de un ministro de la corona, Barcelona, Planeta, 1980, p. 37. En VEGA, “Demócratas sobrevenidos (...)”, op. cit., p. 132.

4. MARTÍN VILLA, Rodolfo, Al servicio del Estado, Barcelona, Planeta, 1984, p. 50. En VEGA, Rubén, “Demócratas sobrevenidos (...)”, op. cit., p. 131.

5. En VEGA, Rubén, “Demócratas sobrevenidos (...)”, op. cit., p. 152.

6. MARIN, José Mª, “Condicionantes económicos y sociales de la Transición”. En YSÀS, Pere; JULIÁ, Santos; MARÍN ARCE, José Mª; PÉREZ LEDESMA, Manuel; MAINER, José Carlos; MOLAS, Joaquim; UGARTE, Javier; CHIRLES, Rafael; al cuidado de Carmen MOLINERO, La Transición, treinta años después, Barcelona, Peninsula, 2006, p. 81.

La Asamblea de Cataluña y la Junta Democrática de España

Los intentos de aproximación entre la Asamblea y otras plataformas unitarias de oposición en el resto del Estado español, se pueden catalogar de esporádicos al principio de su formación e intensos después de la muerte del Generalísimo. Desde hacía tiempo la CCFPC y la CPAC habían intentado reunirse con otras organizaciones unitarias en España, buscando interlocutores para estos fines aunque el resultado fue insatisfactorio. En Madrid, después del fracasado intento en el verano de 1971 de formar una mesa democrática unitaria de los partidos de izquierda, se constituyó en 1974 otra mesa democrática regional sin llegar a convertirse en Asamblea del Centro, que era su deseo.

Sin embargo, fue a primeros de abril de 1973 cuando se reunieron diez delegaciones representativas de diversos organismos de coordinación de lucha unitaria en la que estaban representados: Andalucía (Granada y Sevilla), Aragón, Asturias (como observador), Canarias, Cataluña, Galicia, Mallorca, La Rioja y Valencia. En los debates se trataron temas relacionados con la reivindicación nacional que afectaban a Canarias, Cataluña, Euzkadi y Galicia, recalcando una aceptación positiva mayoritaria. También se habló de la descentralización y de preparar una reunión de todas las plataformas unitarias de oposición, buscando un esfuerzo principal en concentrarse por la concreción de la alternativa democrática, rechazándose la falsa apertura y el incremento de la opresión por parte del régimen.

Lo cierto fue que representantes de la Asamblea realizaron entre los años 1973-74, diversas reuniones de plataformas o mesas unitarias en diferentes lugares del país aunque siempre se echaba en falta la ausencia de Madrid que no permitía la estabilidad de esas relaciones. El sacerdote Josep Dalmau, miembro de la Asamblea, comentaba al respecto:

“Y para que no se pueda objetar que la Asamblea fue una reflexión preocupada solo por nosotros y aislada del resto de España, añadiré que yo, un miembro mas de la Asamblea, expliqué el tema en una conferencia en Madrid donde había, entre otros, Ramón Tamames y el portavoz del PCE en Madrid, en otra multitudinaria en Córdoba en el local Juan XXIII, dirigido por José Aumente, ahora ideólogo a la sombra del Partido Andalucista, y en una conversación informal con grupos escogidos en Málaga, invitado por el canónigo amigo de Cataluña, José Mª González Ruiz. Hice una conferencia en Santiago de Compostela sobre la Asamblea, camuflada con el título Xirinachs, premio Nobel de la Paz, y otra en San Sebastián. Y como anecdotario, una conferencia que tenía que dar en Valencia fue prohibida por el gobernador. Y yendo a visitar al obispo Antonio Añoveros para que me diese permiso para hablar en un local de la iglesia, me dijo que no, poniendo en duda agresivamente, y después disculpándose, que yo tuviese −licencias canónicas− para predicar dentro de la iglesia (…).”7

También surgió la noticia de la creación de la llamada Asamblea Democrática de Euzkadi, con cierta similitud en su composición con la Asamblea. Así pues, en vista de la buena aceptación de este tipo de organizaciones dentro de la oposición democrática, se intentó relanzar el concepto de entes unitarios a lo largo de todo el territorio español.8

Por otro lado, hacía tiempo que los partidos de ámbito nacional buscaban una solución que fuera la alternativa al régimen. Para algunos grupos, Juan de Borbón parecía un buen candidato para liderar las fuerzas de oposición; sin embargo, ante la negativa de éste y la enfermedad de Franco, se decidió constituir un organismo de carácter unitario.9 El 13 de junio de 1974 se constituyó en Madrid la Junta Democrática Española (JDE) integrada por PCE, CC.OO., independientes, monárquicos juanistas (Rafael Calvo Serer y Antonio García Trevijano, Partido Socialista Popular (PSP) con Enrique Tierno Galván, grupos socialistas regionales, Partido del Trabajo de España (PTE) y otros.10 El 30 de julio de 1974, en plena enfermedad de Franco, la JDE fue presentada a la opinión pública por Santiago Carrillo y Rafael Calvo Serer simultáneamente desde Madrid y París mediante la “Declaración de la Junta Democrática de España al Pueblo Español”.

El programa presentaba una alternativa al franquismo, mediante el acuerdo entre una burguesía liberal, el movimiento obrero y los partidos de izquierda. En un primer apartado del documento se afirmó que el régimen político español tocaba a su fin, por lo que la desaparición de los factores históricos, ideológicos, económicos y estratégicos que lo sustentaban, impedían su prolongación mediante la monarquía. Para la Junta, la democracia sería el criterio único de la reconciliación nacional y por principio sería total o falsa. Por el contrario, ciertos sectores políticos de la burocracia estatal, y círculos económicos que se alimentaban de él por la corrupción, y que poseían el control policial y político, confiaban en la prolongación del sistema ofreciendo fidelidad y confianza en la continuidad del régimen franquista que pretendía haber dejado “atado y bien atado”, a la fidelidad del príncipe Juan Carlos, a su juramento y a la función de represión interior que ciertos militares atribuían a las fuerzas armadas, con una interpretación abusiva del concepto de defensa de un orden institucional que no inspiraba confianza al país.11 Por eso, la continuidad del Estado exigía por razones de dignidad y responsabilidad nacional la no continuidad del régimen anterior reinstaurándose el Estado democrático; para ello, harían falta unas organizaciones democráticas, líderes conocidos, cuadros políticos y sindicales y un programa de acción para el periodo transitorio sin perder el hecho fundamental en la creencia de una alternativa democrática frente al continuismo del régimen mediante la formalización de la unidad democrática.

Ante ese momento histórico, siendo conscientes de la necesidad de una acción democrática unitaria, informados de la ausencia de un proyecto democratizador del gobierno y decididos a asumir las responsabilidades históricas, se constituyó, con carácter abierto, la JDE con los objetivos y programa siguientes:

1 La formación de un gobierno provisional que sustituyera al actual, para devolver al hombre y a la mujer españoles, mayores de 18 años, su plena ciudadanía mediante el reconocimiento legal de todas las libertades, derechos y deberes democráticos.
2 La amnistía absoluta de todas las responsabilidades por hechos de naturaleza política, y la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas y sindicales.
3 La legalización de los partidos políticos, sin exclusiones.
4 La libertad sindical, y la restitución al movimiento obrero del patrimonio del Sindicato Vertical.
5 Los derechos de huelga, de reunión y de manifestación pacífica.
6 La libertad de prensa, de radio, de opinión, y de información objetiva en los medios estatales de comunicación social, especialmente en la televisión.
7 La independencia y la unidad jurisdiccional de la función judicial.
8 La neutralidad política y la profesionalidad, exclusivamente militar para la defensa exterior, de las fuerzas armadas.
9 El reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política del pueblo catalán, vasco, gallego, y de las comunidades regionales que lo decidan democráticamente.
10 La separación de la Iglesia y el Estado.
11 La celebración de una consulta popular, entre los 12 y los 18 meses contados desde el día de la restauración de las libertades democráticas con todas las garantías de libertad, igualdad de oportunidades e imparcialidad, para elegir la forma definitiva del Estado.
12 La integración de España en las Comunidades Europeas, el respeto a los acuerdos internacionales, y el reconocimiento del principio de la coexistencia pacífica internacional.12

Estableciendo la JDE su sede en Madrid, ésta, tuvo entre sus objetivos el asumir la responsabilidad de vigilar, coordinar, impulsar, promover y garantizar el proceso constituyente de la democracia política de España, disolviéndose el día que comenzase el ejercicio de un poder político legitimado por el sufragio universal de los españoles.

El 16 de septiembre de 1974, dos meses después, el SCPAC y la CCFPC recibieron sendos comunicados de la Comisión Permanente de la JDE ofreciendose ésta a iniciar, cuanto antes, conversaciones oficiales a fin de estudiar el modo de participar en el proceso democrático unitario.13

En toda la oposición catalana, la aparición de la Junta fue mal recibida, entre otras cosas por la ausencia resaltable de socialistas y demócrata-cristianos, y porque respecto a la cuestión de las autonomías, el nivel pretendido por la Junta estaba por debajo de las pretensiones catalanistas. De este modo, era evidente que existían serias incompatibilidades entre las propuestas presentadas por la Asamblea y la propia Junta, como por ejemplo se detalla en el punto noveno del programa de la JDE donde se hablaba de la unidad del Estado español, en contraposición a la reivindicación del Estatuto de 1932 y el derecho de autodeterminación.14

Relaciones entre A.C y JDE. Septiembre de 1975

En respuesta a la invitación efectuada por la JDE se envió el 14 de enero de 1975 a través de la Comisión de Enlace que era el instrumento creado para generar contactos y negociaciones con la JDE y después con la Plataforma de Convergencia Democrática e instancias unitarias de regiones y nacionalidades del Estado español (Euzkadi y Galicia), un comunicado señalando que el 25 de septiembre el SCPAC había recibido verbalmente la invitación cursada para trasladarla a la CPAC. Ésta tomó posición en diciembre de 1974, aceptando el interés del documento en el marco de sus cuatro puntos programáticos, adjuntándoles copia del comunicado de la XI reunión de la CPAC. De esta forma sería la Comisión de Enlace el organismo encargado por el SCPAC para hacer operativa y trasladar las decisiónes propuestas en la Comisión Permanente.

En el comunicado de la XI reunión de la CPAC celebrada el 16 de septiembre15 se intentó explicar como veía la Asamblea la evolución política y social en Cataluña y en España partiendo desde un repaso histórico al desarrollo de la propia Asamblea, la mención de que el 31 de julio de 1974 había aparecido la Junta Democrática de España y la importancia política del hecho de avanzar en un proceso de convergencia, de tal forma que se cursó invitación a la JDE para entablar negociaciones, teniendo claro que la Asamblea era la instancia unitaria democrática de la nacionalidad catalana. Dicho esto, se decidió estar interesados en la discusión, negociación y coordinación política con otras instancias democráticas y crear el organismo para este acuerdo. Finalmente la Asamblea, a través de su comisión, se comprometió a trabajar para ampliar su representatividad y su vinculación con el movimiento del pueblo catalán por conquistar las libertades políticas y nacionales.16

Crida a la Unitat. Secretariado de la Asamblea. Noviembre de 1975

A lo largo de la primavera de 1975, se realizaron diversas reuniones entre la Asamblea y la JDE, llegándose finalmente al compromiso por ambas partes de la renuncia a crear Juntas Democráticas en Cataluña, reconociendo la JDE de facto a la Asamblea como representante de la lucha unitaria democrática. En el documento conjunto titulado: “Proyecto de acuerdo para la articulación de relaciones entre la Asamblea de Cataluña y la Junta Democrática de España”, se acordó establecer entre ellas una relación política permanente, articular su acción política de masas tomando conjuntamente las decisiones políticas que afectasen a los objetivos comunes y trabajar en común para extender esta unidad a todas las fuerzas de la oposición a nivel del Estado español.17 Al poco tiempo de este comunicado, se anunció en Cataluña la formación de la Plataforma de Convergencia Democrática (PCD) con narquistaión socialista, demócrata-cristiano y la socialdemócrata de Pallach.

El 1º de abril de 1975 se publicó el llamado “Manifiesto de la Reconciliación”18 como resultado de las tesis que avalaban la ruptura democrática con la legalidad vigente; documento por el cual estaba claro que el tránsito pacífico de la dictadura franquista a la democracia sería complejo y delicado, como algunas de sus frases hacen entrever:

“La democratización real del Estado autoritario –decía la JDE- sólo se consigue desde un poder político independiente que surja de la sociedad, y que asuma las funciones del Estado cuando tenga suficiente potencia para transformarlo en democrático (…) La evolución democrática del Estado por vía de reformas legales es, objetiva y subjetivamente, imposible (…) Para conservar y garantizar el carácter pacífico del proceso social hacia la democracia, que es lo que el pueblo español desea, es absolutamente imprescindible un acto de ruptura democrática de las leyes políticas de la dictadura, que abra simultáneamente a todas las clases y categorías sociales el proceso constituyente del Estado Democrático (…) La JDE, estimando que los poderes democráticos de la sociedad superan a los poderes reaccionarios, llama a todo el pueblo español, a todas las clases sociales, para que aceleren el momento y encuentren la forma de la ‘ruptura democrática’ del Régimen participando en las siguientes acciones de RECONCILIACIÓN NACIONAL”.19

Estaba claro que para conseguir estos objetivos había que apelar al patriotismo y honor de las Fuerzas Armadas,20 y por otro lado, invitar a través de la JDE a las formaciones políticas que no habían ingresado en ella que antepusieran a sus intereses de partido los superiores intereses de libertad del pueblo español, esperando por otra parte, que la jerarquía eclesiástica amplificara su justa posición conciliar en defensa de los derechos humanos con el ideal moral de superar la guerra civil. También se denunció la violencia de la extrema derecha decidida a provocar la reacción del Ejército y se llamó al pueblo español, especialmente a la juventud, para que aceptase este programa organizando juntas democráticas regionales, provinciales y municipales, apelando a la Asamblea, la Plataforma Unitaria Vasca y la Junta Democrática de Galicia a participar de esta convocatoria bajo el signo político de la restauración de los estatutos de autonomía dentro del Estado español, permaneciendo atenta a las indicaciones y convencida de que al pueblo español la libertad no le sería regalada, por lo que tendría que ser conquistada.21 Días después, la JDE presentó el 11 de abril de 1975 en París, Madrid, Barcelona, Valencia y otras capitales, el siguiente documento:

1.-Las juntas democráticas en sus respectivos ámbitos y bajo su total autonomía, convocarán y coordinarán todo tipo de acción política o social capaz de mover pacíficamente a las masas hacia objetivos concretos de interés para el conjunto de la población o para sectores determinados de la misma, que puedan ser compartidos por las clases sociales opuestas sin renunciar a sus respectivas motivaciones o acciones de clase.

2- La Asamblea, la plataforma unitaria Vasca y la Junta Democrática de Galicia, son invitadas a concurrir a esta convocatoria con las acciones democráticas peculiares de su identidad nacional, bajo el signo político de la restauración de los Estatutos de Autonomía, dentro del Estado Español.

3- Las juntas democráticas regionales son llamadas también a convocar acciones de identidad regional, bajo el signo político de la instauración democrática del poder regional dentro del Estado Español.

4- La Junta Democrática de España, en el momento que determinen las acciones parciales a que se refieren los puntos anteriores, convocará y coordinará en todo el territorio español una jornada de acción democrática, de abstención cívica de toda clase de actividad laboral y empresarial tanto en el sector privado como en el sector público bajo el signo político de la RECONCILIACIÓN NACIONAL.22

En junio de 1975, se publicó un comunicado conjunto entre las delegaciones de La Junta y la Asamblea criticando la grave situación en Euzkadi por el estado de excepción establecido, pidiendo la convocatoria de una jornada de solidaridad, afirmando a su vez el proceso de ruptura democrática con el régimen.

Por otro lado, la JDE, apoyada sobre todo por el PCE, abrió en junio de 1975 contactos con la Plataforma Democrática (PDE) integrada por: PSOE, UGT, Federación Socialista de Euskadi, Izquierda Democrática, Acción Vasca, demócrata-cristianos de Joaquín Ruiz Jiménez, Unión Social Demócrata Española (Dionisio Ridruejo y Antonio García López), Partido Gallego Social Demócrata, Reagrupament Socialista y Democràtic de Catalunya (Pallach), Partido Carlista, Solidaridad de Trabajadores Vascos, Confederación Nacional de trabajadores de Euskadi, PNV, ORT, MCE y Federación de Euskadi de la UGT.23

Esta plataforma, dirigida esencialmente por el PSOE, optó por el federalismo en contra de las tesis promulgadas por la JDE,24 manifestando sus intenciones políticas en una serie de puntos donde expresaba su programa político basado en que la dictadura no era reformable y que la libertad no se negociaba; en cierta forma similar al de la Junta Democrática. El documento también hablaba de la no exclusión y el compromiso por restablecer y consolidar la soberanía popular, y su encargo para organizar un régimen democrático y pluralista con estructura federal de Estado. La libertad de presos, de asociación y expresión fueron otros puntos tratados, así como el cambio de las estructuras socio-económicas y culturales para mejorar la condición de vida, el reconocimiento de las nacionalidades y regiones con personalidad étnica, histórica o cultural dentro del Estado español, y el reconocimiento del derecho de autodeterminación, completaban el documento.25 Fue entonces cuando desde la Plataforma se animó, sin éxito, a la formación de un organismo unitario de oposición al que pusieron por nombre Alianza Democrática del Estado español.

Finalmente, la Junta y la Plataforma llegaron a un entendimiento en ciertas cuestiones con aquiescencia de la Asamblea, como así lo demuestra el comunicado conjunto publicado en septiembre de 1975 en referencia al llamado Decreto-Ley del terrorismo, donde las dos organizaciones afirmaban el fin de toda ilusión aperturista, centrista o reformista, indicando una ruptura con el régimen y con su continuidad sucesoria. A su vez, afirmaban el deseo de lograr el establecimiento de un régimen democrático por métodos pacíficos, rechazando una forma de lucha política basada en el terrorismo individualista y el compromiso de realizar un esfuerzo unitario que hiciera posible la formación urgente de una amplia coalición. No obstante, todo esto sucedería en marzo de 1976, algo después de la muerte de Franco, con la constitución de Coordinación Democrática, la llamada: “Platajunta”.

Hubo ciertas reticencias en la formación de este organismo, como la de Alejandro Rojas Marcos, miembro de la Comisión Permanente de la Junta Democrática, que expuso en un documento editado días antes del acuerdo entre las dos organizaciones, las diferencias entre éstas:

“La Plataforma de Convergencia Democrática nació diciendo que quería la unidad pero, en realidad, lo que hacía era consolidar la desunión, intentando marginar a la Junta por superación (…) la cuestión radica en si, como pretende la Junta, serán miembros del máximo organismo unitario, también, representaciones de las nacionalidades y regiones, o solamente, como exige la Plataforma, organizaciones políticas y sindicales (…) Que se acepte, como quiere la Junta, en los organismos unitarios a todos los niveles, la presencia de las fuerzas sociales, asociaciones de vecinos, colegios profesionales, etc., o sólo, como quiere la Plataforma, partidos y sindicatos”.26

En otro orden, también cabe destacar las acciones efectuadas por la JDE a finales de 1975 y el pleno de esta organización celebrado los días 8 y 9 de enero de 1976, en cuyas conclusiones se intentó reflejar la situación política de nuestro país. En dicha sesión se trató sobre el juicio celebrado contra nueve jefes y oficiales del Ejército, acusados de pertenecer a la Unión Militar Democrática (UMD), y defender los ideales democráticos. También se planteó el problema del Sahara en donde:

“El Pleno ha considerado que el gobierno ha despreciado el legítimo derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y no ha consultado al pueblo español, lesionando con ello los intereses generales del mismo y los particulares de la región canaria, cuya situación reviste una particular gravedad. La solución del gobierno respecto al problema del Sahara ha dañado gravemente el honor del Ejército español así como la dignidad nacional. ”27

Este documento fue firmado entre otros por: Antonio García Trevijano (presidente), Santiago Carrillo (PCE), Nazario Aguado (PTE), Enrique Tierno Galván (PSP), Marcelino Camacho (CC.OO.), Alejandro Rojas Marcos (Alianza Socialista de Andalucía), Ramón Tamames (Junta Democrática de Madrid), Manuel Mora (Junta Democrática de Baleares), Vicente Gutiérrez Pascual (Junta Democrática de Castilla-León), Ramón Fernández Rañada (Junta Democrática de Asturias), José Joaquín Díaz de Aguilar (Junta Democrática de Canarias), Fernando García Audín (Junta Democrática de Galicia), representantes de Juntas democráticas de Andalucía, Extremadura, Logroño, Murcia, Valencia, etc. También asistieron como observadores la Asamblea Democrática de Euskadi y por la delegación Exterior de la Junta, Rafael Calvo Serer, Mario Rodríguez Aragón y José Vidal Beneyto.

Desde Cataluña, el SCPAC presentó una declaración el 11 de noviembre de 1975 con un lenguaje claramente diferenciador en conceptos básicos, como en los términos nacionalidades, naciones, etc., saludando el acuerdo llegado por la Junta y la Plataforma el 30 de octubre pasado y animando a conseguir la ruptura democrática, acabando con el continuismo, y conseguir la conquista de los poderes políticos autónomos en las diferentes naciones y regiones del Estado.28 En el fondo, tal como lo define Jordi Solé Tura, el problema era saber que pintaba Cataluña en todo aquello y, si para conseguir la narquist y las libertades había que pactar con la Platajunta o negociar directamente desde Cataluña, aunque finalmente se optase por la primera elección.29

En resumen, si tomamos en consideración ciertos factores, como que los detenidos de la Asamblea en octubre de 1973 no fueron liberados hasta principios de enero del año siguiente, justo a los pocos días del atentado contra el almirante Carrero Blanco; que a los pocos meses tuvieron lugar las ejecuciones del narquista Salvador Puig Antich y del polaco Heinz Txez, y que en septiembre de 1974 se produjeron nuevas detenciones masivas en Sabadell de delegados de la CPAC en la celebración de la XI Permanente, estaba claro que, a pesar de las adversidades sufridas por esta plataforma en los meses posteriores, ésta ya no podía debilitarse más y que a partir de entonces cualquier acto represivo dirigido por la autoridad gubernativa contra ella la fortalecía, llegando a su máximo explendor cuando se formalizaron sus relaciones con la Junta Democrática de España. No obstante, no debemos confundir el hecho de un crecimiento exponencial de la Asamblea, tanto en expansión territorial como en conocimiento entre la ciudadanía, con una relajación del estricto control a que estaba sometida por el aparato represor. Por tanto, no hubo variación significativa en esta cuestión incluso tras la muerte del dictador. Uno de los presos afectados por esta situación describe perfectamente lo comentado:

“…Y en eso llegó, no Fidel, pero si arribaron la parte masculina de los 113 detenidos de la Asamblea de Cataluña. Y todo cambió de la noche a la mañana. El franquismo podía ser cruel, pero no tonto. Era consciente de que entre aquél aluvión de detenidos se hallaba el embrión de los posibles nuevos dirigentes políticos del país.”30

Sin duda la muerte del general Franco en noviembre de 1975 y la llegada al poder de la Monarquía española representada en Juan Carlos I fueron dos acontecimientos de importante trascendencia en la evolución y la llegada de la democracia a España, teniendo como particularidad una temprana implantación de un sistema de libertades cuando se provenía de un sistema dictatorial y, sobre todo, un cambio donde el coste social y humano no fue lo elevado que algunos esperaban a pesar del serio conflicto que podrían haber desarrollado las diferentes pluralidades que componen la singularidad española, teniendo en cuenta un factor esencial en el recuerdo a un pasado conflictivo y cruel donde todavía perduraba la división entre vencedores y vencidos y que, durante el periodo 1975-80, fueron asesinados 470 ciudadanos.

Comunicado Platajunta. Septiembre de 1975

Carta de Alejandro Rojas Marcos de la JDE

7. DALMAU, Josep, op. cit., p.19.

8. Tele/expres, 30-12-1975.

9. COLOMER, Josep Mª, op. cit., p. 67.

10. MARÍN, José Mª, op. cit., p. 226.

11. FRC, AJR, “Junta Democrática de España”. “Declaración de la Junta Democrática de España al pueblo español”, Carpeta 328/1, Madrid, 29-7-1974.

12. FRC, AJR, Ibíd.

13. FRC, AJR, “Junta Democrática de España”, Carpeta 328/2, 16-12-1974.

14. COLOMER, Josep Mª, op. cit., p. 68.

15. Se comunica el resultado de la XI reunión de la CPAC, en AHCNOC, “Asamblea de Cataluña”. “Al Poble de Catalunya”, Carpeta, 12/1974.

16. Comunicado de la XI Sesión de la CPAC, en MHC, ASSEMBLEA, op. cit, p. 222, 12/1974.

17. AHCNOC, “Junta Democrática de España”, Carpeta, 1974-75.

18. FRC, AJR, “Junta Democrática de España”, Carpeta 328, 1-04-1975.

19. FRC, AJR, Ibíd... “Manifiesto de la Reconciliación”.

20. Carta abierta a las Fuerzas Armadas Españolas por la JDE, en Madrid-Región, en FRC, AJR, “Junta Democrática de España”, Carpeta 328/7, 1-10-1975.

21. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., pp. 212-218.

22. ANDREU ABELLÓ, Josep, “De la Coordinadora a la Junta Democrática” L’Avenç, nº 43, 1981, p. 37

23. MARÍN, José Mª, op. cit., p. 238. Ampliar en AHCNOC, “La Junta Democrática”, Carpeta, 9/1975.

24. TUSELL, Javier, Manual de Historia… op. cit., p. 778

25. FRC, AJR, “Plataforma de Convergencia Democrática”, Carpeta 443, 11-10-1975.

26. “Comunicado conjunto del secretariado de la Plataforma de Convergencia Democrática y de la Comisión Permanente de la Junta Democrática de España”. Artículo Alejandro Rojas Marcos, en AHCNOC, “Junta Democrática de España”, Carpeta, 9/1975.

27. AHCNOC, “Junta Democrática de España”, Carpeta, 1/1976.

28. AHCNOC, “Junta Democrática de España”, Carpeta, 11/1975.

29. SOLÉ TURA, Jordi, Una Història Optimista..., pp., 366-367.

30. FERRAN, Joan, op. cit., p. 34.

El Consell de Forces Polítiques de Catalunya

Desde que Franco había muerto, no había día que la prensa dejara de anunciar constantes sobresaltos, dando la sensación de que la evolución política iba cambiando sin un control previo y acompañado de un cierto aire de anarquía informativa.

En Cataluña, lo que antes era oscuro y clandestino, aparecía de improviso en las portadas de los periódicos con total normalidad. En esa línea, el diario Tele/expres anunciaba en pleno diciembre la constitución del Consell de Forces Polítiques de Catalunya (CFPC) mediante un comunicado redactado por los propios periodistas del diario que decía lo siguiente:

“Hora a hora las cosas están cambiando. Aquí no vamos a adherirnos a nada ni a nadie. Pero está claro que las cosas están cambiando. Y esta página, que intenta ser el reflejo lo más fiel posible, dentro de lo posible, está notando que lo posible es cada vez más. Ustedes lectores, suponemos que también lo están notando. Las causas tampoco vamos a buscarlas. Nos limitamos a ejercer una función notarial de levantar actas. Y, eso si, en eso sí tomamos partido, da gusto poder levantar acta de tantos y tantos aspectos del país que hasta ahora han vivido en los subterráneos. Esta es la noticia: se nos está levantando el tejado. Ayer pudieron comprobarlo con la información del Consell de Forces Polítiques de Catalunya. Los que hacemos esta página −Josep M. Soria, Montserrat Nebot, Manuel Campo Vidal y Lluís Bassets− esperamos que puedan seguirlo comprobando cada vez más.” 31

Desde la prensa oficial del Movimiento se veía con cierto recelo este cambio de actitud permisiva sin darse cuenta que el cambio había empezado sin contar con ellos. El periódico vespertino, La Prensa, se despachaba con estos comentarios:

“Este bendito, querido, emocionante país nuestro está viviendo una de las etapas más curiosas de los últimos tiempos. Una etapa que yo no calificaría aún de dramática, sino sencillamente de tonta (...). La desorientación, interpretados los hechos a través de los periódicos, es general. Se escribe, desvergonzadamente, acerca de los partidos políticos ilegales, de organizaciones subversivas y de personas cuya actividad es contraria a derecho. Se hacen entrevistas y hasta se convocan ruedas de prensa con personas que, con la ley en la mano, figuran no ya en la oposición sino en la pura y simple subversión. Los señores Tarradellas o Leizaola ‘Presidentes de la Generalitat de Catalunya y del gobierno Vasco (1960-79) en el exilio’ se alzan como figuras coordinadoras de movimientos que sólo pretenden romper la unidad española. Ya ni siquiera se habla de España. Los comentaristas utilizan un eufemismo llamado Estado español como pretendiendo ignorar la realidad de la Patria”.32

La noticia sobre la constitución de esta nueva plataforma nacionalista ya venía de atrás, pues ya se había publicado en el New York Times hacia dos semanas y después fue refrendado por la agencia Pyresa. En el documento constitucional se exponía entre otras cosas la tradición histórica e institucional que representaba esta organización y su relación con Josep Tarradellas. Asi pues, el 29 de diciembre, una delegación del CFPC ya constituído, Heribert Barrera y Jaume Casanovas, se entrevistó en Saint Martín Le Beau (Francia) con el presidente de la Generalitat en el exilio, haciéndole entrega de diversos documentos relacionados con la constitución del Consell, siendo informada con anterioridad la propia Asamblea a través de la CPAC.

El CFPC fue concebido como respuesta y solución al llamado “Pacte Catalá”, sumándose de esta forma a los dos organismos unitarios de oposición que existían en aquel momento en Cataluña, que eran la CCFPC, formada exclusivamente por partidos, y la Asamblea, formada también por partidos políticos sumados a otros grupos sindicales, culturales y asociativos.

En un primer momento la formación del CFPC contó con dos posiciones contrapuestas, una representada por el PSUC, que defendía que deberían ser las llamadas organizaciones de masas la base de un organismo con virtualidad de gestión provisional; y la otra la promocionada por el Grup d’Acció al Servei de Catalunya (GASC). Este grupo nacionalista catalán había sido fundado en mayo de 1975 y se disolvió en febrero de 1976 dentro del proceso de creación de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). Desde el primer momento fue dirigido por Jordi Pujol, Miquel Esquirol, Jaume Casajoana y Miquel Sellarés con el fin de conseguir gobernar en base a una gran convergencia de centroizquierda.33 Editaron la revista Cataluña Democrática (1975).

El Diario de Barcelona publicó la composición del CFPC con la excepción más significativa del PTE y la FSC-PSOE, dado su carácter no nacionalista. Estas formaciones eran:

Partido Carlista de Cataluña (PCC), seguidor de Carlos Hugo, representado por Josep Badía y Joan Cabré; PSUC, con Pere Ardiaca y Antoni Gutiérrez Díaz; GASC, nacionalista de centro, con Jordi Pujol y Miquel Roca Junyent, también representando a CDC; ERC, con Josep Andreu Abelló; Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya, socialdemócrata, con Josep Pallach, Josep Verde i Aldea y Heribert Barrera y Cuitó; Convergencia Socialista de Catalunya, con Joan Reventós, Raimon Obiols y Joan Prats; PSAN, nacionalista de izquierdas, con Joan Armet; FNC, centro izquierda nacionalista, con Joan Cornudella y Colominas; Esquerra Democrática de Catalunya (EDC), liberal, con Ramón Trias Fargas y el abogado Jaume Casanovas; PPC, nacionalista, con el médico Joan Colominas y Enric Moltó; UDC, demócrata cristiano, con el joyero y editor Anton Canyellas, Francesc de Borja Aragay y Llibert Cuatrecasas.34

El día 23 quedó formalmente constituido el Consell en una reunión celebrada cerca de Barcelona que comenzó hacia las 5 de la tarde y finalizó pasadas las 10 de la noche. El acto constitutivo se completó al llegar finalmente a la aprobación de los documentos constitutivos, un protocolo y una declaración final.

En teoria, la finalidad de este Consell estuvo dirigida a la negociación unitaria con el resto del Estado con la premisa de un proceso movilizador que culminase con la constitución de un órgano provisional que reivindicase el Estatuto de 1932 y el compromiso de realizar pasos para ejercer el derecho a la autodeterminación.

El último día del año se publicaron los puntos más significativos del acuerdo, anunciando que las fuerzas políticas que lo integraban, después de examinar conjuntamente la actual situación política, habían decidido reunirse en un organismo político unitario que, en la lucha hacia la ruptura democrática, se proponía llevar a término un programa cuyo primer punto proponía la constitución de un organismo capaz de impulsar las tareas de autogobierno. Otros puntos de interés integrados en el documento fueron los referidos a la amnistía general que afectase a las responsabilidades políticas y sindicales; al reconocimiento y protección de las libertades democráticas de conciencia, expresión, prensa, asociación, reunión y manifestación; al reconocimiento y protección del sufragio universal, de las garantías individuales; a la libertad sindical entendida como el derecho de los trabajadores a organizarse libremente con independencia de patrones, gobierno y partidos; al reconocimiento del derecho de huelga, así como a la adopción de medidas inmediatas en función de los intereses más urgentes de las clases populares catalanas en el campo de la enseñanza, la política económica, los salarios, la asistencia social, la política urbana y agraria. En el ámbito territorial, apoyar al País Valenciano y las Islas Baleares para que encuentren su propio camino y, finalmente, se tenía como objetivo la necesidad del sufragio universal para constituir unas Cortes democráticas que aprobase un nuevo modelo legislativo.35

El Consell también manifestó su intención de llegar, mediante el combate político y la movilización pacifica del pueblo, a construir un régimen democrático y pluralista basado en la soberanía popular con el reconocimiento y la garantía de libertades políticas y nacionales del pueblo de Cataluña, por el restablecimiento de la autonomía, y por la amnistía general, todo en camino a la ruptura democrática.

La cooperación con la Asamblea habría de ser activa y con un amplio diálogo, debatiendo con ella, con los sindicatos y con las fuerzas políticas y sociales catalanas para la constitución de un gobierno provisional. Sin embargo, las negociaciones concluyeron con algunas diferencias entre las dos organizaciones, ya que el Consell no hacía mención expresa al rey Juan Carlos I, mientras que la Asamblea por aquellas fechas había hecho una declaración titulada “Juan Carlos no es cap solució”, resaltando que la situación política sólo tenía dos alternativas: el continuismo del monarca o la ruptura democrática.36

Poco después de la entrega del comunicado a la prensa se celebró una cena y una rueda de prensa en un restaurante barcelonés donde se reunieron representantes de los 11 partidos integrantes del CFPC que sumaban casi cincuenta asistentes. Entre las intervenciones de los comensales, lo más destacado fue la referencia al presidente Tarradellas, al recibir éste el documento de manos de representantes del Consell. Jaume Casanovas, integrante de la delegación, dio su versión de los hechos:

“El president pidió que tuviéramos mucho seny (ponderado y juicioso). Dijo que se trataba de uno de los actos más importantes desde la guerra pero que no nos precipitemos. Se alegró de comprobar la unidad de todas las fuerzas y nos aconsejó que no fuéramos demasiado rápido”.37

Por otro lado, la relación que existió entre la Asamblea y el CFPC tuvo diferentes interpretaciones. Miquel Sellarés opinaba que:

“Nosotros, −decía− y cuando digo nosotros nos referimos a una serie de sectores, no solamente de mi partido, entendemos, en esta perspectiva que la Asamblea es un marco de coincidencia política para las movilizaciones, pero la señal de dirección política no la vemos (…) La Asamblea tiene una función muy específica y muy importante, que es la de avanzar, coordinada con el Consell, hacia la conquista de las libertades y hacia la creación del gobierno Provisional de la Generalitat de Catalunya.”38

Para Rafael Ribó, representante del PSUC, había diferencias claras entre la Asamblea y el CFPC y, además, estos dos organismos no tenían que entrar en competencia:

“El Consell es un organismo de partidos, y la Asamblea es un organismo de partidos y otro tipo de organizaciones sociales y de individuos (…) La Asamblea y el Consell desaparecerán el día que hayan conseguido sus programas pero ni la desaparición del Consell ni de la Asamblea querrá decir que desaparecerán los instrumentos de lucha que utiliza: no desaparecerán las CC.OO o aquello que hayan creado, no desaparecerán las asociaciones de vecinos ni los procesos de lucha sectorial de la enseñanza, profesionales, etc. Lo que habrá será un cambio de peso entre aquellos partidos que hoy tienen una fuerza real de presencia en las luchas, de movilización e incidencia, y puede ser no tanta fuerza en un planteamiento electoral, y aquellos partidos que sin tener de mucho, tanta fuerza en las luchas, tienen potencia electoral”.39

La aceptación de un gobierno provisional por parte del Consell no fue del agrado de los pujolistas ni de los demócrata-cristianos que formaban parte de él ya que consideraban dicha fórmula como un error que debilitaría la lucha unitaria; tampoco Josep Pallach estaba de acuerdo afirmando que lo esencial era la voluntad, e incluso la necesidad, de realizar el proceso de democratización y no la persona ni la institución que le diera forma legal. Por su parte, Trías Fargas opinaba algo ingenuamente que si el actual régimen y gobierno entregara en un plazo prudencial una democracia formal y sin condiciones, no se debería entrar en discusiones sobre el origen de esta situación; sin embargo, algún tiempo después, su parecer no era tan optimista:

“Después de un año de experiencia, parece difícil que se pueda imponer una línea de ruptura. Esto de la ruptura se lanzó con la muerte de Franco y al cabo de un año no hemos adelantado un paso, mal que nos pese a más de uno (…) Muy al principio de este año (1976), una serie de partidos estuvimos en contra de la ruptura y así lo hicimos constar. (…) A pesar de todo, nos sometimos por solidaridad a las consignas mayoritarias y durante un año hemos sido inquebrantablemente rupturistas. Pero ha llegado el momento de hacer balance. (…) No podemos seguir para siempre en una pataleta infantil insistiendo en la ruptura y diciendo que no queremos que la democracia se nos entregue otorgada”.40

El año de 1975 llegaba a su fin y nada sería igual a partir de entonces en la vida política y social de los españoles. Grandes acontecimientos habían sucedido en los últimos meses de ese año que hicieron irreversible la situación anterior aunque todo estaba por hacer y el descontento empezaba a crecer por la lentitud en los cambios políticos del primer gobierno de la Monarquia.

En Cataluña, el 16 de noviembre de 1975 unas cuantas personas se encerraron en Montserrat pidiendo la tan deseada amnistía, entre ellos el sacerdote Lluís Mª Xirinachs que decidió iniciar de nuevo el 3 de diciembre una huelga de hambre en protesta por la insuficiente amnistía que el rey no concedió en su totalidad. Al día siguiente, por la mañana, Xirinachs comenzó una estancia frente a la cárcel Modelo que duró hasta el 15 de octubre de 1977.

Así fue como desde el Principado comenzaba una corta pero intensísima etapa de transición a la democracia donde la Asamblea todavía tendría gran protagonismo aunque algunos todavía compartan la idea de que el inicio de éste periodo historico había comenzado con el anuncio de la enfermedad de Franco en el verano de 1974.41

31. Tele/expres, 19-12-1975.

32. Del director Jesús Val Jarrín, comentando que: “Otros periodistas, sin embargo, empezaron a utilizar aquello que se llamó el cambio de chaqueta”. Ver Tele/expres, 31-12-1975. El periodísta Emilio Romero, en su diario Pueblo, se declaró demócrata de toda la vida, algo sorprendente. También en Tele/expres, 19-12-2005.

33. MOLAS, Isidro, op. cit., p. 125.

34. Tele/expres, 19-12-1975.

35. El comunicado se presentó a los periodistas en un restaurante barcelonés con cena-coloquio de representantes de los 11 partidos y los periodistas, en Tele/expres, 31-12-1975.

36. Dichas afirmaciones se basaban en el juramento a Las Cortes y por haberse corresponsabilizado de la opresión y represión sometida por el dictador, en COLOMER, Josep María, “La trayectòria de L’Assemblea de Catalunya (1971-77)”, L’Avenç, nº 43, 1981, p. 19. El continuismo es la medida que no puede resolver ninguno de los problemas graves que se padecen (…) sólo la ruptura democrática será el inicio del camino para satisfacer las exigencias populares y nacionales”. Más información en AHCONC, “Asamblea de Cataluña”. “Per una Catalunya Democrática”, Carpeta, 29-10-1975.

37. Tele/expres, 31-12-1975

38. COLOMER, Josep Mª, op. cit., p. 21.

39. COLOMER, Josep Mª, ibíd.

40. COLOMER, Josep María, “La trayectòria…”. También en la encuesta de El Correo Catalán, 21-1-1976. Ver también. CASTELLÁ GASOL, Joan, Ramón Trías Fargas. Perfil humano y político, Madrid, Cambio 16, 1977, pp. 107-108.

41. GUERRA, Alfonso, op. cit., pp. 206-209.

El continuismo del gobierno Arias (noviembre 1975- julio 1976)

Tras el “esperanzador” discurso del rey realizado la víspera de Navidad de 1975, dio comienzo el primer año del reinado de Juan Carlos I, llamado por algunos “el breve”. La idea generalizada en los círculos políticos cercanos al poder auguraba un futuro incierto para aquel primer gobierno de la Monarquía, agudizado por la poca colaboración del mundo empresarial ante los nuevos retos de apertura y por los continuos conflictos laborales en toda España que animaban a la inestabilidad social en una situación política muy delicada.42

En enero de 1976 se fraguó una ofensiva obrera sin precedentes hasta entonces y en esa línea, tanto la Junta Democrática de España como la Plataforma Democrática se alinearon claramente por la ruptura con el régimen, proponiendo como alternativa la apertura de un proceso constituyente. Los sindicatos, aprovechando la coincidencia por la finalización de buena parte de los convenios colectivos a finales de 1975, promovieron una oleada de huelgas por todo el Estado, localizándose las principales en las zonas industriales de las grandes capitales y en todo el País Vasco. La estrategia del sindicato mayoritario CC.OO, dirigida en parte por el PCE, propiciaba una salida radical al franquismo protagonizada por la clase obrera y dirigida por los sectores populares, huyendo de una solución pseudodemocrática liderada por la burguesía española. Esta ruptura democrática se venía preconizando desde el PCE en su política basada en el “pacto por la libertad”, combinando la movilización ciudadana con la formación de un bloque de fuerzas políticas opuestas al franquismo con el fin de provocar una huelga nacional y conseguir un gobierno democrático provisional que devolviera las libertades políticas y convocara elecciones constituyentes. La UGT incluso llegó a proponer la necesidad de una huelga general revolucionaria.43

En Madrid, los paros constantes y las huelgas continuaron desde la primera semana de diciembre de 1975 y no finalizaron hasta principios de febrero de 1976, creándose el más importante proceso huelguístico vivido durante el franquismo, llegando a movilizar cerca de cuatrocientos mil trabajadores. Sólo entre los días 10 y 18 de diciembre se alcanzó la cifra de cien mil huelguístas, siendo afectadas grandes empresas del metal como: Boetticher, Marconi, Fiat, Pegaso, CASA, Intelsa, FEMSA, Kelvinator, Standard, etc., incluso ocho mil taxistas madrileños dejaron la ciudad prácticamente sin servicio los días 17 al 19 de diciembre.

En multiples ocasiones el gobierno se vio desbordado por los acontecimientos, reaccionando exclusivamente con la represión. Por eso no fue una sorpresa que pusieran en marcha en los transportes públicos, previa aprobación en el Consejo de Ministros reunido en sesión extraordinaria, la aplicación de la Ley de Orden Público y la Ley de Movilización Nacional de abril de 1969, por la que se establecía la movilización o militarización de los trabajadores en paro, sustituyendo a huelguistas por personal militar. En la madrugada del 6 de enero de 1976, empleados de la Compañía Metropolitana madrileña comenzaron una huelga, en principio indefinida, sumándose con posterioridad otros sectores de servicios públicos para el buen funcionamiento como Renfe, Correos, Telefónica y algunos colectivos del Cuerpo de Bomberos y Policía Municipal. Unos dos mil quinientos trabajadores del Metropolitano de Madrid estuvieron encerrados por la exigencia de aumentos salariales en la parroquia de Nuestra Señora de Luján en el barrio de El Pilar, acabando el conflicto el 10 de enero, aunque a continuación se sumaron al paro cincuenta mil trabajadores del metal, la banca y la construcción por los mismos motivos coincidiendo en sus manifestaciones con el cierre de la factoría Chrysler en Madrid. Todos estos movimientos huelguísticos llegaron a su cenit durante la semana del 11 al 18 de enero, alcanzando la cifra de trescientos cincuenta mil trabajadores afectados por la huelga.44

La policia, al ámparo de la ley anti-terrorista y en su afán de control y orden, actuó represivamente militarizando el sector en huelga a partir del día siguiente al de su inicio, llegando a alcanzarse los sesenta mil represaliados de todo tipo en la capital del reino durante todo el mes de enero.

En el resto de España, las huelgas, paros y protestas se iban expandiendo afectando a diversos sectores productivos, paros en el sector bancario, Standard Eléctrica, ENSIDESA y Astilleros Españoles, produciéndose enfrentamientos y disturbios. En Sevilla, las fuerzas de orden público desalojaron a 47 trabajadores de la empresa MEGESA, y en Cataluña, en plena huelga de los médicos MIR en Bellvitge, se había convocado para el día 19 de enero una huelga generalizada en el Baix Llobregat y en Sabadell en solidaridad con los despedidos en las empresas Laforsa, GIS y por los encierros en Radiotronic, mientras que en SEAT seguían realizándose concentraciones obreras en busca de una amnistía laboral y contra los límites salariales.

El conflicto afectó a una media de sesenta mil trabajadores diarios y paralizó prácticamente a todas las localidades de la comarca encabezadas por Cornellá de Llobregat y San Juan Despí, sumándose otras zonas industriales de Hospitalet y Martorell. La concentración obrera más importante se produjo el 19 de enero en San Juan Despí, donde más de diez mil trabajadores se reunieron en un acto de protesta como preludio, tres días más tarde, de una marcha de 12 kilómetros iniciada por veinticinco mil manifestantes que intentaban llegar desde Cornellá de Llobregat hasta el Gobierno Civil de Barcelona, teniendo éxito sólo ocho mil de ellos.

Para el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, todos estos movimientos huelguísticos no significaban más que un problema de orden público, afirmando irónicamente que mientras en Madrid se manifestaban trescientos cincuenta mil trabajadores, él estaba cazando liebres y perdices escuchando los acontecimientos por la radio.45 Lo mismo ocurría en el sector universitario, ya que, mientras el gobierno se esmeraba en enviar mensajes a la prensa de que algo estaba cambiando afirmando que no habría más policía en los campus universitarios, lo cierto era que la intranquilidad también estaba instalada en las universidades, generándose continuos conflictos y enfrentamientos con la policía.

En líneas generales, para la oposición democrática el mensaje navideño del monárca fue desalentador, frustrando a los que esperaban con optimismo un cambio radical en el nuevo jefe de Estado. De amnistía ni una palabra, tampoco de democracia; simplemente se entendió como un discurso vacío de contenido, ofensivo por el hecho de contrariar aquello que el pueblo quería y necesitaba.46 Como prueba de ello, finalizando el mes de enero de 1976, se publicó el llamado “Manifiesto de los 100” de CC.OO, llevando entre sus firmas a nueve de los diez encausados en el Proceso 1.001. El documento criticaba de forma generalizada la situación socioeconómica y entre sus peticiones se exigía el derecho de huelga y el ejercicio de todas las libertades sindicales y políticas. Los firmantes catalanes del manifiesto eran: Francisco Aguilar, Esteban Cerdán, José Cervera, Alfredo Clemente, Jorge Cuyás, Sixto de Santos, Francisco Frutos, Cipriano García, Juan Domingo Linde, José Luis López Bulla, Gabriel Márquez, Ramón Plá, Agustí Prats, Juan Ramos, Francisco Rodríguez, José Mª Rodríguez Rovira, Luis Romero, José Tablada, Armando Baro y Pedro León.

En los medios de comunicación, especialmente los escritos, pese a no haber censura en sentido estricto, seguía el forcejeo contra el restrictivo control gubernativo de la información, siendo calificada esta situación como una tolerancia forzada del régimen frente a la audacia informativa de la prensa dentro del reformismo gubernamental. El juzgado de Prensa e Imprenta levantó los secuestros de El Papus y Papillon en contraste con la salida a la calle desde el final de la guerra civil del diario Avui que aparecía escrito en lengua catalana. Ese mismo día, el periódico Nuevo Diario, apuntaba que:

“Hasta ahora se ha venido diciendo que la Prensa era el Parlamento de Papel (…) No es ya el tema, en sí mismo trascendente, de la inestabilidad laboral a que se ven sometidos buena parte de los profesionales del periodismo. Hay algo más profundo, la necesidad que se evidencia en que el país remolde sus estructuras de información de modo y manera que se suscite y afiance una prensa libre, independiente, informativamente desarrollada y adecuada al augurio de futuro que ya define a la sociedad española.” 47

Por el contrario, la percepción general que había en la calle era que el cambio político dirigido por el rey sería sin retorno, al menos entre la mayoría de los españoles, pues no se concebía un franquismo sin Franco. De hecho, la cuestión más importante en los medios políticos hacía referencia a la velocidad con que se realizarían los cambios y como encajarían éstos dentro de un sistema político preparado y blindado con unas normas definidas por el anterior régimen, expresado en aquella frase de “todo está atado y bien atado”.

Finalizada la resaca navideña, el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, adelantó el calendario político a los medios oficiales de comunicación, anunciando unaserie de propuestas de reforma constitucional que emanarían del nuevo gabinete en uno o dos meses y que habrían de desembocar en unas elecciones legislativas. Afirmó, a continuación, que de los quince mil presos políticos iniciales, la amnistía afectaría a seis mil de ellos y quedarían nueve mil en prisión, por lo que habría que reformar el Código Penal y cambiar el Decreto Antiterrorista para aumentar la liberación de detenidos.48

Por lo que respecta a los presos catalanes, el indulto afectó a noventa de ellos; no obstante, todavía quedaban 136 reclusos de la misma condición privados de libertad, 36 de ellos en la IV galería de la cárcel Modelo, otros 22 en la V galería reservada para delitos de terrorismo, nueve reclusos en la VI galería y otros 59 sin especificar. En la prisión de mujeres de La Trinidad había ocho reclusas; en la prisión de Gerona sólo una y en la residencia Francisco Franco, un recluso.49 De hecho, el anunciado indulto general fue muy limitado ya que no afectaba a las personas condenadas por el TOP, que contaba con 4.316 procedimientos abiertos y que serían superados en casi mil más el año siguiente.50

Sin duda, la concesión de la amnistía general decretada por el rey en su advenimiento a la Jefatura del Estado no dejó indiferente a casi nadie, dentro y fuera del poder. Por un lado, los más progresistas exigían la ampliación del decreto; mientras que los más conservadores eran reacios a la excarcelación masiva. Esta ambigüa situación incrementó más tensión y desconcierto. Por aquellos días, en la crónica de José García Hoz se anunciaba que:

“La amnistía para presos y exiliados políticos era, en efecto, una reivindicación que se mantenía desde hace muchos meses por asociaciones progresistas. Sin embargo, desde la muerte de Franco las peticiones habían aumentado de forma considerable, produciéndose en los lugares y momentos más insospechados (…). El gobierno, por su parte, parecía no querer entrar en la cuestión y, como siempre que no quería responder directamente a un reto, aplazaba la cuestión”.51

Manifiesto de objetores de conciencia. Diciembre de 1975

Per una Catalunya Democrática. SCPAC. AC de Sabadell. Octubre 1975

En Cataluña, los actos de protesta y las peticiones de indulto al rey se generalizaron conforme avanzaba el año. En Arenys de Mar, 99 empleados de los Astilleros Aresa firmaron una petición de amnistía, enviándola posteriormente mediante telegrama al jefe del Estado. Otro conflicto surgió cuando los alumnos de Enseñanza Media de los institutos Milà i Fontanals y Jaime Balmes, ambos de Barcelona, se solidarizaron a favor de la amnistía, siguiendo el mismo camino que algunos intelectuales catalanes entre los que destacaban, Salvador Espriu, Joan Miró, Antoni Tàpies, Jordi Llimona, Antoni Puigvert, Josep Laporte, Joan Majó y Josep Mª Castellet.52 En la misma linea, en la Universidad de Barcelona (UB) se pegaron carteles de marcada línea catalanista el último día del mes con el slogan ya conocido de la Asamblea, ¡Llibertat, amnistía y Estatut d’Autonomía!

El 14 de diciembre de 1975, la Asamblea convocó en Montserrat el primer acto reivindicativo tras la muerte del Caudillo, asistiendo aproximadamente unas tres mil personas. Las diferentes intervenciones se concretaron en la exigencia de pedir la amnistía general para los presos políticos, mientras que en el mismo lugar se desplegaba una gran pancarta con la misma petición. Días después, el 27 tuvo lugar la XII reunión de la CPAC en Barcelona después de casi un año sin convocarse. Asistieron al encuentro 75 personas en representación de los diez partidos políticos del CFPC, menos Esquerra Democràtica de Catalunya (EDC) que no formaba parte de la Asamblea,53 junto con MCE, BR, PTE, FSC-PSOE, ORT, JCC, Joven Guardia Roja (JGR), los No-Alineados, CC.OO, UGT, USO, SOC, miembros de A.D. de 14 comarcas, seis barrios de Barcelona y ocho entidades ciudadanas.

El debate principal del encuentro hacía mención al sentido de una lucha unitaria por la ruptura democrática en Cataluña y en todo el Estado. Seguidamente y como era norma hasta entonces, se llegó a un principio de acuerdo obviando las fuertes discrepancias de los participantes e invitando, a iniciativa prácticamente de las organizaciones no nacionalistas, al CFPC a incorporarse a la Asamblea, ya que, prácticamente, la totalidad de sus componentes formaban parte de la Asamblea, gesto de buena intención pero contrario a los intereses ideológicos nacionales del propio Consell. Otros acuerdos adoptados fueron encaminados en la búsqueda de entendimiento unitario entre todas las fuerzas políticas de oposición en España, en especial con las Islas Baleares y el País Valenciano, así como el mantenimiento del contacto con el presidente de la Generalitat en el exilio de cara a la formación de un posible gobierno provisional. También quedó claro que toda esta estrategia estaría configurada dentro de un proceso que llevaría a la celebración de la II Sesión Plenaria de la Asamblea, donde la representación del pueblo catalán habría de formular el programa político de alternativa democrática.54

Lluís Mª Xirinachs, en plenas navidades de 1975, seguía con su particular empeño de protestar frente a la cárcel Modelo de Barcelona en busca de la tan ansiada amnistía total. Desde finales de noviembre se encontraba realizando una huelga de hambre en Montserrat junto con los llamados Captaires de la Pau, bajo la estrecha vigilancia de guardias civiles y policía armada que registraban todos sus movimientos, desde que salía de su celda hasta dirigirse a la basílica, acompañantes, visitas realizadas, etc. En un informe presentado por la Guardia Civil de Manresa se detallan las visitas recibidas por éste que por su interés testimonial adjunto: Vicenta Alcader, José Ricart Oller, María Rosa Rotllant Franch, Emilia Montserrat Guimerá y Fernando García Farias, Roberto Pons Rovira, padre Alejandro (Terrassa), Bartolomé Cruells Fenitós, Ángel Colom Colom, Jorge Farreros Farré, Pedro Juan Ventura Carol, Esther Martín García, Vicente Egea Ortega, Jorge Gol Gurina, Ana Mª Reig Balcells, Joaquín Ebartz Melet, José Mª Rafols Calotisses, Carlos Pastor Pastor, Luis Marco Humer Cienfuegos Jovellanos, Jorge Socias del Castillo, Francisco Muñoz Peláez, Jorge Solé Tura, Laura Palmes Bistagne, Francisco Javier Echevarria García, Dolores Fuentes Calle, Francisco Noya Hombrú, Mª Pilar Aymerich Puig, Manuel Forasté Giravent, Antonio Frases Benabarre, Jacinto Humet Palet, Ignacio Riera Gassiot, Miguel Pons Capó, Manuel Armengol Cervera, Nicolás Sartorius Álvarez, Eulogio Marcelino Camacho Abad, Alfonso Carlos Comín Ros, Vicente Fans Abad, Manuel Mª Ludevid Anglada, Javier Cateura Valls, Juan Barril Cuxart, José Mª Serra Martí, José Ampuns Davi, Carlos Navales Turmos, Amadeo Clavé Espuña, Laura Fabra Grau, Blas Guindo Hernández, Francisco Vergara Rodríguez, Francisco Herrera Collado, Bartolomé Vergara García, Montserrat Figueras Casamada, José Consola Cots, Mª Ángeles Erroteta Tororica, Juan Subirana Marimon, Jaime Torras Rodergas, Antonio Camps Campos, Juan Antón Mellón, Juan Prave Casals, Juan-Neponucemo García Nieto París, Mª Inés Oliveres San Vicente, Buenaventura Puigdomenech Boix, Sean Bride (presidente de Amnistía Internacional, premio Nóbel de la Paz 1974), Jaime Rodríguez (Agermanament), Francisco Nogueró (As. Nac.Unidas), Juana Villemor (Comunidades Cristianas), José Dalmau (párroco de Gallifa, Barcelona), Ramón Nogués Carulla, Domingo Argemí Guillen, Jerónimo Sancho Reinoso, Andrés Mateo Pérez López, José Baguer Sistachs, Francisco Javier Rotllant de Franch, Margarita Estrich March, Juan Sánchez Bustamante Páez, Consuelo Torres Vidal, Maria Bigoida Montenany y Cassiá Just (abad del monasterio de Montserrat). El 3 de enero de 1976, Xirinachs asistió a la misa del gallo celebrada en la iglesia de la Inmaculada Concepción de Terrassa donde el sacerdote José Ricart Oller era el titular. En dicha reunión Xirinachs explicó la situación de la huelga de hambre realizada e hizo alocución al mensaje del rey que hablaba de la paz pero no de la amnistía por lo que todos los fieles unidos debían luchar. Después se procedió a la venta de un libro titulado “Diario de 21 días de huelga de hambre por Cataluña”, escrito en castellano y catalán. Al día siguiente en la misma parroquia, mientras celebraba la misa el sacerdote “progresista” Manuel Seliba Ponce, se encontraron sobre el cepillo de las hojas parroquiales unas hojas clandestinas tituladas “Un camino hacia la Paz. Manifiesto de los objetores de conciencia” haciendo referencia a cinco jóvenes que debían incorporarse a filas.55 Siguiendo el mismo ejemplo que Xirinachs, el captaire Ricard Gamundi, acompañado de representantes de la Asamblea de Girona, se declaró en huelga de hambre en la catedral de Girona en protesta por la amnistía.

Informe policial de la estancia del Pare Xirinachs en Montserrat, dic. 1975

Tras una visita efectuada por el abad de Montserrat y por el vicario episcopal de Terrassa, Xirinachs y los captaires abandonaron su postura el 22 de diciembre y se dirigieron posteriormente en coche hacia Barcelona. Días después, el cardenal Jubany, arzobispo de Barcelona, en su homilía dominical hizo referencia a la petición de amnistía para los delitos puramente políticos en el “Día de la Paz”, afirmando que el futuro aún era una incógnita para el país.

En el fondo, todas estas acciones no hacián más que indicar una clara preocupación de los sectores eclesiásticos más progresistas de Cataluña ante los nuevos tiempos de reforma y libertad. En este sentido, algunas instituciones seglares constituyeron las llamadas Trobades d’Entitats Cristianas, las cuales estaban formadas por 25 entidades de ámbito catalán autodenominadas Trobades Permanents d’Entitats d’Església que representaban el progresismo de la Iglesia catalana, con la excepción de Justicia i Pau56 y Pax Romana. Estas entidades eran: Pax Christi, Federació Diócesana de Pares de Familia i Pares d’Alumnes, FECUM, MUEC, Agermanament, Comunitat de Can Serra, Grups no-violents, JARC (Joventut Agrícola Rural Católica), Comissió de Serveis de les Comunitats de Base, Cristians pel Socialisme, Minyons Escoltes i Gules Sant Jordi, Lluïsos de Gracia, Equips de Matrimonis de la Mare de Déu, Associació Catalana d’Eclesiàstics, Parròquies Obreres de Santa Coloma de Gramanet, Grup Cristià de Drets Humans de Gràcia, Grup Cristià de Drets Humans del sector de Sant Andreu del Palomar, Grup Cristià de Drets Humans de San Ramon de Collblanc, Grup Cristià de Drets Humans de Caputxins de Sarriá, Justicia i Pau de Sabadell, Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Ateneu Montserrat y Serveis de Joventut.

Entre sus objetivos se señalaba la consecución de una amplia amnistía política y sindical y el restablecimiento de las libertades democráticas de reunión, asociación, libre expresión, derecho de huelga y el reconocimiento de la personalidad propia del pueblo catalán, vasco y gallego dentro de España.

En el artículo del diario Tele/expres titulado “L’Esquerra de la Iglesia Catalana”57 se insinuaban los síntomas de división dentro de las instituciones de la Iglesia catalana con una bipolarización entre la derecha, ampliándose hasta la social democracia, queriendo ostentar la hegemonía, y la izquierda (incluyendo cristianos socialistas, comunistas y trotskistas), que buscaba su lugar pretendiendo que existiese un pluralismo dentro de ella. Entre estas últimas encontramos: Agermanament, Associació Catalana d’Eclesiastics, Centre d’Estudis Pastorals, Centre Eiximenis, Cidob-TM, Club Torsimany, Comunitats de Base, Cristians per al Socialisme, Facultat de Teología, Grup de Drets Humans, Laboratori de Sociología y Republiques Independents de la Pastoral.

En las primeras semanas de 1976 las crónicas internacionales de los principales medios periodísticos informaron extensamente de la muerte del dirigente chino Chu En-Lai58 y sobre los primeros actos del bicentenario de la independencia de los EE.UU, intentando quizás alejar al lector de una realidad social y política crispada y poco favorable a la estabilidad.

Sorprendentemente, uno de los factores desestabilizadores de la economía nacional se localizaba en el sector empresarial dada su escasa colaboración con el gobierno frente a los problemas económicos y sociales que se avecinaban, estando en la creencia de que la fuerte desaceleración económica se iba incrementando a causa de un absurdo victimismo y en la desconfianza que prodrían aportar los cambios dirigidos desde los órganos gubernamentales.

Desde luego, el secuestro del empresario José Luis Arrasate Gaztelurrutia por parte de ETA y la petición de cien millones de pesetas por su rescate no ayudaba a romper con la estrategia seguida por la clase empresarial, aunque sí nos devolvió a la realidad cotidiana marcada por esa lacra social.

En aquellos días, la percepción de éste grupo terrorista era aceptada por buena parte de la sociedad española como otro organismo de lucha contra la opresión franquista, sobre todo después del atentado contra el almirante Carrero Blanco; sin embargo, poco a poco, su presencia empezaba a representar más un problema que una ventaja para la sociedad española engullida en pleno periodo de cambio. El dirigente socialista Alfonso Guerra comentaba que:

“La simpatía que en España se tenía hacia los vascos durante la dictadura por su capacidad de lucha en las huelgas de trabajadores empezaba a teñirse de desconfianza y hasta de reticencia. Cierto es que los crímenes de ETA contaban ya con un largo número de muertos, pero hay que confesar que durante el franquismo los atentados de ETA no contaban con el apoyo de los demócratas, mas sí se les reconocía un componente de liberación contra un régimen agresor. Lo que vendría después, la contumacia en el crimen a la llegada de la democracia, descolocaría por completo a los demócratas.”59

Por otro lado, la muerte del dictador significó la señal de retorno de los miles de exiliados políticos españoles que tuvieron que huir tras la derrota republicana. El goteo de prestigiosos escritores, políticos, militares, etc., fue constante, aumentando el impacto emocional en los sectores más progresistas de la sociedad española. El regreso a España del histórico dirigente socialista Rodolfo Llopis60 daba cierta garantía al lector de que algo estaba cambiando, aunque sólo fuese la falta de censura.

Los pasos en política exterior realizados por el primer gobierno de la Monarquía venían reflejados en la entrevista realizada al presidente Arias en la revista Newsweek. En ella, reafirmó en política exterior su intención de proponer la adhesión al Mercado Común y a la OTAN. En política nacional anunció elecciones locales y generales antes de finales de 1977, especificando que no habría legalización del Partido Comunista, ya que:

“No hay un sólo ejemplo en el mundo de un partido comunista que haya demostrado con sus obras el menor respeto por las reglas del juego democrático una vez ha alcanzado el poder.”61

La respuesta ofrecida por una parte de la oposición franquista vino reflejada en el documento publicado en París dos días después de la publicación. En el escrito, la JDE planteó la situación política española desde una perspectiva del pasado y su proyección al futuro. En el texto se aludía al aperturismo del 12 de febrero de 1974 presentado por el presidente Arias como una táctica defensiva frente a la crisis del régimen, en contraste con el programa de ruptura democrática planteada por la oposición. El documento nos recordaba que un año y medio después, el 24 de junio de 1975, el gobierno dio por finalizada la apertura siendo calificada por la oposición como el reinado de la “trinidad franquista”, terror y represión como única política del Estado monárquico, avalado por la Ley Antiterrorista y por las concentraciones antieuropeas de la plaza de Oriente.

Con la desaparición del Caudillo, la política del gobierno optó por una táctica reformista gradual, siguiendo las recomendaciones de algunos gobiernos europeos que aconsejaban olvidar la ruptura democrática verbal como alternativa pacífica del poder democrático de la sociedad, dado el riesgo de provocar una crisis.

Tras la confirmación de Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno y ante la dificultad de conceder la amnistía solicitada por parte de la sociedad española, daba la sensación de que era el propio régimen franquista quien intentaba perpetuarse a través de una monarquía de y para los franquistas, donde sólo había cambiado el titular del poder. La oposición mayoritaria, reunida bajo el nombre que tiempo después algunos medios periodísticos denominarían “Platajunta”, contemplaba la situación de esta forma:

“Lo que hoy contemplamos en España con solo abrir los ojos es justamente la quiebra del principio de autoridad, la desconcentración de las funciones del gobierno, la autonomía de las esferas de control estatal sobre la sociedad. El rey no puede nombrar al presidente del gobierno que desea. El presidente Arias no puede nombrar libremente a su gobierno y tiene que aceptar toda clase de limitaciones y condicionamientos. El Ejército no encuentra una sola autoridad, incluida la del rey, a la que atribuir la responsabilidad de la ‘dimisión’ deshonrosa del Sahara, y reclama una Vicepresidencia militar (…) Las Cortes se revelan contra cualquier anécdota liberal del gobierno. La Iglesia advierte con solemnidad al rey que su apoyo será condicionado”.62

Este documento fue firmado por: Ramón Tamames, Luis Larroque Allende, Paloma Cruz, Manuel Pastor, Eugenio Triana, José Antonio Alonso, Mª del Carmen Jiménez Sabio, Ángel Rojo, Tranquilino Sánchez y Juan Antonio Bardem. Por la Plataforma: Javier Solana, Luis Anzola, Leopoldo Torres, José Luis Doreste, Ciriaco de Vicente, José Ramón Rincón, Joaquín Ruiz-Jiménez y Luis Mª González Llano.

En vista de la actitud del gobierno y a pesar de su apuesta propagandística alabando su apertura democrática, la conclusión en los medios opositores fue que Juan Carlos I no era la solución sino que había agravado la situación. Incluso aceptando el sufragio universal en contra de las Leyes Fundamentales, las reformas que se implantasen no introducirían la democracia porque no podían poner en juicio electoral las cuestiones del poder político, del Estado autoritario, de la soberanía popular, de la monarquía impuesta por Franco ni, en definitiva, de la libertad. En consecuencia, uniendo la falta de autoridad del Estado a la propia descomposición estructural del régimen con la aceleración liberal y democrática de toda la sociedad española, daba como resultado una aparente incoherencia a la política de la monarquía. Por tanto, si el análisis era correcto, la misión de la oposición democrática debía hacer fracasar el plan gubernamental con la colaboración de los partidos no comunistas, los partidos de centro en Cataluña, País Vasco y Galicia, la colaboración exterior del Parlamento Europeo y la Comisión de la Comunidad Europea, proponiendo un congreso de la democracia española en el mismo Parlamento Europeo para hacer fracasar el intento de perpetuación del franquismo con la oligarquía monárquica.

La unidad de la Junta y la Plataforma se hizo indispensable como oposición al régimen para conseguir la “ruptura democrática” de las instituciones franquistas, donde el movimiento obrero sería la verdadera punta de lanza de la ruptura. Sin embargo, hasta que eso sucediera, de momento cada organismo iría por su lado.

Por otra parte, la JDE se opuso a la idea de que la congelación de salarios decretada por el Consejo de Ministros pudiera resolver los problemas actuales de la economía española. También exigió la inmediata libertad de los nueve jefes y oficiales del Ejército acusados de pertenecer a la Unión Militar Democrática (UMD). Y con respecto al problema del Sahara, consideró que:

“El gobierno ha despreciado el legítimo derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y no ha consultado al pueblo español, lesionando con ello los intereses generales del mismo y los particulares de la región canaria, cuya situación reviste una particular gravedad. La solución del gobierno respecto al problema del Sahara ha dañado gravemente el honor del Ejército español así como la dignidad nacional”.63

No obstante, dos días después de la reunión celebrada en París, Junta y Plataforma comenzaron a planificar su fusión, resolviendo que el principal punto de discrepancia entre ambas organizaciones consistía en la incongruencia de que los partidos democráticos pudieran colaborar con un partido comunista totalitario y antidemocrático.

Sin embargo, el 15 de enero de 1976 se consiguió llegar a un acuerdo, consensuado por ambas organizaciones, aludiendo al apoyo al movimiento obrero e indicando que los incrementos salariales no podían ser considerados como causa fundamental de la inflación. También se pidió la liberación de los trabajadores detenidos y la negociación directa entre empresarios y trabajadores.

Como apoyo a esta estrategia, se convocaron diversas manifestaciones, siendo la realizada el 17 de enero en Valencia la más numerosa, contando con alrededor de veinte mil personas a favor de la JDE y el Consell Democratic.

En toda España se sentía una auténtica efervescencia política con la presentación pública de los partidos políticos, la mayoría emergiendo desde la clandestinidad mientras que otros nuevos que se incorporaban al espectro político. Algunos se constituían en plataformas unitarias a fin de conseguir la mayor representatividad posible. Este fue el caso de la Confederación Socialista que finalmente llegó a unirse con la Conferencia Socialista Ibérica; o como en Galicia, donde se constituyó la plataforma del Consello de Forzas Políticas Galegas.

Sin duda, estos pactos resultaron frágiles en su contenido, llegando a crear confusión y enfrentamiento entre ellos, dada la volatilidad de las alianzas entre los diferentes organismos políticos que se sucedían constantemente en función de lo que defendieran en cada momento. Como ejemplo de ello, el comité de relaciones exteriores de la AD de Euzkadi y la comisión de enlace de la Asamblea, acordaron el 28 de enero denunciar la vigencia del Decreto-Ley Antiterrorista.

En Cataluña, dentro de la propia FSC-PSOE saltaron las alarmas al publicarse un artículo escrito por José Luis Fernández Casado que pertenecía a la Comisión de Trabajo de la FSC titulado “El PSOE contra el Consell de Forces Polítiques”. En el se indicaban las distintas tendencias del socialismo catalán así como los problemas ideológicos entre las dos formaciones:

“Los señores del Consell han demostrado demasiado pronto su antisocialismo (…) Corren rumores de que lo más molesto para los señores del Consell es la ‘E’ del PSOE, es decir, lo que tiene el Partido Socialista de ‘Español’. Tratan así de utilizar el catalanismo para excluir, con aparente justificación, al socialismo. Y además parecen ignorar con ello la composición actual de la población de Cataluña y las actuales relaciones de producción (…) Otros, sin embargo, afirman que lo que molesta de verdad a los del Consell no es la ‘E’ sino la ‘O’, es decir, la palabra OBRERO que tiene en su anagrama el PSOE. Pero precisamente es la ‘O’ lo que falta al Consell y es esto, junto a la ausencia del PSOE, lo que le excluye de la Cataluña socialista y democrática”.64

El secretario general de la FSC, Josep Mª Triginer Fernández,65 rechazó el anterior escrito; no obstante, indicó que el Consell pretendía erigirse en el organismo unitario y representativo de Cataluña cuando el único organismo unitario era la Asamblea.66 Las dos posturas en realidad no eran tan contradictorias, aunque sí demostraban el confusionismo reinante dentro del socialismo catalán, que tendría graves consecuencias ideológicas en la militancia de base y en un sector de la ciudadanía catalana ajena a la estrategia catalanista.

Desde el prisma nacionalista catalán, el líder de CDC, Jordi Pujol, puntualizaba sobre la realidad política en aquel momento:

“El objetivo fundamental es la instauración de la democracia en Cataluña y en España. El reconocimiento de la personalidad nacional de Cataluña, y en concreto del Estatut, y una nueva distribución de la riqueza, de la cultura y del poder son los objetivos fijados”.67

Pujol también se refirió a la distinción entre la ruptura y la evolución, terciando a favor de la primera, anunciando que: “De trencadissa poca o molta n’hi a de haber”. Lo sorprendente de la situación era que todos estos mensajes, enviados desde los partidos con un fuerte contenido ideológico, eran publicados sin ningún tipo de cortapisa administrativa, dando la señal de un nuevo síntoma de cambio y de la propia indecisión del gobierno ante la nueva política de aperturismo aparente. De esa forma fue autorizado el recital de música del cantautor Lluís Llach en el Palacio de los Deportes de Barcelona y denegado el acto al cantante flamenco Manuel Gerena, afín a los movimientos de oposición política, que fue detenido y multado. Llach actuó los días 15, 16 y 17 de enero en tres apoteósicas actuaciones ante un enfervorizado público que rondaba las veinticinco mil personas. Tras ocho meses de silencio, comenzó con un: “Moltes gracies en nom de L’Assemblea de Catalunya”. En días anteriores, Llach comentaba que:

“En este país el silencio a veces es muy elocuente. En ocasiones una prohibición resulta más explicativa sobre la situación del país que una canción como L’Estaca a la que se ha dado cierta representatividad de una época que aún no veo superada. (…) Tanto si se cansan como si no, la realidad de una conciencialización política es imparable. Estoy convencido de que mis recitales tendrán un significado sociopolítico ‘i no em sap pas greu’ que los cantantes sirvamos para esto. Es un papel que debemos asumir (…) Hace años que no actuo con Serrat por divergencias ideológicas, y no tengo noticias de que haya cambiado (…) La canción es un medio popular de comunicación y desde esta premisa es política, en un sentido o en otro. Lo que ocurre es que se confunde demasiado a menudo la canción política con la canción política de oposición; esto es un error evidente. Todo el mundo hace política en la canción.” 68

En todos los recitales asistieron representantes de la Asamblea, del Consell y de todo el espectro catalanista, entre los que destacan: Joan Reventós, Joan Prats, Jaume Casanovas, Ramon Trías Fargas, Jordi Pujol, Miquel Roca Junyent, Josep Andreu Abelló, Josep Pallach, Heribert Barrera, Pere Ardiaca, Antoni Gutiérrez, Joan Colominas, Joan Cornudella, Joan Armet, Anton Canyellas, Joan Badía, Joan Cabré, Agustí de Semir, Jordi Carbonell, Josep Benet, Josep Solé Barberà, Rafael Ribó, Miquel Sellarés, Jacint Humet, Francisco (Paco) Frutos, Joan Anton Sánchez Carreté, Ferran Fullá, Pere Portabella, Lluís Mª Xirinachs, Josep Mª de la Hoz, Joaquim Maldonado, Josep Trueta, Antoni Tàpies, Jordi Llimona, Antonio de Senillosa, Josep Pi i Sunyer, Jordi Trias, Isidre Molas, Xavier Cassasas, Joan Carrera, Albert Espunya, Carlos Santos, Joan Pere Viladecans, Alfons Carles Comín, Ricard Bofill, Félix Martí, Raimón Obiols, Monserrat Avilés, Albert Fina, Mª Aurelia Capmany, Jaume Vidal Alcover, Manuel Cruells, Carles Güell de Sentmenat, Carlos Ferrer, Joan Mas Cantí, Agusti Montal, Joan Granados, José Antonio González Casanova, Lluís Carandell, Joan Oliver, Marta Mata, Amadeo Cuito, Xavier Folch, Ovidi Montllor, Joan Obiols, Francisco Rodríguez Ocaña, Raimón, Francesc Pi de la Serra, Quintín Cabrera, Jordi Solé Tura, Josep Mª Espinás, Magda Oranich, Marc Palmes, Armand Carabén, Jaume Rosell, Carles Rexach y Mª del Mar Bonet. El abad de Montserrat y Salvador Espriu cursaron sus adhesiones. Seguidamente, al acabar las actuaciones, parte de los asistentes efectuaron marchas de protesta en dirección a la cárcel Modelo o por el centro de la ciudad.

En Barcelona por aquellas fechas tuvo lugar un relevo significativo en la cúpula del poder civil. Salvador Sánchez Terán,69 político representante del reformismo franquista, fue nombrado nuevo gobernador civil de la provincia. Junto a él, también fue elegido otro aperturista, Gabriel A. Ferraté, como director general de Universidades e Investigación. No obstante, a pesar del esfuerzo renovador ejercido desde el Ejecutivo, estos relevos fueron insuficientes ya que los cambios en las estructuras de poder de los gobiernos locales y regionales no se realizaron de hecho hasta bien acabada la Transición. Fue entonces cuando hizo aparición con más furor aquello que llegó a llamarse el “cambio de chaqueta”.

Sin duda el aperturismo del nuevo gobernador civil, del que dependían los estamentos locales, aceleró esa ambigüa situación de aparentar talantes aperturistas. En unas declaraciones efectuadas en un pleno del Ayuntamiento de Sabadell, el alcalde llegó a decir después de rechazar una propuesta de petición de amnistía: “No lo hice para no dividir al consistorio, a pesar de que yo soy demócrata y de izquierdas”. 70 Josep Benet comentaba al respecto:

“(...) Desde la desaparición del general Franco y el anuncio de elecciones, se ha producido un espectáculo esperpéntico: todos los políticos del antiguo régimen, ex ministros, ex subsecretarios, ex directores generales, ex censores, ex jerarquías del Movimiento, etc.- excepto el señor Blas Piñar y sus amigos-, han cambiado de camisa, han abandonado el correaje y vestido la modesta chaqueta democrática. Y se han declarado demócratas de toda la vida. Es la hora de los camaleones, ha dicho alguien. Es cierto, lamentablemente.”71

El 9 de enero de 1976, se presentó en Madrid, bajo esa estrategia de libertad simulada, el Consell de Forces Polítiques de Catalunya (CFPC). Según la crónica del periodista Ramon Pi, asistieron: Francisco Gordo Lorente, Joan Reventós, Jaume Casanovas, Heribert Barrera, Xavier Castellá, Albert Aleu, Ignacio Zabala, Joan Cornudella, Joan Ramon Colominas Companys, José Badía, Joan Colominas Puig, Antonio Gutiérrez, Pere Ardiaca, Josep Pallach, Amadeo Cuito y Francisco de Borja Aragay.

Entre los diferentes mensajes aportados en la posterior conferencia de prensa, fue destacable la alusión al presidente de la Generalitat en el exilio, entendiéndose más como el reconocimiento simbólico hacia un sistema de libertades que como la búsqueda de un líder. Días después el Consell, representado por 11 formaciones políticas, también se presentó en París ante los medios internacionales. Éstas eran: Joan Cabré (PCC), Joan Cornudella (FNC), Joan Colominas (PPC), Anton Canyellas (UDC), Jaume Casanovas (Esquerra Democrática), Xavier Castellá (Esquerra Republicana), un miembro del PSAN, Gregorio López Raimundo (PSUC) y Heribert Barrera (Reagrupament Socialista i Democrátic de Catalunya). En referencia a este último partido cabe decir que a finales de 1974, una fracción numerosa de ERC, encabezada por Barrera, se integró en el Reagrupament Socialista i Democrátic de Catalunya de Pallach, separándose del otro sector dirigido por Andreu Abelló, más proclive al pacto con los comunistas y que acabó incorporandose al PSC (C). Sin embargo, en mayo de 1976 Barrera y su grupo volvieron a ERC para reconstruir de nuevo el partido.72

Después de la presentación oficial, una serie de partidos y organizaciones intentaron formar parte de esta nueva organización nacionalista; no obstante, algunos lo consiguieron y otros no. De hecho, al finalizar el primer mes de 1976 había claramente varias estrategias políticas bien definidas. El CFPC, que alternaba la negociación como un bloque unitario según el foro elegido; los partidos que lo componían, que actuaban por separado según conveniencia; la Generalitat en el exilio, con la estrategia dirigida por Tarradellas de descrédito total por la Asamblea; el sector pujolista; el comunista y, finalmente la Asamblea, que actuaba a veces de comparsa de la auténtica negociación, ya que los protagonistas eran los mismos.

Uno de esos foros de debate fue el celebrado en el monasterio de Cura (Mallorca) reuniéndose el CFPC, JDE, el Consell Valenciá y otras instancias unitarias, incluidos los partidos de las Islas Baleares. La reunión se celebró el 31 de enero asistiendo 89 personas, entre ellas siete periodístas y “dos agentes de la Brigada Social”, estos últimos de incognito. El comunicado final hizo referencia a la ruptura democrática, a la coordinación y al intercambio de experiencias.73

En el ámbito estatal, la Democracia Social Cristiana se presentó en Madrid en coalición con la Federación Popular Democrática, presidida por José Mª Gil Robles. En Cataluña, sus representantes eran Antoni y Pau Miserachs.

El 30 de enero de 1976, Convergencia Socialista de Cataluña (CSC) se presentó a los medios de comunicación en el sótano de un bar del barrio del Port en Barcelona con una representación muy amplia de militantes entre los que destacaban: Joan Prats (profesor universitario), el payés Josep Vidal, ex miembro del BOC y del POUM y miembro de la Unió de Pagesos, Celestí Martí (ex miembro del PSUC), Jesús Salvador (abogado), exmilitante del FOC-FLP, detenido con los 113 de la Asamblea, el andaluz Juan Alamillo, Josep Parcerissas (estudiante), Anton Canals (administrativo), miembro de la A.C. de Lleida, Xavier Guitart (obrero de la industria química), Eduard Galcerán (químico y profesor despedido), Joan Reventós (abogado) y el exmilitante del FOC, Pascual Maragall (economista y profesor universitario), excusando su asistencia Rafael Madueño y Jordi Parpal.

Convergencia Socialista surgió de la fusión del MSC como grupo promotor, del Moviment per l’Autogestió i el Socialisme (MAS), fundamentalmente obrero, de Reconstrucción Socialista formada por militantes de USO, de grupos independientes y exmilitantes del FOC y del Front Socialista Federat (FSF). Cabe destacar que los llamados intelectuales del CSC formaban parte en su mayoría del Centre d’Estudis Socialistes. Uno de sus representantes, Raimon Obiols, opinaba en aquellos días que la transición al socialismo debería pasar por la vía democrática y pacífica mediante una alianza popular que expresara el sentido mayoritario del pueblo en la construcción del socialismo.74

Mientras tanto, la Asamblea seguía en plena actividad aumentando su representación en el territorio con el ingreso de nuevos socios. Uno de ellos fue la Asamblea del Alt Empordà, formada por una treintena de militantes que representaban a: Reagrupament Socialista, CSC, PSUC, PSAN y Unió de Pagesos. Las Juventudes Comunistas de Cataluña (JCC), que apoyaban el CFPC, también pedían el ingreso en la Asamblea junto con la Asociación de Vecinos del Turó de la Peira. En definitiva podríamos decir que estas tres organizaciones tenían en común la búsqueda de un mismo objetivo que era formar parte de una gran organización y conseguir así cierta notoriedad muchas veces inmerecida.

El Reagrupament per la Unitat Socialista Catalana, que formaba parte del Consell, también hizo referencia a la Asamblea, reafirmando la voluntad de seguir trabajando para el fortalecimiento y dinamización del CFPC así como en la reivindicación de la Generalitat, manifestando su apoyo a toda movilización popular pacífica y responsable que persiguiera la consecución de una democracia política destacando en este sentido el papel de la Asamblea como órgano de movilización popular. En el comunicado se solidarizó con Xirinachs y con los procesados por ser miembros del Front d’Alliberament Català (FAC): Manuel Cruells, Blanxart y Jordi Duch Continas.

Desde principios de año, no había semana que no se presentara públicamente alguna organización política o social que hasta aquel momento trabajase en la clandestinidad. Mientras que la UDC explicaba las razones que le permitían ser la referencia de la democracia cristiana de Cataluña, el Movimiento Comunista de España (MCE),75 que estaba presente hasta ahora en la Asamblea, recibía ciertos reparos por su intención de formar parte del Consell, aunque esta posibilidad no se plantease por el ya conocido problema de la “obediencia catalana”.

El 28 de enero de 1976, el discurso televisado del presidente Arias ofreció a los españoles los propósitos que perseguía el gobierno a medio plazo:

“No quiero ni debo pasar por alto un estado de opinión que, con algunos juicios tan ligeros como osados, se ha pretendido inventar en torno a nuestro último pasado político. Es evidente que se intenta borrarlo; que se trata de hacer olvidar nuestra mas reciente historia; y que, para ello, se ha creado un ambiente de confusión y desorientación más aparente y ruidoso que real y profundo, ofreciendo, paradójicamente y con el señuelo de la novedad, volver a un imposible e indeseable punto 0 (…) En este importante aspecto de la vida política, el gobierno huirá del inmovilismo y la frivolidad; de la rigidez y de la aventura, intentará mejoras pero no aceptará el desbordamiento de nuestro orden de convivencia”.76

En realidad el discurso del presidente no decía nada nuevo que no fuera pretender una huida hacia delante basado en el continuísmo del régimen político establecido, reaccionando de inmediato ante situaciones como las ocurridas en Madrid en días anteriores, militarizando el servicio ferroviario y de Metro en contra de las manifestaciones y huelgas efectuadas en el sector.

Desde el otro lado, la visión sobre la situación política del país era totalmente opuesta; al menos así lo expresaba el dirigente de CC.OO, Marcelino Camacho, en sus declaraciones al diario Le Monde, afirmando que la huelga era también política sin querer decir que estuviera impulsada por agentes exteriores al mundo laboral sino que eran los propios trabajadores los que sentían la necesidad vital de hacerla. Efectivamente, aquel año de 1976 significó, y los datos lo demuestran, un punto de inflexíon, en la presión ejercida por los movimientos obreros en su lucha por el cambio político y social.77

RELACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES (1968-1976)

AÑO	CONFLICTOS	OBREROS IMPLICADOS	HORAS PERDIDAS
1968	351	130.742	1.925.278
1969	491	205.325	4.476.727
1970	1.595	460.902	8.738.916
1971	616	222.846	6.877.543
1972	835	277.806	4.692.925
1973	931	357.523	8.649.265
1974	2290	685.170	13.989.557
1975	3.156	647.100	14.521.000
1976	40.179	2.519.000	106.506.000

Fuente: Ministerio de Trabajo, Informes sobre conflictos colectivos, 1968-1975 (Madrid).

Las reacciones al discurso de Arias desde la oposición catalana no pudieron ser más negativas. El comunista Jordi Solé Tura opinaba que el cambio era indispensable y que se tendría que hacer mediante el pacto con una oposición democrática representante de la verdadera voluntad de cambio de la población. Por otra parte, mientras que Joan Reventós (CSC) añadía que el proyecto de cambio sin ruptura se resumía en un “ni quiero ni puedo”, Heribert Barrera comentaba del discurso de Arias los aspectos negativos referidos a la amnistía, la amalgama entre violencia terrorista y las llamadas doctrinas de disolución social. Por su parte, Llibert Cuatrecases de UDC, hablaba de que la institucionalización de las regiones quedaba reducida a aspectos técnicos que solo la organización de un Estado federal democrático y pluralista podría garantizar; y finalmente, el dirigente socialista Felipe González quiso añadir que el discurso del presidente del gobierno solo había gustado al búnker y a las Cortes.78

A comienzos de febrero de 1976 fueron inaugurados los Juegos Olímpicos de invierno en la localidad austriaca de Innsbruck, siendo la gran triunfadora del evento la esquiadora alemana Rosi Mittermaier. Mientras tanto, entre prueba y prueba deportiva, la prensa nos ofrecía una variada coctelera de noticias variopintas que iban desde los sobornos efectuados a múltiples personalidades en Europa y Japón por la sociedad de empresas Lockheed, pasando por la proclamación del nuevo primer ministro chino Hua Guofeng,79 hasta la llegada de las últimas noticias relacionadas con la guerra civil en Angola que estaba en plena actualidad por la caída de Huambo, capital de UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola), en manos del FNLA (Frente Nacional de Liberación de Angola). Sin embargo, las noticias más llamativas provenían de la propia capital del Estado donde iba creciendo la expectación en los círculos políticos afines al régimen ante la inminente creación de un Frente Nacional liderado por el ex ministro Gonzalo Fernández de la Mora, en contraposición a la Junta y Plataforma.

El 9 de febrero, el gobierno, intentando paliar los efectos de la crisis económica, devaluó la peseta en un 11%. El ministro de Hacienda, Juan Miguel Villar Mir, justificó esta decisión con la intención de incrementar las exportaciones y reducir las importaciones dado el incontrolable crecimiento de la deuda externa del país valorado en ocho mil millones de pesetas, justificando a su vez la inflación acumulada por el constante crecimiento salarial efectuado en los años anteriores.80

La oposición recibió la noticia con expectación y desconcierto, opinando en su mayoría que la devaluación influiría directamente sobre el desarrollo del cambio político propuesto por el Ejecutivo. Para el economista Ramón Trias Fargas la situación económica, como en 1931, no iba a ayudar al cambio político que se avecinaba. Sin embargo, otros políticos incidían sobre la posible intensidad especulativa sobre la divisa española, hecho que probaría que estaba sobrevalorada, reconociendo que quizá, si en alguna ocasión la devaluación estaba justificada, era en este caso. Esa era la opinión de Carles Cuatrecasas.81 Pero la respuesta más contundente vino desde el PSUC, afirmando que la devaluación crearía un aumento de los beneficios para un sector de la burguesía, aumentarían los precios y la desocupación y se reduciría el consumo popular con la consiguiente desaparición de las empresas menos competitivas, creándose una fuerte incertidumbre entre la ciudadanía.82

Por otro lado, siguiendo la política de claroscuros del gobierno Arias, sobre todo cuando nos referimos a los aspectos aperturistas tan proclamados en el espíritu del 12 de febrero, fueron suspendidos por la Dirección General de Seguridad (DGS), tres de los cuatro recitales que el cantante Raimon debía efectuar en Madrid, aunque nada pudo hacer por evitar el éxito del recital celebrado el día 6 de febrero en el Pabellón Deportivo del Real Madrid, considerado por la oposición como una fiesta democrática. Raimon comenzó su actuación con Jo vinc d’un silenci y Quatre rius de sang que provocó entre los asistentes un acalorado ¡Visca Catalunya! Al acabar, representantes de la Junta y Plataforma, que venían de asistir como invitados a la sesión del Consejo de Europa en Estrasburgo, se trasladaron al camerino del cantante para homenajearlo.

En otro ámbito de la vida política, las Cortes franquistas seguían aún activas pese a su inmovilismo legislador y no perdían la oportunidad, siempre que se presentaba, de obstaculizar los mínimos avances aperturistas del gobierno, prohibiendo esta vez que los beneficios de la Ley de Mutilados de Guerra, recientemente aprobada, fueran aplicables a quienes sirvieron en el ejército republicano. Era evidente que los movimientos afines a la extrema derecha, apoyados por el bunker, no iban a cejar en su empeño en mantener a toda costa los privilegios políticos que le procuraba el franquismo. Como ejemplo ilustrativo, el 15 de febrero se reunieron en Altafulla (Tarragona) un grupo de asociaciones políticas pertenecientes a la extrema derecha: Unión del Pueblo Español, Frente Nacional Español, Anepa, Unión Nacional Española, Frente Institucional, Agrupación de Hermandades de la Cruzada, Guardia de Franco, Círculos Doctrinales José Antonio, Alfereces Provisionales, Fuerza Nueva y Falange Española y de las JONS, actuando como moderador del acto Carlos Cava de Llano.

El gobierno, fiel a su política de libertad limitada, envió a las Cortes un proyecto de ley regulando el derecho de reunión establecido en el artículo 16 del Fuero de los Españoles y revisando el de prevención de terrorismo de 26 de agosto de 1975, según anunció el ministro de Justicia, Antonio Garrigues. Algunos días antes, en el Club Siglo XXI en una conferencia sobre el tema “Continuidad y Reforma”, Manuel Fraga había comentado que las reformas no deberían ser elitistas, sino de la mayoría y solo serían practicables por los únicos cauces posibles que eran la libertad de asociación y el sufragio universal.83

El 16 de febrero de 1976, los reyes de España realizaron una visita oficial a Cataluña en plena huelga general de la construcción que afectaba a setenta mil trabajadores y en coincidencia con la finalización del conflicto de la empresa Laforsa que había durado 104 días.84 El viaje sorprendió a todo el mundo, incluida la oposición, y aún mucho más cuando el presidente de la Diputación de Barcelona, Juan Antonio Samaranch, en la recepción oficial ofrecida a los reyes, solicitó un régimen político especial para Cataluña, completado a continuación por el alcalde, Joaquín Viola, que pidió la reforma de la carta municipal. A este respecto, Samaranch dijo: “Y es que, Señor, en estos momentos el pueblo catalán está deseoso de que se reconozca cultural, administrativa, económica y políticamente la personalidad de Cataluña”. El rey respondió al final de su intervención con un sorprendente ¡Visca Catalunya! A continuación, los monarcas visitaron la caserna de caballería de Barcelona con motivo del aniversario de la fundación de la Academia General Militar; allí el capitán general accidental A. Vega Franco sorprendió a los invitados con un discurso en clara alusión a los que “se desvían”, refiriéndose a los que tenían ideas democráticas dentro del Ejército, los militares de UMD, aconsejando la aplicación de tribunales militares o consejos de guerra para neutralizarlos. Este discurso fue censurado incluso por el propio rey.

Sin embargo, la realidad política en la calle, sumergida en medio de los conflictos laborales y universitarios, era diferente a la protocolaria de las altas esferas del poder. Vease como ejemplo la puesta en libertad de cinco estudiantes de la UAB: Josep Mª Pedrosa, Jordi Pons, Rosa Mª Blancafort, Mercé Sala, Rosa Vila y la huelga generalizada de los trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona el 11 de febrero.85 Mientras el gobierno no daba pasos claros a favor de la apertura política, la oposición seguía defendiendo la estrategia de ruptura democrática. El profesor de la Universidad de Barcelona (UB), José Antonio González Casanova, publicó un artículo muy aclaratorio en torno a éste punto:

“La ruptura democrática −decía González Casanova− es la revolución, dicen los reformistas. La reforma es el continuismo, dicen los demócratas. Los de la ruptura quieren partir de cero y hacen el juego al comunismo y al separatismo, afirman los reformadores. Y los demócratas creen, por su parte, que los reformistas no quieren quebrar la continuidad de un régimen autocrático y que le están haciendo el juego −algo mas que el juego, pues estarían pactando− al bunker de los inmovilistas (…) Ruptura no es destrucción de nada, sino construcción de todo, pues todo o casi todo está por construir, por constituir, en este país tantos años gobernado por laboratorios y con una escasísima participación popular en las cosas públicas. Ruptura no es en el caso de Cataluña, separatismo (…). Ruptura es en definitiva, construcción pacífica y popular de una democracia sin adjetivos; proceso constituyente de un Estado español democrático, donde quepan, libres y fraternales todos los españoles, hablen el idioma que hablen y tengan las mas diversas ideologías democráticas”. 86

El control de los medios de comunicación también sufrían los altibajos de aquellos momentos de incertidumbre. El día 17 se efectuó el secuestro del último extra de la revista satírica El Papus coincidiendo con la militarización de los cuerpos de Bomberos y Policía Municipal de Barcelona que estaban en huelga. Poco después le tocó a Papillon y se levantó el secuestro de Matarratos.

Mientras tanto, los partidos enmarcados en la oposición moderada se desenvolvían en una actividad frenética de actos y manifestaciones, presentándose ante la opinión pública en una situación de libertad controlada, siendo los partidos y organizaciones radicales de la extrema izquierda y los comunistas los que lo tenían más difícil.

El 2 de febrero, en un comunicado de la FSC-PSOE, se dejó claro, como ya lo hicieron años antes, su oposición al ingreso de España en la CEE mientras no se obtuvieran previamente la libertad de expresión y de asociaciones políticas y sindicales, así como para los presos políticos y el retorno de los exiliados. A su vez, Felipe González, inmerso en las negociaciones para la formación de la Platajunta y en un cambio sorprendente de estrategia, admitió la existencia de un partido socialista catalán con el que se federaría, buscando en el fondo la unidad del socialismo y de los votos en futuras elecciones, en línea con la actitud de la dirección política del PSOE en Cataluña que era favorable a la unidad socialista catalana:

“En el caso de Cataluña seríamos favorables a que se inicie un proceso de negociación unitaria entre la Federación Socialista de Cataluña, Reagrupament Socialista i Democratic y Convergencia Socialista de Catalunya para llegar a un gran partido socialista de Cataluña federado al PSOE”.87

Joan Reventós, líder del CSC, respondiendo a la cuestión, afirmó:

“Es mas complejo que la simplicidad con que lo presenta Felipe González: por una parte, están las premisas políticas fundamentales sobre las que debe forjarse la unidad de los socialistas en Cataluña, cuestión que es tan importante como el problema de quienes hemos de formar parte del PS catalán”.88

Por otro lado, dentro del juego político, otros partidos de la izquierda moderada intentaban desmarcarse o relacionarse con los dos movimientos políticos todavía en auge que existían en Cataluña: la Asamblea y el CFPC. La Comunión Tradicionalista era una de ellas, desmintiendo su relación con el Consell a causa de su ideario carlista configurado en los postulados de Dios, Patria, Fueros y Rey que era incompatible con ninguna concepción socialista, liberal, fascista, comunista, totalitaria o separatista. Ésta, a su vez se debatía en un enfrentamiento interno entre las dos facciones del carlismo.

Por una parte, la Junta Regional de la Comunión Tradicionalista había desautorizado al Partido Carlista cuando presentó a Josep Badía como el representante máximo de su partido, y por otra, fue a nivel federal cuando Carlos Hugo de Borbón Parma propuso la ruptura democrática basándose en el socialismo de autogestión global. En esa línea identificadora, fue la representante carlista, Maria Teresa de Borbón-Parma, quien visitó al padre Xirinachs y a los captaires en favor de la amnistía.

El 13 de febrero de 1976 se presentó en público OCE-Bandera Roja con la presencia de sus dirigentes: Santiago Medina (dirigente de CC.OO), Ferran Fullá, miembro de la Asamblea, y Josep Martínez. En una breve exposición estos explicaron que sus bases ideológicas hacían referencia a lo que se llamó la Gran Revolución Cultural Proletaria China, definiéndose como marxistas-leninistas y partidarios de la dictadura del proletariado en la creencia que la revolución pendiente era de cariz socialista. Estaban por una ruptura radical y sin paliativos ni alianzas con los reformistas del régimen, propugnando una política de unidad popular usando como método la huelga general política. En relación con las instancias unitarias, OCE (BR) afirmó que estaban en las Juntas democráticas locales, provinciales y de barrios y que habían pedido la entrada en la JDE y no forman parte del CFPC.89 Diez días después, al otro lado del espectro ideológico se presentó el Centre Català, partido fundado en 1975 en Barcelona por Joan Más Canti y Joaquim Molins, siendo sus promotores Carles Ferrer Salat y Carles Güell de Sentmenat.90 En el ámbito nacionalista, entre el 5 y el 7 de febrero se celebró el llamado Congreso Europeo cuya organización corría a cargo del Movimiento Europeo que estaba formado por organizaciones y partidos de carácter regional-nacionalista, expresando el deseo y la esperanza de la pronta restauración de las libertades públicas en España. En este congreso participaron los siguientes representantes de partidos políticos catalanes: Heribert Barrera (ERC), Jaume Casanovas y Joan B. Cendrós (EDC), Francesc Gordo (CDC), Josep Pallach (Reagrupament Socialista i Democratic), Llibert Cuatrecases (UDC), Joan Sauret (ERC), Josep Sans (EDC), Ramón Trias Fargas (EDC) y Xavier Vela (Jove Cambra de Catalunya).91

Durante el mismo mes de febrero, Jordi Pujol, líder de CDC, en la campaña de presentación pública de su partido, anunció las líneas ideológicas que marcarían tiempo después el futuro de la política catalana. Pujol afirmó en Ripoll que sin una democracia europea avanzada, no se tendría a Cataluña como país; mientras que días después, en Hospitalet, reivindicaba para si la definición de “català es tot home que viu i treballa a Catalunya”, añadiéndole, “i en fa casa seva”.92

Por aquel entonces se pusieron de moda las llamadas charlas-coloquio, destacando las convocadas por el Club Catalonia. Los debates se caracterizaban por su carácter elitista y conservador aunque en ellos hicieran su presentación políticos como Rafael Ribó, miembro del PSUC y de la Asamblea, para hablar de los trabajos que se estaban desarrollando en la preparación de un nuevo estatuto político para Cataluña y sus posibles paralelismos con el ya conocido de 1931.

En esa misma línea se fue desarrollando un ciclo de conferencias sobre las terceras vías93 a modo de presentación de las diferentes tendencias políticas insertas en su mayoría en el CFPC. Veanse como ejemplo las realizadas en las localidades catalanas de Mollet del Vallés y Calella de la Costa organizadas por la delegación local de los “Amigos de las Naciones Unidas”. En general las ponencias eran de tipo variado, destacando las siguientes: “Una alternativa demócrata-cristiana per Catalunya” por Josep Mª Coll (UDC); “L’esquerra europea davant la crisis” por Anna Bosch (PSUC); “L’home lliure dins del camvi social” por Jordi Laboria y Emili Giralt (RSDC); “Democracia i gestió popular” por Miquel Blancher (CSC); “Per una convergencia democrática a Catalunya” por Arcadi Viñas (CDC); y “En Calella, perspectiva histórica de les forces politiques catalanes, 1939-1976”, por Rafael Ribó. En una de ellas, el socialista Ernest Lluch presentó un programa económico como si fuera un auténtico programa de gobierno. Lluch, entre otras cosas apuntaba a una:

“(...) Política activa de empleo en base a inversiones y mejoras en los servicios públicos y enseñanza, acortamiento de la edad de trabajo, y una política específica de lucha contra el paro entre los jóvenes; rápida descentralización del presupuesto estatal; facilitar el crédito en base a la creación de puestos de trabajo; mantenimiento de la renta real de los trabajadores; bloqueo de los precios industriales y márgenes de distribución. Las reformas serían pues: reforma fiscal; reforma agraria, la tierra para quien la trabaja; renacionalización de las grandes empresas, de forma que pasen a estar controladas por los trabajadores; nacionalización del crédito; creación de un ministerio de sanidad que convierta la seguridad social en general; restablecimiento del estatuto de autonomía como estatuto provisional. El definitivo debería afrontar el problema económico y no deberá olvidarse su estrecha relación con la reforma fiscal”.94

Como dato anecdótico, Lluch recordó aquella frase histórica, pronunciada por José Calvo Sotelo, tan repetida de: “Prefiero una España roja que una España rota”, refiriéndose a la discusión parlamentaria sobre la propuesta de pasar algunos impuestos estatales a la Generalitat de Cataluña; advirtiendo que las consecuencias ocurridas entonces, no deberían volver a pasar.

El 1º de febrero se reunió la XIII CPAC, tras la celebración de la manifestación por la amnistía. Entre los asistentes más conocidos estaban: Francesc de Borja Aragay, Mª Dolors Calvet, Vicenç Faus, Xavier Folch, Ferran Fullà, Paco Giménez, Vicenç Ligüerre, Enric Nosas, Pere Portabella, Rafael Ribó y Miquel Sellarés. En total asistieron 95 representantes de 59 delegaciones.

Como era preceptivo, en el inicio de la reunión presentaron su adhesión el Colegio de Doctores y Licenciados de Barcelona, la Asociación de Vecinos del Turó de la Peira, el Moviment de Dones y la Joventut del PSAN. A continuación se presentó el informe marcado principalmente por la política continuísta del presidente Arias y la voluntad de propugnar la ruptura democrática. También se tuvieron en consideración los contactos efectuados con representantes políticos de las Islas Baleares que días antes habían constituido la Asamblea Democrática de Menorca en la ciudad de Mahón, tratando en su presentación del hecho específico de Menorca, de las exigencias de las libertades de expresión, reunión, amnistía, libertades políticas y la necesidad de una ruptura política. Posteriormente se hizo alusión a los contactos con el País Valenciano y de la situación política actual, centrándose el debate en asuntos de ámbito laboral en Barcelona y en el Baix Llobregat, y de la manifestación a favor de la amnistía realizada unas horas antes prácticamente sin incidentes ni detenciones. Finalmente, el informe final consensuado fue utilizado para convocar otra manifestación proamnistía para el domingo 8 de febrero en el Parque de la Ciudadela de Barcelona.

42. Tele/expres, enero de 1976.

43. UGT, nº 358, abril de 1975 en MARÍN, José Mª, “Algunas claves...” op. cit., pp. 91-92. Mundo Obrero, 14-1-76. Declaración política del comité ejecutivo del PCE, enero de 1976.

44. MARÍN, José Mª, “La transición sindical...”, en TUSELL, Historia de España, op. cit., pp. 452-453.

45. FRAGA IRIBARNE, Manuel, En busca del tiempo perdido, Barcelona, Planeta, 1987. Vease también en MARÍN, José Mª, “Algunas claves...”, op. cit., pp. 94-95.

46. Treball, 5-1-1976.

47. Tele/expres, 31-1-1976. Ver Treball, 5-1-1976. También en “Una prensa de verdad”, Nuevo Diario, 28-1-1976.

48. Tele/expres, 2-1-1976.

49. Tele/expres, 9-1-1976.

50. ÁGUILA, Juan José del, EL TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Barcelona, Planeta, 2001, p. 318

51. Tele/expres, 3-1-1976.

52. Diario de Barcelona, 15-1-1976.

53. Esquerra Democrática de Catalunya (EDC), fundada en 1975, antes denominada Partit Liberal Catalá. Su declaración de principios era: “Izquierda significa ser heterodoxo ante el poder establecido, ser libre ante la autoridad y ser abierto ante el progreso ideológico”. Encuadrada en la denominada derecha civilizada de Cataluña. Formó parte del CFPC pero no de la Asamblea. Sus dirigentes destacados eran: Ramon Trias Fargas y Jaume Casanovas, en COLOMER, Jaume, AGUILERA, Cesáreo R., SUBIRATS, Joan, VINTRÓ, Joan, Els Grups Polítics a Catalunya, Partits i Programes (volumen I), Barcelona, Avance, 1976.

54. BATISTA, Antoni, op. cit., p. 208. Ver también Treball, 5-1-1976.

55. AHGCB, “Huelga de hambre en Montserrat, realizada por XIRINACHS y acompañantes”, Caja nº 191, SIGC 412ª Comandancia Guardia Civil.- Manresa, destino: Gobierno Civil de la provincia.- Barcelona, fecha: 27-12-1975/ 6-7-8 de enero de 1976.

56. El presidente era Joaquín Pibernat que cedió el cargo a Joan Gomis bajo la aprobación del arzobispado, en Tele/expres, 28-02-1976.

57. Tele/expres, 22-1-1976.

58. Chu En-Lai (Zhu Enlai), Jefe del gobierno Chino (1958-1976). Asociado a la imagen de Mao Tse-Tung, trabajó e influyó en el desarrollo de la llamada “revolución cultural proletaria”. Murió de cáncer a la edad de 70 años.

59. GUERRA, Alfonso, op.cit., p. 239.

60. “Yo soy un militante, no un dirigente (…) Soy consciente de mi obediencia a mis superiores (…) El pasado no existe”. Rodolfo Llopis (1895-1983) fue el último secretario general del PSOE en el exilio, desbancado por Felipe González en el Congreso socialista de Suresnes en 1974, en Tele/expres, 10-1-1976.

61. Tele/expres, 6-1-1976.

62. AHCNOC, “Junta Democrática de España”, Carpeta, 7-1-1976.

63. AHCNOC, “Junta Democrática de España”, Carpeta, 8-1-1976. Ver apéndice documental.

64. Posible, 15-21 de enero de 1976.

65. Diputado al Congreso (1977-89), Senador (1989-93).

66. Tele/expres, 22-1-1976.

67. Tele/expres, 10-1-1976.

68. Tele/expres, 12/16-1-1976.

69. Nacido en Logroño en 1934, fue director general de RENFE (1970) y subsecretario de Obras Públicas (1973). Ver también Treball, 19-1-1976.

70. Tele/expres, 3-1-1976.

71. BENET, Desfeta y redreçament de Catalunya, Barcelona, Crítica, 1978, p. 90.

72. MOLAS, Isidro, op. cit., p. 78.

73. BATISTA, Antoni, op. cit. p. 209. También ver COLOMER, Josep Mª, op. cit., p. 81.

74. Tele/expres, 31-1-1976.

75. El origen del Movimiento Comunista de España (MCE) según sus mismos militantes provienen de la escisión de ETA en 1966 formando la organización ETA-BERRI; posteriormente el grupo se convirtió en comunista y posteriormente pasó a llamarse MCE. Por estas fechas, algunos de sus dirigentes anunciaron que en Cataluña se llamarían Moviment Comunista de Catalunya (MCC), en Galicia, Movemento Comunista Galego y en la misma línea en el País Valenciá, les Illes, etc. Ello no supuso cambio alguno en su estructura organizativa porque ya estaban preparados para una actividad autónoma. Sobre el CFPC opinaron que su creación era innecesaria, aunque intentaran entrar en la organización, porque la Asamblea de Cataluña ya era un organismo unitario muy válido.

76. Tele/expres, 28-1-197

77. Treball, 19-1-1976. Ver BALFOUR, Sebastián, op. cit., p. 223.

78. Tele/expres, 28-1-1976.

79. Primer ministro (1976-1980). Desplazado del poder por Deng Xiaoping en 1980.

80. POWELL, Charles, op. cit., p. 151

81. Tele/ expres, 9-2-1976.

82. Treball, 16-2-1976.

83. Tele/expres, 4-2-1976.

84. Dos dias antes, Fraga envió dos emisarios, Manuel Milian Mestre y Luis Santiago de Pablos, a negociar con Tarradellas en Saint-Martin-le-Beau dentro de los preparativos de esa visita oficial, en BATISTA, Antoni, op.cit., p. 213.

85. Tele/expres, 2-2-1976. También ver Treball, 16-2-1976.

86. “La Reforma y la Ruptura”, en Tele/expres, 17-2-1976.

87. Hoja del Lunes, 23-2-1976.

88. Ibid.

89. Tele/expres, 14-2-1976

90. MOLAS, Isidro, op. cit., p. 35.

91. Tele/expres, 9-2-1976.

92. Tele/expres, 7-2-1976.

93. Tele/expres, 27-2-1976.

94. Ibidem.

Desde las manifestaciones proamnistía en Barcelona del 1 y 8 de febrero de 1976, hasta los sucesos de Vitoria (abril de 1976)

David Ballester y Manel Risques detallan rigurosamente en su libro Temps d’Amnistia todo lo acontecido sobre las manifestaciones proamnistía realizadas entre los días 1 y 8 de febrero de 1976 en Barcelona, calificadas tanto por la Asamblea como por el CFPC como los actos de afirmación democrática y nacional catalana más importantes desde 1939 aunque aún quedan flecos que quedan por completar sobre el significado de lo que aconteció en aquellos días.95

La petición oficial a las autoridades sobre esta primera manifestación celebrada el 1º de febrero de 1976 iba acompañada por más de 160 firmas relevantes en Cataluña, encabezada por Joan Frias Almarza, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), seguida de veinte presidentes de asociaciones de vecinos de diferentes barriadas, representantes de partidos, sindicatos y entidades religiosas, culturales, enseñanza, etc., con el objetivo central de reivindicar la amnistía para los presos políticos. El argumento en el que se basaba el documento presentado a la autoridad gubernativa decía que:

“Dada la multitudinaria petición de amnistía realizada por entidades muy diversas y miembros de la comunidad ciudadana a través de los más diversos medios, parece existir un sentimiento común en la ciudad a favor de la reconciliación y como paso para llegar a una real convivencia democrática.”96

Sin embargo, el documento presentado para la segunda manifestación, exactamente una semana después, incorporaba la reclamación de los derechos políticos y las libertades nacionales catalanas que vendrían contempladas con la consecución del autogobierno y el establecimiento del Estatuto de Cataluña. Esta estrategia de unificar objetivos tan diversos como reivindicar la amnistía para los presos incorporando las libertades nacionales y el establecimiento del Estatuto para Cataluña no resultaba nada extraño y obtuvo un resultado muy positivo para los intereses de la oposición antifranquista jamás imaginado por la Asamblea.

La prohibición de realizar las manifestaciones desde el Gobierno Civil recibiendo órdenes de Madrid, no tardó en llegar; sin embargo, los participantes, como en anteriores ocasiones, obviaron el mandato gubernamental saliendo a la calle desde diferentes puntos del entorno barcelonés: El Prat de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, Badalona, Cornellá de Llobregat y otros barrios periféricos de Barcelona.

La concentración del domingo 1º de febrero dio comienzo al inicio del Pº San Juan con la presencia de algunas personalidades políticas, culturales y sociales al frente de la manifestación cogidas del brazo, entre ellas: Lluís Mª Xirinachs, Joan Reventós, Francesc Pi de la Serra, Ferran García Faria, Rafael Ribó, Marta Mata, Miquel Roca, Josep Miquel Abad, Pere Ardiaca, Pere Portabella, Francesc Vicens, Manuel Jiménez de Parga, Heribert Barrera, Josep Laporte, Josep Pallach, Xavier Folch, Jacint Humet, Miquel Núñez, Albert Fina, Jordi Vallverdú, Joan Prats y otros. La manifestación comenzó a las 11 de la mañana y finalizó hacia las 3 de la tarde tras haberse leído y firmado un manifiesto entre otros por: Joan Majó, Eulalia Vintró, Ramon Espasa, Anton Canyellas, Miquel Esquirol, Jacint Humet, Marta Mata, Manuel Jiménez de Parga, Jose Antonio González Casanova, Joan Carrera (sacerdote), Xavier Cassasas, Pere Camps, Isidor Boix, Albert Fina, Antoni Tàpies, Josep Maria Castellet, Rafael Ribó, Francesc Pi de la Serra, Ovidi Montllor, La Trinca, Jordi Pujol, Miquel Roca, Joan Reventós, Heribert Barrera, Agusti de Semir, Jordi Carbonell, Josep Benet, Pere Portabella, Lluís Maria Xirinachs, Albert Serratosa, Jordi Vallverdú y Lluís Reverter junto con algunos personajes vinculados al régimen franquista, entre ellos, Eduardo Tarragona, Jacinto Soler Padró, ambos concejales del Ayuntamiento de Barcelona, y Albert Pons Valón, presidente de la Asociación de Vecinos de Barcelona. Se calcula que la asistencia estuvo cercana a las setenta mil personas y fue disuelta tras la aparición de los antidisturbios a golpe de porra y culata.97 Años después, el que fuera gobernador civil de Barcelona, Salvador Sánchez Terán, comentaba que si había un divorcio rotundo entre la realidad y la legalidad, sin duda esto pasaba en el mundo sindical:

“Pocos días después −comentaba Sánchez Teran− vi las fotos de la manifestación que publicó profusamente la prensa internacional, y realmente constituía el más inadecuado pórtico para la apertura a la democracia”.98

La manifestación convocada para una semana después en el Parque de la Ciudadela transcurrió también entre balas de goma y botes de humo. De nuevo Barcelona se volvió a llenar de manifestantes enfrentándose a las inevitables cargas de fuerzas del orden, concentrándose en las zonas del Pº de Colón hasta la plaza Lesseps y desde el Pº San Juan hasta la calle Entenza, justo en el centro de la ciudad. El anuncio de esta nueva manifestación se realizó de nuevo previa petición oficial al Gobierno Civil firmada por: Francesc de Borja Aragay, Josep Benet, Miquel Sellarés, Antonio Gutiérrez, Viçens Ligüerre, Joan Armet, Monserrat Olivan, Agustí de Semir, Jordi Carbonell, Rafael Ribó, Enric Nosas, Pere Portabella, Jacinto Humet y Sánchez Carreté, propuesta que fue rechazada automáticamente.99

Como ya estaba previsto, la CPAC había dado a conocer la convocatoria del acto mediante un escrito titulado “Per les Llibertats Nacionals de Catalunya” basándose en el punto tercero de su programa donde se exigía el restablecimiento provisional de las instituciones. Por ello, la Asamblea convocó el acto con todo su simbolismo frente al antiguo Parlamento de Cataluña al mediodía bajo los slogans: ¡Por el restablecimiento del Estatuto de 1932, Por el Gobierno Provisional, Por el Parlamento de Cataluña. Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía!100 A su vez, a través de un comunicado la AD de Barcelona, se llamó a la conquista por la amnistia y por las libertades sin obviar el restablecimiento del Estatuto de Cataluña.101 Los resultados de la manifestación, según fuentes gubernativas, fueron alarmantes: 24 policías heridos y 35 detenidos en la manifestación, entre ellos estaba el padre Xirinachs y el captaire, Ferran García Faria. La relación de algunos de los detenidos fue la siguiente: Sagrario Martín, José Vilchez, Jorge Maymó, Emilio Sulla, Juan Amat, Mariano San Millán, Manuel Vilar, Fernando Vives, Rafael Martín, Amadeo Pérez, Jorge Orgue, Lluís Comalrena, Joaquín Maria Cervera, Maria Rosa Capdevila, José Luis Martínez, Armando García, Francisco Javier Villalonga, Pedro Contijos y Roque Villas. Asimismo pudo verse en otros puntos de la manifestación al catedrático Jiménez de Parga, a Josep Laporte y Heribert Barrera.

Coincidiendo en aquellos días de auténtico furor reivindicativo, también salió a la luz una propuesta presentada a favor de Xirinachs para el Premio Nóbel de la Paz, respaldada, como no, por la Asamblea y por más de trescientos intelectuales del país.

Paralelamente a la manifestación principal del día 8, también se efectuaron otras con el mismo contenido ideológico en diferentes puntos cercanos a Barcelona, destacando la de Rubi. Con ello se dio a entender la perfecta coordinación efectuada por la asamblea en estos actos de lucha. Días después, el SCPAC haciendo balance del éxito de las convocatorias efectuadas, hizo público un comunicado titulado: “El poble de Catalunya es el camí de la conquista de la democracia”, donde se comunicaba que las dos manifestaciones habían sido la expresión inequívoca de la voluntad del pueblo catalán para conquistar la “Libertad, la Amnistía y el Estatuto de Autonomía”. En el mismo documento también se calificaba de brutal y salvaje la actuación de las fuerzas de orden público en contra de los pacíficos manifestantes, dejando en evidencia la incapacidad del régimen de aceptar los derechos democráticos más elementales, exigiendo la liberación inmediata de todos los detenidos y reivindicando el derecho de todos los ciudadanos a manifestarse pública y pacíficamente, anunciando que convocaría al pueblo hasta la consecución de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña.102

Mientras tanto, el 12 de febrero se reunieron representantes de la Asamblea y el CFPC para analizar las últimas actuaciones proamnistía y sobre la elaboración del nuevo Estatut de Catalunya, demostrando la absoluta coordinación entre los dos entes políticos, justo el mismo día que volvía a la actualidad informativa el consejo de guerra convocado contra un jefe y ocho oficiales miembros de la UMD por presunto delito de sedición y la detención días después del capitán de ingenieros Antonio Herrero, íntimo amigo del comandante Luis Otero, uno de los fundadores de la UMD.103

En febrero de 1976 se registraron en Cataluña una multitud de manifestaciones de carácter laboral que enlazaron posteriormente con una huelga generalizada desencadenada en Sabadell y alrededores siendo más de trescientas las empresas afectadas, resultando de estos incidentes diversos detenidos por la policia y heridos de grave consideración. Uno de ellos fue el trabajador Manuel Rodríguez y el joven de 16 años, Ángel Redondo, que perdió un ojo. Sin embargo, todos estos conflictos laborales consiguieron que la presión social influyera en la readmisión de los 104 trabajadores despedidos de la empresa Laforsa, considerándose un triunfo para éstos, demostrando la euforia de su estado de ánimo con la celebración de un partido de fútbol disputado en el campo del Cornellá de Llobregat, donde los trabajadores de Laforsa y Siemens aclamaron su victoria moral con un entusiasmo irrefrenable entre gritos de ¡Amnistía y Libertad!104

La incorporación de nuevas adhesiones a la Asamblea siguió in crescendo a un ritmo sorprendente incluso para sus dirigentes durante todo el primer trimestre de 1976. Toda organización política o social contraria al régimen y de carácter antifranquista queria participar en ella, por eso no era de extrañar recibir peticiones como del Grup Democratic de Periodistes de Barcelona, que desde 1968 luchaban por las libertades democráticas y de expresión, hasta la incorporación de la Assemblea de Forces Democrátiques del Baix Camp, formada por: CC.OO, CDC, CSC, ERC, Reagrupament, PSUC y Unió de Pagesos.

Por aquellos días, la Asamblea protagonizó en Barcelona numerosas presentaciones, asistiendo repetidamente un público enfervorizado ante las constantes exclamaciones dirigidas normalmente contra el régimen. Entre ellas destacó la del día 6 de febrero en la UAB ante un millar de estudiantes, asistiendo entre otros: Jordi Guardiola, Vicens Ligüerre, Miquel Sellarés, Sánchez Carreté, Salvador Casanovas y Francisco Frutos. En el debate que normalmente se producía después, se habló sobre la presencia estudiantil en la Asamblea. Sin embargo, en otras reuniones se recogían los problemas cotidianos del día a día de la sociedad, de la tensión laboral existente, del protagonismo de la lucha reivindicativa en las universidades y el descontento de los funcionarios municipales en Barcelona, entre ellos los bomberos, que expresaban su descontento forzando una huelga. Así ocurrío en el acto celebrado en el barrio barcelonés de Collblanc donde participaron en nombre de la Asamblea Vicens Ligüerre y Miquel Sellarés.

Mediante el llamado Comité de Enlace de la Asamblea de Cataluña, se reunieron por segunda vez la Asamblea y el CFPC, acto al que asistieron unas 25 personas. Finalizada la reunión, el Consell emitió un comunicado valorando las manifestaciones populares de los días 1 y 8 de febrero, considerándolas como la expresión de la voluntad democrática del pueblo catalán. En el documento se reafirmó la ruptura democrática y se hizo un llamamiento hacia la construcción de la democracia. A continuación se anunció la preparación de otro escrito exigiendo la autodeterminación para el pueblo saharaui recordando en ese sentido la constitución en Barcelona del Comité Catalán de Solidaridad con el Pueblo Saharaui integrado por: Agermanament, Amics de les Nacions Unides, Pax Christi, Comisión Gestora de la Asociación de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Saharaui y el Consell Català d’Ensenyament.

Estaba claro que desde su formación el protagonismo del Consell fue aumentando considerablemente a costa de la Asamblea, usurpando en un momento determinado la labor representativa de ésta como representación máxima a nivel político de Cataluña. Esta nueva estrategia catalanista pasaba por la búsqueda de contactos con otras plataformas del Estado en busca de una deseada coordinación opositora. Una de ellas fue la reunión realizada por representantes del Consell el 9 de marzo de 1976 en Galicia con el Consello das Forzas Políticas que estaba formado por: Unión do Pobo Galego, Partido Socialista Galego y Partido Galego Socialdemócrata.

En resumen, para darnos cuenta del esfuerzo de lucha realizado en febrero de 1976 solo es cuestión de observar los datos de paro y manifestaciones al finalizar el mes, contabilizándose doscientos treinta mil trabajadores en huelga que afectaron a 2.377 empresas en veinte provincias, añadiendo la huelga generalizada en el sector del transporte que se iba extendiendo por todo el país.

Sin duda, la situación comenzaba a ser insostenible y solo cabía tomar la decisión de cambiar el rumbo de un gobierno que iba a la deriva, aferrado a un pasado caduco y desbordado ante los acontecimientos. Se ha de tener en cuenta que, mientras en 1975 se convocaron 3.156 huelgas, en los tres primeros meses de 1976 ya se habían contabilizado 17.731.105 A estas alturas muchos ya sospechaban que tarde o temprano el rey tomaría la iniciativa aunque habría que esperar un poco más para verlo.

En marzo de 1976, el presidente Arias seguía anclado en una política continuista que, salvo pequeñas aperturas propiciadas por la iniciativa del rey avanzaba hacia una evolución incierta tomando como base los Principios Fundamentales franquistas. Desde el exterior, a través de la prensa extranjera llegaban algunas noticias de alcance histórico que atraían nuestra atención y que rompían en cierta forma con la deprimente situación en la que nos encontrábamos sumergidos. Así sucedió con la muerte del polémico Mariscal de campo Bernard Law Montgomery, vencedor de El Alamein, o la eutanasia concedida por el Tribunal Supremo de New Jersey (EE.UU.) a la joven Karen Ann Quinlan de 22 años de edad, que mantenía su vida artificialmente mediante una máquina, efecto que creó un precedente en la historia norteamericana y en la sensibilidad de muchos ciudadanos europeos.106

En España llevábamos tres meses sin Franco, tiempo suficiente para que gran parte del exilio político republicano comenzara el viaje de retorno tan deseado. Diego Abad de Santillán, exsecretario general de la Federación Anarquista Ibérica (FAI), fue de los primeros en volver aunque su llegada no tuvo apenas trascendencia, eclipsada al parecer por otros acontecimientos políticos de mayor relevancia que ocuparon en aquellos días el interés de los medios de comunicación como fue el reconocimiento por la Organización de Estados Africanos (OUA) de la Republica Saharaui o el golpe de estado militar realizado en Argentina en la madrugada del 24 de marzo de 1976. Efectivamente, los militares se hicieron cargo del poder finalizando la crisis política, económica y social, según fuentes militares, que dominaba en toda la República desde hacia tiempo. El poder fue usurpado por los comandantes de las tres Armas del Ejército con la presidencia del teniente general Jorge Rafael Videla, siendo asesorado por una Junta Militar formada por el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier general del Aire, Rolando Agosti. El bando oficial del nuevo gobierno decía lo siguiente: “Frente al caos institucional, social y administrativo que vivía la República, la Junta Militar, integrada por los comandantes generales de las fuerzas armadas, ha decidido asumir el gobierno de la nación argentina”.107 Con posterioridad fueron detenidos destacados dirigentes peronistas, ocupados los puntos estratégicos y, detenida la presidenta de la República, Maria Estela Martínez de Perón, que fue secuestrada y enviada a San Carlos de Bariloche, a 1800 Km de Buenos Aires.

El gobierno español, siguiendo con su política continuista pero con constantes altibajos, decretó a mediados de mes el nuevo salario mínimo interprofesional fijado en 345 pesetas/día y dio instrucciones de distribuir las nuevas monedas de veinticinco, cincuenta y cien pesetas con la efigie del monarca. Otro gesto simbólico sin precedentes fue la legalización de los nombres propios que pudieron registrarse a partir de entonces en cualquiera de las lenguas españolas. Sin embargo, estos pequeños gestos de apertura no fueron percibidos suficientemente por la ciudadanía y menos por la clase obrera que seguía en su lucha contra la represión y la censura mediante las incesantes manifestaciones y huelgas laborales extendidas por toda la península. Esa era la realidad y no otra, con un constante control represivo que no cejaba en su empeño y con una censura que daba sus últimos coletazos. Claro ejemplo de ello fue la suspensión de un recital de Lluís Llach, convocada por la JDE, en la Universidad de La Laguna.

El 4 de marzo de 1976 se registraron grandes manifestaciones en diferentes localidades de la geografía española. En Tarragona, el despido de treinta trabajadores de la refinería Empetrol provocó una serie de manifestaciones y enfrentamientos con la policia, resultando de los incidentes la muerte accidental de Joan Gabriel Rodrigo Cano, de 19 años. Sin embargo, el epicentro de la lucha obrera se habia trasladado al País Vasco, registrándose grandes manifestaciones en Vitoria debido al conflicto surgido a principios de enero en las empresas, Forjas Alavesas y Mevosa, provocado por los despidos de numerosos obreros y la intransigencia de los empresarios. La violencia policial llegó a niveles incontrolados siendo la lucha desigual por lo que las jornadas de protesta acabaron con la vida del obrero José Mª Martínez Ocio y del estudiante Miguel Ortiz de 17, junto con más de cuarenta heridos. La huelga fue de carácter general, calculándose más de trece mil obreros en la calle y se expandió a otras ciudades como Pamplona, Bilbao y San Sebastián que ya sufrían los azotes perpetrados por ETA y la recién nombrada ATE (antiterrorismo ETA) que el último de mes habia realizado un doble atentado. Cuatro días después de iniciada la revuelta falleció el obrero de 18 años, Vicente Antonio Ferrero, por disparos de la Guardia Civil durante una manifestación de protesta por los asesinatos de Vitoria, siguiéndole seis días después el trabajador Juan Gabriel Rodrigo que cayó desde una azotea al intentar escapar de las fuerzas del orden.

En Cataluña, los huelguistas ya rondaban los sesenta mil trabajadores en la provincia de Barcelona, extendiéndose el conflicto a Gerona con paros en las artes gráficas, el ramo del agua y la construcción. Dicha huelga coincidió con la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, y por tal motivo, el 9 de marzo llegó a Barcelona como apoyo al evento tan señalado una representación formada por tres mujeres del Comité d’Information et Solidarité avec l’Espagne (CISE). En un primer momento, la importancia política de esta visita no debía pasar de anecdótica; sin embargo, el interés adquirido por las diferentes estancias del poder establecido en la ciudad condal, indicaba un cambio de actitud aperturista ante los movimientos de liberación sexual y cultural que provenian del otro lado de la frontera. En su breve estancia dichas personalidades tuvieron ocasión de visitar desde la cárcel para mujeres de la Trinidad, pasando por las protocolarias audiencias ante el arzobispo de Barcelona y el gobernador civil, hasta la inevitable entrevista con el Padre Xirinachs. Recordemos que la influencia mediática de este sacerdote en aquellos días era considerable y su mensaje se iba extendiendo a lo largo de todo el principado; vease como ejemplo la actitud protagonizada por el captaire de la pau, Ricard Gamundi, cuando inició una huelga de hambre y silencio en la iglesia de Sant Pere de Figueres, promoviendo la publicación de su manifiesto titulado “Si quieres paz no prepares la guerra”.

Una semana después, mientras se consumaba el secuestro gubernativo del libro titulado Una española llamada Dolores Ibarruri, de la escritora Teresa Pàmies,108 se realizó la primera manifestación autorizada en Barcelona desde el final de la guerra civil con motivo de la derogación de la Ley de Prensa. Con los slogans dedicados a la libertad de expresión y el secreto profesional, unos quinientos periodistas exigían la supresión de las jurisdicciones especiales; la protección ante posibles presiones de grupos políticos y económicos, de las autoridades públicas y los intereses empresariales; la amnistía para los posibles delitos de prensa e imprenta cometidos hasta la fecha y de todas aquellas causas que se hallaban en distintos momentos procesales, refiriéndose directamente a la causa contra el periodista José Mª Huertas Clavería que todavía se encontraba en prisión.109

La manifestación estuvo encabezada por los firmantes de la petición al Gobierno Civil de Barcelona: Enrique Arias, Carlos Pastor, Josep Mª Cadena, Joan Anton Benach y Josep Mª Lladó, portando en la pancarta el slogan ¡Llibertat d’expressió! Otras eran, ¡Prou agresions i mes llibertats!; ¡Som periodistes, no som confidents!; ¡Llibertat, Amnistía, per en Huertas Clavería!; ¡Volem amnistía per en Huertas Clavería!; ¡Llibertat, Amnistía, Estatut d’Autonomia!; etc.

Todo daba a entender que el gobierno seguía inmerso en constantes contradicciones, reprimiendo por un lado actos o conatos a favor de la apertura política y social110 y por otro autorizando progresivamente manifestaciones o haciendo la vista gorda en presentaciones públicas de partidos ilegales y nuevas organizaciones. Vease como ejemplo que, del mismo modo que la Asamblea y el CFPC, todavía ilegales, se presentaban publicamente en la Universidad de Barcelona sin ningún problema; en otros sectores políticos continuaban las detenciones sin reparos de activistas de signo izquierdista. Sin embargo, estaba claro que alguna razón tendría el gobierno para actuar de esta manera aunque en aquellos momentos nadie se parara a pensarlo. En consecuencia, para el nuevo gobernador civil de Barcelona, Salvador Sánchez Terán, esta estrategia fue utilizada en la linea de: autorizar en un principio progresivamente las manifestaciones, manteniendo a su vez los contactos políticos con los dirigentes de las diferentes tendencias; y por otro lado, no autorizar la existencia de partidos totalitarios de derecha e izquierda, excluyendo en su totalidad el anarquismo y el terrorismo.111

A mediados de marzo de 1976, el gobierno Arias nombró al teniente general Francisco Coloma Gallegos, capitán general de la IV Región Militar.112 Mientras tanto, en Madrid comparecían en consejo de guerra un comandante del Ejército de Tierra y ocho capitanes de la Unión Militar Democrática (UMD) acusados de conspirar para el delito de sedición, acto tipificado en el artículo 303 del Código de Justicia Militar. El juicio fue registrado como la causa 250/75, presidiendo el Tribunal militar el general de división, Federico Gómez de Salazar, exgobernador del Sahara español. Las penas a las que se enfrentaban los procesados iban entre tres y 12 años, siendo los encausados: el comandante Luis Otero Fernández; los capitanes Restituto Valero Ramos, José Fortes Bouzan, José Reinlein García-Miranda, Jesús Martín Consuegra y López de la Nieta, el capitán de caballería Manuel Fernández Lagos, los capitanes de artillería Fermín Ibarra Renés y Antonio García Márquez y de aviación Abel Jesús Ruiz Cillero.

Este juicio aportó a la oposición democrática nuevos argumentos para denunciar la política represiva del gobierno y puso en evidencia el pretendido aperturismo de Arias Navarro, que solo se manifestaba legalizando partidos y asociaciones afines al régimen, como fueron: Unión Nacional Española (UNE), Frente Nacional Español (FNE), Unión del Pueblo Español, ANEPA, Reforma Social Española y Asociación Política Proverista. Mientras tanto, por otro lado negaba la entrada en España al dirigente carlista, Carlos Hugo, expulsado en 1968 o hacía la vista gorda en las presentaciones públicas de partidos enmarcados en la extrema izquierda. Vease el caso de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), organización enraizada en el País Vasco y Navarra que tenía sus orígenes en la Alianza Sindical de Trabajadores (AST) y que se autodefinía como marxista-leninista sustentando tesis maoístas (ver a fines de 1975 la Unión de Juventudes Maoístas). Esta formación formó parte de la Asamblea pero se auto excluyó de la Plataforma Democrática por no querer llegar a la misma unidad con la Junta Democrática.113 Otros ejemplos fueron la Lliga Liberal Catalana, heredera de la histórica Lliga Catalana representada por Salvador Lillet i Bel, Octavi Saltor y Modest Sabaté, o el Partido Carlista en Cataluña.

El 18 de marzo de 1976 las dos plataformas unitarias más influyentes y de mayor participación del Estado español, la Junta Democrática y La Plataforma Democrática, se fusionaron en un nuevo organismo denominado Coordinación Democrática (CD) y cotidianamente conocido como la Platajunta.

El comunicado oficial publicado por ambas partes, fue facilitado a Europa Press y decía lo siguiente:

“Se ha reunido el comité de coordinación de la Plataforma de Convergencia Democrática para estudiar la articulación unitaria de la oposición y el actual momento político y social. Se ha llegado al acuerdo de establecer con carácter inmediato un órgano unitario de toda la oposición a todos los niveles, al que quedarán incorporadas inicialmente las fuerzas políticas y sindicales que hoy componen la Junta y la Plataforma. Este acuerdo queda sujeto a ratificación por parte de algunas de las fuerzas políticas presentes. En consecuencia, se ha creado una comisión de estudio para la articulación y desarrollo de este acuerdo para la relación con las instancias unitarias de las nacionalidades y las regiones y para la elaboración de un análisis de la actual situación política y social”.114

Por la Junta Democrática firmaron: PCE; PTE; Partido Socialista Popular (PSP),115 representado por Enrique Tierno Galván y Raúl Morodo; CC.OO; y personalidades de la política como Antonio García Trevijano y Rafael Calvo Serer. Por la Plataforma Democrática: PSOE, Izquierda Democrática (ID), UGT, Partido Social Demócrata (PSD), Unión Social Democrática Española, Partido Carlista y el Movimiento Comunista de España (MCE).

Los primeros comentarios al acuerdo de las dos plataformas unitarias no se hicieron esperar, siendo el más llamativo el formulado por el dirigente del PSP, Enrique Tierno Galván, indicando a grosso modo que el acuerdo no era un compromiso ni un frente popular y sólo tenía como función específica el llegar a la ruptura por procedimientos pacíficos y que la hicieran posible todas las naciones y pueblos de España.116

Para el dirigente de CSC, Joan Reventós, la creación de la Coordinadora Democrática (CD) y el acuerdo entre la Confederación Socialista Ibérica y la Federación de Partidos Socialistas, harían cambiar el panorama de los partidos y organismos unitarios en Cataluña, aunque en realidad la unión de la izquierda democrática fue posible cuando el PCE se vió imposibilitado de derrocar el gobierno e imponer un gobierno provisional. Fue desde entonces cuando empezó a utilizarse la expresión popular de la ruptura pactada, siendo Raúl Morodo el que primero la utilizó.117

La reacción oficial del gobierno ante la aparición de la Platajunta fue de sensible malestar al intuir éste el peligro inminente de la posible unidad de una buena parte de la oposición democrática.

Ante esta disyuntiva, el gobierno tenía que actuar rápido y responder a este nuevo reto adoptando alguna estrategia que le devolviera la iniciativa: una de ellas fue la opción reformista gubernamental, basada en una reforma sin ruptura y sin periodo constituyente inspirada por el primer gobierno de la Monarquía y encabezada por Manuel Fraga Iribarne. De su deriva hacia la derecha o la izquierda del marco político dependían las condiciones en que se iba a desarrollar el futuro inmediato de este periodo de transición. La segunda estratégia podría ser el incipiente frente nacional como gestor de un gran partido de la derecha franquista que habría superado los esfuerzos de organizar una formación franquista moderada a que en algún momento pudieran aspirar el ex ministro Antonio Carro o el propio presidente Arias. Y el otro camino posible era la ruptura pactada propuesta por Coordinación Democrática, una instancia unitaria de oposición que suponía la superación de las anteriores Junta y Plataforma en la que se incorporaban nuevos partidos, organizaciones sindicales y un controvertido grupo de independientes, previniendo un mecanismo para la concurrencia de nuevas entidades no necesariamente políticas. Los grupos y partidos integrados eran: CC.OO, Grupo Independiente (Calvo Serer y García Trevijano), Izquierda Democrática, MCE, Partido Carlista, PCE, Partido Democrático Popular (Ignacio Camuñas), Partido Social Demócrata (Manuel Díez Alegría Jr.), PSOE, PSP, PTE, UGT y Unión Social-Demócrata Española.118

La repercusión política en Cataluña por la formación de la Platajunta fue de recelo aunque no de rechazo, ya que teóricamente no había ningún partido del CFPC representado en ella,119 sólo los carlistas y el PSUC lo estaban indirectamente. Por el contrario, este no era el caso de la Asamblea ya que había varios partidos representados, precisamente algunos de los no representados en el Consell, dada su estructura a nivel estatal. Sin embargo, resultaba paradójico que algún tiempo atrás, la Asamblea fuera la que comunicase a la Junta y a la Plataforma su protesta al atribuirse estas últimas la representación de la oposición democrática en todo el Estado español, excluyendo precisamente a la Asamblea, el CFPC y otras instancias unitarias en Cataluña. No obstante, el hecho de que CD tuviera en sus planteamientos el pleno, inmediato y efectivo ejercicio de los derechos y de las libertades políticas de las distintas nacionalidades y regiones de España, hizo pasar a segundo plano lo anterior.

Algunos partidos que no formaban parte de CD, como el PSOEh, criticaban a la Platajunta de forma burlona con el argumento de que esa unión no tenía sentido, ya que, el hecho de que en ella figurasen carlistas y comunistas era como tratar de mezclar el agua y el aceite, al menos así lo contaba Miguel Paidró, miembro del comité ejecutivo del PSOEh.120

Mientras tanto, por aquellas fechas otro organismo unitario se presentó oficialmente en Madrid; era la Federación de Partidos Socialistas que agrupaba bajo su denominación a: CSC, representada por Joan Reventós y Narcís Serra; Convergencia Socialista del País Valencià (CSPV); el Partit Socialista de les Illes, Partit Socialista de Menorca, Coordinadora Socialista dels Països Catalans, Partido Socialita Galego, Eusko Sozialistak, Partido Socialista de Andalucía, Partido Autonomista Socialista de Canarias, Partido Socialista de Aragón y Convergencia Socialista de Madrid.

En Cataluña, el CFPC, constituido por un limitado club de partidos catalanistas que se autodenominaban como representantes políticos del pueblo catalán, iba acaparando más protagonismo en detrimento de la Asamblea que, a pesar de seguir aumentando el número de entidades asociadas, ya estaba en plena decadencia y cada vez más alejada de los órganos de decisión de la oposición. Sin embargo, lo paradógico de la situación era que, llegado el momento, eran los mismos representantes del Consell los que ostentaban el mismo cargo en la Asamblea y éstos, a su vez, negociaban a dos bandas con otras plataformas unitarias, algunas de carácter nacional. Por otra parte, estas plataformas, CD y las de carácter regional, negociaban entre si en el marco estatal y a su vez, con los diferentes partidos y asociaciones que estaban fuera de las coaliciones, intentando que estas participaran dentro de las plataformas para poder conseguir por ambas partes un mayor poder político. Las peticiones del PTE y de la FSC-PSOE para incorporarse al Consell, y el rechazo de éste a la entrada de los socialistas al Pacte Català acusándoles de su no catalanidad, es un ejemplo de ello.

A finales de marzo de 1976, Jordi Pujol y Miquel Roca, ambos miembros del CFPC, fueron elegidos secretario general y secretario adjunto de Convergencia Democratica de Catalunya (CDC), en la III Asamblea de dicha organización. Tras su elección, Jordi Pujol se dirigió a todas las instancias unitarias del Estado español para invitarlas a reunirse en torno a una declaración común que abriese el camino a la coordinación y acuerdo definitivo de toda la oposición democrática. La estrategia, según él, encaminada hacia el cambio político pasaba por un pacto para la ruptura, pues ni Cataluña ni la ruptura eran negociables. Sin embargo, no se podía decir lo mismo del proceso para llegar a ella. Días antes, en un mitin en Hospitalet de Llobregat, Jordi Pujol elogió al PSUC como “ejemplo de grupo de izquierdas que no había caído en la tentación del lerrouxismo”, algo cuyo renacimiento sería, según él, de lo peor que le podía ocurrir a Cataluña. En su opinión, sólo una Cataluña que ofreciese un nivel económico y social alto, podía conseguir como contrapartida, que la cantidad de población inmigrada hiciera suya la conciencia de catalanidad.121

En aquellos días, tanto el Consell como la Asamblea estaban por la labor de conseguir la amnistía total de todos los presos políticos mediante las acostumbradas movilizaciones coordinadas que se extendían por toda España dentro de un nexo común relacionado con los derechos humanos promulgados por las Naciones Unidas. A este respecto, el líder socialista, Joan Reventós, se quejaba de la mala prensa que tenían los Derechos Humanos dentro del pensamiento socialista aunque, poco a poco, iban apareciendo unos nuevos derechos humanos que no solo eran políticos sino también sociales y económicos. Unos derechos que, en su conjunto, aparecían en la práctica de los socialistas en un sentido muy amplio y en un momento de la historia de Europa en el que las clases conservadoras comenzaban a negar los derechos humanos para defender sus privilegios, lanzándose en manos de un sistema tan autoritario como el fascismo. Por lo tanto, la lucha de las democracias contra el fascismo era una lucha por la conquista de los derechos humanos, políticos, sociales y económicos, una lucha en la que también participaban los socialistas.122

El 28 de febrero de 1976 se reunió la XIV CPAC, con la asistencia de 91 representantes. Como ocurría en las últimas convocatorias, antes de la entrada en materia política, se dedicaba un corto espacio de tiempo a la presentación de las nuevas incorporaciones de la Asamblea. En esta ocasión la novedad fue la presencia de un representante de los Trabajadores de la Administración Pública (TAP) y otro de la Asamblea de Cataluña de Toulouse. A continuación, el debate se centró en las manifestaciones del 8 de febrero de 1976 llegando a la conclusión generalizada de que fueron los actos de afirmación catalana más importantes registrados desde 1939, resaltando el ejemplo de comportamiento cívico realizado en Sabadell y algunas referencias también a los conflictos de funcionarios, construcción y enseñanza. Seguidamente se formularon propuestas hacia la constitución de los ayuntamientos democráticos planteando previamente la petición de dimisión de los actuales consistorios y la elección democrática de éstos en el marco irrenunciable del nuevo Estatuto de Cataluña en plena elaboración.

En la reunión, alguno de los asistentes, con cierto delirio pasajero, expresaba en voz alta la similitud que podrían producir unas elecciones municipales libres como las del 12 de abril de 1931, que provocaron la caída de la Monarquía y la llegada de la II República. Sin embargo, las conclusiones finales a la que llegaron los representantes presentes se concretaron en el “Manifiesto por la Democracia” que era el documento donde se exponían las bases imprescindibles para la puesta en marcha de los Ayuntamientos democráticos. Estas propuestas pasaban por el reconocimiento y la participación de todos los partidos políticos, sin exclusiones, en el marco de una plena libertad de expresión y propaganda; por unas elecciones por sufragio universal de la totalidad de los consistorios; por la liquidación del sistema corporativista de los Tercios familiares y por el derecho de voto a partir de los 18 años.

Así, pues, nuevamente la maquinaria reivindicativa se puso en marcha, esta vez en apoyo al manifiesto elaborado y a la campaña proamnistía, estableciendo la Asamblea las próximas manifestaciones entre los días 2 y 5 de abril, siguiendo el mismo protocolo de anteriores ocasiones para la petición oficial de autorización gubernativa. En esta ocasión el documento iba acompañado con la firma de 160 ciudadanos con renombre en la vida pública catalana, pero esta vez, el esfuerzo invertido no acompañó al resultado de la convocatoria, pues la participación ciudadana y la repercusión en los medios de comunicación fue escasísima aunque sí hubo ocasión para atizar dialécticamente al opresor de siempre. El portavoz del PSUC comentaba al respecto que:

“El cabeza de la represión en Barcelona, Sánchez Terán, vuelve a tropezar en la misma piedra aconsejado por el reformador dictatorial Fraga Iribarne (...) Como que la manifestación sería secundada por muchísimos ciudadanos, es peligrosa y no puede ser autorizada. La razón aludida no pudo ser más propia de un enemigo de las libertades elementales”.123

La manifestación del domingo 3 de abril fue efectivamente prohibida por el gobernador civil y disuelta posteriormente por la policía antes de llegar a la montaña de Montjüic, que era el destino final. El grupo más numeroso, unas tres mil personas que estaban concentradas entre las calles Villarroel y Consejo de Ciento, también fueron disueltas por la autoridad.124 Por el contrario, otra manifestación convocada por la Confederación de Combatientes, que celebraban la victoria de las tropas nacionales del 1º de abril de 1939, finalmente sí pudo seguir su curso en las instalaciones internas de las Atarazanas, en plena exposición de momias egipcias, donde representantes de la Agrupación de Hermandades de la Cruzada y de la División Azul pudieron escuchar el mitin a cargo de Luis de Caralt y Juan Sánchez Bustamante, con un enfervorizado público cercano a las mil quinientas personas.

A pesar de todos estos contratiempos, la Asamblea continuó utilizando esta nueva estrategia con otro intento infructuoso de presentar el Manifiesto por la Democracia al alcalde de Barcelona, Joaquín Viola, y a las autoridades municipales la tarde del día 4 de abril en representación de tres mil ciudadanos. El documento presentado llevaba la firma de: Josep Andreu Abelló, Pere Portabella, Joan Reventós, Miquel Sellarés, Joan Senent Josa, Joan Ramon Colominas y Salvador Corominas.125 Días después, en una nota difundida el 8 de abril por el SCPAC se hizo constar el menosprecio recibido por el consistorio al ser disuelta la manifestación, aunque, a pesar del fracaso mediático, se consiguió el objetivo de expandir el mensaje por toda Cataluña.

En el Prat de Llobregat algunos concejales colaboraron con los manifestantes, posicionándose a favor del Estatut de Cataluña. En Sant Cugat del Vallés se concentraron casi doscientas personas delante del consistorio; también en Hospitalet de Llobregat alrededor de mil personas de diversos barrios se concentraron frente a la Casa de la Vila; lo mismo ocurrió en Manresa, donde fueron ochocientos los implicados que acabaron disueltos por la policía; en Vic se llegó a las cuatrocientas personas y en Mataró se presentó un escrito al alcalde por los mismos motivos convocando una concentración pacífica de 15 minutos en la plaza Santa Ana de dicha población. También hubo protestas en la Universidad de Barcelona por los mismos motivos y, según Pax Christi, incluso dos captaires se pusieron en huelga de hambre por espacio de seis días en una iglesia de Lérida. En Santa Coloma de Gramanet también hubo concentraciones y en Barcelona llegaron a reunirse unas tres mil personas en la Plaza Sant Jaume, sin que tuvieran opción a entrevistarse con el alcalde, acabando su odisea con la disolución por las fuerzas del orden aunque algunos pudieron dirigirse a la tumba del obrero Manuel Fernández Márquez, muerto en los enfrentamientos de la Térmica del Besós.

Por otro lado, en relación con los trágicos sucesos ocurridos en Vitoria y Basauri, la Asamblea a través del SCPAC emitió un comunicado en marzo de 1976 denunciando la vergonzosa actuación de los espacios informativos de Televisión Española (TVE) por la manipulación que se ofrecía de estos hechos. Una acción que evidenciaba el doble juego del gobierno Arias en su intento aparente de cambio:

“La Asamblea de Catalunya −decía la nota− reafirma su voluntad de ofrecer una alternativa política, y de garantizar su realización con iniciativas pacíficas dentro de un orden plenamente democrático. Solo el reconocimiento inmediato de los derechos y libertades ciudadanas y el restablecimiento de un régimen democrático, tal como se propugna en los cuatro puntos de la Asamblea, pueden asegurar la paz ciudadana y eliminar la violencia (…), impidiendo que estos acontecimientos trágicos se repitan”. 126

El contenido del informe también hacía referencia a la conmemoración del X aniversario de la constitución del SDEUB en el convento de los Capuchinos de Sarriá. A tal efecto, Josep Mª Colomer (becario del Omnium Cultural) escribió un interesante artículo al respecto destacando la participación a favor de una universidad y una sociedad democrática, del profesorado y de los estudiantes en la Caputxinada. En el acto participaron: Francisco Fernández Buey, ex delegado de filosofía del SDEUB; Javier Paniagua, de Económicas; Rafael Serra, de Derecho de Sevilla; Albert Puigdomenech, de Arquitectura; Xavier Folch, profesor expulsado en 1966 y Manuel Sacristán, que participó en el manifiesto por una universidad democrática.127

Siguiendo la orden del día, a continuación se trataron las adhesiones y actividades de las Asambleas Democráticas, destacando la presentación de la AD del Buen Pastor, la Junta Sindical de Telefónica en Barcelona y la AD de Can Serra que elaboró una alternativa democrática municipal en Hospitalet de Llobregat.

El Partido Socialista Popular de Cataluña (PSPC) también solicitó su integración en la Asamblea y en el Consell, reconociendo la importancia estratégica que tenían estas dos organizaciones. También se informó de la creación de la Asamblea de Cataluña del Baix Camp, siendo disuelta la anterior AFD del Baix Camp; la constitución de la AD del Besós-Maresme y la Asamblea del Alt Camp integrada por: PSUC, PSAN, Partido Carlista, RSDC, Unió de Pagesos, CC.OO, y Juventudes Comunistas.

Por los datos aportados, era evidente que las AD aumentaban el nivel específico dentro de la plataforma a la vez que compartían el protagonismo con el secretariado e incluso con la propia CPAC. La AD de Tarragona fue una de éstas y en su visita a Barcelona, sus representantes −Ricard Ros, Enrique de Gracia, Jordi Tiñena y Jesús Figueres− explicaron que en la actualidad, la organización estaba formada por grupos independientes: CC.OO, CSC, MCC, PSAN, PTE, Partido Carlísta, PSUC, FNC, y que PSOE y ERC solicitaban su ingreso. Se debatieron los acontecimientos de Vitoria y Basauri, tras los cuales murió en Tarragona el 14 de marzo el obrero Juan Gabriel Rodrigo al caer desde una azotea al intentar escapar de la policía durante una manifestación en protesta por los asesinatos de Vitoria, asistiendo a su funeral miembros de la Asamblea a título individual. Los representantes de la AD de Tarragona también expusieron entre sus logros la aprobación por unanimidad del Ayuntamiento de Tarragona de los cuatro puntos de la Asamblea, recordando a los componentes del estamento municipal la voluntad de que la ruptura democrática se realizase de forma pacífica y ordenada. Por el contrario, la AD de Arenys de Mar se mostraba disconforme con la actuación del consistorio local al declararse incompetente para tratar el tema de la amnistía, aunque se solidarizaba ante el comunicado de la XIV CPAC.

En conclusión, la campaña por los ayuntamientos democráticos demostró dos cosas: la primera fue la poca efectividad legal que se produjo en los consistorios, ya que las mociones no implicaban más que una voluntad de cambio y, por otro lado, se demostró la eficacia de las resoluciones de la Asamblea y su puesta en práctica, dando la imagen de un organismo bien coordinado hasta el momento. Por último, el informe elaborado por la Asamblea finalizó con el mandato de enviar un telegrama de salutación a la recién creada República Democrática del Sahara.

En otro ámbito de actuación, se reunió la VI Assemblea d’Intelectuals Catalans con más de trescientos participantes. La valoración de las manifestaciones en Tarragona en protesta por los asesinatos en Vitoria y el Congreso de la Cultura Catalana fueron los temas principales debatidos, aunque también se trató la situación del periodista del diario Tele/expres, Josep Mª Huertas Clavería, que estaba preso en la cárcel Modelo desde el 22 de julio de 1975 por injurias al Ejército según constaba en el acta de su proceso, asistiendo entre otros: Jordi Carbonell, Pere Portabella, Jaume Fuster, Ramon Moragas, Ramon Torrent, Xavier Folch, Joan Senent, Pere Calders, Maria Antonia Oliver, Josep Benet, Jordi Llimona, Antoni Serra, Guillermina Motta, Joan Brossa, Maria Aurelia Capmany y Jaume Vidal Alcover.

El 21 de marzo de 1976 se reunió la XV CPAC con la asistencia de 106 representantes de 75 delegaciones. Como era de esperar, los debates seguían con la misma tónica en torno a los ayuntamientos democráticos. Sin embargo, los diálogos aumentaron en intensidad cuando empezó a tratarse la política reformista del gobierno Arias, haciendo suya la declaración del SCPAC del pasado 6 de marzo en su slogan: ¡No a la repressió, sí a la llibertat!

Así pues, tras diversas opiniones expuestas, la Comisión acordó iniciar una nueva campaña para conseguir unos ayuntamientos democráticos, exigiendo lógicamente la dimisión de los actuales consistorios municipales y la elección democrática de éstos dentro del marco irrenunciable del Estatuto de Autonomía y la constitución de un gobierno provisional de la Generalitat.128 A tal efecto, se estableció la estrategia de una movilización popular pacífica para los días 2 y 5 de abril y, ya en pleno debate, se rechazó la petición de BR, ORT y PTE en su intento de implicar a la Monarquía como la responsable principal de las muertes de los siete trabajadores fallecidos en los últimos actos reivindicativos, poniendo en cuestión la declaración de la AD de Tarragona que condenaba la violencia −viniera de donde viniera− refiriéndose a los últimos enfrentamientos en esa ciudad entre trabajadores y fuerzas del orden.

En resumen, podríamos decir que los últimos días de marzo de 1976 acabaron con la misma conflictividad que a su inicio prohibiéndose múltiples manifestaciones y actos de protesta, entre ellas la presentación de la Asamblea en la Facultad de Económicas de la UAB y de la AD de Santa Coloma de Gramanet, donde a pesar de los inconvenientes, pudieron asistir alrededor de ochocientos participantes. En el resto del Estado la situación social a finales de mes se había complicado por momentos, estando inmersa en continuas huelgas y manifestaciones encabezadas por la clase obrera y estudiantil que provocaron numerosos paros generalizados en HUNOSA y en nueve fábricas situadas en el sector industrial madrileño. Sorprendentemente, incluso los empresarios se pronunciaban en contra del Proyecto de Ley de Reforma Sindical, activando la polémica social contraria a esta nueva norma.129

A principios de abril de 1976, los tres diarios matutinos barceloneses −Mundo Diario, El Correo Catalán y La Vanguardia− convergieron sus titulares en torno a la crisis del gobierno por la incoherencia de sus actuaciones, situación que beneficiaba la estrategia planificada por la Asamblea, que iba dirigida a la petición de dimisión de los consistorios municipales franquistas, aunque dicho sea de paso, el interés de la ciudadanía tenía en aquellos días su preferencia fijada en el seguimiento del secuestro y posterior asesinato del político, Ángel Berazadi, cometido por ETA después de veinte días agónicos. Éste era el pago cotidiano de una vida a manos de unos iluminados cada vez más lejos de la realidad.

En Barcelona hizo su presentación en la sala/discoteca Bocaccio, la revista Cuadernos para el Diálogo. Su director, Pedro Altares, presentó el acto destacando la falta de uno de sus colaboradores, José Maria Huertas Clavería, que continuaba en prisión desde hacia algunos meses. También por esas fechas vió la luz el diario Avui y se proyectó por primera vez la película El Gran Dictador, dirigida por Charles Chaplin en 1940. Mientras tanto, en Madrid fueron puestos en libertad algunos de los famosos detenidos días atrás en diversas manifestaciones, entre los que destacaban Juan Antonio Bardem, Ramón Tamames y Francisca Sauquillo. Sin embargo, la nota emotiva vino a cargo del retorno a Zaragoza del escritor Salvador de Madariaga, ausente de España desde la guerra civil.

El 14 de abril, un día muy señalado para la oposición franquista, se constituyó la comisión para el estudio del Régimen Especial para Cataluña, redactado por el gobierno Arias. Entre las personalidades elegidas por el gobierno para formar parte del equipo de trabajo se hallaban Carlos Sentis, Pau Roig Giralt, Gabriel Ferratè Pascual, Juan Sardà Dexeus, Gomìs Martì y Joan Botanch. La noticia de esta comisión debería haber tenido un amplio alcance informativo; sin embargo, ésta quedó absolutamente eclipsada por el acontecimiento que tuvo lugar al día siguiente en la cárcel de Segovia, cuando un numeroso grupo de presos políticos y terroristas, 31 en total, se fugaron expectacularmente.

El seguimiento periodístico de los escapados fue intenso, sospechándose que al menos cuatro de los seis reclusos que habían cruzado la frontera pertenecían a ETA. Sin embargo el activista del MIL, Oriol Solé Sugranyes, no lo consiguió, siendo abatido por las fuerzas de seguridad. Cuando el cadáver llegó a Barcelona, fue recibido, entre otros, por su tío, Josep Solé Sabarís.

En la homilía del funeral celebrado el 9 de abril, Josep Mª Xirinachs consideró al fallecido como una de las victimas del absurdo retraso de la amnistía, añadiendo estas palabras:

“Cuánta gente por miedo a arriesgar la vida, fue en búsqueda de refugio, bajo la cubierta de la no violencia y de los principios evangélicos y así el cristianismo en el futuro llegará a ser un refugio de cobardes. Vergüenza habrían de tener ante un hombre como Oriol, de autonombrarnos cristianos, en lugar de sentirnos incómodos de participar en el funeral de un partidario de la lucha armada”.130

El Secretariado de la Asamblea de Cataluña envió un telegrama de condolencia a la familia del difunto, denunciando el asesinato de un luchador por la libertad y responsabilizando al gobierno por la negativa a conceder la amnistía y el secuestro de las libertades.131

El 13 de abril de 1976, fue puesto en libertad el periodista Josep Mª Huertas Clavería, después de ocho meses y seis días de reclusión y previo depósito de veinticinco mil pesetas donadas por la Asociación de la Prensa. Frente a la cárcel Modelo de Barcelona una multitud aclamaba “¡Huertas, Huertas!”

Sin duda fue un día de júbilo para los periodistas barceloneses aunque no todos podían decir lo mismo, ya que los taxistas volvían a la huelga, uniéndose a los trabajadores de Telefónica, aumentando así la presión popular en la calle. Estas noticias, junto con la aceptación administrativa de la celebración del XXX Congreso de la UGT en España, confirmaba la idea contrastada de la política de apertura limitada realizada por el gobierno.

Sin embargo, las decisiones políticas que realmente afectarían a Cataluña se estaban decidiendo a cientos de kilómetros, en el país vecino. En efecto, el 13 de abril de 1976 en París, se llegó a un principio de acuerdo entre el CFPC y el presidente de la Generalitat de Cataluña.

La reunión se produjo a instancias del Consell mediante una carta enviada el 24 de febrero al presidente Tarradellas y el lugar elegido fue el Hotel Saint Jacques en una sala reservada a nombre del señor “Gene Ralitat”. Lo que sabemos de dicho encuentro fue el rotundo desacuerdo entre el dirigente comunista, Gregorio López Raimundo, y Tarradellas, por negarse el primero a permitir acuerdos permanentes desde la Generalitat con organismos de oposición españoles.132 No obstante, aunque en el comunicado conjunto no se especificase esta divergencia, sí fue notoria la incorporación del presidente Tarradellas al establecimiento de relaciones con el Consell, ya que hasta entonces la Generalitat se había mantenido al margen de los organismos unitarios:

“El presidente de la Generalitat de Catalunya, Honorable Señor Josep Tarradellas y el Consell de Forces Polítiques de Catalunya integrado por las siguientes organizaciones: CDC, CSC, EDC, ERC, FNC, Partit Carlí de Cataluña, PPC, PSAN, PSUC, RSDC y UDC, se han reunido en París los días 10 y 11. Después de un análisis de la situación política, seguido de un amplio debate, el CFPC ha expuesto al presidente de la Generalitat los problemas de la situación catalana y del Estado español y de las luchas y de las movilizaciones que últimamente han tenido lugar en Cataluña, en las cuales la Asamblea de Cataluña ha tenido un papel destacado. El Consell ha expresado nuevamente al presidente, de acuerdo con sus bases programáticas, la irrevocable decisión de luchar por la instauración en Cataluña de las instituciones de la Generalitat y de los principios configurados en el Estatuto de 1932, hoy reivindicados por la gran mayoría de los catalanes. Los reunidos han considerado que en el proceso hacia la formación de un gobierno provisional de la Generalitat de Cataluña hay que tener en cuenta la totalidad de las fuerzas políticas, sociales y del movimiento obrero de Cataluña, y en especial de la Asamblea. Cataluña ha sido la más firme pionera de las luchas por la democracia a nivel del Estado español, y es hoy un soporte de este combate. Por ello, los reunidos celebran la progresiva aparición en estos últimos tiempos, de los organismos de coordinación democrática necesarios para la restitución de las libertades políticas y nacionales. En este sentido, se reafirman en su voluntad de negociar y después de pactar por el establecimiento de la democracia y de las libertades nacionales de todos los pueblos del Estado español. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Honorable Señor Josep Tarradellas y el CFPC, toman el compromiso de intensificar una regular relación para resolver de común acuerdo todas las cuestiones que afectan a las relaciones de Cataluña con el Estado español. El Presidente de la Generalitat de Cataluña y el CFPC, hacen un llamamiento al pueblo de Cataluña para ampliar su lucha unitaria hacia las libertades democráticas y nacionales hasta su plena consecución. París, 11 de abril de 1976”.133

Asistieron al encuentro: Josep Tarradellas, Josep Gausachs (secretario general), Romá Planas, Francesc Vila i Abadal por la Generalitat; Jaume Casanovas y Josep Sans por Esquerra Democrática; Llibert Cuatrecasas (UDC); Jordi Pujol (CDC); Cristià Aiguadè (ERC); Joan Cabré (Partit Carlí); Joan Colominas (PPC); Joan Cornudella (FNC); Josep Pallach y Víctor Hurtado (Reagrupament Socialista); Raimon Obiols y Josep Planas (CSC); Gregorio López Raimundo y Josep Solé i Barberà (PSUC) y Jordi Puig (PSAN).

95. BALLESTER, David, RISQUES, Manel, Temps d’amnistia. Les manifestacions de l’1 i el 8 de Febrer a Barcelona, Barcelona, Edicions 62, 2001, pp. 39- 41.

96. BALLESTER, David, Ibidem.

97. También destacó la adhesión y el trabajo de convocatoria efectuado por la Asociación de Vecinos del Turó de la Peira y el Colegio de Licenciados, en COLOMER, Josep Mª, op. cit., p. 84. Ver L’Avenç, “La trayectoria de la Assemblea (1971-1977)”, p. 706. También en BATISTA, Antoni, op. cit., p. 212.

98. SÁNCHEZ TERÁN, Salvador, De Franco a la Generalitat, Barcelona, Planeta, 1988, p. 56. También en POWELL, Charles, op. cit., p. 153.

99. BATISTA, Antoni, op. cit., p. 212.

100. Treball, 19-1-1976.

101. BALLESTER, David, op. cit., p. 92.

102. Treball, 16-2-1976. También en BALLESTER, David, op. cit., pp. 173-174.

103. Diario de Barcelona, 28-2-1976. También en BUSQUETS, Julio, Militares y demócratas. (...).

104. Treball, 1-3-1976.

105. POWELL, Charles, op. cit., p. 152.

106. Crónica del Siglo XX, Barcelona, Plaza y Janés, 1986, p. 1136.

107. Tele/expres, 24-3-1976.

108. Escritora catalana. Dirigente en la guerra civil de las Joventuts Unificades de Catalunya (1937).

109. Tele/expres, 19-3-1976.

110. En el artículo de Enrique Álvarez Cruz “Las campanas siguen doblando”, se comentaba sobre la negación a los mutilados republicanos de ingresar en el cuerpo de mutilados de guerra por la patria, en Tele/expres, 6-3-1976.

111. Tele/expres, 3-3-1976.

112. Francisco de Paula Coloma-Gallegos y Pérez, capitán general de la IV Región Militar (1976-1978).

113. Tele/expres, 12-3-1976.

114. Tele/expres, 19-3-1976

115. El Partido Socialista Popular, en Cataluña se denominó Partit Socialista Popular Català (PSPC). Fundado en 1975, su ideología era de tendencia socialista y marxista. Sus dirigentes en Cataluña eran Jaume Mata, Javier Nart, Soledad Balaguer, Antoni Rovira, Alex Masllorens. En 1978 se integraron en la FSC-PSOE y el PSC (c). Editó Socialisme y Vanguardia Socialista, en MOLAS, Isidro, op. cit., p. 292.

116. Tele/expres, 30-3-1976.

117. POWELL, Charles, op. cit., p. 156.

118. Tele/expres, 30-3-1976

119. POWELL, Charles, op. cit., p. 156.

120. COLOMER, Josep Mª, op. cit., p. 90. Ver también en el Apéndice documental la “Declaración de Coordinación Democrática” en Treball, 12-4-1976.

121. Tele/expres, 29-3-1976.

122. Tele/expres, marzo de 1976.

123. Treball, abril de 1976.

124. COLOMER, Josep Mª, op. cit., pp. 87-88.

125. BATISTA, Antoni, op. cit., p. 217.

126. Tele/expres, 9-3-1976. Ver también BATISTA, Antoni, op. cit., p. 216.

127. Tele/expres, 5-3-1976.

128. Treball, 29-3-1976.

129. VIDAL, José, op. cit., p. 169.

130. BATISTA, Antoni, op. cit. p. 219.

131. Treball, 12-4-1976. Oriol Sugranyes estaba condenado a 52 años de prisión.

132. BATISTA, Antoni, op. cit., p. 215.

133. Tele/expres, 12-4-1976.

La Marxa de la Llibertat

A primeros de marzo de 1976, Pax Christi en su papel de movimiento progresista dentro de la Iglesia, organizó la llamada “Marxa de la Llibertat”, tomando como referencia la marcha promovida por el reverendo Martin Luther King en defensa de los derechos civiles en los EEUU.

En un principio, este movimiento debía de ser de carácter no violento, compuesto por gente de todas las edades, de todas las condiciones y tendencias y que coincidieran en unos puntos mínimos de convivencia humana como expresión de un pueblo en marcha que luchaba y avanzaba solidariamente.134 Desde su inicio los preparativos de la Marxa se realizaron bajo la iniciativa de Pax Christi, aunque con la supervisión y estrategia de la Asamblea que tomó el asunto como preferencial de cara a sus intereses, tal como consta en el acta de la XVI CPAC realizada el 24 de abril de 1976; a su vez, la presencia de Agustí de Semir, Josep Benet y Salvador Casanovas, miembros independientes integrantes de la Asamblea, indicaban con sus argumentos el apoyo y entusiasmo con que la Asamblea había acogido el protagonismo en la entidad organizadora:

“Sumándose todos en una voluntad colectiva de libertad que sería en definitiva un punto de convergencia de todos los ciudadanos de este país que creen en una sociedad donde no haya la explotación del hombre por el hombre (…) La idea de democratización en muchos pueblos de las comarcas de Cataluña ya existe sin necesidad de propagandas ni conferencias (…) El mismo pueblo es el que conforma la Asamblea” 135

A medida que se fue gestando este movimiento, se llegó a la conclusión de que esta iniciativa debía de concebirse no como un puntual acontecimiento sino como una serie de actos a favor de la libertad, la amnístia y la democracia, donde el movimiento Justicia i Pau de Catalunya tuvo especial protagonismo. A este respecto, destacó el apoyo y la significativa visita del llamado “profeta de la no violencia”, Lanza de Vasto, que visitó a Xirinachs frente a la cárcel Modelo de Barcelona.

Paso a paso, la preparación de la Marxa per la Llibertad iba a buen ritmo pese a la prohibición explícita del Gobierno Civil para su realización. Sus dirigentes, haciendo caso omiso a las advertencias, ya habían planificado los objetivos de esta nueva acción y los conceptos en los que centrar la protesta, dirigidos a la consecución de la amnistía y la autodeterminación para el pueblo catalán. Àngel Colom, presidente de la sección catalana de Pax Christi, dijo al respecto:

“Se trata de una iniciativa no violenta a la que tenemos el derecho inalienable de no renunciar. Por parte de Pax Christi, la convocatoria continúa estando vigente. Tanto la organización como el itinerario están pensados de forma que no suponga en absoluto alteración alguna en la vida cotidiana de los pueblos de Cataluña”.136

Parte de la Iglesia catalana, la más progresista, apoyaba también la Marxa, siendo los propios abades catalanes quienes planteaban la necesidad de dicha marcha en sus homilias con el objetivo de llegar a la plena reconciliación, a la vez que expresaban su preocupación por el trato que recibían algunos detenidos por delitos de opinión. En esa misma línea, la Conferencia Episcopal Catalana apoyó la iniciativa de conseguir la devolución de los restos del cardenal Vidal i Barraquer. En su XXV reunión celebrada en Tarragona, los allí reunidos efectuaron un pronunciamiento por:

“(…) la urgencia de la promulgación de la amnistía para llegar a la reconciliación que tanto deseamos, como un signo de credibilidad y esperanza para los que más han sufrido (...). Manifestamos nuestra preocupación por el trato recibido de algunos detenidos por delitos de opinión, haciendo la petición del cese para siempre de los procesos ofensivos para la dignidad de las personas”. 137

Las adhesiones internacionales a la Marxa no fueron demasiado importantes; sin embargo, cabe destacar el apoyo de la Liga Internacional para los Derechos del Hombre que adoptó como suyas las peticiones de libertad y amnistía; también el Movimiento Internacional de la Juventud Agrícola y Rural Católica, la Comisión de Ayuda a los Presos Políticos y Sociales de España de Munich y el Centro Internazionale Escarré Sulle Minoranze Etniche e Nazionali.138

A pesar de la prohibición gubernativa, Pax Christi no estaba dispuesta a tirar marcha atrás y para ello la asociación diseñó como apoyo a su proyecto unas camisetas con el slogan ¡Poble Català, posa’t a caminar! Àngel Colom, miembro de la organización, manifestaba que tenía pedidos por cincuenta mil unidades, adelantando así el alcance del movimiento, aunque en otras ocasiones se utilizaron animales, patos y gallinas, ataviados con camisetas alusivas a la Marxa que se soltaron en plena calle, teniendo ejemplos en localidades como Badalona y Granollers, acompañados siempre de una inmensidad de globos soltados al aire como si de una promoción publicitaria se tratara.139

Marxa de la Llibertat. Mayo de 1976

Oficialmente, esta marcha de protesta comenzó el 4 de julio de 1976 con la intención de finalizar el día de la Diada de Cataluña, prácticamente dos meses después, aunque los actos de solidaridad fueron incrementándose desde mucho antes por toda la geografía catalana. En la carretera entre les Borges Blanques y La Arbeca se concentraron un grupo de jóvenes con ese motivo, siendo disueltos por la Guardia Civil después de retirar una bandera catalana.

En los primeros días de julio se efectuaron nuevas concentraciones en La Cenia (Tarragona), Gerona y La Escala (Gerona) efectuándose 25 detenciones de los que ingresaron 24 en la cárcel de Gerona, entre ellos Joan Colominas (PPC) y Joaquim Boix de la Comissió de Solidaritat.140

Oportunamente y coincidiendo con el reparto de carnés entre miembros y simpatizantes de la Asamblea, Xirinachs publicó una carta titulada “La Marxa de la Llibertat después de la prohibició gobernativa”, en la que criticaba duramente la postura del gobierno. En el documento, Xirinachs ofrecía una crítica agresiva a Manuel Fraga que en aquellos momentos formaba parte de un grupo nominado de aperturistas que se oponían a la vez al bunker y a la oposición de izquierdas. No obstante, para Xirinachs, la intención de Fraga era dividir la oposición excluyendo a los comunistas y absorbiendo a demócrata-cristianos y socialistas, a la vez que no quería tratos con el pueblo, solo con el poderoso yanqui que le apoyaba. Xirinachs afirmó que no eran los dineros de Moscú los que determinaban la lucha, sino los dineros del “Búnker Español de Crédito” que eran los que pagaban generales, policías y guardias civiles. Por eso la oposición no pedía renunciar a una gran concentración porque era su fuerza para la Marxa y para el ejercicio del poder irrenunciable de los Países Catalanes, de cada país, de cada comarca, de cada municipio, de cada barrio, de cada familia y de cada persona.141

Obviando todas las prohibiciones gubernativas, la Marxa se inició desde distintos puntos de la geografía catalana como proyecto movilizador. En los dos primeros días se contabilizaron más de ciento cincuenta detenciones, siendo el primer altercado en la playa de La Escala (Gerona) seguido por nuevas detenciones en Palafrugell y entre Sort y Gerri de la Sal. Sin embargo, conforme avanzaban las distintas columnas, diversos periódicos se ocupaban de seguir sus movimientos mientras se llegaba a las diferentes poblaciones catalanas. El día 23 de julio, en Manlleu fueron recibidos por trescientas personas bajo un intenso aguacero, siempre vigilados estrechamente por la Guardia Civil; poco después al llegar a Vic se produjeron algunos incidentes de poca consideración, aunque fueron detenidas dos muchachas de 17 años, Mercè Colom (hermana de Ángel Colom) y Maite Sabatès, retirándose algunas pancartas con el slogan: ¡L’Assemblea de Catalunya amb la Marxa!142

La Asamblea planificó para todo el mes de agosto diversas acciones basadas en la amnistía total y en el apoyo a la Marxa de la Llibertad. Su desarrollo, después de un mes de actuación, fue valorado positivamente en sus distintas columnas, cada una con un recorrido diferente, pese a la oposición de las fuerzas del orden que efectuaban continuas detenciones. El 3 de agosto, Joan Armengol, Lluís Robert y Jordi Roses, componentes de la Marxa, se encerraron en la catedral de Vic y comenzaron una huelga de hambre para conseguir la amnistía total.143 El CFPC también mostró su apoyo a los encerrados, reivindicando también la amnistía total.

La prensa en general, sobre todo la catalana, seguía con detenimiento el movimiento de las distintas columnas. De esta forma, dos de ellas se dirigieron a Valls −Abat Escarrè y Rafael de Casanovas− mientras que en Igualada, otras columnas se veían involucradas en ligeros incidentes con la Guardia Civil. El día 8 de agosto, la Marxa llegó a Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern y Sant Feliu de Llobregat. En Esplugues, los componentes de la columna Abat Escarré fueron recibidos en la plaza Santa Magdalena frente al Ayuntamiento, siendo ésta abortada por el considerable dispositivo policial; mientras que en Sant Boi, la AD local y algunos de los participantes de la columna homenajearon a Rafael de Casanovas. También en Hospitalet de Llobregat, los miembros de la columna efectuaron un mitin con gritos de ¡Visca la Marxa de la Llibertad y Visca l’Assemblea de Catalunya!, efectuándose diversas detenciones. La columna Macià llegó a Lérida donde tres marxaires fueron detenidos: Marià Jiménez, Salvador Casanovas y Rosa Rotllan. Mientras tanto, las otras columnas, Tramuntana y Lluís Companys, siguieron su itinerario previsto; la primera llegó a Navás y la segunda a Santa Coloma de Farners, entrando el día 19 de agosto en Sabadell proveniente de Palau de Plegamans y Caldes de Montbui.144 Días antes, la columna Lluís Companys encabezada por Àngel Colom, habia llegado a Manresa y allí, pese al intento de la AD del Bages de negociar la manifestación con la fuerza pública, ésta fue disuelta después de reunirse más de quinientas personas. Sin embargo, unas cuatrocientas personas pudieron recluirse en una iglesia de la ciudad donde se leyó un manifiesto por representantes de la AD del Bages, siendo entonces cuando algunos marxaires intentaron entregar una camiseta al alcalde con el emblema: ¡Marxa de la Llibertat!145

Se acercaba el mes de septiembre y las columnas estaban a punto de entrar en su tramo final. Una de ellas, a su paso por Tárrega, fue abortada por la Guardia Civil, resultando un herido en un altercado con un grupo supuestamente de extrema derecha. En Igualada, tanto de lo mismo, detenciones y carreras, teniendo elevado protagonismo los representantes de la AD de la ciudad.146

Finalmente llegó el día tan esperado, la Diada del 11 de septiembre. En Terrassa se habían concentraron alrededor de seis mil personas en la primera manifestación autorizada en favor del Estatut, coincidiendo con otras concentraciones pacíficas en Poblet, Montblanc y Tarragona, que celebraban la conclusión de la Marxa de la Llibertat, todas bajo un fuerte control policial. En Poblet, frente al monasterio, también se habían reunido unas trescientas personas y, en vista de los posibles brotes de violencia provocados por la autoridad, tuvo que ser el propio abad del monasterio, Mauro Esteve, quien junto con Jacinto Humet, miembro del SCPAC, negociasen con la policía el fin pacífico de la manifestación. Aún así y en un ambiente festivo se registraron conatos de enfrentamiento en L’Espluga de Francolí, Montblanc y Tarragona, concentrándose en esta última ciudad unas ochocientas personas. Allí se realizaron 12 detenciones y algunos heridos leves, entre ellos el abogado Rafael Nadal.

Decididamente, la marcha que se había iniciado el 4 de julio de 1976, soportó más de doscientas detenciones en su totalidad y acabó con multas impuestas por valor de tres millones de pesetas, anuladas posteriormente por el decreto de amnistía.

Paralelamente a las actividades políticas que conllevo esta marcha pacifica a lo largo de la primavera y el verano de 1976, tanto la Asamblea como los demás organismos políticos opositores, no bajaron el listón en cuanto a nuevas acciones de lucha; es más, en Cataluña se acrecentaron, llevando al gobierno a situaciones de auténtico descontrol generalizado.

El 7 de abril de 1976, la Asamblea se presentó en el Ateneo de Barcelona con sus máximos dirigentes a la cabeza: Josep Benet, Pere Portabella, Amparo Pineda, Francisco Frutos y Rafael Ribó. Este acto formaba parte de las actividades que se desarrollaban durante el mes de abril por lo que, en días posteriores, tuvo lugar una concentración dentro de la campaña “Por unos ayuntamientos democráticos” y por la dimisión de los actuales consistorios. Se efectuaron actos de protesta en Barcelona, Mataró, Manresa, Hospitalet, Badalona (con el dirigente Pérez Ezquerra a la cabeza), San Cugat y Santa Coloma, entregándose a las autoridades, en algunos casos, el llamado Manifiesto por la Democracia. A continuación, se convocaron nuevas iniciativas coordinadas, esta vez a través del CFPC y la Asamblea. Efectivamente, el día 20 de abril se puso en marcha un llamamiento dirigido a los catalanes para que convirtieran la celebración del día de Sant Jordi, patrón de Cataluña, en una expresión de los sentimientos a favor de las peticiones de Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía. A su vez, se acordó intensificar los contactos con las distintas organizaciones sindicales, sumar esfuerzos de cara a la próxima manifestación del 1º de Mayo y comunicar a la Comisión de Enlace de la Asamblea de Cataluña los acuerdos realizados en París con el presidente Tarradellas. En dicha convocatoria también se expresaba la solidaridad con el pueblo vasco por los duros enfrentamientos con la policia en Pamplona y su adhesión al Aberri Eguna (día de la patria vasca).

Por otro lado, la CPAC en las conclusiones de su XVI reunión celebrada el 24 de abril, valoró positivamente el resultado de las jornadas a favor de unos ayuntamientos democráticos los pasados días 2, 3 y 5 de abril, señalando que:

“La mejor manera de dar testimonio del protagonismo del pueblo es la movilización decidida y constante del mismo cara a la ruptura democrática (…) No puede haber consulta electoral democrática sin democracia, es decir, sin amnistía y sin las libertades políticas y nacionales”.147

El comunicado también hizo referencia al militante del MIL, Oriol Solé Sugranyes y al etarra Manuel Mª Garmendia, muerto en los días del Aberri Eguna. La referencia a otras acciones de movimientos reivindicativos en todo el Estado, incluidas las del 1º de Mayo, formó parte de un mensaje más globalizador sin centrarse exclusivamente en las acciones de la propia Asamblea.148

En otro punto del documento se trató de la aparición de CD y la constitución del organismo unitario Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià, considerando que representaba un paso muy importante hacia la ruptura democrática a nivel de todo el Estado español. A continuación, se valoró la jornada de Sant Jordi de aquel año en Barcelona como un día de afirmación nacional catalana,149 teniendo como novedad el apoyo de Avui, que fue el primer periódico escrito integramente en catalán tras la guerra civil. La manifestación, que comenzó en la plaza Sant Jaume para subir posteriormente por las Ramblas arriba, fue un éxito de convocatoria, resaltando los slogans habituales junto con el canto del Els Segadors.

Por otra parte, la proyección de las asambleas democráticas a lo largo del territorio catalán progresaba geométricamente expandiendo el mensaje de la Asamblea de Cataluña y aportando nuevas incorporaciones al ente unitario. Vease como ejemplo la Asamblea de Cataluña en Tarragona que celebró por aquellos días una manifestación en pro del ayuntamiento de la ciudad, debido a que la mayoría de sus concejales se habían adscrito dentro de la campaña de los ayuntamientos democráticos. Otro ejemplo fue la AD de Mataró que en esa misma línea exigía la dimisión de todo el consistorio, repitiéndose las mismas acciones en Vic, Terrassa y Reus. También en Barcelona se registraron nuevas adhesiones al ente unitario por estudiantes, destacando la de los profesores y personal docente de ESADE, del INEM Jaime Balmes y del Instituto Isaac Albeniz de Badalona. Asimismo tuvieron relevancia las incorporaciones de las AA.VV de la Vila de Gracia y de Sant Genís i Lladoners que cobraron rápidamente protagonismo por sus protestas al Colegio de Arquitectos de Barcelona, debido al nuevo Plan Comarcal diseñado por estos últimos. El escritor Jaume Fabré detalla perfectamente esta situación:

“En abril eran centenares las sábanas que se ponían en los balcones con frases contra el Plan, preparando la manifestación del 12 de mayo, que comienza desde la plaza del Respall hasta el ayuntamiento, con cerca de dos mil vecinos”.150

A nivel comarcal destacó la constitución en Berga de la CPAC, presentándose la nueva Asamblea del Bages. Lo mismo ocurrió en Igualada donde se publicó un manifiesto a través de la AD local firmado por 162 personas.

El día 9 de abril, estudiantes de la UPB se adhirieron a la Asamblea, junto con la AD de Cornellà, que se presentó en el Patronat Cultural Recreatiu de Cornellà. En la presentación en la que asistieron 85 representantes de 26 delegaciones estaban presentes entre otros: Esteban Cerdán, José Padilla, Francisco Ruiz, Manuel Campo, Carmen Tomás, Jesús Rodríguez y Josep Ferrat. Éstos, formaban parte de diferentes colectivos políticos y sociales, destacando entre ellos CSC, PSUC, MCC y PTE, Joven Guardia Roja y CC.OO.151

En Girona, representantes de la Asamblea Democrática de Girona leyeron un manifiesto ante trescientas personas, siendo firmado éste por representantes del CSC, PSUC, PTE, OCE (BR), FSC-PSOE y diversos grupos de base. Entre otros aspectos, se citaron los cuatro objetivos básicos de la plataforma que pasaban por la mejora de las condiciones de vida y trabajo del pueblo; la gestión municipal democrática, la sanidad y la escuela al servicio del pueblo; la lucha contra la opresión lingüística, cultural y nacional; y la solidaridad activa con los represaliados. En esa misma sintonía, la AD de Artistes de Girona presentó una exposición titulada “Els drets humans, ara”.

No cabe duda que podemos encontrar numerosos ejemplos que demuestran que los organismos regionales habían empezado a tomar más protagonismo en las resoluciones de la Asamblea que los propios partidos, más interesados éstos en buscar pactos y encuentros con otros organismos de diferente dimensión, sea el Consell o la Platajunta.

En aquellos días, la unión de los partidos demócrata cristianos y su entrada en la Platajunta estaba en pleno debate periodístico. José Antonio Linati, secretario del Club Catalonia, opinaba que en Cataluña ya existía el Consell y que éste coexistía con otras fuerzas políticas más o menos coordinadas, estimando que entre todas ellas se debería establecer un acuerdo que según los casos, podría ser de mero respeto a las reglas del juego, o bien, ir más allá a través de coaliciones electorales. A este respecto, Josep Pallach opinaba que había un elemento no tan positivo referente a la idea de José Mª Gil Robles para crear un gobierno provisional en Cataluña, y era, que esta propuesta, fomentada desde la democracia cristiana, y no contemplada en los acuerdos con CD, sin duda comportaría una situación difícil por parte del Consell.

Mientras tanto, Felipe González, líder del PSOE, se encontraba en Barcelona para ofrecer una conferencia organizada por el departamento de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En un mitin celebrado en el Colegio de Abogados y ante ciertos conceptos ideológicos comprometedores, se expresó de la siguiente forma:

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